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Crisis en Brasil saca a 170 mil estudiantes de la universidad

América del sur/Brasil/Fuente: Telesur Tv

La fuerte depresión económica de Brasil obliga a los jóvenes a canjear sus estudios por el campo laboral para poder cubrir sus gastos diarios de alimentación y subsistencia.

De acuerdo con un estudio realizado en Brasil por el Instituto Brasileño de Estadística y Geografía (IBGE), unos 170.000 estudiantes universitarios brasileños han desertado de la educación superior debido a los altos índices de inflación y la crisis que embarga al país carioca.

La encuesta realizada refleja que los estudiantes que se ven obligados a pausar la preparación universitaria están en un rango de edades de 19 a 25 años.

«El promedio del aumento del stock de estudiantes que tuvieron que abandonar sus cursos de graduación era de alrededor del 5 por ciento al año, entre 2013 y 2016, evasión que aumentó un 47,8 por ciento en 2017, acompañando el movimiento de cierre de los puestos de trabajo y la reducción de la oferta de financiamiento estudiantil», informa el estudio de IBGE.

Entre los detonadores y causales del abandono de la educación universitaria se delimitan los aumentos inscripción, matricula, y aranceles académicos, aunado a los altos costos de la vida y las dificultades para la obtención de un empleo con una remuneración salarial digna y acorde a la realidad que enfrenta Brasil.

«Esto también tiene que ver con el aumento de la oferta de la enseñanza superior y con el mayor acceso a las universidades en los años anteriores a la crisis. La evasión es naturalmente grande, pero en 2017 fue peor por las restricciones de empleo y de renta «, evalúa el economista Cosmo Donato, de la LCA.

IBGE apunta además que una razón que se une al aumento de este índice de deserción académica es la disminución porcentual de los financiamientos ofrecidos por Financiamiento Estudiantil (FIES) que redujo en 2017 y lo que va de año sus patrocinios de 732.700 becas a 98.900.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/crisis-brasil-saca-estudiantes-universidad-20180521-0022.html

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Cómo conseguir que la investigación educativa impacte en la práctica de los profesores.

Por: Haylen Perines. Aula Magna 2.0. 23/05/2018

Instituto interdisciplinario de de Ciencia y Tecnología. Universidad de La Serena. Chile

Muchas veces la investigación y la práctica educativa avanzan por caminos radicalmente distintos, antagónicos, casi irreconciliables: ambos se enfrentan a una compleja relación que incide en el trabajo de los profesores no-universitarios y de la escuela en su conjunto.

Los investigadores y los agentes educativos (como directores y docentes) tienen diferentes expectativas de la investigación: quienes trabajan en las escuelas buscan nuevas soluciones a los problemas concretos que los aquejan, mientras que los investigadores buscan generar y publicar nuevos conocimientos. Por esa razón, desde el artículo de Kaestle (1993) hasta aportaciones más recientes (Murillo y Perines, 2017) varios  autores han cuestionado el impacto real de la investigación en la educación y su insuficiente contribución para que esta supere sus dificultades y optimice sus procesos.

Podríamos resumir en seis las causas principales de la crisis de la investigación en relación a sus repercusiones en la práctica docente.

  1. La lucha de intereses entre la política y la investigación educativa: superar la esquiva vinculación de los resultados de investigación con la práctica docente requiere una cooperación entre investigadores y políticos que no siempre es fácil de lograr. Quizás en los últimos años haya mejorado algo la relación entre la investigación y la política debido al interés mutuo por escuchar sus demandas y necesidades. Sin embargo, sigue siendo un desafío necesario de enfrentar a través de sinergias de colaboración más sistematizadas y prolongadas en el tiempo.
  2. La escasa formación en investigación de los futuros docentes: debido a la diversidad de contextos institucionales, la investigación no se establece como una norma básica de preparación profesional, por lo que el lugar que ocupa en el currículo suele depender de las decisiones internas de cada institución.
  3. La explicación “simplista” de la transferencia de los conocimientos a la práctica docente: es un grave desacierto plantear las relaciones entre la investigación educativa y la práctica de los profesores desde modelos explicativos tradicionales, basados en el esquema simplista investigación-difusión-desarrollo-implantación, que supone que todo sucede de un modo mecánico y unidireccional: se investiga, se difunde, se realizan acciones concretas y eso genera automáticamente una buena práctica educativa.

Los esfuerzos de producción y uso del conocimiento deben centrarse en que los agentes educativos, como directivos y docentes, accedan a la información que proporciona la investigación con la misma facilidad que lo hacen los investigadores. El conocimiento es realmente transferido cuando los estudios y artículos son leídos, evaluados y examinados por todos los que participan en las decisiones educativas.

Uno de los mecanismos para mejorar la transferencia de los saberes es la “transformación” de los conocimientos que provienen de los estudios en herramientas más cercanas a la realidad de las escuelas, lo que generaría un mayor interés de directores y profesores en la investigación. Eso implicaría, en primer lugar, un análisis del vocabulario que emplean los estudios, ya que uno de los aspectos que aleja a los profesores de los artículos es el lenguaje que utilizan para comunicar sus resultados.

  1. La desvalorización de los saberes de los docentes: los investigadores centran su atención en el conocimiento formal que generan, sin considerar las experiencias y la forma de relacionarse con el mundo que tienen los docentes. Sin embargo, sólo si la investigación es capaz de reconocer, valorar y aprender de los saberes producidos por los profesores logrará desarrollar trabajos que despierten su interés por conocerlos y aplicarlos. El desafío para lograr que los profesores se sientan más cercanos a la investigación educativa está en observar el escenario en el que el docente construye su profesión, con sus limitaciones, fortalezas y experiencias: se necesita una mirada mucho más profunda sobre su trabajo.
  2. La desconfianza hacia los artículos de investigación: muchos docentes, cuando leen un artículo, sólo centran su lectura en los resultados y no en las ideas y evidencias que se exponen en la revisión teórica y en la metodología. Para ellos, una idea es más creíble cuando está relacionada con su experiencia, por tanto buscan datos concretos y útiles en el apartado de los hallazgos.

Docentes e investigadores tienen distintas maneras de evaluar las ideas de artículos científicos y diferentes formas de incorporar la información de estos a su bagaje de conocimientos. Para los investigadores, la credibilidad de un artículo depende de la evidencia empírica y objetiva que presenta. En cambio, para los profesores un artículo tendrá mayor credibilidad si se relaciona con la realidad de su aula.

  1. Los criterios de evaluación de la investigación en España: las investigaciones están condicionadas por ciertos elementos de prestigio y ascenso que permiten a los investigadores promover su carrera pero que, al mismo tiempo, generan una barrera con los intereses del profesorado. Los investigadores se centran y se esfuerzan en publicar artículos JCR para obtener los anhelados sexenios, por lo que impactar en la práctica educativa o ser leído por los profesores no está precisamente entre sus prioridades. Probablemente tienen la buena intención de escribir artículos que tengan una utilidad en la práctica, pero también son conscientes de que su actividad investigadora está siendo evaluada de acuerdo a determinados parámetros, e intentan acercarse a ellos.

Superar todas estas dificultades que atraviesa la investigación educativa, y, por consiguiente, “sacarla” de su momento crítico, implica la realización de esfuerzos en una serie de aspectos fundamentales que son imprescindibles.

  1. Cambios en los programas de formación inicial y permanente de los profesores: la preparación de los docentes en temas de investigación es escasa no sólo en los programas de magisterio, sino también en las capacitaciones que se llevan a cabo dentro de sus respectivas escuelas. Esto genera que los profesores simplemente no conozcan la investigación educativa, por lo que es casi entendible que la rechacen. No es fácil aceptar la información proveniente de formas académicas que no forman parte de las enseñanzas que han recibido, y aún menos de su rutina diaria. Por ende, los programas deben dar más espacio a la investigación en sus asignaturas y los cursos de formación permanente deben incluir aspectos de ella entre sus contenidos. Es verdaderamente real la necesidad de una preparación investigadora en los futuros docentes: si estos logran implicarse con la investigación de manera responsable, informada y persistente en el tiempo, pueden ampliar sus puntos de vista en la búsqueda de mejores soluciones a los problemas de su práctica.
  1. Cambios en los modelos tradicionales de transferencia de los conocimientos: la transferencia actual de los conocimientos utiliza formas bastante rígidas y poco flexibles para comunicarse. El conocimiento debe “movilizarse”, salir, difundirse, generar debate, tener consecuencias y repercusiones en la práctica educativa. En este sentido resulta interesante mencionar un concepto relativamente actual que ha ido tomando forma en el contexto internacional: el Knowledge Movilization, que intenta superar la distancia entre la producción de conocimientos, sus repercusiones prácticas y la política. Por otra parte, los investigadores debemos hacer mayores esfuerzos para modificar la forma en la que nos relacionamos con los profesores. Por ejemplo, cuando nos acercamos a una escuela a realizar un trabajo de campo obtenemos los datos que buscamos y posteriormente enviamos un informe al centro en el que describimos los resultados, pero eso no es suficiente para generar instancias comunicativas; lo que hace falta es que los investigadores nos acerquemos a los docentes de una forma más cotidiana y simétrica, en la que narremos los hallazgos obtenidos y los discutamos con ellos.
  1. Cambios en los criterios de evaluación de la actividad investigadora: es obvio que el trabajo de los investigadores educativos debe ser evaluado. Sin embargo, para que los investigadores no nos encerremos exclusivamente en la publicación en revistas JCR (que los profesores jamás van a leer), la administración educativa debe promover cambios en la forma de evaluar. También deberían ser bien valoradas otras iniciativas, por ejemplo, la realización de investigación-acción con los docentes o la publicación en revistas de difusión. No se trata de renunciar a las revistas que exigen artículos de calidad, porque estas publicaciones son importantes y necesarias, lo que se debe hacer es diversificar los criterios con los que se evalúa lo que hacemos.

Las líneas de investigación que pueden surgir a partir de esa investigación pueden incluir estudios empíricos centrados en lo que piensan los docentes acerca de la investigación o en cómo observan esta realidad los propios investigadores. Contar con ambos puntos de vista sería muy valioso para seguir construyendo puentes comunicativos entre ellos. El objetivo final es que los investigadores no estemos escribiendo para una ‘academia’ reducida y exclusiva, que nada tiene que ver con la realidad de las aulas.

*Fuente: https://cuedespyd.hypotheses.org/3541

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La universidad y la investigación social

Por: Juan J. Paz y Miño C.

En un artículo anterior (http://bit.ly/2AcQ8gJ) me referí, de manera general, a los avances en la educación superior logrados durante la última década, y sobre todo a los frenos que igualmente se acumularon y que hoy afectan a la docencia y a la investigación, víctimas de papeles, informes, evaluaciones, seguimientos y actividades que burocratizan la vida universitaria y además agobian el trabajo docente.

De persistir esta situación, precisamente la docencia y la investigación, que son el eje de la actividad de los profesores universitarios, no tendrán perspectivas de desarrollo y progreso, a pesar de las líricas declaraciones sobre la necesidad de la ciencia, de la innovación o de la producción académica.

En materia de investigación subsisten algunos dogmas. El mayor ocurre en el campo de las ciencias sociales. La moda intelectual de medir sus avances por el número de artículos publicados en revistas indexadas (que, en muchos casos, son verdaderos negocios) afecta a las ciencias sociales latinoamericanas. Pero su impacto no está en los “journals”, sino en la legitimidad e influencia que los libros y artículos alcanzan en la sociedad, la educación, la cultura y la política. Las ciencias sociales no pueden tener el mismo tratamiento que tienen las ciencias médicas o las naturales.

No se descarta las revistas especializadas, que pueden ser interesantes por las temáticas concretas. Sin embargo, en el campo de la historia hay otra consideración: el conocimiento, la innovación, el resultado académico vienen del trabajo acumulado con la revisión de fuentes en archivos a los que inevitablemente hay que consultar, en una paciente actividad de búsqueda y selección.

La Asamblea Nacional, responsable de la elaboración de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) debe afrontar con seriedad y responsabilidad la generación del ambiente adecuado para el avance de la investigación en la universidad ecuatoriana, sobre la que hoy pesan los sistemas de supervisión burocratizado basados en las “normas de calidad”.

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Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección:http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/la-universidad-y-la-investigacion-social

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¿Necesita Nigeria una nueva universidad militar?

Africa/Nigeria/universityworldnews

Una nueva universidad militar enfocada en tecnología nuclear se ubicará en la ciudad de Biu, en el estado de Borno, una zona rica en uranio y el epicentro de la insurgencia de Boko Haram, que ha devastado el país durante los últimos ocho años. Si bien la nueva institución estará abierta a los civiles, no todos están de acuerdo en que Nigeria necesita otra universidad militar.

La nueva universidad -la institución militar de segundo grado en Nigeria después de la Academia de Defensa de Nigeria, establecida en 1964- también contará con una escuela ambiental, un centro de biotecnología, un sitio de evaluación para equipamiento militar y ofrecerá cursos sobre ciberseguridad y recopilación de inteligencia . La aprobación para la institución fue otorgada por el Consejo Ejecutivo Federal el 11 de abril.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército, Tukur Yusuf Buratai, dijo que la nueva universidad iría más allá del papel de una institución de entrenamiento profesional para el personal militar.

«El ejército nigeriano de hoy no puede permitirse permanecer estático y, por lo tanto, debe explorar los campos de la ciencia, la ingeniería e incluso las humanidades», dijo Buratai.

Buratai dijo que la ubicación de la nueva universidad sería buena para exhibiciones inter-balísticas y la producción de equipos de laboratorio. También proporcionaría una apariencia de presencia militar a las comunidades que aún se están recuperando de los efectos de las insurgencias de Boko Haram.

El presidente del Comité de Planificación e Implementación de la Universidad, Major General (Rtd) Mathias Efeovbokhan, dijo que la universidad acomodaría al 75% de civiles y al 25% del personal militar (debido a exigencias operativas) y agregó que era necesario entrenar a militares y civiles para promover una relación cordial que beneficiaría al país y resolvería sus numerosos desafíos de seguridad.

Dijo que la universidad ofrecería servicios similares a Silicon Valley en los Estados Unidos cuando estén en pleno funcionamiento y que ya se están desarrollando estrategias para garantizar la sostenibilidad de la nueva institución. Entre una «variedad de empresas generadoras de ingresos» se encontraba un proyecto de granja solar con 300-400 árboles que consistía en árboles de neem, goma arábiga y algodón que ofrecerían algunas oportunidades de empleo.

El profesor Abubakar Rasheed, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Universidades (NUC), dijo que la nueva Universidad del Ejército de Nigeria servirá al país como un centro de estudios de ingeniería, ciencia y tecnología.

Según Rasheed, la universidad proporcionará una de las plataformas más críticas del país para los ciudadanos y las interacciones militares y para la lluvia de ideas de soluciones a los desafíos nacionales.

«Nosotros en NUC estamos entusiasmados de que la universidad del ejército no sea exclusivamente para los militares, sino que atenderá a toda la sociedad. Esto conducirá al avance del conocimiento. Cuando las personas de todos los estratos participen en la generación de investigación en la universidad, habrá una cosecha de conocimiento que tendrá un impacto positivo en el desarrollo de la nación «, dijo.

El ex ministro de ciencia y tecnología, el profesor Turner Isoun, criticó la ubicación de la universidad en Biu y su enfoque en la tecnología nuclear para aprovechar el uranio de la zona.

Isoun dijo que la capacidad de realizar investigaciones de calidad y no la disponibilidad de materias primas debería ser el factor más importante detrás de la elección de un sitio.

«Si la razón para ubicar a la universidad en el área es debido a la disponibilidad de uranio, entonces nos hemos equivocado en nuestra planificación. La Universidad Ahmadu Bello (ABU) y la Universidad Obafemi Awolowo (OUA) tienen reactores de investigación, y la Comisión de Energía Atómica de Nigeria (CEAN) existe desde hace 15 años. Si una universidad se va a enfocar en la tecnología nuclear en el país, es importante que tal instituto colabore con ABU, OAU y NAEC para aprovechar la capacidad humana disponible que ya existe allí «, dijo.

El motivo de la creación de la nueva universidad y su ubicación son objeto de cierto debate, especialmente porque el propio jefe de los militares es oriundo de la provincia del Nordeste, donde se ubicará la nueva universidad.

El Dr. Ogbonnaya Pius, un educador, dijo que la decisión de establecer universidades y dónde ubicarlas a menudo no estaba motivada por la necesidad de propagar conocimiento, sino que era parte de una «mentalidad nacional» que afligía a aquellos en el poder que los ubicaban en proyectos nacionales «en sus propios patios traseros «.

«Tenemos la NDA [Academia de Defensa de Nigeria] que ha existido durante varias décadas otorgando títulos de licenciatura y posgrado y alrededor de 200 universidades en el país. Sin embargo, estamos estableciendo otra universidad en lugar de mejorar las ya existentes que no son competitivas a nivel mundial «, dijo.

A medida que la sociedad debate la conveniencia o no de la universidad militar, la armada y la fuerza aérea nigerianas ya han presentado sus solicitudes al NUC solicitando permiso para establecer sus propias universidades. Es probable que la tendencia continúe, ya que todos los equipos paramilitares, como el Servicio de Aduanas de Nigeria, el Servicio de Inmigración de Nigeria y el Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria, pueden establecer sus propias universidades, como es actualmente permitido para todas las organizaciones religiosas y culturales del país.

Fuente: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180510085802535

Imagen tomada de: http://www.onlinenigeria.com/site/wp-content/uploads/army-university-the-vision-and-geography-by-bukar-raheem.jpg

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Ucrania: Hoja de ruta para la educación superior libre de corrupción

Europa/Ucrania/Wagdy Sawahel

La corrupción se está extendiendo a la mayoría de las universidades públicas ucranianas, particularmente corrupción educativa y administrativa, debido a los bajos sueldos académicos, la baja motivación de los estudiantes para prepararse para los exámenes, la falta de mecanismos policiales y de castigo y una cultura propensa a la corrupción, según un nuevo informe.

«La corrupción es un fenómeno generalizado en las instituciones de educación superior de Ucrania, con más de una cuarta parte de los estudiantes que informan participar en actividades corruptas», dice el informe de la Universidad de las Naciones Unidas – Instituto de Investigación Económica y Social de Maastricht (UNU-MERIT) en los Paises Bajos.

Ha propuesto una amplia gama de cambios, desde la estandarización de los exámenes en la forma escrita hasta los cambios estructurales en el sistema de educación superior.

El informe , titulado Combatir la corrupción en la educación superior en Ucrania , utilizó datos de las autoridades nacionales y de la sociedad civil para explorar la corrupción en las universidades públicas ucranianas en los últimos cuatro años (2013-17).

Ucrania tiene más de 287 universidades en funcionamiento para la población de alrededor de 45 millones de personas, con más del 70% de ucranianos de 18 años o más que asistieron o se inscribieron actualmente en instituciones de educación superior, por lo que es el quinto país en el mundo en términos de número de ciudadanos con diplomas de educación superior per cápita, según el informe.

Los datos de los profrightsEl sitio web .org – establecido por los centros analíticos ucranianos independientes CEDOS y National Endowment for Democracy – brindó información sobre corrupción por universidad, año de ocurrencia, tipo de corrupción, suma de dinero involucrada, disposición relevante del Código Penal y un resumen cualitativo de el caso en cuestión.

Los datos mostraron esquemas prevalecientes de corrupción, incluyendo 44 casos con una amplia representación geográfica de las universidades.

Por ejemplo, National Aviation University tuvo la suma más alta reportada de € 987,289 (US $ 1,2 millones) en activos sacados ilegalmente del gobierno en forma de terrenos, dormitorios y otros edificios, así como los derechos de algunos objetos de construcción sin terminar.

Además, los profesores de la Universidad Nacional de Mykolaiv y de la Universidad Técnica Nacional de Zaporizhzhya han recaudado 8,56 euros por alumno para aprobar los exámenes.

«Los casos reportados vinieron tanto de las principales universidades ucranianas como de los que están en la parte inferior de la lista, lo que sugiere que es probable que la corrupción se extienda a la mayoría de las instituciones de educación superior, independientemente de su calidad», dice el informe.

El segundo conjunto de datos obtenidos de las autoridades nacionales indicó que, en promedio, se descubrieron 171.25 casos de corrupción en la educación por año.En general, el 83% de los casos han resultado en condenas. Sin embargo, un análisis descriptivo de seguimiento indicó que solo el 1% de los casos condenados resultaron en encarcelamiento y la mayoría de los casos resultaron en multas y liberaciones en libertad condicional.

Esto indicó que «el sistema judicial respondió débilmente a las instancias de corrupción», explica el informe.

Usando los datos de los profrights.org , el informe identificó tres de los esquemas de corrupción más prevalentes, incluida la corrupción en las admisiones universitarias para programas de pregrado y posgrado, la corrupción en el logro de grados a través de la educación universitaria y la corrupción administrativa.

Las motivaciones de los miembros de la facultad para involucrarse en actividades corruptas incluyen bajos salarios y un afán de obtener dinero fácil, facilitado por la falta de mecanismos de aplicación de la ley y sanciones, y una cultura propensa a la corrupción, señaló el informe.

Respuesta recomendada

El estudio ha presentado varias recomendaciones para mitigar la corrupción en las instituciones de educación superior ucranianas.

Estas recomendaciones incluyen recopilar más datos y realizar más investigaciones, aumentar la transparencia en las instituciones de educación superior ucranianas, llevar a cabo campañas de información y alentar la participación de la sociedad civil, así como aumentar la supervisión de las instituciones de educación superior.

Además de establecer un mejor mecanismo de recompensa y castigo para los empleados de las instituciones de educación superior, el estudio recomendó la estandarización de los exámenes por escrito y el fomento de la libertad académica.

«La combinación de más libertad académica para estudiantes y profesores puede crear más interés en estudiar, enseñar e investigar y disminuir la opinión prevaleciente de que un diploma universitario es solo una hoja de papel que abre puertas en el mercado de trabajo», dice el informe. .

El informe también pidió cambios estructurales en la educación superior y los sistemas judiciales, así como el aumento de los salarios como un componente esencial para mitigar la corrupción impulsada por la facultad.

«Como en cualquier caso de corrupción prevaleciente, no hay una solución fácil», concluye el informe. «Combatir el ‘cáncer de la sociedad’ requiere un equilibrio entre los mecanismos de recompensa y castigo, así como el control versus la libertad académica y la descentralización. Tales reformas requieren la unidad y el deseo de cambio de todos los interesados».

Cuando se le preguntó sobre el impacto potencial de la implementación de las recomendaciones del estudio sobre corrupción universitaria en Ucrania, Elena Denisova-Schmidt, profesora de cultura y sociedad rusa en la Universidad de St Gallen, Suiza, e investigadora en el Centro para la Educación Superior Internacional en Boston College, Estados Unidos, dijo a University World News : «Creo que es importante trabajar no solo para combatir los síntomas, sino también las razones detrás de la falta de integridad académica, incluida la masificación de la educación superior

» . Las medidas no deberían intentar para hacer frente a la corrupción en general, sino más bien se centran en las prácticas específicas, tales como remedios contra la trampa o plagio entre los estudiantes, «dijo Denisova-Schmidt, que es el autor principal de un 2017 artículo titulado‘Ucrania:’. endémico Educación Superior corrupción

» pero al igual que cualquier otra campaña educativa, las campañas anticorrupción podrían no tener ningún impacto, o incluso el efecto contrario: podrían promover el mismo comportamiento que t «Se dispusieron a prevenir y / o condenar», advirtió Denisova-Schmidt.

Yaroslav Prytula , decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Católica de Ucrania, dijo a University World News : «La exposición internacional y la mayor competencia que se introduce para el gobierno o los fondos de los donantes puede ser un factor de empuje hacia la educación libre de corrupción».

Fuente: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20180511105847226

Imagen tomada de: https://www.sott.net/image/s5/102596/full/storyimages_1336678876_shutter.jpg

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Marchan por una educación no sexista en Chile

América del sur/Chile/17 Mayo 2018/Fuente: Telesur Tv

Movimientos feministas de Chile marcharon este miércoles en rechazo a la violencia machista en universidades.

Alrededor de 100 mil chilenos marcharon este miércoles para rechazar una educación no sexista, que regule las denuncias de acoso y abuso recogidas en diversas universidades públicas y privadas.

La Intendencia Metropolitana chilena dio su aprobación para la marcha y delimitó el recorrido, sin embargo, las fuerzas de seguridad salieron a reprimir a los manifestantes.

Paola Dragnic@PaoladrateleSUR

Marcha por una educación no sexista termina en represión, incluso para grabar este tuit @temasteleSUR

Con consignas como «Acá se gradúan violadores» y «No más machos ni fascistas», exigen la protección de las mujeres en las casas de estudios.

Ver imagen en TwitterVer imagen en Twitter

Paola Dragnic@PaoladrateleSUR

Universidad Católica emplazada directamente en la Macha Por una educación No Sexista @ConexiontlSUR@teleSUR_Chile

«Estamos viviendo una situación histórica que responde a las necesidades que tenemos como país, hoy levantamos la consigna de educación no sexista porque creemos que la educación es fundamental para prevenir y luchar contra la discriminación», afirmó en una rueda de prensa la vocera de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Francisca Ochoa.

Periódico Resumen@rsumen

Foto aérea de la en Santiago

«No vamos a permitir que una persona anti mujeres, anti diversidad sexual, esté trabajando en un ente público que debe garantizar esos derechos», aseveró una vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), Amanza Opazo.

Unas 15 universidades se plegaron a la manifestación con paros internos o con ocupaciones de estudiantes al interior de sus edificios.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/chile-marcha-educacion-sexista-violencia-genero-20180516-0036.html

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Declaración de académicas por tomas feministas:“No buscamos una universidad más neoliberal con perspectiva de género. Buscamos transformar la educación”

Por: The Clinic/16-05-2018
Estamos ante un movimiento de trascendencia histórica. Se levantan en nuestro país, en diversas universidades, asambleas, paros y tomas feministas, configurando formas de acción colectiva que hace pocos años atrás no eran siquiera imaginables y que hoy irrumpen en el escenario público para impugnar los cimientos patriarcales y androcéntricos de las instituciones universitarias.

Este nuevo ciclo de movilizaciones, que se inicia por denuncias de acoso sexual y por la insuficiencia de los protocolos y normativas existentes, abre una inédita posibilidad de poner en cuestión el sistema de educación superior en su conjunto, en tanto la violencia machista y la reproducción de las desigualdades de género denunciadas, están estrechamente imbricadas con el carácter antidemocrático y mercantil de las instituciones educativas.

Sabemos que la violencia de género es grande y compleja y que atraviesa todas las esferas de nuestra vida. Por ello, transformar esta dimensión en las universidades implica transformar estructuralmente la educación, minando las bases del sexismo que reproduce, en las instituciones educativas, la división sexual del trabajo, reforzando la asociación de razón, poder y éxito en el mercado con lo masculino y de emocionalidad, subordinación natural y precarización con lo femenino. En este sentido, no es para nada casual que usemos la frase “casa de estudios” para nombrar las universidades, si vemos cómo estas replican los roles de género, constituyendo así una extensión de la casa heteropatriarcal en la esfera de la educación formal.

La lucha contra el patriarcado y contra la reproducción de los roles de género es también una lucha contra la educación de mercado, pues las carreras feminizadas, asociadas a las labores de cuidado, crianza y empatía, son precisamente las más precarizadas, mientras que las carreras típicamente masculinas son las más valoradas socialmente, las más exitosas en el mercado y las que cuentan con mayores recursos. Esto sigue reforzando la reproducción de los roles de género y perpetúa la violencia hacia los cuerpos feminizados. El feminismo, precisamente, invita a impugnar esa reproducción y a entender que no podemos luchar en contra del patriarcado en la educación sin luchar en contra del mercado que refuerza las asimetrías de género y que orienta las instituciones educativas.

Pensar la educación feminista significa pensar la democracia, la libertad y la igualdad. Ideales que no son sinónimo de empoderamiento individual y meritocracia, sustentada en privilegios socioculturales y que tampoco pueden ser procesados mediante la adición cosmética de la “perspectiva de género” en cursos, programas de perfeccionamiento o formación contínua, capacitaciones u otros mecanismos propios de la administración universitaria neoliberal. Una educación feminista significa transformación desde la raíz, abarcando el orden jurídico (cambio de estatutos desde una ordenación feminista), igualdad sustantiva (procedimientos de paridad, igualdad de salarios, etc.), perspectiva teórica feminista para el cuestionamiento general del concepto de educación y de universidad, desde las disciplinas hasta las jerarquías. La educación feminista significa también retomar las históricas banderas de la lucha por la educación pública e insistir en la educación como un derecho social y en la necesidad de financiamiento directo a las universidades públicas, para poder materializar un proyecto educativo transformador y garantizar condiciones de dignidad e igualdad laboral para académicas/os y funcionarias/os, porque el feminismo impugna también la precarización del trabajo.

El feminismo pone en cuestión las jerarquías, los privilegios y las desigualdades, pues precisamente las asimetrías de poder y el carácter estamental en los espacios sociales generan condiciones propicias para el abuso y para su naturalización. En ese sentido, la democratización de las instituciones educativas y el trabajo triestamental son condiciones de posibilidad para llevar adelante la transformación de nuestras universidades desde una perspectiva feminista.

Las movilizaciones estudiantiles que han estallado son una rebelión contra la injusticia que imponen los mandatos del género en el neoliberalismo. Por tanto, la recuperación de la educación pública de la captura del mercado sexista no pasa por tener una universidad más neoliberal con “perspectiva de género”, sino por derribar las bases de la educación mercantil-sexista para construir desde el feminismo una nueva educación pública.

Saludamos y apoyamos con entusiasmo a las estudiantes que han levantado este movimiento y como diputada feminista, profesoras universitarias, escritoras e intelectuales hacemos un llamado a asumir un rol activo en esta movilización, organizándonos, creando espacios de discusión y articulándonos en una alianza feminista amplia, que siente las bases de un nuevo pacto social por una nueva educación pública, democrática y feminista.

Firmantes:

Camila Rojas Valderrama. Diputada Izquierda Autónoma. Frente Amplio.

Beatriz Sánchez. Instituto de Comunicaciones e Imagen. Universidad de Chile.

Faride Zerán Chelech. Universidad de Chile.

Diamela Eltit. Escritora.

Nelly Richard. Crítica Cultural y Ensayista.

Alejandra Castillo. Filósofa feminista. Departamento de Filosofía. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Daniela López Leiva. Encargada Feminista Diputación Camila Rojas Valderrama.

Pierina Ferretti. Socióloga. Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos Universidad de Chile – Fundación Nodo XXI.

Camila Miranda. Directora Fundación Nodo XXI.

Carolina Olmedo Carrasco. Universidad Alberto Hurtado. Directora Fundación Nodo XXI.

Yesenia Alegre Valencia. Socióloga. Universidad Viña del Mar. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Leticia Arancibia Martinez. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Gloria Caceres Julio. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

María Angélica Cruz. Universidad de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Mónica Iglesias. Instituto de Sociología. Universidad de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Patricia González San Martín. Facultad de Humanidades. Universidad de Playa Ancha. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Tania de Armas Pedraza. Directora Departamento de Sociología Universidad Playa Ancha. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Sonia Reyes Herrera. Instituto de Sociología Universidad de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Lorena Zuchel Lovera. Departamento de Estudios Humanísticos UTFSM. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Jeanne Hersant. Departamento de Sociología Universidad de Playa Ancha. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Alejandra Ramm Santelices. Universidad de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Claudia Montero. Instituto de Historia y Ciencias Sociales Universidad de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Maribel Ramos Hernández. Departamento de Sociología Universidad de Playa Ancha. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Marjorie Mardones Leiva. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Playa Ancha. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Pamela Soto Vergara. Psicóloga. Universidad Andrés Bello.

Luna Follegati Montenegro. Historiadora. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Rosario Olivares. Departamento de Filosofía. Universidad Alberto Hurtado.

Carolina Avalos. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Austral de Chile.

Lelya Troncoso. Trabajo Social. Universidad de Chile.

Mia Dragnic. Socióloga. Maestra en Estudios de Género. Universidad de Chile.

Caterine Galaz. Trabajo Social. Universidad de Chile.

Hillary Hiner. Escuela de Historia. Universidad Diego Portales.

Laura Albornoz Pollmann. Departamento de Derecho Privado. Universidad de Chile.

Daniela Marzi. Universidad de Valparaíso.

Javiera Arce. Universidad de Valparaíso.

Isabel Piper. Psicología. Universidad de Chile.

Paula Quintana. Instituto de Sociología. Universidad de Valparaíso.

Antonella Marín. Instituto Arcos Viña del Mar.

Paula López. Instituto Arcos Viña del Mar.

Eloid Chabaud. Instituto Arcos Viña del Mar.

Ana Luisa Muñoz. Profesora de Historia e Investigadora.

Claudia Rojas Necuhual. Facultad de Economía y Negocios. Universidad de Chile.

Ana Traverso. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Austral de Chile.

Karen Alfaro. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Austral de Chile.

Mónica Peña. Facultad de Psicología. Universidad Diego Portales.

Ariadna Biotti Silva. Archivo Central Andrés Bello. Universidad de Chile.

Javiera Carmona Jiménez. Universidad de Playa Ancha.

María José Yaksic. Magíster en Estudios Latinoamericanos. Universidad de Chile.

Ximena Azúa. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile.

Daniela Jara. Instituto de Sociología. Universidad de Valparaíso.

Carolina Benavente Morales. Centro de Investigaciones Artísticas. Universidad de Valparaíso.

Javiera Robles Recaberren. Doctoranda en Historia. UNLP/IIGG-CONICET

Karin Berlien Araos. Departamento de Ingeniería Comercial. Universidad de Valparaíso.

Pamela Jaime Elías. Profesora de Historia.

María Isabel Puerto Perez. Abogada. Docente Universidad de Valparaíso.

Verónica Francés. Arquitecta. Centro de Investigaciones artísticas. Universidad de Valparaíso.

Carolina Andrade Amaral. Encargada Oficina Comunal Diversidades Sexuales y Docente en Violencia de Género. Universidad Andrés Bello.

Sara Avalos Urtubia. Profesora de Historia y Geografía. ONG Contra de Reñaca Alto.

Sandra Rojas Cáceres. Trabajadora Social. Universidad de Viña del Mar y Universidad de las Américas.

Ana Gálvez Comandini. Historiadora. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Alejandra Zuñiga Fajuri. Escuela de Derecho. Universidad de Valparaíso.

Marcela Díaz Rebolledo. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Chile.

Sofía San Martín Moreno. Socióloga. Universidad de Playa Ancha.

María Soledad Vargas Carrillo. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Directora Magister en Comunicaciones.

Lina Marín Moreno. Universidad de Valparaíso.

Nico Mazzucchelli. Trabajadora Social. Académica Universidad de Viña del Mar y Universidad de Valparaíso.

Nicole Cisternas Collao. Socióloga.

Carolina Pinto. Socióloga. Académica Universidad de Viña del Mar.

Claudia Espinoza. Universidad de Valparaíso.

Tamara Ortega Uribe. Socióloga. Universidad de Playa Ancha.

Camila Arriagada B., Unidad de Control de Proyectos Universidad Técnica Federico Santa María

Claudia López, Departamento de Informática y Observatorio de Género en Ciencia e Ingeniería UTFSM.

Paulina Santander Astorga, Departamento de Industrias y Observatorio de Género en Ciencia e Ingeniera UTFSM.

Marianna Oyanedel, Departamento de Estudios Humanísticos UTFSM.

Aldonza Jaques, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental UTFSM

Marcela Prado Traverso Facultad de Humanidades, Universidad de Playa Ancha

Francesca Iunissi, Facultad de Ingeniería, Universidad de Playa Ancha

Karen Alfaro, Facultad de Filosofía y Humanides, Universidad Austral de Chile

Ana Traverso, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile

Paola Bolados, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso.

Karina Marambio Guzmán, Escuela de Psicología. Universidad de Valparaíso.

Esperanza Díaz Cabrera, Profesora de Historia, Magíster en Historia.

Verónica Figueroa Huenchu. Instituto de Asuntos Públicos. Universidad de Chile.

Paulina Vergara Saavedra. Instituto de Asuntos Públicos. Universidad de Chile.

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