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Argentina: Preocupación docente por los psicofísicos

Argentina/Julio de 2017/Fuente: El Litoral

Desde el Sindicato Unico de los Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) manifestaron su preocupación por las denuncias de cesantías de docentes por exámenes psicofísicos. Según informaron, al menos un centenar de educadores se encontrarían en esta situación.

Por nueva disposición, los docentes que no superen  esta evaluación son cesanteados. Para el secretario general de Suteco, Fernando Ramírez, la medida es violatoria del artículo 20 del Estatuto Docente, ya que no se cumplimentarían los procedimientos requeridos por ley.

Según explicó el sindicalista a El Litoral, los docentes serían separados de sus respectivos cargos sin mediar el inicio de un sumario y no se habilitaría una instancia de defensa por parte de los afectados.

Por ello, desde el gremio calificaron la medida de “arbitraria” por lo que solicitaron a los educadores que se encuentran en esta situación, que “no abandonen sus puestos de trabajo”.  Serían aproximadamente cien y alcanzaría tanto a titulares, como interinos y suplentes.

“Los docentes son personas. No pueden ser echadas y ser abandonadas por el Estado”, indicó Ramírez. No obstante, aclaró que es fundamental el psicofísico “porque en definitiva no puede estar cualquier persona al frente de nuestros niños”. Sin embargo, consideró que, precisamente, lo que garantiza el buen funcionamiento del sistema es el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

Este será uno de los temas que buscarán informar desde el sindicato a las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia. Además, al respecto mantuvieron reuniones con el subsecretario de Trabajo de Corrientes, Jorge Rivolta. El lunes, en tanto, pedirán audiencia con la titular de la cartera Susana Benítez.

Los sindicatos docentes, además, organizan una jornada provincial de protesta a realizarse el viernes. Estarían programando una marcha hasta Casa de Gobierno y si convocan al paro.

Fuente: http://www.ellitoral.com.ar/470499/Preocupacion-docente-por-los-psicofisicos

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La educación como prioridad.

Por: Angeles Ezama Gil.

¿Habrá algún Gobierno en España alguna vez que considere el tema de la educación como una prioridad? Creo que es una pregunta retórica, para desgracia de los españoles.

Llevamos muchos años sufriendo sistemas educativos lamentables que han conducido la educación española a una paulatina decadencia. Desde la LOGSE no he conocido uno bueno, con todas sus siglas: LOE, LODE, LOMCE, etcétera.

La actual situación del sistema educativo en nuestro país sería preocupante para políticos que se interesaran en algo más aparte de ellos mismos; entregados a sus intrascendentes batallitas particulares dejan pasar el tiempo sin hacer nada: pecan por omisión, que es también un modo de pecar.

Y entre tanto la educación y la investigación en las que se compromete el futuro de nuestro país navegan a la deriva sin timón, con una financiación reducida y con unos planes de estudios descabellados que están conduciendo a nuestros jóvenes a la ignorancia más absoluta.

¡Lástima de país incapaz de generar políticos generosos con el ejercicio de la política como arte de gobernar a los pueblos para el beneficio de estos y no solo para su propio beneficio!

Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/06/23/opinion/1498240088_262218.html

Imagen: http://otrasvoceseneducacion.org/wp-content/uploads/2017/04/Sindicatos-insuficiente-presupuesto-educativo-Educacion_1014210670_125907280_667x375.jpg

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Chile: Las discriminaciones y confusiones del proyecto de Educación Superior

Chile/Junio de 2017/Fuente: Biobiochile

La Comisión de Educación de la H. Cámara de Diputados, aprobó algunas definiciones acerca de lo que corresponde al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), junto con condiciones para que las universidades privadas puedan solicitar el ingreso a dicho organismo. Debe hacerse notar que este es el primer trámite de discusión en particular, es decir, respecto al articulado, del proyecto de ley que reforma la Educación Superior.

Debemos considerar que dicho texto surgió de una indicación de integrantes de la Comisión, que acogieron casi sin modificaciones, una propuesta de los rectores de las Universidades Alberto Hurtado y Diego Portales. La indicación aprobada define que al Consejo de Rectores le corresponde asesorar y formular propuestas al Ministerio de Educación en las políticas públicas, conforme a su estatuto orgánico, por lo tanto es la única voz universitaria reconocida en el sistema para relacionarse formalmente con el Gobierno y hacer propuestas en materias de Educación Superior. No se ha señalado qué pasaría con otras funciones del Consejo, como la complejísima e infructuosa tarea de determinar las necesidades nacionales de profesionales y de técnicos, que pasarían a ser funciones de la Subsecretaría de Educación Superior.

Por cierto, otras organizaciones pueden hacer sus planteamientos, pero sin la importancia de lo que señala el CRUCH, ya que se establece por ley que a ese grupo de rectores le corresponde asesorar y formular propuestas. Por eso son relevantes las condiciones que se definan para que una universidad sea parte del Consejo. Este texto no corrige una anomalía ya existente, sino que la reitera y profundiza; es anómalo que esa facultad se atribuya a los directivos máximos de universidades que tienen, a grosso modo, la mitad de los estudiantes de las universidades chilenas acreditadas.

Como ha ocurrido con frecuencia en la tramitación de este proyecto de ley, el texto es confuso y arbitrario, además de discriminatorio. Es confuso como se desprende fácilmente de la lectura de la primera condición para postular a ser admitido en el CRUCH: “a) Poseer una antigüedad mínima, contada desde la fecha de su establecimiento, de 15 años, tiempo durante el cual se deben haber desarrollado de manera consistente las características que exhiben las Instituciones del Consejo”. Dada la heterogeneidad de las universidades dentro del organismo, es interesante hacerse la pregunta de quién y cómo se determinarán esas características ¿serán las de las universidades con 7 años de acreditación o las de aquellas con 3 años? Como señalamos, estas disposiciones discriminan al plantear condiciones arbitrarias, como se deduce del requisito de estar adscrito al régimen de gratuidad de la Educación Superior en los dos años anteriores a la solicitud. Es curioso que este requisito sea obligatorio para estar en el CRUCH, no obstante es una adscripción voluntaria para las instituciones.

Como dijimos, es interesante constatar que este texto sigue muy de cerca, por decirlo así, la propuesta hecha por dos rectores de universidades privadas que, curiosamente, cumplen con esas características. Esos rectores responden a sus obligaciones, al proteger los intereses de sus representadas junto con proponer lo que creen es bueno para el país; en el caso de los parlamentarios que aprobaron la indicación eso es mucho más discutible.

Fuente: http://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2017/06/24/las-discriminaciones-y-confusiones-del-proyecto-de-educacion-superior.shtml

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México: Rechazo familiar hacia niños trans y LGBI atenta contra sus vidas

México/Junio de 2017/Fuente: Desastre

Existe una relación directa entre la falta de apoyo de las familias hacia los menores de edad LGBT y su calidad de vida, pues el rechazo se traduce en altas posibilidades de que padezcan depresión, tengan baja autoestima, posean percepciones negativas sobre sí mismos y tengan pensamientos suicidas.

Esto de acuerdo con la doctora Catlyn Ryan, una prestigiosa investigadora estadounidense, académica de la Universidad de San Frnacisco y trabajadora social que forma parte del Family Acceptance Project, un movimiento que busca generar conciencia sobre los padecimientos de los niños LGBT al ser rechazados por sus familias y la urgencia de transformar sus realidades desde la aceptación y su reconocimiento.

Ryan compartió estas conclusiones en el primer Foro de Familias Diversas: La Importancia del Apoyo Familiar en la Infancia Trans y LGBI, realizado en el marco del mes del orgullo por la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual (FDS), en colaboración con la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). “Este foro es la respuesta a todos aquellos que prefieren las terapias de conversión, los internados, o para quienes creen que un sacerdote o un psicólogo fraudulento les va a cambiar sus preferencias. Construyamos unas sociedades mucho más armoniosas, construyamos un mundo en el que quepamos todos y todas, y familias que amemos a nuestros hijos”, declaró Jaqueline L´Hoist Tapia, presidenta del COPRED durante la inauguración del evento.

El Foro de Familias Diversas tiene como objetivo ofrecer información objetiva, científica y con perspectiva de derechos humanos que permita construir políticas públicas con la visión de promover la atención integral de los niños y adolescentes LGBTI, debido a que son un sector que se encuentra fuertemente vulnerado y violentado. “Es de suma importancia generar estos espacios de reflexión porque la función pública está obligada a generar una verdadera democracia frente a los retos que la población LGBTI enfrenta, sobre todo la infancia, quienes carecen de programas integrales en los ámbitos médicos, educativos, sociales, legislativos, entre otros”, declaró Isolda Atayde, copresidenta de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual, una red de familias una red de familias con hijos LGBTI. El Foro se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en las instalaciones del COPRED, en él habrá mesas de diálogo, análisis, presentación de investigaciones, talleres y capacitaciones para sensibilizar sobre la diversidad sexual y la necesidad del apoyo a los niños LGBTI por parte de sus familias. Además contará con la participación de académicos e investigadores internacionales y especializados como Johanna Olson Kennedy, Catlyn Ryan y David Barrios; así como con la presencia de organizaciones defensoras de derechos humanos como Mulabi/Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, Gender Spectrum, Opción Bi, entre otras.

En la inauguración participaron Ana María Delgado, vicepresidenta de la FEMMES, Patricia Uribe, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida; y Luis Perelman, presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, quien celebró la realización de este evento; además recordó que este tipo de acciones buscan construir una sociedad más inclusiva que combata la discriminación a través de la difusión y producción de información ética sobre la diversidad sexual para acabar con los estigmas. Finalmente, el diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, señaló que la instancia que representa recibirá las conclusiones y propuestas que se generen de este foro para trabajarlas y plasmarlas la Ley general de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Asimismo, informó que el canal de la Asamblea contará con un programa exclusivo para hablar sobre las necesidades de las personas LGBTI.

Fuente: http://desastre.mx/mexico/rechazo-familiar-hacia-ninos-trans-y-lgbi-atenta-sus-vidas/

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¿Por qué impugnar una ley que beneficia la educación superior?

Por: Ignacio Mantilla

Desde el año 2013 la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se aliaron en un proyecto conjunto para tramitar, con el apoyo fundamental del Congreso de la República, la modificación y ampliación de la Estampilla pro Universidad Distrital.

Las dos Instituciones han dado un claro ejemplo de cooperación académica y han demostrado la eficacia de la unión para el fortalecimiento de la calidad y el logro de los objetivos. Conscientes de nuestras responsabilidades con la educación superior pública en la capital de la República, tenemos claro que no es la competencia, sino la cooperación, el camino correcto para formar mejor a nuestros jóvenes estudiantes. Actualmente, el 95 % de los estudiantes de la Universidad Distrital y el 80 % de los estudiantes de pregrado de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional provienen de las 20 localidades de esta ciudad.

Ambas instituciones acordaron solicitar al Congreso la modificación a la Ley 648 de 2001, que autorizaba la emisión de la Estampilla pro Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Con esta modificación, aprobada por amplias mayorías en el Congreso a través de la Ley 1825 de 2017, se logra extender el recaudo por 30 años para la financiación de la infraestructura de las dos universidades, el apoyo a sus laboratorios, bibliotecas, investigación, contratación de profesores con doctorado y la ampliación en la cobertura de la educación superior en Bogotá.

La Ley 1825 fue sancionada por el señor Presidente de la República el pasado mes de enero. Gracias a esta ley más de 60 000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 se podrán beneficiar de manera directa con el apoyo y fomento a la calidad de las dos instituciones de educación superior. Esa norma define que el 70 % del recaudo se destine a la Universidad Distrital y el 30 % restante a la Sede Bogotá de la Universidad Nacional.

La Universidad Distrital es la universidad pública de la Capital y la Sede Bogotá de la Universidad Nacional es la más grande de las sedes de la Universidad Nacional, con impacto principal en esta ciudad. Pero su labor no se limita a la Ciudad Universitaria en Bogotá; en efecto es la única universidad que hace presencia en Sumapaz, por ejemplo, y mantiene convenios interinstitucionales con las universidades públicas y privadas radicadas en Bogotá. Adicionalmente, asesora con frecuencia a entidades públicas y privadas del Distrito.

Es oportuno reconocer el apoyo indiscutible que el Congreso le entregó a esta nueva ley para fortalecer la educación superior en Bogotá. Gracias al acompañamiento permanente de los representantes a la Cámara Olga Lucia Velásquez y Alfredo Guillermo Molina, y a los senadores Fernando Tamayo, María del Rosario Guerra y Ángel Custodio Cabrera, la ley hoy es una realidad que espera ser reglamentada por el Concejo de Bogotá, con el fin de iniciar el recaudo efectivo.

Ante el apoyo mayoritario del Congreso de la República, en especial el de los representantes a la Cámara por Bogotá, y siendo evidente el acuerdo de las dos universidades para articular sus proyectos institucionales, no se entiende por qué la Alcaldía Mayor de Bogotá considera que dicha ley debe ser impugnada.

Opina el señor alcalde que la ley, con aplicación en el Distrito, no debe beneficiar a una institución de nivel nacional como la Universidad Nacional de Colombia, pues ésta debe ser responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional.

Lamento la ceguera y mezquindad de la Alcaldía para comprender que los beneficiados en este tipo de iniciativas siempre son las personas, y para el caso de la Ley 1825 de 2017 son, principalmente y en su gran mayoría, los miles de jóvenes de la ciudad de Bogotá, pues se aclara en la misma ley que los recursos para la Universidad Nacional solo podrán ser destinados a la Sede Bogotá, que como ya se dijo, recibe ampliamente a jóvenes de los estratos más bajos de los colegios distritales.

Recordemos que ya existen varios casos de recaudo solidario como el aprobado en la Ley 1825 del 2017. Podemos destacar la Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia que comparte el recaudo con las restantes 31 universidades públicas del país, incluyendo universidades departamentales o locales como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Aunque el recaudo de esta ley se hace sobre contratos de obra con recursos de nivel nacional, no discrimina a los jóvenes universitarios de las regiones o de las ciudades que hacen parte de instituciones que no están adscritas al nivel nacional del Estado.

Impugnar la ley no solamente es injusto con los miles de jóvenes estudiantes matriculados en los programas de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional, de prosperar la impugnación también se verán afectados los estudiantes de la Universidad Distrital, pues no contarían con esos recursos hasta que no se tramite y apruebe una nueva ley en el Congreso de la República.

Nos deja profundamente preocupados la actitud discriminatoria del mandatario distrital, que bien podría, más bien, apoyarse en la Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos, como un aliado estratégico para adelantar tantos proyectos que requieren del apoyo de nuestros expertos. Para la reglamentación de la ley confío, sin embargo, en el buen juicio del Concejo de Bogotá, organismo del que siempre hemos recibido amplio respaldo y en el que se percibe gran compromiso con la educación pública de calidad.

Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/por-que-impugnar-una-ley-que-beneficia-la-educacion-superior-columna-694629

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Nueva Zelanda: Religious education teaching that ‘Christianity is superior’

Nueva Zelanda/Mayo de 2017/Fuente: RNZ

 Resumen: La Secular Education Network ha presentado un caso ante el Tribunal de Revisión de Derechos Humanos, diciendo que la Ley de Educación permite el favoritismo religioso en las escuelas estatales, lo cual dice que está prohibido bajo la Declaración de Derechos. Su portavoz, David Hines, un periodista jubilado y predicador laico, dijo que la Sección 78 de la Ley de Educación permitió a una escuela para llevar a cabo la instrucción religiosa de hasta una hora a la semana o 20 horas al año. Pero creía que todas las religiones debían ser enseñadas de manera académica -la religión cristiana no debería recibir un trato preferencial- y el impacto podría ser perjudicial para otras personas. «Es un escupitajo en la cara de cada otra religión, está diciendo que el cristianismo es superior», se quejó.
«Les está diciendo a los judíos que la Biblia es un libro cristiano cuando los judíos tienen sustancialmente el mismo libro pero le dan una interpretación diferente. «Es una negativa para los ateos porque dice que tienes que creer en Dios para vivir una vida buena». David Hines ha reunido 26 testigos para su caso, entre ellos 13 padres que dijeron que sus hijos fueron maltratados. Uno de ellos es Tanya Jacob, quien tuvo que sacar a sus hijos de su escuela en Christchurch. «Sabíamos que iban a haber estas clases bíblicas por lo que pensamos que sólo se optó por salir», dijo.

The Secular Education Network has filed a case with the Human Rights Review Tribunal, saying the Education Act allows religious favoritism in state schools, which it says is prohibited under the Bill of Rights.

Its spokesman, David Hines, a retired journalist and lay preacher, said Section 78 of the Education Act allowed a school to hold religious instruction for up to an hour a week or 20 hours a year.

But he believed all religions should be taught in an academic way – the Christian religion should not be given preferential treatment – and the impact could be damaging for other people.

«It’s a spit in the face for every other religion, it is saying that Christianity is superior,» he complained.

«It is telling the Jews that the Bible is a Christian book when the Jews have substantially the same book but put a different interpretation on it.

«It is a put down for atheists because it says you have got to believe in God to live a good life.»

David Hines has gathered 26 witnesses for his case, including 13 parents who said their children were mistreated.

One of them is Tanya Jacob, who had to pull her children out of their school in Christchurch.

«We knew there were going to be these bible classes so we thought we would just opt out,» she said.

«Over time we found that our kids were being put back in (to the class) and we found they were being told they were going to Hell.

«They were also being badgered for not believing in God.»

Joining the case along with Mrs Jacob were leaders from five religions saying their beliefs were misrepresented.

Another witness was Paul Morris, Professor of Religious Studies at Victoria University.

He examined three religious instruction courses used in schools and found defects in all of them.

«They present Christianity from an evangelical perspective,» he said.

«The teachers’ guides include prayer sessions, thanking God for the Bible, thanking God for the miracles, they do not address students who come from different faith worlds.»

The Christian Education Council issued a statement defending its position.

The council, whose expressly stated aim was to equip and inspire children through values-based Christian religious education, said more than 600 schools throughout New Zealand invited in its religious instructors each week.

It said it was the largest provider of religious instruction in the country, and was passionate about its continuation in New Zealand’s state schools.

However, Mr Hines argued that the religious instruction being done by this group was not, strictly speaking, legal.

He said the Bill of Rights Act prohibited state institutions from favouring one religion over another, but the Education Act allowed exactly that.

«Those two laws are in conflict with each other,» he said.

«And we are asking the tribunal to make a ruling that the laws are inconsistent, and send a report to parliament saying they should consider changing the law.»

Mrs Jacob said she pulled her children out of school for religious instruction that should not have existed, she said.

«It’s got nothing to do with normal education,» she said.

«If you want your children to be brought up in a faith, then you take them to church or the temple or a mosque.

«That is not for school time. All our kids should be able to go to school without being made to believe in things or be harassed for not believing in things.»

The attorney general was not commenting on the upcoming hearing, nor was the Ministry of Justice, except to confirm that a case has been filed.

No date for a hearing has been set but the battle lines have been drawn, with senior lawyers, including a QC, hired for representation.

Fuente: http://www.radionz.co.nz/news/national/330040/religious-education-teaching-that-%27christianity-is-superior%27

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Estados Unidos: Las escuelas charter Celerity, bajo investigación federal, podrían perder su acreditación

Estados Unidos/Mayo de 2017/Autora: Anna Phillips/Fuente: Hoy

Siete escuelas dirigidas por la organización sin fines de lucro Celerity Group (CEG) se extienden a través de todo el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD). Seis de ellas llevan el sello de aprobación de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades, comúnmente conocida por su acrónimo WASC, una agencia de autorización reconocida por el Departamento de Educación de los Estados Unidos.

El miércoles pasado, la asociación envió una carta a la directora ejecutiva de Celerity, Grace Canada, donde notificó que tras una investigación preliminar había descubierto que la red violaba varias de las políticas de la agencia. La entidad exigió que Celerity proporcionara pruebas para demostrar “por qué no debería negársele la acreditación a todas las escuelas CEG”, según la carta firmada por el presidente de la entidad, Fred Van Leuven.

Fundado por una exempleada del LAUSD, Celerity Educational Group maneja escuelas charter en Los Ángeles hace más de una década. En los últimos años tuvo un alcance nacional y se expandió a Ohio y Florida – donde luchó por hacerse un lugar en el mercado, hasta que finalmente se retiró- a Luisiana, donde hoy en día todavía operan cuatro charter.

Pero después de años de relativamente poco escrutinio, la red es ahora objeto de dos investigaciones, una por parte del Inspector General del LAUSD, quien examina las denuncias de malversación de fondos públicos, y otra por parte de agencias federales, incluyendo el Departamento de Educación de los Estados Unidos.

En enero, agentes del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y otros organismos allanaron las oficinas de Celerity, así como la sede de una organización sin fines de lucro relacionada, Celerity Global Development,  y el domicilio de su fundadora, Vielka McFarlane.

En su informe de los registros financieros del grupo, The Times documentó años de gastos cuestionables realizados por los líderes de Celerity y posibles conflictos de interés.

Ninguna persona en Celerity, incluyendo a McFarlane, fue acusada de un delito derivado de las operaciones de las escuelas. Los líderes de la organización, en repetidas ocasiones, han defendido la administración y las decisiones financieras de la red como perfectamente legales y típicas de las escuelas charter, las cuales son operadas de forma privada y reciben fondos públicos.

En su carta a Celerity, WASC criticó a la red por no alertar a la asociación en forma “oportuna” sobre la investigación y redada federal. Las políticas de la asociación requieren que las escuelas informen cualquier “cambio significativo” dentro de 30 días. También cuestionó la ética y el compromiso de la organización para divulgar plenamente la información sobre sus operaciones.

Dentro de la carta de WASC se incluyó una lista de solicitudes de información detallada sobre las finanzas de Celerity y la implicación de McFarlane en la red charter. En la carta se le pidió a Celerity que lleve a cabo una auditoría independiente para determinar si la organización es financieramente estable y si se atiene a las leyes estatales y federales.

“Con base a la información disponible, la comisión considera que la integridad de las escuelas CEG ha sido gravemente socavada”, señaló la nota. WASC le dio a Celerity hasta el 2 de junio próximo para proporcionar la información solicitada. Van Leuven no respondió a la solicitudes de comentarios de este medio.

Celerity afirma que notificó a la asociación sobre la investigación federal y le proporcionó a The Times una carta con fecha del 30 de enero pasado, menos de una semana después de la redada, en la cual informó a WASC que agentes federales habían decomisado documentos de sus oficinas.

“Tan pronto como nos enteramos del comienzo de esta investigación,  notificamos a WASC al respecto y le dimos seguimiento con llamadas e información sensible a las preocupaciones de la asociación, incluyendo una correspondencia del 30 de enero”, aseguró la red en una declaración escrita proporcionada por un consejero de relaciones públicas.

“Continuamos con este esfuerzo y trabajaremos con WASC teniendo en cuenta sus preocupaciones, para asegurar que nuestras escuelas sean reconocidas por la educación de alta calidad que proporcionan, no por los rumores e insinuaciones”.

La acreditación es importante para las preparatorias, ya que muchos colegios, universidades y programas de becas prefieren o requieren que los alumnos tengan diplomas de instituciones acreditadas. Para las escuelas K-8 como las dirigidas por Celerity, la pérdida de la acreditación no tiene ramificaciones inmediatas. Conseguir el sello de aprobación de una agencia externa es opcional.

“Es básicamente sólo una cosa de estatus”, afirmó Robert Perry, coordinador administrativo de la división de escuelas charter del LAUSD. Pero el distrito escolar sí toma en cuenta la acreditación al decidir si renueva una escuela charter por otro término de cinco años. “Que WASC haga eso es una señal de que algo debe estar mal. Eso es bastante raro”, expresó Perry. “Atrae una atención no deseada sobre la escuela”.

A pesar de las preguntas que rodean el funcionamiento de Celerity, la red está decidida a abrir dos escuelas nuevas el año próximo. El viernes pasado, el Departamento de Educación de California emitió una recomendación para que la Junta de Educación del estado renueve dos de las escuelas existentes de Celerity, a las cuales el LAUSD se negó a conceder otro término de cinco años. La recomendación exige a su vez como condición que Celerity acuerde entregar a los funcionarios estatales más información sobre su funcionamiento interno.

Fuente: http://www.hoylosangeles.com/noticias/educacion/hoyla-lat-las-escuelas-charter-celerity-bajo-investigacion-federal-podrian-perder-su-acreditacion-20170502-story.html

 

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