Educación

Por: Patricia Peiró. 

90 países se han unido en una iniciativa global para proteger las escuelas en conflictos y emergencias. Se han registrado más de 14.000 ataques a instalaciones educativas en el último lustro

Ir a la escuela es sinónimo de muerte en al menos dos decenas de países en el mundo. En agosto del año pasado una bomba masacró en Yemen un autobús lleno de estudiantes. Afganistán ha perdido en los últimos años 2.000 centros educativos. 28.580 menores no pueden ejercer su derecho a la educación por el conflicto en Malí. Los ataques a las escuelas de Ucrania se han multiplicado por cuatro en 2019. La milicia Boko Haram combate en Nigeria la que denomina como educación occidental y detesta especialmente que se forme a las niñas. Los profesores huyen del norte de ese país por el temor a ser asesinados.

Una coalición global integrada por 90 países y organizaciones internacionales como Unesco, Acnur, Save the Children, Plan Internacional y Unicef, entre otras, lucha desde 2010 por la difícil, a veces casi imposible, tarea de proteger las infraestructuras y el personal educativo en conflictos y emergencias. Según la organización, en cinco años se han producido más de 14.000 ataques a la educación en 34 países. Esta semana la coalición ha celebrado en Palma de Mallorca su tercera reunión internacional.

En un conflicto, las escuelas son susceptibles de ser usadas como cuartel o incluso como retrete para los soldados, los pupitres se queman para hacer leña, los alumnos y profesores son reclutados y las niñas violadas o raptadas. Estos días se han mezclado decenas de historias de jóvenes y docentes para los que estudiar y dar clase se convirtió un día en una actividad de alto riesgo. Muzoon Almellehan abandonó Siria hace cinco años con sus libros en la mochila y ahora dedica su vida a que los refugiados como ella puedan proseguir con su educación. El profesor Maidugu Magaji sobrevivió a cuatro ataques suicidas en su colegio en Nigeria. El estudiante Zaher al Bakour escapó de los disparos de un francotirador en su camino a la universidad en Alepo. Los peores lugares para ser estudiante son Siria, Yemen, Egipto, Nigeria y República Democrática del Congo. Le siguen de cerca Venezuela, Ucrania, Afganistán e India.

En el centro de la problemática: el irrelevante papel de la enseñanza en algunos territorios. «En una reunión con altos mandos de Defensa, un comandante me dijo: ‘¿Quieres que deje de haber enfrentamientos, que me quede sin trabajo?’ Esa es una muestra de dónde está el problema. No puede ser que un país como Somalia dedique solo el 3% de su presupuesto a educación, así no se puede construir el futuro», señala el ministro de Defensa de la nación africana, Sonkor Geyre. Marta Ruedas, que trabajó para la ONU en Irak, rememora cómo en la formación del primer Gobierno tras la guerra hubo una fuerte disputa entre los hombres poderosos para hacerse con los ministerios importantes. «El de Educación se le asignó rápidamente a una mujer», relata.

Cuando los soldados ocupan un colegio, los alumnos se quedan sin centro y se convierte en objetivo de los ataques. Geneva Call, una organización dedicada a proteger a civiles en enfrentamientos armados, elaboró un informe basado en entrevistas a milicias en varios países. «Prácticamente todas las guerras actuales cuentan con al menos un grupo de este tipo, si no hablamos con ellos, no encontraremos soluciones», defiende su director Alain Délétroz. «Ellos defienden que si un colegio lleva tiempo abandonado, se puede ocupar. Sus ventajas están claras: las escuelas suelen estar bien situadas, tienen altos muros, y cuentan con un patio que es muy útil», detalla. Los Ejércitos también llevan a cabo estas prácticas. «Parece algo muy evidente, pero hasta que no existe una directiva concreta y se da la orden a los mandos militares de respetar los centros académicos, se sigue haciendo», especifica Christine Muhigana, representante de Unicef en República Centroafricana.

Para reducir el daño que provocan las guerras los expertos plantean diferentes soluciones. «Hay que exigir responsabilidades a los Estados y para eso hacen falta datos fiables. Pero si estos no pueden o no quieren asumirlas, entran en juego las organizaciones internacionales», apunta Yasmine Sherif de Education Cannot Wait. Stefenia Giannini, número uno de Educación de la Unesco ha aportado la experiencia de un programa en Nigeria para que las chicas que no pueden acudir a clase prosigan con su formación en casa con dispositivos móviles. Ag Gadeda, del Ministerio de Educación de Malí ha apuntado que en su país se están levantando estructuras militares temporales para disuadir a los soldados de ocupar escuelas, una solución a corto plazo. Cynthia Petrigh contó su trabajo a la hora de instruir combatientes en el respeto de las normas humanitarias, entre ellas, respetar los centros educativos.

Uno de los problemas es que los organismos internacionales y los propios Estados no se ponen de acuerdo en qué se entiende por ataque. En el encuentro entre expertos se ha debatido un abanico que va desde bombardeos hasta el hecho de quitarle la sombra a un colegio talando un árbol. «Falta capacidad técnica, recursos financieros y seguridad en el terreno para detallar el número y naturaleza de los ataques», constata la directora de investigación de la coalición, Amy Kapit.

La coalición cuenta con unas directrices para proteger los colegios, que no siempre se implementan. Esta guía establece recomendaciones sobre cómo evacuar una escuela o protegerla con sacos de arena, diseñar rutas seguras para los alumnos y cambiarlas regularmente, o asegurar que los profesores reciben su sueldo y no abandonan el centro. «Cuando se habla de escuelas seguras se piensa en un blindado a las puertas de un colegio, pero eso no debería ser así, la simple presencia militar puede precisamente aumentar el riesgo de ataques. Hay que delegar la seguridad en la propia policía local o en seguridad privada», apunta Juan Francisco Martínez, secretario general de Política de Defensa de España.

Las instituciones de educación superior han sufrido al menos 200 ataques hasta 2018. Así relata Hamidullah Abawi, asesor del Ministerio de Educación en Afganistán, la llamada que recibió de su prima en 2016: «Estaba llorando, yo solo oía gritos y disparos, cogí mi coche y fui a la universidad americana de Kabul mientras al otro lado del móvil seguía oyendo el alboroto. Eran un ataque terrorista. Mi prima no murió, pero sí otros dos estudiantes y varios profesores y policías». Afganistán está a punto de poner en marcha un programa piloto de defensa de la educación en las dos regiones que más agresiones sufren.

En el aire queda la pregunta que se hace Musa Gbow, miembro de una organización que lucha contra el reclutamiento de niños: «¿Cuantas conferencias más necesitaremos para cumplir este objetivo? El momento de proteger la educación es ahora».

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.