«Se están prohibiendo las exageraciones, por ejemplo una microfalda, un microshort, llevadas a la exageración, muy minúsculo… Esto no es machismo, estamos hablando de la presentación» de los alumnos, dijo la vicerrectora de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Nelly Román Paredes, citada el jueves por la edición electrónica del diario El Comercio.
«Esa es una forma de distraer la atención, a todo el mundo nos distrae eso», agregó la vicerrectora al justificar la medida que guardias uniformados se encargan de hacer respetar en los accesos del campus y que ha sido criticada por estudiantes de ambos sexos y organizaciones feministas.
«(Los estudiantes quieren) venir como les dé en gana, son amantes del libertinaje», afirmó el rector Rosel Quispe.
La norma que regula la vestimenta en esta institución pública y laica entró en vigor el lunes y desató protestas de los estudiantes, que afirman que evidencia una mentalidad «machista y retrógrada» por parte de los directivos de la universidad.
«No están queriendo dejar entrar con sandalias, con pantalones rasgados y mostrando los hombros. Están fomentando pensamientos machistas», afirmó una alumna, que pidió no ser identificada, al diario La República.
Las denuncias de estudiantes llevaron a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria de Perú a iniciar una investigación en resguardo del derecho al libre acceso de los alumnos al campus.
La universidad tiene su sede en Puerto Maldonado, capital de la región amazónica Madre de Dios, en la frontera con Brasil, donde la temperatura promedio anual es de 26 grados centígrados, por lo que muchos estudiantes prefieren usar sandalias, faldas cortas o polos sin mangas.
El nuevo reglamento establece que «constituyen faltas leves de los estudiantes asistir a sesiones de clase vistiendo ropa no adecuada, es decir; short, faldas y pantalones cortos, rasgados, blusas y polos escotados, exhibición de ropa interior, (..), tanto en varones como en mujeres».
«Nos parece cuestionable que se haya dado esta medida, que no hace sino reflejar el machismo de la sociedad, porque la ropa no es la culpable de algún tipo de agresión o acoso hacia la mujer», declaró a la AFP la activista Claire Guerra Romero, de la organización feminista Flora Tristán.
Otra paradoja de esta norma disciplinaria es que fue instrumentada en una región «donde la oferta educativa es mínima, es como poner más barreras a los estudiantes», agregó la activista.
El número de estudiantes de grados y másteres enfocados al ocio digital se multiplica por doce en cinco años
En el curso 2013-2014 unos cincuenta alumnos estrenaron en la escuela ENTI, adscrita a la Universidad de Barcelona, un grado dedicado a los videojuegos. Sumándole los másteres que existían entonces, un centenar de alumnos se estaba formando en ocio digital en Cataluña. Cuatro años más tarde, esta cifra supera los 1.200 estudiantes, repartidos en 10 grados (solo uno a precio público) y cinco másteres, según datos del Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC). “Cataluña es una potencia internacional en el sector de los videojuegos”, asegura el director general de Universidades de la Generalitat, Josep Pallarès, que augura una buena inserción laboral para los estudiantes que optan por estos estudios. “Esperamos que nos ayuden a superar el desfase que hay entre los videojuegos que consumimos y los que generamos en España”, opina Gonzo Suárez, cofundador del congreso Gamelab, que empieza este miércoles en Barcelona.
El curso que acaba de finalizar ha sido el primero de un grado de la Universidad de Vic dedicado a los videojuegos y de otro de la Politècnica de Catalunya centrado específicamente en la parte artística de la disciplina. La oferta formativa en Cataluña, comunidad que acumula un 52% de la facturación estatal en videojuegos, según el ICEC, continúa en crecimiento. La Ramon Llull estrenará el próximo curso un máster en desarrollo avanzado de videojuegos, con docencia en inglés, en una clara apuesta por la industria internacional.
“El Espacio Europeo de Educación Superior permite una adaptación rápida de los planes de estudios en función de la demanda social”, cuenta Pallarès, que añade que el de los juegos digitales no es un caso aislado y pone como ejemplo la Ingeniería en Automoción, estrenada este curso. Pallarès asegura, sin embargo, que el número de estudiantes de los grados específicos de videojuegos todavía dista de la tradicional Ingeniería Informática, que mueve “cifras muy superiores”. Este grado era el principal camino para dedicarse al desarrollo de videojuegos hace unos años, a menudo acompañado de un máster. En cuanto a la parte artística, una opción era Bellas Artes. Las titulaciones especializadas se centran ahora en estas dos vertientes.
Con cinco años incluso ha habido tiempo para que desaparezcan dos másteres de videojuegos, el de la UAB y el de la UVic. “Ahora mismo yo creo que la oferta formativa es suficiente”, valora el director académico de ENTI-UB, Òscar García, que ve “la explosión” del videojuego en el mundo académico como una respuesta a una “potencialidad de miles puestos de trabajo” recogida en los estudios de las asociaciones que agrupan a los protagonistas del sector, DEV y AEVI . “¿Si habrá trabajo para todos? Si todos hacen cola a la misma empresa, un estudio clásico, no”, añade. También ve futuro en los estudios independientes y en la ludificación (gamification) de las aplicaciones móviles que necesitan, por ejemplo, los bancos, los departamentos de recursos humanos y el sector de la salud. Esta técnica busca hacer más atractivas las apps a través de mensajes de motivación y recompensas. De todos modos, García prevé que el interés por las carreras de ocio digital “se racionalizará” en los próximos años.
De los 10 grados disponibles actualmente, solo uno tiene precio público: el de la Universidad de Girona. Todas las carreras de videojuegos tienen más demanda que oferta y sus notas de corte han ido creciendo en los últimos años. La más alta es la del grado más económico, con un 8,08 para poder entrar y un precio de 2.287 euros el primer curso. Solamente requiere una nota más alta una de las tres carreras de la UPC dedicadas a los videojuegos (8,6), que tiene un coste de 6.360 euros el primer año.
Del trabajo final a la empresa propia en un mes
Daniel Sintas se acaba de graduar en ENTI especializado en la parte artística de los videojuegos. Después de que los estudios de Ingeniería Electrónica no cumplieran con sus expectativas, hace tres años decidió empezar una nueva carrera. Desde el segundo curso que trabaja: “Es una carrera cara, de 8.500 euros al año, y busqué prácticas remuneradas”. Al cabo de un tiempo, la startupBemobile lo contrató y acabó haciendo el trabajo de final de carrera dentro de la compañía. Con dos compañeros de clase, acaban de obtener un préstamo del ICEC de 80.000 euros y antes del 15 de julio se habrán establecido como empresa, Garage51. Su producto: un juego de acción de temática japonesa, samuráis contra monstruos.
Gamelab tiene previsto atraer a 1.000 visitantes entre miércoles y viernes en el hotel Hesperia de L’Hospitalet de Llobregat. El objetivo del congreso –sus organizadores ayudaron a concebir la estructura del plan de estudios de ENTI– es reunir a los profesionales del sector con líderes internacionales del videojuego. Las criptomonedas para crear “valor dentro de los juegos ” y la idea de videojuego como “medio digital”, una nueva forma de narrativa, serán algunos de los ejes del encuentro.
Las cifras son preocupantes tanto a nivel nacional y mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Estudiar y trabajar es un verdadero Viacrucis que pocos jóvenes se atreven a vivirlo, en el mejor de los casos tienen que decidirse por una de las dos opciones, debido a la falta de recursos económicos o también por la falta de tiempo que les requiere estudiar una carrera universitaria. Por lo anterior, la Universidad Mexicana (Unimex), expande su oferta comercial y lanza nuevos horarios y la modalidad de Licenciatura en Domingo (Licenciatura Dominical Unimex). Considerada como una de las 100 mejores universidades del país.
Las cifras son preocupantes tanto a nivel nacional y mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), acceder a la educación superior en México se ha tornado cada vez más complicado. Datos indican que el 17 por ciento de los personas de entre 25 y 64 años logran tener estudios universitarios. Esto coloca a México en los últimos lugares con la proporción más baja entre los países de la OCDE, cuyo promedio es de 37 por ciento, según el estudio Panorama de la Educación 2017 de la OCDE.
Esta lamentable realidad la viven millones de jóvenes mexicanos, terminar una carrera universitaria se vuelve prácticamente imposible, dado que muchos de estos jóvenes a temprana edad tienen que trabajar para ayudar a la manutención de su familia, por lo que estudiar queda como una opción imposible de realizar.
“Unimex está comprometido con el país mediante la implementación de una oferta académica que permita a la sociedad enfrentar, con mayor conocimiento, los retos que depara el mercado laboral. Es por ello que nos sentimos muy orgullosos de brindar alternativas que ayuden a los jóvenes y adultos a obtener las herramientas que las empresas demandan actualmente”, señaló Cristóbal Jaime Montemayor, Director Comercial de Unimex.
En este sentido, la OCDE también destaca que el nivel educativo tiene una relación directa con el empleo, pues entre mayor sea el nivel educativo, la tasa para encontrar un trabajo aumenta. Esto hace un círculo vicioso, porque los jóvenes que trabajan no les alcanza para estudiar debido al bajo salario que perciben por no tener estudios. Pero desean seguir estudiando.
Al respecto, la Universidad Iberoamericana en su informe 2018 del Observatorio “Los jóvenes y los mercados laborales”, refuerza lo dicho por la OCDE. El informe señala que el 66.5 por ciento de jóvenes mexicanos de 15 a 29 años de edad, se encuentran en situación de precariedad laboral al carecer de prestaciones de ley en salario y condiciones laborales. Este estudio documentó las condiciones laborales de los jóvenes (de 15 a 29 años) en 2017.
El estudio especificó que el 50.6 por ciento de la población joven tiene una jornada diaria de ocho horas, comúnmente sin pago de horas extra; y 27.7 trabaja menos de ocho horas al día, lo que reduce sus percepciones mensuales. Esto contribuye para que los jóvenes dediquen la mayor parte de su tiempo en trabajar y no a estudiar.
Las cifras mencionadas reflejan la situación real de millones de jóvenes en México, que a diario se tienen que enfrentar con la disyuntiva de seguir estudiando para mejorar su calidad de vida en el futuro o seguir trabajando para ayudar a la economía de su hogar, que en muchas ocasiones, ellos son el principal sustento de su familia.
Cabe resaltar, que la Universidad Mexicana posee una matrícula de más de 20 mil alumnos y ofrece 17 licenciaturas y 9 posgrados, arrancará con el programa de Licenciaturas Dominicales a partir de septiembre (inicio de cuatrimestre) en los planteles del área metropolitana, Satélite, Polanco e Izcalli, tanto licenciaturas como posgrados, mientras que en el estado de Veracruz estará disponible únicamente para las licenciaturas ejecutivas.
Los estudios de grado en los centros públicos cuestan entre 20.000 y 50.000 euros por lo que los jóvenes tienen que recurrir a un préstamo bancario con el aval del Estado.
El día que Belén Pérez acudió al recinto universitario para firmar el crédito que le permitiría tener acceso a los estudios superiores no lo podía creer. Fue en 2010 cuando, después de comer y acompañada de sus compañeras de carrera, ingresó al edificio y se encontró con una enorme carpa por la que desfilaban miles de personas. “Tenías que tomar un número y te asignaban un banco, entonces tenías que hacer la cola al banco que te tocaba”, recuerda la joven.
Belén tiene 26 años y hace dos se licenció en Ortodoncia en la Universidad Autónoma de Chile, de titularidad privada. Es una de las muchas estudiantes que tuvieron que endeudarse para poder acceder a la universidad. Una realidad que han vivido varias generaciones de jóvenes del país suramericano, uno de los más caros para la educación superior, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el más privatizado de América Latina. En la región, las universidades públicas o estatales son gratuitas o bien, el pago de aranceles es muy inferior al chileno. Por eso, la alternativa para los estudiantes chilenos es aceptar un crédito que fue pensado especialmente para ellos.
El Crédito con Aval del Estado (CAE) se puso en marcha durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), pero fue ideado en el gobierno de su predecesor, Ricardo Lagos. Se diferencia de otros créditos porque el aval del estudiante es siempre el Estado. Inicialmente, el CAE se vendió como una fórmula para dar acceso y masificar la educación superior, que había quedado restringida a las clases más acomodadas tras los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet y su feroz privatización de derechos básicos. Después de la poca popularidad de otros mecanismos de financiación educativa, el CAE se presentó a los jóvenes como un crédito de fácil acceso que entregaba la posibilidad de tener un futuro abierto y lleno de oportunidades, sobre todo para aquellos que eran la primera generación de la familia que entraba a la universidad.
Este mes, Belén ha pagado su primera cuota del CAE. Después de 18 meses, ha llegado al final del llamado “período de gracia”, una especie de concesión temporal que dan los bancos para que los jóvenes encuentren un trabajo después de graduarse que les permita enfrentar la deuda. Una vez superado este plazo, ya no hay excusas y cada mes, puntualmente, los estudiantes deben abonar sus tasas. La dentista, por ejemplo, paga entre 172.000 y 220.000 pesos chilenos mensuales (entre 230 y 300 euros) al banco que financió su crédito. Tendrá que hacerlo los próximos 20 años. Su carrera es de las más caras del país –le cuestan, en total, casi 57.000 euros, incluyendo los aranceles anuales y la matrícula que se paga cada año– y, además, ella la cursó en una universidad privada. La misma licenciatura en una universidad pública saldría por unos 46.000 euros.
Fotografía: Daniel Labbe
Aunque el caso de Belén puede que sea extremo, lo cierto es que cualquier grado en Chile tiene costos elevadísimos en Chile. Por ejemplo, la carrera de Biología en un centro público cuesta unos 23.000 euros, mientras que la equivalente a un grado de Maestro de Educación Infantil oscila alrededor de los 22.000 euros. Unos costes que se asumen con muchas dificultades económicas ya que en Chile el sueldo mínimo es la mitad que en España.
Asumir la deuda implica quedar totalmente amarrado por años a los dictámenes de los bancos, que antes de entregar el crédito se han encargado de averiguar todo sobre el postulante: su barrio, el colegio del que procede, los empleos y remuneraciones de sus padres, la carrera que quieren estudiar y dónde.
Efectos en estudiantes y familias
Los efectos del CAE tuvieron un impacto casi inmediato en los estudiantes y sus familias. La tasa de interés, cuyo importe se suma al costo total de los grados, estuvo varios años al 6%, lo que provocó un sobreendeudamiento importante que complicó las opciones de pago de la deuda. Poco a poco se fue engordando una lista de morosos que no ha parado de crecer hasta hoy.
Según los últimos datos de la Comisión Ingresa, administradora del sistema de créditos para estudios superiores, hay más de 874.000 beneficiarios del CAE, de los cuales 397.000 están estudiando. De éstos, 151.000 están morosos, es decir, cerca del 40% del total, y arrastran una mochila que les afecta en muchos otros aspectos: desde la imposibilidad de acceder a una línea de teléfono u obtener su devolución de los impuestos hasta alquilar una vivienda.
“La impopularidad del CAE se intensificó cuando los primeros egresados tuvieron que empezar a pagarlo, porque cuando firmaron el crédito tenían 18 o 20 años y no tenían tanta claridad de lo que significaba”, explica Camila Rojas, exlíder del movimiento estudiantil y hoy diputada en el Congreso por la coalición de izquierda Frente Amplio.
“En el colegio nos dieron una pincelada sobre el sistema de becas y del crédito, pero en general uno lo tiene que aprender por las suyas”, indica Belén. La dentista reconoce que cuando le tocó firmar el CAE, después de dos horas de cola, leyó “lo poco y nada que se entiende” y que quedó con la sensación de recibir “un premio de consuelo” por no haber podido acceder a una beca.
Rojas señala como el descontento por la deuda se sumó a una crisis más profunda del sistema educativo que hasta hoy denuncia el movimiento estudiantil. “Se puso en cuestión la calidad de las carreras y que existiera una masa de universitarios que además de endeudados, luego tenían muchas dificultades para encontrar trabajo”, dice.
Las grandes manifestaciones estudiantiles de 2011 hicieron reaccionar al presidente de la época, Sebastián Piñera, quien llamó a un consenso con la oposición e ingresó un proyecto de ley que rebajó el interés del 6% al 2%. Sin embargo, la reducción no llegó por un gesto de “buena voluntad” de los bancos, sino porque el Estado decidió costear el 4% de los intereses de los estudiantes a través de recursos de sus arcas fiscales. “Esa política tuvo un impacto relevante para los endeudados porque, efectivamente, bajaba el interés, sin embargo, para el Estado la carga es muy importante y el banco sigue recibiendo el dinero”, lamenta Camila Rojas.
La diputada, que hoy preside la comisión investigadora del CAE en el Parlamento, creada para indagar si el beneficio de los bancos ha sido en detrimento de los estudiantes y qué respuesta ha dado el Estado ante eso, comenta que le han llegado denuncias de que no todos los bancos aplicaron la baja de interés del mismo modo. “Algunos en vez de bajar al 2% bajaron en un 2%, quedando el interés al 4%”, detalla. Por eso, desde la instancia que lidera se ha propuesto esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas del crédito, que sospecha que podría tener cláusulas abusivas e ilegales.
El beneficio de los bancos
Uno de los consensos que se ha instalado con fuerza entre los actores sociales y políticos del país es sacar a los bancos de la educación. Es una idea que hoy se defiende desde la derecha hasta la izquierda y el centro del abanico político en Chile. Después de más de una década, las autoridades y representantes se han dado cuenta de que las entidades bancarias han sido los principales beneficiarios de una política que ha exprimido las arcas fiscales del Estado.
Según el estudio Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE, de la Fundación Sol, que investiga y analiza temas sobre trabajo, sindicalismo y educación, en el país suramericano la implementación del CAE logró cumplir con la promesa inicial de aumentar el acceso a la educación superior, pero el 70% del incremento se concentró solo en 20 centros educativos. La mayoría de ellos pertenecen a cuatro grandes grupos educativos privados y, además, varios están siendo investigados por lucrar con las utilidades que, según establece la ley, debieran ser reinvertidas en las universidades.
Fotografía: Movimiento Deuda Educativa
“El CAE tiene una incidencia muy importante en el aumento exponencial de las matrículas de estas instituciones privadas, lo que refuerza la idea de que el sistema de educación superior se mercantiliza y el sector público se hace más pequeño, con un índice de matrículas del 15%”, expone Marco Kremerman, uno de los autores del estudio.
El documento también revela que para hacer este negocio aún más atractivo para las entidades financieras, el Estado se comprometió a subsidiar a los bancos a través de un sistema de compra de créditos con sobreprecio. Pese a que inicialmente se comprometieron a comprar cada año el 25% de los créditos entregados, con un sobreprecio del 6%, entre 2006 y 2017, la administración recompró el doble de los créditos comprometidos con un sobreprecio de 26,1%, es decir, 4,3 veces más que lo que se requería.
Sacar a los bancos
A pesar de que en su último gobierno, la expresidenta Michelle Bachelet instauró un sistema de gratuidad para el 60% del alumnado más pobre, el CAE hoy representa el 26,5% del presupuesto de la partida destinada a Educación Superior, 24 puntos más que en 2006, y ha comprometido recursos para 2018 por 549.630 millones de pesos (casi 750.000 euros).
Para los que no pueden acceder a la gratuidad, la ex mandataria también propuso crear un nuevo Crédito Estatal de Educación Superior (Cepes) que excluía a la banca y se adaptaba al sueldo que reciben los profesionales más jóvenes. Sin embargo, dejó fuera dos aspectos innegociables para el movimiento estudiantil: salir del sistema de crédito y condonar la deuda a quienes quedaron atados al CAE.
La propuesta de Bachelet no alcanzó a avanzar y Piñera la retiró apenas llegó a su segundo gobierno en 2018. El presidente ha presentado ahora otro proyecto de ley -también basado en el crédito- para crear el llamado Sistema Único de Créditos (SUC), un mecanismo administrado por el Estado y sin intervención de la banca que establece en un 10% del salario el pago máximo que deberá hacer cada estudiante una vez haya finalizado sus estudios y tenga ingresos. El crédito tendrá una tasa de interés del 2% anual y la deuda se condonará a los 15 años de pago.
“Va a ser un sistema que lo va a administrar el Estado y, de esa forma, vamos a evitar muchos de los problemas que generó la participación del sistema financiero en el actual CAE (…) El sistema que estamos proponiendo pone fin a muchas y discriminatorias diferencias que existen hoy en día”, aseguró Piñera.
Sin embargo, la iniciativa no ha dejado satisfechos a los estudiantes, que critican que no se haga cargo del problema de los morosos y que no condone la deuda. “Eliminar el CAE es eliminar un problema para futuros estudiantes, pero no para los morosos actuales o para los que finalizarán sus estudios dentro de dos años y que habrán cursado el 80% con CAE. Ellos van a seguir siendo deudores y morosos”, lamenta Marco Kremerman.
La deuda educativa carga sobre las espaldas de un país con unas tasas de endeudamiento que, en general, ya son muy elevadas. Las cifras estratosféricas que enfrentan los jóvenes que quieren formarse han hecho de la demanda por una educación gratuita y de calidad la principal bandera del movimiento estudiantil, que persistentemente no ha dejado de presionar para que los gobiernos les den una respuesta. Al final, lo que reclaman no es que se garantice el acceso a la educación, sino que se garantice el derecho.
El gobierno de la India concedió a Siria mil becas para estudios de post grados y maestrías, como parte de la ayuda de ese sureño estado asiático a la reconstrucción de este país árabe, informó hoy una fuente ministerial.
La viceministra de Educación Superior en Siria, Sahar Fahoum, declaró a medios de prensa que el ofrecimiento de Nueva Delhi contribuirá a la formación de recursos humanos necesarios para Damasco en diversos campos del quehacer científico-técnico.
Entre las especialidades ofertadas se encuentran informática, alta tecnología, energía, gastronomía y enfermería.
Fahoum recordó que el acuerdo de cooperación en el campo de la ciencia y la técnica suscrito entre India-Siria contemplaba hasta ahora sólo el intercambio de 25 becas en el campo académico.
Representantes de los gobiernos de ambas naciones reiteraron recientemente la voluntad común de desarrollar proyectos conjuntos en territorio sirio en sectores como la construcción de edificios residenciales, y la fabricación de vehículos e ingeniería diversa.
Además de la India, en los últimos días Rusia ofreció a Siria 500 becas anuales para estudios universitarios e Irán, 100. Cuba ofreció también varias becas a este país árabe para que numerosos jóvenes se formen en el campo de la medicina.
América del Sur/ Argentina/ 18.06.2018/ Fuente: www.ip.gov.py/ip.
Durante la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018) que se realizó en Córdoba, Argentina, las autoridades reiteraron el compromiso de fortalecer la profesionalización de la carrera docente y la formación pedagógica, así como la articulación del sistema educativo.
La actividad contó con la participación paraguaya encabezada por el ministro de Educación y Ciencias, Raúl Aguilera, que cerró sus actividades en Córdoba en cuya ceremonia de clausura presentaron la declaración final.
Este documento junto con el plan de acción, conforman los dos ejes principales que sirven de base para la participación latino-americana y caribeña en la Conferencia Mundial de Educación Superior de la Unesco, que se realizará en París en el año 2020, informó el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en un comunicado.
El director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (Unesc-Iesalc), Pedro Henríquez Guajardo, destacó la importancia de ambos documentos para la elaboración de una concepción de educación superior en la región.
“La declaración es un instrumento político y el plan de acción es la parte concreta. Nuestra meta es que la declaración se convierta en propuestas permanentes. El plan tiene una duración de 10 años y debe ser implementado a partir de enero de 2019”, expresó.
En la oportunidad las autoridades acordaron fortalecer la profesionalización de la carrera docente y la formación pedagógica, así como la articulación del sistema educativo. Reconocer estudios, diplomas y títulos, así como dobles y múltiples titulaciones, como también impulsar los modelos de evaluación y acreditaciones en escala regional.
Señaló, además que se buscarán promover proyectos conjuntos de investigación en áreas estratégicas y problemas fundamentales y fondo de desarrollo comunes, favorecer la creación de universidades abiertas poniendo especial énfasis en el reconocimiento de otros saberes, incluyendo la interculturalidad y la inclusión de otros actores sociales.
Además apuntan al trabajo de manera colaborativa y aprovechar la infraestructura regional de investigación, tecnología e innovación.
Finalmente, el secretario de Estado manifestó que la experiencia fue muy enriquecedora y que ayudará a ir elevando la calidad de la educación superior, estar acorde a los delineamientos regionales con respecto a los indicadores presentados durante la culminación del III CRES, para el fortalecimiento de la Educación Superior para los próximos años.
América del Sur/ Argentina/ 18.06.2018/ Fuente: www.pressenza.com.
En Córdoba – Argentina, se realiza la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior, conocida como CRES 2018 que coincide con el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918. Reúne a rectores, docentes y estudiantes de toda Latinoamérica, con el fin de delinear las próximas tendencias en materia educativa tanto para Argentina como para el resto de la Región. Este Congreso es preparatorio a un Congreso que se realizará a nivel mundial en París en el año 2019.
Sin embargo, hay voces críticas a este evento. Javier Tolcachier de la Agencia Pressenza y del Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica dialogó con Macarena Ubal de la Asamblea Interfacultades de la Universidad Nacional de Córdoba.
La educación como variable de ajuste, razones de la movilización
Las asambleas que se han autoconvocado y organizado en la Universidad Nacional de Córdoba se posicionan en contra de esta Conferencia porque consideran que detrás está el Banco Mundial. En Argentina ya se vivieron las consecuencias de las políticas asesoradas por el Fondo Monetario Internacional y lo que significó en la década de los noventa para el país.
Para Macarena, como integrante de esta movilización, estas políticas desean apuntar el modelo educativo al servicio de las grandes empresas, del mercado, donde la educación es una variable más de ajuste, que se traduce en recorte de presupuestos, redireccionamiento de los recursos, lo que a su vez implica acabar con el conocimiento crítico, especialmente en las áreas de sociales y humanidades. Básicamente – reitera- es abrir las puertas de las universidades públicas de par en par a las empresas a través de convenios, el arancelamiento y recortes de grados para pasarlo a postgrados pagos.
Rechazo al recorte de incumbencias
A partir de una resolución del Ministerio de Educación, la 1274, se afecta a 37 carreras de grado en universidades públicas, donde se recorta o limita el alcance que tienen los títulos, es decir una devaluación. Por ejemplo, si antes se podían ejercer 20 alcances diferentes a partir de los títulos, actualmente hay facultades que se limitan a 5 incumbencias, eso implica recortar planes de estudio, con menos contenidos en las carreras, justificado en la caracterización de que actualmente las licenciaturas de 5 años son muy rígidas para el mercado. Se promueve la falsa idea que el mercado necesita personal menos calificado, y por ende, mano de obra más barata, entonces quien quiera especializarse tiene que pagar dentro de la universidad pública para formarse.
Riesgo para la educación pública, laica y gratuita. Amenaza para la autonomía universitaria
Para Macarena urge la defensa de la educación pública, sobre todo en el marco del centenario que impulsó la autonomía universitaria y enfrentó el conservadurismo dentro de launiversidad pública. Señala que entendiendo el contexto nacional ahora se ajusta la salud, previsional y el ámbito laboral, la educación no escapa a una política de ajuste con la que América Latina ha sido saqueada y puesta al servicio de los organismos de crédito. Como estudiantes estamos llamados a la tarea histórica de retomar las banderas de la reforma y defender la educación que está en peligro.
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