Norma Rodríguez, mamá de Keyla Martínez, una estudiante de enfermería asesinada en una posta policial en febrero de 2021, atiende una videollamada desde España. Detrás de ella se ven varias fotografías y carteles que piden justicia por su hija Keyla. Norma sonríe, algo que no se le había visto hacer públicamente desde que su rostro salió en los medios, dice sentirse feliz de que Xiomara Castro haya ganado la presidencia del país, que eso es lo que le dará justicia a su hija.
«Doña Xiomara ha presentado dentro de sus primeras 30 acciones que se meterá de lleno en el tema de los feminicidios y yo estoy completamente segura de que a Keyla se le va a hacer justicia y que los involucrados pagarán por el delito que cometieron», dice doña Norma.
El caso de Keyla despertó protestas que duraron varios días, pero también abrió un debate público sobre los femicidios y la violencia ejercida desde las fuerzas de seguridad. La misma Castro condenó el asesinato y pidió investigación profunda: «Que se lleve a la justicia a los culpables. La dictadura del Estado policial-militar no los debe encubrir», decía en Twitter.
Honduras es un país muy violento para las mujeres, aunque oficialmente las cifras de los homicidios han bajado desde hace unos 5 años, las muertes violentas de mujeres solo han aumentado. Hasta noviembre de 2021 el Centro de Derechos de la Mujer registró 314 muertes violentas de mujeres en contraste con el 2020, que cerró con 278 casos.
Muchos casos de violencia contra las mujeres son atendidos primero por la Policía Nacional, por eso para doña Norma es necesaria una depuración real de la institución: «Me imagino que es lo primero que van a hacer, sacar a todos los delincuentes de ahí y dejar a las personas que realmente sirvan y protejan a los ciudadanos. Ya le llegará el turno a los del grupo que estaba ese día cuando detuvieron a mi hija», agrega.
En agosto de 2021, mucho antes de que se formaran las alianzas, Xiomara Castro compartió en un conversatorio con organizaciones feministas y de mujeres en Honduras. Al finalizar, firmó comprometiéndose a gobernar según la agenda política de mujeres y feministas que incluye 7 ejes para priorizar los derechos de las mujeres: atacar la violencia contra las mujeres y femicidios, incluir temas de salud sexual y reproductiva, de la participación política de las mujeres, la feminización de la pobreza, los derechos indígenas y garífunas, educación integral laica y no sexista y el fortalecimiento de la institucionalidad y presupuesto con perspectiva de género.
En esa reunión estuvo Felicita López, lideresa indígena campesina y feminista del departamento de la Paz, que al conocer la noticia se alegró por la victoria de Xiomara, «porque se pudo a pesar de las dificultades, del asistencialismo y de todo lo que hay en el país». Felicita espera que este nuevo
Gobierno pueda combatir la discriminación y la exclusión que las mujeres de los pueblos indígenas han sufrido históricamente.
Felicita explica que entre las demandas que tienen para Xiomara está la derogación de los decretos legislativos que atentan contra los pueblos originarios, las reformas al nuevo Código penal. «Que las mujeres tengamos derechos donde nunca los habíamos tenido y que haya mujeres desde los movimientos sociales representando en la institucionalidad. Queremos que Xiomara tome en cuenta apoyar a las mujeres en iniciativas económicas y en el tema de la violencia, ya que por parte del Gobierno actual no ha habido esa oportunidad», agrega.
Para Felicita, que es también campesina, es importante la integración del acceso a créditos agrícolas para mujeres, pero también la erradicación de la violencia que disminuye la calidad de vida. Felicita es promotora legal en su comunidad, dice que para lograr mejorar la situación de violencia son necesarios «presupuestos justos y etiquetados para atención y prevención de la violencia hacia las mujeres que sufren violencia y que se apruebe la Ley de Casas Refugio y se implementen más casas así, como también fiscales y jueces especializados».
La salud sexual y reproductiva de las mujeres jugó un papel importante en las campañas
Cuando Xiomara Castro presentó su plan de gobierno el 5 de septiembre de 2021, muchos hombres pararon de gritar y aplaudir cuando en la pantalla detrás de ella aparecía la promesa del aborto por tres causales. «Desde hoy anuncio a las mujeres que voy a defender nuestros derechos desde todos los campos, pero especialmente desde la presidencia de la República. Anuncio el fin del patriarcado y de los femicidios», prometió Castro en el punto 25 de las 30 propuestas para los primeros 100 días de su gobierno.
A principio de 2021, dos semanas después de que se aprobara la interrupción del embarazo en Argentina, el Partido Nacional presentó una ley que denominó «escudo contra el aborto», con la intención de convertir la penalización total del aborto en un artículo pétreo, que solo pueda modificarse vía una asamblea constitucional.
Al final la reforma no se logró, pero sí se modificó el artículo para que con tres cuartas partes del Congreso Nacional (96 de 128 votos) pueda ser modificado, cuando antes se necesitaban solo 86 votos. La última discusión sobre el tema en 2017, durante la aprobación del Código Penal, solo logró 9 votos a favor.
El plan de gobierno de Castro incluye la despenalización de tres causales: en caso de violación, de que la vida de la madre corra riesgo y en malformaciones fetales que impidan una vida digna. Tras la conformación de la alianza entre Xiomara Castro, Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras y Doris Gutierrez, del Partido Unidad e Innovación, la abogada Maribel Espinoza, candidata a diputada por el PSH, le dijo a Contracorriente que la idea del aborto por tres causales había quedado en el pasado: «Parte de los acuerdos a los que hemos llegado es que estamos todos en contra del aborto, de los acuerdos que hemos consensuado es un sí a la vida».
Sin embargo, esta propuesta nunca se borró del plan de gobierno de Castro, que ahora aunque Libre tendrá una cantidad mayor de diputados en el Congreso Nacional, la misma bancada a nivel individual no se ha declarado mayoritariamente a favor de la despenalización del aborto, según las encuestas a candidatos realizadas para la plataforma ¿A Quién Elijo?, una herramienta de Contracorriente que permite saber si los candidatos que participaron en las pasadas elecciones de noviembre están a favor o en contra de ciertos temas de interés público.
Esta herramienta identificó que hay incidencia en la confesión religiosa de los candidatos en la decisión sobre la despenalización del aborto por 3 causales, cuando un candidato se asimiló evangélico o católico se encontraban entre un 57 % y 63 % en contra, mientras que cuando los candidatos no se identificaron con alguna religión, un 68 % respondió estar de acuerdo.
La prohibición total del aborto en Honduras ha producido que muchas violencias obstétricas sean judicializadas como abortos, en donde las mujeres pueden sufrir acoso mediático y social, además de la imposibilidad de llevar una vida normal con lo que esa acusación significa en una sociedad tan conservadora como la de Honduras.
Merary Ávila, candidata a diputada por Libre y abogada feminista que ha dado acompañamiento en casos de criminalización por aborto, señala que para lograr el aborto por 3 causales aún queda una lucha por delante, que pasa primero por la sensibilización de la población.
Ávila añade que, aunque los diputados están socializados «ellos siempre miden el costo político de abanderar esta lucha porque tampoco han vivido todo lo que nosotras hemos documentado con el acompañamiento de casos».
Estas posturas contra los derechos sexuales y reproductivos desde los cargos públicos —muy ligadas a las posturas religiosas— fue lo que impulsó que durante el Gobierno de facto de Micheletti Baín en 2009, el ministro de Salud de ese entonces, Mario Noe Villa franca, prohibiera el uso, venta y la comercialización de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE).
Esta acción surgió tras un intento fallido de la fundadora del Comité Provida de Honduras, Marta Lorena Casco —en ese entonces también diputada del Congreso Nacional— de prohibirla vía decreto legislativo que fue respaldado por un dictamen emitido por el presidente del Colegio Médico de ese entonces: Mario Noé Villafranca. El presidente Manuel Zelaya Rosales, vetó ese decreto argumentando que aprobarlo violentaba convenios internacionales.
La prohibición actual se encuentra respaldada únicamente en un acuerdo ministerial de la Secretaría de Salud que puede ser eliminado por una orden de quien se encuentre al mando de esa secretaría y que, en estos 12 años, ningún ministro se ha atrevido a hacer. Esto implica que para que la PAE vuelva a circular legalmente en el país, solo basta con que la próxima persona que ocupe ese cargo, revoque el acuerdo.
Esto significaría una victoria para las organizaciones de mujeres que desde octubre de 2017 exigen la aprobación de un Protocolo de Atención y víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en Honduras, que incluya el uso de la PAE para prevenir embarazos. La situación de la violencia sexual en Honduras solo ha empeorado desde la prohibición, las denuncias en el Ministerio Público en estos años aumentaron casi el doble: durante 2008 se contabilizaban 1241 mujeres que interpusieron la denuncia mientras que para 2020 registraron 2129 casos.
El camino que falta para lograr la participación política de las mujeres
Vilma Chandía de 74 años está sentada dentro de la sede del Partido Libre, ondeando una bandera que dice: «Xiomara presidenta». El lunes 29 de noviembre esperaba pacientemente por la celebración de la victoria de Xiomara y del alcalde electo del mismo partido, Jorge Aldana, que liderará la comuna capitalina.
Vilma dice que antes del golpe de Estado era liberal, una tradición familiar, recuerda cuando su padre la llevaba a votar «vestida de pies a cabeza de rojo», pero cuando ocurrió la salida de Manuel Zelaya en 2009, Vilma se apuntó a las filas de los cientos de hondureños que durante meses salieron a protestar y a pedir la reincorporación de Zelaya en la silla presidencial.
Cuando Manuel Zelaya estuvo en la frontera de Nicaragua-Honduras en julio de 2009, intentando ingresar de nuevo al país, Vilma, su hermana y su hija se encontraban en la zona a la espera de recibirlo, habían viajado desde Tegucigalpa. De repente decretaron toque de queda y se quedaron escondidas, luchando por no ser encontradas, ahí a la par de ellas estuvo Xiomara Castro.
Desde entonces Vilma considera a Xiomara como «una mujer de temple, de mucha fuerza», por eso cuando depuso su candidatura para las elecciones de 2017 y le entregó ese puesto a Salvador Nasralla, Vilma cuenta que estuvo ahí, en el Nacional de Ingenieros Coliseum donde lo anunciaron, pidiendo a gritos que no se dejara. Ahora Vilma, aún con un brazo quebrado y con las pocas horas de sueño que lleva ella y su familia desde el domingo mientras velaban por un conteo de votos transparente, dice que no creía que iba a vivir para ver a Xiomara ni a ninguna mujer que ocupara la presidencia.
La lucha por la participación política de las mujeres lleva ya más de media década, cuando Xiomara Castro nació, en 1959, las mujeres apenas habían podido votar por primera vez dos años antes. En el Congreso Nacional que dejará sus funciones en enero de 2022, solo 28 mujeres integraron ese ente, para la próxima asamblea legislativa se prevé que ese número subirá a 34, una cifra muy por debajo de la mitad de los 128 puestos disponibles.
Ante esta situación, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) resaltó que los partidos que participaron en las elecciones primarias presentaron un 37.24 % de mujeres en sus listas, contra el 48.09 % de quienes no participaron del primer proceso. «Estas cifras demuestran que el marco normativo actual no garantiza el ejercicio igualitario de los derechos políticos de hombres y mujeres en la política».
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La misión recomendó «extender la obligatoriedad de aplicar la paridad a las candidaturas a ser inscritas ante el órgano electoral para todos los partidos políticos, y no excluir de esta obligación a los que ya la aplicaron en sus procesos internos», añadió.
Doña Vilma dice que no espera cambios inmediatos «va a tener que contar con buen asesoramiento porque ella sola no va a salir adelante, tiene que ser un buen equipo, no todo va a salir bien desde el inicio, pero se va a ir dando el cambio», asegura.
Felicita López también es de la idea de que el Gobierno de Xiomara se enfrentará a muchos retos: «No es que hemos ganado la batalla porque Xiomara recibirá un país endeudado, hecho un desastre, primero tocará negociar con todo mundo, pero esperamos que todo saldrá bien».
Para la abogada Ávila es importante que las mujeres estén presentes en todos los espacios del Gobierno: «En esta democracia no se va a ganar nada si no estamos presentes, tenemos que ser la piedra en el zapato siempre, las incómodas y no dejar que nos arrebaten esos espacios que nos pertenecen. Ellos son expertos, tienen siglos invisibilizando a las mujeres y ahora que hemos llegado, no podemos dar marcha atrás», sentencia.
Acceso inclusivo al sistema educativo a todos los niveles, institucionalidad y garantías en materia de aseguramiento, son de los principales objetivos del plan.
La Asociación para una Sociedad más Justa-Honduras (ASJ-H) y diversas instituciones educativas presentaron este lunes una propuesta para revitalizar y fortalecer el sistema educacional, duramente afectado por la pandemia de la Covid-19, generando deserción masiva de docentes, y la crisis multifactorial que afecta a ese país.
Bajo el nombre de Propuesta de Fortalecimiento Educativo por Honduras (Foreduh) y con protagonismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Upnfm) en su creación, el programa tiene en el acceso inclusivo al sistema educativo uno de sus principales objetivos.
Al que se suma el aseguramiento de aprendizajes pertinentes relevantes y eficaces, y la institucionalidad descentralización y democratización de la enseñanza, en medio de un escenario actual que vive la nación con más de un millón de estudiantes fuera de las aulas; y que entre 2018 y 2021 vio caer en un 17 por ciento la cifra de estudiantes matriculados en el sistema educativo público.
“Debemos despojarnos de los intereses políticos y conducir el país hacia una transformación del sistema educativo que traiga más equidad, mayor calidad, más cobertura, y una buena gestión descentralizada”, indicó el rector de Unitec, Marlon Breve.
Por su parte, el director de la ASJ-H, Carlos Hernández, destacó que lograr a corto plazo el retorno de los educandos a las aulas y el acceso a la tecnología y la conectividad, en función de recuperar niveles de aprendizaje, y mejorar el rendimiento constituyen prioridades.
Entre las que también expresó se encuentra la rehabilitación de centros escolares cuya infraestructura es precaria, y su déficit se profundizó tras el paso de los meteoros Eta e Iota; sumado al abandono a las aulas durante cerca de dos años como efecto de la pandemia del coronavirus.
Justamente la Covid-19 forzó a las autoridades a establecer la metodología virtual dentro de los planes de enseñanza, solo que durante 2020 únicamente unos 800 mil estudiantes lograron recibir clases virtuales y, como consecuencia, se perdió un 30 por ciento de aprendizaje en lectura y matemáticas.
Además, hacia el 2019, la cobertura educativa en el país de séptimo a noveno grado era de un 48.5 por ciento, mientras que actualmente solo se abarca un 44.7, siendo el grupo más afectado según lo develado por ASJ-H, el de la enseñanza preuniversitaria con una cobertura de apenas 24 puntos porcentuales.
Añaden estudios realizados que la generación educativa de 2020 tendrá un promedio de ingresos económicos 3 por ciento menor, debido a la pérdida de habilidades escolares; al tiempo que la diferencia de aprendizaje entre los alumnos de escuelas públicas respecto a los de instituciones privadas, aumentará de dos a tres años en cuanto al tiempo de aprendizaje.
América Central/Honduras/23-08-2021/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net
“No hay vacunas para todos los hondureños», dijo el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Fidel García
El magisterio de Honduras rechazó este martes la medida de reiniciar clases presenciales desde el próximo 16 de agosto, aludiendo que no hay garantías a causa de la pandemia que azota a la nación centroamericana.
El presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Fidel García, declaró ante medios locales que solo faltan 65 días para terminar el año escolar, pero no es posible un llamamiento a clases, «ni siquiera de manera semipresencial», agregó.
García insistió que en estos momentos lo que se trata es de salvar vidas y en eso se fundamenta la posición de los docentes. “No hay vacunas para todos los hondureños” afirmó.
“Lo que debieron hacer hace seis meses lo están queriendo hacer de cara a la carrera electoral”, reafirmó Fidel García. Por su parte el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) precisó que en el país han sido vacunados 3.292.889 de ciudadanos, cifra muy inferior a lo presupuestado.
“La infraestructura básica sigue colapsada y no hay material de bioseguridad para las escuelas”, denunció el dirigente, mientras que el ministro de Educación de Honduras reafirma en que existe un protocolo de seguimiento.
“El personal de los centros educativos cuenta con los protocolos necesarios para la reapertura de la semipresencialidad que incluye estructura, agua y saniamiento, vacunación del personal docente y administrativo y también la bioseguridad”, indicó el ministro Arnaldo Bueso.
En el último parte de actualización de la situación de la Covid-19 en el país, la Secretaría de Salud precisó que se reportan 3.596 nuevos positivos a la Covid-19 para un acumulado de 319.831 diagnosticados y un total de 8440 casos confirmados.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/honduras-profesores-rechazan-clases-presenciales-pandemia-20210817-0037.html
Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Joel Perdomo)
Antes tenía que salir a la calle a pedir para poder comer, pero un día vine aquí y él (Mario) me dijo que no debería andar pidiendo, que si yo quería podía ayudarle y él me daría al menos la comida, y así fue como me quede aquí, dijo Elvin Sánchez, un adolescente de 14 años que colabora en un pequeño negocio de venta de verduras y frutas.
– La niñez acorralada por la pandemia ha migrado de la escuela al trabajo, dice experta.
– El trabajo infantil tiene en riesgo al 16% de la niñez en Honduras.
Todos los días y muy temprano baja caminando de lo más alto de la colonia Raúl Girón en Talanga, su caminata dura un poco más de 20 minutos hasta llegar a la avenida principal del municipio, donde muchas personas, venden sus productos, en el lugar es muy común ver a infantes ganarse el pan de cada día.
La población infantil en Honduras es de 2 millones 472 mil 798, esa cifra representa el 26% de en un país con más de 9.6 millones; de esa cantidad de menores, 412 mil 122 son niños y adolescentes que trabajan para ganarse la vida, es decir que el 16.67% desarrolla labores que representan un riesgo, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), define el trabajo infantil como toda aquella acción que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, es además perjudicial para su desarrollo físico y psicológico; porque los excluye de sus derechos como el acceso a la salud y a la educación.
Más de 400 mil menores trabajan en Honduras, según datos de la Secretaría del Trabajo.
Trabajo por el estudio
Él (Elvin) actúa como si fuese el dueño del negocio, sabe a la perfección dónde está ubicado cada producto, conoce el precio de más de 15 de estos, que se venden en cuatro carretas llenas de frutas, verduras y otras mercancías; a la par está Mario, (propietario) quien, por su parte, atiende a las personas y es quien cobra, lo que Elvin le indica.
Elvin sabe sumar y restar, no necesita calculadora para saber cuánto gastan los clientes; siempre está listo para atender a quien llega a lugar, su faena inicia las 7:30 AM y termina a las 4:00 PM, entre esas horas se gana dos tiempos de comida y algo de dinero para llevar a su hogar, donde vive con su abuela y su mamá.
Antes de la llegada de la pandemia, trabajaba media jornada en la mañana, porque en la tarde estudiaba, ahora su día es distinto ya que solo trabaja, pues las clases en línea no son de su agrado. “Espero que esto termine para poder regresar al colegio”, dijo mientras se acomoda su desgastada mascarilla para protegerse del COVID.
A su padre no lo conoció y su madre es una mujer que se dedica a lavar ropa, su abuela por su edad, ya no puede laborar, “pero ella cuida la casa mientras nosotros salimos a trabajar” cuenta Elvin, justo en el momento en que amarra dos libras de tomates que un cliente le requiere.
Es muy común en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula ver menores de edad trabajando en las calles.
¿Y te contagiaste de COVID? Le consultó al infante el enviado de Proceso Digital, mientras le observa y acompaña, y respondió: No, que yo sepa no, nunca he sentido nada, ni tos, ni gripe, tampoco mi mamá ni mi abuela, ellas están bien gracias a Dios, concluyó.
En Honduras más 50.5% de menores de edad realizan labores agrícolas, un 20% en el comercio, un 10.6% en la industria manufacturera, 3% en la construcción y el restante 17% entre otras labores que son consideradas de alto riesgo para los niños y niñas en Honduras.
Niños en condición vulnerable
Como Elvin, hay al menos 412 mil 122 menores, el 16% de la población infantil de la nación, que trabajan a diario para ganarse la vida, desarrollan labores que suelen ser sumamente peligrosas ya que les toca salir de sus viviendas, tomar sus propias decisiones, además por trabajar, se autoexcluyen de derechos fundamentales como la salud y la educación.
Basta con un pequeño recorrido por el Bulevar Morazán en la capital de Honduras, donde se aprecian decenas de menores de edad vendiendo cacahuates, dulces, bolsitas de agua, mascarillas, repuestos para automóviles, otros se dedican a limpiar vidrios en los escasos 120 segundos que marca la parada de vehículos en los dos semáforos que funcionan en el lugar.
Unos 17 mil niños y niñas trabajan en la capital Tegucigalpa, capital de Honduras.
Cuando solo faltan 10 segundos para que semáforo se ponga en verde, Carlitos, abandona la calle y se coloca a la orilla, espera nuevamente la señal en rojo para poder ofrecer cacahuates en el mayor tiempo posible a unos cuatro o cinco conductores de vehículos para ofrecer sus productos, pocos le compran, pero él sigue ofreciendo.
Dinero para la comida
Carlitos sale todos los días de la colonia El Carrizal, ubicada en salida al norte de la capital, hasta el bulevar en mención, para comenzar su día a ofrecer cacahuates con sal y dulces, los vende a cinco lempiras y generalmente se logra ganar un poco más de 130 lempiras diarios, ese dinero lo lleva a su hogar para costear la alimentación.
¿Y porque vienes hasta acá para vender? Le consultó el interlocutor de Proceso Digital, – “Pues porque aquí se me permite vender libremente, allá (en la zona donde vive), los lugares buenos para vender ya están muy ocupados, entonces se vende menos y se gana menos, por eso yo prefiero venir hasta acá”, comentó.
Dijo que no viene solo, que en la otra cuadra un amigo está trabajando. ¿Y a qué se dedica tu amigo? – “él limpia vidrios y a veces vende mascarillas”.
La pandemia, el detonante
El “Análisis Situacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia en el Municipio del Distrito Central” elaborado cada año por Aldeas Infantiles SOS, Save The Children y World Visión, indica que más de 17 mil menores en edades de entre 5 y 7 años se encuentran laborando. Esta cifra representa un 6% de una población infantil de 400 mil en el municipio.
La pandemia ha sido un detonante que ha provocado el colapso de las sociedades sin excepción, Honduras se encuentra muy golpeada y eso ha incrementado considerablemente el trabajo infantil, eso nos indica que la niñez no tiene un futuro prometedor, comentó Elsa Ramírez, directora de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo.
El trabajo infantil es permitido en Honduras, pero para adolescentes mayores de 14 años, sin embargo, la mayoría de los menores que trabajan no cuentan con permiso laboral, porque prefieren el sector informal donde no hay tantos requisitos para desarrollar una actividad que le permita obtener algo de dinero. Se trata de la diferencia entre comer o no y muchas veces entre vivir o dejarse de la mano de Dios.
En las zonas rurales del país los infantes desarrollan las peores formas de empleo.
Las ciudades con trabajo infantil
Al respecto, Ramírez, sostiene que no todo lo que se mira en la calle, es trabajo infantil, ese es un problema mayor para el país, porque esos son menores que están en un riesgo inminente, que, pese a que desarrollan una actividad para lucrarse, no hay disciplina para mejorar las oportunidades, su esfuerzo se encamina a obtener dinero y nada más.
El país afronta una grave crisis de mendicidad, este fenómeno se manifiesta cuando uno de los miembros de la familia está presente en las actividades laborales que desarrollan los menores en las calles y avenidas de una determinada ciudad, “es lamentable porque los padres creen que si su hijo les ayuda van a mejorar su condición económica”.
Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca y Roatán, son las ciudades donde el fenómeno del trabajo infantil se ha acentuado; es por ello por lo que son esos lugares los que deberían intervenirse para reducir el impacto de este tema que afecta a más de 400 mil menores que no tienen oportunidad de estudio.
Pocos permisos y falta de presupuesto
“Las cifras podrían ser mucho mayores, porque no se tiene un dato preciso, sin embargo, estos infantes no tienen un buen futuro, porque no están estudiando, no se están preparándose para mejorar su condición de vida, es decir están cerrando la puerta a las oportunidades”, contó Ramírez.
A todo esto, la Secretaría del Trabajo, apenas otorgó 342 permisos de trabajo a adolescentes a nivel nacional, esta cifra tiene que ver con que son pocas las familias interesadas en que sus hijos trabajen conforme a la ley; porque gran parte de ellas se dedican al comercio informal entonces sus hijos siguen esa línea.
“Yo considero que Honduras debe tomarse tiempo para revisar las peores formas de trabajo infantil y erradicarlas, ya que aquí tenemos muchas como: la minería, cohetería, agricultura, buceo, melón, langosta y trabajos domésticos; tenemos programas preventivos pero los mismos no son suficientes”, indicó la funcionaria.
Añadió que una de las debilidades que afronta el país para contrarrestar ese fenómeno, es que no se tiene un presupuesto asignado para atender como corresponde, tampoco se tiene un dato exacto de los niños trabajando, no se sabe quiénes son y dónde están exactamente.
Dos amigos y un trabajo
En el centro de la ciudad capital, Álex de 13 años, hala en su silla de ruedas a su viejo amigo –José-, ambos viven en una colonia cercana al lugar donde todos los días se mueven para vender productos como gel de manos, mascarillas y alcohol clínico.
Ellos tienen un poco más de dos años de trabajar juntos, y no precisamente vendiendo productos para la bioseguridad, ya que, para poder vender, buscan mercancías de acuerdo con la época “ahorita lo que más vendemos son mascarillas, porque ya sabe estamos en pandemia”, comentó José.
El pequeño Alex recorre todo el centro de la ciudad con su amigo, mientras lo carga va anunciando que lleva mascarillas, guantes, gel antibacterial y alcohol; su acompañante acomodado en una vieja silla de ruedas muestra las mercancías a las personas que deambulan por una de las zonas más visitadas de centro de la ciudad.
Como ya se acercan las 4:00 de la tarde, ambos se ponen de acuerdo para merendar algo después de una cansada y soleada jornada, entonces Alex deja a José en un sector con sombra en el parque Central de Tegucigalpa y se desplaza a comprar la comida, ese día decidieron comprar una pizza de 100 lempiras para llevar a casa.
“A veces gano hasta 150 lempiras, para mi es bueno porque es peor no tener nada, desde que le ayudo a él, pues tengo algo de dinero, más que todo a mí me sirve para comer y comprar ropa de vez en cuando, hay días que nos va mal, pero al menos sacamos la comida”, relató.
Alex no estudia porque prefiere trabajar, pues de no hacerlo, no tendría como ayudarles con la comida a sus tíos con quienes vive desde hace 6 años. Conoce poco de sus padres, pero vive agradecido porque al menos tiene que comer y por ello no tienen nada de qué avergonzarse.
El Ministerio Público
Un menor de edad espera que el semáforo marque en rojo para salir a vender sus productos.
El Ministerio Público, cuenta con dos dependencias para atender conflictos en menores de edad, la Fiscalía Especial de la Niñez y la Unidad Contra la Trata y Explotación Laboral; ambas constantemente están desarrollando acciones preventivas de abusos contra niños y niñas.
“Son estas dos dependencias las que casi siempre le dan el seguimiento respectivo a los casos que se detectan, los mismos están fuera del marco legal de trabajo de los menores”, comentó un funcionario del Ministerio Público en conversación con Proceso Digital, al tiempo que sostiene que las acciones son constantes durante el año.
Hace escasos días, ambas fiscalías en el marco de la Operación Omega VI, realizaron inspecciones en sectores como: El Hatillo, La Tigra, La Cantadora, El Piliguin, Los Plancitos, con la finalidad de verificar que no se está utilizando mano de obra infantil en labores de agricultura en la siembra de repollo, zanahoria y cultivo de flores ornamentales.
La Fiscalía acciona cuando el ente administrativo – en este caso la Secretaría del Trabajo-, considera que existen ilícitos en una determinada acción, si la investigación comprueba, entonces se procede con la denuncia. Otra forma es cuando se realizan operaciones sorpresas en los campos donde se presuma que hay menores, concluyó.
Sin datos exactos sobre el trabajo infantil
Olvin Villalobos, ministro de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, dijo que es lamentable que esa gran cantidad de menores se encuentren en esa situación, ya que los niños y adolescentes, no deberían estar trabajando sino estudiando porque esa es la base fundamental para su desarrollo de un país.
Sin embargo, asegura que se hacen esfuerzos máximos de parte de la Secretaría, para realizar constantemente inspecciones a nivel nacional de manera que se verifique que en algunas empresas no se esté utilizando fuerza laboral infantil “porque es inaceptable desde todo punto de vista”, indicó el funcionario.
“Nuestros esfuerzos están encaminados a que esas cifras disminuyan; estamos buscando alternativas de solución, pronto tendremos apoyo de la comunidad internacional, lograr tener una base de datos, así como mediciones completas para saber dónde están y que hacen los niños”, indicó Villalobos.
Asimismo, sostiene que urge la implementación de un plan de intervención para erradicar el trabajo infantil, ya esa propuesta debe seguirse construyendo mientras a la par se siguen desarrollando acciones para no dejar que problema sea aún mayor.
El trabajo infantil se expande…
Según la OIT unos 160 millones de niños trabajan en todo el mundo y en los últimos cuatro años, se registra un incremento de 8.4 millones de infantes que decidieron trabajar; la mayoría de ellos se encuentran en situación de riesgo debido a las labores que desarrollan y a la llegada de la pandemia del COVID-19.
Un informe publicado recientemente por el organismo, señala que “los avances para erradicar el trabajo infantil se han estancados por primera vez en 20 años”, que además la tendencia de esos esfuerzos se han invertido, esto, en relación a que entre el periodo 2000 – 2016, las cifras de estos casos se redujeron en 94 millones.
Según la Organización Internacional del Trabajo, el 70% de los casos de trabajo infantil -112 millones de niños y niñas- desarrollan labores en el sector agrícola, seguido del 20% -31,4 millones de infantes que se dedican a brindar servicios y el 10 por ciento -16,5 millones de menores trabajan en el sector industrial.
De los 9 millones 444 mil 679 de hondureños, según el Instituto Nacional de Estadística, el 51.33% son mujeres y 48.67 hombres; pero de ese total, 2 millones 472 mil 798 son niños y niñas y por sexo representan el 50% para cada uno, es decir que el 26% conforman la urbe infantil del país.
La llegada de la pandemia a Honduras disparó el desempleo abierto de 5.7 al 10.9 %, según cifras oficiales, este incremento significó más de 445 mil nuevos desempleados en la nación, que cuenta con una Población Económicamente Activa de 3 millones 655 mil 653.
El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, informó en el noticiero Prensa del Aire de HRN, que se pretende iniciar , en medio del aumento de casos de covid/19, con el proceso de las clases semipresenciales en siete departamentos de Honduras.
“En siete departamentos del país es donde pretendemos con la reapertura semipresencial de clases, donde haya un buen manejo de la pandemia”, dijo el secretario de Educación.
Bueso aseguró que se pretende comenzar con las clases semipresenciales en los lugares con baja incidencia de los casos de covid, y que el personal administrativo y docentes estén vacunados contra el nuevo virus.
De acuerdo con el funcionario, de 12 mil vacunas asignadas a los docentes, se han aplicado a 10 mil maestros en aquellos lugares donde se pretende comenzar con las clases.
“De las mil vacunas, solo nos queda el departamento de Yoro, para complementar las dosis. Esperamos que esta semana la Secretaría de Salud nos asigne más vacuna para continuar con la jornada”, comentó Bueso.
Al ser interrogado qué cuándo se comenzaría con los programas pilotos de las clases semipresenciales, el secretario de Educación respondió, “el docente que se ha vacunado con las dos dosis podríamos abrir los centros educativos. Sería hasta que los docentes tengan las dos dosis, hace una semana se aplicaron la primera dosis, se podría iniciar a finales de julio”.
Según Bueso, el regreso seguro de clases se estaría registrando en unos 154 centros educativos del país, donde se experimenta una baja en el comportamiento de los casos de covid.
Cabe mencionar que, los centros educativos de Honduras fueron cerrados en marzo del 2020, fecha desde que los niños y adolescentes han recibido sus clases de manera virtual.
Casos covid en Honduras
A la fecha en Honduras se contabilizan un total de 270 mil 020 casos de covid, 7 mil 149 muertes y 93 mil 654 recuperados, según datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.
Honduras es un país donde primero se vacunarán a los militares que a los docentes, denunció hoy el dirigente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), Onan Cálix.
“Aquí les interesan más las armas, primero vacunarán a los militares y por último a los profesores”, reprochó el dirigente gremial al tiempo que exigió se inocule contra la COVID-19 tanto a alumnos como docentes.
Al respecto, advirtió que si deben salir a las calles para exigir este derecho para todos los niños, lo van a hacer.
Calificó como “pésimas” las estrategias impulsadas desde la Secretaría de Educación en el manejo de la pandemia.
Señaló que si no se invierte en educación al término de la pandemia se obtendrán 10 de retraso en el sistema educativo del país.
Desmintió que todos los alumnos y docentes tienen acceso a internet como lo ha anunciado el secretario de Educación de Honduras.
“Quiero desmentir categóricamente al ministro que dijo en un medio de comunicación que los niños y profesores tenemos acceso a internet, ¡falso, totalmente falso!”, exclamó.
Razonó que se debe iniciar con el proceso de inoculación en docentes y alumnos para poder retornar a las aulas de clase. (RO)
Tegucigalpa. – Ante la falta de vacunación y la lucha para la derogación de los artículos PCM que según médicos y maestros trastoca los fondos de previsión social. Los gremios de salud y educación anuncian protestas para el próximo miércoles.
El presidente de la Asociación del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, ubicado en la zona norte del país, Carlos Umaña, manifestó que el miércoles iniciarán las protestas del IHSS y junto a los maestros con la activación de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación del pueblo hondureño.
“Estamos exigiendo tres situaciones fundamentales, primero vacunas para todos los maestros, tanto de educación primaria, media, secundaria y universitaria, para que se puedan iniciar las clases presenciales, así como los padres de familia de los alumnos.” Añadió “También deben ser vacunados los muchachos mayores de 18 años para que las clases universitarias sean completamente presenciales” dijo Umaña a Criterio.hn.
La segunda exigencia según Umaña, “la exigencia de equipo de bioseguridad para el personal de la salud que en estos momentos empiezan a escasear y la dotación de la infraestructura sanitaria de las escuelas que están afectas, ya que, hay muchas escuelas que ni agua potable tienen”.
Por último, exigen “la intervención que ha hecho el Estado de Honduras modificando la ley de las administradoras de fondos de retiro y de cesantías con el fin de trastocar estos fondos y darle una discrecionalidad a los bancos para que los inviertan ellos, en lo que no estamos de acuerdo y demás se pretende intervenir el Instituto de Previsión Magisterial (Inprema) con una junta interventora y esto da muchas sospechas, mucha suspicacia de que estos fondos vayan a ser invertidos en otras situaciones” finalizó el galeno.
El plantón comenzará a las siete de la mañana en el IHSS con la manifestación por parte de los médicos, y enfermeras con una duración de 45 minutos para luego incorporarse a sus labores.
Y a las ocho de la mañana, es la asamblea de maestros en San Pedro Sula y van a tener una movilización hacia el Parque Central.
El pasado 27 de abril, varios maestros protestaron a fueras de las instalaciones del INPREMA porque el gobierno reformó artículos del año 2002, de la ley del Régimen Opcional Complementario para la administración de los fondos privados de Pensiones, específicamente el decreto 319-2002. En el cual, se reformaron 10 artículos para trasladar los fondos públicos a hacia la bancada privada.
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Según las declaraciones de Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), con esta reforma, buscan drenar los fondos de todos los institutos de previsión, para beneficiar a la banca privada “el último botín que tiene son los del instituto de previsión” dijo García.
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