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Etnicidad: inclusión y equidad

Por Gloria E. Trigos R.

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se señala que para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, se deben ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores de la población. Esto requiere crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles, así como incrementar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad.

También se establece que es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, a través de una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual.

En este contexto, consideramos que para poder contribuir al logro de algunos de estos ideales y en seguimiento al estudio de la diversidad identificada en nuestras aulas, se realizó un estudio longitudinal hacia atrás (de cohorte) a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que hablan algún dialecto.

Para guiar el desarrollo de este estudio se definieron los siguientes objetivos:

1.- Identificar a los alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que hablan algún dialecto, su procedencia y desempeño académico.

2.- Conocer cuáles son las lenguas indígenas presentes entre los alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

3.- Visibilizar a los alumnos que hablan alguna lengua indígena y contribuir a mejorar la atención brindada durante sus estudios universitarios.

En consecuencia, se solicitó el registro de alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con esa característica, al área administrativa responsable del registro escolar. Nos fue brindado un archivo con un total de 919 casos que, una vez analizados, se redujeron a 638 de los niveles de licenciatura, técnico superior o profesional asociado, posgrado y cursos de inglés; descartándose 281 por estar duplicados o bien, porque el alumno no reconoce hablar algún dialecto.

En dicha información se observa presencia de alumnos hablantes de algún dialecto desde el periodo 2004.3 hasta 2017.3, detectándose mayor presencia en los periodos 2008.3 a 2014.3. En los periodos previos y posteriores a los señalados, es menor el registro de casos.

Es importante señalar que dado que en la cédula de registro sólo se pregunta si el alumno habla algún dialecto, pero no se pide especificar cuál, se tomó el criterio de asignar un dialecto de acuerdo al municipio y estado de procedencia de quienes declararon que sí hablaban alguno. Debido a ello, puede haber alguna diferencia con el dato real, siendo ésta la explicación; no obstante, trabajarlo de esta manera nos permite contar con un primer escenario en cuanto a la procedencia y dialecto que habla una parte de la población estudiantil de esta Universidad.

En otro sentido, en algunos casos, con el dato relativo a municipio de procedencia, por ejemplo Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Reynosa, todos del Estado de Tamaulipas, surgió la idea de que es muy probable que entre ellos se encuentren alumnos que han tenido interés por aprender un dialecto y, que por lo tanto, no necesariamente forman parte de un grupo étnico determinado. Esto se tendría que comprobar mediante un estudio más profundo.

Efectuadas estas aclaraciones procedemos a presentar algunos de los resultados obtenidos.

Los dialectos identificados en la población estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas son: Guaraní, Huasteco, Mixteco, Náhuatl, Otomí, Tepehua, Totonaca, Zoque, Mam, Zapoteco, Triqui, Pame, Yaqui y Huichol.

Los alumnos que los hablan son originarios de 14 estados de la República Mexicana y uno de Paraguay. Se detecta mayor presencia de Tamaulipas lo que probablemente se explique por la migración de jóvenes que vienen a estudiar y después llegan algunos hermanos o familiares, lo que les permite formar grupos que permanecen en estos lugares; en orden descendente, hay presencia también de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, México, Guerrero, Puebla, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Itapua Paraguay, Jalisco, Sonora y Tabasco.

El grupo de edad predominante es de 18 a 24 años con un 90.6% que generalmente corresponde a estudiantes de nivel licenciatura; en el grupo de edad de 25 años o más (8.6%) se detecta presencia de los que estudian algún posgrado; y, en el resto (.8%) corresponde al grupo de menores a 18 años, que son de bachillerato.

Predomina la población masculina con un 53.4% en relación a la femenina, 46.6%.

Las carreras preferidas por los alumnos hablantes de algún dialecto son: Lic. en Enfermería, Contador Público, Lic. en Derecho, Lic. en Administración; Médico Veterinario Zootecnista, Arquitecto, Ing. Industrial, Lic. en Psicología, Lic. en Negocios Internacionales, Ing. Civil que reúnen un 60.3% de las preferencias de estos grupos estudiantiles. El resto se inscribió en carreras de diferentes áreas de conocimiento, predominando las de: ciencias sociales y administrativas e ingeniería y tecnología.

En cuanto al estatus académico que, actualmente, registran en nuestro sistema, se encontró lo siguiente:

Situación académica de alumnos de la UAT, hablantes de algún dialecto. Octubre 2017.

Situación Académica Actual N° Alumnos %
Egreso Oportuno 243 38.1
Egreso con Rezago 43 6.7
Baja Voluntaria 102 16.0
Baja por Sistema 52 8.2
Estudiando 185 29.0
PSS No Inscrito 13 2.0
Total 638 100.0

La causa principal de deserción es por reprobación y por agotar oportunidades de inscripción, lo cual equivale a baja por sistema, significando que ya no tienen oportunidad de inscribirse en esta universidad por lo que, de tener interés en continuar sus estudios, deberán inscribirse en otra institución educativa; sin embargo, en mayor medida se presenta también la baja voluntaria, que no responde a causas de tipo académico, sino más bien económico en la mayoría de los casos, en esta situación, el alumno conserva su derecho a volver a inscribirse en algún momento.

Es digno de mencionar que algunos alumnos cursan entre siete y nueve años de estudio antes de desertar ¿a qué se debe esa tenacidad, sin éxito? Caso contrario, se observa que algunos alumnos ocuparon entre siete y once años para concluir su carrera. Tiempo más que suficiente para haber cursado hasta dos carreras, en condiciones idóneas. ¿Qué se puede hacer para evitar esta permanencia tan prolongada en la Universidad?

Por otra parte, en este panorama, destaca el dato relativo a los prestatarios de servicio social (PSS). Y llama la atención porque quienes decidieron o necesitaron realizar el servicio social al final de todas las asignaturas del plan de estudios, no pueden inscribirse en la Universidad. Esta situación, los deja en otro tipo de vulnerabilidad en virtud de que, como ya se señaló, al no estar inscritos, prácticamente no son alumnos, sin embargo, tampoco son egresados, ni desertores, puesto que están realizando su servicio social.

Al respecto se puede comentar que si bien “en los años noventa la misma ANUIES sugería que el servicio social debería formar parte del plan de estudios, es decir, tener asignada una carga académica con una determinada cantidad de créditos, ello permitiría que su prestación tuviera un sentido social, una supervisión académica y un impacto integral sobre el estudiante, en estrecha relación con las funciones sustantivas de la educación superior”, es necesario vigilar que dicha disposición se concrete a través de las instancias involucradas en la operatividad del Plan de Estudios sin perjuicio de los alumnos que por alguna razón hayan optado o tenido que prestar su servicio social al final de su carrera. En este sentido, el reglamento respectivo sólo señala que lo puede realizar una vez que haya aprobado el 70% del total de créditos.

Desde hace varios años, durante la atención al programa PRONABES, se detectó que debido a esa situación, de no estar inscritos, no pueden optar o se les dificultar participar en Convocatorias de Becas, además de que tampoco cuentan con seguro facultativo, ni con seguro de vida.

En este estudio vuelve a surgir esta situación con alumnos que hablan algún dialecto y que provienen de otros estados de la República Mexicana como Veracruz, Hidalgo y del mismo estado de Tamaulipas.

En las circunstancias descritas, el estado de vulnerabilidad de los hablantes de algún dialecto por cuestiones propias de adaptación a nuevos ambientes, ¿no se agrava al estar fuera de su hogar y sin contar con las prestaciones propias de un alumno inscrito, como son atención médica, seguro de vida, además de poder participar en becas federales de servicio social u otras, que solicitan evidencia de su calidad como estudiantes, evidencia que sólo la otorga la ficha de pago por inscripción?

Considero que la medida de incorporar al servicio social con valor curricular dentro del plan de estudios, es buena por su propósito de fortalecer la formación integral del estudiante; sin embargo, es necesario vigilar que el alumno conserve su categoría como tal, al permitir la inscripción en la Universidad para realizarlo, aunque sea con una cuota simbólica, al margen de la fecha en que el alumno lo realice, recordando que forma parte del Plan de Estudios y que el Reglamento respectivo lo respalda.

De estos resultados surge una pregunta que amerita ser contestada con objetividad y profesionalismo. ¿Estamos preparados para tratar con equidad a nuestros alumnos? Ciertamente les abrimos las puertas de nuestras instituciones para que continúen estudiando, pero… ¿llegamos a conocerlos de tal manera que buscamos, oportunamente, la forma de retenerlos para que logren concluir sus estudios universitarios, sin prolongar su permanencia en la institución?

En el caso de los alumnos en estudio, ahora sabemos que forman parte de nuestra población estudiantil y que son miembros de comunidades indígenas que vienen a nuestra institución con un gran deseo de superación; sin embargo, cuando se emigra, se presentan problemas de adaptación. Y es donde las Instituciones Educativas tienen la oportunidad de trabajar para reducir, hasta eliminar, las barreras culturales propias de estos casos, para ayudarlos a lograr sus objetivos.

Como dato interesante también se menciona que de los 638 casos ya señalados, se pudo identificar que 150 tienen hermanos estudiando en la UAT y 488, no.

En el grupo de los alumnos que tienen hermanos estudiando en la UAT hay 21 generaciones que van del periodo de ingreso 2004.3 al 2017.3 donde se observa presencia de uno a diecisiete alumnos inscritos en distintas carreras de la UAT, siendo el mayor número de ellos en 2010.3  y el menor en 2004.3, 2005.1 y 2007.1.

El comportamiento de estos grupos dialectales en cuanto al promedio obtenido en tres momentos (inicial, al término del primer año y al final de sus estudios) de su trayectoria académica, es variable. Los de dialecto náhuatl no presentan relación significativa ni al ingreso ni al término del primer año, sin embargo, son los que obtienen promedios más altos que oscilan entre 9.5 y 10; los hablantes de huasteco presentan promedios entre 6 y 7 tanto al inicio de sus estudios, al término del primer año y al final de sus estudios, presentando también promedios reprobatorios y, en consecuencia, deserción; en los de habla otomí, se observa que al término de su primer año de estudios conservan el promedio del nivel inmediato anterior, no obstante en el promedio final se observa una baja significativa, sin deserción; los que hablan tepehua mejoran el promedio obtenido en el primer año  con relación al promedio inicial observándose una mejora significativa en el promedio final; los de habla guaraní presentan promedio alto al término del primer año conservándolo al final de sus estudios.

Los anteriores datos sugieren que los alumnos hablantes de los dialectos náhuatl,  guaraní y tepehua tienen mejor desempeño académico, en relación a los que hablan otomí y huasteco. Quizá esto se deba a que el proceso de adaptación para estos dos últimos grupos, resulta más difícil, por alguna razón que aún se desconoce.

También nos preguntamos ¿cuál es la situación académica de los estudiantes que hablan algún dialecto pero no tienen hermanos estudiando en la UAT, en relación a los que sí tienen hermanos? La respuesta encontrada se puede apreciar en la siguiente tabla.

Situación Académica de alumnos hablantes de lenguas indígenas de la UAT. Con hermanos y sin hermanos estudiando en la UAT. Octubre 2017.

Sit. Académica Con hermanos Sin hermanos
Egreso 70 46.60% 216 44.30%
Deserción 41 27.40% 113 23.20%
Estudiando 36 24% 149 30.50%
PSS 3 2% 10 2%
Total 150 100.00% 488 100.00%

Se puede observar que, en forma proporcional, el egreso es más alto en los alumnos que tienen hermanos estudiando en la misma institución que en los que no tienen. ¿Será acaso que ayuda el sentirse acompañado o ser modelo a seguir, en el caso de los que sus hermanos son menores?

En este tenor, me permito hacer las siguientes consideraciones:

Un estudio de esta naturaleza se complementaría muy bien con un trabajo de campo para realizar entrevistas a los hablantes de algún dialecto y obtener elementos más cualitativos para poder conocer y brindar opciones de atención a estos grupos.

Es importante recordar que somos protagonistas de la sociedad del conocimiento y para hacer un papel adecuado en ella, es necesario contar con información actualizada, confiable y oportuna. Y, aunque quizá en la mayoría de las instituciones no la hay con estas características, es tiempo de empezar a construir potentes bases de datos, hasta lograrlo.

Es necesario sistematizar la información institucional respecto de alumnos con características determinadas para aprovechar al máximo su análisis y verter sus resultados en programas de intervención específicos.

En forma paralela, valdría la pena fomentar el aprecio por el análisis de la información así como el uso adecuado de los resultados obtenidos para formular líneas de acción para el desarrollo institucional.

Por último, como me dice un querido y respetado amigo, sigo picando piedra en el tema de acercarnos a conocer a nuestros estudiantes en su enorme diversidad, porque lo asumo como la esencia misma de las instituciones educativas y también, por considerar que hay muchas acciones por desarrollar en beneficio del alumno que permitirían a las instituciones educativas, cumplir cabalmente con su responsabilidad social.

Con este planteamiento me sumo al canto de Mercedes Sosa cuando dice “Sólo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola, sin haber hecho lo suficiente”.

Fuente del artículo:  http://www.educacionfutura.org/etnicidad-inclusion-y-equida

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La educación no es un plan de desarrollo

América del Sur/ Colombia/ 04.11.2017/ Fuente: www.las2orillas.co. Autor: Diego Andrés Cortés Peña.

Aunque el país ha pretendido responder en los términos del marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos en lo que corresponde al artículo 26 y a las inscritas disposiciones del artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, pareciera, incluso como agravante, que estas obligaciones solo han venido implementándose de conformidad con las medidas retóricas y lejos de las prácticas.

En términos de pertinencia, la educación debe ser garantizada en una extensión no menor a cualquier Estado soberano, es decir, debe ser otorgada a todo habitante nacionalizado que ocupe un lugar en la geografía del ordenamiento territorial del Estado. Así mismo, la educación tiene que facilitar estructuras generadoras de igualdad y progreso, en donde a través de su implementación sistemática se elimine toda posibilidad de desequilibrio social.

En la actualidad es seguro que la lucha por alfabetizar a los colombianos haya alcanzado cifras que antes era imposible imaginar, pero está claro que hablar de una cobertura decente en desarrollo de la demanda actual, es un intento por legitimar el populismo del político ad portas de la rapiña electoral.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 “Todos por un Nuevo País” promovido e implementado por el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos, asume la educación en los siguientes términos:

“El más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”.

A través de una premisa más que seductora: “Colombia la mejor educada de América Latina en el 2025”.

Si bien es menester del órgano superior del poder ejecutivo establecer los lineamientos para el desarrollo social de la nación, respaldado a través de los resultados previos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, también es obligación del legislativo propender por la garantía constitucional de todas aquellas leyes que insten para ser soporte o vínculo directo con dichos planteamientos, toda vez que es el Congreso de la República quien ostenta las facultades legislativas.

Hoy la constitución incluye la educación en los términos que dispone el artículo 72 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en donde se establece lo siguiente:

“El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. Este plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo”.

En estricto cumplimiento con el ejercicio de la anterior ley, el Ministerio de Educación tiene establecido el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) renovado apenas hace un año, por medio del cual establece la implementación de un plan en función de un mecanismo único de consulta, en el que la educación se convierte en un compromiso de todos los colombianos y uno de los principales temas de la agenda pública.

En esta entrada es notable que la educación es un tema coyuntural en todas las políticas al interior del Estado. Lo que no queda demostrado es la efectividad de las mismas para garantizar el aumento en los índices de calidad, ingreso, sostenimiento y cobertura. Pero ¿por qué?

Veamos un par de ejemplos: como política de gobierno, debidamente respaldada por el Conpes y como medida para lograr los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional, se estableció con apoyo del Ministerio de Educación el programa Ser Pilo Paga (SPP), cuyo propósito fue desde su implementación: fomentar el acceso y la excelencia en la educación superior, a través de créditos condonables en las instituciones de educación superior (IES) acreditadas en alta calidad.

El programa proyectó un indicador para el 2018 de 40.000 estudiantes beneficiados con un aporte inicial de 155.000 millones de pesos por año. Con ello se pensó en estimular a aquellos estudiantes que por méritos académicos y puntajes bajos del Sisbén pudieran estudiar una carrera de pregrado en cualquier universidad de alta calidad del país, siempre y cuando fueran admitidos.

Hay que decir que las IES se facultaron para que actuaran, como es debido, en virtud de su autonomía para seleccionar a los aspirantes, es decir, nunca estuvieron obligadas a recibir beneficiarios de este programa.

Este modelo lleva más de tres años y según el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Educación ante el Congreso de la República, el programa contó para el 2016 con una destinación de recursos de 374.000 millones de pesos, o sea, más del doble de recursos estimados inicialmente por año. Además, estableció que a junio del 2017 solo se han otorgado 31.940 créditos condonables.

En este sentido, se puede hacer un análisis de incremento sobre el costo en la financiación del programa y una estimación negativa de las metas respecto de la población que debía verse favorecida.

Desde esta perspectiva, queda clara la ineficiencia que el programa (SPP) ha desarrollado en consecuencia con su objetivo, obteniendo como resultado el rechazo enfático de algunos analistas y académicos que lo definen como una brecha que fomenta la exclusión y el aumento de la desfinanciación de universidades públicas.

Como es de suponerse, el Estado por su parte, juega su papel de auspiciador del aparente éxito mientras omite su responsabilidad presupuestal para subsanar el abismo fiscal de más de 2 billones de pesos que tienen hoy las 32 universidades públicas del país.

Respecto al debate, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, el Dr. Ignacio Mantilla, manifestó en su columna del 24 de octubre del diario El Espectador, una serie de cambios que él haría al programa, en tanto deja la siguiente reflexión:

“Naturalmente, la cifra del costo es cuestionable, y por tal razón el debate se ha centrado en este punto, ya que con un tercio de lo que reciben las universidades públicas, que forman a 600.000 estudiantes, se financiará a sólo 40.000 estudiantes de SPP (…)”.

Sin embargo, este no es el único problema, pues además de estar fallando en materia presupuestal con vínculo a la universidad pública, hay inconsistencias graves en temas de cobertura en todo lo que se entiende como educación.

De manera que lo que preocupa es: ¿cómo lograr la ambiciosa meta de ser el país más educado de América Latina para el 2025, si ni siquiera los reportes se ajustan a la realidad?

Según las cifras del Ministerio de Educación en su rendición de cuentas final, el año 2016 cerró con 2’394.000 jóvenes matriculados en programas de educación superior, es decir que, el año pasado se contó con una cobertura de 51,5%, avanzando 14 puntos porcentuales respecto de la tasa reportada para el año 2010.

Estas cifras son tan pretenciosas que lejos están de ajustarse a la realidad, pues el número de personas que componen la población juvenil y que establecen la demanda de la educación superior en virtud de la ley estatutaria 1622 de 2013, asciende a 25.514.080 personas, (Cifras tomadas del Sistema Nacional de Información Juventud y Adolescencia de Colombia) es decir, un 52% de toda la población colombiana y una cobertura del 9,4% con respecto a la cifra de matriculados del Ministerio.

De modo que es obvio pensar que tanto el Gobierno Nacional como el Ministerio de Educación, son culpables por omisión de la misma realidad poblacional del país que hoy se acerca a los 50.000.000 habitantes.

¡Hagan cuentas! Pero tengan en cuenta que el programa duplicó el presupuesto para el año pasado, como ya se mencionó, además que a menos de dos meses de terminar este año no se ha logrado llegar a la meta de beneficiarios pactada en principio.

Otro ejemplo de la poca eficacia de las soluciones que se plantean con el propósito de subsanar el problema de la educación, puede evidenciarse en un proyecto de ley radicado por el Senador Luis Fernando Duque García el 26 de junio del presente año ante la Secretaría General del Senado de la República: el proyecto de ley número 39 de 2017 Senado, por la cual se establece “la gratuidad en la educación superior pública y se dictan otras disposiciones”.

Dicho proyecto de ley tiene por objeto: “mejorar el acceso a la educación, estableciendo de manera gradual y progresiva la gratuidad en la educación superior pública de derechos de matrícula, conforme los requisitos que se establecen en la presente ley.”

Los requisitos son: “haber sido admitido en un programa académico de pregrado en una institución oficial de educación superior” y “pertenecer al nivel uno (1) o dos (2) del Sisbén”.

El debate, en primera instancia, es competencia de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República. Allí se deberá tratar el articulado con sus debidas proposiciones, adiciones, sustituciones, etcétera; para votar posteriormente el documento en bloque. Finalmente, de hallar las respectivas ponencias, el proyecto debe ser expuesto ante la Plenaria, donde finalmente se decidirá si se aprueba o se archiva.

Con esta iniciativa se busca ampliar la cobertura de educación de manera progresiva con las capacidades del Estado para lo cual se pretende establecer una cuenta especial sin personería jurídica (Fondo Solidario de Educación) en donde el ordenador aparente del gasto es el Ministerio de Educación.

La financiación para dar pleno cumplimiento al objeto de la propuesta será el producto de contribuciones voluntarias efectuadas por otros gobiernos, organizaciones internacionales, particulares y otras sociedades como entidades financieras y almacenes de cadena. El Estado está comprometido pero no obligado para la delegación de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y de las entidades Territoriales, de conformidad con lo que autorice el Gobierno Nacional.

Ahora bien, revisando el documento se pueden evidenciar fallas de fondo que por sus formas podrían parecer benefactoras.
En un primer momento es fundamental pensar en que no es el acceso a la educación superior en términos de derechos de matrícula el problema principal de los jóvenes de bajos recursos del país, sino que es el sostenimiento durante el periodo académico.

En un segundo momento no se puede resumir el problema solamente a niveles de estratificación inconsistentes como los del Sisbén, sino que también se hace obligatorio analizar los parámetros socioeconómicos en función de elementos como la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria, índices que para el 2016 cerraron cerca de los 18 y 28 puntos porcentuales respectivamente (según estadísticas del DANE).

Generalizando el articulado y la exposición de motivos, el proyecto se muestra demasiado ambiguo y pareciera que lo que pretende es maquillar, como es costumbre, los problemas de facto respecto a la educación.

En el mismo no es posible establecer garantías rigurosas para la implementación “gradual y progresiva” de la gratuidad. No obstante, carece de fundamento jurídico y presupuestal en el sentido de aclarar la participación del Estado, la regulación y administración de los recursos, y las garantías de las contribuciones del sector privado.

En conclusión, aun sabiendo que los honorablísimos políticos de este país trabajan sin cansancio para ofrecer a sus electores las mejores soluciones a la luz de aquellas necesidades fundamentales y no en detrimento de las mismas, es pertinente invitarlos a que contemplen una reforma estructural enfocada en la educación incluyente y absoluta.

En donde la calidad de la formación primaria y media, sin excepción territorial, sea una plataforma efectiva de estudiantes preparados para el ingreso a la educación superior de calidad, y por tanto, formados para el fomento del desarrollo económico y social que tanta falta le hace al país.

No se trata de subsidiar, se trata de fomentar, de facilitar, de garantizar el sostenimiento a través del empleo y, lo más importante; de observar las realidades locales para echarlas a andar en función de las dinámicas mundiales estandarizadas. No al contrario: principio básico del verdadero desarrollo.

Hay que entender que las omisiones nos están saliendo costosas. Hay que sentarnos a reflexionar la historia de la deuda. Hay que exigir a nuestros gobernantes una indemnización sobre el perjuicio causado a todos aquellos que no han logrado educarse. Hay que tener en cuenta a Mandela cuando dijo: “la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”, pues siendo optimistas, en lo que concierne a los colombianos, lo que nos hace falta es organizar la equivocada armería política, porque la educación tiene que ser más que un plan de desarrollo

Fuente de la reseña: https://www.las2orillas.co/la-educacion-no-es-un-plan-de-desarrollo

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Presupuesto 2018: ¿transformar sin invertir?

Por:  David Calderón

En Mexicanos Primero hemos sostenido que el principal instrumento de la política pública es el gasto. No es el único instrumento, pero justamente como tal, como herramienta y no como contenido de las tareas del gobierno, es su condición de posibilidad fundamental. No hay política pública, sino planes y programas fallidos si no hay fondeo adecuado y oportuno. La Constitución y las leyes pueden marcar mandatos inspiradores, pero el desmentido que le impone un gasto público insuficiente, ineficiente o capturado es más devastador que cualquier objeción discursiva. ¿Dices que te importa, que es una gran reforma? Por sus frutos se conocerá. Pero ¿cómo va a tener frutos una acción a cargo de las agencias del Estado, si no se pone el dinero en los procesos clave?

Si ya cualquier gasto público debe seguir los principios del Artículo 134 constitucional –legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez- en el caso del gasto educativo la expectativa de los ciudadanos debe ser llevada a la enésima potencia: el gasto educativo debe cuidarse en extremo, porque es una inversión, la inversión más relevante que hace una sociedad a través de su gobierno. Tenemos que gastar bien en educación, pues si cumple su propósito, la educación pública es el principal mecanismo de equidad en el ingreso posterior, el máximo potenciador de la contribución fiscal futura, el fundamento para el ejercicio de los demás derechos. Debemos aún luchar para que el “gasto por alumno” un día sea de verdad “gasto en el alumno”; por décadas el presupuesto educativo, y peor aún, su ejercicio real han reflejado un reparto de dineros entre adultos. Como argumentamos en Mal(Gasto), nuestro estudio sobre presupuesto y gasto educativo: hay que aprender a gastar, para auténticamente gastar en aprender.

¿Cómo pinta el presupuesto del año venidero para las tareas educativas? De pronóstico reservado. Algunos botones (en rojo, hay que decirlo): el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 no ha recuperado el impacto de los recortes de 2015; tiene, en términos reales, un decrecimiento de 2.6% del aprobado en 2014. Para la formación continua de los maestros –a través del programa específico para ello, el PRODEP- se prevé para 2018 una inversión de 798 pesos anuales por maestro. ¿En serio? Como ya hemos reiterado en foros públicos, el sistema de evaluación docente es un dispositivo muy costoso, que aún requiere ajustes, pero su contraparte obligada por ley, la formación docente, está precarizada con una inversión ofensivamente baja. La discrepancia entre evaluación y formación es paralela a tener un costoso sistema de diagnóstico (por ejemplo, un tomógrafo computarizado con 26 puntos de verificación) pero un empobrecido y decepcionante sistema de tratamiento (como si al final de los análisis te dieran un curita). Los estados de la Federación deben complementar con sus propios fondos, pero eso significa que corremos un riesgo de la más grosera inequidad en la inversión para que los maestros sigan creciendo como educadores profesionales.

El gasto en servicios personales –sueldos y salarios- centralizado en el FONE, aún a finales de 2017 arrastra las taras del arreglo corporativo: 33 mil plazas docentes, en este año, siguieron ocupadas en centros ADG, de tareas administrativas. Con lo que vamos a gastar en 2018, ¿podemos confiar en que ya no se usarán para lo que no fueron aprobadas, y también que cesó definitivamente el pago a las 44 mil cuentas que la SEP descubrió –cuando lo señalamos desde la investigación de sociedad civil, frecuentemente la recepción fue hostil e inconsiderada- que se cobraban fuera de la normativa? Por cierto, ya que la SEP federal descubrió ese pago ilegal, ¿ya hizo las denuncias administrativas y/o penales correspondientes? ¿hay conciencia del posible ilícito que representa la entrega de esos recursos públicos y ya se fincaron responsabilidades, no sólo para quien los recibió, sino para quien los autorizó por negligencia, o peor a sabiendas y con complicidad?

Más botones de alarma: ¿por qué hay un crecimiento de 17.1% en el número de plazas administrativas entre el 1º y 2º trimestre de 2017? ¿Se puede confirmar que este crecimiento no está vinculado con la readscripción de comisionados –que estaban en centros AGS, el personal asignado con pago a tareas sindicales- ahora a centros administrativos? ¿Y en el FONE presupuestado para 2018 ya los podemos dar por superados?

En el Proyecto de Presupuesto no encontramos reflejada la inversión necesaria para la implementación del cambio de planes y programas de estudio que debe generalizarse para agosto de 2018 ¿No cuesta nada? ¿O de qué partida saldrá? ¿Y los fondos para las nuevas asignaturas de Autonomía Curricular, sus materiales y libros? ¿Por qué en el presupuesto no se puede identificar el pago de las tutorías destinadas a los jóvenes maestros que ganaron su nombramiento inicial en los concursos de selección? ¿Hay dinero para la adición a los 150 mil maestros y directivos a evaluar en desempeño, y que a resultas del temblor pueden elegir posponer la evaluación que les tocaba en estas fechas?

Muchas preguntas. Buscaremos respuestas, máxime que debemos redoblar la atención para que las millonadas anunciadas para la reconstrucción de las escuelas y la inversión en espacios temporales de aprendizaje sea suficiente y equitativa. Y que nuestros niños aprendan, porque para eso sirve la inversión.

Fuente del artículo: http://www.educacionfutura.org/presupuesto-2018-transformar-sin-invertir

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Perú: Consejo acuerda postergar evaluación docente

América del Sur/ Perú / 04.11.2017/ Fuente: larepublica.pe.

El Consejo Regional de Moquegua aprobó ayer una ordenanza que posterga la evaluación de desempeño docente de nivel inicial y de la educación básica regular en esta región.

El motivo:  Para consejeros regionales, Ministerio de Educación no validó instrumentos de observación en aula.

En el acuerdo, se precisa que el proceso se pospone hasta que el Ministerio de Educación (Minedu) en coordinación con el Gobierno Regional validen los instrumentos de observación en aula.

Javier Maura, Eliana Melgar y Yesnani Quilco se abstuvieron. Ambas son parte de la Comisión de Desarrollo Social que emitió el dictamen para el debate.

Eliana Melgar sostiene que no respaldó la medida porque no se presentaron los especialistas de la Gerencia de Educación para explicar las consecuencias que acarrea esta decisión. No descarta presentar un recurso de reconsideración.

El Minedu es el ente que dispuso la evaluación. La ordenanza frena su implementación. Para el consejero delegado accesitario Leonel Villanueva, esta ordenanza es legal porque está aprobada en base a la autonomía que tienen los gobiernos regionales para dictar políticas educativas.

En Cusco, los consejeros que suspendieron este proceso de evaluación fueron denunciados por el presunto delito de usurpación de funciones.

Fuente de la noticia: http://larepublica.pe/sociedad/1140000-consejo-acuerda-postergar-evaluacion-docente-en-moquegua

 

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España: El 75% de los títulos de FP tienen más aspirantes que plazas libres

Europa/ España / 04.11.2017/ Fuente: www.granadahoy.com.

El ciclo formativo de grado superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas ha recibido este curso cinco solicitudes de admisión por cada una de las plazas que se ofertan en la provincia de Granada. En el ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería se registraron 831 peticiones para 390 vacantes, mientras que en el de Farmacia y Parafarmacia, con una oferta de 150 plazas, se sumaron 528 preinscripciones. La situación de desfase entre el número de plazas ofertadas y número de solicitudes se da en el 75% de los títulos de Formación Profesional, tanto de grado medio como del superior, en Granada. En total, según los datos aportados por la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente de la Consejería de Educación, indica que para este curso se recibieron 13.622 solicitudes para un total de 7.895 plazas ofertadas. El dato es de fecha 5 de octubre, con lo que en las últimas semanas se habrán incorporado a las clases algunos de los que en un principio no habían obtenido plaza en el ciclo elegido.

Raimundo Fornieles, que fue director durante 18 años de uno de los institutos más grandes de la provincia, el Hermenegildo Lanz, destaca que aunque es clave establecer una relación entre la «empleabilidad» y el número de plazas a ofertar en la FP, la oferta es «escasa» por parte de la Administración educativa «porque es cara». «Montar un taller de Automoción es una pasta», indica Fornieles. Según los datos de Educación, este curso se tramitaron 251 solicitudes para entrar en ese ciclo, que oferta 90 plazas.

HAY QUIEN SOLICITA ACCEDER A VARIOS CICLOS Y QUIEN, MIENTRAS, OPTA A UN GRADO UNIVERSITARIO

El director del IES Zaidín Vergeles, Manuel Rodríguez, apunta que entre el alumnado de los ciclos que se imparten en su centro no hay problemas de inserción, salvo en Comercio Internacional, por la falta de empresas en la provincia que requieran de ese perfil. Otro de los límites que obligan a fijar un número bajo de alumnos son las instalaciones. «En Química tenemos 20 plazas porque no entran más en el laboratorio», zanja en director del Zaidín Vergeles, centro en el que estudian unos 1.400 alumnos.

El ex director del Hermenegildo Lanz, que tiene unos 2.000 alumnos, también relaciona la alta demanda de algunos títulos con cuestiones sociales. Así, las mujeres se decantan mayoritariamente por estudios relacionados con la salud y la atención, y son minoría en otras opciones. Eso explica que en el grado superior de Educación Infantil la demanda sume 620 solicitudes para 70 plazas.

Por el otro lado, también hay grados que sí tienen vacantes. Son los menos -apenas 21 ciclos formativos, entre grado medio y superior, de los 86 que se ofertan en la provincia- y para Fornieles la escasa demanda tiene que ver con la «apreciación social» y con la creencia de que determinadas profesiones no requieren de una formación específica. «Pasa con carpintería o con los ciclos relacionados con la agricultura», añade Fornieles. Este curso el ciclo de grado medio de Carpintería y Mueble recibió 25 solicitudes para 30 plazas, mientras que el de Aceite de Oliva y Vinos tuvo siete solicitudes para 20 plazas.

¿Qué hacer con los que apenas tienen demanda? Para Manuel Rodríguez uno de los focos de atención debe ser la empleabilidad, no tanto la demanda, y si ésta en baja, buscar soluciones en el diseño de los títulos. «A lo mejor un título que se oferta en un municipio pequeño no tiene demanda, puede ser que tenga que ver con dónde está», señala.

«La Formación Profesional no puede ser a demanda», apostilla el delegado provincial de Educación, Germán González, que señala que la oferta de plazas debe ajustarse al tejido productivo. Sobre los ciclos con escasa demanda, González indica que esa situación de «freno» se da en los centro «que están lejos de la capital». En los últimos años, indica el delegado, se han puesto en marcha 25 títulos de Formación Profesional con el fin de tejer un mapa con una oferta «variada» en lugar de ampliar el número de plazas en determinadas titulaciones por el hecho de ser muy demandadas. Con respecto al desfase entre el número de solicitantes y las plazas, el delegado reconoce que hay quien solicita su acceso a más de un ciclo, lo que ayuda a ‘inflar’ los números. También hay quien pide entrar al mismo tiempo que tramita su preinscripción en un título universitario -y finalmente no entra en FP por conseguir acceder a un grado- lo que contribuye a que la demanda sea muy alta pero, en la práctica, la lista de espera sea menor.

Fuente de la noticia: http://www.granadahoy.com/granada/titulos-FP-aspirantes-plazas-libres-formacion-profesional-granada-ciclo-formativo-grado-medio-superior-solicitud-plaza_0_1187581469.html

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Carrera de Magisterio

Por: Roberto Moreno Godoy.

¿A quién corresponde en Guatemala formular las políticas educativas? Según la ley, compete al Organismo Ejecutivo el ejercicio de la función administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno. Los Ministros son los rectores de las políticas públicas vinculadas a las funciones sustantivas de cada Ministerio, incluidas las de administración general, recursos humanos, finanzas, contrataciones y adquisiciones, comunicación social y servicios generales.

De conformidad con el Artículo 33 de la Ley del Organismo Ejecutivo, corresponde al Ministerio de Educación todo lo relativo a la aplicación del régimen jurídico concerniente a los servicios escolares y extraescolares para la educación de los guatemaltecos. Para ello, tiene a su cargo, entre otras funciones, la de formular y administrar la política educativa, velando por la calidad y la cobertura de la prestación de los servicios educativos públicos y privados. Una de sus principales responsabilidades es que el sistema educativo contribuya al desarrollo integral de la persona, con base en los principios constitucionales de respeto a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz y al carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de Guatemala.

También está llamado a coordinar esfuerzos con las universidades y otras entidades educativas del país, para lograr el mejoramiento cualitativo del sistema educativo nacional. Tomando lo anterior en consideración, no debiese caber ninguna duda de que es responsabilidad de las autoridades educativas definir todas las políticas educativas, entre las cuales se encuentra lo concerniente a formación inicial de los maestros, así como los requisitos para ejercer la profesión docente en los centros escolares del país.

Lamentablemente, algunas resoluciones recientes de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia son interpretadas por algunos como que dichas Cortes han venido a enderezar la plana al Ministerio de Educación, revirtiendo una reforma educativa que viene impulsándose desde hace más de una década y anulando la política vigente de formación docente. Verlo de esta manera sería atroz, pues ello violentaría los preceptos constitucionales y la independencia de los poderes del Estado.

Es importante que todos tengamos claro que la decisión sobre cómo y en qué forma deben formarse los docentes guatemaltecos corresponde exclusivamente al Ministerio de Educación. Asimismo, es imperativo comprender que las Cortes no han puesto en duda la competencia del Ministerio de aprobar las políticas educativas, ni pretenden formular nuevas orientaciones, sino que solamente han cuestionado si, en el ejercicio de sus funciones, el Mineduc cumplió con el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia.

Todo es cuestión de criterio, pues, aunque varias resoluciones anteriores de ambas instancias respaldaron en su momento lo actuado por el Mineduc, las más recientes hacen un llamado a revisar los procedimientos seguidos.

Fuente: https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/11/03/carrera-de-magisterio/

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México: Pide INEE transformar a las Normales en “verdaderas instituciones de educación superior”

América del Norte/ México/ 04.11.2017/ Fuente: www.educacionfutura.org

El seminario La Reforma Educativa: avances y desafíos permitió el análisis riguroso y crítico de este tema por parte de especialistas, en un escenario abierto a los medios de comunicación y al público en general, en un clima de respeto en el que se confrontaron diversas posiciones e ideas sobre las limitaciones y alcances de la Reforma, destacó hoy el consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Eduardo Backhoff Escudero, en la última sesión de este foro organizado por el INEE.

Consideró que este seminario resultó una especie de rendición de cuentas que documenta lo logrado en el Sistema Educativo Nacional, por lo que establece un parteaguas de lo que debiera suceder con las demás reformas estructurales que ha impulsado el actual gobierno.

Por último, resaltó que espera que el material derivado de este foro, inédito en el país, sea de interés para diversos públicos, entre ellos los legisladores, los formadores de docentes, los propios maestros, los futuros profesores, académicos, padres de familia y público en general.

Al comentar el tema Desafíos de la formación de docentes, la consejera de este Instituto autónomo, Sylvia Schmelkes del Valle, propuso transformar las instituciones formadoras de docentes en verdaderas instituciones de educación superior; en educación media superior asegurar la formación pedagógica de los docentes; y definir junto con los maestros la trayectoria de profesionalización.

Hay que diseñar tramos diversos para la profesionalización y reconocer condiciones que el Estado debe asegurar, como una infraestructura digna y apoyos indispensables, lo que exige una perspectiva de equidad que conduzca a una mayor y mejor atención a las Normales y a los docentes en situación de mayor desventaja y de menor logro, pues esto ha estado ausente, puntualizó.

Al hablar sobre la Escuelas Normales, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Salvador Jara, destacó que por primera vez, en más de 30 años, las políticas educativas de formación docente se articulan con las de Educación Básica y que se ha trabajado con profesores de Normales, estudiantes, directores y autoridades de las 32 entidades federativas para reflexionar sobre el diseño de las licenciaturas federales.

Informó que se otorgarán apoyos extraordinarios para fortalecer a las Escuelas Normales que atienden las licenciaturas en preescolar y primaria en sus versiones intercultural bilingüe.

Destacó que han puesto en marcha diversas acciones para fortalecerlas como instituciones de Educación Superior como son: fomento y apoyo a la investigación, definición de normas para el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos para el personal académico de esas escuelas y fomento del arte y la cultura.

Al exponer el tema La Formación continua del personal docente en el marco del Modelo Educativo, el subsecretario de Educación Básica de la SEP, Javier Treviño, afirmó que esta dependencia registra avances significativos en la integración de un sistema nacional de formación continua, con una oferta académica de calidad y pertinente para todo el personal educativo, alineada al Servicio Profesional Docente.

Por último, consideró que la formación continua es uno de los elementos clave para mejorar la calidad de la educación básica. Sin embargo, consideró que su eficacia requiere de su fortalecimiento como una política pública, instrumentada en estrecha corresponsabilidad con todos los actores del sistema educativo.

Al comentar las presentaciones, Graciela Cordero, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), indicó que en los dos últimos años se ha estado atendiendo una deuda histórica que se tenía con las Escuelas Normales como instituciones de educación superior. Y consideró importante continuar reflexionando sobre la importancia de diseñar una formación inicial especializada y sólida de maestros de educación preescolar y primaria que incluya posgrados de calidad.

Fuente de la  reseña: http://www.educacionfutura.org/pide-inee-transformar-a-las-normales-en-verdaderas-instituciones-de-educacion-superior/

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