Honduras es un país donde primero se vacunarán a los militares que a los docentes, denunció hoy el dirigente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma), Onan Cálix.
“Aquí les interesan más las armas, primero vacunarán a los militares y por último a los profesores”, reprochó el dirigente gremial al tiempo que exigió se inocule contra la COVID-19 tanto a alumnos como docentes.
Al respecto, advirtió que si deben salir a las calles para exigir este derecho para todos los niños, lo van a hacer.
Calificó como “pésimas” las estrategias impulsadas desde la Secretaría de Educación en el manejo de la pandemia.
Señaló que si no se invierte en educación al término de la pandemia se obtendrán 10 de retraso en el sistema educativo del país.
Desmintió que todos los alumnos y docentes tienen acceso a internet como lo ha anunciado el secretario de Educación de Honduras.
“Quiero desmentir categóricamente al ministro que dijo en un medio de comunicación que los niños y profesores tenemos acceso a internet, ¡falso, totalmente falso!”, exclamó.
Razonó que se debe iniciar con el proceso de inoculación en docentes y alumnos para poder retornar a las aulas de clase. (RO)
Tegucigalpa. – Ante la falta de vacunación y la lucha para la derogación de los artículos PCM que según médicos y maestros trastoca los fondos de previsión social. Los gremios de salud y educación anuncian protestas para el próximo miércoles.
El presidente de la Asociación del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, ubicado en la zona norte del país, Carlos Umaña, manifestó que el miércoles iniciarán las protestas del IHSS y junto a los maestros con la activación de la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación del pueblo hondureño.
“Estamos exigiendo tres situaciones fundamentales, primero vacunas para todos los maestros, tanto de educación primaria, media, secundaria y universitaria, para que se puedan iniciar las clases presenciales, así como los padres de familia de los alumnos.” Añadió “También deben ser vacunados los muchachos mayores de 18 años para que las clases universitarias sean completamente presenciales” dijo Umaña a Criterio.hn.
La segunda exigencia según Umaña, “la exigencia de equipo de bioseguridad para el personal de la salud que en estos momentos empiezan a escasear y la dotación de la infraestructura sanitaria de las escuelas que están afectas, ya que, hay muchas escuelas que ni agua potable tienen”.
Por último, exigen “la intervención que ha hecho el Estado de Honduras modificando la ley de las administradoras de fondos de retiro y de cesantías con el fin de trastocar estos fondos y darle una discrecionalidad a los bancos para que los inviertan ellos, en lo que no estamos de acuerdo y demás se pretende intervenir el Instituto de Previsión Magisterial (Inprema) con una junta interventora y esto da muchas sospechas, mucha suspicacia de que estos fondos vayan a ser invertidos en otras situaciones” finalizó el galeno.
El plantón comenzará a las siete de la mañana en el IHSS con la manifestación por parte de los médicos, y enfermeras con una duración de 45 minutos para luego incorporarse a sus labores.
Y a las ocho de la mañana, es la asamblea de maestros en San Pedro Sula y van a tener una movilización hacia el Parque Central.
El pasado 27 de abril, varios maestros protestaron a fueras de las instalaciones del INPREMA porque el gobierno reformó artículos del año 2002, de la ley del Régimen Opcional Complementario para la administración de los fondos privados de Pensiones, específicamente el decreto 319-2002. En el cual, se reformaron 10 artículos para trasladar los fondos públicos a hacia la bancada privada.
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Según las declaraciones de Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), con esta reforma, buscan drenar los fondos de todos los institutos de previsión, para beneficiar a la banca privada “el último botín que tiene son los del instituto de previsión” dijo García.
Familias enteras huyen de Honduras a causa de la pobreza y la violencia, que normalmente van juntas. Y aunque la migración más conocida y documentada es la que tiene como destino Estados Unidos, cada vez más aumenta la población que migra hacia España, sobre todo las mujeres.
Rebeca tiene 54 años y vive en San Pedro Sula en el norte de Honduras. Ella se quedó sosteniendo el hogar que dejó Karla, su hermana menor cuando decidió emigrar a España. Karla dejó a su cuidado a tres hijos adolescentes. Ese 8 de noviembre de 2016 que se despidieron, Rebeca sintió el peso que caía sobre su espalda: lograr la estabilidad de la familia mientras Karla conseguía un trabajo en España, y lidiar con el vacío que dejaba en sus hijos. Pero Karla y Rebeca ya tenían su familia partida por la migración, de siete hermanas: tres están en Estados Unidos, donde también está el esposo de Rebeca. Las relaciones a distancia no eran nuevas para ellas.
Karla y Rebeca vivían juntas, aportaban a la familia conjuntamente para sobrevivir, ambas trabajaban y ganaban un sueldo fijo cada mes. “Al inicio fue muy difícil. Cuando ella llegó a España nos faltaba su ingreso. Yo le pude aportar y su esposo también. Mi familia nos ayudaba a pagar la comida, las facturas. Fue apretado los primeros seis meses. Los muchachos estaban finalizando el año escolar y ya venía el siguiente pago de matrículas. Pese a las dificultades, salimos adelante” cuenta.
Rebeca no tiene hijos, pero ayudó con la crianza de los de Karla. Le preocupaba que no pudieran superar la partida de la madre.
“Tuve que llevar a uno de ellos al psicólogo”, explica. El muchacho se encerraba en su cuarto y empezó a tener bajo rendimiento en la escuela, a pesar que los tres eran muy apasionados con sus estudios. Dos de los hijos de Karla estudiaron música a la vez que la secundaria. “Se veían bien, pero hay un punto en el que no puedo penetrar en sus vidas. Les preguntaba si sentían que su mamá los había abandonado, si se sentían amados. Después la psicóloga me explicó que la ausencia de su madre impacta y eso ocurre a la edad que sea, la madre siempre hace falta”, dice.
Rebeca es abogada y tiene su despacho privado con otra de sus hermanas. El trabajo le ayudaba a tener lo suficiente para vivir y a contribuir con la familia extendida que vive con ella. Pero los costos de tener hijos que ya iban a la universidad se elevaban mucho. Por eso, cuando Karla decidió emigrar, ella la apoyó.
“Karla siempre estaba pensando en emigrar a otro país por la situación de aquí, tanto económica como por la delincuencia: por el riesgo que corría ella, los muchachos, todos nosotros. Maduró la idea, empezó a averiguar y a ver cómo hacía para irse. Cuando vi que iba en serio me asusté”, explica, sobre todo por la lejanía, porque la migración en su familia puede estar normalizada, pero duele igualmente.
De las más de 370.000 mujeres que estaban registradas en el Régimen Especial de Empleo de Hogar en agosto de 2020, el 70% eran extranjeras. En 2017 CCOO Catalunya publicó que el 81,7% de las mujeres hondureñas que estaban dadas de alta en la seguridad social, trabajaban en el Régimen Especial de Trabajadoras del Hogar. Los datos actualizados a 1 de enero de 2020 del Padrón Continuo indican que en España hay unas121,695 personas empadronadas con nacionalidad hondureña. De ellas 86,297 son mujeres. Hay 21,299 mujeres de Honduras con algún tipo de permiso de residencia, lo que nos deja un total de 64.998 mujeres sin papeles.
Karla –dice Rebeca– siempre pensó en llevarse a sus hijos. Honduras es un país del que quería huir. Cuatro años después, los hechos demuestran que estaba en lo acertado. Honduras pasa una crisis humanitaria sin precedentes. Sumida en una pandemia, dos tormentas devastaron toda la zona norte del país dejando a cientos de miles de personas damnificadas, incontables muertosy la economía aún más golpeada. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) proyecta que Honduras aumentó el porcentaje de población viviendo por debajo del umbral de la pobreza: del 60% ha pasado al 70% tras la pandemia y las dos tormentas.
San Pedro Sula ha sido una de las ciudades más violentas del mundo, en 2018 bajó su puesto en el ranking mundial de ciudades violentas, pero a pesar de esa mejora, personas como Karla y Rebeca siguen teniendo una percepción alta de inseguridad. Rebeca dice que no hay sitio donde la violencia no llegue: “ni en las mejores colonias se salva uno”. Asegura que vivir con miedo de que algo pueda le pasar a sus hijos es algo que no le desea a nadie, mucho menos a su hermana.
Entre 2006 y 2010, Honduras ocupó los primeros lugares de peligrosidad del mundo por su tasa de homicidios. Aunque esta se ha reducido, la violencia es ya endémica en este país. En 2019 Honduras se convirtió en el país más violento de Centroamérica con una tasa de 41.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el informe Balance de InSight Crime, de los homicidios en 2019. Entre los departamentos con mayor número de homicidios se encuentran Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Atlántida y Olancho. La crisis humanitaria que ahora vive el país solo avizora más violencia y conflictividad social en un país que según el Bertelsman Transformation Index (BTI) 2020 ha sido catalogado como una autocracia.
Familias enteras huyen de Honduras a causa de la pobreza y la violencia, que normalmente van juntas. Y aunque la migración más conocida y documentada es la que tiene como destino Estados Unidos, cada vez más aumenta la población que migra hacia España, sobre todo las mujeres.
Rebeca lamenta que Karla se haya perdido los cumpleaños de sus hijos, sus graduaciones, pero rápidamente añade que quizá las graduaciones no habrían sido posibles sin Karla trabajando en España y enviando la remesa que mes tras mes no les faltó desde que, a los seis meses de llegar, encontró trabajo.
“Comida siempre hubo, pero ahora no tengo que preocuparme de que se acabe el dinero y no tenga para comprar. Ella cubre las necesidades mensualmente, nos ayuda a pagar las facturas”. Otro de los ámbitos en los que necesitaban más recursos económicos era en el de la salud. En Honduras los progenitores pueden asegurar a sus hijos e hijas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), bastante precario, hasta sus 11 años. Después sólo les queda el seguro privado. Por ello, cada vez que uno de los tres hijos de Karla enfermaba, los gastos se disparaban.
“A mí no me gusta preocuparle. Si algún hijo cae enfermo, trato de solucionarlo sin decirle nada. Pero si veo que es fuerte y no puedo cubrir el gasto, se lo cuento y su respuesta inmediata es que le lleve al médico, que ella me manda de inmediato el dinero para hacerlo todo: los exámenes, comprar las medicinas…”, explica Rebeca.
Este año Karla tenía planificado viajar a Honduras durante la Semana Santa para visitar a la familia. El plan era llevarse a uno de los hijos con ella. Pero llegó la pandemia y el viaje se postergó de manera indefinida. Ahora el muchacho, de 20 años, con su ticket de avión comprado, no sabe cuándo se va a reunir con su madre. Mientras, se ha matriculado en la universidad de manera virtual.
La pandemia sacudió al mundo y la vida de esta familia partida. Rebeca se preocupaba por Karla porque le llegaban las noticias de la tragedia y la crisis sanitaria en ese país cuando en Honduras aun no se sabía nada del virus.
“Cuando a ella le pegó el covid ni siquiera supimos si era eso o una gripe. Ella me dijo que fue al doctor, pero que no le mandaba a hacer los exámenes porque los hospitales estaban saturados. Tenía los síntomas, pero no es fácil aceptarlo, nos habría dado terror”, recuerda Rebeca.
En Honduras, la pandemia ha sido gestionada con ineptitud, corrupción y desidia. El presidente Juan Orlando Hernández, cuyo mandato está en entredicho desde su reelección ilegal en 2017,mintió al declarar que había pasado la enfermedad en el mes que Honduras registró la mayor cantidad de contagios, hospitalizaciones y decesos por la COVID19. Los hospitales móviles que el gobierno compró para la atención de la emergencia en marzo fueron una estafa: de los 7 adquiridos solo 4 han llegado al país y, de estos, solo dos funcionan. En Honduras el temor no solo es a enfermar, sino a sufrir las consecuencias de un sistema sanitario colapsado y sin recursos para tener posibilidades de ser atendidos dignamente.
A finales de octubre, la economía estaba comenzando a reabrirse, gracias también a la flexibilización de las restricciones horarias y a la flexibilización del toque de queda decretado en marzo. Rebeca, por ejemplo, dejó de trabajar en marzo, todos dependían de su hermana.
Comenzaban a estabilizarse en casa, cuenta Rebeca, cuando tocaron tierra dos huracanes, Eta y Iota, que devastaron el valle de Sula.
“Fue algo terrible. No hemos salido de la pandemia cuando llega el primer huracán Eta. Vivimos en una zona que nunca se ha inundado. El día del huracán empezó a azotar y, de repente, yo me siento responsable de los niños, del esposo de Karla, de decidir qué hacer. Sale una alerta de que mi colonia está en alto riesgo y en ese momento se va la energía, empieza a soplar el viento, mi hermana llamándome desde España, llorando, pidiéndome que me fuera a la casa de otra hermana, que tiene dos plantas. Empieza el shock, ella desesperada, estábamos a la deriva”, recuerda Rebeca y explica que en ese momento se imaginaba la impotencia de su hermana, que, desde lejos, habría querido volar para sacarlos de allí.
Rebeca sacó a toda la familia de la casa. Al día siguiente regresaron y la colonia no había sido afectada. La periferia de San Pedro Sula parece ahora un campo de refugiados tras la caída de una bomba. Lo que antes eran ciudades, contiguas a San Pedro Sula, ahora son grandes pantanos donde familias enteras buscan, aún meses después de la tormenta, muchos buscan pertenencias debajo del fango, mientras otras intentan huir en caravana migrando hacia Estados Unidos.
Si Karla quisiera regresar, podría decirse que no tiene un país al que hacerlo. Después de las dos tormentas, el 10 de diciembre una caravana de migrantes salió con rumbo a Estados Unidos desde San Pedro Sula. Familias enteras caminaron hacia la frontera con Guatemala donde la marcha fue disuelta por autoridades migratorias hondureñas. Esta vez, el muro del sur de México se corrió hasta Honduras. Las mujeres lloraban porque no las dejaban salir de su país, como si fuera una cárcel, como si nunca más quisieran volver a ver sus casas hundidas en el lodo.
Rebeca cree que es un precio muy caro el que se paga si se decide emigrar y que por más que al inicio las personas, como Karla, piensan que trabajarán un tiempito, ahorrarán y regresarán a su país, eso no sucede. “No se puede decir que el sacrificio vale la pena porque es mucho lo que hay que pagar por la estabilidad. Pero si ella hubiera estado aquí, habría tenido más dificultad para graduar a sus hijos”, dice Rebeca, que ahora ve más cerca el momento en que los hijos de Karla se reúnan con su madre, lejos de Honduras. Ese día continuará su vida y su plan: migrar a Estados Unidos donde la espera su esposo después de esta prolongada pausa en su vida.
América Central/Honduras/24-01-2021/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec
Las caravanas de migrantes evidencian que la migración es un fenómeno trasnacional que debe ser atendido con un enfoque de derechos humanos y requiere estrategias regionales para atacar sus causas estructurales, alertó este jueves la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Honduras.
El director de FLACSO Honduras, Rolando Sierra, dijo a Efe que las caravanas de migrantes, un hecho que comenzó en octubre de 2018 en el país centroamericano, refleja que la migración es «un fenómeno trasnacional».
La migración es un proceso «trasnacional», por lo que requiere de «estrategias regionales» de Centro y Norteamérica, pero «no bajo la lógica del únicamente del control (de los migrantes), sino bajo una lógica de desarrollo» de los países, subrayó el experto en temas migratorios.
Enfatizó que migrar es un «derecho de todas las personas», por lo que los países de Centroamérica, México y Estados Unidos deben garantizar un enfoque de derechos humanos sobre la migración y «no un enfoque de represión y de control» como ocurrió los últimos días en Guatemala contra miles de hondureños que intentan llegar a EE.UU. en una caravana.
Según autoridades guatemaltecas, más de 9.000 migrantes hondureños entraron en ese país en su camino para llegar a Estados Unidos, pero no pudieron avanzar del departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras, donde fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad de Guatemala.
Enfoque en Derechos Humanos
Sierra, de profesión sociólogo, llamó a ver y atender el fenómeno de la migración con un «enfoque de derechos humanos y no de represión».
«Uno de los principales retos es dar un enfoque de derechos humanos a todo el tratamiento del tema migratorio», subrayó Sierra, quien recordó que los países de Centroamérica han ratificado el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU.
Pese a los obstáculos de la ruta, señaló el experto, cada vez son más las personas que deciden partir en caravanas, una modalidad que inició en octubre de 2018 en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, con la idea de llegar a Estados Unidos.
Sierra instó a los países centroamericanos, donde viven más de 45 millones de personas, casi la mitad de ellos pobres, a promover programas e iniciativas que generen oportunidades para que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida y desistan de migrar ilegalmente.
Estos programas deben tener «un fuerte impacto» en la población y deben ser ejecutados «con transparencia, eficiencia y eficacia» para que las personas puedan «sentir que tienen una alternativa real en el país», subrayó Sierra Fenómeno de desplazamiento
La pobreza, el desempleo y la desigualdad, problemas que se han agudizado por la pandemia de la covid-19 y el paso devastador de las tormentas tropicales Eta e Iota por la región, figuran entre las causas que impulsan a la gente a dejar sus hogares para buscar el sueño americano, añadió.
Se suman la reunificación familiar, la violencia que afecta al país, que a diario registra entre nueve y diez muertes violentas, y los efectos del cambio climático, señaló Sierra, quien considera que atacar esas causas es «sumamente difícil».
Honduras tiene «problemas estructurales de fondo (…), pero hay que decir que este no es un fenómeno migratorio, sino de desplazamiento, la migración es cuando las personas deciden trasladarse de un lugar por su propia decisión, pero estas personas (de las caravanas), por la situación estructural y falta de oportunidades y la violencia, se ven obligadas a salir», explicó.
Otra causa de la migración de hondureños que destacó el experto es la «inestabilidad sociopolítica» que vive Honduras desde 2009, cuando fue derrocado el entonces presidente de Honduras Manuel, cuando promovía una consulta popular para reformas constitucionales que la ley le impedía.
«La mayoría de personas solicitando refugio en México son hondureños, solo en 2019 fueron 26.000 solicitudes, y esto tiene que ver principalmente por la crisis socio política del país y la violencia», enfatizó.
Honduras, así como El Salvador y Guatemala, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, es considerado uno de los países más violentos del mundo, pese a que no se desarrolla una guerra convencional, lo que alienta a muchos a migrar.
Estados Unidos firmó en 2019 con el Triángulo Norte de Centroamérica acuerdos de cooperación de asilo migratorio, con los que se busca desalentar la inmigración de personas que pagan a traficantes, pero según expertos hasta ahora no se ha logrado parar la salida de miles de centroamericanos.
Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102338842/caravana-de-migrantes-un-fenomeno-trasnacional-que-requiere-una-estrategia-regional
América Central/Guatemala/22-01-2021/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec
A la fuerza se disolvió ayer la caravana migratoria, que tiene como objetivo final llegar a Estados Unidos.
El Gobierno de Guatemala disolvió este lunes a la fuerza la caravana migrante compuesta por más de 6.000 hondureños, que huyen de la pobreza en su país y que pretenden llegar a Estados Unidos, en busca de trabajo.
Más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil y decenas de soldados del Ejército de Guatemala desalojaron al mediodía de ayer la carretera donde los migrantes se encontraban varados, en el departamento de Chiquimula, cercano a la frontera con Honduras y ubicado unos 200 kilómetros al este de la capital del país.
Disueltos
Los hondureños, imposibilitados de avanzar desde el sábado por la barrera policíaca, fueron desalojados a empujones por las fuerzas de seguridad guatemaltecas, quienes habían dado un plazo de 10 minutos a la multitud para que liberara el paso.
La caravana quedó disuelta después del operativo y cientos de hondureños se adentraron en el poblado de Chiquimula, Vado Hondo, acorralados por los disparos de gases lacrimógenos lanzados.
El enfrentamiento no reportó heridos de gravedad e hizo retroceder a los migrantes, quienes quedaron desperdigados por el lugar a la espera de encontrar una ruta alterna.
Desde la semana pasada, el Gobierno guatemalteco había advertido que no dejaría avanzar a los hondureños sin cumplir con los requisitos migratorios, principalmente una prueba negativa de la Covid-19.
¿Por qué el éxodo hondureño?
El éxodo de miles de hondureños, que la semana pasada salieron en caravana con la idea de llegar a EE.UU. en busca de trabajo, es un reflejo de la crisis que vive su país desde 2009, que se agudizó con la desgracia sufrida en 2020 por la pandemia de Covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota.
Honduras, un país con 9,3 millones de habitantes, acumula 134.111 casos de Covid-19 y 3.354 muertos.Los fenómenos naturales afectaron principalmente el Valle de Sula, región que produce el 45% del producto interno bruto (PIB) del país, lo cual ha dejado consecuencias gravísimas para Honduras.
La crisis deja en las cifras de desempleo a 1 millón de personas en el sector formal y más de 1,5 millones de personas con problemas de ingresos en el sector informal.
Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102338471/represion-contra-migrantes-hondurenos-en-guatemala
El Gobierno de Honduras benefició a la industria maquiladora con contratos para material sanitario al inicio de la pandemia de la Covid-19. Pero los trabajadores tenían prohibido usar transporte público. La agresión policial a un autobús privado con más de treinta empleadas de una fábrica textil obligó al Estado a admitir que los agentes aplicaron un procedimiento inadecuado.
El Enano discutió con un policía. El chofer, conocido por su apodo, acababa de intentar una maniobra prohibida. Todo para entrar con su precario autobús al principal parque industrial del municipio de Choloma, al norte de Honduras. Era 12 de agosto y pasaban las seis de la mañana. El conductor trasladaba a 31 obreras y 9 obreros a la maquila Jerzees Nuevo Día, una de las siete empresas en Honduras que fabrican ropa para la marca estadounidense Fruit of the Loom. El oficial retuvo el bus por unos minutos. Pero lo dejó pasar.
Temprano por la mañana, varias maquileras se dirigen a la entrada del parque industrial Zip Choloma, las medidas de distanciamiento social no se cumplen en los portones de acceso del parque
Cindy, una de las pasajeras y empleada de la fábrica textil, observó el incidente sorprendida desde su asiento. Recuerda al Enano como un hombre con sobrepeso. Le vio bastantes veces, pero no solía fijarse en él. Ese día, iba pensando en regresar bien a su casa, cuando acabara su jornada. El miedo al contagio le generaba mucho estrés. Cindy escuchó cuando el conductor se defendió del policía: “Viejo ¿por qué estás dejando pasar otros buses y a mí, no?”.
Al día siguiente, lo primero que Cindy hizo al subir al bus fue pensar que quizá el incidente se repetiría. La mujer que elige llamarse Cindy sin apellido por seguridad, saludó al Enano. “Buenos días, a ver cómo nos va hoy”, le dijo antes de acomodarse en un asiento intermedio de la unidad. Por residir en el sector López Arellano en Choloma, Cortés —el departamento con más casos detectados de Covid-19 a nivel nacional—, Cindy prefería salir de casa con la mascarilla puesta y la careta plástica que le dan en el trabajo.
El bus salió de la López Arellano, a 7 kilómetros del casco urbano de Choloma. Empezó a circular por una de las principales vías de la zona metropolitana del valle de Sula, que concentra el 80% de la zona manufacturera y textil de Honduras. Mientras el viejo vehículo amarillo avanzaba por el concurrido bulevar, Cindy se entretenía con el reguetón que retumbaba en los parlantes. No vio cómo el bus estaba a punto de ser detenido por la policía.
En Honduras, las fábricas de ropa textil de exportación, conocidas como maquilas, permanecieron cerradas solo del 10 de marzo al 22 de abril para reducir el contagio por la Covid-19. Reabrieron porque fueron consideradas por el gobierno como sector esencial para fabricar material sanitario a cambio de contratos. Equiparadas a los supermercados, farmacias, bancos y gasolineras. Desde entonces, no pararon.
Fue el caso de Jerzees, que empezó a fabricar mascarillas. Aunque su principal cliente siempre fue Fruit of the loom, de la corporación Berkshire Hathaway Group, un imperio que tiene unos 270 mil empleados y es propiedad del magnate Warren Buffett.
El bus de El Enano circula por las calles aledañas a la zona manufacturera de Choloma, al norte de Honduras
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández había prometido entregar una mascarilla a cada habitante del país, que ronda los nueve millones. Las 122 maquilas del sector textil fueron beneficiadas por el gobierno para hacer mascarillas a cambio de US$128,000 y batas quirúrgicas, por US$443,944. Las maquilas las fabricarían. Solamente en Choloma hay 78 maquilas, así que la demanda de transporte fue grande.
El transporte público estaba prohibido. Muchas maquilas contrataron transporte privado. Jerzees, desde antes de la pandemia, tenía un servicio privado en cumplimiento de un acuerdo sindical. Pero la reactivación de un sector con más de 160,000 empleados tuvo complicaciones.
El toque de queda absoluto que se decretó desde marzo, fue cambiando cada semana. En los primeros meses, hubo más de 54,000 detenciones policiales por presunto salto del toque de queda y un centenar de denuncias ciudadanas por abuso de autoridad.
El saludo que Cindy le hizo al Enano, dirá ella después, fue un presagio.
El bus amarillo estaba a cinco minutos de llegar a la fábrica textil. Eran las 6:30 AM del 13 de agosto, cuando dos oficiales de la Policía Nacional lo detuvieron. Estaban esperando al Enano, en un semáforo, justo antes de llegar al parque industrial. Los agentes acusaron al conductor de que el día anterior había intentado agredir a uno de sus compañeros, según el testimonio posterior de dos pasajeras.
Uno de los policías anunció que el vehículo estaba decomisado. Pidió la licencia al conductor y éste se negó a entregarla, recuerda Cindy. El Enano sugirió que uno de los agentes lo acompañara a dejar a las obreras. Dijeron que no. Las trabajadoras protestaron. No se querían bajar. Una de las operarias grabó un video con su celular.
Aquel 13 de agosto, la detención policial escaló de nivel. “Miren, jóvenes, yo voy a tirar gas ahorita, si nadie se quiere bajar”, amenazó uno de los policías. Un par de jóvenes en el interior del vehículo lo retaron: “Tírelo”. Cindy escuchó un chasquido y la unidad se inundó de humo. Las cuarenta pasajeras empezaron a gritar.
Algunos saltaron por las ventanas. Pero la mayoría en esta asfixiante carrera salió por la puerta del bus. Lloraron y maldijeron. Cindy observó cómo un trabajador era pateado por sus compañeros mientras intentaba salir del bus. Otro cayó sobre un vehículo.
Minutos después del ataque, las víctimas fueron atendidas por personal de la maquila donde trabajaban: 16 sufrieron algún trauma, 4 fueron trasladadas al Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS) y 12 fueron incapacitadas temporalmente por efectos del gas lacrimógeno. Una de las incapacitadas fue Cindy. Cuando intentaba escapar del gas, escuchó gritos en el suelo. Intentó no pisar a su compañero. El salto salvador le costó un esguince en el pie izquierdo. Permaneció 21 días sin trabajar.
La noticia del bus gaseado fue viral en Honduras el 13 de agosto de 2020, luego se olvidó.
El Enano desapareció de Champerío, la comunidad de la colonia López Arellano donde vivía. A algunos conocidos les dijo que al estar involucrado en un tema con la policía prefería irse de su casa.
Un policía a juicio
La brutalidad policial y militar en Honduras ha sido evidente en los momentos de crisis política. Durante el golpe de Estado de 2009, las fuerzas policiales y militares reprimieron las manifestaciones con un saldo de 20 asesinatos. Pero dos años después, la Policía Nacional entró en crisis por una serie de asesinatos cometidos por sus miembros y por sus vínculos con el crimen organizado. La depuración policial comenzó en ese entonces y se destapó el problema estructural en esa institución.
Para las elecciones del 2017, la Policía Nacional y el Ejército reprimieron las protestas de fraude electoral. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) identificó un patrón común en 22 muertes producidas por miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Los culpables de esta violencia no han sido juzgados. En enero del 2020, Leonel Sauceda, uno de los altos jerarcas de la Policía, fue encarcelado luego que no pudiese justificar 14 millones de lempiras (US$560.000).
Un día después de que la policía gaseara el bus del Enano, la Policía Nacional reconoció que los dos oficiales aplicaron un procedimiento “inadecuado” al discutir con los pasajeros y detonar una bomba de gas lacrimógeno. Inadecuado, pero no excesivo. Condenó el hecho con un comunicado y suspendió temporalmente de labores en la calle a los dos agentes involucrados.
El policía implicado en el caso fue llevado al edificio judicial donde se realizaron las audiencias. Al terminar, fue custodiado y sacado por la puerta trasera para que la prensa no pudiera fotografiarlo
El portavoz nacional de la Policía, Jair Meza, aseguró semanas después a Contracorriente que el incidente con el Enano fue consecuencia del día anterior. Porque padecían “estrés laboral”. El alto oficial redujo el incidente a una falta y excusó a los agentes que atacaron el bus. “Hay muchas personas que no quieren hacer caso”, justificó ignorando que los empleados de la maquila no desobedecían, solo iban a trabajar en bus.
Tras dos meses de investigaciones, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) recomendó el despido para el oficial que lanzó la bomba. Pero consideró que el otro agente no tuvo participación activa en los hechos. Fue una recomendación, la decisión final corresponde a la Secretaría de Seguridad.
El caso está en los tribunales. La Fiscalía acusa al oficial de delimitación e impedimento de derechos fundamentales de las pasajeras del bus. El delito se produce cuando los funcionarios de gobierno violan derechos garantizados por la Constitución. El acusado irá a juicio, pero podrá defenderse en libertad.
Jerzees Nuevo Día lamentó el atentado mediante un comunicado. “Investigaremos este incidente y se procederá a realizar las gestiones pertinentes para evitar que este tipo de acontecimientos se repita”, reza el comunicado. No fue posible contactar con la empresa para obtener declaraciones sobre el día que la policía tiró gas pimienta a un bus privado contratado por Jerzees para llevar operarias.
Aquel 13 de agosto, a las seis de la mañana, había unos 815 empleados de Jerzees yendo a trabajar en 13 autobuses privados. Reciben un salario mínimo mensual de 8,226.39 lempiras (370.45 dólares). Para preservar el empleo y obtener una bonificación extra deben superar el 100% de la meta de producción diaria. Es lo que se llama un récord de alta productividad.
Cindy lo tiene muy presente cada día al salir caminando de su casa hacia uno de esos buses. Aquel 13 de agosto, quería llegar al 110%. Ahorra para apoyar a su hija de 17 años a estudiar en la universidad.
Muchas empresas maquiladoras, como Jerzees, obligaron a las obreras a regresar al trabajo sin garantizar un transporte que las recogiera en su casa para llevarlas a las fábricas. Cindy, cada día, bajaba —y lo sigue haciendo— a las 6:10 de la mañana por la empinada calle que la lleva de su pequeña casa al punto de buses donde esperaba al Enano para trasladarse a Jerzees.
La pasajera del asiento intermedio
Cindy, 34 años, la trabajadora que se hizo un esguince en el incidente del bus, comenzó a trabajar en la maquila a los 18 años. Es mestiza, ojos grandes, pelo lacio y de voz fuerte. Durante la conversación, está muy seria. De cómo huyó del asiento intermedio del bus, sobre todo recuerda la urgencia.
Cindy en su casa en la colonia López Arellano, donde viven la mayoría de trabajadoras de maquilas
Vive en la colonia López Arellano, donde habita casi la mitad de la población de Choloma y uno de los lugares más poblados del país. De allí es la mayoría de la plantilla de Jerzees que viajaba en el bus del Enano. Su nombre se lo debe a Oswaldo López Arellano, un militar que gobernó Honduras por ocho años tras un golpe de Estado en 1963.
En el sector López Arellano viven unas 132,000 personas diseminadas en unas 40 colonias, según datos gubernamentales. Este sector es caliente, expresión que refleja su alto índice de criminalidad. Solo por debajo de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Una banda denominada La Rumba le disputa esta plaza a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). Pelean territorios para vender droga y extorsionar a los negocios grandes de esta zona. La población sobrevive mayoritariamente del trabajo en la maquila, las remesas y el empleo informal.
Cindy es una mujer de pocas palabras. Actualmente vive en un pequeño cuarto que alquila por 1200 lempiras (US$48) mensuales. En la casa funciona también una pequeña tienda, donde se vende arroz, frijoles, azúcar y refrescos de cola. En esa pequeña pieza vive con sus dos hijas. La que cumplirá 17 años, estudia la secundaria. “Quiere ser psicóloga o abogada, será lo que a ella le guste”, dice Cindy ilusionada. Su otra niña tiene nueve años y está en la escuela primaria.
Cindy pide anonimato porque siente temor. No aclara si a las represalias en su empleo o por haber estado involucrada en una escena donde aparece la Policía Nacional. Mientras conversamos hace gestos de dolor. Después de 15 días del incidente en el bus, su pie izquierdo aún sigue inflamado por la contusión producida al escapar del gas lacrimógeno.
Cindy muestra su tobillo hinchado después del golpe que sufrió al tratar de huir del gas lacrimógeno
“Pensábamos que nos íbamos a ahogar”, arranca Cindy. En medio de aquella nube negra, mientras buscaba con desesperación respirar algo que no fuese humo, escuchó la voz de un hombre que pedía a gritos no ser pateado. Ella intentó no golpearlo y saltó. Caminó y vomitó. Desorientada se sentó a la orilla de la carretera. Cuando se quiso levantar, no pudo. Su pie izquierdo se había hinchado y estaba morado. También se golpeó la mano.
Fue trasladada al IHSS donde le indicaron que tenía un esguince en el tobillo y le dieron una incapacidad por 21 días. Durante este tiempo solo recibiría de Jerzees el 25% del salario mínimo. El IHSS no cubrió sus medicamentos y tuvo que comprar un analgésico inyectable que cuesta US$8. Cindy se colocó más de 10 dosis. Tuvo que regresar a trabajar con dolores por el esguince. Al menos, dice con alivio, no se contagió en esa ida y venida al hospital.
En seis meses de pandemia seis trabajadores del sector maquilero fallecieron por el virus —cuatro hombres y dos mujeres— y 151 más recibieron atención por contagiarse en las fábricas hondureñas, según datos oficiales del IHSS.
María Medina, sindicalista de Jerzees, asegura que hubo contagios de trabajadores en su maquila y que dos compañeros murieron de la Covid-19. Aunque no determinó si estos se contagiaron en el trabajo. Esto no detuvo la operación de la fábrica, advierte la mujer cuya victoria más recordada fue lograr la reapertura de Jerzees Honduras en septiembre de 2009, después de que esta cerró operaciones como medida de presión por la creación del sindicato. En enero de 2008, 1,300 trabajadoras y trabajadores fueron despedidos.
En Jerzees, como en la mayoría de fábricas, los trabajadores fueron enviados por decreto de vacaciones obligatorias. Patrono y trabajador debían conciliar. La realidad es que los trabajadores fueron enviados de vacaciones sin su consentimiento.
María Medina cuenta que en la maquila Jerzees hubo varios contagiados por COVID-19 e incluso fallecidos; sin embargo, las operaciones de trabajo nunca se detuvieron.
Representantes de trabajadores, patronos y gobierno acordaron apoyar a los trabajadores suspendidos con una aportación solidaria de 6,000 lempiras (US$240). El gobierno aportó la mitad para cada empleado.
El Estado invirtió más de US$23 millones en los empleados del sector maquilador. Solo a Jerzees Nuevo Día, le dio 5,358,000 lempiras (US$218,000) para 892 obreras y obreros suspendidos. Esto alcanzó para pagar un bono de US$122 a cada trabajador por dos meses. Con este acuerdo la industria maquilera no tuvo que destinar grandes cantidades para cubrir los salarios de sus empleados suspendidos, quienes sí tuvieron que acomodarse a un recorte en sus ingresos.
Maritza iba en el asiento de atrás del bus amarillo el 13 de agosto. Como su compañera Cindy. Con 41 años, es una mujer alegre de voz suave y pausada. Mientras hablamos con ella en su casa, su perro Oso, merodea y nos vigila.
Maritza prefiere hablar desde el anonimato, su historia no es fácil. No se llama así, así que tampoco elige un apellido falso. Llegó a trabajar en una fábrica de capital chino cuando solo tenía 15 años. Era menor de edad, por lo que usó documentos prestados de otra persona. Así funcionaba antes, dice ella, que llegó de un pueblo en el occidente del país.
Desde entonces han pasado 26 años. Es madre soltera desde que su pareja la abandonó. «Nunca quise ponerle padrastro a mis hijos”, dice esta mujer de tez blanca y que usa iluminaciones en su cabello castaño. Trabajando en la maquila, Maritza pudo criar a sus hijos. La mayor, de 24 años, es secretaria bilingüe. Su hijo, de 21, es mecánico automotriz. Ambos también se dedican a trasladar personal de empresas en un microbús que Maritza les compró.
Maritza recuerda, mientras ve los buses pasar, como pensó que iba a morir en el bus tras la detonación de esa bomba lacrimógena
Hace cinco años, Maritza compró una casa. Lo hizo con prestaciones laborales que recibió cuando Jerzees cerró en 2008 y con ayuda del abuelo paterno de sus hijos. “Si me voy por bajo rendimiento, no me iré avergonzada porque un día fui estrella (tuvo alta productividad)”, dice con un brillo especial en los ojos.
Maritza cuenta que en la calle donde vive en la López Arellano, es la única que utiliza mascarilla. En Jerzees sí hubo contagios, añade. Pero a su juicio hay poca responsabilidad de la empresa en esto. Durante la jornada laboral la empresa emite recordatorios a través de altoparlantes. A cada momento, se repite que no está permitido platicar y que las mascarillas y caretas son obligatorias. Hay abundante gel de alcohol, pero dice que muchos están cansados de los protocolos de seguridad. Algunos los ignoran en espacios no supervisados.
Aquel jueves 13 de agosto, Maritza abordó la unidad y se fue a los asientos traseros. Confirma que parecía que los policías estaban esperando el bus. Escuchó la conversación entre el piloto y los policías. Al Enano le dijeron que había tenido un problema el día anterior cuando intentó atropellar a otro agente de policía. Ella sostiene que no fue así. «El conductor nunca tuvo intenciones de dañar a nadie», asegura.
«Hubo un chispazo. Tronó el bus. Sentí que saldríamos volando en pedazos», dice mientras hace ademanes y eleva la voz.
«Pensé que me iba a morir. No podía respirar y pedía agua, pero a señas. Sentía una gran picazón en la garganta». Entre empujones y gritos, salió por la puerta. Al recuperar el aliento, comenzó a llorar. Entró en un colapso nervioso. «Gritaba que nos iban a matar». Necesitó media hora para recuperar la calma. Su hijo, el mecánico, pasó por ella.
Su ceño se frunce cuando le preguntamos qué siente ahora al mirar a un agente de seguridad pública. «Ellos (la policía) no tienen piedad para quererlo matar a uno», dice.
La maquila sigue operando. En la carretera principal, cerca de donde ocurrió el ataque al bus de las obreras de la maquila, se pueden ver decenas de personas, familias enteras pidiendo dinero. El largo confinamiento ha convertido en mendigos a miles. Cindy, Maritza y María, que no pararon de trabajar, agradecen mantener su empleo.
El bus de El Enano se mantiene decomisado como evidencia para el seguimiento del caso en las dependencias policiales de Choloma
La vetusta unidad, con placa A-AE-4688, permanece en la Unidad Metropolitana Policial # 10. Está ubicada en la comunidad de Río Nance, a nueve kilómetros de donde ocurrió la agresión policial. En la parte frontal del vehículo decomisado aún resiste el rótulo con la leyenda Jerzees Nuevo Día. Después de la huida del Enano, el dueño del bus ha intentado recuperar su vehículo sin suerte.
Edición de fotografía: Oliver de Ros/El Intercambio
Diseño: Pablo J. Alvárez/El Intercambio
Coordinación y datos: Ximena Villagrán/El Intercambio
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/el-gobierno-de-honduras-subsidia-el-trabajo-de-fabricas-de-ropa-mientras-su-policia-ataca-a-31-trabajadoras-durante-la-pandemia/
En Honduras hay un repunte preocupante de la violencia de género, una tragedia que se ha profundizado durante los meses de confinamiento por la pandemia y ante la ausencia crónica de políticas públicas.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) calcula en 6.137 las mujeres que han perdido la vida de forma violenta y las víctimas de femicidios en los últimos 15 años (2005-2019), con un fuerte repunte a partir del golpe de 2009.
Más del 63 por ciento de los asesinatos (3.891) ocurrieron a partir de 2012, el 60 por ciento de los cuales fueron femicidios, en su mayoría cometidos a manos de la pareja o ex pareja.
Entre enero y agosto de 2020, el Observatorio de la Violencia registró 218 entre muertes violentas y femicidios, 138 de los cuales durante los meses de confinamiento por la pandemia.
Con el agregado del mes de septiembre las víctimas se elevan a 245, es decir una cada 26 horas. El 66,5 por ciento de los crímenes ocurridos este año fue ejecutado con arma de fuego.
El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) lanzó un grito de alarma ante el aumento de los ataques contra mujeres en septiembre último. La organización feminista registró 30 femicidios, 17 casos de violaciones sexual, 9 de estas contra niñas menores de 15 años.
Durante el foro virtual “Situación de violencia contra las mujeres y su manejo en el contexto del Covid-19”, organizado por la plataforma Tribuna de Mujeres contra los Femicidios ‘Gladys Lanza”, se exigió al estado hondureño “acciones urgentes ante el impacto negativo que enfrentan las mujeres como resultado de la violencia domestica e intrafamiliar, agravada por la pandemia”.
Las organizaciones que integran la Tribuna de Mujeres expresaron profunda preocupación por “la imparable ola de violencia contra las mujeres que es reportada a la línea de emergencia 911”.
De acuerdo con datos del Movimiento de Mujeres por la Paz ‘Visitación Padilla’, de enero a septiembre de este año el Sistema Nacional de Emergencias recibió 76.520 llamadas de auxilio por violencia doméstica (43.590) e intrafamiliar (32.930), es decir unas 283 llamadas al día (en el último trimestre el promedió alcanzó las 301 llamadas diarias).
Estos datos evidencian un aumento del 8 por ciento con respecto al 2019. Lamentablemente, la respuesta estatal sigue siendo muy débil. En este mismo período, el Ministerio Público reportó solamente 2.454 denuncias y los juzgados emitieron 467 sentencias que desembocaron en tan sólo 247 detenciones.
Tribuna de Mujeres contra los Feminicidios
“¿Qué pasó con el resto de mujeres que sintieron que su vida estaba en riesgo y llamaron al 911? ¿Algunas serán parte de las 245 mujeres víctimas de femicidios en lo que va del año?”, pregunta la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios.
Para las organizaciones que integran la plataforma “ser mujer en Honduras implica un alto riesgo, ya que la desprotección que enfrentamos inicia en la casa y trasciende al ámbito público”.
“En nuestra labor como defensoras de los derechos humanos de las mujeres ̶ advierten ̶ nos toca conocer en carne propia los traspiés que deben sortear las mujeres en su búsqueda de justicia”.
Ante la inercia estatal y el repunte de la violencia de género en tiempos de confinamiento por la pandemia, la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios exigieron al gobierno central “políticas públicas con medidas concretas que permitan erradicar la violencia”.
También demandaron a los gobiernos locales “fortalecer los mecanismos de apoyo a las mujeres para que puedan romper el silencio y denunciar la violencia”, y al Ministerio Público “fortalecer las unidades de investigación de muerte violenta de mujeres y femicidio”.
Finalmente pidieron la creación de más juzgados de violencia y la capacitación del personal en violencia de género.
“No nos vamos a cansar de exigir una respuesta estatal que considere a las mujeres como ciudadanas con derechos, sobre todo a vivir una vida libre de violencia y no como meras votantes en los procesos electorales”, dijo Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento ‘Visitación Padilla’.
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