«Deben seguirse al pie de la letra», estableció Julia Keleher
La secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, impartió una serie de instrucciones, “que deben seguirse al pie de la letra”, en relación a la reapertura y reasignación de escuelas, proceso que comenzó hoy luego del paso del huracán María hace poco más de un mes.
“Todo aquel que genuinamente desee que el sistema vuelva a funcionar y sea mucho mejor que antes, como es nuestro plan, tiene que cumplir a cabalidad con las órdenes impartidas. No se trata de caprichos sino de procesos muy bien estudiados, delineados, planificados en busca de comenzar a regresar a la normalidad pero con orden y disciplina”, advirtió.
Recalcó que se trata de “un proceso organizado y controlado y no será de otra forma”.
“Intentar hacer las cosas a la manera de cada cual, sea por la razón que sea, por más lógico que le pueda parecer a cualquiera, va en contra de la estructura que hemos creado durante largos días de trabajo en equipo, todos siguiendo estrictamente las instrucciones de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés), que es como corresponde”, aseveró Keleher.
La funcionaria señaló que buscan “proteger la seguridad, bienestar y la mejor forma de educación posible para los estudiantes, ahora y para el futuro. Por eso nadie que intente presionar para lograr lo contrario tendrá otro resultado que no sea detener cualquier esfuerzo por abrir una escuela que aún no cuente con los requisitos para hacerlo”.
Instruyó a continuación que “las escuelas fueron clasificadas en un principio sobre la base de procesos que se han realizado en jurisdicciones que han pasado por experiencias similares:
Rojas: daños estructurales y de otra índole grandes, visibles. Amarillas: daños o limitaciones de cualquier tipo que pudieran solucionarse a corto o mediano plazo. Y verdes:daños menores o ninguno.
En base a lo anterior, la instrucción es que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, especializados en la materia, es la única entidad encargada de certificar y catalogar las escuelas como “seguras” para poder abrir; de pasarlas de “amarillas” a “verdes”. “Nadie más está autorizado a tomar esta determinación”, advirtió Keleher.
“La persona que se arriesgue a abrir una escuela, aludiendo cualquier razón y recibir a estudiantes para retomar el curso escolar sin el aval del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, tendrá que rendir cuentas ante la titular de Educación, quien es la autoridad única para determinar los procesos de esta índole que se realicen dentro del Departamento”, apuntó.
Agregó que “solamente aquellas escuelas que sean anunciadas para reabrir, a través de comunicación oficial del DE, están autorizadas para recibir a estudiantes para tomar clases”.
Para el organismo internacional, los profesores no son los únicos responsables de los fallos en el sistema educativo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por su sigla en inglés) consideró este martes que la educación es una responsabilidad compartida de “los Gobiernos, las escuelas, los docentes, los padres de alumnos y los organismos privados”.
De acuerdo al informe publicado por el organismo, los Gobiernos tienen que garantizar una educación universal de calidad y deben rendir cuentas para alcanzar este objetivo.
“Además, esa responsabilidad debe delimitarse cuidadosamente teniendo presente los criterios esenciales de equidad, inclusión y calidad”, acotó la directora general de la Unesco, Irina Bokova.
El informe recalca que es injusto y contraproducente culpar únicamente a los docentes de los fallos de los sistemas educativos.
“Si uno se basa en los resultados escolares de los alumnos para sancionar a las escuelas y los docentes, se corre el riesgo de que estos modifiquen su comportamiento para protegerse contra las sanciones y esto puede conducir a que se deje de lado a los alumnos más rezagados”, advirtió por su parte el director del Informe de la Unesco, Manos Antoninis.
Al menos 263 millones de niños no asisten a la escuela, escenario que dispara el analfabetismo, la discriminación y las tensiones sociales, advirtió hoy la relatora especial de la ONU para el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry.
A propósito de la presentación de su reporte a la Asamblea General, la experta de Burkina Faso demandó a los gobiernos que garanticen el regreso de los pequeños a clase en cualquier lugar del planeta que lo requiera.
“La discriminación y la exclusión mantienen a millones de niños alejados de las aulas, en un mundo de casi 750 millones de adultos y adolescentes analfabetos”, señaló.
De acuerdo con Barry, circunstancias geográficas, orígenes lingüísticos o étnicos y el impacto de conflictos, que convierten en refugiados y desplazados internos a muchos menores de edad, se encuentran entre las causas específicas.
Ningún niño debería quedar fuera de las aulas por estas u otras razones, insistió.
La relatora especial defendió la educación inclusiva, que ofrezca un ambiente de aprendizaje seguro para todos los alumnos, al margen de las cuestiones personales.
Corresponde a los Estados velar porque así sea y por la igualdad de oportunidades, a partir de la promoción de leyes y políticas que ataquen la discriminación, dijo Barry, quien abogó por su aplicación en escuelas tanto públicas como privadas.
Alemania/26 octubre 2017/Fuente: Spanish Xinhuanet
La pobreza infantil afecta a alrededor de una quinta parte de los niños alemanes y a menudo es difícil escapar de ella, advierte un estudio publicado hoy por la fundación Bertelsmann.
De acuerdo con el grupo de expertos con sede en Gueterslohe, 21 por ciento de los niños alemanes experimentan la pobreza durante más de cinco años. Otro 10 por ciento de niños en Alemania sufre privación material al menos un vez en la vida.
«La pobreza infantil es un estado permanente en Alemania. Quienes caen en la pobreza una vez, se mantienen pobres durante un tiempo», señaló en un comunicado el director de la fundación Bertelsmann, Joerg Draeger. Draeger indicó también que «muy pocas familias escapan de la pobreza» en su país.
El estudio define a un niño como pobre si el ingreso neto de su hogar es menor a 60 por ciento del promedio alemán.
Al hablar con Xinhua, la experta en educación de la fundación Bertelsmann, Sarah Menne, enfatizó que la investigación longitudinal realizada por Bertelsmann puede ofrecer ideas valiosas sobre la dinámica de la pobreza infantil.
«Desde nuestra perspectiva, es importante abrir caminos para salir de la pobreza para todos los niños con experiencia de privación material, sin importar su nacionalidad», señaló la experta en educación de Bertelsmann.
Como consecuencia, Menne pidió a los legisladores alemanes «evaluar (mejor) las necesidades de los niños» para participar con éxito en la sociedad y en el sistema de educación y crear un «nuevo beneficio de gobierno» para aliviar la privación material de los jóvenes.
Mientras la Oficina Federal de Estadísticas regularmente publica cifras que detallan el alcance de la pobreza infantil, el estudio de hoy ofrece nuevas perspectivas con el rastreo de la movilidad social de los individuos entre 2011 y 2015 para evaluar cuán difícil es escapar de la pobreza.
Los hallazgos publicados recientemente por la Oficina Federal de Estadísticas sugieren que la llegada de numerosas familias de países como Siria, Irak y Afganistán ha conducido a un incremento en la pobreza infantil alemana.
Menne indicó que por la naturaleza del diseño de investigación del estudio, las cifras publicadas no representan a la gran cantidad de refugiados que han llegado a Alemania desde 2015. «El impacto de los movimientos de refugiados de 2015 no pudo ser incluido en nuestro análisis».
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de Paraguay difundió hace unos días una resolución en la que prohíbe «la difusión y utilización de materiales» referentes a «ideología de género» en los colegios públicos y los subvencionados, según anunció el titular de la cartera, Enrique Riera.
La prohibición afecta tanto a las instituciones educativas públicas como a las públicas subvencionadas, que no podrán emplear en sus aulas ningún tipo de recurso, ya sea impreso o digital, que haga alusión a la ideología de género.
«El Ministerio no va a promover la ideología de género, como ninguna otra ideología, por ejemplo la ideología política», dijo Riera. Y añadió:
«Respetamos la diversidad, lo que no quiere decir inculcar una ideología de género, que como todos saben es un tema polémico y que está instalado en el mundo entero, pero que como paraguayos nosotros tenemos la película bien clara: papá, mamá, hijitos. No hay otra forma más fácil de decirla».
La resolución que prohíbe la utilización de materiales sobre «ideología de género», también encomienda a la Dirección General de Currículum, Evaluación y Orientación que revise los textos educativos y emita un informe con propuestas, adoptadas a los «principios constitucionales y a la legislación vigente del país», en un plazo de 60 días.
Además, las Coordinaciones y Supervisiones Educativas se encargarán de velar por el cumplimiento de esta ley, según puede leerse en la resolución.
La medida del MEC responde así a la polémica surgida hace unas semanas acerca del supuesto uso de materiales sobre ideología de género en los colegios del país.
La Iglesia Católica y la comunidad protestante del país pidieron la retirada de dicha ideología. Cientos de personas se manifestaron días atrás frente al Congreso paraguayo para reivindicar un sistema de educación pública basado en los valores tradicionales de familia, recogidos en la Constitución paraguaya.
La principal reclamación se enfocó en mantener el concepto ideología de género fuera de los materiales didácticos de la educación pública paraguaya, puesto que se oponen a que palabras como homosexualidad o bisexualidad formen partes de los textos educativos.
Un aula tradicional en zonas con alta actividad sísmica cuesta 321 mil 520 pesos, mientras que los salones prefabricados tienen un costo de 426 mil 500 pesos cada uno.
Según información oficial del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), los salones provisionales que se construyen en la región del Istmo de Tehuantepec para atender a los alumnos que no han podido volver a clases porque 67 escuelas fueron consideradas pérdida total a causa del sismo del 7 de septiembre, cuestan hasta 33% más que un aula tradicional diseñada para zonas con alta sismicidad.
De acuerdo con lo publicado por El Universal, según el catálogo de precios y referente de trabajos “Escuelas de Excelencia” del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, un aula tradicional en zonas con alta actividad sísmica cuesta 321 mil 520 pesos, mientras que los salones prefabricados tienen un costo de 426 mil 500 pesos cada uno.
En los contratos a los que El Universal tuvo acceso, se detalla que, para la edificación de los salones, a cada una de las 67 escuelas afectadas se les dio un recurso de entre 600 mil y hasta 17 millones de pesos, dependiendo del número de aulas a construir. Esos documentos aparecen firmados por el director general del IOCIFED, Orlando Hernández, y diversos contratistas oaxaqueños.
El Centro Escolar Juchitán, es la escuela con el mayor monto asignado según el “Listado de Acciones, Trabajos y Obras Prioritarias y Urgentes del Sector Educativo Federal para la Mitigación de los daños ocasionados por sismo magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017 en 283 municipios del estado de Oaxaca”, documento oficial firmado por Orlando Hernández Montes.
Los precios de las construcciones varían dependiendo de la institución educativa para la que se construyen, por ejemplo, la edificación de cuatro aulas en una secundaria de Matías Romero, tendrá un costo de 400 mil pesos cada una, es decir, un millón 600 mil pesos en total.
Los precios de construcción de las aulas provisionales varían de acuerdo con la institución educativa donde se construyen. Por ejemplo, conforme a uno de los contratos, la construcción de cuatro aulas en una secundaria de Matías Romero costará un millón 600 mil pesos; es decir, 400 mil pesos cada una.
Para solventar los daños causados por el sismo en Oaxaca, el pasado 19 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para que entregara 662 mil 864 pesos del Fonden a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el “apoyo parcial inmediato para el sector educativo federal”.
Un mes después, el 20 de septiembre, Banobras informó a la SEP que ya estaban a disposición esos recursos y fue el 22, cuando la dependencia dio la autorización para disponer de los más de 287 millones de pesos, a los cuales se sumó la aportación del gobierno de Oaxaca que fue de 4 millones 450 mil 186 pesos, lo que da un total de 292 millones 113 mil 50 pesos.
La autorización recayó en Hermenegildo Velásquez, delegado de la SEP en Oaxaca y presidente del Subcomité de Evaluación de Daños.
Desde entonces, la instancia que ejecuta los recursos es el IOCIFED, y se decidió por la construcción de aulas provisionales, para lo que contrató a la empresa mexicano-canadiense Royal Building Systems. La empresa trabaja en la elaboración de estructuras prefabricadas con material PVC.
Para la edificación de las aulas, 43 constructores oaxaqueños adheridos a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción fueron contratados.
En los documentos a los que tuvo acceso El Universal, se especifica que los empresarios deberán demoler las aulas dañadas y remover todos los escombros para construir una plataforma de cemento de 15 por 25 metros donde se instalará la estructura prefabricada.
El PP se muestra partidario, aunque interpreta esta idea con flexibilidad, sin tener necesariamente que atar a los jóvenes al pupitre
Hay consenso en todos los partidos en que las autonomías deben incentivar la continuidad en la escuela y garantizar plazas, sobre todo en FP
Uno de cada cinco alumnos españoles no sigue estudiando más allá de los 16 años. España tiene la segunda tasa de abandono escolar temprano más alta de la UE, sólo superada por Malta. Éste es el principal problema educativo de nuestro país, pero nadie ha encontrado todavía la fórmula mágica para retener a los adolescentes durante más tiempo y de forma más productiva en la escuela.
¿Serviría de algo extender la educación obligatoria hasta que los chicos alcancen la mayoría de edad como fórmula para reducir el abandono temprano y mejorar la cualificación de los jóvenes? Así lo cree el Parlamento Europeo, que ha recomendado alargar los tiempos de escolarización un par de años más. Y así lo defienden también algunos países, como Alemania, Holanda, Bélgica y Portugal, que ya han llevado a la práctica esta propuesta.
En España, la educación básica es obligatoria y gratuita desde los seis hasta los 16 años. A partir de esta edad, no se fuerza a los jóvenes a ir al instituto. Ni tampoco se obliga a las autonomías a habilitar plazas públicas para todos los que lo necesitan. En la práctica, no hay problemas de espacio en el Bachillerato, pero en la FP hay muchos alumnos que quieren entrar y se quedan fuera.
La propuesta de extender la educación obligatoria para los alumnos desde los 16 hasta los 18 años aparece de forma recurrente en el debate educativo. El año pasado la planteó la Generalitat de Cataluña, aunque el referéndum ilegal la ha dejado en segundo plano. Ha sobrevolado durante los últimos meses las comparecencias de expertos en la Subcomisión de Educación del Congreso y también salió hace unos días, en un mesa redonda con partidos políticos organizada por los editores de libros de texto. Es uno de los puntos básicos del pacto de Estado.
Obligar al alumno
En el PP cada vez son más partidarios de lo que defiende el ex presidente del Consejo Escolar del Estado Francisco López Rupérez. En La extensión de la enseñanza básica hasta los 18 años. Beneficios y costes, este experto sostiene que prolongar la educación de forma obligatoria y gratuita hasta los 18 años reduciría el abandono temprano y la brecha formativa de la población joven, elevaría la empleabilidad e incrementaría el nivel salarial. Un año extra de experiencia escolar en Bachillerato y FP de Grado Medio produce de media un incremento en los ingresos anuales del individuo de en torno al 12%.
López Rupérez cifra el coste de esta medida en 1.000 millones de euros repartidos en tres ejercicios, lo que supone un incremento del gasto público en educación de entre una y dos décimas de punto porcentual del PIB nacional. Insiste en que la propuesta «no significa, en modo alguno, amarrar a los jóvenes al pupitre ni reproducir los esquemas organizativos de la actual ESO», sino que hay que replantear toda la estructura educativa para dar «una mayor flexibilidad en la organización de las enseñanzas».
Esto pasa por compatibilizar la formación con un sistema de prácticas (el inicio de la edad laboral está fijado a los 16 años), aumentar la posibilidad de estudiar a tiempo parcial, ampliar la oferta de estudios vespertinos y semipresenciales o mejorar los contratos de aprendizaje.
Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP en elCongreso, respalda la idea. «Veríamos razonable la extensión de la enseñanza básica hasta los 18 años», adelanta. «La enseñanza básica, tal y como establece la Constitución, es obligatoria y gratuita. El gran déficit de nuestro sistema educativo golpea fundamentalmente a las enseñanzas medias, ésa es la brecha que nos separa de Europa. El número de alumnos que continúan sus estudios hacia los títulos medios es inferior en España que en el resto de Europa, especialmente en la FP. La formación es el mejor instrumento para el acceso al empleo. Por tanto, no estamos hablando de un tema secundario; si queremos abordar de una vez por todas el diseño de la educación del futuro, ésta es una de las claves».
Moneo opina, como López Rupérez, que hay que apostar por «flexibilizar» y que la obligatoriedad «no quiere decir que los alumnos tengan que permanecer en clase hasta los 18 años», sino que hay miles de maneras para que puedan formarse cómo vean más conveniente.
Forzar a la Administración
El Ministerio de Educación no quiere pronunciarse al respecto y se remite al acuerdo que salga del Pacto de Estado. PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos no son partidarios de obligar a los alumnos a formarse hasta los 18 años. Pero sí coinciden con el PP en que hay que conseguir que las administraciones educativas incentiven la continuidad en la escuela y garanticen plazas gratuitas en la postobligatoria para todo el que lo pida, especialmente en la FP.
Es lo que técnicamente se conoce con el nombre de «universalización», una propuesta que recogió el PSOE en su programa de las pasadas elecciones generales y que tiene su origen en aquella otra que formuló Ángel Gabilondo en 2009, cuando era ministro de Educación, aunque él entonces hablaba de «obligar».
«Universalizar se refiere a crear las condiciones para que sea posible, no para que sea obligatorio. Eso significa que es preciso propiciar un sistema que permita hasta los 18 años formarse en un modelo que sea tan completo y flexible que quepa proseguir durante esos años en el sistema. Se trata, también, de reforzar la idea de la importancia de formarse hasta los 18 años, como poco», explica ahora el actual portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.
Los socialistas calculan que, para que esto sea posible, habría que habilitar 200.000 nuevas plazas gratuitas para la FP. María Luz Martínez Seijo, secretaria ejecutiva de Educación y Universidades del PSOE, recalca que «ésta es la pata en la que cojeamos». «Muchos chavales se quedan en una segunda o tercera opción, por lo que hay que intentar garantizar que haya oferta suficiente. La FP es una prioridad, no sólo para ampliar plazas para los que salen de la ESO, sino para repescar a los que han abandonado el sistema educativo. Hay que reforzar la coordinación entre la parte educativa y la profesionalizante, para que haya más prácticas en empresas».
Ventajas e inconvenientes
¿Qué opina de todo esto la comunidad educativa? «Como medida de una sociedad avanzada y razonable está bien, porque no hay duda de que las personas que más estudian tienen más posibilidades laborales y las sociedades cada vez necesitan a gente más formada, pero harían falta miles de profesores y eso requiere de recursos; quizá haya prioridades mayores», opina Javier Vidal, profesor de Métodos de Investigación en Educación de la Universidad de León y ex director general de Evaluación y Ordenación del Ministerio.
Entre las asociaciones de padres y los sindicatos de profesores no hay unanimidad. «Aún no tenemos una postura, hay un debate que aún no se ha resuelto», admite Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa). Lo mismo expresa Mario Gutiérrez, presidente Nacional de Educación de CSIF, que reconoce que existen «ciertas dudas sobre si debe ser obligatorio para el alumno»: «Si ya hay chicos a los que nos cuesta mucho esfuerzo mantener en clase hasta los 16 años, porque no quieren estar, ¿cómo vamos a obligarlos hasta los 18 años?».
Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, se muestra también «más partidario de la universalización que de la obligatoriedad». A cambio, el presidente del sindicato Anpe, Nicolás Fernández, es partidario de obligar a los alumnos, pero siempre y cuando «se cambie toda la estructura del sistema educativo».
Carles López, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), lo tiene más claro: «Estamos de acuerdo en extender la educación obligatoria hasta los 18 años, tanto para el alumno como para la Administración. Es una propuesta arriesgada pero la hemos pensado mucho. Eso sí, debe quitarse la rigidez actual para que los itinerarios sean flexibles y, desde los 16, el estudiante pueda orientarse a la enseñanza que desee».
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