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Argentina: Cuando Enseñar es desaprender

Argentina / 5 de noviembre de 2017 / Autor: Juan Funes / Fuente: Página 12

La Asamblea Autoconvocada Inter-Institutos manifestó ayer su rechazo al Operativo Enseñar, las evaluaciones impulsadas por el Ministerio de Educación de la Nación que se tomarán a los estudiantes avanzados de profesorados en todo el país y que comienzan a aplicarse hoy en dos institutos de la provincia de Buenos Aires (ver aparte). Los estudiantes del Instituto Nº 11 de Lanús advirtieron que no se presentarán a la prueba, mientras que los del Instituto Nº 35 Vicente D’Ambramo, de Monte Grande, tampoco lo harán en su mayoría, aunque al cierre de la edición todavía no había consenso de tomar la decisión en forma unánime. En diálogo con PáginaI12 el delegado de Suteba de ese establecimiento, Luis Brunetto, señaló que “el Operativo Enseñar es presentado por el gobierno de Cambiemos como una evaluación neutra que tiene por fin obtener datos sobre la situación de los profesorados, pero sabemos que lo que busca es culpabilizar a los docentes de la crisis educativa que desde hace décadas existe en Argentina, para abonar las reformas que van a destruir la educación pública”.

Con un pizarrón apoyado entre la vereda y la reja del Instituto Nº 35, pasadas las 13, Brunetto abrió la clase pública. Esta fue la modalidad para abrir el debate sobre el Operativo Enseñar que votó la Asamblea, integrada por agrupaciones docentes y Centros de Estudiantes de los institutos del sur del conurbano bonaerense. “Ya que tenemos este pizarrón vamos a arrancar con esta palabra que aparentemente es aséptica e inofensiva: evaluar”, anunció el delegado y docente. “Estaría bárbaro que nos evalúen. Todos ustedes alguna vez habrán leído a Antonio Gramsci –continuó–, y su concepto de sentido común. Esta es una idea de sentido común: evaluar está perfecto. Pero, ¿qué nos diría Gramsci? El sentido común hay que ponerlo en contexto”. El docente explicó que “la evaluación se toma en un contexto histórico de varias décadas de decadencia educativa. Lo que tenemos que ver es si la política del gobierno actual busca reducir la tendencia de decadencia o tiende a reforzarla. Claramente lo que buscan es vaciar la educación pública”.

Brunetto consideró que la reforma Secundaria del Futuro, que se va a implementar en escuela públicas porteñas, es el modelo de educación que busca impulsar Cambiemos. “Hoy en día asistimos al predominio de un discurso según el cual los docentes pueden ser reemplazados por aplicadores, facilitadores o por internet. El conocimiento científico puede ser desplazado por el entrenamiento, por el manejo de herramientas técnicas”, afirmó.

A su turno, Julián Odriozola, profesor de política educativa del mismo instituto, sostuvo que el objetivo del Operativo Enseñar es “acompañar la reforma laboral que está anunciando el gobierno con una reforma educativa”, ya que “ninguna reforma laboral podrá ser verdaderamente efectiva si no se reforma la subjetividad y la educación de los sujetos”. “Estamos de acuerdo en que hay una crisis educativa. Pero los docentes no somos los culpables de esa crisis; hay un Estado que desde muchos años se corrió de su responsabilidad de garantizar educación de calidad. Si la evaluación va a recaer sobre el rendimiento de los docentes, eso será motivo para decir ‘los docentes no están a la altura de la circunstancias’. ¿A quién hay que ajustar entonces? A los docentes. Es el escenario que se plantea”, agregó.

Antes de finalizar Odriozola leyó una frase dicha por Esteban Bullrich a poco tiempo de haber asumido como Ministro de Educación: “‘Es imposible controlar la calidad de los institutos de formación docente. En Finlandia, que tiene 5 millones de habitantes, hay 8 institutos de formación; en Francia, que tiene 66 millones, hay unos 40 institutos; en Argentina que somos 41 millones tenemos 1500’. No hace falta ser demasiado inteligentes para darnos cuenta de qué van a hacer con los resultados del Operativo Enseñar”.

Diego Acuña, docente del Instituto Nº 103 de Lomas de Zamora, coincidió con los oradores anteriores en que “lo que buscan con estos operativos es responsabilizar a los estudiantes y a los docentes de la crisis del sistema educativo”. “Buscan darle fundamentos a la sociedad para que acompañe la reforma educativa que quieren llevar adelante, que es la misma política educativa que dejó a la educación en crisis”, advirtió. “Tenemos que proponer un sistema educativo público y gratuito, crítico y con compromiso social”, concluyó.

Fuente de la Noticia:

https://www.pagina12.com.ar/72776-cuando-ensenar-es-desaprender

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España: ILA sobre Escolarización Inclusiva en la recta final (Audio)

España / 5 de noviembre de 2017 / Autor: Radio Vallekas 107.5 FM / Fuente: Audio URCM

Esta semana en El Candelero (RVK, 107.5 FM), el programa de la Asociación Cultural Candela, analizamos con José Miguel Martín la propuesta de Iniciativa Legislativa Autonómica para la Escolarización Inclusiva.

 

Hablamos hace unos meses, allá por abril, cuando estaba fraguándose esta ILP autonómica para conseguir una escolarización Inclusiva, desde entonces, muchos ayuntamientos se han ido sumando para apoyarla. Analizamos hoy con José Miguel Martín, Chemi, lo que ha supuesto todo este tiempo de trabajo tratando de sumar apoyos a esta ILP. Meses de trabajo que no sólo persiguen conseguir una legislación que garantice una escolarización inclusiva, sino que la sociedad tome conciencia de la importancia de incluir en las aulas la diversidad con la que convivimos en el día a día de nuestras ciudades. Para conseguir ley que garantice la escolarización inclusiva se ha optado por la herramienta de la Iniciativa Legislativa en los Ayuntamientos, que permite que las corporaciones locales eleven a la Asamblea de Madrid una propuesta de ley. Hacía falta el apoyo de tres ayuntamientos con más de 50.000 electores en su conjunto, pero hay muchos más: Ya son 42 los municipios de la Comunidad de Madrid que se han unido a la iniciativa, incluido recientemente el ayuntamiento de Madrid capital. El siguiente paso, que la Asamblea de Madrid trate el asunto. Para impulsarlo, el domingo 29 de octubre a las 12h está convocada una concentración en la Puerta del Sol para darle un empujón a esta Ley. Una jornada festiva con talleres y actividades para toda la familia.

Fuente:

http://audio.urcm.net/ILA-sobre-Escolarizacion-Inclusiva

 

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La universidad científica y los círculos infantiles

 Luis A. Montero Cabrera

Es bien conocido que las economías nacionales solventes de este mundo actual sostienen una buena parte de su riqueza en ofertar mercancías intangibles pero exclusivas: conocimientos, información especializada, saber hacer. Cuando las mercancías “procedimiento”, “invento” y “saber hacer” entran en el mercado, casi siempre en forma de los llamados servicios, suelen ser mucho más caras que el oro. Esto se debe a que solo unos pocos las pueden ofertar, que son los que han cultivado el saber, la creación y la iniciativa con el conocimiento.

El país más rico del mundo actual exhibe un 79 % de su producto interno bruto basado en los servicios. Y cada vez tiene menos chimeneas de industrias que producen objetos. Estas se están trasladando lenta y sistemáticamente a otros países sin mermar para nada la riqueza del país que crea el saber originario.

Uno de los rasgos distintivos de una universidad científica es su capacidad ilimitada de producción de conocimientos. La universidad cubana de la reforma de 1962 se concibió como tal. Gracias a ello y a un visionario como Fidel nuestras universidades y sus centros de investigaciones han sido el semillero de muchos de los principales logros científicos de la Revolución en su debido tiempo, desde la alimentación animal hasta la biotecnología, pasando por la producción de computadoras.

Por otra parte, durante los años 60, 70 y 80 del pasado siglo, y probablemente ahora mismo también, nuestros círculos infantiles han sido una joya de la Revolución Cubana. Estas instituciones para los cubanos más nuevos son la forja de personalidades y también matriz indispensable de ciudadanos de alta calificación que se forman desde el rasgado y la modelación con plastilina. Las familias de los trabajadores les han confiado a sus hijos hasta que pueden ir a la escuela primaria. La gestión de estas instituciones se ha llevado por personal muy especializado.

En aquellas décadas podían ingresar desde que eran lactantes y tenían todas las delicadas atenciones que requerían a esas edades. Los padres pagábamos una cuota proporcional a nuestros ingresos, pero los niños recibían todos absolutamente la misma atención, independientemente de ello. La gestión económica de esas instituciones no dependía ni debe depender de sus ingresos. Esto respondía y correctamente sigue respondiendo a una estructura administrativa adecuada a actividades de esa índole.

Todas las instituciones educacionales socialistas deben preservar este principio elemental de los derechos humanos y la justicia social.

La forma de gestión económica actual en nuestro país de las universidades que son fábricas de conocedores, y también de conocimientos, de “saber hacer”, de invenciones, presenta conformaciones conceptuales básicas que no se diferencian esencialmente de las de un círculo infantil.

Es muy justo que la educación que reciben nuestros jóvenes en la llamada educación superior no dependa para nada de las posibilidades económicas de sus familias, que sea igualitaria y de altísima calidad para todos, igual que en el círculo infantil. Eso solo lo puede garantizar el presupuesto del estado.

Sin embargo, la complejísima gestión de una universidad científica es muy singular. Comprende desde la organización de aulas y profesores hasta la alimentación de miles de estudiantes y trabajadores. Pasa también por el funcionamiento de sofisticados laboratorios y grupos de trabajo donde se crean los nuevos saberes a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Muchas veces implica relaciones contractuales con empresas nacionales y extranjeras.

El financiamiento de tan múltiples actividades no puede ser eficiente ni proactivo si solo depende de una fuente, aunque se trate de un estado muy solvente el que suministre su presupuesto. Tampoco es correcto que los ingresos económicos producto de su gestión no se puedan emplear en mejorarla y en premiar a los que más han trabajado por ello.

La experiencia mundial de las universidades exitosas expresa claramente esta verdad. El peligro de que fuentes ajenas de fondos puedan afectar o parcializar la formación de los estudiantes se minimiza y elimina con salvaguardas éticas que están muy bien establecidas legalmente.

La organización económica actual de nuestro país está en proceso de actualización según un mandato del pueblo de Cuba, muy bien consultado, y plasmado en los acuerdos del Partido Comunista. Estamos gracias a ello en las condiciones de reformar esencialmente la gestión económica de nuestras universidades científicas convirtiéndolas en entidades capaces de administrar sus propios fondos.

Estos se deben componer esencialmente por el indispensable presupuesto estatal, garante de su servicio a toda la sociedad. Sin embargo, pueden comprender otras fuentes de ingresos, como los servicios de propiedad intelectual, las tareas científicas y tecnológicas que se contraten con otras entidades externas, las donaciones de antiguos alumnos y muchas otras, tan variadas como lo es la propia naturaleza de un centro de estudios superiores e investigación.

Las formas de gestión económica que pueden adoptarse para una universidad no son las de una empresa, ni las de una unidad presupuestada, ni las de una “unidad presupuestada de tratamiento especial”. No cabe en ningún molde preestablecido para otras instituciones. Se trataría siempre de un esquema propio con ciertos límites como puede ser el de que no puede repartir dividendos entre sus gestores ni favorecer especialmente a alguien por el concepto de sus donaciones. Probablemente también de algunos otros. Pero resulta evidente que nuestras universidades científicas no pueden gozar de la simplicidad de gestión económica que tiene un circulo infantil, ni seguir las reglas de acción que gobiernan una empresa comercial.

La principal ventaja que tendría la aplicación de medidas que transformarían las formas de gestión de las universidades cubanas en organizaciones sin fines de lucro, con mayor independencia de gestión financiera, es que pueden hacerse con relativa inmediatez a partir de disposiciones que se tomen por las autoridades económicas del país.

Las cuentas bancarias, los aparatos de administración económica y los de control y supervisión pueden adaptarse perfectamente a este tipo de gestión y sobre la marcha irse perfeccionando a partir de las experiencias que se vayan adquiriendo en nuestras condiciones.

Los beneficios económicos y sociales de tales medidas pueden ser cuantiosos. ¿Innovamos para la gestión económica universitaria en un socialismo verdaderamente próspero y sostenible? Las mejores y más independientes del bloqueo de nuestras riquezas son la sabiduría y la creatividad ¿No es este el momento preciso en el que debemos reforzar todo lo que sea basado en ellas?

Fuente del articulo:http://www.cubadebate.cu/opinion/2017/10/21/la-universidad-cientifica-y-los-circulos-infantiles/#.Wf6ItmjWzIU

Fuente de la imagen: http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2016/09/Universidad-escuela-Cuba.j

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Solo el 5% de docentes alcanzó una plaza de nombramiento en Perú

América del Sur/ Perú / 04.11.2017/ Fuente: larepublica.pe. Autora: Milagros Berríos.

Resultados. De 208 mil postulantes, 10,759 superaron las evaluaciones e ingresaron a la Carrera Pública Magisterial. El resto pasará al proceso de contratación. En ninguna región se cubrieron todas las vacantes. Hubo 37 mil plazas en concurso.

De los 208 mil docentes que postularon en Lima y regiones, poco más de 10 mil 750 lograron obtener su nombramiento en un colegio público. Esta cifra ha generado sorpresa debido a que apenas representa el 5% del total de profesores participantes y porque no se ha logrado cubrir ni la mitad de las 37 mil plazas puestas a concurso por el Ministerio de Educación (Minedu).

Así, en regiones como Ica y Callao, con más de 450 plazas, menos de 250 maestros han logrado su nombramiento. En Lima Metropolitana fueron 2.209; en Arequipa, 391 y en La Libertad, 681 (ver infografía). En ninguna localidad se cubrieron todas las vacantes.

Ahora bien, para llegar hasta ese punto, los maestros debieron superar dos etapas. La primera consistía en una prueba escrita, aplicada a nivel nacional, que incluyó preguntas de razonamiento matemático, comprensión lectora y conocimientos pedagógicos de la especialidad.

Solo quienes superaron esta fase podían pasar a la siguiente –la descentralizada– en la que un comité evaluador los observaba en el aula, los entrevistaba y examinaba su trayectoria (formación académica, méritos y experiencia).

Plazas sin nombrados

Pero ¿cómo quedaron solo 10 mil? De los más de 208 mil docentes que rindieron su prueba escrita en mayo pasado, apenas 22 mil lograron superar el puntaje mínimo.

Hasta setiembre pasado, como lo había informado La República, los 22 mil competían por más de 37 mil plazas, lo que generaba un inusual escenario: el número de plazas superaba al de postulantes.

Esto último ocurrió luego de que el Ministerio de Educación(Minedu), pese a que el proceso ya estaba en marcha, decidió ampliar las vacantes de 21 mil a 37 mil, en el marco de los acuerdos con el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).

Posibles razones

Sin embargo, aunque hubo aumento de plazas, el número de nombrados terminó siendo pequeño. Fuentes del Minedu consideran que el principal problema no es el número de las vacantes, sino que los postulantes no logran superar las vallas del examen. “Más allá de que hayan sido 22 mil o 37 mil plazas, solo un número pequeño pasó a la segunda etapa. La principal dificultad está en la prueba escrita”.

Por su parte, el especialista en legislación magisterial, Manuel Paiba, considera urgente indagar a profundidad las razones por las que, pese al alto número de postulantes, haya pocos aprobados. “Llegamos a lo mismo del concurso anterior (diciembre del 2015) en el que hubo 8 mil nombrados. Ahora solo se ha crecido cerca de 2 mil. El panorama es similar”.

Ante el anuncio del ministro de Educación, Idel Vexler, de aplicar evaluaciones de nombramiento anualmente —y ya no cada dos años—, Paiba considera que estos últimos resultados evidencian que podría no resultar viable, a no ser que se cambien los dispositivos de evaluación o se coloquen exigencias menores.

Habla el Sutep

-El dirigente del SutepHamer Villena, señala que las evaluaciones elaboradas por el Minedu solo buscan desaprobar a los docentes. “Lo hacen adrede para tener más contratados que no gozan de los beneficios de los nombrados. La carrera meritocrática no funciona”, sostiene.

Nuevos salarios, bonos y proceso de contratación

-Los docentes que superaron la prueba escrita, pero quedaron fuera del proceso de nombramiento, irán a un proceso de contratación. En este serán ubicados por orden de mérito y ocuparán una plaza de contrato por un año en un colegio público.

-Los maestros contratados y los nombrados de primera escala recibirán 2 mil soles mensuales. Ambos recibirán CTS y subsidio por luto y sepelio. No obstante, solo los nombrados gozarán de estabilidad laboral, podrán ascender y elevar sus salarios.

-Los maestros que hayan ocupado el tercio superior en este proceso de nombramiento deberán recibir un Bono de Atracción, con el que, por tres años, percibirán 6 mil soles anuales.

-Se anuncia una etapa excepcional de nombramiento

Fuente de la noticia: http://larepublica.pe/sociedad/1140593-solo-el-5-de-docentes-alcanzo-una-plazade-nombramiento?utm_source=web&utm_campaign=medicion_nota_interna&utm_content=puedeinteresar

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Etnicidad: inclusión y equidad

Por Gloria E. Trigos R.

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se señala que para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, se deben ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores de la población. Esto requiere crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles, así como incrementar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad.

También se establece que es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, a través de una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual.

En este contexto, consideramos que para poder contribuir al logro de algunos de estos ideales y en seguimiento al estudio de la diversidad identificada en nuestras aulas, se realizó un estudio longitudinal hacia atrás (de cohorte) a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que hablan algún dialecto.

Para guiar el desarrollo de este estudio se definieron los siguientes objetivos:

1.- Identificar a los alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que hablan algún dialecto, su procedencia y desempeño académico.

2.- Conocer cuáles son las lenguas indígenas presentes entre los alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

3.- Visibilizar a los alumnos que hablan alguna lengua indígena y contribuir a mejorar la atención brindada durante sus estudios universitarios.

En consecuencia, se solicitó el registro de alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con esa característica, al área administrativa responsable del registro escolar. Nos fue brindado un archivo con un total de 919 casos que, una vez analizados, se redujeron a 638 de los niveles de licenciatura, técnico superior o profesional asociado, posgrado y cursos de inglés; descartándose 281 por estar duplicados o bien, porque el alumno no reconoce hablar algún dialecto.

En dicha información se observa presencia de alumnos hablantes de algún dialecto desde el periodo 2004.3 hasta 2017.3, detectándose mayor presencia en los periodos 2008.3 a 2014.3. En los periodos previos y posteriores a los señalados, es menor el registro de casos.

Es importante señalar que dado que en la cédula de registro sólo se pregunta si el alumno habla algún dialecto, pero no se pide especificar cuál, se tomó el criterio de asignar un dialecto de acuerdo al municipio y estado de procedencia de quienes declararon que sí hablaban alguno. Debido a ello, puede haber alguna diferencia con el dato real, siendo ésta la explicación; no obstante, trabajarlo de esta manera nos permite contar con un primer escenario en cuanto a la procedencia y dialecto que habla una parte de la población estudiantil de esta Universidad.

En otro sentido, en algunos casos, con el dato relativo a municipio de procedencia, por ejemplo Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Reynosa, todos del Estado de Tamaulipas, surgió la idea de que es muy probable que entre ellos se encuentren alumnos que han tenido interés por aprender un dialecto y, que por lo tanto, no necesariamente forman parte de un grupo étnico determinado. Esto se tendría que comprobar mediante un estudio más profundo.

Efectuadas estas aclaraciones procedemos a presentar algunos de los resultados obtenidos.

Los dialectos identificados en la población estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas son: Guaraní, Huasteco, Mixteco, Náhuatl, Otomí, Tepehua, Totonaca, Zoque, Mam, Zapoteco, Triqui, Pame, Yaqui y Huichol.

Los alumnos que los hablan son originarios de 14 estados de la República Mexicana y uno de Paraguay. Se detecta mayor presencia de Tamaulipas lo que probablemente se explique por la migración de jóvenes que vienen a estudiar y después llegan algunos hermanos o familiares, lo que les permite formar grupos que permanecen en estos lugares; en orden descendente, hay presencia también de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, México, Guerrero, Puebla, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Itapua Paraguay, Jalisco, Sonora y Tabasco.

El grupo de edad predominante es de 18 a 24 años con un 90.6% que generalmente corresponde a estudiantes de nivel licenciatura; en el grupo de edad de 25 años o más (8.6%) se detecta presencia de los que estudian algún posgrado; y, en el resto (.8%) corresponde al grupo de menores a 18 años, que son de bachillerato.

Predomina la población masculina con un 53.4% en relación a la femenina, 46.6%.

Las carreras preferidas por los alumnos hablantes de algún dialecto son: Lic. en Enfermería, Contador Público, Lic. en Derecho, Lic. en Administración; Médico Veterinario Zootecnista, Arquitecto, Ing. Industrial, Lic. en Psicología, Lic. en Negocios Internacionales, Ing. Civil que reúnen un 60.3% de las preferencias de estos grupos estudiantiles. El resto se inscribió en carreras de diferentes áreas de conocimiento, predominando las de: ciencias sociales y administrativas e ingeniería y tecnología.

En cuanto al estatus académico que, actualmente, registran en nuestro sistema, se encontró lo siguiente:

Situación académica de alumnos de la UAT, hablantes de algún dialecto. Octubre 2017.

Situación Académica Actual N° Alumnos %
Egreso Oportuno 243 38.1
Egreso con Rezago 43 6.7
Baja Voluntaria 102 16.0
Baja por Sistema 52 8.2
Estudiando 185 29.0
PSS No Inscrito 13 2.0
Total 638 100.0

La causa principal de deserción es por reprobación y por agotar oportunidades de inscripción, lo cual equivale a baja por sistema, significando que ya no tienen oportunidad de inscribirse en esta universidad por lo que, de tener interés en continuar sus estudios, deberán inscribirse en otra institución educativa; sin embargo, en mayor medida se presenta también la baja voluntaria, que no responde a causas de tipo académico, sino más bien económico en la mayoría de los casos, en esta situación, el alumno conserva su derecho a volver a inscribirse en algún momento.

Es digno de mencionar que algunos alumnos cursan entre siete y nueve años de estudio antes de desertar ¿a qué se debe esa tenacidad, sin éxito? Caso contrario, se observa que algunos alumnos ocuparon entre siete y once años para concluir su carrera. Tiempo más que suficiente para haber cursado hasta dos carreras, en condiciones idóneas. ¿Qué se puede hacer para evitar esta permanencia tan prolongada en la Universidad?

Por otra parte, en este panorama, destaca el dato relativo a los prestatarios de servicio social (PSS). Y llama la atención porque quienes decidieron o necesitaron realizar el servicio social al final de todas las asignaturas del plan de estudios, no pueden inscribirse en la Universidad. Esta situación, los deja en otro tipo de vulnerabilidad en virtud de que, como ya se señaló, al no estar inscritos, prácticamente no son alumnos, sin embargo, tampoco son egresados, ni desertores, puesto que están realizando su servicio social.

Al respecto se puede comentar que si bien “en los años noventa la misma ANUIES sugería que el servicio social debería formar parte del plan de estudios, es decir, tener asignada una carga académica con una determinada cantidad de créditos, ello permitiría que su prestación tuviera un sentido social, una supervisión académica y un impacto integral sobre el estudiante, en estrecha relación con las funciones sustantivas de la educación superior”, es necesario vigilar que dicha disposición se concrete a través de las instancias involucradas en la operatividad del Plan de Estudios sin perjuicio de los alumnos que por alguna razón hayan optado o tenido que prestar su servicio social al final de su carrera. En este sentido, el reglamento respectivo sólo señala que lo puede realizar una vez que haya aprobado el 70% del total de créditos.

Desde hace varios años, durante la atención al programa PRONABES, se detectó que debido a esa situación, de no estar inscritos, no pueden optar o se les dificultar participar en Convocatorias de Becas, además de que tampoco cuentan con seguro facultativo, ni con seguro de vida.

En este estudio vuelve a surgir esta situación con alumnos que hablan algún dialecto y que provienen de otros estados de la República Mexicana como Veracruz, Hidalgo y del mismo estado de Tamaulipas.

En las circunstancias descritas, el estado de vulnerabilidad de los hablantes de algún dialecto por cuestiones propias de adaptación a nuevos ambientes, ¿no se agrava al estar fuera de su hogar y sin contar con las prestaciones propias de un alumno inscrito, como son atención médica, seguro de vida, además de poder participar en becas federales de servicio social u otras, que solicitan evidencia de su calidad como estudiantes, evidencia que sólo la otorga la ficha de pago por inscripción?

Considero que la medida de incorporar al servicio social con valor curricular dentro del plan de estudios, es buena por su propósito de fortalecer la formación integral del estudiante; sin embargo, es necesario vigilar que el alumno conserve su categoría como tal, al permitir la inscripción en la Universidad para realizarlo, aunque sea con una cuota simbólica, al margen de la fecha en que el alumno lo realice, recordando que forma parte del Plan de Estudios y que el Reglamento respectivo lo respalda.

De estos resultados surge una pregunta que amerita ser contestada con objetividad y profesionalismo. ¿Estamos preparados para tratar con equidad a nuestros alumnos? Ciertamente les abrimos las puertas de nuestras instituciones para que continúen estudiando, pero… ¿llegamos a conocerlos de tal manera que buscamos, oportunamente, la forma de retenerlos para que logren concluir sus estudios universitarios, sin prolongar su permanencia en la institución?

En el caso de los alumnos en estudio, ahora sabemos que forman parte de nuestra población estudiantil y que son miembros de comunidades indígenas que vienen a nuestra institución con un gran deseo de superación; sin embargo, cuando se emigra, se presentan problemas de adaptación. Y es donde las Instituciones Educativas tienen la oportunidad de trabajar para reducir, hasta eliminar, las barreras culturales propias de estos casos, para ayudarlos a lograr sus objetivos.

Como dato interesante también se menciona que de los 638 casos ya señalados, se pudo identificar que 150 tienen hermanos estudiando en la UAT y 488, no.

En el grupo de los alumnos que tienen hermanos estudiando en la UAT hay 21 generaciones que van del periodo de ingreso 2004.3 al 2017.3 donde se observa presencia de uno a diecisiete alumnos inscritos en distintas carreras de la UAT, siendo el mayor número de ellos en 2010.3  y el menor en 2004.3, 2005.1 y 2007.1.

El comportamiento de estos grupos dialectales en cuanto al promedio obtenido en tres momentos (inicial, al término del primer año y al final de sus estudios) de su trayectoria académica, es variable. Los de dialecto náhuatl no presentan relación significativa ni al ingreso ni al término del primer año, sin embargo, son los que obtienen promedios más altos que oscilan entre 9.5 y 10; los hablantes de huasteco presentan promedios entre 6 y 7 tanto al inicio de sus estudios, al término del primer año y al final de sus estudios, presentando también promedios reprobatorios y, en consecuencia, deserción; en los de habla otomí, se observa que al término de su primer año de estudios conservan el promedio del nivel inmediato anterior, no obstante en el promedio final se observa una baja significativa, sin deserción; los que hablan tepehua mejoran el promedio obtenido en el primer año  con relación al promedio inicial observándose una mejora significativa en el promedio final; los de habla guaraní presentan promedio alto al término del primer año conservándolo al final de sus estudios.

Los anteriores datos sugieren que los alumnos hablantes de los dialectos náhuatl,  guaraní y tepehua tienen mejor desempeño académico, en relación a los que hablan otomí y huasteco. Quizá esto se deba a que el proceso de adaptación para estos dos últimos grupos, resulta más difícil, por alguna razón que aún se desconoce.

También nos preguntamos ¿cuál es la situación académica de los estudiantes que hablan algún dialecto pero no tienen hermanos estudiando en la UAT, en relación a los que sí tienen hermanos? La respuesta encontrada se puede apreciar en la siguiente tabla.

Situación Académica de alumnos hablantes de lenguas indígenas de la UAT. Con hermanos y sin hermanos estudiando en la UAT. Octubre 2017.

Sit. Académica Con hermanos Sin hermanos
Egreso 70 46.60% 216 44.30%
Deserción 41 27.40% 113 23.20%
Estudiando 36 24% 149 30.50%
PSS 3 2% 10 2%
Total 150 100.00% 488 100.00%

Se puede observar que, en forma proporcional, el egreso es más alto en los alumnos que tienen hermanos estudiando en la misma institución que en los que no tienen. ¿Será acaso que ayuda el sentirse acompañado o ser modelo a seguir, en el caso de los que sus hermanos son menores?

En este tenor, me permito hacer las siguientes consideraciones:

Un estudio de esta naturaleza se complementaría muy bien con un trabajo de campo para realizar entrevistas a los hablantes de algún dialecto y obtener elementos más cualitativos para poder conocer y brindar opciones de atención a estos grupos.

Es importante recordar que somos protagonistas de la sociedad del conocimiento y para hacer un papel adecuado en ella, es necesario contar con información actualizada, confiable y oportuna. Y, aunque quizá en la mayoría de las instituciones no la hay con estas características, es tiempo de empezar a construir potentes bases de datos, hasta lograrlo.

Es necesario sistematizar la información institucional respecto de alumnos con características determinadas para aprovechar al máximo su análisis y verter sus resultados en programas de intervención específicos.

En forma paralela, valdría la pena fomentar el aprecio por el análisis de la información así como el uso adecuado de los resultados obtenidos para formular líneas de acción para el desarrollo institucional.

Por último, como me dice un querido y respetado amigo, sigo picando piedra en el tema de acercarnos a conocer a nuestros estudiantes en su enorme diversidad, porque lo asumo como la esencia misma de las instituciones educativas y también, por considerar que hay muchas acciones por desarrollar en beneficio del alumno que permitirían a las instituciones educativas, cumplir cabalmente con su responsabilidad social.

Con este planteamiento me sumo al canto de Mercedes Sosa cuando dice “Sólo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola, sin haber hecho lo suficiente”.

Fuente del artículo:  http://www.educacionfutura.org/etnicidad-inclusion-y-equida

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La educación no es un plan de desarrollo

América del Sur/ Colombia/ 04.11.2017/ Fuente: www.las2orillas.co. Autor: Diego Andrés Cortés Peña.

Aunque el país ha pretendido responder en los términos del marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos en lo que corresponde al artículo 26 y a las inscritas disposiciones del artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, pareciera, incluso como agravante, que estas obligaciones solo han venido implementándose de conformidad con las medidas retóricas y lejos de las prácticas.

En términos de pertinencia, la educación debe ser garantizada en una extensión no menor a cualquier Estado soberano, es decir, debe ser otorgada a todo habitante nacionalizado que ocupe un lugar en la geografía del ordenamiento territorial del Estado. Así mismo, la educación tiene que facilitar estructuras generadoras de igualdad y progreso, en donde a través de su implementación sistemática se elimine toda posibilidad de desequilibrio social.

En la actualidad es seguro que la lucha por alfabetizar a los colombianos haya alcanzado cifras que antes era imposible imaginar, pero está claro que hablar de una cobertura decente en desarrollo de la demanda actual, es un intento por legitimar el populismo del político ad portas de la rapiña electoral.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 “Todos por un Nuevo País” promovido e implementado por el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos, asume la educación en los siguientes términos:

“El más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”.

A través de una premisa más que seductora: “Colombia la mejor educada de América Latina en el 2025”.

Si bien es menester del órgano superior del poder ejecutivo establecer los lineamientos para el desarrollo social de la nación, respaldado a través de los resultados previos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, también es obligación del legislativo propender por la garantía constitucional de todas aquellas leyes que insten para ser soporte o vínculo directo con dichos planteamientos, toda vez que es el Congreso de la República quien ostenta las facultades legislativas.

Hoy la constitución incluye la educación en los términos que dispone el artículo 72 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en donde se establece lo siguiente:

“El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. Este plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo”.

En estricto cumplimiento con el ejercicio de la anterior ley, el Ministerio de Educación tiene establecido el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) renovado apenas hace un año, por medio del cual establece la implementación de un plan en función de un mecanismo único de consulta, en el que la educación se convierte en un compromiso de todos los colombianos y uno de los principales temas de la agenda pública.

En esta entrada es notable que la educación es un tema coyuntural en todas las políticas al interior del Estado. Lo que no queda demostrado es la efectividad de las mismas para garantizar el aumento en los índices de calidad, ingreso, sostenimiento y cobertura. Pero ¿por qué?

Veamos un par de ejemplos: como política de gobierno, debidamente respaldada por el Conpes y como medida para lograr los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional, se estableció con apoyo del Ministerio de Educación el programa Ser Pilo Paga (SPP), cuyo propósito fue desde su implementación: fomentar el acceso y la excelencia en la educación superior, a través de créditos condonables en las instituciones de educación superior (IES) acreditadas en alta calidad.

El programa proyectó un indicador para el 2018 de 40.000 estudiantes beneficiados con un aporte inicial de 155.000 millones de pesos por año. Con ello se pensó en estimular a aquellos estudiantes que por méritos académicos y puntajes bajos del Sisbén pudieran estudiar una carrera de pregrado en cualquier universidad de alta calidad del país, siempre y cuando fueran admitidos.

Hay que decir que las IES se facultaron para que actuaran, como es debido, en virtud de su autonomía para seleccionar a los aspirantes, es decir, nunca estuvieron obligadas a recibir beneficiarios de este programa.

Este modelo lleva más de tres años y según el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Educación ante el Congreso de la República, el programa contó para el 2016 con una destinación de recursos de 374.000 millones de pesos, o sea, más del doble de recursos estimados inicialmente por año. Además, estableció que a junio del 2017 solo se han otorgado 31.940 créditos condonables.

En este sentido, se puede hacer un análisis de incremento sobre el costo en la financiación del programa y una estimación negativa de las metas respecto de la población que debía verse favorecida.

Desde esta perspectiva, queda clara la ineficiencia que el programa (SPP) ha desarrollado en consecuencia con su objetivo, obteniendo como resultado el rechazo enfático de algunos analistas y académicos que lo definen como una brecha que fomenta la exclusión y el aumento de la desfinanciación de universidades públicas.

Como es de suponerse, el Estado por su parte, juega su papel de auspiciador del aparente éxito mientras omite su responsabilidad presupuestal para subsanar el abismo fiscal de más de 2 billones de pesos que tienen hoy las 32 universidades públicas del país.

Respecto al debate, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, el Dr. Ignacio Mantilla, manifestó en su columna del 24 de octubre del diario El Espectador, una serie de cambios que él haría al programa, en tanto deja la siguiente reflexión:

“Naturalmente, la cifra del costo es cuestionable, y por tal razón el debate se ha centrado en este punto, ya que con un tercio de lo que reciben las universidades públicas, que forman a 600.000 estudiantes, se financiará a sólo 40.000 estudiantes de SPP (…)”.

Sin embargo, este no es el único problema, pues además de estar fallando en materia presupuestal con vínculo a la universidad pública, hay inconsistencias graves en temas de cobertura en todo lo que se entiende como educación.

De manera que lo que preocupa es: ¿cómo lograr la ambiciosa meta de ser el país más educado de América Latina para el 2025, si ni siquiera los reportes se ajustan a la realidad?

Según las cifras del Ministerio de Educación en su rendición de cuentas final, el año 2016 cerró con 2’394.000 jóvenes matriculados en programas de educación superior, es decir que, el año pasado se contó con una cobertura de 51,5%, avanzando 14 puntos porcentuales respecto de la tasa reportada para el año 2010.

Estas cifras son tan pretenciosas que lejos están de ajustarse a la realidad, pues el número de personas que componen la población juvenil y que establecen la demanda de la educación superior en virtud de la ley estatutaria 1622 de 2013, asciende a 25.514.080 personas, (Cifras tomadas del Sistema Nacional de Información Juventud y Adolescencia de Colombia) es decir, un 52% de toda la población colombiana y una cobertura del 9,4% con respecto a la cifra de matriculados del Ministerio.

De modo que es obvio pensar que tanto el Gobierno Nacional como el Ministerio de Educación, son culpables por omisión de la misma realidad poblacional del país que hoy se acerca a los 50.000.000 habitantes.

¡Hagan cuentas! Pero tengan en cuenta que el programa duplicó el presupuesto para el año pasado, como ya se mencionó, además que a menos de dos meses de terminar este año no se ha logrado llegar a la meta de beneficiarios pactada en principio.

Otro ejemplo de la poca eficacia de las soluciones que se plantean con el propósito de subsanar el problema de la educación, puede evidenciarse en un proyecto de ley radicado por el Senador Luis Fernando Duque García el 26 de junio del presente año ante la Secretaría General del Senado de la República: el proyecto de ley número 39 de 2017 Senado, por la cual se establece “la gratuidad en la educación superior pública y se dictan otras disposiciones”.

Dicho proyecto de ley tiene por objeto: “mejorar el acceso a la educación, estableciendo de manera gradual y progresiva la gratuidad en la educación superior pública de derechos de matrícula, conforme los requisitos que se establecen en la presente ley.”

Los requisitos son: “haber sido admitido en un programa académico de pregrado en una institución oficial de educación superior” y “pertenecer al nivel uno (1) o dos (2) del Sisbén”.

El debate, en primera instancia, es competencia de la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado de la República. Allí se deberá tratar el articulado con sus debidas proposiciones, adiciones, sustituciones, etcétera; para votar posteriormente el documento en bloque. Finalmente, de hallar las respectivas ponencias, el proyecto debe ser expuesto ante la Plenaria, donde finalmente se decidirá si se aprueba o se archiva.

Con esta iniciativa se busca ampliar la cobertura de educación de manera progresiva con las capacidades del Estado para lo cual se pretende establecer una cuenta especial sin personería jurídica (Fondo Solidario de Educación) en donde el ordenador aparente del gasto es el Ministerio de Educación.

La financiación para dar pleno cumplimiento al objeto de la propuesta será el producto de contribuciones voluntarias efectuadas por otros gobiernos, organizaciones internacionales, particulares y otras sociedades como entidades financieras y almacenes de cadena. El Estado está comprometido pero no obligado para la delegación de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y de las entidades Territoriales, de conformidad con lo que autorice el Gobierno Nacional.

Ahora bien, revisando el documento se pueden evidenciar fallas de fondo que por sus formas podrían parecer benefactoras.
En un primer momento es fundamental pensar en que no es el acceso a la educación superior en términos de derechos de matrícula el problema principal de los jóvenes de bajos recursos del país, sino que es el sostenimiento durante el periodo académico.

En un segundo momento no se puede resumir el problema solamente a niveles de estratificación inconsistentes como los del Sisbén, sino que también se hace obligatorio analizar los parámetros socioeconómicos en función de elementos como la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria, índices que para el 2016 cerraron cerca de los 18 y 28 puntos porcentuales respectivamente (según estadísticas del DANE).

Generalizando el articulado y la exposición de motivos, el proyecto se muestra demasiado ambiguo y pareciera que lo que pretende es maquillar, como es costumbre, los problemas de facto respecto a la educación.

En el mismo no es posible establecer garantías rigurosas para la implementación “gradual y progresiva” de la gratuidad. No obstante, carece de fundamento jurídico y presupuestal en el sentido de aclarar la participación del Estado, la regulación y administración de los recursos, y las garantías de las contribuciones del sector privado.

En conclusión, aun sabiendo que los honorablísimos políticos de este país trabajan sin cansancio para ofrecer a sus electores las mejores soluciones a la luz de aquellas necesidades fundamentales y no en detrimento de las mismas, es pertinente invitarlos a que contemplen una reforma estructural enfocada en la educación incluyente y absoluta.

En donde la calidad de la formación primaria y media, sin excepción territorial, sea una plataforma efectiva de estudiantes preparados para el ingreso a la educación superior de calidad, y por tanto, formados para el fomento del desarrollo económico y social que tanta falta le hace al país.

No se trata de subsidiar, se trata de fomentar, de facilitar, de garantizar el sostenimiento a través del empleo y, lo más importante; de observar las realidades locales para echarlas a andar en función de las dinámicas mundiales estandarizadas. No al contrario: principio básico del verdadero desarrollo.

Hay que entender que las omisiones nos están saliendo costosas. Hay que sentarnos a reflexionar la historia de la deuda. Hay que exigir a nuestros gobernantes una indemnización sobre el perjuicio causado a todos aquellos que no han logrado educarse. Hay que tener en cuenta a Mandela cuando dijo: “la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”, pues siendo optimistas, en lo que concierne a los colombianos, lo que nos hace falta es organizar la equivocada armería política, porque la educación tiene que ser más que un plan de desarrollo

Fuente de la reseña: https://www.las2orillas.co/la-educacion-no-es-un-plan-de-desarrollo

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Presupuesto 2018: ¿transformar sin invertir?

Por:  David Calderón

En Mexicanos Primero hemos sostenido que el principal instrumento de la política pública es el gasto. No es el único instrumento, pero justamente como tal, como herramienta y no como contenido de las tareas del gobierno, es su condición de posibilidad fundamental. No hay política pública, sino planes y programas fallidos si no hay fondeo adecuado y oportuno. La Constitución y las leyes pueden marcar mandatos inspiradores, pero el desmentido que le impone un gasto público insuficiente, ineficiente o capturado es más devastador que cualquier objeción discursiva. ¿Dices que te importa, que es una gran reforma? Por sus frutos se conocerá. Pero ¿cómo va a tener frutos una acción a cargo de las agencias del Estado, si no se pone el dinero en los procesos clave?

Si ya cualquier gasto público debe seguir los principios del Artículo 134 constitucional –legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez- en el caso del gasto educativo la expectativa de los ciudadanos debe ser llevada a la enésima potencia: el gasto educativo debe cuidarse en extremo, porque es una inversión, la inversión más relevante que hace una sociedad a través de su gobierno. Tenemos que gastar bien en educación, pues si cumple su propósito, la educación pública es el principal mecanismo de equidad en el ingreso posterior, el máximo potenciador de la contribución fiscal futura, el fundamento para el ejercicio de los demás derechos. Debemos aún luchar para que el “gasto por alumno” un día sea de verdad “gasto en el alumno”; por décadas el presupuesto educativo, y peor aún, su ejercicio real han reflejado un reparto de dineros entre adultos. Como argumentamos en Mal(Gasto), nuestro estudio sobre presupuesto y gasto educativo: hay que aprender a gastar, para auténticamente gastar en aprender.

¿Cómo pinta el presupuesto del año venidero para las tareas educativas? De pronóstico reservado. Algunos botones (en rojo, hay que decirlo): el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 no ha recuperado el impacto de los recortes de 2015; tiene, en términos reales, un decrecimiento de 2.6% del aprobado en 2014. Para la formación continua de los maestros –a través del programa específico para ello, el PRODEP- se prevé para 2018 una inversión de 798 pesos anuales por maestro. ¿En serio? Como ya hemos reiterado en foros públicos, el sistema de evaluación docente es un dispositivo muy costoso, que aún requiere ajustes, pero su contraparte obligada por ley, la formación docente, está precarizada con una inversión ofensivamente baja. La discrepancia entre evaluación y formación es paralela a tener un costoso sistema de diagnóstico (por ejemplo, un tomógrafo computarizado con 26 puntos de verificación) pero un empobrecido y decepcionante sistema de tratamiento (como si al final de los análisis te dieran un curita). Los estados de la Federación deben complementar con sus propios fondos, pero eso significa que corremos un riesgo de la más grosera inequidad en la inversión para que los maestros sigan creciendo como educadores profesionales.

El gasto en servicios personales –sueldos y salarios- centralizado en el FONE, aún a finales de 2017 arrastra las taras del arreglo corporativo: 33 mil plazas docentes, en este año, siguieron ocupadas en centros ADG, de tareas administrativas. Con lo que vamos a gastar en 2018, ¿podemos confiar en que ya no se usarán para lo que no fueron aprobadas, y también que cesó definitivamente el pago a las 44 mil cuentas que la SEP descubrió –cuando lo señalamos desde la investigación de sociedad civil, frecuentemente la recepción fue hostil e inconsiderada- que se cobraban fuera de la normativa? Por cierto, ya que la SEP federal descubrió ese pago ilegal, ¿ya hizo las denuncias administrativas y/o penales correspondientes? ¿hay conciencia del posible ilícito que representa la entrega de esos recursos públicos y ya se fincaron responsabilidades, no sólo para quien los recibió, sino para quien los autorizó por negligencia, o peor a sabiendas y con complicidad?

Más botones de alarma: ¿por qué hay un crecimiento de 17.1% en el número de plazas administrativas entre el 1º y 2º trimestre de 2017? ¿Se puede confirmar que este crecimiento no está vinculado con la readscripción de comisionados –que estaban en centros AGS, el personal asignado con pago a tareas sindicales- ahora a centros administrativos? ¿Y en el FONE presupuestado para 2018 ya los podemos dar por superados?

En el Proyecto de Presupuesto no encontramos reflejada la inversión necesaria para la implementación del cambio de planes y programas de estudio que debe generalizarse para agosto de 2018 ¿No cuesta nada? ¿O de qué partida saldrá? ¿Y los fondos para las nuevas asignaturas de Autonomía Curricular, sus materiales y libros? ¿Por qué en el presupuesto no se puede identificar el pago de las tutorías destinadas a los jóvenes maestros que ganaron su nombramiento inicial en los concursos de selección? ¿Hay dinero para la adición a los 150 mil maestros y directivos a evaluar en desempeño, y que a resultas del temblor pueden elegir posponer la evaluación que les tocaba en estas fechas?

Muchas preguntas. Buscaremos respuestas, máxime que debemos redoblar la atención para que las millonadas anunciadas para la reconstrucción de las escuelas y la inversión en espacios temporales de aprendizaje sea suficiente y equitativa. Y que nuestros niños aprendan, porque para eso sirve la inversión.

Fuente del artículo: http://www.educacionfutura.org/presupuesto-2018-transformar-sin-invertir

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