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Educación, ¿primera responsabilidad del Estado?

Por: Guillermo Dávalos

Las medidas extremas asumidas por el magisterio cruceño demandando el incremento de maestros para cubrir el déficit de alrededor de 1.500 docentes en el departamento de Santa Cruz, junto con otras demandas sectoriales, nos obliga a cuestionarnos sobre el precepto constitucional que proclama que “la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla” (Art.77 de la CPE).

Revisando los datos, verificamos que, hasta el 2004, lo que se logró fue que el gasto en educación ascendiera al 4,7% del PIB y el 13% del presupuesto general del Estado. Trece años después se constata que el presupuesto de educación no ha crecido sustancialmente, puesto que el presupuesto del sector educativo en 2016 representó algo más del 20% del presupuesto total del Estado (con universidades) y un 8,2% del PIB. Si se quita el gasto de universidades, la participación del sector educativo se reduce al 6,2% del PIB. Es decir que, en términos relativos, no ha variado mucho la asignación presupuestaria a educación.

Por otra parte, los hogares en Santa Cruz destinan, en promedio, la mayor parte de su presupuesto hacia la alimentación (53%). El siguiente sector al cual destinan sus recursos son los gastos en vivienda y servicios básicos (18%), seguidos por los gastos en educación (6,5%). Este último gasto es mayor al que se destina a vestimenta e inclusive a salud.

En la educación pública, el Estado cubre alrededor del 80% del costo de la educación de los niños, niñas y adolescentes y el 20% restante los hogares, destacándose que casi un 95% de estos recursos se destina al pago de salarios de alrededor de 40.000 maestros cruceños. El dato importante que interesa destacar es que la cuantía del gasto por alumno en educación, desde una perspectiva comparada en el contexto sudamericano, en Bolivia es bajo.

Sin embargo, el nivel de inversión no es el único indicador que hace a la calidad educativa, puesto que, como el caso de Finlandia, que sin ser los que más invierten en educación (menos del 7% del PIB), ni los que imponen la mayor carga horaria a los niños en las escuelas, ni se inclinan por dar cantidades excesivas de tarea para la casa, ni excesivos y periódicos exámenes, pero siempre ocupan los primeros puestos en las listas internacionales que evalúan los niveles educativos.

Son muchos los factores que hacen que la educación en Finlandia sea una de las mejores del mundo, pero uno de los temas clave, según varios expertos, es la calidad de los profesores. «El profesorado tiene un nivel de formación extraordinaria, con una selección previa tan exigente que no se compara con ninguna otra en el mundo», explica Xavier Melgarejo, un sicólogo y sicopedagogo español que estudia el sistema educativo en Finlandia desde hace más de una década.

La contraparte de esta exigencia es el reconocimiento, no necesariamente en términos económicos, ya que los sueldos de los educadores no
presentan grandes diferencias con el resto de Europa, pero «los maestros son considerados profesionales académicos y tienen la responsabilidad de desarrollar su trabajo, por eso se ejerce sobre ellos un control social», explica la Secretaria Permanente del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia.

Contrariamente, en Bolivia los maestros no solo han perdido en el último tiempo gradualmente el reconocimiento de la sociedad, sino que
además no están sometidos a ningún control de calidad, puesto que por disposición del artículo 2 inciso 6 de la Ley de Educación: “Se garantiza la carrera docente y la inamovilidad del personal docente, administrativo y de servicio del magisterio nacional”. Es decir, basta graduarse de docente para tener garantizada su “inamovilidad” como educador en una suerte al parecer de apropiación del “derecho a la educación”.

No hay duda que nos hacemos parte del movimiento del magisterio enarbolando la bandera en procura de una educación universal, democrática, gratuita y de calidad, al mismo tiempo de plantear el reto de superar los llamados ‘derechos adquiridos’ como la ‘inamovilidad’ en procura de recuperar el derecho pleno a la educación    de los niños, niñas y adolescentes.

Fuente del Artículo:

https://www.eldeber.com.bo/opinion/Educacion-primera-responsabilidad-del-Estado-20180405-9433.html

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República Dominicana: Ministro dominicano favorece cambios en ley de Educación

Centro América/República Dominicana/15 Marzo 2018/Fuente: Prensa Latina

 El ministro dominicano de Educación, Andrés Navarro, favorece la aprobación de una nueva ley de esa materia que se ajuste a los nuevos tiempos y permita aplicar métodos modernos sin limitaciones, trascendió hoy aquí.
La referida ley está en el centro de los debates en estos días luego de la designación efectuada por el Ministerio de Educación de los Directores Regionales y Distritales del país, lo cual produjo un enfrentamiento entre esa institución y el gremio de los docentes porque estos últimos cuestionan la potestad que la norma otorga a esa cartera a estos fines.

Según medios de prensa, al ser ese cuerpo legal una ley que lleva 20 años de aprobada, su articulado ya no se ajusta a los momentos actuales y limita en varios aspectos la aplicación de las reformas educativas necesarias en el país.

Sin embargo, Navarro señaló que aunque está de acuerdo con la revisión y ajustes de la norma jurídica vigente, mientras eso se hace, la actual legislación debe respetarse y los nuevos directivos deben asumir sus cargos y llevar adelante su trabajo.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=159681&SEO=ministro-dominicano-favorece-cambios-en-ley-de-educacion

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Chile: Ley de Educación Superior: los 6 artículos que el Tribunal Constitucional podría objetar

Chile/12 de Marzo de 2018/El Dinamo

En dos sesiones, el Tribunal Constitucional (TC) evaluará el Control de constitucionalidad del proyecto de ley sobre educación superior, correspondiente al Boletín N° 10.783-04. Son 170 artículos que componen la ley y que podrían ser objetados por el entre regulador.

Si bien esto es un proceso por el que pasan todos los proyectos de ley que esperan ser promulgados, la iniciativa emblemática de la Presidenta Michelle Bachelet presenta un desafío mayor: el TC revisará el proyecto al filo de que termine el período presidencial, por lo que su sentencia podría provocar que la ley sea firmada por el mandatario electo, Sebastián Piñera, quien asumirá el próximo 11 de marzo.

Acción Educación detectó 6 artículos que podría objetar el TC, aspectos del proyecto que deberán ser especialmente revisados por el ente regulador.

El primero de ellos es el artículo 63 que prohíbe que las instituciones de educación superior de derecho privado sin fines de lucro tengan controladores con fines de lucro. Esto quiere decir que un privado que tenga fines de lucro no podrá tener una institución de educación superior, aunque esté constituida sin fines de lucro. Para Acción Educar, esto podría afecto el ejercicio del derecho de asociación y libertad de enseñanza

Este mismo artículo tiene un efecto retroactivo (artículo 63) donde se exige que las instituciones de educación superior reestructuren su organización y se les concede un plazo de dos años contado desde la publicación de la ley afectando a los derechos adquiridos.

En tanto, en el artículo 80, inciso segundo, del proyecto exime a las universidades Austral, de Concepción y Técnica Federico Santa María de los artículos 63 a 70 del proyecto. Esto quiere decir que las excluye de la prohibición de contar con controladores con fines de lucro, sino que también de las reglas, obligaciones y prohibiciones que contiene el proyecto para todas las instituciones de educación superior de derecho privado sin fines de lucro. Para la fundación, esto podría significar una discriminación para el TC.

Dentro de la ley, el artículo 6 establece la posibilidad de que las universidades se integren al Consejo de Rectores en la medida de que cumplan con determinados requisitos. Dentro de los mencionados requisitos están “contar al menos con acreditación institucional avanzada cuya vigencia mínima sea por un plazo de cinco años, incluida la dimensión de acreditación referida en el artículo 17, inciso cuarto, de la ley N° 20.129”, que es investigación, creación e innovación.

Al respecto, es importante señalar que algunas de las universidades del CRUCH no cumplen con este requisito, lo que vulnera el artículo 19 número 2 de la Constitución, que establece la igualdad ante la ley y la prohibición a la autoridad de establecer diferencias arbitrarias. “No existen fundamentos para imponer mayores exigencias a las universidades que pretenden formar parte del CRUCH que a las que ya lo integran”, establece Acción Educar.

Asimismo, el artículo 35 transitorio establece la fijación de aranceles para alumnos no beneficiados con la gratuidad que asistan a instituciones de educación superior adscritas a la gratuidad, lo que podría atentar contra la autonomía de dichas instituciones, mientras que el artículo 34 regula la implementación de la gratuidad comprometiendo presupuestos futuros a través de una ley simple. De esta forma se infringiría el artículo 67 inciso cuarto de la Constitución.

Plazos

El pasado martes 6, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente dio a entender en un punto de prensa en La Moneda que hubo conversaciones con el TC y que se daría prioridad a la sentencia del proyecto para que pudiera ser promulgado por la Presidenta Bachelet. Sin embargo, su futuro sigue siendo incierto. Esto se suma a las críticas de algunos expertos que cuestionan la premura de las autoridades por revisar el documento en tan corto tiempo.

“Lo que está en discusión no son los aspectos vitales del proyecto. Hay otros aspectos que no sabemos si el tribunal va a revisar, pero es difícil pensar que el tribunal pueda hacer una revisión sopesada de estos temas con esta complejidad en tan sólo dos sesiones”, explica a El DínamoDaniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

En esa línea, a su juicio, indica que “llama la atención” y que “no hay elementos para saber cuándo se va a despachar la ley, pero esperaría que el tribunal tuviera una discusión mucho más amplia y dilatada de este tema que sólo dos sesiones. Si se trata de cumplir un capricho político del gobierno saliente, es algo que más bien daña a la institucionalidad a que lo refuerza”.

Una opinión completamente distinta es la de Cristian Miquel, asesor legislativo de Educación 2020. “Esperamos que haya luz verde pronto porque en realidad el proyecto de ley ordena un sistema que requiere de ese orden. Vaya ocurrir este jueves o no, esperamos que sea lo antes posible que se promulgue y se publique, independiente de sea el Presidente”, aseguró a El Dínamo.

“Nosotros creemos que la discusión pública ya se ha agotado. Ya es momento que la ley vea la luz y que se puedan ver sus efectos. Esto corre para todos, incluyendo para el Tribunal Constitucional”, agrega.

Fuente: https://www.eldinamo.cl/educacion/2018/03/08/ley-de-educacion-superior-los-6-articulos-que-el-tribunal-constitucional-podria-objetar/

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Secretaria Educación Puerto Rico se reúne con predecesores sobre reforma educativa

Puerto Rico / 18 de febrero de 2018 / Autor: EFE / Fuente: Hoy

La Secretaria de Educación de Puerto Rico, Julia Keleher, invitó a diversos exsecretarios de esta agencia para contar con sus comentarios y sugerencias, basados en sus experiencias y conocimientos, en relación a la nueva Ley de Educación del sistema público de enseñanza.

Entre los que asistieron al encuentro, realizado en la oficina de la actual titular de Educación, estuvieron Rafael Román, Jesús Rivera, Carlos Chardón, Edward Moreno, Rafael Aragunde, Odette Piñeiro y Rafael Cartagena.

«La intención fue escucharlos, conocer sus puntos de vista, sus recomendaciones. Claro que, como suele ocurrir en estos casos, no estuvimos de acuerdo en todos los puntos pero siento que estamos de acuerdo en algunos de los aspectos. Fue un ejercicio muy saludable y me siento sumamente agradecida de que funcionarios que han servido tan bien a Puerto Rico hayan sacado de su tiempo para hablar sobre este tema. Esto demuestra que continúan comprometidos con la educación de nuestros niños», indicó Keleher al concluir la reunión.

La Secretaria indicó además que, en la misma línea de su filosofía de inclusión, tiene previstas reuniones para saber el sentir de padres, maestros, líderes sindicales y los estudiantes.

Estos últimos son y serán la esencia de este proyecto que busca beneficiarlos en todo el sentido de la palabra.

Fuente de la Noticia:

http://www.hoylosangeles.com/efe-3521921-13844187-20180212-story.html

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Rusia no ve intención de Ucrania de cambiar su polémica ley de educación

Rusia – Ucrania / 14 de febrero de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: Sputnik News

Moscú no observa que Kiev esté dispuesto a seguir las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre la polémica ley de educación ucraniana, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

En diciembre pasado la Comisión de Venecia publicó recomendaciones a Ucrania sobre su ley de educación en las que llamó a enmendarla evitar la discriminación de las lenguas minoritarias.

«Por ahora no observamos semejante disposición por parte de Kiev de tomar en cuenta las conclusiones de la Comisión de Venecia», dijo Lavrov en una rueda de prensa.

La Comisión de Venecia indicó en sus recomendaciones que la ley ucraniana «no propone soluciones para las lenguas que no son lenguas oficiales de la Unión Europea, en particular el ruso como idioma no nacional más usado».

La ley de educación que restringe el uso de idiomas de las minorías étnicas en el sector educativo entró en vigor en Ucrania el 28 de septiembre de 2017 y se implementará gradualmente hasta el año 2020.

Las nuevas normativas obligan a impartir las asignaturas en ucraniano en todas las escuelas a partir del quinto de primaria.

Los gobiernos de varios países, entre ellos Hungría y Rumanía, declararon que la nueva ley infringe los derechos de las minorías étnicas en Ucrania.

Rusia considera que la ley contradice la Constitución y los compromisos internacionales de Kiev.

Fuente de la Noticia:

https://mundo.sputniknews.com/politica/201802131076242042-politica-moscu-europa-kiev-idiomas-restricciones/

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El reto de la lectura en tiempos digitales

 Autor: Carina Farreras

Los especialistas piden mejorar la enseñanza en las etapas iniciales y reforzar el gusto literario durante toda la formación

Uno de cada cinco niños españoles no comprende lo que lee a la edad de nueve años. Puede leer de corrido pero no recuerda lo que ha verbalizado o, simplemente, no lo entiende. La falta de comprensión lectora condicionará el resto de su aprendizaje y, por tanto, su éxito educativo futuro.

Además, si no se corrige a tiempo, antes de que termine la primaria, sus posibilidades de disfrutar con los libros quedarán seriamente mermadas. “El placer de leer lleva a desear aprender toda la vida, por eso es tan importante en la formación de la persona y debería centrar el objetivo de toda la educación”, afirma Rafael Bisquerra, catedrático de la facultat de Educación de la UB.

Así lo entiende también la Federación del Gremio de Editores que en su último Informe 2017 pide explícitamente al Gobierno que la educación pivote en torno a la lectura, evitando regular su enseñanza, como ordena la actual ley de educación, la Lomce, de forma “vaga y confusa”.

Los datos de comprensión lectora según el último informe Pirls han mejorado en nuestros país 15 puntos pero aún quedan por debajo de otros lugares donde la lectura es una de las tareas prioritaria en los primeros años de la educación formal. “Los niveles de lectura de un país están en consonancia con la importancia social que se le da a esta actividad”, considera Enric Prats, profesor de Pedagogía de la UB. “Y la española está claramente por debajo de la media de la OCDE”, sostiene. Catalunya es aún inferior a la media nacional.

En España, sin leer, también se vive. Según los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) sólo la mitad de la población lee en algún formato de papel (libro, cómics, revista, periódicos) una vez al mes y un 35% no lo hace casi nunca, ni siquiera por exigencia del trabajo. A esta fotografía se añade que cuatro de cada diez personas no abren un libro en todo un año.

Estas perspectivas podrían cambiar en el futuro. Según el informe de la Federación del Gremio de Editores, se está ensanchando la base social porque en las últimas décadas se ha escalado en la formación de la población en general, y hay más universitarios que nunca.

Otro factor positivo es el aumento de la franja de grandes lectores, que ha pasado de dos a tres personas de cada diez. Este crecimiento de lectores tendrá un efecto en la educación. Unos padres que disfrutan de la lectura y tienen libros en el hogar predispone a niños lectores, según las investigaciones.

“El chaval debe descubrir que se lo pasa bien leyendo, que le reporta satisfacción, porque si leer le produce estrés, cuando es pequeño, o aburrimiento, cuando es mayor, sólo estamos creando las condiciones para que evite esa experiencia”, afirma Bisquerra, experto en educación emocional y eficiencia lectora. Por tanto, la introducción a la lectura, ese periodo en el que aprende a dar significado a los caracteres, parece clave. “No se trata sólo de dominar una técnica sino de que el niño encuentre recompensas a ese esfuerzo”, indica el profesor.

Para Mireia Manresa, profesora de Didáctica de la Lengua y Literatura en la UAB, se debería dejar de entender que la lectura es un aprendizaje técnico. En su opinión, habría que dejar de situar la enseñanza de la lectura y la comprensión de los textos de manera exclusiva en los primeros años de primaria y extender las ayudas a la comprensión de manera progresiva y constante en todas las etapas. “Parece que, como ya saben decodificar, ya saben leer, y eso no es cierto”, considera.

Sumergirse en un libro exige haber adquirido ciertas competencias como “saber escuchar, con atención, y en silencio”, indica Bisquerra. “Leer tiene mucho que ver con escuchar, es estar atento a una historia ajena, que conecta con emociones propias”, explica. El maestro tiene que trabajar la atención y el silencio con sus pequeños alumnos “mucho más que en el pasado porque los estímulos que recibe el niño son mayores y no se ha entrenado en la espera”, concluye el catedrático.

“En las escuelas de primaria se trabaja bien el aprendizaje de la lectoescritura”, explica Álex Cosials, especialista en la promoción de la lectura y las bibliotecas escolares desde la Fundación Jaume Bofill, “pero faltan horas de práctica”. Desde su punto de vista, las familias pueden contribuir a mejorar las habilidades de sus hijos. “A veces, bastaría que la nota que recibe la familia en la evaluación del alumno, ese ‘debería leer más’, estuviera acompañada de una explicación a las familias sobre cómo ayudar al chaval a leer”, aconseja Cosials, que recuerda que el rendimiento lector también está asociado a condicionantes como los entornos sociales, económicos y culturales.

En todo caso, sugiere a los padres que hagan lecturas compartidas con sus hijos y también visitas a bibliotecas y librerías. Conversaciones sobre las emociones que provoca el texto o los nuevos descubrimientos que aportan. Acompañar. No abandonar al crío solo con el libro de la noche en cuanto ya sabe pronunciar las primeras palabras de un cuento.

Fuente del Artículo:

http://www.lavanguardia.com/vida/20171225/433873013038/reto-lectura-tiempos-digitales-informes-espana.html?facet=amp

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Uruguay: Ley de Educación: un salvavidas que hace agua por varios lados

Uruguay/ 06 de enero de 2018/Fuente: https://www.elobservador.com.uy

A sus 10 años, la iniciativa sigue sin concretar muchas de sus propuestas.

Parecía ser el salvavidas que Uruguay necesitaba para finalmente empezar a delinear un Sistema Nacional de Educación. Venía a rescatarlo de un estado de inestabilidad. De hecho, el nombre de su principal antecedente lo deja claro: era la Ley de Emergencia para la Enseñanza. Así se lo planteó el entones ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto, cuando invitó a Luis Garibaldi a ser director de Educación. «Las principales tareas que tenemos en este período son crear una ley y un Sistema Nacional de Educación», dijo. En 2018 se cumplirán 10 años de la creación de la Ley de Educación de 2008. Sin embargo, la década no parece haber sido suficiente para concretar varias de las propuestas allí planteadas.
«Créase la Comisión Nacional de Educación, que se identificará con la sigla COMINE», establece el primer artículo del Capítulo IX de la ley. El consejero del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, atestigua que la comisión no funciona. De hecho, uno de sus participantes, asegura que no se reunieron más de tres veces. El último registro de una sesión de la comisión en la web data de 2014.
Otro de sus artículos menciona la creación de un Consejo de Educación Media Básica y un Consejo de Educación Media Superior. Mediante estos artículos se pretendía aglomerar los ciclos básicos de Secundaria y de UTU. 10 años después, los intereses de ambos no han permitido lograr un consejo unificador. Silva dice que tampoco existen iniciativas de hacerlo. Lo que existe es el Consejo de Educación Secundaria.
«El entramado burocrático que plantea la ley perjudica el funcionamiento del sistema», dijo el consejero Robert Silva.
«Formará maestros, maestros técnicos, educadores sociales y profesores, y otorgará otras titulaciones que la educación nacional requiera», dice el artículo 84 en referencia a la creación de un Instituto Universitario de Educación (IUDE). El IUDE no se concretó tampoco. En cambio, se crearon comisiones de implantación de las que derivó, entre otras cosas, el Consejo de Formación en Educación. Garibaldi entiende esto como un antecedente para el actual proyecto de ley de la Universidad de la Educación.
En la última semana de 2017, la vicepresidenta Lucía Topolansky dijo durante una reunión con la bancada de senadores y diputados del Frente Amplio que uno de los ejes de este año sería intentar acelerar la votación de la Universidad de la Educación. No obstante, desde el sistema educativo uruguayo desconfían de la concreción de la iniciativa en tanto algunos sectores ya han manifestado que no votarán el proyecto. Silva, por ejemplo, manifiesta que este proyecto es la «corporación al extremo» y que de reproducirse la estructura universitaria de la Udelar se estaría cometiendo un grave error.
Otro de los puntos que aún luce desdibujado de la ley es la creación de espacios de participación en los centros educativos que preveían la agrupación de padres, alumnos y docentes. Silva asegura que es muy escaso el número de instituciones que lo realizan.
La normativa creada en 2008 también expresa que los centros educativos públicos dispondrán de «fondos presupuestales para mantenimiento del local, la realización de actividades académicas y proyectos culturales y sociales de extensión».
A lo largo de la última década, varias instituciones se han manifestado por falta de presupuesto y problemas edilicios. Para la actual directora de Educación, Rosita Angelo, la no concreción de estas propuestas tiene que ver con que podrían ser parte de un proceso que aún está en desarrollo.
Uno de los padres de la normativa lanzada en 2008, Garibaldi, asume que hay aspectos de la ley que aún son insuficientes pero hace un balance satisfactorio de esta década. «No hubo nada de la ley que entorpeciera el funcionamiento de la educación y me satisface mucho cuando veo desarrollo de políticas o de acciones que están sustentadas y fundamentadas en estos principios», dijo a El Observador.

Lo que sí se logró

Garibaldi dijo que con la Ley de Educación de 2008 se logra llevar por primera vez todo el sistema educativo al marco legal, en tanto las anteriores eran leyes orgánicas. La directora de Educación destaca la capacidad de la ley de afirmar algunos conceptos como obligatoriedad y universalidad, y de entender la educación como un derecho humano.
Uno de los puntos en los que Filgueira, Silva, Garibaldi y Angelo coinciden como logro de la Ley de Educación es en la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). Este organismo elabora informes anuales sobre el estado de la educación en Uruguay.
Otro punto que todos califican como positivo es la inclusión de los docentes en el ámbito de los consejos existentes. Tanto Filgueira como Angelo destacan además la extensión de la edad en educación inicial.

Dilusión de responsabilidad

Más allá de la no concreción de algunos artículos, algunos actores del sistema educativo encuentran en la esencia de la normativa un problema mayor.
«El problema más serio es que crea una estructura de autonomías colectivas en donde es muy difícil encontrar quién es responsable de qué», expresó el director ejecutivo de Eduy21 y exsubsecretario de Educación, Fernando Filgueira. El consejero Silva apoya la idea de que la estructura organizacional «bastante burocrática» planteada por la ley, lo que hace es fragmentar aún más el sistema.
«Si miramos estos 10 años, más allá de algunos aciertos valdría la pena revisarla», dijo Filgueira.
Para Filgueira, la ley asiste al «viejo problema» de no trazar un vínculo claro entre la responsabilidad política de quien lleva adelante las políticas de enseñanza, es decir, el Ministerio de Educación.

Cinco aspectos de la ley que no se cumplen

Educación universitaria

«Créase el Instituto Universitario de Educación (IUDE) en el ámbito del Sistema Nacional de Educación Pública que desarrollará actividades de enseñanza, investigación y extensión. Formará maestros, maestros técnicos, educadores sociales y profesores, y otorgará otras titulaciones que la educación nacional requiera». El instituto no se concretó. En cambio, se creó el Consejo de Formación en Educación como una instancia previa. La formación en educación se discute hoy en el Parlamento mediante el proyecto del ley que prevé la creación de una Universidad de la Educación. No obstante, su concreción peligra por varios desacuerdos.

Unión nacional

«Crease la Comisión Nacional de Educación que se identificará con la siga COMINE». La comisión debía estar integrada por representantes de sectores privados y públicos, primaria, secundaria, Instituto del NIño y el Adolescente del Uruguay, trabajadores, estudiantes y empresarios. La Comine se reunió a lo sumo tres veces entre 2008 y 2014.

Presupuesto para los centros educativos

«El centro educativo público dispondrá de fondos presupuestales para el mantenimiento del local, la realización de actividades académicas y proyectos culturales y sociales de extensión». A lo largo de estos díez años, varios centros educativos han protestado por falta de presupuesto y problemas edilicios.

Educación Media Básica integrada

«El Consejo de Educación Media Básica (CEM Básica) tendrá a su cargo la educación media básica». Con este artículo se pretendía unificar los ciclos básicos de secundaria con UTU. A día de hoy, siguen actuando por separado y no existe un Consejo de Educación Media Básica.

Participación variada

«En todo centro educativo público funcionará un Consejo de Participación integrado por estudiantes o participantes, educadores o docentes, madres, padres o responsables y representantes de la comunidad». Son muy pocas las instituciones a nivel nacional que tienen consejos de participación que se reúnan con frecuencia.
Fuente de la Noticia:
https://www.elobservador.com.uy/ley-educacion-un-salvavidas-que-hace-agua-varios-lados-n1155656

 

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