El Salvador/23 marzo 2017/Fuente: Diario Co Latino
El 46% de las riquezas las posee el 1% de la población mundial, lo que genera, evidentemente, una desigualdad entre diferentes sectores de la sociedad y obstaculizan un crecimiento en el desarrollo humano de las personas.
Según el informe “Desarrollo humano para todas las personas”, elaborado en 2016 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las minorías mundiales pasaron de tener, en el año 2000, el 32% de las riquezas mundiales a tener casi la mitad en 2015.
A pesar que el PNUD reconoció que en los últimos años los índices de pobrezas extrema han disminuido, los desfavorecidos que se mantienen en esta condición enfrentan una situación de discriminación y desigualdad.
En el caso de El Salvador destacaron que el Índice de Desarrollo Humano creció en un 28 %, desde finales de la décacada de los 90. Sin embargo, señalan que continuan las desigualdades económicas y sociales, que al ser superadas permitirán al país aumentar ese índice.
Uno de los señalamientos que hace el informe respecto al país, es que las mujeres y niñas, pueblos indígenas, y miembros de la comunidad LGTBI son los más vulnerables y los que más desigualdades enfrentan.
Los hombres, por ejemplo, tienen un índice de desarrollo del 0.691, mientras que el de las mujeres ronda por el 0.663. Estas desigualdades de crecimiento se reflejan, especialmente, en el mercado laboral, pues a pesar de las constantes luchas las mujeres continúan recibiendo un salario inferior.
Rafael Pleitez, representante residente auxiliar del PNUD, dijo que El Salvador puede tener un desarrollo considerable, pero todo depende de las aspiraciones que se tengan y del compromiso a una agenda de trabajo a largo plazo.
En ese sentido, el PNUD consideró que hay leyes “discriminatorias”, pues impiden que sectores o grupos sociales accedan a servicios y oportunidades.
Pleitez enfatizó que el cumplimiento de los Derechos Humanos es fundamental para que un país crezca sus índices de desarrollo.
Además, el informe advierte que sólo un 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país se invierte en educación.
Christian Salazar, representante residente del PNUD en El Salvador, señaló que el promedio de inversión del PIB en América Latina es del 5%. A pesar de esto, Carlos Canjura, Ministro de Educación, declaró que sólo el 18% del presupuesto del Ministerio de Educación es designado al gasto del sistema de educación público, asimismo la inversión que hacen en becas es baja.
Ante esto, apostarle a la educación, sobre todo inclusiva, es uno de los retos que el país tiene. La inversión del 3.5% del PIB, refleja, no obstante, un crecimiento.
En ese sentido, El Salvador se encuentra por encima de Guatemala, Honduras y Nicaragua en cuanto al Índice de Desarrollo Humano, con un crecimiento del 28.5% desde 1990, ubicándose en la posición 117 de 188 países.
El país aún no alcanza los porcentaje de países como Costa Rica y Panamá. Salazar consideró que para pasar de un índice medio de desarrollo a uno alto se deben tomar decisiones de carácter político y económico que permitan el crecimiento.
Argentina/23 marzo 2017/Fuente: La Izquierda Diario
El presidente afirmó que “hay una terrible inequidad entre los que pueden ir a una escuela privada y los que tienen que caer en una pública”. Un concepto muy alejado de la visión pedagógica de la docencia.
Soy maestra de CABA. En primer lugar quiero dejar claro que los resultados de las familias qué aceptaron exponerse a Plan Aprender, jamás fueron retirados. A pesar de eso, en los diarios masivos, desde temprano se reflejaron supuestos resultados. Los mismos hablarían de bajos desempeños en Matemática y Lengua.
Hoy el ministro de Educación, Esteban Bullrich volvió a aparecer. Durante todas estas semanas, cuando los docentes reclamamos una paritaria nacional, estuvo ausente. Pero hoy volvió a hablar y solo para apadrinar un plan de evaluaciones que fue rechazado por toda la comunidad educativa.
Las declaraciones de Macri acerca de que los chicos «caen» en la escuela pública merecen un enorme rechazo. Es otra muestra más de un Gobierno que, a pesar de todo lo que dice, ataca a esa misma educación pública.
Si el Gobierno quiere ser coherente con lo que dice acerca de seguir sosteniendo la escuela pública, debe dejar de hacer propaganda a favor de la escuela privada y dejar de financiarla.
En la Marcha Federal de mañana vamos a llenar la Plaza de Mayo de guardapolvos. Queremos ganar esta pelea. Por eso exigimos a la Celeste de Ctera que se continúen y profundicen las medidas, llamando a un gran paro nacional educativo
Los programas de alimentación escolar (PAE), son una herramienta de intervención estratégica de protección social y de aplicación del derecho humano a la alimentación adecuada.
En Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública, por medio del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y Adolescente – PANEA, realiza inversiones anuales para alimentar a más de 750.000 estudiantes, equipa más de 4.500 comedores y fomentar el uso de las huertas escolares como herramienta pedagógica en aproximadamente 1.000 centros educativos.
“Estos programas, están inmersos dentro de la política social del Estado costarricense que se constituye como el conjunto de los programas públicos dirigidos a la población vulnerable para mejorar la calidad de vida de las mismas, a la vez procura crear capacidades individuales y colectivas. Este año logramos que más de 757.000 estudiantes reciban comida diaria en sus comedores estudiantiles”, aseguró Mercedes Peñas, Primera Dama de la República.
Además, en el año 2015 la Dirección de Programas de Equidad del MEP incorporó el programa de alimentación en períodos de descanso escolar. En el 2015, inició con 121 comedores ubicados en 75 distritos vulnerables. En el 2016 amplió la cantidad de comedores y sirvió unos 200.000 platos en 40 días.
Para Rosa Adolio, Directora de Programas de Equidad del MEP, este país ha colocado la alimentación escolar como una prioridad para el desarrollo nacional: “Invertir en la alimentación de nuestros estudiantes es invertir en desarrollo, por eso nos hemos reunido en este foro, para analizar nuestra realidad y sacar conclusiones que nos impulsen a seguir mejorando”.
Los programas de alimentación escolar promueven la adopción de hábitos alimentarios saludables a través de los huertos pedagógicos, la adecuación de menús escolares a la cultura local, así como el fomento y el establecimiento de las compras de alimentos y productos de la agricultura familiar local, para la alimentación preescolar y escolar, mediante asistencia técnica y capacitación de los agricultores que les permita mejorar la comercialización de sus productos.
“La oferta de alimentos saludables en las escuelas, influye de manera positiva en los indicadores de rendimiento de la educación, el mejoramiento de los indicadores de salud y de malnutrición. También, fomenta el empoderamiento de las comunidades de agricultores familiares que les permita incrementar sus ingresos y calidad de vida”, comentó Najla Veloso, Coordinadora Regional del Proyecto de Fortalecimiento de Políticas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe.
Esta iniciativa de fortalecimiento de los Programas de Alimentación Preescolar y Escolar de Costa Rica ha sido posible, gracias al trabajo articulado del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Salud (MS), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Dirección Nacional de CEN-CINAI.
Los programas de alimentación escolar (PAE), son una herramienta de intervención estratégica de protección social y de aplicación del derecho humano a la alimentación adecuada, que promueve el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para lograr la seguridad alimentaria, acabar con la malnutrición y mejorar los déficit alimentarios de la población.
Encuentro Internacional plantea avances y resultados de los Programas de Alimentación escolar de diversos países
Costa Rica es sede del Encuentro Internacional: “La Alimentación Escolar como estrategia para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” que promueve la erradicación de la pobreza extrema y el hambre.
Tito Díaz, Coordinador Subregional de la FAO en Mesoamérica, enfatizó que la inversión de los países en la alimentación escolar fortalece la política del Estado, a partir del financiamiento y cobertura, asegurados por medio de marcos legales, que garanticen la oferta de alimentación de calidad, proveniente de la agricultura familiar a todos los estudiantes
El evento es parte de las actividades realizadas por la Cooperación Internacional Triangular SUR SUR, entre el Gobierno de Brasil y la FAO, apoyando 13 países de América Latina y el Caribe por medio del proyecto de fortalecimiento de los programas de alimentación escolar. Participan en el evento Belice, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
“El Gobierno de Brasil y la FAO han estimulado a los países de la región a fortalecer sus programas de alimentación escolar como una herramienta para alcanzar la meta de hambre cero y disminuir la malnutrición. En la actualidad, los países han buscado construir una nueva visión los PAE, tomando en cuenta la política social, bajo el principio del derecho humano a la alimentación adecuada”, Najla Veloso, Coordinadora Regional del Proyecto Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe.
La inversión de los países en la alimentación escolar fortalece la política del Estado, a partir del financiamiento y cobertura, asegurados por medio de marcos legales, que garanticen la oferta de alimentación de calidad, proveniente de la agricultura familiar a todos los estudiantes
Expertos y directores relacionados en el tema de alimentación escolar expondrán la experiencia de sus países con el fin de redoblar esfuerzos para mejorar los programas de alimentación escolar en Latinoamérica y el Caribe.
Convocan una manifestación para este sábado que partirá del Parlamento de Galicia a las 18:30.
El malestar y la denuncia social salen de nuevo a la calle. Más de una decena de colectivos se unen para exigir al Gobierno el cumplimiento de los derechos humanos. Convocan una manifestación para este sábado en Santiago de Compostela con el objetivo de que los políticos incluyan en su agenda «todos los conflictos abiertos».
Sindicatos, asociaciones, estudiantes, ecologistas e incluso la estiba han decidido sumar fuerzas. Les preocupa la privatización de la sanidad, la precariedad laboral, la situación de los refugiados, la educación o las dificultades para acceder a una vivienda digna. Consideran que la movilización es la única vía para que la oposición en el congreso vete cualquier decisión del Gobierno que atente contra estos derechos.
Según Miguel Paz, representante de iniciativa Vamos!, de Podemos, una de las entidades convocantes, el conflicto de la estiba es el ejemplo perfecto de que a través de la protesta se puede conseguir el apoyo de determinados grupos parlamentarios. paz recuerda que la oposición ha impedido la aprobación del decreto que pretendía la reforma del sector.
La manifestación se platea como «un calentamiento de motores» para la marcha por la dignidad, que tendrá lugar en Madrid el 27 de mayo.
¿En qué momento perdió la escuela su conexión con el entorno natural? ¿Cuándo pasaron los libros de texto a hablarle a los niños de las urbanizaciones y a olvidarse de los de barrios y pueblos? ¿Cómo empezamos a ver como normales los patios sin árboles, grandes explanadas de cemento?
Para José Carlos Tobalina, miembro del movimiento de renovación pedagógica Acción Educativa, la conciencia ecológica y de justicia social se ha quedado fuera del currículo: “Deberíamos partir de cuál es la situación que vivimos en relación con el medio ambiente, de qué papel debe jugar la escuela, y qué recursos públicos se ofrecen para ello, pero estamos a años luz. En la Lomce, el reto de futuro es la competitividad y el desarrollo de conocimientos alrededor de las tecnologías y de lenguajes supuestamente universales, como el inglés, no la sostenibilidad. No se plantea en la ley ni en la mayor parte de los proyectos educativos de centro”.
Granjas sin animales
En este marco, centros de formación ambiental como en el que él ejerce, la granja escuela infantil-complejo Ciudad Escolar de Madrid, son vistos por los representantes educativos como una iniciativa “curiosa”.
Por su parte, las granja-escuelas de iniciativa privada suelen estar más vinculadas al ocio y tiempo libre que a la ecología. “Los niños se lo pasan bien y vuelven contentos, con un pan o una madalena que han hecho, los monitores -que muchas veces son víctimas de contratos basura- les atienden estupendamente, aunque en ocasiones, ante una planta recién nacida, no podrían distinguir un tomate de una cebolla, y los maestros a veces ni saben lo que están haciendo los chavales en determinados momentos: se les ofrece choricito en el salón mientras los monitores suben a los niños en una burra”, parodia Tobalina, que acusa la falta de una perspectiva pedagógica en todo ello.
En su centro, de formación ambiental, dependiente de la Consejería, en marcha desde 1984, y con un equipo multidisciplinar compuesto por maestros, psicólogos, pedagogos y biólogos al frente, pese a ser un centro público, no están completamente a salvo. “Hace tres años temimos por nuestra supervivencia, subieron un 300% las tasas, lo que supuso que cuatro días y tres noches pasaran a costar 119 euros, más el autobús, y creímos que se argumentaría que había poca demanda para fulminarnos”, recuerda Tobalina.
Hasta ese momento estos centros habían reclamado la extensión de la red (son solo tres para toda la Comunidad de Madrid desde mediados de los ochenta). Desde entonces, casi dieron las gracias por seguir vivos. Tras estos últimos años con el calendario más vacío de lo normal, siguen en pie, con restricciones: “Hicieron desaparecer hasta los animales, para eliminar al personal de mantenimiento, aunque era uno de los ejes centrales de trabajo, junto con el bosque, la huerta y la energía”.
El que la comunidad del centro esté cohesionada es fundamental para estos proyectos. / El nou safareig
Empezar el cole por el patio
Así las cosas, desde una granja que la Administración ha concebido sin animales, es normal que Tobalina asevere que no hay educación ambiental si no es con una alta dosis de voluntarismo por parte de esos docentes “que ponen de acuerdo al equipo, trabajan con las familias… y hacen grandes esfuerzos para salir tres días y hacer que sus niños estén en contacto más directo con su entorno natural”. Nada que ver con países como Suiza, explica, donde es obligatorio que los pequeños pasen al menos 15 días al año en el bosque. O Alemania, el Reino Unido y Dinamarca, con políticas potentes de bosques-escuela. O Suecia, Noruega o Finlandia, donde se estudia la ubicación de las escuelas al detalle para que no estén desvinculadas del medio.
“En España hay algunas experiencias, pero muchas son burguesas, para quien se las puede costear”, lamenta. “No hay una política educativa regional ni local ni estatal que contemple la escuela como parte de un entorno natural amplio”. Como ejemplo cita cómo en varios colegios de reciente construcción una de las preocupaciones recurrentes ha sido que haya espacio en su interior para los coches de los maestros, “en vez de preocuparse por el espacio para la vegetación y el juego libre”.
A esta dinámica tratan de ponerle freno sus colegas Josep Fernández, Pitu y Carme Cols, vinculados a la asociación de profesores Rosa Sensat y al frente de El nou safareig (El nuevo lavadero). Esta pareja de maestros jubilados lleva 10 años haciendo apostolado de las grandes oportunidades de aprendizaje que ofrece el espacio exterior. De patios planos, con poca sombra, monótonos, solo cemento, propios del siglo XIX, aspiran a un nuevo concepto que puede incluir desde un aula natural al aire libre a un escenario y, claro, árboles, fuentes… Se acabó el patio solo para jugar al fútbol, y también solo para la media hora de recreo o solo de lunes a viernes.
Desde que se jubilaron hace dos años, Pitu y Carme se dedican por entero a esta, su pasión, ofreciendo asesoramiento de un modo voluntario (cobrando tan solo los desplazamientos y la estancia y con la condición de que los centros les permitan compartir los materiales y experiencias para que toda la comunidad educativa pueda aprender de ellas). “No somos jardineros. El cambio va más allá del diseño, de poner un huerto en un patio, tiene que haber un proyecto comunitario y cohesión en la comunidad educativa para avanzar a medio y largo plazo, y debe entenderse como una transformación profunda en lo educativo”, asevera Pitu.
El espacio exterior como espacio educativo, como ya preconizara, entre otros, el pedagogo Loris Malaguzzi, precursor del modelo Reggio Emilia en Italia. Precisamente en Italia, el Ayuntamiento de Bolonia ha creado un departamento dedicado a este tema y convoca cada año el congreso internacional Outdoor Education. L’educazione sicura all’aperto (que se celebra este sábado 19 de noviembre).
Pero Pitu considera que en España este movimiento también está emergiendo. Si desde El safareig asesoran a más de 300 escuelas de Infantil y Primaria, el 80% en Cataluña, pero con implantación en todo el territorio, en Cataluña se encuentran en la actualidad en un momento en que no pueden abarcar todas las demandas. No solo de centros, también de investigadores están despertando el interés, y desde este año una antropóloga analiza los cambios en el comportamiento de los niños con los cambios en el exterior de la escuela. Al tiempo, Pitu trabajó el año pasado con el Departamento de Ensenyament de la Generalitat, pues en el currículo de 3-6 aparece un apartado sobre la importancia del espacio exterior como espacio educativo.
La implicación de docentes y familas, así como de la comunidad cercana es básico en la transformación. / Almúdevar
Almudévar en marcha
Aunque la mayor parte de las experiencias son en centros urbanos, Pitu y Carme también han trabajado en el entorno rural. Un ejemplo reciente es el colegio Santos Samper de Almudévar, un municipio de 2.500 habitantes en Huesca. En este caso, recalca Inma Tena, mamá de dos niños de 7 y 3 años, vicepresidenta del AMPA Mariano Tomeo y profesora de Magisterio en Huesca, el respaldo institucional ha sido clave: la consejera de Educación de Aragón, Mayte Pérez, les ha apoyado e, incluso, acudió a la presentación del proyecto a las familias.
Ni la directora provincial ni el arquitecto provincial han puesto peros. Las familias, por su parte, llevan un año trabajando en el patio que quieren, bajo el lema Un cole, una ilusión. Los siete fines de semana de este verano han sido de peonadas para montar el sistema de drenaje y riego, que han conseguido financiar gracias a los 12.000 euros que lograron recaudar en las actividades organizadas el curso pasado.
Ahora, les acaba de llegar la primera subvención, de 2.500 euros, de la Comarca de La Hoya de Huesca, y cuatro colegios más de la zona les están imitando. También el Ayuntamiento de Almudévar está implicado en el proyecto. Entretanto, su colegio cada vez se parece más a su sueño, de él se han eliminado las zonas prohibidas, que se han convertido en zonas de juego seguro, cuenta ya con su primera cabaña de barro y paja para juego simbólico, pronto plantarán los primeros olivos y esperan que el curso termine también con parte del aula abierta (con su huerto, su compostera, su porche con una mesa de trabajo y una bancada) ya en pie.
En un centro con 200 alumnos, los que quieren pueden seguir jugando al fútbol, pero también a las cocinitas, hechas con palés por sus padres, o pueden entretenerse en la escalera, la misma que han visto crecer, madero a madero, peldaño a peldaño, este verano. Los promotores buscan una mayor conexión con el entorno natural, ese que, en el ámbito rural, está a las puertas del centro, pero del que no se saca todo el partido. “El niño sale del colegio, se va a la extraescolar, a su casa a hacer los deberes, y en su día a día no disfruta del campo. Hay muchos pequeños que, aun en el medio rural, llevan una vida muy urbana, por contagio o porque no valoramos lo que tenemos”, proclama Inma.
Cada padre y madre ha puesto su granito de arena, desde aquellos con una formación más pedagógica a otros más técnicos (arquitectos, delineantes, constructores), ellos mismos se han encargado de que hubiera maquinaria… y de que todo se atenga a la normativa europea UN1176 para áreas de juego infantil al aire libre, la que rige en los patios.
Otras experiencias interesantes
Junto al movimiento para recuperar el espacio exterior como espacio educativo hay otras experiencias interesantes. Por citar algunas, Tobalina menciona la red de ecoescuelas, con el patrocinio de la ONU, 48.000 en 50 países, también en España; la red de huertos escolares, “con procesos de desarrollo de la conciencia ecológica y vinculada a la tierra”; también Triodos está promoviendo los huertos escolares a través del crowfounding, hay movimientos de recuperación como el que implica a más de 1.000 maestros en Andalucía, en la Vega en Granada, y desde el Ministerio de Educación también se promueve el trabajo en pueblos abandonados. “Son experiencias muy buenas, que desarrollan aspectos sociales, de convivencia, de economía colaborativa, muy interesantes, pero deberían fortalecerse, expandirse, no ser iniciativas sueltas”, lamenta Tobalina.
De momento, son proyectos puntuales, sólidos pero insuficientes. Reparar en el entorno natural en un contexto en que los centros educativos, independientemente de dónde se inserten, se han convertido en centros de culturización urbana, no es sencillo. Pero un puñado de educadores para los que la conciencia de la tierra no ha de tener un rango inferior demuestra cada día que sí se puede.
Colombia tiene que seguir cerrando brechas y continuar aumentando calidad educativa, dijo Ministra de Educación.
La Ministra de Educación, Yaneth Giha, resaltó hoy los avances en cobertura y calidad que ha tenido la educación en Colombia y sostuvo que tales factores son positivos en la disminución de la pobreza.
De acuerdo con Giha, uno de los pasos más importantes del Gobierno Nacional fue el dado en 2011, cuando se decretó la gratuidad en la educación.
“Esto ha permitido que todos los niños de Colombia puedan ir sin ninguna excusa a un aula de clase”, aseguró la Ministra en la presentación de resultados de lucha contra la pobreza en 2016 efectuada en la Casa de Nariño.
La alta funcionaria indicó que se ha llegado a más de un millón 700 mil personas con modelos pedagógicos flexibles en lugares remotos del país, donde los modelos tradicionales no son útiles.
También señaló que en el país hay una cobertura del 97.5 en educación, que ha sido complementada con calidad, lo que se observa en el mejoramiento acelerado de los colegios públicos y en el crecimiento ostensible de los colegios rurales.
Los colegios privados crecieron 6 puntos, los colegios oficiales urbanos 19 puntos y los oficiales rurales 21 puntos, aseveró.
Explicó que según los últimos resultados de las pruebas Saber 3, 5, 9 y 11, y las pruebas Pisa, la educación “va por buen camino pero hay que acelerar y profundizar”.
En las pruebas Saber 11 los colegios públicos, que son el 75 por ciento en Colombia, jalonaron el incremento de las pruebas Saber, en las que se ascendió 7 puntos en el nivel nacional, agregó.
Así mismo, en los resultados de las pruebas Saber 3, 5, 9, Giha afirmó que “tenemos la mejor calificación en los últimos años en todos los niveles en todos los temas”.
Señaló, por último, que Colombia es uno de los tres países del mundo que más ha mejorado en las pruebas Pisa realizadas en el 2015, como lo informó la Ocde. En esas pruebas estandarizadas el 80 por ciento de los evaluados fue de colegios oficiales.
Pese a algunos avances legales, la minoría transgénero padece violaciones a sus derechos. Falta de acceso a identidad legal, discriminación, desigualdad en acceso a servicios públicos y agresiones componen el listado de atropellos que sufre ese segmento social.
Sentada en una jardinera a la orilla de una calle del Oeste de Ciudad de México, la mujer transgénero mexicana Deborah Martínez atisba los automóviles que transitan por si un potencial cliente se aproxima.
Delgada, pelo rubio, chaqueta oscura y pantalones jeans claros, Martínez ofrece servicios sexuales de lunes a sábado, a partir de las 8 de la noche, en una manzana donde también trabajan unas 60 mujeres. Una de las mayores preocupaciones del grupo es la exposición a la violencia o incluso a la muerte.
“De acá han matado a dos o tres. Nos cuidamos entre nosotras y tratamos de ser precavidas”, aseguró a IPS esta mujer de 32 años, originaria de la capital.
A pesar de los riesgos callejeros, Martínez, quien empezó en la prostitución cuando contaba 22 años, consideró que la situación del segmento trans mejoró en los últimos años, al menos en la Ciudad de México.
“Ahora hay más apoyo: una puede cambiarse la identidad. Quizás falta un poco más de conciencia hacia nuestros derechos”, declaró Martínez, soltera y quien tramitó en febrero la rectificación de su acta de nacimiento para acreditar su nueva identidad.
Empero, esta minoría padece violaciones a sus derechos en México, denuncian organizaciones de defensa de las personas transgénero.
Falta de acceso a identidad legal, discriminación, desigualdad en acceso a servicios públicos y agresiones componen el listado de atropellos que sufre ese segmento.
Activistas y expertos consultados por IPS coincidieron en que el quebranto al derecho a la identidad marca el inicio de la denegación de otros derechos.
“Falta el marco legal para el reconocimiento de identidad. La falta de identidad obstaculiza el acceso a derechos, como servicios sociales o vivienda. Hay una situación difícil, porque el segmento está invisibilizado. Es una situación de estigmatización, discriminación, violencia”, señaló Rocío Suárez, presidenta del no gubernamental Centro de Apoyo a las Identidades Trans.
Suárez, una mujer transgénero que se ha negado a registrar el cambio de identidad, enumeró la existencia de discriminación laboral –“porque no pueden acceder a empleos”– y sanitaria, porque “no existen políticas específicas para atender a la problemática de esa población, como terapia hormonal o intervenciones quirúrgicas [para cambio de sexo]”.
Sólo el gobierno de la Ciudad de México extiende la rectificación de acta de nacimiento desde 2015, aunque entre los requisitos demanda que la persona interesada resida en la metrópoli.
Al no existir una legislación nacional sobre la identidad, discriminación y otros derechos vinculados al género, cada estado y la capital pueden legislar a su gusto sobre ello.
En 2016, el Congreso congeló una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre el matrimonio igualitario, que incluía provisiones de acceso a la identidad de género.
El concepto transgénero define a personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella generalmente asociada con el sexo asignado al nacer.
En México, habitado por 122 millones de personas, no existen estadísticas fiables sobre esa minoría, ataques en su contra o asesinatos. La Secretaría de Salud calcula casi 5 mil transexuales, de los cuales más de 3 mil son mujeres trans y unos 2 mil son hombres trans.
El acceso al cambio de identidad se ha convertido en un viacrucis para la población transgénero en los estados mexicanos. Juan Delgado, fundador de la no gubernamental Amicus, lo ha constatado en el litigio estratégico de esos casos en Guanajuato y Querétaro, ambos en el centro del país.
“Las personas transgénero viven un ciclo de discriminación y violencia bastante cruda. Es una situación crítica: se deniega derecho a la identidad del cual deriva una situación de violaciones a derechos. Que no se reconozca la identidad genera una violación a derechos: laborales, salud, proyecto de vida, esparcimiento”, denunció el experto.
Desde julio del año pasado, esa organización, fundada en 2015, litiga en Guanajuato y Querétaro 10 casos de hombres y mujeres que desean cambiar su identidad, pero los registros civiles se la niegan. Este año Amicus ya obtuvo tres amparos provisionales que han sido desafiados legalmente por autoridades locales.
Los avances en la Ciudad de México, cuyo gobierno autónomo permite las uniones de convivencia desde 2006 y el matrimonio igualitario desde 2009, no han desvanecido algunas percepciones sobre las minorías sexuales.
La Encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México de 2013 encontró que 71 por ciento de las personas entrevistadas reconoció que la población transexual es discriminada.
Además, 4.2 por ciento de la población transexual manifestó recibir golpes sólo por su condición y 3.8 por ciento ser excluida por su trabajo sexual.
Una de las peores manifestaciones del rechazo hacia ese grupo son los crímenes de odio. El Observatorio de Personas Trans Asesinadas, adscrito al no gubernamental Transgénero Europa, da cuenta que 123 personas fueron asesinadas en Brasil, 52 en México, 14 en Colombia y 14 en Venezuela, para un total global de 295 homicidios entre octubre de 2015 y septiembre pasado.
El recuento enumera 2 mil 264 asesinatos en 68 países entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2016, de los cuales 900 ocurrieron en Brasil, 271 en México, 114 en Colombia, 110 en Venezuela y 89 en Honduras.
Pero esos crímenes podrían ser mayores en México, pues muchos casos no se denuncian ni se les da seguimiento por el abandono familiar que padecen las víctimas.
En su informe de 2015 Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó que la mayoría de las mujeres trans se encuentra inmersa en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que generalmente comienza desde muy temprana edad, por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, comunidades y centros educativos.
Entre enero de 2013 y marzo de 2014, la CIDH documentó 176 casos de violencia no letal, sobre lo cual alertó una denuncia insuficiente.
Los expertos consultados señalan que México ha incumplido con los Principios de Yogyakarta, un conjunto de 29 principios sobre ejecuciones extralegales, violencia y tortura, acceso a la justicia, privacidad, no discriminación, empleo, salud, educación, migración y participación pública diseñados en 2006 por un grupo de expertos en esa ciudad de Indonesia.
“No se han armonizado leyes contra la discriminación, falta la tipificación de la discriminación, de crimen de odio. Hay impunidad en los crímenes. Se tiene que instrumentar leyes y políticas públicas que permitan a las poblaciones de la diversidad sexual acceder a sus derechos; se debe generar un plan de atención integral”, planteó Suárez.
La CIDH, un órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), instauró en 2013 la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex. También recomendó a los gobiernos regionales recopilar datos sobre la violencia en contra de esos colectivos, investigar esos delitos y aplicar medidas para eliminar la discriminación.
Delgado confía en que la vía legal servirá para sentar precedentes. “Estaríamos hablando que en Guanajuato se reconoce que una persona puede acceder a la rectificación del acta de nacimiento e ir generando antecedentes para que algún día la ley sea modificada y no sea necesario acudir a instancias judiciales para garantizar el derecho a la identidad”.
Martínez, quien en una noche puede ganar más que en una semana como peluquera, espera que pronto el acceso a la identidad se generalice en México. “Debe haber derechos para todas y todos”.
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Sólo el gobierno de la Ciudad de México extiende la rectificación de acta de nacimiento desde 2015, aunque entre los requisitos demanda que la persona interesada resida en la metrópoli.
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