América del norte/Estados Unidos/25 Abril 2019/Fuente: Prensa Latina
La senadora y aspirante presidencial demócrata Elizabeth Warren propuso hoy un ambicioso plan destinado a cancelar la mayoría de las deudas de préstamos estudiantiles y eliminar los costos de matrícula en las universidades públicas estadounidenses.
La iniciativa de la legisladora por Massachusetts demandaría 1,25 billones (millones de millones) de dólares en 10 años, los cuales serían pagados con ingresos provenientes de otra de sus propuestas: un aumento de impuestos para las familias y corporaciones más ricas del país.
En un artículo difundido en Internet, Warren sostuvo que su plan está destinado a dar a cada estadounidense la oportunidad de asistir a una universidad pública de dos o cuatro años sin pagar un centavo en matrícula o cuota.
Asimismo, busca ‘que la universidad gratuita sea verdaderamente universal’, al hacer que la educación superior de todo tipo sea más inclusiva y esté disponible para todos los estudiantes, especialmente de bajos ingresos, negros y latinos, sin la necesidad de que se endeuden.
De acuerdo con la senadora, su propuesta eliminaría 50 mil dólares en deuda de préstamos estudiantiles a cada persona con un ingreso familiar de menos de 100 mil dólares al año, mientras que quienes tienen ingresos hasta 250 mil dólares también recibirían reducciones.
Un análisis económico de los principales expertos en préstamos estudiantiles determinó que el plan cancelaría al menos una parte de la deuda para el 95 por ciento de las personas que tienen ese tipo de compromisos económicos, y la eliminaría de forma completa para el 75 por ciento, señaló Warren.
La iniciativa de la miembro de la Cámara Alta incluiría, asimismo, la creación de un fondo de 50 mil millones de dólares para los Colegios y Universidades Históricamente Negras y las Instituciones de Servicio a Minorías.
Además, dispondría de fondos federales adicionales para los estados que demuestren mejoras considerables en las tasas de inscripción y graduación de estudiantes de bajos ingresos y de color.
Según la aspirante a la Casa Blanca, expertos consideran que su medida de cancelación de deuda crearía un estímulo económico, y ‘un estudio tras otro muestran que las inversiones en educación superior ofrecen enormes rendimientos por cada dólar’.
Warren denunció que los estados han ido invirtiendo menos por estudiante en las universidades comunitarias y en las públicas de cuatro años, mientras las propias escuelas han aumentado la matrícula y las cuotas para compensar la brecha.
En lugar de intervenir para responsabilizar a los estados, o para pagar más y mantener los costos razonables, el Gobierno federal optó por una tercera opción: empujar a las familias que no pueden costear los precios escandalosos de la educación superior a pedir préstamos, señaló.
Datos difundidos en febrero pasado arrojan que 44 millones de estadounidenses tienen algún tipo de deuda estudiantil, la cual alcanza 1,5 billones (millones de millones) de dólares a nivel nacional.
El dinero recolectado será utilizado para financiar proyectos en comunidades donde viven los descendientes de los esclavos que la institución educativa vendió en 1838.
Estudiantes de la Universidad de Georgetown, ubicada en Washington, capital de EstadosUnidos (EE.UU.), decidieron crear un fondo para compensar a los descendientes de esclavos que fueron vendidos por el recinto escolar en 1838.
Tras votación, los alumnos acordaron aportar una cuota de 27.20 dólares por semestre en memoria de los 272 esclavos vendidos por la Universidad de Georgetown en el año 1838 para evitar la bancarrota.
El dinero recolectado, que se estima supere los 400 mil dólares, será destinado a financiar proyectos en comunidades donde viven los descendientes de los esclavos.
“No podemos eliminar el precontexto histórico de nuestro contexto actual. La calidad de vida de estas personas que fueron utilizadas como objetos y equipamiento para nuestra universidad puede vincularse directamente con las decisiones que tomó nuestro profesorado de Georgetown en la época”, dijo una de las impulsoras de la idea, Nile Blass.
La estudiante Amalia Rubin señaló por su parte que “hoy más que nunca me siento orgullosa de ser estudiante de Georgetown. Como parte de nuestra tradición jesuita, es importante responsabilizarnos de nuestro pasado”.
En 2016, el centro de estudios, como una manera de expiar su pasado, decidió dar preferencia en la admisión a los descendientes de sus antiguos esclavos.
América del sur/Bolivia/18 Abril 2019/Fuente: Prensa Latina
El presidente boliviano, Evo Morales, entregó hoy de manera simbólica laboratorios de física, química y biología, además de material de geografía a mil 800 unidades educativas del nivel secundario.
Nuestro deseo es que las más de cuatro mil unidades educativas de donde salen bachilleres tengan su laboratorio, esa es nuestra meta, declaró el mandatario en un acto que se realizó aquí en la Casa Grande del Pueblo, sede de Gobierno.
Según información del Ministerio de Comunicación, para la adquisición de esos laboratorios se invirtieron 98,7 millones de bolivianos (14.1 millones de dólares) ejecutados por el Ministerio de Educación.
Estos recursos fortalecerán la formación de los estudiantes de secundaria de colegios fiscales y de convenio de los nueve departamentos, y permitirán desarrollar un aprendizaje práctico y experimental para tener bachilleres con preparación en diferentes ramas.
Es la primera vez en la historia de Bolivia que un Gobierno garantiza el equipamiento de laboratorios, los estudiantes deben tener un mayor compromiso en su formación para garantizar la liberación tecnológica en el país. Nuestra gran responsabilidad es liberarnos en la parte tecnológica y para eso necesitamos grandes científicos, manifestó.
Morales pidió a las alcaldías del país priorizar la construcción de ambientes para laboratorios y su equipamiento correspondiente, y no descartó gestionar a futuro el equipamiento de talleres.
El mandatario informó que también se entregarán manuales de laboratorio a maestros de las unidades educativas beneficiadas, y anunció que próximamente se completará la entrega de computadoras portátiles a profesores urbanos y rurales.
Un estudio ha demostrado que las políticas educativas «inclusivas» que ayudan a los estudiantes de la clase trabajadora a acceder a la educación superior, como reducir el costo de la educación privada y aumentar la admisión de las universidades para que más estudiantes puedan asistir, ayuda a reducir la ‘brecha de felicidad’ entre ricos y pobres.
Los científicos demuestran que cuanto más educadas están las personas, más felices tienden a ser, y, desafortunadamente, también es cierto que los niños de entornos ricos y privilegiados tienden a registrar mejores resultados en la escuela y tienen más probabilidades de ir a la universidad que los niños de los más pobres de la clase trabajadora. Esto significa que para cuando llegan a la edad adulta, existe una gran «brecha de felicidad» entre los niños de clase media y sus compañeros de entornos desfavorecidos.
Sin embargo, este nuevo estudio, realizado por expertos de la Universidad de Umea, en Suecia, publicado en el ‘British Journal of Sociology of Education’, muestra que esto no tiene por qué ser así, y que el vínculo entre clase social y la felicidad puede ser moderado gracias a políticas educativas que ofrezcan más oportunidades a los niños desfavorecidos.
Estos investigadores utilizaron la ‘European Social Survey’, una encuesta a escala europea realizada cada dos años desde 2002, para calcular la satisfacción con la vida y la felicidad de casi 15.000 personas de 18 a 29 años de un total de 25 países. Luego, analizaron el impacto de cuatro políticas educativas diferentes sobre el bienestar de los ciudadanos.
Estas incluían la transmisión o el seguimiento de los niños según la capacidad a una edad temprana; proporcionando educación de bajo costo para todos; permitiendo a las universidades aumentar su número de plazas para que puedan asistir más jóvenes; y darles a los estudiantes una segunda oportunidad de ir a la universidad si no obtenían las calificaciones correctas.
REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE LA FELICIDAD ENTRE CLASES SOCIALES
Los resultados mostraron que, como se esperaba, los jóvenes de entornos sociales privilegiados estaban más satisfechos con su vida que los de entornos desfavorecidos. Sin embargo, el tamaño de esta disparidad cambió por los tipos de políticas educativas adoptadas por los países europeos.
Por ejemplo, en los países que demoraron la práctica de ubicar a los estudiantes con otros con habilidades o necesidades similares, como en clases o en grupos dentro de una clase (transmisión), o el seguimiento de los niños según su capacidad hasta una edad posterior, hubo una diferencia insignificante en la satisfacción con la vida entre las diferentes clases sociales.
«La edad en la que se transmitió a los niños no tuvo ningún efecto sobre el bienestar de los estudiantes de clase media, sin embargo, los niños de entornos empobrecidos fueron significativamente más felices cuando se retrasó esta práctica», dice Björn Högberg de la Universidad de Umea, quien dirigió el estudio.
Las personas de entornos desfavorecidos también eran más felices en países donde el costo promedio de la educación era bajo, donde las universidades aumentaban el tamaño de sus matrículas y cuando las universidades permitían segundas oportunidades.
La brecha en la felicidad entre las clases sociales fue mayor en Hungría y Bulgaria, donde los niños a una edad muy temprana se agrupan con otros con habilidades o necesidades similares y existen oportunidades limitadas de una segunda oportunidad para que los estudiantes asistan a la universidad. Reino Unido y Alemania también tenían importantes «brechas de felicidad», que en Reino Unido se debían a los altos costos de la educación privada y los bajos niveles de inscripción de las universidades británicas.
Por otra parte, Dinamarca, era uno de los países más iguales en términos de la felicidad de sus ciudadanos. También tenía las políticas educativas más inclusivas: hacer un seguimiento de los alumnos a una edad más avanzada, brindar educación privada a bajo costo y brindar a los niños oportunidades generosas de segunda oportunidad para ir a la universidad.
«Entre los países más ricos de Europa occidental, aquellos con sistemas educativos más inclusivos, como Dinamarca, registraban diferencias sociales más pequeñas (de hecho, en absoluto, en promedio) que los países igualmente ricos, pero menos inclusivos, como Reino Unido o Alemania», dice Högberg.
El estudio sugiere que los gobiernos y otros formuladores de políticas deben considerar el impacto más amplio de sus políticas educativas en la sociedad. «Las escuelas tienen el potencial de presentar un gran impacto en los niños y los jóvenes y en sus oportunidades de vida, pero un enfoque limitado en los resultados académicos, como los resultados de las pruebas, proporciona solo una imagen incompleta de las consecuencias de las políticas educativas», señala Högberg.
Y concluye: «Recomendaría que la política educativa, especialmente en los niveles más altos, se diseñe de manera que la oportunidad de acceder a la educación, si se quiere, se maximice, ya sea a través de medidas institucionales, como la ampliación del acceso para los estudiantes más pobres, o mediante medidas financieras, como bajar las tasas de los estudiantes».
En un gaztetxe de Vizcaya convertido en centro de acogida se reúnen siete inmigrantes con un grupo de jóvenes de Saint Louis de visita en España y les explican la dura realidad de la migración
Una señora mayor cruza el puente que pasa por encima de la carretera BI-625 a la altura de Mariartu, uno de los barrios de la localidad vizcaína de Arrigorriaga, a seis kilómetros de Bilbao. Cuando llega al otro extremo, se dirige con paso resuelto hacia un viejo caserón de seis plantas cuya fachada da a la carretera y de aspecto un tanto abandonado. Llama a la puerta. Abre un hombre joven.
—Buenos días, vivo en el edificio de enfrente y he visto que se te ha caído la ropa que tenías tendida. Solo venía para avisarte —dice la señora.
—Ah, no teníamos idea. Pues muchas gracias, ahora mismo la recogemos —contesta el chico.
Sin más ceremonia, se despiden y la mujer se marcha por el mismo camino por el que llegó.
Esta escena es la que describe la voluntaria de 22 años Ane Arnáiz para dar un ejemplo de la buena relación que se está estableciendo entre los habitantes de Arrigorriaga y sus recién llegados vecinos: un grupo de siete varones inmigrantes que alcanzaron Euskadi en el verano de 2018. Procedentes de Costa de Marfil y Senegal, y ninguno mayor de 30 años, cuando por fin entraron en España no tenían dónde cobijarse. Si hoy cuentan con un techo sobre sus cabezas es gracias a la organización Bienvenidos Refugiados Arrigorriaga y a los vecinos de este municipio vasco a orillas del Nervión, de no más de 12.000 habitantes.
«En junio empezamos a ver que llegaban muchos autobuses provenientes de Andalucía; les soltaban en Bilbao y ellos no sabían ni dónde estaban, pensaban que habían llegado ya a Francia» cuenta Peio Molinuevo, voluntario de 23 años, sobre la llegada de docenas de personas migrantes a principios del último verano.
Los interlocutores son un grupo de siete estudiantes procedentes de Senegal que durante una semana ha visitado Bilbao y los alrededores. Su viaje está enmarcado dentro de los proyectos de educación para la transformación social de la organización de desarrollo educativo Hahatay. Una de las actividades previstas en la agenda de estos viajeros es conocer y conversar con otros chicos que decidieron emigrar de manera irregular con el fin de que conozcan la realidad que se esconde tras esa idea de que Europa es el Eldorado.
«Me llamó la atención ver a gente durmiendo en la calle los días que llovió, incluso mujeres con sus hijos, porque las instituciones no los acogían«. Tanto ese voluntario como Ousmane, uno de los costamarfileños residentes en Arrigorriaga, narran que los albergues de la Cruz Roja se saturaron y muchos se quedaron fuera y las instituciones públicas tampoco dieron ninguna solución. Este fue el precedente del proyecto que ha logrado que los jóvenes subsaharianos en situación irregular tengan un lugar donde vivir.
Molinuevo es miembro del colectivo Arrigorriaga Harrera Herria (Arrigorriaga País de Bienvenida), formado por personas pertenecientes al centro social juvenil de Arrigorriaga y la plataforma ciudadana Ongi etorri Errefuxiatuak (Bienvenidos Refugiados) de la misma localidad. Durante la reunión cuenta cómo supieron de la situación de tantas personas en Bilbao. Al mismo tiempo, supieron que en Irún, en la frontera con Francia, se habían habilitado gaztetxes —centros sociales juveniles de País Vasco, a veces okupados y a veces cedidos por las instituciones públicas— como espacios de acogida. Sus compañeros y él, que llevan un año escaso adecuando un antiguo frontón para usar como gaztetxe, decidieron imitar el modelo.
«Vimos que había posibilidades porque este sitio es muy grande y se podía preparar una casa. Había muchas ganas de poder llevar este proyecto a cabo, y cuando se hizo público en el pueblo, además de las asociaciones también se sumó mucha gente a título personal», relata. «La gente del pueblo y los comercios han tenido una actitud muy positiva; en la primera semana vinieron muchos voluntarios para traer ropa que tenían en casa, y los comercios siempre estaban dispuestos a dar lo que tenían», insiste la joven. «Todo lo que se ha conseguido es por las ganas de la gente de ayudar y aportar», añade su compañera.
El gaztetxe de Arrigorriaga es un caserón grande, con espacio de sobra para muchas personas. Algunas salas aún están descuidadas, pero las estancias que ya se han arreglado poseen todo lo necesario. La cocina es acogedora y cuenta con una mesa grande para sentar a muchas personas a su alrededor. En los fuegos, un caldero borbotea lo que parece un guiso con verduras. A la derecha de la entrada se ha adecuado un pequeño saloncito, y en el piso superior, una habitación más amplia, con sillones, sofás y cortinas de colores, acoge esta reunión de africanos y vascos; de emigrantes, inmigrantes, voluntarios y viajeros. La charla se desarrolla en tres idiomas: wolof, francés y castellano. Entre la veintena de asistentes siempre hay alguien que puede traducir de un idioma a otro, asi que la conversación se desarrolla con fluidez.
A la izquierda, Ma Ndiaye, emigrante procedente de Senegal, cuenta su experiencia a Aboubacar y a Ndieye.L. H.
No es fácil contar la historia
Pronto, los visitantes senegaleses piden hacer preguntas. En concreto, quieren que los inquilinos de la casa cuenten lo que ha sido su periplo. Ousmane, cruzado de brazos y semi recostado en un sillón, toma la iniciativa, aunque las palabras cuestan en salir. Que viajó de Costa de Marfil a Nador, en Marruecos, que de ahí realizó una travesía en patera hasta Motril, en Granada, y de ahí llegó a Bilbao en autobús…
«Sabemos que no es fácil contar la historia», le dice otro de los presentes, Mamadou Dia. Dia es el fundador de Hahatay, y antes que eso fue uno de tantos migrantes senegaleses que llegó a España en cayuco en 2006; uno de los tantos que vivió penurias de toda clase hasta que logró salir adelante, y uno de los pocos que decidió que en casa se estaba como en ningún sitio y regresó a Senegal. Hoy trabaja desde su propio pueblo, Gandiol, a orillas del Atlántico, para que las generaciones venideras como las que ha llevado de visita a Bilbao comprendan que migrar es un derecho, pero que hay que estar informado sobre lo que hay al otro lado.
Cuenta Mamadou brevemente su periplo desde Gandiol a Tenerife y eso imbuye confianza en Ousmane.»Cuando llegamos eran las seis y media de la mañana, no sabíamos dónde ir así que decidimos coger un bus a Bilbao», dice el costamarfileño. «Conocimos a un chico camerunés y nos acompañó a la Cruz Roja, pero nos dijeron que el albergue estaba saturado y esa noche dormimos en la calle», relata. Los siguientes días fueron de lugar en lugar hasta que dieron con los voluntarios de Arrigorriaga… O al revés.
«No tengáis vergüenza por hablar de lo que os ha pasado. Aunque yo particularmente no lo he vivido, sí conozco a muchos que lo han hecho y estaría bien que la gente no se sintiera mal por contar lo que les ha tocado vivir», anima Cheikh, otro de los visitantes. Y otra más levanta la mano a continuación. Es Ndeye Fatu y quiere preguntar por su experiencia a Ma Ndiaye, el único senegalés acogido en el gaztetxe y el más joven también. «Soy pescador en Senegal, el viaje fue muy pesado», comienza. «Éramos cuatro amigos y cuando íbamos en la patera se les empezó a ir la cabeza a los demás. Como yo era el único pescador, empecé a tranquilizarlos. Uno de ellos decía que nos íbamos a morir y lo creímos hasta que nos alcanzó la Cruz Roja. Al final todo bien», concluye.
—Después de todo el recorrido que has hecho, si te llamara un hermano y te pidiera que volvieses, ¿tú qué dirías? —inquiere Ndeye.
—A mis hermanos no les diría que no, pero si tuviese que regresar a Senegal luego no volvería a hacer todo el camino después de lo que he vivido —reconoce el pescador.
El estilo de vida occidental
Otra de las inquietudes que surgen es por un comentario de Ndiaye al principio de su relato, pues cuenta que pidió ayuda a un familiar que reside en España desde hace 10 años y este se negó a acogerle a pesar de que anteriormente le había ofrecido su apoyo cuando se animar a cruzar el Estrecho. «Cuando le llamé me dijo que no quería saber nada. Se desentendió», lamenta.
En opinión de Mamadou Dia, que ha vivido en España más de diez años, los africanos que viven en Europa acaban adoptando el estilo de vida individualista de Occidente. «La gente aquí adopta la costumbre de decidir por uno mismo y no hacerse cargo de nadie; se deshacen bastante de las responsabilidades y la solidaridad, pierden esos valores», opina Dia.
Una de las últimas reflexiones es la de Aboubacar Diop, hermano de uno de los estudiantes senegaleses y residente en España desde hace 14 años. Piensa que quienes emigran no quieren que sus parientes sepan la verdad. «Los emigrantes muchas veces no cuentan la realidad en la que viven. Por teléfono y por Facebook cuentan que están súper bien, pero cuando saben que esa persona con quien hablaban está en España y va a conocer cómo es su vida real, cierran totalmente la cortina».
Imagen tomada de: https://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2019/04/05/planeta_futuro/1554475826_104113_1554477114_noticia_normal.jpg
Los jóvenes rohinyás refugiados en Bangladesh enfrentan mayores dificultades desde que el gobierno de ese país adoptó nuevas medidas para impedir su acceso a la educación, con lo que quedan limitadas desde temprano sus oportunidades en el futuro.
Desde enero, el gobierno de Bangladesh ordenó la expulsión de los niños refugiados rohinyá de las escuelas, una decisión que ha provocado la protesta de los grupos de derechos humanos.
“La política del gobierno de Bangladesh de rastrear y expulsar a los estudiantes refugiados rohinyás en lugar de garantizar su derecho a la educación es errónea, trágica e ilegal… La educación es un derecho humano básico”, dijo el investigador principal de derechos humanos de Human Rights Watch (HRW), Bill Van Esveld.
“Si la educación es para todos, la educación debería ser para los rohinyás también”, dijo a HRW un estudiante expulsado de esa etnia musulmana procedente de Birmania (Myanmar).
Los estudiantes expulsados son parte de los 34.000 refugiados rohinyás registrados que viven en campamentos en los sub-distritos de Teknaf y Ukhiya en Cox’s Bazar. De hecho, la mayoría nacieron en Bangladesh después de que sus familias huyeron de la vecina Birmania a principios de los años 90.
Sin embargo, la mayoría de los niños rohinyás, incluidos los nacidos en Bangladesh, no son reconocidos formalmente como refugiados y no se les permite inscribirse en las escuelas de ese país del sur de Asia.
Para soslayar la prohibición, las familias rohinyás a menudo pagaban certificados de nacimiento como bangladeshíes u otros documentos para que sus hijos pudieran asistir a la escuela.
Un estudiante dijo que su familia ahorró durante meses para pagar el equivalente a 42 dólares a fin de comprar un certificado de nacimiento de Bangladesh para que él pudiera pasar como ciudadano del país.
Otro estudiante fingió que sus padres estaban muertos para evitar incluir la dirección de su campamento de refugiados en la solicitud de su escuela.
En enero, los funcionarios notificaron a los directores de siete escuelas secundarias en Teknaf y a un funcionario del gobierno en Ukhiya que los alertó sobre el aumento en la asistencia escolar de los niños rohinyás y calificó como “representantes públicos deshonestos” a aquellos que les habían ayudado a adquirir documentos para soslayar la prohibición de escolarizarse.
“Las agencias de inteligencia de la Oficina del Primer Ministro nos informaron que los niños rohinyás asisten a diferentes instituciones educativas en el sub-distrito de Teknaf. Se ordena … tomar medidas estrictas para que ningún niño rohinyá pueda asistir a ninguna institución educativa de Bangladesh fuera de los campamentos”, decía el aviso de alerta.
Si bien no está claro cuántos rohinyá fueron expulsados desde que se envió el aviso, la notificación incluía los nombres y direcciones de al menos 44 estudiantes rohinyás identificados, con la orden de expulsión inmediata de los centros escolares.
Adicionalmente, en el documento se exigía que se identificase cualquier otro miembro de la etnia y se procediese igualmente.
El fundador de una escuela secundaria dijo que los funcionarios de inteligencia le advirtieron que tener estudiantes rohinyás “no era seguro para el país, ni para nuestra gente”.
Van Esveld criticó la medida y dijo: “La solución para los niños que se sienten obligados a falsificar sus identidades para ir a la escuela secundaria no es expulsarlos sino permitirles que obtengan la educación que merecen”.
Mohammed fue uno de los estudiantes que contó a HRW como fue el día de su expulsión.
“(El director) dijo que si había un rohinyá, el Ministerio de Educación cancelaría la licencia para operar de la escuela”, explicó.
“Cuando se leyó el aviso, el director aseguró: ‘Sé quiénes son todos los rohinyá. No lo dudes, deja tus libros e identificaciones aquí y vete. En la clase, frente a los estudiantes bangladesíes, nos separaron y nos dijeron que nos fuéramos “, añadió.
Rahim, otro alumno, estaba en la clase de inglés cuando llegó un subdirector y les pidió a los estudiantes rohinyás que se fueran.
“Fui a un lugar reservado y lloré. Mi objetivo era ser médico. ¿Qué debo hacer ahora?”, se preguntó.
Dentro de los campamentos de refugiados hay algunas escuelas, no están acreditadas formalmente y solo llegan hasta el octavo grado de primaria y carecen de cursos de educación media.
Los niños refugiados en escuelas de campamento también tienen prohibido tomar exámenes nacionales o recibir certificaciones oficiales que indiquen que aprobaron algún nivel de educación.
Sin la educación formal, los niños rohinyá no pueden demostrar su nivel de educación y tampoco postularse para el ingreso a las universidades.
HRW instó a Bangladesh a detener la expulsión de estudiantes rohinyás de los centros escolares y a garantizar que todos los niños puedan recibir una educación formal.
En abril de 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas también expresó preocupación por la falta de acceso de los rohinyás a la educación e instó a Bangladesh a que incorporase plenamente a su derecho interno el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que el país es parte.
Ese Pacto incluye la importancia de los derechos de los niños en todos los niveles de educación, independientemente de su estatus migratorio o de refugiado.
“Mientras los niños refugiados rohinyás no puedan obtener una educación formal en los campamentos, Bangladesh debería permitirles inscribirse en las escuelas locales”, dijo Van Esveld.
“El gobierno debería dejar de frustrar el derecho de los estudiantes rohinyás a aprender”, insistió.
Los centros de educación superior deben ofrecer más y mejores cursos de arte para que la comunidad estudiantil obtenga créditos obligatorios en esta disciplina y pueda graduarse.
Para ofrecer más oportunidades a los futuros profesionales chinos, el Ministerio de Educación de China, implementó la obligatoriedad de los cursos de arte para los estudiantes universitarios del país.
La moción forma parte de una serie de medidas para establecer un sistema educativo artístico socialista con miras a consolidarse el año 2035, que permita profesionales y universitarios con características diversificadas y de alta calidad.
De acuerdo con el documento de la instancia gubernamental, las universidades deben contar con maestros calificados en el arte, a fin de promover la cultura tradicional del país, por lo que el ministerio hizo un llamado para sumar esfuerzos que optimicen la incorporación de los estudiantes dentro del arte y así contribuir al desarrollo regional y nacional del gigante asiático. Asimismo, los centros de educación superior deben ofrecer más y mejores cursos de arte.
Para el año 2022, China prevé tener centros educativos con mejores instalaciones para la educación artística, en aras de cultivar nuevos talentos. Para esto, el Gobierno solicitó al gremio de profesores mejorar los criterios al momento de evaluar a los estudiantes universitarios.
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