Por: Juan Manuel Ramirez M.
De nada sirve promover mayor educación e infraestructura en un país donde se roban los recursos.
Con el ambiente electoral que hay por estos días en Colombia, previo a los comicios presidenciales y legislativos, resulta inevitable analizar las propuestas de los candidatos presidenciales, en las que, dejando a un lado la agenda de la implementación del proceso de paz con las Farc y los diálogos con el Eln, la educación y la infraestructura son los dos caballitos de batalla. Muy poco de salud, algo de relaciones internacionales y generalidades en términos de economía.
De una parte, hay quienes plantean que los esfuerzos deben concentrarse en una gran reforma educativa, que les permita a nuestros jóvenes acceder a educación de calidad (tanto secundaria como técnica y universitaria), acabando con el déficit que amenaza a las universidades públicas, fortaleciendo la infraestructura de los colegios públicos, consolidando programas como ‘Ser Pilo Paga’ y destinando partidas importantes para ciencia y tecnología (en contraste con el reducido presupuesto de Colciencias). Para no ir tan lejos, hoy el 62 por ciento de los jóvenes de las zonas rurales no se matriculan en la educación media, mientras que el 1 por ciento de las matrículas universitarias que se registraron en el 2016 provienen del campo. Cifras que representan un enorme desafío.
Por otro lado, hay sectores que coinciden en priorizar esfuerzos a favor del crecimiento en infraestructura vial, aeroportuaria y de navegabilidad para hacer a Colombia más competitiva, en términos de costos para los empresarios y de eficiencia en los tiempos de desplazamiento; lo que significa, en palabras de quienes lo proponen, más impuestos y empleo. Hoy, Colombia pasó de tener 6 km en construcción de nuevas calzadas al año, a 232,8 km, en promedio. Aunque son innegables los avances en esta materia, por las condiciones geográficas y el conflicto armado, los retos son enormes.
Muy oportuno para el país encontrar una propuesta que priorice acciones de política pública para estos dos temas. Con educación, se superan las brechas en desigualdad y se generan oportunidades para que los colombianos salgan de la pobreza, y con infraestructura se consolida todo el desarrollo de largo plazo proveniente de la educación (mayor inversión, menores costos, aumento en acceso a zonas geográficas y crecimiento del turismo). Esa es una agenda que deben entender los candidatos presidenciales y, por qué no, quienes aspiren al Congreso de la República a la hora de pensar a Colombia para los próximos cuatro años.
En todo caso, nada de este modelo podrá llevarse a cabo sin una gran cruzada contra la corrupción. Muy positivo el control social que ha comenzado a realizar el país en relación con los casos desafortunados en la justicia, el Legislativo, el Gobierno y el sector privado, así como las actuaciones de las autoridades en este sentido. Esa capacidad de volverse intolerantes ante cualquier manifestación de corrupción es la base para la construcción de un nuevo país. Y aunque se necesitarán muchos años para la recuperación de la confianza en las instituciones, de nada sirve promover mayor educación e infraestructura en un país donde se roban los recursos.
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