Por: Fabiola Guarneros. 

Hace 4 años, el 25 de septiembre de 2015, México adoptó —junto con otras naciones— 17 objetivos globales “para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos”.

Uno de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible es el 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.

Se parte de la premisa de que cuando las personas acceden a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza. La educación contribuye a reducir las desigualdades.

México se comprometió a establecer estrategias, programas y destinar recursos para cumplir con el compromiso ante Naciones Unidas, pero desde hace 4 años todo ha quedado en buenas intenciones: ni estrategia ni presupuesto.

¿Cómo superaremos la pobreza y la desigualdad si la prioridad no es la educación para todos? ¿Por qué se castiga presupuestalmente? ¿Por qué si la educación es un derecho constitucional lo tenemos que exigir en la Suprema Corte de Justicia o con protestas y pancartas en las puertas de Palacio Nacional o solicitando la intervención del Presidente de la República?

CASO 1

Desde hace meses, asesores educativos, alumnos y padres de familia de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) han alertado a través de cartas, escritos y oficios a la SEP, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la CNDH que el recorte presupuestal pone en riesgo la operación de estos centros que atienden a más de 27 mil 834 estudiantes con alguna discapacidad.

Y es que en el último mes fueron despedidos 94 asesores educativos por las políticas de austeridad y están en riesgo los pagos y trabajo de otros 1,182 asesores más a nivel nacional, pues para el próximo año sólo se les asignarían 32 millones 521 mil 21 pesos, según el proyecto de presupuesto etiquetado para el programa de Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPFEMS).

Con ese presupuesto, cada uno de los 291 planteles que existen en el país tendrá 111 mil 756 pesos, es decir, nueve mil 313 pesos al mes. Les tendrá que alcanzar para pagar asesores, al responsable de cada CAED, materiales y capacitaciones; más o menos 306 pesos con 18 centavos diarios para mantener siete salarios y los gastos de una escuela, de acuerdo con la investigación periodística de mis compañeros Laura Toribio y Abraham Nava publicada en Excélsior (19 y 25 de octubre).

Desde 2009, cuando fueron creados para atender el derecho a la educación de este sector vulnerable, los CAED han tenido que pelear los recursos federales para poder operar, pero en los últimos cinco años su presupuesto cayó 46.33 por ciento.

Esos 27 mil alumnos tienen un rostro, un nombre, una historia, una meta y el derecho a estudiar su bachillerato.

CASO 2

“No se ha autorizado la asignación del recurso para cubrir los pagos del último bimestre del año, incluido el aguinaldo”, dice uno de los párrafos de la circular enviada por Prepa en Línea a los docentes que asesoran a 147 mil alumnos inscritos en esta modalidad para concluir su bachillerato.

Es decir, el pago de salarios y aguinaldo para 2 mil 800 facilitadores y tutores (docentes) del Programa Prepa en Línea de la SEP está en riesgo para lo que resta de 2019, pues la Secretaría de Hacienda informó que no hay recursos para cubrir este gasto en el último bimestre de este año (Excélsior, 25 de octubre).

El programa Prepa en Línea inició en 2014 y en estos 5 años han egresado 43 mil estudiantes, quienes mediante esta modalidad lograron terminar su bachillerato certificado por la SEP.

CASO 3

Los padres de Citlali, una niña mazahua con Síndrome de Down a la que le negaron un lugar en una primaria del Estado de México, junto con Mexicanos Primero y el despacho Aguinaco Abogados, pelean desde hace dos años su derecho a la educación. Primero lograron que un juez ordenara su inscripción en una primaria mexiquense y se le asignara un maestro sombra, pero el pasado miércoles consiguieron un amparo sin precedentes en México.

Una sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a Citlali y fijó un precedente para que las autoridades educativas, a nivel federal y local, hagan lo necesario para garantizar la educación inclusiva y adecuar el programa educativo a los niños con alguna discapacidad (Excélsior, 24 de octubre).

“Todos los niños, niñas y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades individuales, con sus esperanzas y expectativas, tienen el derecho a la educación. No son los sistemas educativos los que tienen derecho a cierto tipo de niños o niñas…”, Unesco.

La educación es un derecho constitucional, no un privilegio.

Fuente del artículo: https://www.excelsior.com.mx/opinion/fabiola-guarneros-saavedra/educacion-un-derecho/1344273