Más de 10 millones de jóvenes se presentarán esta semana al gaokao, la rigurosa prueba de ingreso universitario en China que puede durar hasta nueve horas y, según estadísticas, solo tres de cada cinco alumnos lo aprueban.
El dato es superior al del año pasado, cuando acudieron 9,75 millones de estudiantes.
Este examen se aplicará el 7 y 8 de este mes, en medio de la profundización de las reformas que viene aplicando el Ministerio de Educación en los últimos años con el objetivo de asegurar su imparcialidad y equidad.
Por lo general, los días previos, durante y después del gaokao lo convierten en la noticia más importante en todos los medios de comunicación en China, pero a la vez genera estrés entre los jóvenes por su exigencia e intensidad.
Sin embargo, el ministerio puso en vigor medidas como la prohibición a dar publicidad a quienes logren las mejores notas y adelantó sanciones severas para las empresas que infrinjan esa disposición.
Además mantendrá el trato diferenciado a los jóvenes procedentes de zonas rurales y pobres, a fin de que tengan más oportunidades de acceder a estudios superiores.
América del Sur/ Venezuela/ 03.06.2019/ Fuente: vtv.gob.ve.
El Congreso Constituyente del sector Universitario iniciará este martes en Caracas, con el propósito de recoger propuestas en función de profundizar la revolución educativa en medio del asedio económico contra Venezuela por parte de factores imperiales.
«Vamos a pasar revista no solamente a situaciones conflictivas puntuales, sino fundamentalmente para continuar el proceso de transformación que tiene varios años de desarrollo y ha llevado a la educación universitaria como ejemplo en el mundo en cuanto a la matrícula que hay que profundizar y que el consejo universitario sea trampolín para generar políticas que permitan levantar la producción de Venezuela», señaló el constituyente Carlos López, reseña la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
Precisó que el acto de instalación del congreso se efectuará en el salón Simón Bolívar de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), en su sede en Los Chaguaramos.
López añadió que serán cinco temas fundamentales a abordar, entre ellos la defensa integral de la patria; las políticas del sector universitario; el papel de las universidades en su vinculación con el aparato productivo; la organización de los trabajadores en torno al salario y nuevo modelo de convención colectiva y la legalidad de la nueva institucionalidad de la universidad dentro del debate de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en torno a la nueva Carta Magna.
«Requerimos que en esa nueva Constitución debe haber elementos fundamentales que nos permita constitucionalizar los procesos de transformación que se han iniciado, que hay que profundizarlos, evaluarlos y darles el soporte que nos permita fortalecernos», precisó con respecto al último punto.
Los debates del congreso se extenderán por un mes y el 9 de julio presentarán las conclusiones.
Fuente de la noticia: http://vtv.gob.ve/congreso-constituyente-sector-universitario-martes/
De acuerdo con las propuestas de un informe encargado por el gobierno y respaldado por Theresa May, los estudiantes desfavorecidos de Inglaterra podrían recibir becas por un valor de £ 3,000 al año para alentarlos a permanecer en la educación después de abandonar la escuela .
El informe sobre la educación y la financiación posteriores a la edad de 18 años, si fuera aceptado por un futuro gobierno, vería un cambio en la financiación de las universidades a la educación superior (FE) y la formación profesional. Las universidades perderían ingresos por cursos de «bajo valor», mientras que sus graduados harían pagos de préstamos estudiantiles más altos hasta el borde de su jubilación.
En el lanzamiento del informe, mayo es para decir: «Mi opinión es muy clara: eliminar las subvenciones de mantenimiento de los estudiantes menos acomodados no ha funcionado, y creo que es hora de traerlos de vuelta».
• recortar las tasas de matrícula de pregrado a £ 7.500
• extender los pagos de préstamos estudiantiles de 30 a 40 años
• un subsidio único de préstamo de aprendizaje de por vida para todos los adultos
• Préstamos de mantenimiento para estudiantes que cursan estudios de titulación.
• cambio de marca de préstamos estudiantiles como «contribuciones de los estudiantes»
• aumento de la financiación para los colegios FE y la formación profesional
Angela Rayner, secretaria de educación a la sombra de Labour, dijo: “El informe por sí solo no hace nada para abordar las injusticias que enfrenta nuestro sistema educativo.
“Sin una respuesta formal del gobierno, sin fondos adicionales y sin garantías de que las recomendaciones serán implementadas por su sucesor, la revisión de Augar personifica el legado de May como primer ministro y este gobierno tamborre tambólico; Todo habla, promesas vacías y muy poca acción ”.
Shakira Martin, presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes (NUS), dijo: «Este anuncio es demasiado poco tarde, dado que el legado de Theresa May en la educación superior siempre será la deportación de miles de nuestros amigos y colegas de estudiantes internacionales».
El informe solicita una mayor intervención gubernamental en la financiación y los tipos de cursos ofrecidos por las universidades, mientras que su propuesta de matrículas universitarias en Inglaterra se reducirá de £ 9,250 a £ 7,500 por año probablemente significaría una reducción de ingresos para los departamentos de humanidades y ciencias sociales.
La reducción de los aranceles universitarios en Inglaterra podría significar menos ingresos para los departamentos de humanidades. Fotografía: Myron Standret / Alamy
El panel declaró que «a algunos estudiantes se les cobra demasiado por sus títulos y el subsidio sustancial a los contribuyentes podría estar mejor dirigido … a cursos que cuestan más para entregar y ofrecer un mejor valor a los estudiantes y contribuyentes «.
El informe también recomendó que el gobierno podría imponer controles numéricos y un umbral de ingreso mínimo para los cursos de grado con mala retención de estudiantes y registros de empleo de graduados.
Los líderes universitarios se apresuraron a rechazar las propuestas de financiamiento, y algunos temían que también afectara a las universidades en Escocia y Gales.
«A primera vista, las recomendaciones a nivel de tarifa pueden parecer buenas para los estudiantes, pero a menos que el gobierno otorgue una garantía de hierro fundado sobre la financiación de reemplazo total, podría ser un lobo disfrazado de oveja», dijo Alistair Jarvis, jefe Ejecutivo del grupo de presión de las universidades del Reino Unido.
«Reducir las tarifas sin fondos de reemplazo sería una opción política que perjudica a los estudiantes, limita las oportunidades, perjudica a las universidades, disminuye el número de empleados altamente calificados que las empresas necesitan y reduce nuestra competitividad internacional en un momento en que la Gran Bretaña moderna lo necesita más».
Mientras que los estudiantes saldrían de la universidad con una deuda general más baja, las propuestas verían a los graduados realizar pagos más altos por más tiempo que en la estructura actual, con el período de préstamo estudiantil extendido de 30 a 40 años y junto con un umbral inicial más bajo para los pagos.
El período de pago extendido vería a la mayoría de los graduados pagando sus préstamos estudiantiles hasta que alcanzaron los 60 años, en lugar de que el resto de su deuda estudiantil se eliminara a los 50 años como ahora.
Sorprendió que el panel hiciera pocas recomendaciones sobre los cambios en las altas tasas de interés cobradas por los préstamos estudiantiles.
Andrew McGettigan, un experto independiente que se especializa en el sistema de financiamiento estudiantil, dijo: «El gobierno haría bien en ignorar esto y reducir las tasas de interés a la inflación solamente; es el factor clave para los malentendidos sobre el sistema de préstamos estudiantiles».
Pero los grandes ganadores según el informe serían los sectores de educación superior y formación profesional, que verían una financiación adicional de alrededor de £ 3 mil millones al año y un impulso de capital de capital de £ 1 mil millones para una red nacional de colegios FE.
«Con demasiada frecuencia hemos tenido en nuestro país un sesgo hacia la educación superior, pero tenemos que reconocer igualmente las oportunidades en ambos».
Al describir la educación adicional como «el sector de la Cenicienta», Augar dijo: «Nuestro trabajo reveló que la educación post-18 en Inglaterra es una historia tanto de atención como de negligencia, dependiendo de si los estudiantes se encuentran entre el 50% de los jóvenes que participan en la educación superior». o el resto.
«El panel cree que esta disparidad simplemente tiene que ser abordada. «Hacerlo es una cuestión de equidad y equidad y es probable que traiga beneficios sociales y económicos considerables para las personas, los empleadores y el país en general».
Chris Husbands, vicerrector de la Universidad de Sheffield Hallam, agradeció el estímulo para un estudio flexible y de tiempo parcial, pero dijo que temía que gran parte de él no sobreviviera a la inestabilidad política actual.
«Mi gran preocupación es que este informe será seleccionado por los políticos y terminaremos con algo que no funciona», dijo Husbands.
América del norte/México/30 Mayo 2019/Fuente: El país
México se enfrenta a los bajos números de matriculación universitaria. El Gobierno se comprometió recientemente a garantizar el acceso a la educación superior
La política universitaria en México se ha visto enfrentada al espejo de la precariedad. Después de haber promulgado una reforma educativa que compromete alEstado a garantizar la educación superior , el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, tiene como desafío el brindar acceso universitario a 300.000 jóvenes mexicanos. La única política del Gobierno para alcanzar ese objetivo hasta el momento ha sido la creación, en apenas cinco meses, de un centenar de universidades. La que podría ser la política más progresista en un país donde solo dos de cada 10 jóvenes tienen acceso a la universidad, según datos de la OCDE, se ha convertido en blanco de críticas por las carencias y la poca efectividad de la iniciativa.
Sin edificios o apiñadas en algún lugar pequeño, con planes de estudio diseñados en tiempo récord, con profesores elegidos en un mes y capacitados en una semana y, la mayoría, con carreras que no tienen acreditación oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Al menos 83 de las 100 universidades de López Obrador han abierto sus puertas ya, según ha anunciado este martes la directora del programa, Raquel Sosa.
La capacidad que tendrán las universidades, cuyos alumnos reciben una beca de 2.400 pesos mensuales (125 dólares), aún es incierta. En un primer momento estaban previstas para 64.000 estudiantes, pero el Plan Nacional de Desarrollo (PND) estableció hace algunas semanas que atenderían a 32.000 personas. Es una cifra poco significativa en un sistema que en el último ciclo registró una matrícula de 3,8 millones de alumnos.
“Los números más optimistas dicen que, si funcionaran a su máxima capacidad, no subiríamos la cobertura ni un 1%”, señala Alma Maldonado, investigadora en educación superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El Gobierno se ha puesto como meta 300.000 alumnos. «Es como si creáramos otra UNAM en los pueblos más pobres», ha dicho López Obrador este martes, en referencia a una de las universidades más importantes del continente. Es un objetivo ambicioso, pues estos planteles tienen hoy 7.575 estudiantes. «En la medida que se tenga más dinero, se irá ampliando el programa», ha justificado.
El Gobierno ha destinado 1.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares) a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez. Los datos de cómo funcionan sus programas son muy escasos. Solo se ha publicado qué carreras ofrecen y en qué ciudades tendrán sedes, pero aún no tienen domicilio fijo. La idea es que en el futuro funcionen de manera permanente en edificios construidos por vecinos en terrenos concedidos por campesinos o autoridades municipales. «Estas comunidades nos han donado terrenos y espacios, nos están prestando locales para iniciar nuestras actividades», ha explicado Sosa durante la presentación.
La celeridad para llevar a cabo las propuestas ha sido una de las características del Gobierno de López Obrador. Esta no es la excepción. “Hacer una universidad no es levantar cuatro paredes, un techo y ponerle una puerta”, señala Hugo Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Levantar una institución universitaria implica un trabajo de años, explica. “Si fuéramos serios no diríamos que va a haber una universidad en unos meses. Lo que hay que esperar es que se pongan las bases para las instituciones”. El académico admite que la noticia fue recibida con optimismo en el ámbito educativo.
Otra alerta que ha encendido el programa es la falta de un plan integral de educación superior. “López Obrador no tiene una política educativa, tiene una política social en la cual la educación juega en términos de inclusión”, señala Manuel Gil Antón, profesor e investigador del Colegio de México. El presidente dijo que el objetivo del programa es reducir la actividad criminal. “Es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando o trabajando que tenerlos en la calle”, afirmó el mandatario en marzo. Una fórmula que, según los académicos, no funciona como una ecuación lineal.
El “desmantelamiento” de un organismo internacional
Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez tienen su antecedente en las nueve escuelas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), unas instituciones creadas por el partido del presidente y subsidiadas por los legisladores de la formación. Esos planteles han sido incorporados ahora a la lista del centenar, pero menos de la mitad tienen acreditación de la SEP.
Gustavo es estudiante de Medicina desde hace tres años en el plantel de Tlalpan, en Ciudad de México. Como la mayoría de los alumnos de las instituciones que comenzaron clases en mayo, no sabe si una vez que acabe la carrera tendrá un título acreditado y podrá ejercer. “Cuando empezamos nos dijeron que algunas universidades habían comenzado igual de mal o peor”, cuenta.
El programa, planteado por fuera de la SEP, será responsabilidad de Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (Crefal), un organismo internacional con sede en México creado para incentivar la cooperación de América Latina en materia educativa. Los países miembros no aprobaron nunca la incorporación de este proyecto, algo obligatorio bajo su estatuto, según han afirmado representantes de Brasil, Ecuador y Uruguay a este periódico. Les fueron comunicadas las intenciones en diciembre, pero no lo habían debatido hasta mediados de mayo. Pese a eso, la Administración de López Obrador había anunciado con bombo y platillos que contaba con el respaldo del centro.
“No hay respeto por las instituciones ni por las formas. Crefal venía con un proyecto interno y lo desmantelaron para meterle las 100 universidades”, comenta Alma Maldonado. La crisis generada en el organismo internacional a partir de este proyecto alertó incluso a un grupo de académicos latinoamericanos que envió una carta a finales del año pasado a López Obrador para manifestar su preocupación por el “riesgo de desplazar la agenda [del centro] y opacar su compromiso”. Pese a la irregularidad de la situación, ninguno de los países miembros se animó a alzar la voz.
El pase de la responsabilidad del programa a Crefal generó además polémica porque el organismo internacional, que estará a cargo del dinero de las universidades, no tiene obligación de acreditar sus gastos ante el Gobierno de México. Sin profundizar en el tema, el secretario de Educación mexicano, Esteban Moctezuma, señaló este martes que el presidente firmará en los próximos días un decreto «para crear un organismo descentralizado para el manejo de las universidades». Mientras tanto y sin rendir cuentas, el proyecto de López Obrador se afianza. De momento, solo de manera precaria.
América del norte/Estados Unidos/30 Mayo 2019/Fuente: El confidencial
A partir de ahora, las pruebas de acceso a la universidad no solo tendrán en cuenta las calificaciones de los estudiantes sino también su contexto social y económico
El jueves 16 de mayo, el College Board (Junta de Universidades) estadounidense anunció una novedad en su sistema de acceso a la educación superior que puede marcar un antes y un después en esta clase de pruebas. El SAT (Scholastic Aptitude Test), que alrededor de dos millones de alumnos realizan cada año, será complementado con un nuevo test que sitúa al alumno en su contexto social y económico, a través de una puntuación del cero al 100 que evalúa las resistencias que ha tenido que vencer a lo largo de su carrera. Como apuntó ‘The Wall Street Journal‘, el medio que publicó la noticia, “una puntuación de un 50 es intermedia. Por encima muestra dificultades, por debajo, privilegio”.
El test fue bautizado por el periódico como “prueba de adversidad”, para horror del College Board, que ha corrido rápidamente a pedir que no se utilice dicho término y tiene como objetivo poner de relieve la influencia de las desigualdades sociales y económicas que existen a lo largo del país. La mayoría de pruebas más o menos equivalentes, como en España la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad), suele limitarse a corregir de manera anónima los resultados de cada estudiante. Lo cual no quiere decir que el contexto del estudiante sea un ángulo muerto; simplemente, se analiza a través de otros cauces, generalmente más relacionados con cada centro. Pocas veces se habían puesto en relación de forma tan directa las puntuaciones de un examen de este calado y el contexto del alumno, quizá porque, como han manifestado sus críticos, nunca antes había sido tan evidente la injusticia latente en estas pruebas.
Una joven logró ingresar aunque no destacaba en sus notas, porque al ponerlas en contexto, estaba muy por encima de la media de su clase
La prueba tiene en cuenta 15 variantes a través de datos obtenidos de agencias como el censo o el FBI, divididas en tres grupos: entorno familiar, entorno vecinal y entorno del centro. En el primer grupo, se valora la mediana de ingresos, si el hogar es monoparental, el nivel educativo de los padres y si su lengua materna es el inglés; en el segundo, la tasa criminal, los niveles de pobreza, el valor inmobiliario y el nivel de empleo; en el tercero, si optan a comedor gratis, cuántos cursos de apoyo están disponibles y el tipo de centro al que acudieron los estudiantes. Como explicó un poco para salir del paso en ‘Fox News‘ el CEO de la organización, David Coleman, “no es ni una prueba de adversidad ni un nuevo enfoque radical”. “Cuando añadimos contexto a los exámenes SAT —como los relacionados con sus barrios o institutos—, podemos comprobar el esfuerzo del estudiante para que sea tenido en cuenta. Así, pueden ir a la universidad, encaminarse a la clase mediay cumplir el sueño americano”.
Las notas no son accesibles para los estudiantes y sus familias, pero sí para los responsables de ingresos de cada universidad, que son los que valoran quién accede y quién no. “Una joven mujer blanca del Misisipi rural fue recientemente admitida por una universidad con la que trabajamos, aunque no sobresalía por su nota en el examen”, explicó Coleman. “Pero cuando la universidad observó su puntuación, era 400 puntos más alta que la media del centro”. Fue gracias al Environmental Context Dashboard (ECD) (el nombre oficial que recibe esta prueba, algo así como `panel de contexto ambiental’) como consiguió ser seleccionada en un centro al que no habría podido acceder por su simple rendimiento en el examen.
La Harkness Memorial Tower de la Universidad de Yale. (iStock)
A diferencia de lo que ocurre con las universidades públicas españolas, donde es la nota de la EBAU junto a la de Bachillerato la que determina el acceso a un centro u otro, en EEUU cada centro puede elegir su propio criterio para elegir a los estudiantes. No es casualidad que este test, que lleva en pruebas desde 2017 en 50 universidades distintas, haya salido a la luz apenas dos meses después de uno de los mayores escándalos en los procesos de admisiones a centros como Yale, Stanford, Georgetown o UCLA, donde las familias pagaban grandes sobornos a los seleccionadores para garantizar que sus hijos ingresaban en dichos centros.
‘Excusatio non petita…’
Las pruebas de adversidad o paneles de contexto ambiental han sido recibidos con recelo por un gran sector de la comunidad académica y expertos educativos, básicamente porque son un reconocimiento implícito de que los exámenes favorecen a los sectores más privilegiados de la sociedad y que no hacen nada por atajar esta situación introduciendo cambios en los exámenes en sí y en las pruebas de acceso a la universidad. “Hoy, lo mejor que hace el SAT es predecir quién es más rico”, señala sin medias tintas en ‘The Washington Post‘ la columnista negra Christine Emba.
El hijo de un matrimonio de drogodependientes se consideraría más privilegiado que el descendiente de una madre soltera
“Los estudiantes en el 5% más rico consiguen de media 388 puntos más que aquellos cuyas familias se encuentran en el 20% inferior”, recuerda. Teniendo en cuenta que el SAT se calcula sobre una puntuación de 1.600, el nivel socioeconómico de las familias supone casi una diferencia del 25%. Como consecuencia, la mayoría de los que acceden a las universidades de élite se hallan en el 5% superior. “La nueva herramienta es la confirmación del College Board de que el SAT ha fracasado como una medida holística a la hora de medir si alguien es apto para una universidad”. Emba se pregunta si esta herramienta será utilizada para replantear los exámenes o simplemente como una excusa que permita que las cosas sigan igual.
Otra crítica son los factores que tiene en cuenta, y que pasan por alto algunas cuestiones individuales clave. Como recuerda la decana asociada para Igualdad y Justicia de la Universidad de Pittsburgh, Leigh Patel, el hijo de un matrimonio en que uno de los miembros (o los dos) es adicto a las drogas o al alcohol se consideraría más privilegiado que el descendiente de una madre soltera. Es de lo que se lamentaba Robert Schaeffer, director educativo de la organización FairTest, que recordaba que “ajustar mentalmente las notas basadas en la procedencia de un estudiante y los obstáculos que ha superado es habitual, pero es este intento de hacerlo de manera cuantitativa lo que da pie a muchos otros problemas”.
Foto: iStock.
Tampoco tiene en cuenta dinámicas como la gentrificación, es decir, el residente de un barrio en pleno proceso de subida de precios probablemente se considerará más privilegiado que los residentes en otras zonas más baratas pero con menos presión de precios. El test no tiene en cuenta en absoluto la raza del estudiante, algo que ha recibido las críticas de algunos participantes, mientras que otros lo han despreciado como un intento de introducir por la puerta de atrás cuotas raciales. Por ahora, las universidades estadounidenses están enfrentándose como pueden al aluvión de preguntas de los padres, pues aún hay una gran incertidumbre sobre el alcance de esta medida. Se prevé que en el próximo curso llegue a 150 universidades más.
¿Una buena idea?
No todo son críticas, y hay quien considera que, a pesar de sus defectos, es la mejor de las malas soluciones. Es el caso de Richard D. Kahlenberg, miembro sénior de la fundación The Century y autor de libros como ‘The Remedy: Class, Race and Affirmative Action‘ o ‘A Smarter Charter‘, que formó parte de los grupos de discusión que dieron pie a la medida y que recuerda que “incluso una puntuación de adversidad imperfecta es mejor que fracasar a la hora de tener en cuenta las dificultades que muchos estudiantes deben superar”.
Algunos centros han decidido ignorar las notas de las pruebas de acceso y centrarse en factores como el ensayo personal o la carta de recomendación
Como recuerda, “un estudiante que ha conseguido un 1.200 en el SAT a pesar de haberse criado en un barrio con altos niveles de criminalidad tiene más potencial a largo plazo que un estudiante que los consiguió teniendo acceso a los mejores colegios privados y tutores personales”. Es la vieja guerra entre igualdad y equidad, es decir, entre tratar a todos los estudiantes por igual obviando sucontexto personal y socialo proporcionarles oportunidades en función de otros factores como su esfuerzo personal. Si bien cada vez se realizan más esfuerzos para adaptar los currículos a las necesidades educativas de los alumnos, pruebas estandarizadas como la selectividad tienen el mismo planteamiento para todos los alumnos, pues se da por hecho que el resto de factores están reflejados en la nota del título de Bachillerato, donde la evaluación continua juega un papel clave.
Como respuesta a esta situación, algunos centros americanos han decidido prescindir de las notas del SAT como criterio de acceso, al considerar que no reflejan las capacidades reales de los estudiantes, y decantarse por otras alternativas como el ensayo personal (que tiene una gran importancia en las universidades americanas) o las cartas de recomendación. Lo cual plantea nuevas dudas: ¿no resulta aún más ventajoso para los estudiantes privilegiados una carta de recomendación de un profesor que una nota aparentemente objetiva? Sobre todo, ¿es humanamente posible crear un sistema de evaluación capaz de reflejar la habilidad, crecimiento, esfuerzo y contexto de cada uno de los alumnos?
América del sur/Chile/30 Mayo 2019/Fuente: Prensa Latina
Más de la mitad de los universitarios chilenos consumió marihuana en el último año, según datos publicados hoy en el Primer Estudio de Consumo de Sustancias en la Educación Superior.
Esa pesquisa, realizada en 2018 por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), a alumnos de 15 universidades, reportó que el 54,4 por ciento declaró haber consumido marihuana en los últimos 12 meses, y el 33,1 por ciento, en el último mes.
En tanto, el 28 de cada 100 consultados, consideró ‘altamente riesgoso’ consumir marihuana frecuentemente.
Al indagarse sobre el uso de otras sustancias, el 68 por ciento dijo haber bebido alcohol en el último mes, y el 68,1 por ciento de ellos reconoció haberse embriagado al menos en una ocasión.
En cuanto a otras drogas más fuertes, el 10,3 por ciento admitió consumir hachís; 4,9, cocaína; 0,5 pasta base, y el 5,2 por ciento tranquilizantes sin receta médica como clonazepam, alprazolam o ravotril.
Para el estudio fueron consultados ocho mil 500 jóvenes en representación de un universo cercano a 141 mil estudiantes de educación superior, señala el informe del Senda.
Chile es actualmente el principal mercado de drogas de América Latina y según otros estudios los chilenos menores de edad aparecen entre los mayores consumidores de cocaína, marihuana y otras sustancias alucinógenas en el continente.
Las facultades está lejos de reflejar la diversidad social. La mayoría de los estudiantes son hijos de padres con alto nivel de estudios
En los años sesenta, la Universidad dejó de ser aquella fortaleza inexpugnable para los hijos de las familias humildes. Durante varias décadas, llegaron a las Facultades españolas miles de estudiantes que eran los primeros universitarios de su familia. El elevador social se había puesto en marcha y durante años fue uno de los principales mecanismos de progresión social. La ampliación y descentralización de los campus universitarios y el hecho de que España figure entre los países con mayor número de licenciados pueden dar la impresión de que la Universidad ha dejado de ser una institución elitista, que se ha democratizado de tal modo que cualquiera puede estudiar una carrera. En teoría, así es. En la práctica, el principal predictor de las posibilidades de ser universitario es tener padres universitarios con sueldos altos.
La Universidad está lejos de ser un reflejo de la diversidad social y, de hecho, cada vez lo es menos. Así lo indica el informe de la Red Vives Via Universitaria 2017-2019, con datos de 40.000 universitarios de Cataluña, Baleares y Valencia, extrapolables al resto de España. Si se clasifica a los estudiantes por el nivel social de la familia, no en función de la renta, que puede ser engañosa, sino por el nivel de formación y ocupación de los padres, vemos hasta qué punto esta institución perpetúa las desigualdades: el 55% de los universitarios pertenece a familias de clase social alta, el 34,4% a familias de clase media y solo el 10,6% a hogares de clase baja, cuando el 40% de la población adulta española tiene un nivel bajo de estudios.
La familia es la que mantiene y paga los estudios de seis de cada diez universitarios, y solo un 18,1% se beneficia de una beca. Otro 18,9% trabaja para poder pagar los estudios, lo que supone una dificultad añadida puesto que el modelo Bolonia no favorece poder estudiar y trabajar al tiempo. Otro elemento que muestra una evolución preocupante es la forma de acceso. El porcentaje de estudiantes que llega a la Universidad a través de las pruebas de selectividad ha subido en tres años del 67,4% al 82,4%, y en cambio, los que acceden desde ciclos formativos han caído del 18,2% al 11,5%. Además, los hijos de familias con bajo nivel de estudios que llegan a la Universidad tienden a elegir en mayor proporción carreras de humanidades y ciencias sociales que científicas o ingenierías.
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