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José Luis Murillo: “Hemos heredado un sistema educativo pensado para obedecer y estandarizar”

Laura Román

Por: Laura Román

José Luis Murillo es un maestro rural jubilado. Durante más de 20 años lideró un proyecto de innovación educativa con metodologías activas en el que no utilizó ni libros de texto, ni exámenes, ni deberes o notas.

José Luis Murillo ha sido maestro rural durante 37 años y 23 de ellos los ha pasado en la escuela de Sahún, un pequeño municipio aragonés enclavado en el valle de Benasque, en Huesca. En junio de 2019, el Gobierno de Aragón entregó el Premio de Innovación en la Escuela Rural a este centro, en el que se lleva a cabo un proyecto de innovación teniendo como base las metodologías activas, además de otros aspectos como el respeto por los ritmos de aprendizaje, agrupación de los estudiantes por niveles y no por edades, horarios por bloques de actividades (y no por materias y áreas)… y todo ello sin libros de texto.

Todos estos elementos protagonizan su libro ‘Metodologías activas. Recursos para el aula (o qué podemos hacer en el cole sin libros de texto, asignaturas, deberes, exámenes ni notas)’ a modo de recursos para los docentes. En él explica diferentes actividades en las que ni las materias, los libros de texto, los deberes, los exámenes ni las notas tienen especial relevancia, y que ha podido aplicar en el entorno rural debido a las circunstancias que lo rodean: ratios bajas, educación más personalizada, mayor proximidad y participación de la comunidad educativa y del propio territorio…

No obstante, el maestro señala que no es fácil aplicar las metodologías activas de esta forma ya que, como asegura, “hemos heredado un sistema educativo nacido en el siglo XVIII y pensado para obedecer, estandarizar y seleccionar a través de una metodología tradicional y la mera transmisión de conocimientos”. Y en esas,  considera, que aún sigue la comunidad educativa en su conjunto.

Pregunta: ¿Qué es lo que se puede hacer en el cole sin libros de texto, asignaturas, deberes, exámenes ni notas?

Respuesta: Convivir, disfrutar, compartir aprendizajes, crecer con menor sufrimiento, cuidar y cuidarnos, respetar ritmos y estilos de aprendizaje… y ayudar a que nuestros estudiantes adquieran herramientas emocionales, intelectuales y sociales para el día a día y para vivir en la sociedad actual.

Educación metodologías activas

P: ¿Por qué cree que siguen teniendo tanto peso en el aula todos estos elementos?

R: Hemos heredado un sistema educativo nacido en el siglo XVIII (para aquella sociedad) y pensado para obedecer, estandarizar y seleccionar a través de una metodología tradicional y la mera transmisión de conocimientos.

Hubo un momento de transformación a comienzos del siglo XX con un nuevo paradigma educativo de la mano de los movimientos de renovación pedagógica, de los que fuimos vanguardia mundial en aquel tiempo, pero con el Franquismo volvimos a ese sistema educativo y a ese paradigma tradicional.

Es el marco mental desde el que la administración continúa legislando y actuando (formación del profesorado, oposiciones, inspección, currículo enciclopédico, sistema de evaluación desde una visión propedéutica, centros sin autonomía…); y al profesorado, del que al final depende lo que ocurre en el aula, ante su responsabilidad y ante las demandas de las familias y de esa administración, todos esos elementos le dan seguridad por la inercia de lo que ha vivido y conoce, en lo que le han formado y de lo que se encuentra al comenzar su andadura: metodologías tradicionales, incluso en la incorporación de las actuales Tecnologías Digitales (TEDIs), y fetichismo por los recursos materiales.

Niños en colegio metodologías activas

P: Usted ha sido maestro rural durante 37 años. ¿Cuáles son los principales éxitos y fracasos de la escuela rural?

R: El principal éxito de las escuelas rurales que trabajan con buenas prácticas podría ser el de garantizar la equidad educativa, el derecho de esos estudiantes a una educación de calidad, contribuyendo a mantener vivos los pueblos y los territorios rurales; y el principal fracaso, quizás, su invisibilidad incluso en la formación del profesorado que, en general, no las contempla.

P: Su libro está estructurado a modo de ‘recetas’ o fichas básicas en las que propone distintos recursos que, como señala en la introducción del manual, han funcionado en las escuelas rurales donde las metodologías tradicionales naufragan. ¿Por qué?

R: En las escuelas rurales nos encontramos con aulas multigrado (en las que conviven alumnos de diferentes niveles), ratios bajas, educación más personalizada, mayor proximidad y participación de la comunidad educativa y del territorio… y todo eso dificulta enormemente la finalidad de las metodologías tradicionales a la hora de inculcar obediencia, estandarizar, seleccionar a las niñas y niños, transmitir conocimientos, y de cerrar los muros del aula.

«Esa mirada diferente de valorar lo emocional y lo social es incompatible con el paradigma de la educación y la escuela tradicional»

P: ¿Qué es lo que aportan las metodologías activas a la educación actual? ¿Cómo influirán en el futuro educativo?

R: Aportan la posibilidad de recuperar el protagonismo de las niñas y niños en los procesos de aprendizaje; de que la educación y la escuela se adapten a ellos reduciendo el fracaso de nuestro sistema educativo; y de facilitar los aprendizajes para las nuevas necesidades que la actual sociedad digital y líquida plantea: autonomía, fluidez, capacidad crítica, creatividad, colaboración y cooperación, trabajo en equipo…

Las metodologías activas también influyen positivamente y son imprescindibles para lo que propone Jacques Delors en ‘Los cuatro pilares de la educación’ para el futuro: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser.

«El principal éxito de las escuelas rurales que trabajan con buenas prácticas es garantizar la equidad educativa, el derecho de esos estudiantes a una educación de calidad»

P: La asamblea en clase, el diálogo de la mañana, el juego libre, el huerto escolar… En todos estos recursos la educación emocional y la social tienen especial relevancia. ¿Cree que se valoran estas formas de educación en la actualidad?

R: Depende. Si se usan metodologías activas de verdad sí, pero si se continúa con metodologías y planteamientos tradicionales simplemente cambiando los nombres, o maquillándolos con pantallas, redes y pizarras digitales no, ya que esa mirada diferente de valorar lo emocional y lo social es incompatible con el paradigma de la educación y la escuela tradicional.

Niños colegio

P: ¿Qué es lo que falta en el ámbito educativo actual?

R: Lo primero, pararse: salir del marco mental de la educación tradicional para ponernos al día; escuchar a las protagonistas de los procesos educativos (estudiantes, docentes, familias) que están en las aulas; reflexionar sobre qué educación y qué escuela queremos y para qué la queremos como sociedad, priorizando el desarrollo de las niñas y niños y no el del mercado; planificar consensuadamente y con acuerdos como avanzamos hacia ella dejando de lado los partidismos; evaluar los procesos y los resultados permanentemente e introducir mejoras planificadas y sostenibles sin despilfarrar recursos con parches coyunturales o con titulares de prensa vacíos… y, sobre todo, tener en cuenta y cuidar a las personas.

Fuente e Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/metodologias-activas-sistema-educativo/

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Evaluación de las habilidades para comunicarse de forma escrita

Autores Varios

Por: Tania L. Jaramillo Reyes y Salvador Saulés Estrada

La importancia de la escritura radica en su inevitable uso en la vida cotidiana, laboral, social y académica. Por eso es necesario evaluarla.

Este artículo se publicó originalmente en la Revista Ceneval Investiga, en el número 3 | 2021.
Autores: Tania L. Jaramillo Reyes y Salvador Saulés Estrada
Subdirección de Exámenes Transversales, Ceneval

La escritura es una de las tecnologías más avanzadas que ha desarrollado el ser humano. Los elementos que se involucran al redactar un texto abarcan habilidades socioculturales y cognitivas que, al fortalecerse adecuadamente, propician una comunicación exitosa con los lectores.

En el Ceneval se han generado pruebas que miden el nivel de competencia y las habilidades para comunicarse por escrito. Las evidencias se recaban, por ejemplo, de forma indirecta a partir de respuestas a reactivos de opción múltiple. Tal es el caso del área de redacción de los EXANI, los DOMINA-BACH, o el EGEL Plus. En estas pruebas, los sustentantes seleccionan fragmentos textuales a partir de ciertos criterios determinados. No obstante, también se puede recabar evidencia de forma directa acerca de la habilidad que posee un sustentante para redactar. Un ejemplo de ello es el Examen de Expresión Escrita en Español, conocido como EXPRESE.

El Ceneval ha elaborado dos materiales que sustentan este examen: el Marco teórico y la Guía para el Sinodal. Buena parte de la información incluida en este artículo procede de estas dos importantes fuentes.

Expresión escrita: tipologías y discursos

Aunque los textos son fenómenos lingüísticos que pueden adquirir múltiples formas, como aquellos que se han adaptado a los tiempos de las tecnologías de la información para comunicarse de forma inmediata (correo electrónico, mensaje de texto, tuit o publicación de Facebook), en los que la redacción suele ser sencilla, con rasgos espontáneos cercanos a la oralidad o producto de decisiones inmediatas, también existen otros textos con mayor formalidad que pueden ser agrupados por sus características de acuerdo con sus objetivos o funcionalidades. Tanto los textos inmediatos como los más formales pueden ser organizados a partir de su tipología textual; algunas teorías proponen cinco tipos: narrativo, descriptivo, argumentativo, explicativo y conversacional.[1]

La escritura se complejiza desde otra perspectiva cuando se elige un tipo de discurso. Desde el enfoque sociolingüístico, un escrito como acto social tiene el propósito de comunicar, por lo que se adapta al contexto y al público al que va dirigido el mensaje. No se trata sólo de los conocimientos sintácticos y semánticos que permiten organizar ideas y dar una estructura, sino de la elección y dominio del discurso que deseamos emplear, sea para dar sustento a una tesis, crear una descripción detallada en el interior de una historia o dar a conocer una noticia.

Al elaborar un escrito, la persona debe plantearse una “etnografía de la escritura”. En 1996, Grabe y Kaplan propusieron un modelo desde una perspectiva que comprende a la escritura como una manifestación con características específicas y no como la derivación de la lengua hablada. Este modelo en términos generales se basa en las preguntas siguientes,[2] que sirven como guía al acto comunicativo escrito: ¿quién escribe qué?, ¿a quién?, ¿para qué propósito?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo?

En este sentido, Salvador Mata considera que “la expresión escrita representa el más alto nivel del aprendizaje lingüístico, por cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes relacionados con todas las habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y se ponen en funcionamiento todas las dimensiones del sistema lingüístico (fonológica, morfo-sintáctica, léxico-semántica y pragmática)”.

¿Cómo se logra la habilidad para escribir?

Una de las mayores aportaciones para comprender el desarrollo de las habilidades para expresarse de forma escrita fue el modelo de Hayes y Flower. En este modelo se tratan los componentes, no sólo internos sino externos, que influyen en quien escribe: “la memoria a largo plazo que incluye tres tipos de áreas de conocimiento, tema general del texto, el acto comunicativo y el conocimiento lingüístico vinculado a la producción textual, y finalmente, el proceso general de composición escrita, compuesto por los tres procesos básicos de planificación, traducción y revisión, dirigidos por un cuarto proceso de control, la monitorización, cuyo objetivo es regular la secuencia recursiva de la composición escrita”.[3]

A partir de este modelo surgieron otros, como el de los ya citados Grabe y Kaplan, quienes enriquecieron la idea de que la escritura es un acto comunicativo compuesto por dos principales bloques: los procesos cognitivos de la o el escritor y el contexto de la persona.

Para estos autores, en los aspectos externos se encuentra el conjunto que conforma el contexto: una situación que contiene un escenario, una tarea, un texto y un tema, a partir de lo cual se generará un texto, según el desempeño. El componente interno o “memoria verbal de trabajo”, por su parte, está “integrado por el establecimiento de metas, el procesamiento verbal y la producción del procesamiento […]. El establecimiento de metas activa el procesamiento verbal, el cual se compone de la competencia del lenguaje, el conocimiento de mundo y el ensamble del procesamiento en línea. Los dos primeros elementos son parte de la memoria a largo plazo, requerida para el procesamiento de la tarea”.[4]

Existen asimismo enfoques relacionados directamente con la forma en que se adquiere la habilidad de la escritura en los sistemas escolares, como el Modelo General de Discurso escrito de Anneli Vähäpassi (1988), el cual postula que existen al menos tres habilidades principales involucradas en la expresión escrita vinculadas a un tipo de discurso:

  1. Discurso documental: cuando sólo se reproduce, pues “el escritor registra material con poca o nula modificación (copiar, tomar nota, dar respuestas cortas a preguntas en libros de texto)”. Esta movilización de información se encuentra en un primer nivel de complejidad.

  2. Discurso reporteril: se refleja al organizar cierta información, como “fenómenos, conceptos o estados mentales ya conocidos”. Incluye el discurso narrativo, el descriptivo y el explicativo, los cuales tienen un nivel dos de complejidad, en cuanto a habilidades cognitivas involucradas.

  3. Discurso exploratorio: se inventa o genera nueva información, como “conceptos, estados mentales o fenómenos nuevos o alternativos”. Este nivel, el más complejo, se observa en un texto argumentativo o literario.

Estos niveles no funcionan de manera aislada; pueden estar los tres en un mismo texto, por ejemplo, en un ensayo argumentativo; puede haber reproducción textual de información al hacer una cita, describir un hecho o situación para ejemplificar un concepto y la aportación de nueva terminología para referirse a una nueva perspectiva.4

¿Cómo saber cuál es la habilidad que una persona posee para comunicarse por escrito?

Con base en el marco anterior, el Ceneval diseñó el EXPRESE con la finalidad de proporcionar información sobre la competencia que posee una persona para expresarse de forma escrita en español, mediante la construcción de un ensayo o texto argumentativo. Esta tipología ha sido considerada por los autores mencionados como el tipo de secuencia textual que proporciona de forma más amplia datos acerca de la competencia escritural de los sustentantes.

Para este instrumento, la expresión escrita es definida como aquella capacidad que permite al individuo elaborar un ensayo o texto argumentativo que utilice un lenguaje adecuado y apropiado a un tema o propósito determinado, establezca una relación lógica entre sus ideas principales y secundarias, manifieste una postura con razones y ejemplos, distribuya de forma coherente la información de acuerdo con el texto solicitado, utilice de forma adecuada los conectores para relacionar las partes del texto y aplique adecuadamente las normas ortográficas.

El enfoque taxonómico en que se sustenta la prueba parte sobre todo del modelo sociolingüístico de Grabe y Kaplan, el cual propone, como vimos anteriormente, que la comunicación escrita requiere del conocimiento lingüístico (aspectos ortográficos), discursivo (cohesión y coherencia) y sociolingüístico (contexto). Al adaptar esta teoría a los objetivos del instrumento,[5] más que conocimientos, se evalúan tres grandes habilidades:

1. Habilidad sociolingüística. Uso apropiado del lenguaje según el contexto social: usos funcionales de la lengua escrita, parámetros situacionales y de registro (formal). Para evaluar esta habilidad, se consideran los criterios:

  • Adecuación: grado de adaptación del discurso a la situación comunicativa; claridad y propiedad con que el sustentante emplea el lenguaje, según el tema y propósito de la tarea;

  • Organización: relación lógica entre ideas principales y secundarias mediante una estructura organizada del discurso, y

  • Argumentación: forma en que el sustentante manifiesta sus ideas, con una postura clara, acompañada de argumentos y ejemplos.

2. Habilidad discursiva. Estructura del texto, coherencia y cohesión, lo cual permite al lector construir un modelo mental de comprensión. Las evidencias que se recaban en este nivel son el grado en que se establecen las relaciones semánticas y el reconocimiento de temas principales mediante los criterios:

  • Coherencia: distribución de la información en un orden lógico de las ideas y el del tipo de texto solicitado;

  • Cohesión: conjunto de relaciones o vínculos de significado entre distintos elementos o partes del texto.

3. Habilidad lingüística. Se refiere a los elementos básicos de una lengua: código escrito, fonología y morfología, vocabulario, sintaxis. Aunque los criterios lingüísticos que podrían evaluarse son numerosos, la delimitación de este instrumento es relevante y pertinente, al evaluar la correcta aplicación de las normas ortográficas, sintácticas y gramaticales (que no estén cubiertos en la habilidad discursiva), de acentuación y puntuación. El criterio se denomina:

  • Convenciones de la lengua.

Habilidad de la escritura en datos concretos

El ensayo o texto argumentativo del EXPRESE se desarrolla a partir de una tarea dada que implica exponer una opinión o una postura acerca de una temática social, lo cual no requiere de un conocimiento especializado por parte del sustentante.

La calificación se basa en un modelo de evaluación criterial y una rúbrica analítica, de acuerdo con el marco teórico del EXPRESE, gracias a lo cual “se puede obtener un dictamen individual para cada una de las dimensiones que componen el constructo”.[6] Esto resulta útil “si lo que se requiere es dar retroalimentación detallada con un fin específico”.[7] De este modo, gracias a este tipo de rúbrica se puede recabar información de forma global y por cada uno de los seis criterios que se evalúan. Los dictámenes están organizados con base en la siguiente escala de cuatro niveles de desempeño: Insuficiente, Suficiente, Bueno y Notable.

Datos importantes del EXPRESE

  • Comenzará su operación en diciembre del año en curso

  • Puede aplicarse de forma independiente o junto con el proyecto Egresa

Para mayores informes dé clic en la siguiente liga: https://ceneval.edu.mx/examenes-diagnostico-exprese/

Para que la evidencia sobre la competencia comunicativa por escrito sea precisa, el examen es calificado por al menos dos sinodales. Si existen diferencias significativas entre la calificación otorgada por los primeros dos calificadores, se debe realizar una tercera evaluación con un tercer calificador.

La utilidad de estos datos tiene estrecha relación con el tipo de reportes que se generan. En este caso se desprenden reportes individuales e institucionales. Los primeros detallan los criterios mencionados más el puntaje global; en el segundo caso se ofrece una lista con los dictámenes de cada uno de los participantes de una determinada institución.

Un punto por destacar del instrumento EXPRESE es que, dadas sus características de medición por criterios evaluados y por cuatro niveles de desempeño, permitirá ofrecer sugerencias de mejora generales a cada uno de los sustentantes, según los resultados obtenidos. Pocos instrumentos de evaluación presentan estas características de devolución formativa de resultados.

Conclusiones

La importancia de la escritura radica en su inevitable uso en la vida cotidiana, laboral, social y académica. Por eso es necesario evaluarla. Comunicar de manera efectiva implica desarrollar las habilidades necesarias para adecuarse y cumplir el propósito comunicativo. Gracias a la evaluación de las habilidades para comunicarnos de forma escrita en español, se pueden identificar las áreas de oportunidad e implementar técnicas didácticas que permitan un buen desarrollo de dichas habilidades.

“El pensamiento –de acuerdo con la Unidad de Apoyo para Aprendizaje de la UNAM– crea y determina al lenguaje; a su vez, el lenguaje enriquece y revoluciona al pensamiento. De tal forma, ambos mantienen una relación mutua, interdependiente y dinámica. La escritura activa posibilita el desarrollo del pensamiento en funciones como la percepción, la atención y la memoria”, por lo que, si se desarrolla la habilidad de la escritura, se desarrolla el pensamiento y se abren las posibilidades para la adquisición de nuevas competencias para el siglo XXI.

Lecturas recomendadas

Bassols, M. y Torrent, A. M. (1996). Modelos textuales. Teoría y práctica. Eumo Editorial.

Bereiter, C. y Scardamalia, M. (1987). The Psychology of Written Composition. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Ceneval (2015). Marco teórico. Examen de Expresión Escrita en Español. Exprese. Dirección Técnica y de Investigación.

Ceneval (2015a). Guía para el Sinodal. Examen de Expresión Escrita en Español. Exprese. Dirección Técnica y de Investigación.

Grabe, W., y Kaplan, R. (1996). Theory and Practice of Writing. An Applied Linguistic Perspective. Longman.

Rodríguez, C., González. P., Álvarez., L., Cerezo, R., García, J. N., González, J. A., Alvarez, D., Bernardo, A. B., (2010). Un análisis de los modelos teóricos actuales de escritura y su relación con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Papeles del Psicólogo, núm. 2, mayo-agosto, pp. 211-220. Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

Salvador, F. (2021). Habilidad de expresarse por escrito. Docer Argentina. https://docer.com.ar/doc/x01v51v

Unidad de Apoyo para el Aprendizaje (s/f). Pensamiento, lenguaje y escritura. Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia-UNAM. https://proyectos.cuaed.unam.mx/uapa/derecho/pensamiento-lenguaje/

Vähäpassi, A. (1988). The Domain of School Writing and Development of the Writing Tasks. En T. P. Gorman, A. C. Purves y R. E. Degenhart (Eds.), The IEA Study of Written Composition I: The International Writing Tasks and Scoring Scales (pp. 15-39). Pergamon Press

[1] Bassols y Torrent (1996)

[2] Ceneval (2015)

[3] Rodríguez et. al., 2010

[4] Ceneval (2015)

[5] Ceneval, 2015a

[6] Quinlan (2006)

[7] Wilkerson (2012)

Este artículo se publicó originalmente en la Revista Ceneval Investiga, en el número 3 | 2021.
Autores: Tania L. Jaramillo Reyes y Salvador Saulés Estrada
Subdirección de Exámenes Transversales, Ceneval

Fuente de la información e imagen: https://observatorio.tec.mx

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España: La Selectividad se sustituirá por una prueba menos basada en contenidos y parecida a los exámenes de PISA

Noticias

Europa/España/18-02-2022/Autor: IGNACIO ZAFRA/Fuente: elpais.com

El cambio que prepara Educación facilitaría un sistema de acceso a la Universidad más homogéneo en las diferentes comunidades autónomas.

El Ministerio de Educación quiere cambiar la actual Selectividad por una prueba menos basada en contenidos y más parecida a los exámenes del Informe Pisa, con los que la OCDE mide regularmente en decenas de países (79, en 2018) las competencias del alumnado en lectura, matemáticas y ciencias. El objetivo es que la nueva prueba no pida tanto a los alumnos reproducir contenidos como demostrar que saben aplicar los conocimientos que han aprendido a lo largo del Bachillerato, explican a EL PAÍS fuentes que están participando en la revisión del sistema de evaluación. El Gobierno espera tenerla diseñada antes del inicio del próximo curso. El primer paso de Educación ha consistido en recabar información de cómo funciona el acceso a la Universidad en el resto de países europeos.

El ministerio que dirige Pilar Alegría considera necesario el cambio para dar coherencia a la nueva forma de aprender que va a empezar a implantarse en septiembre en todas las etapas educativas, desde Infantil a Bachillerato, basada en competencias. Este modelo, patrocinado por instituciones como la propia OCDE y la Unión Europea, defiende que la meta del sistema educativo no debe consistir tanto en transmitir a los estudiantes grandes cantidades de información y conceptos presentados de forma parcelada, como lograr que los chavales consigan una “comprensión profunda” de las cuestiones y tengan capacidad para “movilizar conocimientos de una forma mucho más interdisciplinar”, en el lenguaje que utiliza el ministerio.

Una prueba más homogénea

El nuevo sistema haría más fácil cumplir uno de los objetivos compartidos por sucesivos responsables del Ministerio de Educación, y que defiende Alegría, de lograr una cierta homogeneización en la Selectividad, una prueba que tiene características diferentes en cada comunidad autónoma, pero cuyos resultados sirven para acceder a todas las universidades públicas del país. La cuestión es especialmente importante ahora porque uno de los efectos de la actual reforma educativa es que la diversidad entre lo que se estudia en unos institutos y otros aumentará. Sucederá debido a la naturaleza de los nuevos currículos (las normas que regulan cómo deben aprenderse y evaluarse las asignaturas) que están elaborando a medias el ministerio y las comunidades autónomas, que dan mucho más margen de maniobra a los docentes, y también por el nuevo reparto de competencias establecido por la ley educativa que entró en vigor hace un año, que deja en manos de colegios e institutos la decisión de fijar una parte de los horarios y contenidos. En Cataluña, la primera en concretar el porcentaje, los centros educativos decidirán a qué se dedica un 20% del horario.

En tal escenario, avanzar en una homogeneización de la Selectividad con el actual sistema de exámenes parece imposible. Pero una Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau) basada en competencias sí permitiría hacerlo. Al fin y al cabo, PISA plantea pruebas similares en países con sistemas educativos y contenidos mucho más diferentes de los que habrá en España.

El diseño concreto de la nueva Selectividad está todavía en sus inicios. En el Ministerio de Educación se ha constituido una comisión para definirla, cuyas conclusiones deberán ser consensuadas con el de Ministerio de Universidades. En el proceso de decisión intervendrá también la conferencia de rectores, la CRUE, el organismo que reúne a los responsables de las 50 universidades públicas y las 26 privadas.

Cómo se hace en Europa

El primer paso que ha dado Educación ha sido recabar la información de cómo está regulado el acceso a la Universidad en 27 países europeos, casi todos pertenecientes a la UE, a cuyas autoridades educativas el ministerio envió un cuestionario a través del foro educativo Eurydice. El ministerio ha elaborado un primer informe en base a sus respuestas, que refleja por ejemplo que en un 71% de los 27 Estados analizados los alumnos realizan algún tipo de prueba al acabar el equivalente a su Bachillerato. Pero solo un 36% de los países utiliza la calificación obtenida en un examen “como criterio para el acceso a la Universidad, de manera exclusiva o junto con otros requisitos”.

Entre los ocho países donde no “existe ninguna prueba externa y estandarizada para el acceso a los estudios universitarios” figuran Alemania, Francia e Italia. Mientras que en algunos Estados, como Finlandia y Estonia, las universidades pueden realizar sus propias pruebas para filtrar al alumnado.

Un dato llamativo es que, según el informe, “en la mayoría de los países con pruebas relacionadas con el acceso a la Universidad”, los estudiantes solo se examinan “de algunas disciplinas” del último curso de Bachillerato. Entre los que realizan pruebas más exhaustivas figuran Polonia y Portugal (aunque en este último caso las pruebas las realizan los propios centros y no se considera una evaluación externa estandarizada). Entre los que se examinan de menos disciplinas se encuentran Austria y Estonia, donde los alumnos solo están obligados a examinarse de su lengua propia, una lengua extranjera y matemáticas. A diferencia de lo que pasa en España, al menos en una docena de países (no todos han respondido a todas las preguntas del cuestionario) parte de los exámenes son orales, sobre todo en lengua extranjera, aunque otros también los utilizan en la prueba de lengua autóctona.

La duración los exámenes es muy variable: de los 55 minutos en Suecia a las seis horas en Finlandia (en España duran 90 minutos). En 15 países la prueba es la misma para todo el Estado, mientras otros tres (Países Bajos, Dinamarca y República Checa) tienen una parte general y otra que deciden los centros. El informe constata que el “caso de los países descentralizados” no arroja luz para el caso de España, porque Alemania “no tiene pruebas relacionadas con el acceso a la Universidad” y el ministerio no ha conseguido información de lo que ocurre en Bélgica con las comunidades flamenca y germanófona.

Así es un examen competencial

¿Cómo es una evaluación competencial? Ana Remesal, profesora del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona, responde a la pregunta con el ejemplo contrario: “Un examen de Matemáticas no competencial puede plantear una actividad que diga: ‘¿Cómo se calcula el área de un triángulo?’ Y se espera que el alumno diga: base por altura partido por dos. O: ‘¿Cuántas clases de triángulos hay?’. A lo que se espera que el alumno responda que según los ángulos hay estos tipos de triángulos, y según los lados hay estos tipos de triángulos. Se trata de lo que llamamos un conocimiento declarativo, en el que se pide al alumno que exprese en palabras aquello que sabe sin ir más allá de una definición, la identificación de una fórmula o un algoritmo”. Un examen de Matemáticas más competencial, en cambio, plantearía “un contexto más cotidiano o verosímil de partida, en el que aparecerían diferentes tipos de triángulos, y el alumno tendría que resolver esa actividad problemática demostrando con ello que distingue diferentes tipos de triángulos”, prosigue Remesal.

El objetivo final de una enseñanza y una evaluación competencial sería alcanzar una transdisciplinariedad en el mismo examen, es decir, que para resolver una actividad el estudiante tenga que relacionar conocimientos de diferentes disciplinas. “Pero eso es muy complicado”, reconoce Remesal, que recuerda que incluso PISA sigue planteando la prueba por grandes áreas (comprensión lectora, matemáticas y ciencias). Esta experta añade que en los últimos 20 años las autoridades educativas hablan con cierta alegría de la evaluación por competencias: “Ponen la etiqueta competencial muy rápido, pero no siempre se cumplan los requisitos”.

Fuente e Imagen: https://elpais.com/educacion/2022-02-14/la-selectividad-se-sustituira-por-una-prueba-menos-basada-en-contenidos-parecida-a-los-examenes-de-pisa.html

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Hugo Aboites: La medida de una nación

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«¿Qué es eso que se ha llamado en México “evaluación educativa”?..»

Hace unos días me enteré de la publicación del libro “La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder, resistencia y alternativas (1982-2012)”, de Hugo Aboites; texto que aparece ahora en su 2a. edición, 2021. (1)

Interesante texto en el cual el autor revisa, con un enfoque crítico, eso que se ha llamado en México “evaluación educativa”, pero que ha consistido en una política pública y ciertas prácticas que parecen reducirse –en la observación aguda que nos ofrece Aboites-, a una reiterada y cuestionable forma de medición de los procesos educativos.

Los procesos institucionales de la evaluación educativa, señala el profesor de la UAM Xochimilco, se han dado en nuestro país como parte de una historia de poder, puesto que los diseños de las políticas públicas evaluadoras (o de la medición) se han trazado desde las alturas del poder político, en armonía con otros poderes como el económico; el que ejercen los organismos internacionales; y el que ha constituido la alta burocracia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de las secretarías de educación en las entidades federativas (con enfoques tecnocráticos y “meritocráticos”): funcionarios de instituciones educativas de todos los niveles, tomadores de decisiones y especialistas o grupos de profesionales, que han resultado beneficiados con la ola de las mediciones.

En la introducción del texto, Aboites afirma: “… a partir de 1990 con la llegada de la evaluación ‘moderna’ cambia en México radicalmente la concepción y práctica de lo que era antes una actividad académica principalmente a cargo de los maestros, escuelas y universidades. En su lugar, el gobierno federal impulsa la creación de un aparato de evaluación centralizado, eminentemente privado (Ceneval), externo a los procesos educativos, que opera a escala nacional como un inquisidor que supervisa a cientos de instituciones, decenas de miles de académicos y centenares de miles de maestros de educación básica. Aparece también la medición ‘científica’ de millones de niños y niñas de nivel básico, cientos de miles de estudiantes y aspirantes o demandantes de educación media superior y superior, así como de miles de egresados universitarios”.

En el prólogo de este libro a la edición mexicana, Raquel Glazman, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala: “El lector encontrará en esta obra, junto al develamiento de algunos supuestos ideológicos de la medición y la demagogia que se esconde tras ésta, la apertura de una comunicación al surgimiento de ideas, conductas, estructuras, proyectos y propuestas en el ámbito educativo, lo cual es natural desde el momento en que se abre la posibilidad de alternativas frente a las verdades que se han planteado como únicas y universales. Hoy más que nunca urgen proyectos capaces de cuestionar los planteamientos que han sido dominantes en los últimos años y que poco o nada han contribuido a mejorar las condiciones educativas nacionales.”

Las políticas educativas que se han puesto en práctica en México, han pasado por distintos momentos con distintos énfasis, ello en función de las identificaciones, posiciones y definiciones que han adoptado los gobiernos federales y sus respectivos proyectos de nación, desde la década de los años 80, a través de las cuales se han legitimado determinado tipo de iniciativas evaluadoras (con diferentes niveles de coherencia y profundidad), sin que necesariamente los problemas de la educación se hayan resuelto.

¿Cuál ha sido la trayectoria de esas formas y contenidos en el ejercicio del poder público en el ámbito educativo? Desde el discurso de la descentralización educativa, la federalización, la planificación o la modernización de la educación, que han sido usados en esa lógica dominante, hasta las etapas proclamadas en favor de la evaluación de las políticas educativas (gran paraguas que incluye a las evaluaciones de las personas, los programas educativos, las instituciones, el financiamiento y la infraestructura, entre otros factores), y los tiempos de la “calidad” y la eficiencia de la educación, con un enfoque administrativo-gerencial que ha sido hegemónico durante las últimas décadas.

Hoy en día, no menos desafortunada es la nomenclatura que han adoptado las élites gobernantes (gestoras de los nuevos consensos entre el movimiento de la 4T y la oposición), en la legislación y en el diseño de las políticas públicas, cuando se habla de “excelencia” o de “mejora continua” de la educación, entre otros conceptos clave del actual tramo reformista.

Justamente, en uno de los dos prólogos del libro, la profesora Glazman afirma: “La educación es uno de los espacios en donde más abundan las expresiones ideológicas y, por lo mismo, donde se rechazan o se aceptan como válidos planteamientos, autores y propuestas. Asimismo, los medios publican planes y resultados según sus propias tendencias políticas; se acomodan los resultados en los que previamente se han utilizado técnicas e instrumentos apoyados por distintos sectores, según convenga al receptor de los juicios —véase el caso típico del valor atribuido a las mediciones y, en oposición, las propuestas cualitativas—; se declaran avances o retrocesos en la evaluación o en la ‘ciencia’ de la evaluación; se afirma o se niega el rigor de los resultados, y se descarta o se acepta su incidencia en la calidad”.

Hugo Aboites, también colaborador del diario La Jornada, estructuró su libro de la siguiente manera:

I. Los cimientos de la nueva evaluación.

  • La matriz de la evaluación: organismos internacionales y empresarios (1982-1989).
  • El régimen de “estímulos” para académicos y maestros. Reorganización política y empresarial del trabajo educativo (1990-1994).
  • Evaluación, mercado y Tratado de Libre Comercio (1990-1994.
  • El modelo de educación de la maquila y la medición “científica” (1990-1994).
  • La “ciencia” de la medición: su origen en Estados Unidos (1900-1970).

II. De la evaluación a la medición

  • La ciencia de la medición en México: la creación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) (1989-1994).
  • El examen único en la Ciudad de México (1996).
  • El aparato responde: las secuelas del examen único (1997-…).
  • Medición y derechos humanos (1996-2000).
  • Conflicto y debate en torno a los exámenes de egreso (UAM, 1998).
  • Los exámenes del Ceneval y la huelga en la UNAM (1998-2000).

III. Crisis y redefinición de la evaluación

  • El intento de nueva universidad de la ANUIES. Mercado y evaluación (2000-…).
  • Los comités interinstitucionales de evaluación y la acreditación de programas de estudio (2001-2010).
  • Las escuelas de calidad y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) (2001-2007).
  • Crisis y perspectivas del aparato de evaluación (2007-…).

“Aboites realiza un abordaje histórico de la evaluación educativa –según Raquel Glazman- en el contexto de las condiciones políticas y económicas prevalecientes en México a partir de 1990 y de la promoción de centros como el Ceneval, el cual representa la influencia de concepciones de la evaluación educativa que se basan en las pruebas estandarizadas de opción múltiple. Aparece aquí una confrontación interesante, ya tratada por otros autores, entre la educación como derecho y la educación como servicio o forma de competitividad, es decir, como expresión del pensamiento empresarial aplicado al funcionamiento escolar y a las instituciones educativas (De la Torre, 2005). El abordaje histórico que nos ocupa permite ver a la evaluación desde sus efectos, a partir del giro de la calificación de individuos a la evaluación de colectivos y los intentos de instituciones como el Ceneval de concentrar los esfuerzos en medir a todos los sujetos en todos los momentos de su vida.”

Con esta estructura de la evaluación implantada en México, dice Glazman, “… se ha generado ‘un contexto que activamente propicia el deterioro de la educación’ en tanto que propicia la continuidad de ciertas formas de organización que han provocado ‘una avalancha de deformaciones en los procesos de gestión y transformación escolar y en las prácticas pedagógicas en el interior del salón de clase, que desplaza la necesidad de definir fines y alcanzar logros en la educación por la de cumplir con los indicadores de calidad establecidos por los estímulos’”.

El libro también incluye un prólogo a la edición latinoamericana, escrito por Roberto Leher, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Este libro invita a la discusión y a la renovación de los debates en torno a la pertinencia, oportunidad, enfoques y ejercicio de la evaluación educativa en México y el mundo; y permite reflexionar acerca del modo como ésta se ha diseñado y se ha llevado a cabo.

Este volumen, entregado por Hugo Aboites, en su segunda edición, asume que las políticas de la evaluación educativa, nacionales y locales, no podrían tirarse al bote de la basura por sí, sino que requieren replantearse a partir de ciertos fundamentos y de un cambio de concepción, donde se restablezcan la participación directa, democrática, de los actores sociales protagonistas de los procesos educativos: docentes, estudiantes y sus familias, directivos escolares y asesores técnicos como figuras principales.

Fuente consultada:

(1) Hugo Aboites. La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder, resistencia y alternativas (1982-2012), 2a. edición, 2021. UAM-Xochimilco y Editorial Itaca.

Juan Carlos Miranda Arroyo en Twitter: @jcma23

Publicado en SDPnoticias

Fuente: https://profelandia.com/hugo-aboites-la-medida-de-una-nacion/

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Perú: La deuda social con el magisterio: 30 años de incumplimiento del Estado

Noticias

América del Sur/Perú/07-01-2022/Autor(a) y Fuente: sutep.org

Este informe aborda el problema histórico de la deuda social magisterial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, desde la conquista del derecho, con la modificatoria de la Ley del Profesorado, hasta el inicio de los procesos judiciales para su pago y las luchas del SUTEP para que el Estado se allane a su reconocimiento por la vía administrativa.

1984. Huelga Nacional del SUTEP en el segundo gobierno de Belaunde, exigiendo el reconocimiento del SUTEP. (Foto: La República)

Podemos afirmar que 1984 fue un año histórico para el SUTEP. Habían pasado 12 años desde la gesta del Congreso Nacional del Cusco que dio nacimiento al sindicato, liderado en su período auroral por el maestro Horacio Zeballos Gámez y una hornada de combativos dirigentes que continuaron con el trabajo tras su temprano fallecimiento, ocurrido en marzo de ese año.

Bajo el liderazgo de Horacio Zeballos, el magisterio logró importantes conquistas laborales. (Foto: La República)

Exequias de Horacio Zeballos, 9 de marzo de 1984. (Foto: La República)

El país había retornado a la democracia con el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, pero en el sector Educación la situación era dramática, más en el aspecto laboral, resultado de la dictadura y la mal llamada reforma impuesta por los generales Velasco Alvarado y Morales Bermúdez.

Bajo la conducción del compañero Carlos Salazar Pasache como secretario general, el SUTEP inició el 4 de julio de aquel año su Tercera Huelga Nacional.

Parte del pliego de reclamos de la tercera huelga incluía un caro anhelo del magisterio: el reconocimiento legal del SUTEP como interlocutor válido de los maestros y maestras ante el Estado, logro que se concretó con la R.D. 011-84 del Instituto Nacional de Administración Pública – INAP.

Dirigencia del SUTEP en 1984, encabezada por el compañero Carlos Salazar Pasache.

Ley del Profesorado 

Culminada la huelga, con la que se alcanzó, entre otras cosas, el nombramiento de 30 mil maestros y la transferencia de la Derrama Magisterial – entidad totalmente quebrada con s/ 0.00 -, que fue reflotada con el esfuerzo de los maestros y maestras del SUTEP, comenzamos una intensa lucha, a fines de 1984, para concretar la aprobación de la Ley del Profesorado.

La dirigencia, dando ejemplo de lucha y sacrificio, se declaró en huelga de hambre. Hubo manifestaciones en todo el país y, desde luego, la solidaridad de toda la comunidad educativa.

Dirigencia del SUTEP en huelga de hambre por la Ley del Profesorado.

Así, el 14 de diciembre se promulgó la Ley Nº 24029, con la que se reconocieron diversas reivindicaciones laborales y económicas para el magisterio, siendo esta una norma democrática, germinada con participación directa de los maestros y que, sobre todo, estaba financiada, pues parte de los incumplimientos que el Estado mantenía con los trabajadores de la educación hasta ese momento se explicaba precisamente en la falta de recursos para solventarlos.

Ley del Profesorado, conquista absoluta de la lucha liderada por el SUTEP.

Modificatoria del Artículo 48

Seis años después, la lucha del SUTEP en su Sexta Huelga Nacional, iniciada el 15 de mayo de 1990, posibilita la promulgación de la Ley N° 25212, (20 de mayo de 1990), con la cual se insertaron modificatorias a la Ley del Profesorado de 1984.

Una de las más importantes fue la del Artículo 48, reconociendo, a partir de la fecha, que “El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30 % de su Remuneración Total”.

En el mismo artículo se reconoció el derecho para que “El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente ley” perciban, además, una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5 % de su remuneración total.

Asimismo, se estableció que “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10 % de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres».

Característica de la Ley N° 25212 es que ordenó el cumplimiento inmediato de las modificatorias, por lo que el magisterio percibió las asignaciones reconocidas en el Artículo 48 desde fines de mayo de 1990. Era Secretario General el compañero José Ramos Bosmediano.

Compañero José Ramos Bosmediano, Secretario General del SUTEP de 1989 a 1992.

Colgamiento del 30 %

Sin embargo, iniciado el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori el Estado volvió a la vieja y nociva práctica de postergar y conculcar los derechos de los trabajadores de la Educación. El 8 de agosto de 1990 se aplicó el “Fujishock”, con las medidas neoliberales y anti sindicales del régimen.

De ese modo, el autoritarismo de Fujimori tuvo sus primeras señales precisamente contra los trabajadores, al publicarse el Decreto Supremo 051, del 4 de marzo de 1991.

En el Artículo 6 del D.S. 051-1991 se dispuso que “A partir del 1 de febrero de 1991, la Remuneración Principal de los funcionarios, directivos y servidores públicos se regirán por las escalas, niveles y montos consignados en los anexos adjuntos” de dicho decreto, estableciéndose al profesorado la Escala 05.

El Artículo 8 incluyó dos conceptos relacionados a la remuneración, siendo uno de ellos el de “Remuneración Total Permanente”, que según el texto de la norma es “Aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, Bonificación Personal, Bonificación Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad”.

Con esa premisa, en el Artículo 10 se ordenó: “Precisase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029, modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente”.

Con ello, la dictadura de Alberto Fujimori, a la que el magisterio organizado en la filas del SUTEP enfrentó a lo largo y ancho del país, congeló el pago del 30 % por preparación de clases y evaluación, así como las demás bonificaciones reconocidas por la Ley del Profesorado y su modificatoria.

Los efectos del D.S. 051-1991 fueron ampliamente rechazados por el magisterio. El régimen respondió con la estrategia de perseguir, estigmatizar y encarcelar a los dirigentes de los trabajadores, así como pretender callar al movimiento sindical.

En la Séptima Huelga Nacional del SUTEP, de mayo de 1991, los maestros se mantuvieron 107 días en la lucha.

Brutal represión del régimen de Fujimori contra los maestros del SUTEP en la Séptima Huelga Nacional.

Fue con Alberto Fujimori que se inició la deuda social en el sector Educación, la misma que mantuvieron los gobiernos que sucedieron a la dictadura, continuando el corte neoliberal y en perjuicio de los derechos de los trabajadores.

Alberto Fujimori, convertido en dictador desde abril de 1992, congeló los derechos de los maestros.

Solo durante el gobierno de Transición del presidente Valentín Paniagua Corazao, a través del trato directo, se logró la restitución de varios de los derechos conculcados por la dictadura, como las bonificaciones por 20, 25 y 30 años de servicio, así como la asignación por luto y sepelio. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre el 30 % por preparación de clases y evaluación.

Demandas y jurisprudencia 

El incumplimiento del Estado sobre los derechos laborales del magisterio obligó a miles de maestros a recurrir al Poder Judicial, lográndose importantes pronunciamientos jurisdiccionales en última y definitiva instancia como la Casación N° 9271-2009-Puno, N° 288-2012-Ica,  N° 2041-Piura,  N° 6871-2013-Lambayeque y otras, emitidas por la Corte Suprema de la República, que establecen parámetros sobre el cálculo de la bonificación del 30 % por preparación de clases y evaluación, que debe calcularse en base a la Remuneración Total Íntegra, como ordenó originalmente la Ley del Profesorado, y no sobre la Remuneración Total Permanente, como fijó el D.S. 051-1991.

Existen también pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la legalidad del derecho adquirido con la modificatoria del Artículo 48 de la Ley del Profesorado. Asimismo, existe jurisprudencia referida a la validez de la bonificación a favor de los maestros cesantes y jubilados.

El Tribunal Constitucional ha reconocido la legitimidad de la deuda social magisterial.

La Ley del Profesorado estuvo vigente hasta la promulgación de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, publicada el 25 de noviembre del 2012, norma que anula la bonificación del 30 %, pues en su Artículo 56 considera que la Remuneración Íntegra Mensual comprende “las horas de docencia en el aula, preparación de clases y evaluación…”

Se estima que la deuda social en Educación, dentro de la que se encuentra el pago de la bonificación que reconocía la Ley del Profesorado, asciende a 6,000 millones de soles.

Sin embargo, resulta injusto y vejatorio que los maestros y auxiliares a los que alcanzó tal beneficio hasta noviembre del 2012 se vean obligados a recurrir al Poder Judicial para hacer valer sus derechos.

Maestros en los tribunales

Siendo Secretario General del SUTE Lima Metropolitana, el compañero Lucio Castro promovió la presentación de demandas judiciales para el pago de la deuda social.

Al magisterio no le quedó más alternativa que la de tocar las puertas del Poder Judicial.

“Hasta antes del 2007, los maestros hacíamos el reclamo como parte de nuestra plataforma de lucha, pero no había acciones concretas en el terreno legal”, recuerda el compañero Lucio Castro Chipana, quien en ese momento se desempañaba como Secretario General del SUTE Lima Metropolitana.

La sugerencia que planteó fue que con apoyo de los abogados de la Derrama Magisterial,  entidad previsional de los maestros, se oriente a los docentes para que ingresen al terreno legal y allí se exija el pago de la deuda social.

“Fue así que se ingresó con fuerza en las demandas, lográndose las sentencias que declararon fundadas las exigencias de los maestros, jugando un papel importantísimo la orientación del SUTEP y el apoyo con la asesoría legal que se había conseguido a través de la Derrama Magisterial”, comenta.

En el caso de Lima Metropolitana, las sentencias empezaron a llegar de los diferentes sectores (bases sectoriales), declarándose fundado el pago del 30 % por preparación de clases.

En la actualidad se estima que son más de 50 mil las sentencias con calidad de cosa juzgada emitidas a favor del magisterio.

A la fecha, cada región del país tiene abogados asignados por la Derrama Magisterial para asesorar a las maestras y maestros en sus procesos judiciales.

Lima y el problema del pliego

En Lima Metropolitana, pese a existir sentencias, el Ministerio de Educación no cumple con el pago de la deuda social.

El caso de Lima Metropolitana resulta particular frente a los fallos judiciales referidos a la deuda social.

Mientras a nivel nacional se asignan saldos presupuestales de los gobiernos regionales para la amortización de la misma, en Lima Metropolitana, donde el sector educación depende directamente del ministerio, no existen saldos para el pago de las sentencias, postergando el derecho de miles de maestros y maestras, e incurriendo el Estado en un flagrante incumplimiento de los mandatos del Poder Judicial, contraviniendo lo señalado en la Constitución Política.

“En Lima hay miles de sentencias que no se cumplen, porque existe pliego, todo depende del Ministerio de Educación. Siendo la región con mayor número de maestros, no se atiende lo que el Poder Judicial ha ordenado. Si al año se destinan recursos para pagarle a cinco o seis maestros con sentencias en calidad de cosa juzgada, es mucho”, explica el Secretario General del SUTEP.

Pago sin judicializar

El Estado comprometió la asignación de 200 millones de soles al año para el pago de la deuda social de Educación. Sin embargo, el monto ha resultado insuficiente.

En la Ley de Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2012 se incluyó la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final, que reactivó la Comisión Evaluadora de las Deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas, por la cual se asignan año a año 200 millones de soles para dicho propósito, monto que debe ser distribuido entre todos los trabajadores estatales con procesos ganados. Monto evidentemente insuficiente para atender los compromisos con el magisterio.

Los saldos presupuestales regionales tampoco cubren el pago de la deuda social.

Ante ello, el SUTEP lucha para que el Congreso de la República apruebe una ley que declare de interés y necesidad nacional el pago de la deuda social sin judicializar. Es decir, que el Estado se allane al derecho y cumpla por la vía administrativa.

El 31 de mayo de este año, el Congreso de la República aprobó con 101 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones la ley para el pago de la deuda social del 30 % por preparación de clases y evaluación sin judicializar. Empero, la norma no fue promulgada por el presidente Francisco Sagasti Hochhausler en evidente gesto de indiferencia ante las demandas del magisterio.

Francisco Sagasti se negó a promulgar la norma que reconocía el pago de la deuda social sin judicializar.

“El Poder Judicial, que es el que se pronuncia sobre la ley, ha dicho que este es un derecho nuestro. Son miles de sentencias las que tiene el magisterio a su favor, por lo que el Estado debería allanarse y pagar la deuda social por la vía administrativa, ahorrándose así millones de soles que se destinan al año en procuradores, abogados y trámites judiciales. Como SUTEP, siendo los pioneros en esta lucha, esperamos que el Congreso de la República apruebe el proyecto pendiente para el pago de la deuda social sin judicializar”, enfatiza Lucio Castro.

Exitosa Jornada Nacional de Lucha del 23 de noviembre del 2021, en la que también se exigió el pago de la deuda social sin judicializar.

¡Por el pago de la deuda social sin judicializar a todo el magisterio nacional!

¡Unidad para luchar, unidad para vencer!

¡Viva el SUTEP!

Fuente e Imagen: https://sutep.org/articulos/informe-especial-la-deuda-social-con-el-magisterio-30-anos-de-incumplimiento-del-estado/8

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SEP: Repensar la evaluación de la docencia

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«¿Cómo transitar de un modelo individualista a otro combinado que pondere también lo colectivo en la SEP?»

A lo largo de los últimos 10 años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha destinado una considerable cantidad de recursos humanos, materiales y financieros para evaluar a las y los docentes, así como a las y los directivos escolares y demás figuras educativas, tanto de la educación básica como media superior con la finalidad de “elevar la calidad de la educación”.

Ello, dentro del marco legislativo que se ha establecido en México (según la relación de fuerzas políticas en el Congreso), el cual podría dividirse, dicho esto en forma esquemática, en dos grandes bloques (para evaluar al personal en servicio):

1) Evaluaciones obligatorias con impacto en la estabilidad-inestabilidad en el empleo: Esto mediante la intensificación de programas y procedimientos de evaluación y control hacia las y los docentes y demás figuras educativas, con criterios excluyentes (Reforma al texto constitucional y leyes secundarias de 2013); y

2) Evaluaciones no obligatorias sin impacto en la estabilidad en el empleo (con fines formativos): En concordancia con el esquema anterior, no obstante, en este bloque se han establecido leyes sistemas-programas de evaluación y control hacia el personal educativo, con valores o criterios de no exclusión (Reforma al texto constitucional y leyes secundarias de 2019).

En ambos modelos de evaluación de la docencia y demás figuras educativas de la escuela pública prevalecen, sin embargo, la misma lógica o el mismo abordaje. Es decir, los criterios de “medición individual” se mantienen intactos, sin evaluar de manera integral la práctica docente o directiva in situ, y sin considerar a la valoración del trabajo colegiado.

Al respecto, esto escribió el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), de la UNAM, cuando se refirió a “…la necesidad de construir un sistema de evaluación social-integrado, si realmente la aspiración de la política educativa es mejorar los procesos educativos. (…) se parte de (la idea de) mostrar que la evaluación, en general, sobre elementos del sistema educativo y, en particular, sobre el trabajo docente, que se ha implantado en el país sigue una lógica individualista que segmenta los resultados obtenidos. Por ello, no hay una mejora sustantiva en los procesos educativos, sea de aprendizaje, de trabajo docente o de procesos institucionales. Este modelo de evaluación que segmenta e individualiza el acto de evaluación, es el resultado de aplicar una visión gerencial, misma que se ha asumido en rasgos genéricos para construir las políticas de calidad en la educación.” (1)

Así, el modelo de evaluación de la docencia y de otras figuras educativas prevaleciente, tanto en las reforma al texto constitucional de 2013 como en la del 2019, es el de la “evaluación individualista”, que además es incompleta porque no considera directamente la complejidad de las prácticas docentes ni directivas, ni asume la importancia del trabajo colegiado, social, colectivo que se da y se necesita cotidianamente en las escuelas. Esto último no se aplica, hoy, en los procesos de evaluación para promoción vertical y horizontal.

¿Qué sentido tiene promover la “evaluación individualista” y alentar o motivar la carrera profesional individual de las y los trabajadores (profesionales) de la educación, si esos trayectos y reconocimientos no tienen ninguna vinculación con el trabajo colegiado, comunitario, colectivo que se demanda en la escuela? Sin duda, dicha vinculación orgánica en el ámbito del trabajo escolar colegiado, junto con el trabajo individual en aula, tiene efectos importantes a favor del logro académico de las y los estudiantes.

Los efectos de la visión gerencialista de la educación y de la evaluación de docentes con tal enfoque, han sido analizados a fondo y no solamente criticados, puesto que se han colocado sobre la mesa diversas soluciones o ideas distintas. Debido a ello, considero inaceptable que no se exploren, como política pública, vías alternativas o formas diferentes para abordar estos problemas.

¿Cuáles han sido los efectos de la aplicación del modelo “gerencialista” en la educación, y particularmente en la evaluación de docentes? Así lo plantea Díaz Barriga cuando critica a ese modelo dominante: “…Otra consecuencia de ello es un tránsito sutil del reconocimiento de rasgos cualitativos a una serie de indicadores que cuantifican un desempeño académico, lo que en el fondo ocasiona que la mejora del indicador se convierta en la meta; dicha mejora se da al margen de la mejora real del proceso educativo en lo particular o en su conjunto.” (misma obra)

Por otra parte, uno de los defectos intrínsecos, y de origen, de ambos modelos de evaluación docente que prevalecen o que son hegemónicos (adoptados tanto en las políticas públicas educativas llamadas “neoliberales” como de la denominada era “post neoliberal” o de la “4T”), es que la evaluación de docentes y otras figuras educativas, está asociado con un esquema de “incentivos económicos” o con fines compensatorios, que claramente han servido como mecanismos de contención o de tope antes las demandas de aumentos salariales generalizados y progresivos exigidos, de hace más de 40 años, por el magisterio mexicano. El caso del programa Carrera Magisterial, que la SEP implantó en 1992-1993, es un claro ejemplo de ello (2)

El gran reto que tiene el gobierno de la República, a través de la SEP, en materia de evaluación de docentes y directivos escolares, es repensar y reformular nuevas rutas alternativas, y ponerlas en práctica. Por ello me pregunto, entre otras cosas, ¿cómo transitar de un modelo individualista de evaluación de la docencia a otro combinado que pondere lo individual y lo colectivo, que además contemple el análisis de la práctica docente y directiva, así como el trabajo colegiado?

Fuentes consultadas:

(1) Ángel Díaz-Barriga (2017) “De la evaluación individual a una evaluación social-integrada: La institución educativa, su unidad”, en: Docencia y evaluación en la Reforma Educativa 2013, Ángel Díaz-Barriga (coord.), IISUE-UNAM, México, pp. 327-364.

(2) Ver el interesante análisis técnico que publicaron al respecto Graciela Cordero Arroyo, Edna Luna Serrano y Norma Xochilth Patiño Alonso (2013), con el título: “La evaluación docente en educación básica en México: panorama y agenda pendiente”. Sinéctica, no.41 (ITESO). Tlaquepaque. Jalisco, México.

Fuente de la información: SDPnoticias

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Decanas y decanos plantean la evaluación de las actitudes para acceder a las facultades de Educación

Pablo Gutiérrez del Álamo

Por:

  • En enero el Ministerio de Educación prevé presentar un documento sobre la profesión docente. Ya ha habido reuniones con el Consejo de Decanas y Decanos de Educación en los que se han planteado posibles líneas de cambios. También ha habido encuentros informales con sindicatos, pero estos desconocen, siquiera, ligeramente, las intenciones del Gobierno.

«Pretendemos cumplir con el plazo», zanja Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación y uno de los máximos responsables de la redacción de la propuesta. Una propuesta que todavía está en el aire en muchos sentidos. Según este alto responsable, ha habido comunicaciones informales con los sindicatos, así como con las y los decanos de las facultades de Educación, aunque todavía no puede adelantarse mucho.

Muy informales, al menos, en opinión de Maribel Loranca, responsable de educación dentro de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Asegura Tiana que están en fase de análisis y discusión con «todos los sectores que tienen algo que decir».

Es verdad que en los últimos 11 meses desde la aprobación de la ley, el Ministerio ha puesto prácticamente todos los esfuerzos en la preparación de los currículos de la Lomloe. Un trámite que requería también unos plazos muy apretados para que fuera posible que en el próximo curso escolar estuvieran listos, tanto los decretos de enseñanzas mínimas como los decretos autonómicos.

A esta premura se une el cambio en la cabeza del Departamento a final del curso pasado. La salida de Isabel Celaá y la llegada de Pilar Alegría han impuesto un cambio de ritmo, empezando por la necesaria «rueda de reconocimiento» de la nueva responsable del Ministerio con las diferentes organizaciones sociales y educativas. Que se ha sumado a la necesidad de llevar a cabo viajes por el territorio en las últimas semanas, apariciones en actos públicos y representación institucional de diferentes tipos.

Ahora, con el tiempo jugando bastante en contra, hay que pisar el acelerador, al menos, para cumplir los plazos de la primera etapa, es decir, tener un texto preparado para el mes de enero que poder enseñar a sindicatos y comunidades autónomas. Un texto que, lo más seguro, abrirá un tiempo de ardua negociación. «Quieren abrir el debate», es la sensación de Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. García deja entrever que han comentado, efectivamente, informalmente, algunos aspectos de la propuesta que está elaborando el Ministerio, pero no hay nada claro.

Para él, por supuesto, hay elementos que deben estar presentes sí o sí: formación inicial del profesorado, ingreso a la función pública, desarrollo profesional a lo largo de los años. Pero también, cuestiones relativas a las condiciones laborales del profesorado. Y en este ámbito habla, por ejemplo, de «recuperar la sensatez» en relación al horario lectivo, o de las ratios y de la posibilidad de utilizar, para ello, la bajada de la natalidad que ya es notoria en muchos territorios. Desde el Ministerio, Alejandro Tiana se muestra cauto al hablar de la propuesta sobre la que trabajan. Lo están haciendo en diferentes líneas, pero «todavía es muy prematuro».

La actitud a examen

Además de otras posibilidades de transformación de los estudios de magisterio, las y los decanos plantean la posibilidad de crear pruebas específicas en las universidades, más allá de la EvAU estatal. Pruebas que se centren en cuestiones actitudinales de las y los futuros estudiantes. El objetivo sería seleccionar al «candidato idóneo», explica Carmen Fernández, presidenta del Consejo de Decanas y Decanos de Educación. «No todo el mundo puede ser docente; el expediente académico no puede ser el único filtro», asegura la decana.

Fernández asegura que este tipo de filtros que miden elementos como las habilidades sociales, la creatividad o el pensamiento crítico de las y los futuros docentes, pueden ponerse en marcha de forma objetiva. Además de esto, se trataría de tener claro que las y los candidatos son tolerantes, respetan la diversidad, la coeducación, o tienen un cierto compromiso social. «Se trata de valores universales», insiste la decana de la Universidad de Santiago de Compostela.

Junto a este análisis de las habilidades transversales, relacionadas con lo actitudinal, Fernández también habla de, por ejemplo, estudiar las razones que llevan a las personas a los estudios de magisterio para evitar que razones de poco peso («me gustan los niños») lleven a muchas y muchos a las facultades. Y, por supuesto, también sería necesario evaluar el rendimiento académico de las y los jóvenes.

Otros cambios en la formación

Uno de los puntos fuertes de la propuesta que está pendiente (nadie termina de saber si llamar al texto Estatuto Docente), tiene que ver con la entrada de jóvenes a las facultades para formarse en Magisterio o en el Máster de secundaria. Es un punto conflictivo porque, además de participar en ello el Consejo de Decanas y Decanos, también lo hacen el Ministerio de Educación y el de Universidades.

Carmen Fernández explica que ya han tenido dos reuniones con Educación. Universidades todavía no se ha unido a las conversaciones. En la primera, representantes de la Administración explicaron a las y los decanos en qué consistía la reforma curricular puesta en marcha. En la segunda, los últimos hablaron sobre los puntos que ven claves para la reforma de la formación en las universidades.

El Consejo de Decanos de Educación lleva varios años trabajando más o menos intensamente en la reformulación de unos estudios regulados al milímetro mediante diferentes órdenes ECI. Estos textos impiden a las facultades reformar los estudios universitarios, más allá de algunos detalles cosméticos, asegura Fernández. De esta forma, desde el cambio de gobierno de 2018, el Consejo se puso a trabajar en la reforma completa.

El pasado día 5, las y los decanos, en la reunión con el Educación, le expusieron los elementos que entienden que hay que abordar necesariamente: el acceso a los títulos; su masificación (con el aumento de las universidades privadas y de las ofertas online) y, «poner sentido al acceso», comenta Fernández, es decir, «la regulación del número de plazas (ofertadas) evitando la mercantilización».

Entre los elementos que ven necesario reformular está el grado de la experimentalidad de los estudios; habría que aumentarlo. Esto supondría la reducción de las ratios de estudiantes en según qué materias, relacionadas con la práctica docente. En Medicina, explica Fernández, tienen el nivel mayor y tienen clases con siete alumnos. Magisterio tiene la experimentalidad mínima, lo que hace que haya decenas de chicas y chicos en clase. «No es lo mismo trabajar con 90 alumnos o 40, como trabajamos con algunos grupos prácticos que hacerlo con 12 o 14».

Además, habría que hacer modificaciones en el prácticum de estos estudios, también el currículo («fragmentado y enciclopédico») o fijar los perfiles docentes en las facultades de educación para decidir quién imparte en el prácticum o desarrollar los perfiles de los docentes asociados en las facultades.

Uno de los problemas principales en este sentido es que los cambios de las órdenes y el consenso para lograrlos, pueden llevar una gran cantidad de tiempo. En un primer momento, las y los decanos de Educación deberían ponerse de acuerdo en qué y cómo reformar (algo que, según Carmen Fernández, es más o menos sencillo); también es necesario tener la complicidad del Gobierno y pasar la aprobación de las diferentes agencias de evaluación autonómicas y estatal.

Los plazos se terminan

El tiempo se le acaba al Ministerio para presentar algún documento. Enero es el horizonte legal para presentar la propuesta. Las fuentes consultadas no creen que todavía haya ningún documento muy fundamentado o elaborado.

En la memoria de mucha gente está la negociación fallida del Estatuto Docente de 2007. A pocas conversaciones de su firma definitiva, las conversaciones saltaron por los aires. La cuestión económica que debería llevar aparejada la reformulación de la carrera docente (vertical y horizontal) así como las condiciones laborales y los primeros destellos de la crisis de 2008 dejaron aquel documento en papel mojado.

Algunos de los protagonistas de entonces, vuelven a estar presentes. Tanto Alejandro Tiana (como secretario general) como Fernando Gurrea, como subsecretario de Educación, ya tuvieron que sentarse a negociar con los sindicatos. Podría ser una «modernización», piensa Loranca, de FeSP-UGT, pero ahora mismo, asegura, no saben cuáles son las intenciones del Ministerio.

Esta situación, la de la repetición de los protagonistas ministeriales, hace pensar en la posibilidad de que se vuelva a presentar un documento a los sindicatos que tenga similitudes con aquel de 2007. Pero es imposible saberlo. Es lo que se desprende de la conversaciones con los diferentes representantes de los sindicatos, que desconocen por dónde irán los tiros del documento que Educación ha de presentar en unas pocas semanas.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2021/11/15/decanas-y-decanos-plantean-la-evaluacion-de-las-actitudes-para-acceder-a-las-facultades-de-educacion/

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