Page 3 of 6
1 2 3 4 5 6

Consideraciones ante el proyecto de nueva Ley General de Educación

Por: Atilio Peralta Merino.

El pasado 18 de julio se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de nueva Ley General de Educación reglamentaria del Artículo 3° de la Constitución tal y como habría quedado vigente en su texto ante la más reciente de sus reformas.

La iniciativa en cuestión, presentada por diversos legisladores actuando de manera conjunta según el caso, tanto a título personal, algunos de sus suscribientes, como en el carácter y condición de representantes de diversos grupos parlamentarios, fue turnada a la Comisión de Educación de la H. Cámara de Diputados el pasado 25 de julio

Por lo demás, el  pasado 27 de Junio de los presentes se llevó a cabo en Puebla el Foro denominado: “La Educación En México Hoy y Mañana”, arrojando de su realización una serie de conclusiones, que han inspirado a un grupo de mexicanos conformado por Luis Gonzaga Benavides Ilizaliturri, Germán Benítez Márquez, Ernesto García Hernández, José Guillermo Medina Álvarez, Carlos Meza Gutiérrez y quién suscribe, a presentar a los integrantes de la referida Comisión de Educación una serie de consideraciones que esperaríamos sean tomadas en cuenta al momento de expedirse la dictaminación correspondiente, Haciéndose digno de desatacar el hecho de que, las referidas consideraciones habrían sido enteradas a los legisladores en cuestión el mismo 25 de julio de los presentes.

En el proyecto en cuestión se deja traslucirla tendencia impulsada por la OCDE, consistente en centrar de manera exclusiva en la escuela el fenómeno educativo en detrimento de lo aconsejado al respecto por la UNESCO, tendencia que en el pasado reciente habría sido bandera de grupos conservadores como “Mexicanos Primero”, que llegaron al extremo de orquestar toda una campaña de auténtico linchamiento en contra del magisterio y de la educación pública en su conjunto; el proyecto en cuestión se hace eco de tal tendencia, a grado tal que en el Decreto se llega al extremo de hacer  recaer en las autoridades escolares, el trabajo de prevención de los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar de los que puedan ser víctimas los educandos; en contrapartida, los referidos ciudadanos mexicanos se han dado a la tarea de expresar a la representación legislativa de la nación las siguientes

CONSIDERACIONES

Del resultado de las conclusiones del foro en cuestión, los suscribientes hemos llegado a la convicción de que el texto mismo del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como fue aprobado en su más reciente reforma, requiere a su vez una revisión a fondo, y, en consecuencia, formularemos una iniciativa con proyecto de decreto para encauzarla en la vía de iniciativa popular, comprometiéndonos a su vez a redactar el respectivo proyecto de disposición secundaria acorde al mismo.

 

OBSERVACIONES DE FORMA

a).- La exposición de motivos del proyecto en cuestión resulta farragosa al hacer una exhaustiva y minuciosa reseña de ponentes participantes en los diversos foros llevados a cabo de manera previa a la formulación del proyecto en cuestión, exhaustividad que resulta a la postre del todo inútil para acceder a la cabal comprensión del decreto que se somete a la consideración del Poder Legislativo; resultando tan solo, digno de atención, la reseña de proyectos de iniciativas de ley en la materia pendientes de dictaminación las cuales, por técnica legislativa, ciertamente deben ser objeto del capítulo concerniente a antecedentes del proyecto en la exposición conducente.

Resultando de valía al respecto, tan solo lo expresado a partir de la página 59 en el rubro denominado Contenido de la Nueva Ley General de Educación, en el que se hace la reseña sintética del contenido del articulado que se contiene en el decreto objeto de la iniciativa.

b).- Los tratadistas del Derecho Administrativo, han criticado de tiempo atrás, que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contemple la obligatoriedad de publicar en el Diario Oficial de la Federación los Manuales de Operación Administrativos de las Dependencias del Ejecutivo, toda vez que dichos instrumentos no son un cuerpo de ley que obligue a los particulares; con mayor razón, resulta criticable que los Artículos 28° y 89° del proyecto de Ley General de Educación en estudio, contemple la obligatoriedad de publicar en el Diario Oficial de la Federación los Planes y Programas de enseñanza así como el calendario escolar.

c).- La expresión “nueva escuela mexicana” que al efecto se dispone en el Capítulo Primero del Título Segundo del proyecto en cuestión, reconoce como claro antecedente, a la política educativa desplegada en Colombia, conocida precisamente bajo la designación de “escuela nueva”, y cuyo antecedente, habría que hurgar en las misiones culturales implementadas por José Vasconcelos en los años 20 en nuestro país; siendo del todo impropio, que el texto de un decreto se redacte a partir de consignas.

Por lo demás la Fracción II del Artículo 12 emplea un lenguaje alegórico al hablar de “diálogo entre humanidades, artes, ciencia y tecnología”, lenguaje alegórico que es impropio para un decreto; por su parte, expresiones contenidas en la Fracción III del mismo Artículo, así como el Artículo 13 en su Fracción I, como serían “tejido social”, “interculturalidad”; deben ser definidas en el texto mismo del decreto para no mover a duda o incertidumbre en la interpretación de la ley.

d).- Teniendo en cuenta que el acuerdo de voluntades es por definición la base del acto jurídico bilateral sinalagmático, resulta del todo inconducente que el Artículo 14 del proyecto en cuestión, someta los fines de la educación a un “Acuerdo Educativo Nacional”, en lugar de establecerlos con carácter unilateral, imperativo o de juc cogens”.

OBSERVACIONES DE FONDO

El proyecto en cuestión, observa de manera virtuosa a nuestro entender, el establecimiento de actos administrativos mixtos a cargo de la Secretaría de Educación Pública y de otras Dependencias; siendo al respecto digno de mencionar los siguientes rubros:

1.- Participación de la Secretaría de Salud contemplada en los Artículos 26° y 75° por lo que hace a la preservación de la salud.

2.- Del INAI y el INBA en las Fracciones XV y XXII del Artículo 3°.

3.- De la Secretaría del Trabajo por lo que hace a los Artículos 82° y 83° en lo concerniente a la formación de escuelas denominadas Artículo 123°, y a las atribuciones concernientes a la capacitación y adiestramiento para el trabajo.

4.- Al Instituto Federal de Telecomunicaciones de los Artículos 84° al 86° por lo que hace a la utilización de las llamadas nuevas tecnologías con fines escolares.

Siendo criticables, sin embargo, que en todos estos casos sean tan solo otras Dependencias las que incursionen en el ámbito de la SEP para centrar en exclusiva el fenómeno educacional en el ámbito de las escuelas, sin que, en contrapartida, la SEP en coordinación con la comunidad formule programas para que dichas dependencias y los demás agentes educativos que conforman nuestra sociedad, promuevan la difusión y el acceso de todos los mexicanos a hábitos y valores que eleven constantemente su condición de vida material y cultural.

e).- Los suscribientes somos de la idea de revisar a fondo las disposiciones de índole financiero que se contemplan en el proyecto en cuestión:

En tal carácter, por principio de cuenta, consideramos que las disposiciones de índole presupuestal que se contemplan en los Artículos 119° y 120° del proyecto en cuestión, son propios de la Ley General de Coordinación Fiscal específicamente en su Artículo 26° y no de un cuerpo de ley que contemple aspectos educativos; por lo demás instamos a la presente instancia a revisar lo dispuesto en la Fracción III del Artículo 103° y en el segundo párrafo del Artículo 104° del proyecto, dado que consideramos que dichas disposiciones abren la puerta a esquemas financieros como los denominados “bonos de escuelas al cien”, y que por supuesto abren el espacio a la especulación financiera de los montos asignados presupuestalmente a la educación y en detrimento de la cobertura de la misma; asimismo, somos de la idea de que, en relación a la existencia de los Comités de Padres de Familia para las mejoras escolares, que al efecto se contemplan en el Artículo 108°, debe aclararse a cabalidad, que dichos comités circunscriben sus atribuciones exclusivamente para fines de mejora en la infraestructura escolar, sin que los referidos Comités tengan influencia alguna en las decisiones pedagógicas como de manera por demás acertada se contempla en el Artículo 130° del proyecto en cuestión.

III.- Consideramos inconducente del todo, la referencia a una Ley de Carrera de las Maestras y los Maestros, que al efecto se contempla en los Artículos 91° a 94°, así como toda referencia al Centro Nacional para Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, aunque somos conscientes que ello sería objeto, precisamente, del proyecto de Reforma Constitucional y de disposición reglamentaria al que hemos hecho referencia en el cuerpo del presente ocurso y que en consecuencia, no sería competencia de esta instancia entrar a dirimir sobre las mismas, sin que previamente sea reformado el texto mismo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.- La existencia de los Consejos de Participación Social prevista en los Artículos 131° a 136° constituyen en sí mismo un acierto, aun cuando quedan truncos en su objeto, precisamente al suscribir a la escuela en la función educativa y al no proyectar sobre el conjunto de agentes sociales la promoción a hábitos y valores que promuevan el constante mejoramiento cultural, social y económico del pueblo, para cuyo objetivo se propone, que los referidos consejos asuman el siguiente método de:

Prospección Comunitaria.- Al ejercicio de reflexión que en conjunto debe hacer el grupo beneficiario de los programas sociales, el cual deberá basarse en un intercambio libre y espontaneo de reflexiones sobre la sucedido en la vida de ellos congregados en los últimos diez años a efecto de determinar un diagnóstico de la situación actual, a partir del cual se determinen por principio de cuentas los diversos escenarios ideales, probables y posibles; una vez hecho lo cual se fijaran las estrategias a efecto de lograr la consecución de objetivos inmediatos así como de largo y mediano alcance.

Fuente del artículo: https://www.e-consulta.com/opinion/2019-08-01/consideraciones-ante-el-proyecto-de-nueva-ley-general-de-educacion

Comparte este contenido:

La Ley General de Educación omitida en la Nueva Reforma Educativa

Por: Pluma Invitada

Con las enmiendas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo pasado entró en vigor la Nueva Reforma Educativa nombrada así por el Senado de la República (http://bit.ly/2XmI30Y). En lo futuro, se prevé aprobar:

A).- Antes de 120 días:

1.- La Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros.

2.- La Ley del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

B).- A más tardar en el año 2020:

3.- La Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

4.- La Ley General en Materia de Educación Superior la cual contemplaría el caso de las escuelas normales: establecerá los criterios para su desarrollo institucional y regional, la actualización de sus planes y programas de estudio para promover la superación académica y contribuir a la mejora de la educación, así como el mejoramiento de su infraestructura y equipamiento.

Lo anteriormente le corresponde al Congreso de la Unión. Adicionalmente, se contempla que el Ejecutivo Federal defina las Estrategias Nacionales para la Mejora de las Escuelas Normales así como de Atención a la Primera Infancia en un plazo no mayor a 180 días. Por otra parte, las Legislaturas de los Estados deberán armonizar el marco jurídico en la materia, en el ámbito de su competencia a mas tardar en un año.

A pesar que en el transitorio segundo se menciona que a partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto en ningún renglón se alude específicamente a la Ley General de Educación (LGE). ¿Sigue vigente? Si pero se contrapone a la Nueva Reforma Educativa. ¿Es obsoleta? Definitivamente, si. ¿Se modificará? Seguramente ¿Para cuándo? Puntos suspensivos.

La Ley General de Educación, al parecer, no es considerada como ley secundaria, y poco se ha hablado sobre su la necesidad de reformarla. Pudiera cuestionarse ¿qué caso tiene si no redundará en aportaciones directas para una ley secundaria? También puede ser que así suceda suceda también en el diseño, elaboración, discusión y aprobación de las leyes secundarias del Sistema de Carrera para las Maestras y los Maestros así como el Sistema Nacional de Mejora de la Educación.

En la Ley General de Educación se alude, por ejemplo, al Modelo Educativo, la calidad de la educación, la calidad de la enseñanza, la calidad de los aprendizajes, la calidad de los servicios educativos, la calidad de la prestación de los servicios educativos. Y, a manera de provocación, pregunto: ¿calidad? ¿qué no desapareció de la nueva reforma educativa? ¿y la excelencia? ¿cuál es la relación entre la excelencia educativa con la mejora de la educación, la admisión de maestros noveles al servicio educativo o la promoción de quienes están en funciones? ¿Cuál es la importancia de las otras Leyes Generales para el aprendizaje y viceversa? ¿cómo entrelazar la formación de los ciudadanos mexicanos con el Sistema de Carrera, el Sistema de Mejora Continua y la Formación de Docentes?

Permítame gentil lector enunciarle unos cuantos tópicos que bien pudieran traducirse en  razones que justifiquen la necesaria adecuación de la Ley General de Educación: la educación que imparte el Estado; el derecho a la Educación; la educación de calidad; los principios, criterios y fines de la educación; el Sistema Nacional de Evaluación; el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; los tipos  educativos; los planes y programas de estudio. También el aprendizaje de los alumnos; los propósitos y la conexión con las competencias; los contenidos; criterios y procedimientos de evaluación y acreditación de los aprendizajes son elementos esenciales de los programas de estudio. El verdadero problema no es la necesidad de reformar la Ley General de Educación. El desafío mayúsculo consiste, según mi parecer, en armonizarla con el resto de la leyes por legislar debidamente articulada con la reforma educativa independientemente si son consideradas técnicamente reglamentarias, secundarias, generales o cualquier otra denominación que fuere.

¿Y qué decir del Modelo Educativo para la Educación Normal y del resto de las instituciones de educaciones superior para la formación de docentes? ¿acaso no debiera incluirse también?

El Modelo Educativo, de igual manera, es un entramado más complejo que sólo los planes y programas de estudio. ¿La Ley General de Educación se reformará antes o después de los 120 días contemplados para las leyes secundarias? ¿antes o después del 2020? ¿Cuál es el momento adecuado? No es un asunto menor sino todo lo contrario. Porque al parecer, el tipo de ciudadano que requiere nuestro país estará condicionado por el tipo de maestro que queremos. ¿no tendría que ser a la inversa?

En la Nueva Reforma Educativa se omite la Ley General de Educación. No se menciona la importancia de adecuarla ni siquiera contempla explícitamente su obligada modificación. Supongo que debiera hacerse de manera holística, integral y armónica con el resto de las leyes en materia educativa próximas a elaborarse, discutirse y aprobarse. El reto consiste en confeccionar un andamiaje jurídico debidamente articulado. Tejer un complejo entramado legal concordante para no dejar lagunas y evitar posibles errores que propicien interpretaciones sesgadas.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-ley-general-de-educacion-omitida-en-la-nueva-reforma-educativa/

Comparte este contenido:

Reforma Educativa: Mirar a la Escuela de otra manera

México / 9 de diciembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

En México, y en cualquier país del mundo, las modificaciones a los textos constitucionales o la aprobación de leyes nacionales, como acciones iniciales para emprender Reformas Educativas, no necesariamente han producido cambios de “raíz” en las prácticas educativas y docentes en las escuelas (1); esto lo digo porque el siguiente gobierno federal, próximo a ejercer el poder político en una semana, podría cometer el mismo error en que cayó el gobierno encabezado por el presidente Peña Nieto, en materia de políticas públicas y estrategias educativas. Pensar que los cambios sociales (estructurales o de base) se generan a partir de las modificaciones al marco legal, es dar por cierta una falacia. Esa ha sido la experiencia para el gobierno que va de salida, y lamentablemente para nuestra sociedad; ha sido una equivocación cometida tanto en el orden de la estrategia puesta en práctica como en la concepción (el contenido) de la Reforma Educativa recién ensayada durante el periodo 2012-2018. En consecuencia, esas han sido algunas de las razones del eventual fracaso de la iniciativa del “cambio” propuesto a través del “Pacto por México” (cuya responsabilidad y diseño se debe a los partidos políticos PRI, PAN y PRD), mediante una Reforma Educativa supuestamente estructural que, según los acontecimientos, ha sido rechazada por la mayoría de la sociedad.

Desde una perspectiva crítica del diseño de las políticas públicas en educación, considero que la estrategia para transformar el sistema educativo, tendría que ser operada exactamente al revés: Primero se tendrían que impulsar los “cambios educativos”, en la base, es decir, en las escuelas, en las aulas y, en segundo lugar, integrar los diversos esfuerzos colectivos, orientados hacia “la transformación”, para consolidarlos y extenderlos hacia todo el conjunto del sistema, a través de la adecuación o actualización de los diferentes instrumentos jurídicos y normativos. Lo anterior implica pensar al Estado no solo como una entidad hegemónica generadora del “deber ser” de una sociedad, sino también como el complejo institucional que, en representación de la misma, regula las prácticas sociales que permitan la convivencia armónica, justa, democrática y civilizada entre los miembros de la sociedad.

Coincido, en ese sentido, con las voces y los argumentos sociológicos (como los de Michael Fullan y Andy Hargreaves) que consideran o interpretan a la escuela desde otra mirada, sobre todo en coyunturas de reforma o de transformaciones profundas como la que vivimos en México. Así lo expresa concretamente Fullan cuando se refiere a ese tipo de reformas: “Hay dos dimensiones claves para la capacidad (del cambio educativo). Una es lo que los individuos pueden (o quieren) hacer para desarrollar su efectividad (desde la escuela), a pesar del sistema; la otra es la forma como los sistemas necesitan transformarse.» (2)

 

Ello significa que la escuela debiera convertirse, como colectivo de personas comprometidas con los aprendizajes significativos de sus estudiantes, en una “unidad autonómica” que aprenda a pensar y a operar el cambio a partir de sus prácticas concretas; a diseñar y emprender por su cuenta, y más allá de los dispositivos burocráticos del “sistema”, su “propia agenda o plan de reformas educativas y docentes (procesos de enseñanza y aprendizaje)” para la escuela y para cada grupo de alumnos en el aula. Sin duda, eso también implicaría poner en marcha un amplio proceso de revisiones críticas y autocríticas acerca de las “prácticas educativas y docentes” dominantes en la institución educativa, que incidan en la extensión, la pertinencia y la profundidad de los aprendizajes de los niños, las niñas y los jóvenes.

Para los tecnócratas y los simpatizantes (convencidos o no) del reformismo conservador (con orientación claramente neoliberal), sin embargo, la lógica del “cambio educativo” se reduce solo a una mera imposición de “modelos” o “programas” desde fuera (el “deber ser”) de las escuelas (como ha sido el caso de las reformas educativas promovidas durante las últimas décadas en varios países, y ha sido también la situación por la que ha pasado México). Eso se ha hecho a través de dispositivos técnicos únicos, nacionales y obligatorios, diseñados por expertos, funcionarios o científicos de la educación, cuyas propuestas han sido válidas para el autoconsumo de la propia comunidad científica (corporativa e institucionalizada), pero que son ajenas a las necesidades de las comunidades magisteriales, es decir, para las figuras educativas que laboran en las escuelas y en las aulas (docentes, directivos escolares y asesores técnicos), es decir, para quienes operan cotidianamente los planes y los programas de la educación pública.

 

En resumen, la ruta crítica elegida por el Estado mexicano, para los propósitos reformistas, fue la siguiente: el Poder Legislativo, por iniciativa del Ejecutivo, modificó el texto constitucional, sin consulta pública en 2013, y estableció como principio general y entre otros aspectos, en el Art. 3 de la Carta Magna, que la “calidad de la educación” se definiría como el “máximo logro de aprendizaje de los educandos”, con lo cual se fijarían las bases para el diseño o adecuación de las leyes secundarias en materia educativa (Ley General de Educación, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y Ley General del Servicio Profesional Docente), a través de cuyos contenidos y aplicaciones, (como eje central de las políticas públicas), se enfocaron obsesivamente hacia la evaluación de las diferentes figuras educativas, de manera rigurosa y con consecuencias laborales, como el mecanismo universal que aseguraría alcanzar la llamada “calidad educativa”.

Las autoridades educativas federales y estatales durante ese periodo (2012-2018) jamás admitieron, sin embargo, que el cambio educativo más redituable y duradero no es el que se da mediante el arreglo (en la oscuridad) entre las cúpulas del poder político y otros grupos privilegiados, sino desde las escuelas (y no me refiero a la iniciativa de poner a las “Escuelas al Centro”). Arreglo que históricamente se ha dado entre los actores sociales que cogobiernan y que constituyen las élites del poder científico técnico (grupos de expertos en educación que preservan la hegemonía en las instituciones legitimadoras del saber, como he descrito antes, cuyo coto de poder más actual, en México, ha sido el INEE), y que, en conjunto con otros grupos de poder, han tomado las decisiones importantes en materia educativa para la nación: cúpulas empresariales; alta jerarquía de las iglesias; dirigencias de la clase política y sindicales, así como el poder fáctico que ejercen los medios de comunicación, que participan, directa o indirectamente, en el proceso de validación o legitimación de los contenidos, los métodos, el financiamiento, la organización, los tiempos y la infraestructura de las escuelas.

 

Una de las cuestiones que habrán de ponderar las futuras autoridades educativas federales (que impulsarán la 4T), es la dinámica que prevalece en la esencia de las prácticas educativas y docentes cotidianas en las escuelas, en el sentido de revisar los estilos de enseñanza centrados en la “directividad”, así como su orientación para conservar los vínculos de dependencia docente-alumno. (Revisión que está en la cancha de los colectivos escolares). Situación que no es solo privativa de nuestro país, sino que también es observada en otras latitudes: En Colombia, por ejemplo, los investigadores reconocen que “… la mayoría de la población presenta una marcada deficiencia en la habilidad de evaluación de la tarea (de aprender por cuenta propia), lo cual se puede explicar porque la educación inicial (Preescolar y Básica) que han recibido los sujetos, ha concedido al maestro el control y evaluación de los aprendizajes, haciendo del estudiante un sujeto pasivo y dependiente de su tutor, con pocas posibilidades de alcanzar procesos de autonomía y autorregulación de su aprendizaje…” (3)

 

Es de tal modo la urgencia de revisar los métodos y los fundamentos relacionados con las prácticas educativas y docentes en la escuela, que el mismo INEE se ha dado a la tarea de preparar una propuesta para capacitar o actualizar a docentes, asesores y directivos escolares sobre esos procesos, mediante el estudio profundo y reflexivo de métodos de autoevaluación, a efecto de promover la “autonomía escolar” (4); lo cual en sí mismo constituye una buena idea, pues sintoniza con la crítica que he esbozado a lo largo de este comentario (en el sentido de movilizar el cambio “desde abajo” y en forma “horizontal” y no de manera “vertical” ni “desde arriba”). Sin embargo, la pregunta que me hago, ante la propuesta del INEE, es: ¿Por qué hasta ahora?

 

Fuentes consultadas y notas:

(1) “La práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos.  No se limita al concepto de docencia, es decir, a los procesos educativos que tienen lugar dentro del salón de clases, incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula”, según B. García-Cabrero, Loredo, J. y Carranza, G. (2008). Análisis de la práctica educativa de los docentes: pensamiento, interacción y reflexión.  Revista Electrónica de Investigación Educativa, Especial. Consultado en: http://redie.uabc.mx/NumEsp1/contenido-garcialoredocarranza.html

 

(2) M. Fullan. (1998) El significado del cambio educativo. (The Meaning of Educational Change: A Quarter of a Century of Learning). En: A. Hargreaves, A. Lieberman, M. Fullan y D. Hopkins (eds.): International Handbook of Educational Change (pp. 214-228). Dordrecht: Kluwer. Traducción de Santiago Arencibia y revisión técnica de Antonio Bolívar, reproducido en: Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, 6 (1–2), 2002, (España).

 

(3) Isabel A. Sierra Pineda y N. Carrascal Torres (2016) “Desafíos Epistemológicos y requerimientos en los Planes de Formación de Maestros para la Educación Infantil: El camino hacia la Autorregulación Temprana y la Autonomía”. Documento presentado en el 3er. Simposio Internacional y 4o. Coloquio Regional de Inv. Educativa y Pedagógica. Montería, Colombia.

 

(4) Sylvia Schmelkes; Galas Taboada, C.; Hamilton Vélez, E.V.; Chicharro Gutiérrez, M.P.; y Hamilton Vélez, J. (2018) “Autoevaluación y Autonomía Escolar: Principios y herramientas para la Gestión”. INEE. México.

 

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/11/26/reforma-educativa-mirar-a-la-escuela-de-otra-manera

ove/mahv

Comparte este contenido:

Niños indígenas terminan la primaria bilingüe sin aprender a hablar español

México / 11 de noviembre de 2018 / Autor: Andrea Vega / Fuente: Animal Político

A sus 8 años, Daniel llegó a tercero de primaria sin saber leer ni escribir. Los primeros dos grados los tomó en una escuela de Huachinango, Puebla, comunidad indígena donde vivía y donde todos hablan náhuatl menos los profesores. Les dan clases en español a alumnos que sólo hablan su lengua materna.

De 25 niños inscritos en el grupo de Daniel, solo cuatro aprendieron a leer y escribir. “El maestro no hablaba nada de náhuatl, era de otro pueblo, entonces no nos entendía. Nosotros le entendíamos poco a él”, dice el niño. Aún así, sin entender lo que el maestro decía, todos fueron promovidos al segundo grado, y luego al tercero.

Pero Daniel ya no continuó en esa escuela. En 2017 tuvo que irse a vivir con su tía a Ciudad de México, tras el fallecimiento de sus padres. El tercer año lo cursó en la escuela República de Colombia, en la colonia Capultitlán de la delegación Gustavo A. Madero. Su maestra se dio cuenta que no entendía muy bien español. Tuvo que empezar con él casi de cero en la lecto-escritura. Ahora que el niño cursa cuarto grado a sus 9 años, apenas está haciendo oraciones sencillas. No es un caso aislado.

En el ciclo escolar 2017-2018, 41 mil 795 alumnos hablantes de alguna lengua indígena llegaron a sexto grado de primaria sin saber bien español, condición indispensable para aprender y poder continuar sus estudios. Esto representa el 32.5 % de los 128 mil 361 alumnos inscritos en ese grado (sexto) en las 10 mil 233escuelas primarias delsubsistema de educación indígena del país, de acuerdo con  información de la SEP proporcionada por Transparencia.

El subsistema de educación indígena cuenta, a nivel nacional, con 797 mil 525 alumnos en los seis grados de primaria y con 412 mil 186 en los tres de preescolar. Chiapas tiene el mayor número de casos de niños que en sexto de primaria no saben bien español, con 21 mil 271 niños. Le sigue Guerrero con 7 mil 328, y Puebla con 2 mil 259.

Esta deficiencia en el aprendizaje del español como segunda lengua se da a pesar de que México tiene regulaciones como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas o el reformado Artículo 7 de la Ley General de Educación, que reconocen el derecho de estas comunidades a recibir instrucción tanto en su lengua materna como en español.

La autoridad no reconoce el problema, a pesar de sus propias cifras. Rosalinda Morales, titular de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la SEP, asegura que en todo caso el dato de los 41 mil niños monolingües obtenido vía Transparencia es solo un estimado. “Nosotros trabajamos para que todos los niños hablen español”.

En entrevista afirma que en los 9,797 preescolares y 10,233 escuelas primarias indígenas del país sí se imparte una educación intercultural bilingüe, y que a los niños se les enseña el español como segunda lengua y se les da contenidos de las diversas asignaturas en su idioma materno.

Sin embargo, investigadores y lingüistas coinciden en que la enseñanza bilingüe para comunidades indígenas en México es deficiente. “No hay a nivel nacional un modelo para enseñar a los niños hablantes de una lengua indígena, el español como segunda lengua; ni se les enseña a leer o escribir en su lengua materna”, afirma Enrique Hamel, profesor investigador de la UAM Iztapalapa y director del programa Comunidad Indígena y Educación Intercultural Bilingüe (CIEIB).

“Yo no he encontrado una escuela aquí en Ciudad de México de las que reciben niños migrantes donde haya un modelo así”, asegura Rebeca Barriga, investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios (CELL) de El Colegio de México (COLMEX).

El más reciente libro de la investigadora, Políticas lingüísticas y lenguas indígenas, entre historias, discursos, paradojas y testimonios, compila una serie de investigaciones, entrevistas y visitas a escuelas en donde se corrobora que la educación intercultural bilingüe para comunidades indígenas no es sistemática en el país. Solo hay esfuerzos aislados en algunos estados.

Violencia sobre violencia

Los niños hablantes de lengua indígena van pasando de un grado a otro de primaria entendiendo muy poco de los contenidos escolares. “Es una violencia cognitiva muy fuerte. Recuerdo que yo aprendí a decodificar qué decían las palabras, pero no entendía el contenido de los textos”, dice la lingüista mixe Yásnaya Elena Aguilar.

Fue gracias a que sus tíos la ayudaron y a que le gustaba mucho leer que ella logró avanzar entre niveles escolares. Buena parte no lo consigue. “Muchos de los niños terminan la primaria quién sabe por qué artes. Pero ya en la secundaria se vuelve más complejo todo y muchos desertan”, dice Barriga.

En 2015, de acuerdo a registros del estudio Panorama Educativo de la Población Indígena (PEPIA) del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la escolaridad media de la población de 15 años y más en todo el país era de 9.2 grados, lo que equivale a poco más de la secundaria completa. En cambio la escolaridad media de la población hablante de lengua indígena era de 5.7 grados, ni siquiera el equivalente a la primaria.

“Yo conocía el español porque mis papás trataban de hablarnos en ese idioma en la casa para que lo aprendiéramos y no nos discriminaran, pero mis abuelos y muchos en la comunidad sólo hablaban purépecha, así que esa era nuestra verdadera lengua. Nuestra forma de comprender la vida era en purépecha”, dice

Ana Elena Erape, maestra en Educación Intercultural Bilingüe e investigadora de la UAM Iztapalapa.

Erape cuenta que cuando ella estaba en primaria no encontraba lógica entre el mundo matemático occidental y cómo ella lo vivía en su familia. “Para nosotros el concepto occidental de fraccionar, por ejemplo, es vago y general. Nosotros nombramos diferente si estamos fraccionando algo plano y redondo o algo redondo y con volumen. La palabra fraccionar es incompleta para nosotros, nos deja un vacío de información”.

Enseñar en español a hablantes de lengua indígena, dice Yásnaya Elena “es como si te enseñarán a leer en ruso, sin saber tú ruso. Después además quieren que así aprendamos civismo o matemáticas, en una lengua que nosotros no hablamos y sin habérnosla enseñado nunca como segundo idioma. Por eso hay tan malos resultados en el aprendizaje”.

De los alumnos del último grado de secundaria que hablan una lengua indígena, el PEPIA reporta que 62.4 % obtuvo el nivel insuficiente de logro en el dominio de lenguaje y comunicación; en matemáticas 80.3 % tuvo nivel de logro insuficiente. “Esos resultados son culpa de una educación castellanizadora mal concebida y mal aplicada”, señala Hamel.

Aprender a leer en tercero de primaria

Benita Durán, profesora de cuarto grado de la escuela Primaria República de Colombia en Ciudad de México, dicta un problema matemático. Los alumnos lo escriben en  el cuaderno. Los niños tienen la vista fija en el papel y trazan rápido con el lápiz. Todos menos Daniel. Él mira hacia un lado y hacia el otro, buscando ayuda.

Para que todo quede más claro, la maestra apunta el problema en el pizarrón. Daniel fija la vista e intenta copiarlo. Para cuando termina el primer renglón de tres, sus compañeros ya están debatiendo con la profesora cuál es la operación que deben hacer para resolverlo. Cuando la mayoría del grupo tiene ya el resultado y se pelean por quién pasa al pizarrón, Daniel apenas está terminando la segunda oración del problema.

Una de sus compañeras se levanta de su silla y va junto al niño para ayudarlo a terminar de escribir el ejercicio y explicarle qué operación hacer y cómo. “Eso es lo que le ayuda mucho a él y a mí, que sus compañeros están dispuestos y atentos para apoyarlo”, dice la maestra Benita.

El niño llegó a Ciudad de México hablando poco español. Tuvo que aprenderlo sobre la marcha. Su profesora le enseñó a leer y escribir con la asesoría de integrantes de la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva (UDEEI) de la SEP. Ahora apenas puede construir frases cortas. Va atrás de sus compañeros en todas las materias.

¿Cuándo Daniel termine la primaria habrá alcanzado el nivel de sus compañeros de clase?, se le pregunta.
–No, pero ya sabrá leer y escribir bien, comprender los textos. En matemáticas está ahorita en operaciones básicas, y lo estamos apoyando para que avance.
¿Podrá cursar secundaria?
–Con dificultades, pero sí. Aunque habría que buscar dónde puede cursarla, que se garantice un espacio donde le puedan dar apoyo tanto de los profesores como de sus compañeros.

En la escuela Primaria República de Colombia donde está el niño, 12 % de los alumnos son indígenas migrantes, con diversos grados de bilingüismo. Hay niños que hablan o son hijos de hablantes de triqui, náhualt y otras lenguas. Casi todos los alumnos ingresan sabiendo español, pero hay casos como el de Daniel. La mayoría está perdiendo su lengua materna.

Guadalupe Guerrero, directora de la primaria, dice que a ella y a su equipo de docentes les gustaría ofrecer una verdadera educación intercultural bilingüe a sus alumnos migrantes, “pero no tenemos un solo profesor que hable lengua indígena. Vino un docente hablante de triqui una vez, supuestamente iba a hacer su servicio social aquí, estuvo solo un día y los niños estaban muy contentos, pero ya no vino”.

Rosalinda Morales, titular de la DGEI en la SEP, dice que tan existe la educación intercultural bilingüe en las escuelas indígenas de nivel básico que ya se hicieron libros en 22 lenguas (en el país hay 68 con 364 variantes dialectales), y asegura que con esos materiales los niños pueden aprender las diversas asignaturas.

Guadalupe Guerrero dice que la SEP les envía libros en lengua indígena, en náhuatl sobre todo. Pero “son materiales básicos, muy bonitos, muy llamativos, pero no son para enseñar a leer ni para enseñar asignaturas. Son de lecturas, para leerles a los niños. Además, está el problema de que nosotros no hablamos esos idiomas”.

Lo mismo pasa en las escuelas de las comunidades indígenas donde se asignan profesores que no dominan la lengua de la comunidad. Aunque el PEPIA registra que sólo en el 9.5 % de los preescolares indígenas no hay maestros que hablen la lengua materna de los alumnos, diversos investigadores aseguran que ese porcentaje debe ser mayor. “Y aun si la hablan, no la usa en el salón de clases. La idea general de la educación intercultural bilingüe es que los niños deben aprender español”, dice Hamel.

Por ahora, la Primaria República de Colombia está buscando opciones para ayudar a sus alumnos indígenas migrantes a no perder su lengua materna y a revalorizarla. La investigadora Rebeca Barriga, de El COLMEX, y sus alumnos del Seminario de Lingüística y Educación les ayudarán para ofrecer a los estudiantes mejores opciones.

Fuente del Artículo:

https://www.animalpolitico.com/escuelas-educacion-deficientes/ninos-indigenas-no-hablan-espanol.php

ove/mahv/293637

Comparte este contenido:

Carta desde el aula a Esteban Moctezuma

México / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

C. Lic. Esteban Moctezuma Barragán.

A través de los medios informativos, hemos sabido que usted ocupará el cargo de titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República para el período 2018-2024. Por tal motivo, le expreso algunas inquietudes, preguntas y sugerencias, con respeto y desde el aula, sobre la situación educativa mexicana en el momento actual, en mi condición de profesor de tiempo completo y ciudadano de a pie.

Los retos que enfrentará su gestión al frente de la Educación en México, son grandes y de enorme complejidad. Por ello, considero que en esta importante responsabilidad se requerirá no solamente de imaginación, voluntad y experiencia, sino también de talento político y oficio en el ejercicio del servicio público, y de un liderazgo ejemplar, desde el más alto nivel hasta los mandos medios y operativos de la SEP. Además, se requerirá de tolerancia, actitud de escucha y diálogo permanente, atento, conciliador con todos los actores que, directa e indirectamente, están involucrados en los asuntos de la Educación.

Pienso que, para construir una agenda educativa, a efecto de identificar las más sentidas necesidades educativas nacionales, es pertinente en primer lugar, conversar con el personal de base, es decir, con las maestras, los maestros, directivos, personal de apoyo, asesores y asesoras técnicos, padres de familia y estudiantes de todos los niveles y modalidades educativos, para saber, desde abajo, cuál es el estado en que se encuentra la Educación, hoy, en nuestro país, no desde arriba; y, posteriormente, definir, desde ahí, el tipo y la profundidad del cambio educativo que requiere nuestra nación en las condiciones actuales.

Para ello, adicionalmente, será conveniente que usted y su equipo, se den a la tarea de evaluar cuáles son las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que demandan dichos cambios en la actualidad y con prospectiva hacia el año 2024. En esta parte incluyo, por supuesto, el entorno del desarrollo científico, tecnológico y humanístico que vive México, como para darle un marco de referencia al cambio.

También es importante ubicar todas estas ideas de transformación, de “cambio verdadero” como lo ha dicho AMLO, en su justa dimensión, y reconocer que dichos cambios se podrán llevar a cabo en el mediano y largo plazos, y a varios niveles: Por ejemplo, desde la reorganización del sistema educativo; la creación de nuevas instituciones nacionales; la formulación y puesta en operación de nuevos programas educativos, hasta la adaptación o continuación de algunos programas o proyectos que actualmente existen, y que requieren de su fortalecimiento, previo análisis, discusión y estudio de factibilidad, mismos que podrían contribuir al desarrollo educativo, cívico y cultural de los mexicanos.

Reorganizar el Sistema Educativo Nacional (SEN), no es una labor fácil debido a su excesivo burocratismo y centralismo. Como usted seguramente sabe, hoy las atribuciones y facultades que establece la Ley General de Educación, para lograr cambios progresistas en los planes y programas de estudio de la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior), están limitadas a las decisiones que asume el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Poco es el margen que da la ley a los gobiernos y a los congresos estatales, y menos aún a los ayuntamientos, a nivel municipal, sobre cuestiones curriculares.

Lo mismo sucede con las facultades para llevar a cabo nuevos programas nacionales de formación inicial y continua para docentes, asesores técnicos y directivos. Por lo que urge modificar el marco legal hoy existente, previa discusión que se deberá llevar a cabo en los ámbitos del poder ejecutivo y los órganos del legislativo, a efecto de lograr una verdadera descentralización educativa. Una discusión amplia y democrática en la que participen, en igualdad de condiciones, el magisterio en general, no sólo con sus representaciones gremiales; los medios de comunicación; las universidades públicas y privadas; las instituciones formadoras de profesionales de la educación; las organizaciones de la sociedad civil; así como representantes empresariales; estudiantes, padres y madres de familia, entre otros. Ello con la finalidad de crear mecanismos legales y distribuir la toma de decisiones pedagógicas y administrativas en los niveles federal, estatal y municipal, para alcanzar así una democratización de las determinaciones y las acciones relacionadas con la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior) y otros niveles educativos relevantes para el país, como es la educación superior y el posgrado.

A reserva de su mejor opinión, considero que conviene a nuestro Sistema Educativo Nacional contar con mediaciones federales, estatales y municipales (los llamados tres órdenes de gobierno), puesto que una distribución de poderes de tal naturaleza abriría las puertas a una mayor participación de la sociedad en los asuntos educativos cruciales en cada región y localidad (¿Qué opina usted acerca del rezago educativo existente, que incluye no solo el analfabetismo, sino también la no conclusión de la Educación Primaria y la Secundaria en amplios sectores de la población?). Abrir los canales de análisis y decisión acerca de los contenidos y los métodos de la educación obligatoria en México, supone una más amplia participación de los ciudadanos en estos quehaceres, y ello se traduciría en beneficios para las prácticas democráticas y la extensión significativa, oportuna y pertinente de los aprendizajes escolares.

Pienso, Lic. Moctezuma, que una transformación de fondo de la educación pública en nuestro país, demanda de un cambio en la base misma de su organización, y eso debe pasar por el impulso de una modificación del modelo “centralista”, hoy ya decadente, que ha prevalecido en México desde 1921; en su lugar, deberá de operar un modelo planificado y consensuado, a partir de un criterio de descentralización efectiva de los órganos responsables en la toma de decisiones educativas, es decir, tanto en lo pedagógico como en lo administrativo (ello incluye la participación crítica y autocrítica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo autónomo); y que esto último acompañe a ese tipo de decisiones, y no al revés, como ha sucedido hasta ahora. En ese sentido espero, Lic. Moctezuma, que la descentralización no quede reducida sólo en un simple traslado de oficinas federales de una ciudad a otra.

A reserva de realizar una revisión más exhaustiva, opino que es necesario y pertinente modificar, también, los términos en que se encuentra vigente la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), desde 2013. Sobre todo cambiar los conceptos y métodos en que se impuso dicha ley y que generó una condición adversa, es decir, que pone en desventaja a los docentes, asesores y directivos de la educación obligatoria en servicio. Si bien es cierto, que los procesos de evaluación (ingreso, promoción, reconocimiento y desempeño) son oportunos y necesarios, éstos no deben considerarse como medios para la terminación o conclusión de las relaciones de trabajo de los profesionales de la educación (de ahí que se debe eliminar el término “permanencia” en la redacción de la misma ley). Y menos aún debe seguir así porque, primero, y en especial en la escuela pública, como obligación del patrón o sea del Estado mexicano, es necesario emprender robustos y efectivos programas de capacitación, actualización y acompañamiento hacia las figuras educativas mencionadas, y luego, no antes, llevar a cabo las evaluaciones departamentales correspondientes, con un sentido formativo no “punitivo”.

Como lo he comentado en otros textos en este mismo medio, considero justo que, a la par de esta modificación a la LGSPD, he planteado que se discuta la pertinencia de evaluar no sólo al profesional de la educación en servicio, en lo individual, sino evaluar de manera integral y completa el desempeño de los colectivos escolares (como lo han sugerido, en varios espacios, algunos académicos reconocidos como el Doctor Ángel Díaz Barriga, del IISUE-UNAM), de tal manera que con ello se tengan evaluaciones (no sólo mediciones parciales), acerca de lo que realmente el centro educativo requiere, en un sentido educativo y pedagógico, para que sus estudiantes aprendan lo que de verdad requieren aprender, en el aquí y el ahora, y para su vida futura.

Sería un acierto que el nuevo gobierno creara un Instituto Nacional para la Profesionalización de Docentes, Asesores y Directivos de la Educación Obligatoria. Aun cuando sabemos que existen Escuelas Normales y otras instituciones importantes de educación superior (como la Universidad Pedagógica Nacional), encargadas de la formación inicial de docentes y profesionales de Educación Básica, es evidente que no existen instituciones dedicadas a la formación profesional y especializada de asesores y directivos de Educación Básica ni de docentes, asesores y directivos de Educación Media Superior. Por ello, la propuesta de crear una institución de este tipo, daría respuesta a esa inminente demanda social a favor de la profesionalización de todas las figuras educativas.

Hasta el momento, los docentes, asesores técnicos y directivos de la educación obligatoria, en su mayoría, no cuentan con una institución que les proporcione programas de formación profesional, sino que se tienen que preparar “sobre la marcha”, con sus propios recursos materiales y financieros. Además, la creación de una institución de esa naturaleza, sentaría las bases de un cambio de paradigma y en el orden de las prioridades educativas. Para este razonamiento, parto de la siguiente premisa: los docentes, antes de ser los únicos responsables de la realidad educativa nacional, son corresponsables junto con los directivos, los padres de familia, los estudiantes mismos y las autoridades que toman decisiones a nivel de sistema educativo y subsistemas, en su conjunto; es decir, en los niveles de decisiones federal y estatal, para efecto de las evaluaciones de los aprendizajes escolares y para la formación integral en general de niños, niñas y jóvenes. Lo que quiero expresar con esto, es que el docente no es la única figura educativa responsable del escandaloso fracaso escolar que vive México.

Espero que usted, como líder del sector educativo en el país, a partir de diciembre próximo, y como responsable de las políticas públicas educativas, así como de la gestión educativa de los funcionarios federales, académicos, especialistas y expertos, autoridades de todos los niveles de gobierno, tomadores de decisiones, etc., cumpla plenamente con sus tareas y haga también las veces de animador del cambio educativo en otros ámbitos, esto es, que logre convocar a políticos, empresarios, legisladores y líderes de opinión, así como a las organizaciones no gubernamentales, que tengan interés en desarrollar iniciativas progresistas en esta materia.

Por último, le solicito que no deje de hacer acercamientos y contacto con las escuelas, con la gente en las aulas, los laboratorios, las canchas deportivas, jardines, talleres y patios de usos múltiples para que, juntos, podamos conversar y discutir, de manera abierta e informada, sobre los avances que se vayan dando del cambio educativo en México.

Agradezco de antemano su atención y le envío un cordial saludo.

Santiago de Querétaro, Qro., 1 de agosto de 2018.

*Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/08/01/carta-desde-el-aula-a-esteban-moctezuma

ove/mahv

Comparte este contenido:

Educación inicial: La realidad de los niños en El Salvador

El Salvador / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Edmé Aguilar / Fuente: InformaTVX

La educación inicial o en primera infancia es la que ocurre desde los 0 años hasta los 9 según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Busca la estimulación temprana de los niños para que desarrollen sus capacidades al máximo de acuerdo a su edad.  

En El Salvador, según el ministerio de Educación (MINED) el trabajo pedagógico para los más pequeños data desde 1832, donde eran familias o las municipalidades que buscaban educar desde el área de parvularia. Pero no existían programas como tal, ya que las clases dependían de una lista de contenidos por parte de la Subsecretaría de Instrucción Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Justicia de esa época.

Con la creación del MINED en 1841, se dio la formación del sistema educativo nacional compuesto los niveles de primaria, media y superior. Es hasta 100 años después, en 1940 con la primera reforma educativa en el país, se crean los programas de educación parvularia que iniciaban a los 4 o 5 años.

Durante los siguientes años, los menores a esa edad no tenían un currículum educativo el cual se apegara a sus necesidades. Ya que es en 1990, al reformarse la Ley General de Educación que la idea de educación inicial aparece. Pero se concretiza con una política de estado hasta 2016.

Actualmente en El Salvador, la cobertura en la educación inicial ha pasado de 1.8 % a 5.8 % según el MINED. Los niños desde su nacimiento, independientemente el nivel económico en que se encuentren sus familias, tienen el derecho a recibir las atenciones y cuidados por parte de todas las personas que les rodean para que ellos puedan desarrollarse en cada año de vida.

Uno de los problemas más grandes es la falta de financiamiento que se el estado le puede brindar en este momento a la primera infancia. Ya que para el presupuesto del 2018 que le fue aprobado al MINED, este tipo de educación es el que menos posee recursos.

Monto presupuestado
Primera infancia $ 2 millones 170 mil
Parvularia $ 63 millones 216 mil
Básica $ 488 millones 384 mil

*Fuente: Portal de transparencia del MINED

El asesor nacional de educación para Plan Internacional en El Salvador, Salomón Cruz aseguró que las inversiones deben hacerse para los niños más pequeños ya que la tasa de retorno será alta.

“Hay estudios que dicen que esa es la edad donde se pueden lograr cambios en el futuro donde pueden convertirse en inversiones muy fuertes que los gobiernos deberían de hacer. Si tu inviertes un dólar en estas edades, tienes una tasa de retorno como de 7 dólares.  Entre más va creciendo el niño y la niña esas inversiones son menos eficientes” afirmó Cruz.

UNICEF y Plan Internacional afirmaron que la clave en los niños es comprender que la interacción es lo que les ayuda a desarrollar sus habilidades motrices, la inteligencia y retención de conocimientos, entre otras.

La realidad de los niños

“Jorgito”, como le dicen en su casa, es un niño de 4 años que vive en Soyapango. Le gusta jugar a la pelota y quiere ser futbolista profesional cuando crezca. Mide un poco más del medio metro  y es el menor de tres hermanos.

Al igual que sus hermanos, Jorgito se quedó al cuidado de su abuela desde recién nacido. Ya que su mamá sale desde muy temprano a trabajar y su papá se ausentó desde el momento de su gestación.

La abuela del pequeño, doña Ana, como la conocen en el pasaje, tiene la fuerte creencia que si al niño se le pone demasiada atención cuando está pequeño se volverá malcriado y va a ser difícil quitar esa actitud. Por eso, él y sus hermanos han vivido con castigo físico y psicológico cuando se comportan de mala manera.

Jorgito se siente emocionado ya que el otro año espera ir al kinder así como fueron sus hermanos. Ya que quiere aprender a leer y escribir. Pero hasta el momento no ha recibido mayor educación y atención que la que le da su abuela.

Para un niño en pleno desarrollo de sus habilidades, como es Jorgito, según Marina Morales, especialista en educación de UNICEF en El Salvador, necesita una pedagogía a esa edad que le permita aprender jugando. Siendo no tan importante el recurso de un juguete en sí, sino la compañía de un adulto para mejorar la interacción del infante y ayudarle a descubrir el mundo.

Esa interacción necesaria para el crecimiento, es la que Jorge y sus hermanos están perdiendo. La de un adulto que les ayude a comprender y a socializar lo que piensan y lo que sienten.

Para la especialista de UNICEF, la cultura en el país es un factor importante para determinar  cómo será la enseñanza en estos años de vida de un niño. Ya que los papás o quienes se encargan de criarlos son más propensos a evitar acompañarlos en estos años de vida.

El asesor de Plan Internacional opinó que la familia es un factor importante en el desarrollo de los niños de 0 a 3 años.

“Los niños a esas edades es en dónde crean todas las conexiones cerebrales y hay estudios de la neurociencia donde se plantean que es ahí donde hay que aprovechar y hacer todas las estimulaciones oportunas para que estos niños puedan desarrollarse. Aquí es importante la participación  de la familia. Pero generalmente, la familia no tiene mucho conocimiento de las buenas prácticas de crianza”, afirmó Cruz.

Otras debilidades que el país posee en materia de acceso a la educación inicial que Morales detectó, se encuentran la poca articulación de programas similares conectados a nivel nacional para formar una sola red. Ya que tampoco existe monitoreo y evaluación de de los trabajos realizados.

De igual manera, el uso indiscriminado de la tecnología por parte de los adultos crea una barrera. Lo cual afecta de manera inconsciente al infante en su vocabulario y habilidad para interactuar con otras personas.

Propuestas para las familias

Desde el 2017, el MINED ha desarrollado los Círculos de Familia en los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro. El programa funciona con más de 100 educadores voluntarios.

Estos consisten en reuniones de entre 5 a 15 familias, representadas por madre, padre o adulto encargado, acompañado por sus niños. Donde se busca orientar sobre buenas prácticas de crianza y atención a niños menores de 6 años; además dicho programa brinda asistencia a las mujeres en etapas de embarazo.

La ventaja de estos círculos, es que mientras el niño no entre a una educación formal, puede ser asistente con su familia dentro del programa. Para que sus encargados no pierdan la idea de la formación en valores que deben de tener. También de los contenidos que el niño puede desarrollar junto con su ayuda para su aprendizaje.

En una entrevista realizada en el programa “Encuentro con Julio Villagrán” de TVX al viceministro de Educación, Francisco Castaneda aseguró que la estimulación temprana en los primeros 1000 días de vida de un niño determinan y se puede corregir todas las debilidades que los jóvenes tienen cuando salen de bachillerato.

“Hemos contratado 218 asistentes técnicos en primera infancia y estamos trabajando con los doctorados en educación y tenemos las maestrías en primera infancia”, afirmó Castaneda con respecto al trabajo realizado en el MINED.

Por parte de Plan Internacional, se han creado el Círculo de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) que consiste en sesiones de trabajo de las mamás con sus niños.

“Orientamos la forma en cómo estas madres puede mejorar  su comunicación, atención con estos niños para que lo que aprendan pueden rehacerlo cuando regresen a su casa. Son talleres de reflexion, motivacion y talleres de práctica que se desarrollan y se hacen en un lugar comunitario” comentó Cruz.

El Salvador ha comenzado a trabajar por establecer un marco legal que protege el derecho de educación de los niños desde los cero años. Los siguientes pasos que debe tomar el país son la consolidación de las estrategias para mejorar el acceso a la educación en primera infancia, la sensibilización a la población para establecer la prioridad de involurar este tema en la familia, ampliar el financiamiento y evitar empezar de nuevo algo que ha avanzado en los últimos 10 años.

Fuente de la Noticia:

https://informatvx.com/educacion-inicial-la-realidad-de-los-ninos-en-el-salvador/

ove/mahv

Comparte este contenido:

¿Descentralizar o Desconcentrar la Educación?

México / 2 de septiembre de 2018 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

Durante estos días, en que el equipo que integrará el próximo gabinete del presidente, prácticamente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho anuncios interesantes sobre el traslado de algunas oficinas de gobierno a distintos puntos del país, se han despertado todo tipo de comentarios a favor y en contra de tal medida.

En el caso del sector educativo, algunos apuntan  que este cambio será costoso y no será productivo, en términos del trabajo burocrático que realiza cotidianamente la Secretaría de Educación Pública (SEP). Otros, sobre todo los integrantes del gobierno que viene, apuestan al cambio de otra manera: como políticas acertadas de desarrollo de las regiones y desconcentración de las oficinas de la alta burocracia ubicada en la capital del país, con el beneficio que implica sacarla de la Ciudad de México.

Una nota de ayer, en SDP Noticias (15 de julio, 2018),  indica que Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación, habló sobre la reducción de la SEP al señalar que en la actualidad existen cuatro subsecretarías: Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior y la de Planeación, a la que se le suma una Unidad de Educación de la Ciudad de México “que es del tamaño de una subsecretaría; entonces podríamos decir que son cinco”. La idea, abundó, es hacer una reducción en la cual no sufra la secretaría ningún efecto en su trabajo. “Queremos hacer una reducción que sea un adelgazamiento, pero no vamos a amputar nada que sea útil. Estamos pensando en que se deben reducir éstas cinco (subsecretarías)”

Si el propósito de reubicar las oficinas y el personal burocrático de la SEP es alentar el desarrollo de las regiones, sin modificar las funciones, los contenidos ni la estructura orgánica de esta dependencia del gobierno federal, en un sentido radical, tal como lo sugiere el mismo AMLO, al promover un cambio verdadero de la Educación, entonces estamos ante un proceso de simple “desconcentración”. En cambio, si de lo que se trata es de reestructurar a fondo las tareas de la dependencia nacional encargada de ejecutar las políticas públicas educativas, lo que se requiere no es tanto mover de lugar a las oficinas y a sus empleados, sino modificar de raíz las formas y los contenidos de las tareas de gobierno en materia educativa, sobre la base de un esquema enfocado en la definición de prioridades y con una mirada clara acerca del cambio que requiere México, es decir, en los procesos y los significados de la educación pública hoy y para el futuro. Y si se cumplen los procesos, habrán de darse los resultados. Eso sería “descentralizar” la educación.

Para precisar, diré que lo que se requiere es generar un efecto contrario a la “centralización” de las decisiones en torno a la Educación Obligatoria (y toda la estructura educativa nacional) en México, en el ámbito sobre todo pedagógico. Me explico: Actualmente las atribuciones y facultades que establece la Ley General de Educación, para lograr cambios progresistas en los planes y programas de estudio de la Educación Obligatoria (Básica y Media Superior), están limitadas a las decisiones que asume el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Lo mismo sucede con las facultades para llevar a cabo nuevos programas nacionales de formación inicial y continua para docentes, asesores técnicos y directivos (con sus respectivos presupuestos públicos). Por lo anterior, urge modificar el marco legal hoy existente; cuestión que recae en los ámbitos de competencia de los poderes ejecutivo y legislativo. Para ello, el gobierno entrante deberá desarrollar un amplio e intenso debate en y con el magisterio en general, no sólo con sus representaciones gremiales; con los medios de comunicación; con las universidades públicas y privadas; con las instituciones formadoras de profesionales de la educación; con las organizaciones de la sociedad civil interesadas; así como con representantes empresariales; con estudiantes y padres de familia, entre otros. Ello con la finalidad de que se distribuya horizontalmente la toma de decisiones en los niveles federal, estatales y municipales, y se logre así una democratización de las determinaciones y de las acciones a favor de la educación obligatoria.

 

Para responder a la pregunta “¿Desconcentrar o Descentralizar la Educación?” sería conveniente que los funcionarios que asumirán sus cargos a partir de diciembre próximo, desde Esteban Moctezuma, se den a la tarea de explicar a la opinión pública y a la sociedad, cuáles son los elementos de evaluación inicial (los tecnócratas-funcionalistas le llaman “diagnóstico”) que han tomado como base para emprender estos cambios. Hace falta ver si estas modificaciones estructurales sólo servirán para cambiar de lugar las oficinas y a sus empleados (cambio superficial) o serán transformaciones proyectadas, a largo plazo, en un sentido estructural, operacional, de contenidos, estrategias y métodos de las políticas públicas (cambio radical).

Un esquema de cambios verdaderos de la educación  pública en México, necesariamente pasa por la transformación de los fines y de los medios para alcanzarlos. Y ello debe poner como principal prioridad la formación integral (con criterios de “calidad” y equidad) de las niñas, los niños, los jóvenes y adultos de nuestro país. Esa será, en todo caso, la dimensión del cambio educativo “radical” que esperamos y que ha propuesto AMLO durante la campaña y en sus documentos programáticos. Esos serán los parámetros para valorar la actuación del futuro gobierno, al menos en materia educativa.

 

Nota:

Para profundizar sobre los argumentos a favor de la descentralización educativa, en lugar de conservar el esquema “centralista” no sólo en lo operativo o burocrático, sugiero ver el texto “Descentralizar la Educación Pública en México”, SDP Noticias, 25 de mayo, 2018.

 

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/07/15/descentralizar-o-desconcentrar-la-educacion

ove/mahv

Comparte este contenido:
Page 3 of 6
1 2 3 4 5 6