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Bolivia: Ministerio de Educación convoca a dialogar a padres ante protestas por rebaja de pensiones en colegios privados

Redacción: Correo del Sur

«Hablar de una rebaja del 50% significaría una hecatombe», señaló el viceministro Tejada

El Ministerio de Educación convocó este jueves al diálogo a los padres de familia de colegios privados, ante algunas protestas respecto descuento del 6 a 28% en las pensiones escolares, pues exigen que esa rebaja llegue al 50%.

«Hablar de una rebaja del 50% significaría una hecatombe. Los invitamos al Ministerio de Educación para mostrarles las estadísticas, las normas vigentes por los cuales asumimos esa determinación», informó el viceministro de Ciencia y Tecnología, Cristian Tejada, durante una entrevista en RTP.

Tejada consideró que los padres de familia deben entender que el país y el mundo atraviesan por una emergencia sanitaria por esa enfermedad, y que de acceder a su pedido de una rebaja del 50% desembocaría en el cierre del 85% de las unidades educativas privadas en todo el país.

Tejada recordó a los padres de familia que así como es prioridad para ellos dar a sus hijos una educación con calidad, la prioridad del Gobierno nacional es que los estudiantes no pierdan el año escolar.

«No quiero pensar que esto es un tema político, nosotros como Gobierno no pensamos en temas políticos, sino, temas sociales. Si usted padre de familia no me cree, entiendo, hemos vivido 14 años de mentiras, pero nuevamente lo invito (al diálogo)», convocó la autoridad.

En el país rige el Decreto Supremo 4260 que regula cuatro modalidades de educación: presencial, semipresencial, virtual y a distancia, las que deben ser puestas en marcha por los maestros.

En la víspera, el Ministerio de Educación informó que junto a la Asociación Nacional de Colegios Privados llegaron a un acuerdo que establece descuentos del 6 al 28% en las pensiones, que varían de acuerdo con el monto que cobra la unidad educativa, la cantidad de estudiantes y si cuenta con una plataforma virtual, la que estará vigente mientras dure la cuarentena por el coronavirus.

Por otro lado, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, adelantó que sostiene conversaciones con la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) y los institutos legalmente establecidos en el país, para llegar a un acuerdo con el pago de las mensualidades.

 Fuente: https://correodelsur.com/sociedad/20200625_ministerio-de-educacion-convoca-a-dialogar-a-padres-ante-protestas-por-rebaja-de-pensiones-en-colegios-privados.html
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La evaluación de los aprendizajes en educación básica frente a la emergencia sanitaria

Por: Sergio Martínez Dunstan

En la colaboración anterior, Un dilema de promoción en la educación a distancia. Aprobar por decreto o reprobar por “faltista” (https://bit.ly/2M4X9EF), exhibí el vacío legal sobre la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación producto de la emergencia sanitaria. Expuse un caso particular en el cual las normas establecidas en el Acuerdo 11/03/19 (http://bit.ly/2FZXYM7) resultaban insuficientes. La Secretaría de Educación Pública se pronunciará al respecto en los subsecuentes días. Así da cuenta de ello la Guía de Trabajo para la Sesión Ordinaria de Cierre del Ciclo Escolar 2019 – 2020 ante COVID-19 Educación Básica la cual ha sido filtrada a través de las redes sociales. Todavía no ha sido difundida por las autoridades educativas, es extraoficial. Parece auténtica, su diseño es similar a las anteriores, pero no sería la definitiva porque detecté algunos errores ortográficos y “dedográficos”. Por ejemplo, en la página 15 está escrita la palabra “exepcion” en lugar de excepción y “asitencia” en vez de asistencia. También le hacen falta los anexos. Es de esperarse la versión final de lo contrario serían imperdonables tales descuidos. El contenido se apega a la exposición del Secretario de Educación Pública en la conferencia de prensa del 29 de mayo de 2020 (https://bit.ly/3gNjjsR).

En la citada guía, se revela el aún desconocido Acuerdo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) por el que se establecen diversas disposiciones oficiales para valorar y cumplir con el plan y programa de estudios de educación básica para la conclusión del ciclo escolar 2019-2020. A través de ella, se instruye llevar a cabo el próximo 8 de junio la última sesión del Consejo Técnico. Se pretende, en uno de los cuatro propósitos definidos, analizar los criterios de valoración del tercer periodo y del ciclo escolar 2019 – 2020. De igual manera, se reconoce explícitamente que el acceso a la oferta educativa durante la pandemia ha sido desigual, ya sea por carencia de recursos tecnológicos o por falta de condiciones en los hogares. Textualmente se señala: “En consecuencia y en atención al principio de interés superior de niñas, niños, adolescentes (NNA) se establecen criterios inclusivos para la evaluación del tercer periodo y la asignación de calificaciones”. Se determina finalizar el presente ciclo escolar el 19 de junio próximo. Por ello, recomiendan contemplar algunas acciones como por ejemplo el proceso de valoración de los resultados de aprendizaje de los alumnos y, cuando sea posible, la entrega de resultados de evaluación del tercer periodo, boletas de evaluación y certificados a las madres, padres de familia o tutores. ¿Cuáles serían esos criterios de valoración?

  1. La evaluación es y seguirá siendo responsabilidad del docente de grupo o de asignatura, según sea, y en su ausencia, el Director o el Supervisor.
  2. Se tomarán en cuenta las experiencias y conocimientos de todo el ciclo escolar incluidos los aprendizaje formales previstos en el currículo y/o los adquiridos en la convivencia cotidiana durante el periodo de contingencia.
  3. En educación preescolar no se registrará la evaluación del tercer periodo. En primaria y secundaria, el docente tiene la facultad de agregar otros elementos gr. aquellas actividades realizadas por medios digitales, de manera virtual y efectiva.
  4. Una de ellas bien pudiera ser la Carpeta de Experiencias sin la obligación de remitirla por el medio que sea. En todo caso, se utilizaría como elemento de valoración diagnóstica en el inicio del próximo ciclo escolar.
  5. De ser así, siempre será en beneficio de los educandos.
  6. De lo contrario, si no existiera ningún otro elemento adicional por las razones que fueren, la calificación del tercer periodo consistiría en el promedio de las calificaciones obtenidas en los dos periodos de evaluación previos.
  7. El criterio de asistencia carece de valor alguno para la acreditación y promoción de grado o nivel educativo del ciclo escolar.
  8. El ingreso de los estudiantes de sexto grado a la secundaria será sin la obligación de realizar examen alguno.

¿Cuáles serán los criterios para la acreditación y promoción de grado o nivel?

Los mismos establecidos en el Acuerdo Número 11/03/19 exceptuando el criterio de asistencia.

¿Cómo y cuándo se darán a conocer los resultados de evaluación?

Los días 18 y 19 de junio se les comunicará a los padres de familia la calificación y se les hará entrega las boletas y los certificados, en formato electrónico, si la familia dispone de medios de comunicación telefónica o electrónica. La entrega física se realizará al inicio del próximo ciclo escolar.

Sobre este relevante asunto, en la aludida guía, se exhorta que: “En aquéllos casos en los cuales las niñas, niños, adolescentes demuestren contar con los conocimientos, habilidades y destrezas superiores a los reflejados en el tercer periodo de evaluación del ciclo escolar 2019- 2020, y ameritan una calificación mayor a la asentada en la boleta de calificaciones o certificado, la maestra o el maestro, podrán realizar la rectificación de la calificación al final del periodo de diagnóstico y emitirla nuevamente. Las autoridades educativas involucradas, principalmente las áreas de control escolar, deberán realizar las gestiones necesarias con la finalidad de ejecutar el cambio de las calificaciones de manera inmediata y registrarlo en los sistemas de información correspondientes.”

Como se puede apreciar, según lo expuesto en los párrafos anteriores, se intenta llenar los vacíos normativos ausentes en el Acuerdo 11/03/19 en el cual se dejan de lado circunstancias extraordinarias. Como esta necesidad de llevar a cabo las actividades de enseñanza aprendizaje a la distancia ante la imposibilidad de hacerlo de manera presencial por el cierre de las escuelas, como tradicionalmente se ha venido realizando, dadas las consecuencias de la emergencia sanitaria.

Primero. El maestro es el único responsable de evaluar el aprendizaje de los educandos, de asignar calificaciones a sus alumnos, nadie más.

Segundo. El derecho de los educandos, las madres y los padres de familia o tutores, tienen de conocer los criterios de evaluación del aprendizaje, los procedimientos empleados, así como los resultados obtenidos.

Tercero. Los referentes de evaluación son los aprendizajes esperados, los enfoques pedagógicos y aquéllos que considere necesarios el maestro siempre y cuando sea en beneficio de los alumnos. Nunca lo contrario.

Cuarto. Los resultados de evaluación y la escala de calificaciones se apegará a los establecido en el artículo 10 del Acuerdo 11/03/19.

Quinto. En preescolar así como en los grados de primero y segundo en educación primaria se acreditarán con sólo haber cursado el grado. En otras palabras, serán promovidos automáticamente según el artículo 12 del Acuerdo 11/03/19.

Sexto. En el resto de los grados de primaria (tercero a sexto) y secundaria (primero a tercero) se procederá de acuerdo los artículos 11 y 12 del Acuerdo 03/11/19 exceptuando lo relativo a la asistencia de los alumnos como criterio de promoción.

Séptimo. Se procederá la certificación de estudios en preescolar, primaria y secundaria conforme al artículo 14 del Acuerdo 11/03/19.

Octavo. Con respecto a la regularización se realizará de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establezca la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) en las Normas de Control Escolar, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Curricular, tal cual se refiere en el artículo 13 del Acuerdo 11/03/19. La regularización se llevará a cabo a partir del 10 de agosto una vez iniciado el ciclo escolar 2020 – 2021 y tendrá una duración mínima de tres semanas.

Noveno. Se entregarán las boletas y los certificados en electrónico. Y en formato físico durante el transcurso del próximo ciclo escolar en cuanto las condiciones de la emergencia sanitaria permitan la reanudación de actividades presenciales en las escuelas.

De lo anterior, se asoman de manera tenue ciertas tradiciones arraigadas en la cultura escolar. Se guardarán para otro tiempo la Ceremonia de Graduación; la entrega oficial de diplomas, constancias de buena conducta, boletas, certificados; el cambio de escolta; los padrinos de generación y de los egresados; entre otras. Se me dificulta proyectar su impacto. Son apreciadas socialmente al margen de nuestra opinión. Forman parte de nuestra realidad, somos producto de ellas. Los estudiantes quedarán marcados para siempre. Esta generación se distinguirá por la la ruptura de paradigmas. La generación emergente, la generación disruptiva. La generación COVID-19.

Por otra parte, la prudencia es sabia consejera. Conviene esperar la publicación del Acuerdo del CONAEDU. Aunque es cierto que la rectoría de la educación es atribución exclusiva de la autoridad federal sería un mensaje alentador en aras de la gobernanza cada vez menos socorrida y del necesario desarrollo del Sistema Educativo Nacional establecido en la Ley General de Educación una buena dosis de coordinación. Resultaría por demás relevante anteponer el bien común por encima de los intereses particulares o de grupo. El transcurso de los acontecimientos terminará por dejarnos en claro las verdaderas intenciones de los actores implicados.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-evaluacion-de-los-aprendizajes-en-educacion-basica-frente-a-la-emergencia-sanitaria/

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España: Los ricos, los impuestos y el amor a la patria

Los ricos, los impuestos y el amor a la patria

Por Juan Torres López

Hace unos días el secretario general de Podemos y vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, propuso que en España se estableciera una tasa o impuesto extraordinario para la reconstrucción del país que recayese sobre las personas con grandes patrimonios: del 2% a partir del millón de euros; el 2,5% a partir de 10 millones; el 3% a partir del 50 millones de euros y el 3,5% a partir de 100 millones.

Es una propuesta muy parecida a la que se viene haciendo en muchos países no sólo por partidos o economistas de izquierdas sino, desde hace años, por muchas de las personas propietarias de grandes patrimonios. En Estados Unidos, muchos financieros y grandes capitalistas han reclamado en diversas ocasiones que se establezcan ese tipo de impuestos sobre sus fortunas porque, como dijo una vez el inversor Warren Buffet, él pagaba un 17,7% de sus ingresos entre el impuesto sobre la renta y cotizaciones sociales, frente a una media del 32,9% del personal de su empresa: «No hay nadie en la oficina, desde la recepcionista para arriba, que pague un tipo fiscal más bajo, y yo no tengo ningún planeamiento fiscal, no tengo contables ni recurro a refugios fiscales, me limitó a cumplir lo que el Congreso de los Estados Unidos me dice que haga».

Eso mismo ocurrió en Alemania en 2011, cuando un grupo de millonarios hizo un llamamiento a través del semanario político Die Zeit exigiendo que se aumentara la tributación de las grandes fortunas del país, para contribuir a incrementar los ingresos del Estado en tiempos de crisis financiera.

También en Francia, dieciséis de las mayores fortunas de aquel país pidieron en ese mismo año al Gobierno que les impusiera un impuesto especial para contribuir a salir de la crisis. En su manifiesto decían: «Nosotros, presidentes o dirigentes de empresas, empresarios, financieros, profesionales o ciudadanos ricos, deseamos la instauración de una ‘contribución excepcional’ que afectaría a los contribuyentes franceses más favorecidos».

La mayoría de los grandes propietarios no piensa de este modo, esa es la verdad.

Ahora que estamos viviendo las consecuencias económicas tan dramáticas de una emergencia sanitaria nos percatamos mejor que nunca de las opciones morales de cada uno.

Mientras que hay millones de pequeños y medianos empresarios que luchan sin descanso y sin apenas recursos para salvar sus empresas, cuando millones de personas se quedan sin ingresos y tienen que recurrir a comedores sociales para poder alimentarse, cuando los gobiernos (es decir, toda la sociedad) tiene que endeudarse hasta las cejas para evitar que cierren empresas, ¡qué difícil es encontrar muestras de solidaridad entre las personas con mayores fortunas!

Es verdad que muchas de ellas, algunos grandes empresarios, incluso están renunciando a sus retribuciones, un gesto simbólico sin duda valioso, o que realizan contribuciones silenciosas y de gran generosidad a otras personas que las necesitan. Pero siendo todas esas muestras dignas de elogio por la actitud personal que llevan consigo, no pueden ser por sí solas lo que permite que una sociedad sea justa y progrese proporcionando a todos sus miembros capacidades efectivas para ser libres y auténticas personas. Es más, pueden llegar a generar situaciones más propias de otros tiempos, como ocurre cuando el rey Felipe de Borbón, en lugar de reclamar Justicia distributiva, cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales y lucha contra la corrupción, se dedica a pedir a la nobleza que compre leche y aceite para ayudar a la Cruz Roja.

La caridad es una virtud que debemos cultivar para sentirnos realmente humanos y no salvajes y debería ser digno de aplauso y reconocimiento social que se lleven a cabo. Yo aplaudo cuando grandes empresarios como Amancio Ortega o Juan Roig la practican y hacen donaciones millonarias y creo que eso mismo deberíamos hacer todos los españoles. Pero me parece igualmente evidente que la caridad, la generosidad particular, es sólo una de las ruedas con las que puede andar el carro de una sociedad moderna. Porque con ella sería insuficiente para sufragar todo lo que la sociedad en su conjunto necesita para que los seres humanos vivamos con dignidad y libertad; porque, desgraciadamente, no todas las personas tienen la misma disposición y porque lo que debe presidir el criterio de satisfacción de las necesidades colectivas ha de ser la justicia y ésta no puede quedar, por definición, al albur de nuestro particular deseo de contribuir o no a las cargas comunes.

Lo que necesitamos no son solo prácticas caritativas que vienen tan caprichosamente como se pueden ir. De nada sirve una nobleza o personas de grandes fortunas con gran generosidad que proporcionen pan y aceite a los pobres si luego esconden su patrimonio (como la propia familia del Rey) en paraísos fiscales. Lo que necesitamos es justicia fiscal.

Y es de llamadas a la justicia de lo que estamos escasos entre las clases más afortunadas de nuestra sociedad.

En lugar de reclamar una imposición para sí semejante a la que recae sobre el resto de la sociedad con menos ingreso y patrimonio, los más ricos de entre los ricos sólo buscan evadir cada vez con mayor sofisticación sus obligaciones fiscales.

Ha sido precisamente su mayor influencia política lo que ha hecho que los impuestos extraordinarios que solicitan incluso las personas ricas más generosas en momentos de crisis no sólo no hayan avanzado, sino que incluso poco a poco estén desapareciendo los que recaían sobre el patrimonio en muchos países. En Francia, por ejemplo, existía desde los años ochenta del siglo pasado un impuesto sobre las fortunas superiores a 1,3 millones de euros que el presidente Macron eliminó en 2028 para sustituirlo por otro sobre la riqueza inmobiliaria que también suspendió poco después. Y algo así ha parecido en otro muchos países.

Ese paso atrás consistente en reducir la imposición sobre las grandes fortunas justamente cuando mayores son los patrimonios y cuando más se abre la brecha entre la riqueza de los más afortunados y la de la gente normal y corriente es una de las razones que explica que en los últimos años la desigualdad crezca sin parar en nuestras sociedades, con el daño que es sabido que eso produce en todos los ámbito de la vida social y económica.

En estos momentos de una crisis económica tan grave provocada por la pandemia comprobamos mejor que nunca la doble vara de medir de los egoístas y la doble moral de quienes están a su servicio o viven de los pequeños derrames que dejan caer a su alrededor.

En los barrios ricos de todas las ciudades del mundo no sólo proliferan las protestas para evitar los inconvenientes que supone el incómodo confinamiento sino para mostrar el rechazo hacia las medidas sociales, en todos los casos más bien modestas en comparación con las que reciben siempre los más adinerados, que reciben los pobres. Basta ver las críticas que ha concitado en España la aprobación de un ingreso mínimo de baja cantidad y que ya existe prácticamente en todos los países de la Unión Europea.

Al mismo tiempo que se enarbolan banderas nacionales y se gritan consignas de amor a la patria se critica cualquier tipo de medida orientada a que todos los españoles contribuyamos en la misma proporción a sostener las cargas que la patria necesita para garantizar una vida digna a todos nuestros compatriotas.

No hace falta ser un genio de la sociología para saber la estrecha correlación que hay entre las familias que más se oponen a las medidas sociales de este gobierno manifestándose en estas últimas semanas en las calles y las que tienen cuentas en Suiza u otros paraísos fiscales, entre las que más banderas levantan y más besos le dan y las que más critican cualquier avance en justicia fiscal o eluden en mayor medida sus obligaciones con la hacienda pública.

Es muy curioso lo que está ocurriendo en estos últimos meses. Los más ricos de todo el mundo, los que pagan a los periodistas que difunden las maldades de los impuestos y a los políticos que los eliminan, se han dedicado a comprar los llamados «pasaportes pandémicos», es decir, la nacionalidad en diversos países para así poder desplazarse de un país a otro, según les convenga en cada caso, para eludir los confinamientos. Ahora lo hacen por esa razón, pero continuamente emigran de país en país huyendo del pago de impuestos, una emigración de la que se habla poco y que nada molesta, a pesar de que los costes que ocasiona a los países de donde salen y a donde van son mucho mayores de la emigración de quienes huyen de la pobreza.

No quiero decir con todo esto que la propuesta de impuesto que se se ha hecho en España por Podemos sea la solución de todos nuestros problemas. De hecho, no creo que por sí sola lo sea y me parece que se ha realizado de un modo bastante inadecuado. Si era una propuesta de Podemos no debería hacerla anunciado el vicepresidente del gobierno y si era del gobierno, debería haberlo hecho la ministra del ramo. Esa confusión no es buena y confunde a la gente. Además, las reformas fiscales no deben centrarse en figuras impositivas concretas que puede parecer que están dirigidas «contra» alguien sino como cambios de conjunto, sistemáticos, integrales y en beneficio de todos. Para no caer en el vacío, deben presentarse con gran solvencia técnica, venir acompañadas de medidas destinadas a evitar la elusión y el fraude y, sobre todo, precedidas de una potente pedagogía que explique bien los propósitos y las consecuencias de lo que se propone. De otro modo, las buenas intenciones fiscales se quedan en ruido que no resuelve nada y que lo empaña todo.

El debate sobre la nueva ley contra el fraude fiscal que ha anunciado la ministra de Hacienda sería una buena ocasión para plantear las cosas de otro modo, abriendo ante la sociedad española el debate sobre la justicia fiscal que necesitamos y como un reto fundamental: que quienes tanto dicen amar a la patria conviertan esa declaración de amor en una práctica efectiva que permita hacerla más grande y capaz de proporcionar libertad y bienestar a todos nuestros compatriotas.

Juan Torres López es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Dedicado al análisis y divulgación de la realidad económica, en los últimos años ha publicado alrededor de un millar de artículos de opinión y numerosos libros que se han convertido en éxitos editoriales. Los dos últimos, ‘Economía para no dejarse engañar por los economistas’ y ‘La Renta Básica. ¿Qué es, cuántos tipos hay, cómo se financia y qué efectos tiene?’

Fuente: https://blogs.publico.es/juantorres/2020/06/03/lo-ricos-los-impuestos-y-el-amor-a-la-patria/

Fuente de la Información: https://rebelion.org/los-ricos-los-impuestos-y-el-amor-a-la-patria/

 

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Fuerza mayor y niños (1)

Por: David Calderón

 

Este martes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo SIPINNA/EXT/01/2020, “por el que se aprueban acciones indispensables para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de enfermedad generada por el virus Sars-Cov2 (Covid-19)”.

El acuerdo lo aprobamos en la sesión del SIPINNA el pasado 30 de abril, Día del Niño y de la Niña, con la ya habitual y cuestionable ausencia del presidente de la república, pero con la presencia de la mayoría de aquellas personas que por pleno derecho fuimos designadas para ser parte del Sistema Nacional de Protección de Derechos.

Como todo documento oficial –pues el Sistema es tal vez el único cuerpo mixto de funcionarios y sociedad civil con atribuciones sustantivas en nuestro orden jurídico– tiene un laaargo inicio, pues refiere 39 consideraciones (lo que los abogados buscan para ver si el acuerdo está ‘fundado y motivado’) que dan solidez a las decisiones: los pilares retomados de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de las determinaciones de otras autoridades legítimas para dar apoyo y legitimidad a lo que definimos.

Con tan prolijo proemio y abultado título de cuatro líneas, la idea detrás del acuerdo es muy sencilla: en caso de fuerza mayor, como lo es la emergencia que estamos viviendo, debe reforzarse, vigilar y concretarse el interés superior. Cuando más arrecia, cuanto más severa sea la dificultad, más lúcidos y decididos nos toca ser para poner a las niñas y los niños primero. Prioridad absoluta.

Lo que sigue en el acuerdo ya no es rollo, y no tiene desperdicio: once rubros para marcar cómo con los niños no: no puede haber recorte, no puede haber pausa, no puede haber mezquindad, no puede haber negligencia, no se puede tolerar el abuso.

En salud, se destaca que toca también ahora –y más que nunca– atención a recién nacidos (en lo que llevamos de encierro han nacido más de 700 mil niñas y niños) y su vacunación completa; que es su derecho información completa, confiable y amigable sobre la pandemia; que deben impulsarse prácticas de cuidado cariñoso y sensible; por supuesto, que deben prevenirse los trastornos emocionales por el encierro y, agárrense, sobre todo en Nuevo León, deben cumplirse las medidas de prevención de embarazo de niñas y el acceso a consejería y métodos anticonceptivos para las y los adolescentes.

En alimentación, se manda que se usen los recursos del Ramo 33 para atención y subsistencia alimentaria, además de que las niñas, niños y adolescentes de los hogares más pobres, en las zonas de mayor afectación por Covid-19 y beneficiarios de los programas de desayuno escolar y servicios de alimentos de escuelas de tiempo completo, puedan recibir raciones de los alimentos equivalentes para ser preparados en los hogares. Ello lleva a una gran reflexión sobre el presupuesto actual: si el gobierno federal, con sus proyectos prioritarios y sus becas sin focalización, ya se gastó lo que había para 2020 destinado a Escuelas de Tiempo Completo –pues recortó el presupuesto a la mitad y los estados supieron todo este primer semestre que no hay nada seguro para la segunda mitad del año– ¿va a persistir sin usar sus atribuciones para reasignar fondos a algo tan elemental, literalmente el pan de la boca de los niños más pobres? Vigilaremos que se cumpla el acuerdo, que en esto no puede ser burlado por los funcionarios de SEP o Hacienda.

En prevención y atención de violencias, los mandatos del acuerdo son claros y tajantes: información a las familias sobre crianza cariñosa y sensible, y prevención al maltrato al interior del hogar; optimización de las líneas telefónicas de ayuda y emergencia, que deben también atender a las niñas y los niños mismos, las cuales deberán difundirse extensamente (ya el elemental y memorable 911, estimados lectora y lector, funciona en ese sentido… ayudemos a que las niñas y niños lo memoricen y sepan que pueden usarlo, y que merecen atención inmediata, confiable y de pronta respuesta en domicilio apenas sea ello necesario).

Se obliga a la coordinación y accesibilidad de los servicios de atención a las violencias contra infancia y adolescencia, y que la federación y los estados apoyen a las procuradurías en “forma extraordinaria” asegurando la continuidad de sus trabajos. Se manda apoyar los refugios –que en extremo capricho e irrazonabilidad estaban por ser cerrados– y que se dé conclusión adecuada a las actuaciones de las fiscalías para atender violencia de género y pensiones alimenticias. Evidentemente, activar todo aquello que permita identificar y atender abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.

En el siguiente artículo haré referencia a las obligaciones referidas a agua y saneamiento, acceso a internet, radio y televisión, y finalmente a los temas de educación y de participación de niñas y niños, tan exigidos y tan frágiles estos dos derechos en nuestro tan complicado presente. En tanto, les dejo con este pensamiento: un país tiene que estar a la estatura, enorme, de sus niñas y niños. No puede derrotarse a sí mismo privilegiando el prestigio, la fanfarronería y la imposición de los adultos, sino dando el lugar debido, el definitivo primer lugar, la prioridad a los más jóvenes. En toda emergencia, niñas y niños primero.

Fuente: https://profelandia.com/fuerza-mayor-y-ninos-1/amp/?__twitter_impression=true

Imagen: https://pixabay.com/

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Conferencia: «La emergencia sanitaria y la agudización de la crisis de los sistemas educativos en el mundo»

Por: OVE.

El Centro de Estudios filosóficos, históricos, económicos, políticos y culturales

Invitación a partir en la conferencia:

«La emergencia sanitaria y la agudización de la crisis de los sistemas educativos en el mundo»

A cargo de los distinguidos Doctores:

Marco Raúl Mejía Jimenez (Colombia)

Luis Bonilla Molina (Venezuela)

Lev Velásquez Barriga (México)

Martes 26 de mayo de 2020

Hora: 7:00 pm (Hora del centro)

Se transmitirá por ZOOM

Solicitar enlace a: jcazarest@gmail.com

Se extenderá constancia de participación

 

Fuente de la reseña: Equipo de Ove

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México: IPN sancionará a docentes que no den clases virtuales durante pandemia

América del norte/México/21 Mayo 2020/lajornada.com.mx

En un oficio dirigido a su personal docente, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció que todos aquellos profesores que no impartan clases virtuales a los grupos en esta etapa de emergencia sanitaria por el Covid-19, sufrirán descuentos en su salario y prestaciones, e incluso se impondrá “medidas disciplinarias”.

En respuesta, profesores de esa casa de estudio, agrupados en diversas organizaciones, calificaron este anuncio como una “amenaza”, que se “contrapone con el decreto presidencial que manifiesta la no afectación del salario al servidor público”.

En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, que será entregada este mismo día en Palacio Nacional, los profesores del IPN señalan que no es que el docente haya abandonado sus funciones, sino que el propio Instituto ha sido incapaz de generar los mecanismos para la educación a distancia al no proporcionar las herramientas necesarias para ello.

A este respecto, acusan la falta de capacitación necesaria a docentes y alumnos para el uso y acceso a las diferentes plataformas digitales que el Instituto ha habilitado para las clases no presenciales, además de la saturación que impide la entrada a los contenidos.

También cuestionan el pago que hace el Instituto para el uso de dichas plataformas y licencias, como si esa casa de estudios no tuviera los recursos humanos y la capacidad necesaria para generarlos. “El IPN durante el periodo neoliberal nunca desarrolló una tecnología pedagógica que pudiera resolver este problema, siempre se privilegiaron los negocios millonarios y corruptos que las compras de licencias dejaban a la administración en turno”, señala la misiva de los docentes.

El aviso de los posibles descuentos y “medidas disciplinarias” al personal docente que no imparta clases digitales está suscrito por el director de Asuntos Jurídicos del IPN, Mario Duana Espín, con fecha de 18 de mayo.

A su vez, la carta al primer mandatario está suscrita por las organizaciones “En defensa de la seguridad laboral de la base trabajadora del Instituto Politécnico Nacional”, “Frente Sindicalista Lázaro Cárdenas”, “Unidad Politécnica”, “Maestros por México”, “CNTE Politécnico”, y “Red Social Fuerza Politécnica”.

En esta misiva, se señala que gran parte de los maestros y alumnos no cuentan con una computadora ni los conocimientos para dar y recibir clases vía virtual, siendo falsas las afirmaciones de que los programas académicos tienen un avance del 70 por ciento en esta emergencia sanitaria. Estos datos manipulados por parte de la Dirección General no tienen sustento en la realidad.

Además, advierte que la actitud de castigo asumida por las autoridades del IPN se enmarca en la idea que el docente es quien tiene la responsabilidad del desastre educativo, dejado por el desmantelamiento de la educación superior pública del país.

“Por solo poner un ejemplo: el programa de dotación de una laptop para los docentes por parte de la administración y la representación sindical tiene más de 10 años que no se ha cumplido para todo el personal docente afiliado a la Sección 60 del SNTE IPN. Este inaceptable comunicado no toma en cuenta que existe una cantidad considerable de estudiantes que carece de computadora, acceso a internet, y sin los recursos económicos para poder acceder a clases virtuales”, se señala en la carta.

Además, asegura que esta “amenaza” de descontar salarios e imponer sanciones administrativas, “es un insulto para todas las maestras y maestros que día a día intentan, con sus propios medios y recursos, sacar adelante lo que la autoridad educativa no ha podido hacer”, no solo en esta etapa de emergencia sanitaria, sino también en la normalidad académica.

Fuente e imagen tomadas de: https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/05/20/ipn-sancionara-a-docentes-que-no-den-clases-virtuales-durante-pandemia-3165.html

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Uruguay: Firman protocolo para reinicio de clases y maestros alertan dificultades para cumplir distanciamiento

América del Sur/ Uruguay/ 19.05.2020/ Fuente: www.elpais.com.uy.

A 48 horas de que el presidente Luis Lacalle Pou anuncie cómo se desarrollará el retorno a las clases presenciales, autoridades y sindicatos de la educación firmaron esta mañana un protocolo sanitario. Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), expresó a El País las dificultades que ven para cumplir el distanciamiento: «No entran 30 niños en ningún salón de ninguna escuela del país» con dos metros de distancia; «a lo sumo entrarán 10».

Durante la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus hay docentes y funcionarios que vienen trabajando sin protocolo. «Esa situación y el regreso a clases presenciales hace que se firme», dijo. Pereira recordó que se trata de «un protocolo sanitario» y por lo tanto «no incluye condiciones o criterios para el regreso de las clases presenciales».

«Hay vacíos, vacíos y vacíos, lógicos, para una situación que no tiene precedentes», relató y señaló que «las escuelas no están pensadas para una pandemia». «Este protocolo no va a definir ni cómo ni cuándo, ni si empiezan los chiquitos primero y los más grandes después… De todo eso no hay nada definido, no en este protocolo si no en las autoridades educativas. Nada definido», sumó.

El protocolo, al que pudo acceder El País, establece medidas de aseo, uso de obligatorio de tapabocas para maestros y funcionarios y distancia física de dos metros (medio metro más que las escuelas rurales). La secretaria general de la FUM manifestó su preocupación en ese último aspecto. Dijo que «no entran 30 niños en ningún salón de ninguna escuela del país» con dos metros de distancia y que «a lo sumo entrarán 10».

«Si el MSP (Ministerio de Salud Pública) dice que la forma de prevenir estos contagios es manteniendo la distancia, no lo vamos a cuestionar. Solo vamos a decir que en las escuelas así como venían funcionando es imposible. Inclusive reduciendo el número de alumnos por clase, los niños no permanecen sentados por tres o cuatro horas. Hay que pensarlo con cabeza de funcionamiento de escuela y no con cabeza de funcionario», expresó.

Asimismo señaló que el protocolo no establece qué ocurrirá con los recreos ni materias como educación física donde los niños pueden entrar fácilmente en contacto. Tampoco define qué ocurrirá si existe un caso positivo de COVID-19.

En ese sentido, Pereira recordó: «Ya planteamos en Codicen, no para este protocolo porque este es sanitario, que inicial y especial deberían ser los últimos en retomar las actividades justamente por la imposibilidad del distanciamiento».

Fuente de la noticia: https://www.elpais.com.uy/informacion/educacion/firman-protocolo-sanitario-reinicio-clases-magisterio-alerta-dificultades-cumplir-distanciamiento.html

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