Justicia

En diálogo con Sputnik, el presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, Jorge Haroldo Vásquez, explicó que las jóvenes sobrevivientes del incendio que mató alrededor de 40 internas de un hogar estatal están siendo trasladadas a hospitales de Estados Unidos.

«En el momento ya se habla de 41 o 42 fallecidas. En cuanto a las sobrevivientes, el embarazo de las mismas se ha manifestado ampliamente y muchas personas lo han reportado. Aparentemente pudieran estar embarazadas, lo que implica el sumo agravamiento de la situación y de la responsabilidad del Estado», contó Vásquez.

La tragedia se dio precisamente en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, y las primeras noticias informaron que un motín organizado por las internas habría resultado en el incendio. Sin embargo, dicha versión pasó a ser cuestionada ante las denuncias que se destaparon a raíz de lo sucedido.

El juez penal remarcó la negligencia y la omisión que hubo en el caso considerando que ya se habían registrado denuncias sobre las condiciones inhumanas, los abusos, los maltratos y «la tortura» a que esas jóvenes eran sometidas bajo la tutela del Estado. De acuerdo con el magistrado, pese a que las investigaciones estén en curso, hay mucha presión desde la sociedad para que no se demore en procesar a los responsables.

«El tema contundente en este momento es [saber] quién era la persona que pudo haber dado la orden, o quién impidió que se les abriera la puerta a estas chicas que se estaban incendiando adentro, que se estaban muriendo y pidiendo auxilio. Estamos exigiendo las investigaciones por parte del Ministerio Público para determinar a quién corresponde la responsabilidad penal y también al más alto organismo ejecutivo del Estado que, en este caso, sería el presidente (Jimmy Morales) y la Secretaría de Bienestar Social. Si llega hasta lo alto, pues que se deduzcan estas responsabilidades», aseveró.

Vásquez resaltó que la confirmación oficial del embarazo de las sobrevivientes puede salir a la luz en cualquier momento, si bien ya se habla «muchísimo» respecto del tema. «Habrá que confirmar que efectivamente están embarazadas porque hay versiones de personas que estuvieron en ese hogar y denunciaron las condiciones de abuso», agregó.

Además, el magistrado contó que la prensa guatemalteca ha informado «que los cadáveres estaban en una posición que generaba mucho cuestionamiento sobre lo que ocurrió realmente y también describieron una supuesta explosión adentro con una bomba o una granada, pero todo tendrá que ser investigado», reforzó.

«El señor presidente ha reconocido la responsabilidad estatal en todo eso pero en su declaración manifestó que todos éramos responsables, que todos éramos culpables, probablemente refiriéndose a la sociedad. Sin embargo, hay una responsabilidad directa y clara sobre el origen y la muerte de esas jóvenes que estaban bajo la tutela del Estado», criticó.

Para el juez, el episodio reveló la ausencia de políticas de protección a la niñez y a la juventud y que la tragedia deja «muy mal parado» al Gobierno. «Ya empiezan a saltar manifestaciones de otros hogares con situaciones semejantes a las que se daban en el que se incendió. La Secretaría de Bienestar Social, el presidente y la Procuraduría General de la Nación deben apresurarse en responder», concluyó.