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¿Por fin un pacto educativo?

Un gran acuerdo sobre la enseñanza debería buscar la estabilidad, dejando a un lado las diferencias partidistas, y tener en cuenta que las familias y el entorno social son elementos esenciales del sistema.

Por: Victoria Camps.

De todos los derechos que un Estado social debe garantizar, el derecho a la educación ha sido el más damnificado por las rivalidades de los distintos grupos políticos. El comienzo fue bueno, con dos leyes (la LODE y la LOGSE) que nos situaron a nivel europeo en muy pocos años. Se sucedieron luego una serie de reformas, hasta cinco leyes más, que han sido motivo reiterado de críticas y querellas entre Administraciones y entre los profesores y la Administración. Son la prueba evidente de que algo tan básico para un país como es la educación no ha dejado de ser instrumentalizado por las luchas partidistas. Hasta la saciedad se ha dicho y repetido que la educación debiera ser una cuestión de Estado.

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 Ahora parece que nos encontramos en los prolegómenos de lo que sea. El resultado de las últimas elecciones es un Parlamento fragmentado, propicio para los pactos, en el que se han dado los primeros pasos a favor de un pacto por la educación. Aplaudamos la buena voluntad y crucemos los dedos para que el propósito no se tuerza. No puede decirse sin más que nuestro sistema educativo es malo, pero sí que muestra una serie de defectos no menores que deben abordarse con una actitud distinta a la que ha sido habitual hasta ahora. Sin intervencionismos inútiles y con valentía para constatar lo que no funciona. Un pacto por la educación debería proponerse, de entrada, dos cosas: dejar de lado las diferencias partidistas e implicar a toda la sociedad. Debe buscarse la estabilidad educativa que permita avanzar sin sobresaltos y retrocesos. Y hay que partir del supuesto de que el sistema educativo no lo constituyen solo las escuelas, sino también las familias y el entorno cultural. El diagnóstico previo para pactar posibles cambios y formas de proceder en el futuro tiene que ser compartido por los grupos políticos y por las fuerzas sociales que más pueden contribuir a la mejora del sistema en su conjunto.

El giro que debería producirse  es el que va de la cantidad  a la calidad

De la cantidad a la calidad, tal es el giro que debería producirse para que la universalidad de la educación, ya lograda en términos cuantitativos, llegue a ser realmente aprovechada por quienes ahora no la aprovechan, y responda al objetivo de ofrecer una igualdad de oportunidades que amplíe y asegure el nivel cultural de toda la sociedad. La falta de calidad que hoy detectamos se resume en dos puntos: fracaso y abandono. Tanto el fracaso escolar como el abandono del sistema son excesivamente altos si nos comparamos con la media europea. Son demasiados los alumnos que no consiguen la graduación mínima de la ESO y muchos los que abandonan los estudios a los 16 años. Añadamos lo que reflejan los temidos informes PISA: la comprensión lectora y el conocimiento de matemáticas y ciencias de nuestros alumnos no es para sentirse orgullosos de lo que aprenden. Saben, en efecto, muchas cosas que sus abuelos desconocían a su edad, pero tienen grandes lagunas en lo más básico. ¿Fallan los métodos de aprendizaje? ¿Falla la selección del profesorado? ¿Se tiene una idea equivocada de lo que debe ser educar? ¿Se está imponiendo una especie de educación terapéutica, dirigida más a que crezca la autoestima del niño que a enseñarle cosas? ¿Se ha discutido alguna vez cuáles son los conocimientos mínimos que deben mantenerse en el currículo a pesar de los cambios tecnológicos? ¿Hasta cuándo tendremos una formación profesional desprestigiada, poco atractiva y poco coherente con las ofertas de empleo?

Para plantear estos y otros interrogantes y encauzar bien las respuestas hay que analizar los contextos en que se producen. Dónde hay más fracaso escolar y de dónde salen los alumnos que abandonan tempranamente la formación. Sin duda, de las familias más desfavorecidas. Las estadísticas al respecto son claras y unánimes. Los informes corroboran que el derecho a la educación está garantizado solo formalmente. Todos los niños están escolarizados, en efecto, pero fracasan y abandonan los más vulnerables, los que no disponen de un entorno social favorable al estudio. Uno de los agujeros del sistema educativo es esa deficiencia en la equidad. Hay libertad para escoger escuela, en efecto, pero ¿quién escoge la escuela pública y quién puede preferir la concertada? ¿No hay escuelas públicas convertidas en auténticos guetos de la inmigración? Aunque la libertad para escoger esté garantizada, existen las llamadas “preferencias adaptativas”: no todos pueden de hecho preferir lo que quisieran. Unos límites invisibles eliminan posibilidades para aquellos cuya renta es demasiado baja.

El derecho a la educación es tan fundamental que es el derecho que hace posibles otros derechos. La salud, el trabajo, la cultura, la vivienda son menos accesibles para quienes han tenido que aparcar muchos deseos ante necesidades más perentorias. Nadie pone en duda que las desigualdades económicas y culturales afectan también a los resultados de la educación. Cuando lo único que de verdad crece en nuestro mundo son las desigualdades, un pacto por la educación no puede cerrar los ojos ante esta realidad.

Todos los niños están escolarizados, pero existe una gran falta de equidad entre ellos

Pero la educación no solo fracasa porque no todos llegan a aprovechar lo que formalmente se les ofrece, sino porque tampoco está claro que educar deba ser lo que en realidad se está haciendo bajo ese nombre. La Constitución lo dice: educar ha de consistir en el pleno desarrollo de la personalidad humana. Educar es formar una personalidad moral, nos guste o no la expresión; es formar personas autónomas y responsables, capaces de adquirir criterio y de dar cuenta de lo que hacen. Un objetivo nada fácil que, como afirma el dicho famoso, requiere el compromiso “de la tribu entera”. Si es casi imposible comprometer a toda la sociedad para ver la mejor manera de inculcar esos principios, por lo menos habrá que contar con una complicidad mínima entre la familia y la escuela para que el niño no reciba aquí y allá mensajes contradictorios. No siempre la institución docente ha sabido ganarse la confianza de los padres ni estos cuentan con la de los maestros de sus hijos.

La política, de izquierdas y de derechas, se ha hecho escaso eco de aquella máxima feminista que proclama que “lo privado es político”. En nuestro entorno, las políticas de protección familiar no han formado parte de las prioridades políticas: ni guarderías, ni medidas de conciliación laboral, ni reconocimiento efectivo del trabajo doméstico o de las obligaciones del cuidado. No son fallos menores. Afectan también a las deficiencias educativas.

Será bienvenido un pacto que acierte a analizar y discutir sin miedo qué impide que veamos la educación en España como uno de los logros más conseguidos. No basta que el pacto sea político, el conjunto de agentes sociales y culturales son también corresponsables de que se logre una buena educación.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/03/21/opinion/1490126436_777177.html

Imagen: http://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2017/03/21/opinion/1490126436_777177_1491837125_miniatura_normal.jpg

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Brasil: Cámara de Diputados de Brasil rechaza el cobro de posgrados en universidades públicas

Brasil/Marzo de 2017/Fuente: Sputnik

La Cámara de Diputados de Brasil rechazó la Propuesta de Enmienda de la Constitución (PEC) que permitía a las universidades estatales cobrar por los cursos de posgrados.

El proyecto, a pesar de recibir 304 votos y 139 en contra, no pudo salir adelante puesto que necesitaba el apoyo de tres quintos de los diputados (308 de los 513) al tratarse de una enmienda constitucional.

La propuesta contaba con el apoyo del Gobierno y preveía que el principio de la gratuidad de la enseñanza pública no se aplicaría a los posgrados de «lato sensu» (en sentido amplio).

Ya hay universidades que cobran mensualidades por dichos cursos y que afrontan procesos judiciales por no respetar el principio de gratuidad de la enseñanza pública.

El diputado Glauber Braga, líder del Partido Socialismo y Libertad, defendió que los legisladores no aprobaran la reforma porque «se va a pasar el mensaje de que la educación pública no tiene que ser gratuita».

El resultado muestra las dificultades del Gobierno de Michel Temer para aprobar medidas que eleven los ingresos del Estado en medio de una economía en recesión.

Fuente: https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201703301067962073-educacion-cursos-posgrados/

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Las claves de la huelga educativa

Por: Diario El País

¿Por qué se ha convocado el paro? ¿Cuáles son las peticiones? ¿Cuándo tendrán lugar las protestas?

La Plataforma Estatal para la Defensa de la Escuela Pública ha llamado este jueves a estudiantes y profesores de todos los niveles educativos a «vaciar las aulas». Estas son las claves de la huelga:

¿Por qué se ha convocado una huelga en la educación?

La Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública ha llamado a la comunidad educativa a “vaciar las aulas” con el objetivo de pedir la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La plataforma exige, asimismo, el fin de los recortes educativos que han llevado a la pérdida de 30.000 docentes y a la reducción en el importe de las becas que reciben los alumnos con menos recursos.

¿Quién convoca el paro?

La huelga ha sido impulsada por la Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública, integrada por organizaciones de padres, estudiantes y sindicatos de profesores. Hay 10 organizaciones convocantes. Los convocantes son la confederación de padres de la escuela pública CEAPA, los sindicatos docentes STES, CC OO, UGT y CGT, los Movimientos de Renovación Pedagógica y tres asociaciones de alumnos: FAEST (Federación de Asociaciones de Estudiantes, Frente de Estudiantes y Sindicato de Estudiantes).

¿Qué partidos políticos la apoyan explícitamente?

La jornada de protesta cuenta con el apoyo explícito de Podemos e Izquierda Unida. El pasado martes, en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados para el pacto educativo, los diputados de Unidos Podemos trasladaron su respaldo a la huelga a los representantes sindicales que intervinieron como ponentes. Por su parte, PP y Ciudadanos les afearon la convocatoria porque coincide con el inicio del proceso de diálogo para el acuerdo.

¿Quiénes están llamados a la huelga?

Están llamados a participar en la huelga alumnos y profesores de todas las etapas de la educación, desde infantil hasta la enseñanza universitaria.

¿Cuántas huelgas en educación se han convocado?

Es la huelga número 24 que se convoca desde 2012 y la tercera en la que participan las familias, además de docentes y estudiantes.

¿Cuándo son las manifestaciones?

Se han convocado manifestaciones en muchas ciudades españolas este jueves. En Madrid, los estudiantes han convocado una marcha desde Atocha hasta la Puerta del Sol a las 12 y, por la tarde, hay otra manifestación desde Neptuno a Sevilla. En Barcelona, la manifestación partirá de la plaza de la Universidad; en Bilbao, desde Arriaga; en Sevilla, desde Las Setas; y en Valencia, desde la Facultad de Historia. Por la tarde, todas las organizaciones de la Plataforma por la Escuela Pública junto a la marea verde madrileña celebrarán una protesta, que comenzará a las 18.00 en la Plaza de Neptuno de Madrid.

¿Cuál es la postura del Ministerio de Educación?

Según el Ministerio de Educación, dirigido por Íñigo Méndez de Vigo, antes de paralizar la ley “debe haber otra porque esa situación dejaría en la cuneta educativa a 8,1 millones de alumnos y 680.000 profesores”. El ministro ha pedido que se desconvoquen las manifestaciones porque “no existe una situación que exija una huelga”.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2017/03/09/actualidad/1489051469_637579.html

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Estados Unidos: Privatization won’t fix education system

Estados Unidos/Marzo de 2017/Fuente: The Charlotte Observer

RESUMEN: La legislación educativa más importante jamás aprobada en los Estados Unidos fue la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA), diseñada para ayudar a financiar la educación primaria y secundaria y hacerla accesible, igualitaria y justa para todos los niños. Para lograr este objetivo, ESEA asignó dinero a los estados para apoyar a sus niños más vulnerables – aquellos que viven en la pobreza, en riesgo de abuso o discapacitados. Proporcionó dinero para programas de prevención de la deserción escolar y alfabetización, libros de texto y materiales de biblioteca y desarrollo profesional de calidad para educadores. Desde entonces, la ley ha sido modificada y reautorizada cada cinco años. En 2001, George W. Bush firmó la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB, por sus siglas en inglés) que aumentara las pruebas de los estudiantes y la rendición de cuentas de las escuelas. Barack Obama firmó la Ley de Sucesos Cada Estudiante de 2015 (ESSA) que dejó caer algunos de los requisitos más onerosos de NCLB y limitó el poder del Secretario de Educación.

The most important education legislation ever passed in the United States was the Elementary and Secondary Education Act of 1965 (ESEA), designed to help fund elementary and secondary education and make it accessible, equal, and fair for all children.

To achieve this goal, ESEA allocated money to states to support their most vulnerable children – those living in poverty, at risk of abuse, or handicapped. It provided money for drop-out prevention and literacy programs, textbooks and library materials, and quality professional development for educators.

Since then the law has been tweaked and reauthorized every five years. In 2001, George W. Bush signed the No Child Left Behind Act (NCLB) that increased testing of individual students and accountability of schools. Barack Obama signed the Every Student Succeeds Act of 2015 (ESSA) that dropped some of the more onerous requirements of NCLB and limited the power of the Secretary of Education.

The law’s foremost goal, making education available for every child, hasn’t changed. States and local school districts are the heavy lifters of education, but ESSA serves as a vision statement about the importance of education.

Now some Republicans want to do away with that vision. Three representatives have introduced a bill in the House that would repeal ESSA and take away from the Department of Education any role except disbursing block grants to states. Those grants would be turned into vouchers used to pay for private or religious schools or for homeschooling.

HR 610 also repeals nutrition rules that reduce the levels of saturated and trans fat and sodium and increase the availability of fruits, vegetables, whole grains, and low-fat or fat free milk in school breakfasts and lunches.

Such short-sighted legislation is a disappointment. Who thinks that children should eat more saturated fat and sodium? Or be unable to attend school if they are handicapped? Or should have fewer library books and less technology in their schools?

But the legislation isn’t a surprise, given the current administration’s dismissal of education as a common good, seeing it instead as a market to be exploited.

Likewise, the confirmation of Betsy DeVos as the Secretary of Education, a staunch critic of public education and an advocate for private school vouchers, sends a signal that the privatization of public education is the ultimate objective.

Yet study after study calls into question the efficacy of vouchers. This week the Economic Policy Institute published a comparison of voucher programs both in the U.S. and internationally. The study concludes that vouchers are a poor use of public money, are more expensive to run and maintain than expected, and are largely ineffective in improving student performance or graduation rates. People who support them do so out of ideology despite overwhelming evidence that they are a bad investment.

Evidence does show that states that invest in rigorous teacher pre-service training, quality early childhood education, after-school and summer education opportunities for students, and health and nutrition programs both in and out of schools do far more to improve student performance than privatization. The vast majority of American children – 90% – attend public schools, and legislation such as HR 610 is a dangerous diversion from proven techniques we ought to be supporting.

Fuente: http://www.charlotteobserver.com/opinion/op-ed/article136300263.html
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Estados Unidos: Indian Education for All bill makes it through Legislature

Estados Unidos/Marzo de 2017/Fuente: Casper Star Tribune

Después de tres años de trabajo y un importante cabildeo por parte de los indios americanos, un proyecto de Ley de Educación para Todos de la India ha aprobado la Legislatura de Wyoming y ayudará a educar a generaciones de estudiantes sobre la historia de los nativos de Wyoming. El proyecto proveerá material educativo para los 48 distritos escolares de todo el estado. Los recursos serán creados con la consulta de tribus de la región, incluyendo el Arapaho del Norte y el Shoshone Oriental, y estarán disponibles en el sitio web del Departamento de Educación del estado. Jason Baldes, director ejecutivo del Wind River Advocacy Center, dijo que en general estaba complacido con la Legislatura reconociendo las contribuciones de las tribus a Wyoming.

After three years of work and significant lobbying by American Indians, an Indian Education for All bill has passed the Wyoming Legislature and will help educate generations of students about the history of Wyoming’s native people.

The bill will provide education materials for the 48 school districts across the state. The resources will be created with consultation from tribes of the region, including the Northern Arapaho and Eastern Shoshone, and will be available on the state Department of Education’s website.

Jason Baldes, the executive director of the Wind River Advocacy Center, said overall he was pleased with the Legislature recognizing the contributions of the tribes to Wyoming.

But he took issue with an amendment introduced by Sen. Bruce Burns and passed by the Senate. Originally, the bill would’ve consulted with the two tribes on the Wind River reservation, the Northern Arapaho and Eastern Shoshone. But the amendment brought all tribes in the region under umbrella of consultants.

“Wyoming needs to have their own Indian education bill, but it needs to be specific to the state’s tribes,” he said. “Removing that and saying tribes of the region defeats the purpose of the bill. That point is disappointing.”

Sen. Cale Case, a co-sponsor of the bill, also opposed the amendment and said respect for Wyoming’s tribes should be paramount.

“History has made us co-sovereigns,” he said. “We share so much. Those native people are citizens of Wyoming.”

Baldes said expanding the language would also make it more difficult for the Department of Education to craft a curriculum.

Still, department spokeswoman Kari Eakins said the WDE was “really happy” that the bill passed.

“We believe our social studies standards will be better than they are right now,” she said. “We’re really excited to have a good working partnership with both tribes in our state.”

The materials will likely start with PBS modulars released last year, officials say.

“PBS is something we can make available right away,” Eakins said. “That’s kind of what’s been used as a shining example for schools to use.”

Sen. Paul Barnard, R-Evanston, spoke of the the importance of the bill to the tribes who’ve worked hard to see it passed.

“As I’ve visited different tribes, I’ve really come to love these people,” he said. “They’re part of Wyoming.”

Fuente: http://trib.com/news/state-and-regional/govt-and-politics/indian-education-for-all-bill-makes-it-through-legislature/article_14cf5f77-3ee7-5741-9757-619715aae372.html

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Australia: Catholic education system under a cloud after child sex abuse commission findings

Australia/Febrero de 2017/Fuente: The Sydney Morning Herald

RESUMEN: Mark Fabbro recuerda más vivamente el callistoon floreciente y el cielo azul fuera de la ventana de la pequeña habitación escondida detrás de la oficina del sacerdote. Todo lo demás – el látigo, la sensación de que su piel desnuda se presiona en el sofá de cuero, el sacerdote murmurando en latín detrás de él – vuelve en instantáneas fracturadas, imágenes que se levantan sin necesidad de los profundos pozos de la memoria de la infancia. «Ese fue un escape mental para mí, por la ventana y en la naturaleza», dice Fabbro. «Aparentemente me enviaron de nuevo, pero no puedo recordar lo que pasó [la segunda vez]. Es como si mi mente se apagara mientras cruzaba el patio de recreo». Fabbro tenía sólo 11 años cuando fue violado por el sacerdote jesuita John Byrne en el prestigioso Xavier College de Melbourne. Las estadísticas de esta semana son espantosas «, admitió uno de los directores de la escuela católica. Pensar que podría haber continuado y luego haber vuelto a repetir. Creo que en el futuro habrá un modelo de gobierno en las escuelas católicas que es muy diferente del actual «. Funcionarios católicos que hablaron esta semana con Fairfax Media insisten en que sus escuelas se ejecutan de manera muy diferente ahora. Las autoridades federales y estatales han reforzado los requisitos de inscripción escolar, incluyendo estándares más estrictos de protección infantil, que las escuelas religiosas e independientes deben cumplir. Y los padres todavía hacen cola para inscribir a los niños en las escuelas administradas por la iglesia.

Mark Fabbro remembers most vividly the flowering callistemon and blue sky outside the window of the small room tucked behind the priest’s office.

Everything else – the whip, the feel of his bare skin being pressed into the leather couch, the priest mumbling in Latin behind him – comes back in fractured snapshots, images rising unbidden from the deep wells of childhood memory.

«That was a mental escape for me, out the window and into nature,» Mr Fabbro says. «Apparently I was sent there again but I can’t remember what happened [the second time]. It’s like my mind shut down as I crossed the playground.»

Mr Fabbro was just 11 when he was raped by Jesuit priest John Byrne at the prestigious Xavier College in Melbourne.

«The church has proven it is unable to govern itself or in the interests of children over many decades,» the survivor’s advocate says.

«It has concealed the crimes. It’s time the civil authorities step in and ensure an appropriate degree of governance.»

Leonie Sheedy, co-founder of support group Care Leavers Australia Network, argues Catholic schools should get «no more taxpayer dollars» until there is greater accountability. Federal funding is generous: $5.5 billion to the Catholic sector in 2014, topping up state and parent contributions.

She is not alone. Many victims are demanding a comprehensive external review of the sprawling maze that constitutes Australia’s Catholic education system. The case for fundamental change gained powerful traction this week when senior counsel assisting the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, Gail Furness, SC, laid bare the breathtaking scale of it: nearly 4500 alleged victims within more than 1000 separate Catholic institutions who made complaints between 1980 and February 2015, and close to 2000 alleged perpetrators

Most staggering were the proportions of abusers within some of the semi-autonomous Catholic religious orders (spiritual communities, often with roots in the church’s European ancestry).

These organisations had tentacles deep into the Catholic school system, with some of the worst abuse reported in the schools they ran. They included the Order of St John of God, where the proportion of alleged perpetrators was estimated at 40.4 per cent; the Christian Brothers (22 per cent) and the Marist brothers (20.4 per cent).

«The statistics this week are appalling,» one Catholic school principal admitted. «To think it could have gone on, and then gone on again, and again. I think in the future there will be a governance model in Catholic schools that is very different from today’s.»

Catholic officials who spoke to Fairfax Media this week insist their schools are run very differently now. Federal and state government authorities have tightened school registration requirements, including tougher child protection standards, which religious-based and independent schools must comply with. And parents are still queuing up to enrol kids in church-run schools.

Yet even a cursory examination of how the Catholic education system is structured in Australia reveals a dizzying complexity within each state which obscures lines of accountability. And there remain striking differences between states.

In New South Wales, for instance, there are 592 Catholic schools with a combined quarter of million students. Of these, 548 are diocesan or «systemic» schools under the administration of no less than 11 individual dioceses reporting to 11 different bishops.

The remaining 44 Catholic schools in the state are run either by the independent Catholic orders, or by associated entities with the obscure church title of «public juridic person».

Acting executive director of the Catholic Education Commission NSW, Ian Baker, insists child protection is now triply safeguarded by mandatory reporting of child sexual abuse backed by strict oversight through an array of state bodies, including the NSW Office of the Children’s Guardian, the NSW Education Standards Authority (NESA) and the Ombudsman.

«Working with children» checks are under way on all the state’s teachers, and on clergy who take up pastoral care in schools, he says.

«There are multiple agencies with multiple lenses on this matter,» says Mr Baker. «We are not denying any of the history. But the question is, can we be confident that within all schools in NSW – Catholic or otherwise – child protection is now transparently and independently oversighted? Our answer is yes.»

Yet in Victoria, unlike NSW, priests still have a lot of power in individual parishes and play a significant role in running all but a handful of the state’s 400 Catholic primary schools. Priests are charged with employing the principal, overseeing school finances and are central to setting up the governing board.

About half of Victoria’s approximately 100 secondary schools are owned by 21 different religious orders – each have varying governance structures. The other half, the systemic schools, fall under the four Victorian dioceses to which they belong.

The Catholic Education Commission of Victoria – which distributes taxpayers’ money to the state’s 492 Catholic schools – refused requests for an interview, spokesman Christian Kerr saying it was «inappropriate» to comment before officials appeared before the royal commission next week.

Catholic Religious Victoria, which represents the various congregations that run schools, said parents could be confident all schools complied with statutory requirements and were committed to child safety.

«We want to make sure that this kind of terrible thing could never happen again,» said its president, Sister Veronica Hoey.

«I’m reassured that our schools are compliant with all processes, procedures and policies.»

Yet asked about the reporting mechanisms in place for the religious order-run schools, one experienced principal replied: «It’s as clear as mud. Who would know?»

Another Catholic education official admits it’s taken him years to understand the system.

The welter of bodies with a finger in the Catholic education pie include the Australian Catholic Bishops Conference, which last year set up a new entity called Catholic Professional Standards Limited and the National Catholic Education Commission, an advocacy group. The Catholic orders have their own umbrella group, Catholic Religious Australia.

Yet there is, as one seasoned church observer puts it, «no CEO of the Catholic church in Australia, there is no boss. There is nobody who runs it. Each bishop or archbishop in each diocese – whether in the cities or outback Australia – answer only to the Holy See in Rome.»

Former principal of St Joseph’s College in Geelong, Paul Tobias, has told the the royal commission the church is persisting with «antiquated» governance models. He believes there remains too much power among the few people at the top with not enough input from non-clerics and women.

Some of the orders named and shamed before the royal commission this week (such as St John of God) no longer run schools in Australia. Others are putting a greater emphasis on lay administration.

These include Edmund Rice Education Australia (named after the early 19 century founder of the Christian Brothers order) which 10 years ago took over the running of all Christian Brothers schools in the country.

EREA’s executive director Wayne Tinsey insists that «the congregation of the Christian Brothers have nothing to do with the day to day management, governance or leaderships of the schools, which they previously owned but are now owned by us».

Even so, the order’s Rome-based Congregation Leader appoints the council of trustees, who then appoint a board of management to run the organisation’s 50 schools.

Dr Tinsey admits shock at the figures coming out of the royal commission this week. «It is an uncomfortable time to be a Catholic,» he says.

«It’s part of a destructive and shameful reality in our national history and we are totally committed to it never ever happening again.»

Yet he maintains organisations such as his should be able to keep their autonomy within the church and the school system, to keep faith with the order’s original mission, or «charism», in church parlance.

Chris MacIsaac, from victims support group Broken Rites, said a problem for many clergy abuse victims was that the hierarchy of their former schools did not acknowledge or address the scourge of abuse when they came forward.

Melbourne lawyer Vivian Waller says while many abuse victims do not trust Catholic institutions to look after children, banning a religious denomination from teaching «feels like a dangerous course».

Dr Waller, who has represented hundreds of victims of abuse at the hands of clergy, says church-run schools need to «walk the walk and what the community want to see is that they have put processes in place for protecting children and reporting to police».

But not all parts of the church are yet «walking the walk». Even the royal commission is having trouble extracting documents from the Holy See, Ms Furness revealed this week. The task ahead, she flagged, would be to identify the «structural, governance and cultural» factors that must change inside the church to ensure its dark past never returns.

Fuente: http://www.smh.com.au/national/catholic-education-system-under-a-cloud-after-child-sex-abuse-commission-findings-20170210-gua1pv.html

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México: Diputada plantea resaltar los principios básicos de la educación

México/febrero de 2017/Fuente: Diario Rotativo

La educación es la única esperanza para forjar un futuro promisorio para México, por lo que es necesario reforzar la enseñanza y reflexión sobre los principios contenidos en el Artículo Tercero Constitucional, afirmó la diputada Mirna Saldívar Paz.

La vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, sostuvo que es prioritario resaltar en todos los planteles educativos del país, los principios básicos contenidos en este precepto constitucional.

Dicho artículo es la base jurídica que sustenta el derecho a la educación, por lo que se debe reforzar la enseñanza y reflexión sobre los principios contenidos en él, subrayó la legisladora.

“Debemos enfocar nuestras voluntades en la defensa y vigencia de los principios filosóficos que emanan de este precepto constitucional”, subrayó.

En este contexto, resaltó, “Nueva Alianza ratifica que nuestros esfuerzos deben ir encaminados a velar por el efectivo derecho de cada uno de nosotros a una educación pública, laica, gratuita, obligatoria y de calidad”.

El laicismo, apuntó, para materializar la tolerancia, el respeto y la inclusión; y la calidad educativa para que el Estado cumpla con su responsabilidad de hacer de todas las escuelas, el espacio por excelencia para el desarrollo integral de los mexicanos.

“Es nuestra responsabilidad seguir haciendo vigente la obligación de educar con base en estos principios filosóficos, en aras de enfrentar efectivamente los retos impuestos por el siglo XXI y la dinámica que implica el contexto internacional”, puntualizó.

Fuente: https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/justicia-nacionales/595281-diputada-plantea-resaltar-los-principios-basicos-la-educacion/

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