Menores de edad

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Informe de Human Right Watch: Millones de menores en todo el mundo han sido vigilados por empresas tecnológicas durante la pandemia

Noticias

Por: Pablo Gutiérrez de Álamo

Un informe de Human Right Watch ha estudiado el comportamiento de 149 aplicaciones que han sido utilizadas en 49 países, con el consentimiento de los gobiernos, en relación a la infancia. La mayor parte de estas soluciones de software han vigilado a millones de menores, recopilando datos personales de todo tipo sin su consentimiento o el de sus familiares.

La de la privacidad fue y es uno de los problemas principales del uso de las tecnologías durante el confinamiento y el cierre de escuelas generalizado desde marzo de 2020 -un cierre que, en muchos lugares del mundo, solo ahora está empezando a revertirse de manera generalizada-. En España, las administraciones autonómicas dieron, desde el primer momento, el aviso de que había que utilizar las plataformas informáticas que ellas mismas tenían y tienen, puesto que estaba en juego la privacidad de los datos personales de millones de escolares.

En al menos 49 países de todo el mundo, desde Argentina a Reino Unido pasando por Turquía, millones de niñas y niños han sido vigilados por cerca de 150 aplicaciones (EdTech) que fueron aprobadas para su uso educativo durante el confinamiento por sus gobierno. Estas son algunas de las conclusiones del informe ‘¿Cómo se atreven a espiar mi vida privada? Violaciones de los derechos de los niños por parte de los gobiernos que respaldaron el aprendizaje en línea durante la pandemia de Covid-19‘, realizado en abril de 2020 por Human Rights Watch.

La ONG es tajante: «Este informe es una investigación global de la tecnología educativa (EdTech) respaldada por 49 gobiernos para la educación infantil durante la pandemia. Sobre la base del análisis técnico y de políticas de 164 productos EdTech, Human Rights Watch determina que el respaldo de los gobiernos a la mayoría de estas plataformas de aprendizaje en línea pone en riesgo o viola directamente la privacidad de los niños y otros derechos de los niños, con fines no relacionados con su educación».

Human Rights Watch (HRW) asegura que en la carrea que los gobiernos dieron para intentar solucionar las clases desde casa, pocos fueron los que comprobaron que las aplicaciones informáticas que iban a utilizarse fueran respetuosas con los derechos de la infancia. De hecho, de los 164 productos que se han analizado, 146 «parece» que utilizaban prácticas que podrían poner en riesgo a las y los niños, dado que «contribuían a socavarlos o infringían activamente estos derechos».

Al parecer, la mayor parte de estos productos podía monitorizar la actividad de las y los menores, en muchos casos de forma secreta y sin tener el consentimiento de niñas y niños ni de sus progenitores o tutores legales. «La mayoría de las plataformas de aprendizaje online instalaron tecnologías de seguimiento que seguían a los niños fuera de sus aulas virtuales y a través de internet a lo largo del tiempo», aseguran desde HRW.

A esto se suma el hecho de que buena parte de las plataformas, además, compartían estos datos con terceros. En la mayoría de los casos, dice el informe de la ONG, empresas de publicidad digital (AdTech). Con esta información, dichas empresas pueden conocer aproximadamente las características e intereses de niñas y niños; un conocimiento que puede ser vendido, a su vez, para empresas que busquen acercarse a públicos infantiles. «Human Rights Watch -dice el informe- observó que 146 productos EdTech enviaban directamente o otorgaban acceso a datos personales de niños a 196 empresas de terceros, en su gran mayoría AdTech».

Competencia de las CCAA

El informe de HRW habla de 49 países estudiados. Uno de ellos fue España, aunque no en su totalidad, sino que se puso el foco en las dos autonomías más pobladas: Andalucía y Cataluña. Eso sí, también se realizaron entrevistas en otras ciudades para recabar la opinión de alumnado, familias y profesorado.

Una de las declaraciones que transcribe la ONG en el informe es de un docente madrileño de secundaria que comenta textualmente: «Debido a que España estaba en estado de emergencia, el Ministerio de Educación comunicó [a los profesores] que ya no se requería el consentimiento para la privacidad, o la protección de datos… La privacidad y todo eso ha pasado a un segundo plano por completo, pero lo hemos hecho porque el Ministerio así lo ha dicho».

Fuentes del Ministerio de Educación sostienen que no hubo ninguna comunicación ni directa a cada docente (no está dentro de las atribuciones que entonces tenía el Departamento de Isabel Celaá) ni a la opinión pública. Fueron las comunidades autónomas las que decidieron qué plataformas se utilizaban en cada momento, algo que apunta también el informe al aclarar que en diferentes países (España es uno de ellos), el Gobierno central cedió la competencia en este sentido en las administraciones regionales.

El Ministerio sí desarrolló, defienden fuentes del actual equipo, una web: ‘Aprendo en casa’ que contaba con garantías de seguridad, entre otras cosas, porque no se solicitaba a quien la usara ningún dato. El informe de HRW sostiene que efectivamente cumplía normas de privacidad. Según fuentes de Educación, la web estaba alojada en los servidores del Ministerio y, aunque daba la posibilidad de utilizar las «salas de reuniones» de Google, para hacerlo había que solicitárselo al Intef, entidad que facilitaba una dirección de correo propia para que lo usaran las y los participantes en las reuniones. De esta forma aseguraron la no cesión de datos privados de nadie.

En cualquier caso, las primeras semanas fueron realmente confusas, con comunidades autónomas que prohibieron expresamente el uso de plataformas que no fueran las facilitadas por la propia Administración al tiempo que estas se ponían en tal tensión que hubo serios problemas para utilizarlas. Muchas y muchos acabaron haciendo uso de aplicaciones privadas para poder continuar con las clases.

Pero HRW señala que el problema, en no pocas ocasiones, estaba en que las plataformas de las administraciones públicas también ponían en riesgo la privacidad de quienes las han estado utilizando en este tiempo.

Desde Andalucía aseguran que la plataforma que se puso en marcha, eAndalucia, «no dispone de datos de usuarios: ni datos de alumnado, ni de profesorado, ni de personal de gestión ni de tutores de alumnos/as». Algo similar ocurre en el caso catalán. En su caso utilizaron el portal edu365, del que dicen fuentes de Educación que «es anónimo, público, sin autentificación y con información estática, es decir, sin intercambio de información ni ninguna base de datos, solo muestra información de lectura».

Estas mismas fuentes aseguran haber hecho comprobaciones de las que se confirma que no han recogido datos personales de ningún usuario. Además, insisten, las cuestas de Google Analytics que se utilizan desde edu365 «tienen desactivadas las funciones para anunciantes, es decir, no se recogen datos demográficos, de intereses ni cualquier otro dato sensible» que pudiera venderse a terceros. Aseguran, además, haber intentado tener una reunión con HRW para aclarar la información que se da en el informe pero no ha sido posible.

Publicidad conductual

Este es uno de los riesgos más importantes que denuncia HRW en su informe en relación a los datos que hayan podido ser recopilados por las diferentes compañías tecnológicas. Se trata de publicidad que le aparece al usuario después de haber observado su comportamiento en Internet y haber realizado un perfil de sus intereses y gustos.

Según la ONG, las y los menores son especialmente vulnerables a este tipo de publicidad, especialmente quienes tienen menos de 7 años.

A esto se añade, según denuncia HRW, el hecho de que fueron público cautivo, al menos, durante los cierres de escuelas, y se vieron obligados a utilizar las aplicaciones y plataformas que sus centros educativos (guiados por las administraciones competentes) les obligaron a utilizar para poder seguir las clases a distancia. Elegir entre la privacidad y continuar con las lecciones, determina el informe, es una decisión que chicas y chicos, en realidad, no pudieron tomar.

Según la investigación de la ONG, 199 empresas de terceros recibieron información de las y los usuarios de las plataformas y aplicaciones. Más de los 164 productos tecnológicos que fueron analizados para realizar este informe.

HRW asegura que «estos anuncios están integrados en plataformas digitales personalizadas que desdibujan aún más las distinciones entre contenido orgánico y pago. Al hacerlo, la publicidad conductual aprovecha la incapacidad de los niños para identificar o pensar críticamente sobre la intención persuasiva, manipulándolos potencialmente hacia resultados que pueden no ser lo mejor para ellos».

El informe, en cualquier caso, hace una buena cantidad de recomendaciones a los países, así como a sus administraciones educativas, sean estatales o regionales y a las compañías tecnológicas para que puedan evitar lo máximo posible la recolección de datos de carácter personal de menores, así como de vigilancia del comportamiento que las y los usuarios tienen en la red.

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Menores de edad víctimas de feminicidio en México, invisibles para el Estado

Noticias

Por: Aline Espinosa Gutierrez

De enero a septiembre de 2021, se cometieron 736 casos de feminicidio, lo que lo posiciona como el delito con más incidencia delictiva en México, el cual ha cobrado la vida de diversas menores de edad, sin embargo las autoridades desempeñan un abordaje “incorrecto” sobre estos crímenes, pese a que son capacitadas, existen sentencias internacionales sobre esta problemática e instituciones enfocadas en prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida.

De los 736 casos de feminicidio, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional, los cometidos contra menores de edad fueron llevados a cabo en su mayoría en los meses de abril, mayo y junio aún en el contexto de la pandemia. Estos hechos fueron registrados en particular en el Estado de México, Ciudad de México, Nayarit, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Todas estas entidades tienen declaradas Alertas de Violencia de Género, ya sea por el alto número de asesinatos o desapariciones de mujeres.

Al participar en el conversatorio “Ante el aumento de la violencia feminicida en México” en el contexto del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, este 25 de noviembre, especialistas en los derechos de las mujeres detallaron que es complicado vislumbrar cómo afecta la violencia feminicida a las menores de edad porque los datos oficiales nunca son desglosados por edades, sin embargo existen 12 casos de este tipo que demuestran los riesgos que padece la infancia en este país.

Cabe recordar que algunos de estos casos fueron: el de Lupita, a quien se revictimizó en los medios como “calcetitas rojas”, quien fue golpeada, agredida sexualmente, y su cuerpo fue abandonado por sus agresores en el Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, en 2017. En ese mismo año, Valeria de 11 años abordó una combi en Nezahualcóyotl, pero nunca llegó a casa. Las investigaciones revelaron que su agresor, el chofer del transporte, la había agredido sexualmente, le rompió el cuello y dejó su cuerpo dentro del vehículo.

Similares a estos casos se encuentra el de Valeria Moreno de 12 años, quien en 2018 salió a la tienda, pero fue interceptada por su agresor, el cual abusó de ella y la asesinó; Angela de 18 meses de edad, quien fue asesinada a golpes y agredida sexualmente, su cuerpo fue encontrado en una una maleta en 2015, en la colonia Juárez de la CDMX; Dayana Esmeralda Fierro de cinco años, secuestrada y asesinada, en 2017 en Sinaloa; entre otros casos más, que visibilizan que la violencia feminicida siempre ha atacado a las mujeres sin importar su edad.

Esta violencia feminicida, dijeron las expertas, conlleva a que las menores de edad padezcan otro tipo de agresiones, como ser desaparecidas. De las 94 mil víctimas desaparecidas en México hasta el día de hoy, 16 por ciento corresponde a niñas, niños y adolescentes. De este porcentaje, 8 mil 639 son niñas y adolescentes, es decir 55 por ciento.

“Lo que vemos es una tendencia preocupante en el país ante el aumento de las mujeres desaparecidas, que se concentra entre los 15 y 19 años de edad. Estas niñas y adolescentes deben tener un marco protector que haga que ellas puedan desarrollar vidas libres de violencia, al paso que vamos en las cifras, es posible que la cifra incremente aún más”, agregó la directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Silvia Chica.

Frente a este panorama, la Comisionada Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, dijo que es necesario poner en el centro a las menores de edad dentro de la problemática del feminicidio para así disminuir la normalización de esta grave violencia contra ellas, definir estrategias enfocadas en ello, y combatir los entornos que propician que sean agredidas de diversas formas.

“Las construcciones estructurales de México, pobreza, discriminación, explotación sexual, iniquidades, desapariciones, migración, entre otras, genera que las menores sean víctimas de violencia debido a su género. Se tiene que visibilizar esto enfocado en las niñas, pues son los antecedentes a un feminicidio. La impunidad es altísima en México, esto debemos pensarlo como desafío”, detalló Arosemena.

Enfatizó que las autoridades mexicanas tienen como obligación aplicar los estándares internacionales y nacionales de protección hacia menores de edad, utilizar la perspectiva de género en los asesinatos de niñas y adolescentes, reconocerlas en su condición como personas, respetar sus Derechos Humanos, y permitir su acceso a la justicia a fin de que su capacidad de opinar sobre su vida sea escuchada. “A las niñas hay que empoderarlas para que asuman ese papel protagónico”.

Arosemena agregó que para fortalecer su participación en la sociedad es importante que las menores de edad tengan acceso a la información, intervengan en la toma de decisiones, defiendan sus derechos y formen parte del debate. “Cuando todas hablamos de la importancia de tener acceso a la justicia antes de un feminicidio hablamos de que el Estado debe tener un sistema de justicia con los estándares que acabamos de decir muy claros en sus cuerpos normativos y en la capacitación de sus autoridades”, finalizó.

Por su parte, la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, resaltó que los asesinatos violentos contra menores de edad se caracterizan de patrones, ya que en muchos casos primero son desaparecidas, y después halladas asesinadas, como es el caso de Fátima de 15 años, quien fue privada de la libertad y violentada sexualmente en 2017, en la entonces delegación Gustavo A. Madero y encontrada sin vida en el Estado de México más tarde.

A este hecho, dijo Estrada, se le suma el de Fátima de siete años, la cual fue secuestrada y asesinada en Tláhuac en 2020 o el de Renata, asesinada en 2020. “Estos casos muestran patrones, como que las niñas que abordaron un transporte público fueron desaparecidas, que sufrieron violencia sexual y padecieron actos brutales para ser sometidas, sin embargo sólo algunos estados tipifican agravantes en el delito de feminicidio si la víctima es menor de edad”, agregó.

Las autoridades siguen sin reconocer, comentó Estrada, los asesinatos violentos de menores de edad como un feminicidio porque prefieren investigar estos casos bajo otras figuras jurídicas, minimizan los hechos o no generan las medidas de protección, a pesar a pesar de que sus agresores casi siempre son familiares cercanos a ellas, lo que resulta en la invisibilización de la problemática del feminicidio hacia este sector de la población.

Estrada resaltó que “las autoridades piensan que la edad excluye el factor de género, sin que exista ningún tipo de interseccionalidad entre ambos, lo que provoca que este tipo de feminicidio sean clasificados como otros delitos y provoca que la investigación se omisa en verificar si existen razones de género en el momento en el que sucedieron los hechos, ocasionando investigaciones negligentes y con resultados de impunidad”.

Para la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Tania Ramírez Hernández, las autoridades tienen que considerar el contexto en el que se genera la violencia contra las menores de edad para garantizar su seguridad, detener las agresiones y evitar los casos de feminicidio, por ejemplo, las menores de edad en situación de pobreza o migración se encuentran en mayor riesgo de ser víctima de este tipo de delito.

Actualmente 40 por ciento de las y los menores de edad, detalló Hernández, viven en la pobreza; 9.3 en pobreza extrema; una de cada tres niñas adolescentes no ha podido asistir a la escuela ni una sola vez; y  62 por ciento no tienen acceso a seguridad social. Esta crisis económica aunado a la pandemia, implicó que cerca de 1.3 millones personas cayeran por debajo de la línea de la pobreza, lo que ha afectado en específico a las menores de edad.

“Estos riesgos que van derivando de la situación de pobreza hacen que a su corta edad hay una falta de garantía por parte del Estado a tener un entorno que pueda mantenerlas libres de cualquier tipo de violencia. Muchos riesgos que enfrentan las niñas y adolescentes tienen que ver con esa necesidad de encontrar trabajo así como de acompañar al trabajo de sus hogares o en el campo. Estos datos nos dan cuenta de la pirámide existente en el país”, declaró Hernández.

Para las expertas algunos pasos a seguir es promover una cultura de la no violencia, verificar que las autoridades estén capacitadas, impulsar el ejercicio de los Derechos Humanos, informar acerca de esta problemática, generar datos desglosados por edad y sexo, crear redes de apoyo, fortalecer el actuar de las organizaciones civiles y homologar el delito de feminicidio con agravantes en caso de que las víctimas sean menores de edad, en todos los Códigos Penales del país.

Fuente de la información e imagen:  CIMAC Noticias

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Ecuador. “Graves vulneraciones de derechos por agentes estatales”, concluye Alianza de Derechos Humanos

Tercera Información

América del Sur/Ecuador/03-11-2019/Autor(a) y Fuente: www.tercerainformacion.es

Se presentan cifras y testimonios de personas heridas, detenidas que sufrieron golpes y salieron en libertad sin ningún cargo en su contra, así como de los familiares de los fallecidos.

“Le pusieron una funda de plástico para que no vea a donde estaba siendo dirigido. Le hicieron bajar en un puente, le decían “quieres vivir o morir”, este es uno de los testimonios que incluye el informe presentado por la Alianza de organizaciones de Derechos Humanos, conformada por 6 entidades, sobre el paro nacional. En él, se señala las “graves vulneraciones de derechos cometidas, principalmente, por agentes estatales”, dentro del marco de los 11 días de protestas.

“Le pusieron una funda de plástico para que no vea a donde estaba siendo dirigido. Le hicieron bajar en un puente, le decían “quieres vivir o morir”. Lo golpearon nuevamente en todo el cuerpo y le obligaban a que responda preguntas específicas sobre su participación en el paro y la de los dirigentes. Después de acceder a colaborar, lo subieron a la patrulla, pero se volvió a quedar callado, y en ese momento le dispararon y el impacto lo recibió su celular. Entonces, respondió algunas preguntas. Finalmente, llegaron al Parque El Ejido, tomaron sus datos y después de golpearlo y amenazarlo, lo dejaron en libertad” (Dirigente indígena aprehendido el 9 de octubre en el Centro de Quito”).

El informe concluye que las movilizaciones se dieron en medio de uso excesivo, desproporcionado y violento de la fuerza pública (policía nacional y fuerzas armadas) contra la ciudadanía que mayoritariamente se manifestaba de manera pacífica. La Alianza pudo registrar graves violaciones a los derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad en relación con otros derechos.

 “J.S., hombre, se encontraba en una protesta cerca de Carapungo, y después entró a la casa con su primo. Los policías, alrededor de 5, entraron al domicilio, sin ningún tipo de orden u autorización competente para realizarlo y ambos fueron severamente golpeados en el cuerpo y en sus genitales”. (Su detención se dio entre el 3 y 4 de octubre. Se formalizó en Unidad de Flagrancia).

La Alianza corroboró que los actos de represión masiva desplegados al amparo de un estado de excepción y toque de queda produjeron una escalada de violencia que dejó más de mil heridos, ocho fallecidos confirmados por esta coalición de organizaciones de derechos humanos, heridos leves y graves, discapacitados, torturados, además de más de mil detenidos -449 reportados a esta Alianza- y pérdidas económicas y un exacerbamiento del racismo y la xenofobia en el país.

“Nos hincaron a todos, nos amarraron y en el centro nos botaron una bomba (lacrimógena) y el que se caía ahí le caían a patazos o a toletazos. Los menores de edad lloraban y se revolcaban en el piso y el que no hacía [el ejercicio] toletazo, patazo e incluso estaban con una tabla. Eran como 15 policías, 4 mujeres, todos salieron a reírse, se burlaban ahí…” (K.A.T, su detención fue el 8 de octubre. La audiencia fue por contravención de escándalo público. Pidió disculpas para salir en libertad).

La Alianza verificó que se vulneró también el derecho a la libertad personal y durante esas detenciones el derecho a la integridad de cientos de personas a nivel nacional. En este sentido, se logró verificar dos prácticas graves. Por un lado, la privación de la libertad de cientos de personas formalizadas ante un juez y, por otro, detenciones que no fueron formalizadas y que estuvieron acompañadas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

“Estábamos sentados con el carro apagado, cuando un grupo de policías en moto se acercó, nos rodeó y comenzó a romper los vidrios de nuestro carro. Uno de ellos me apuntó con escopeta a la cara, amenazándome con disparar si no bajaba del carro. A mi hermano y a mi nos sacan a rastras del carro, y comienzan a golpearnos en el suelo y a patearnos entre varios policías. Apenas alzábamos un poco la cabeza, nos pateaban […] y nos gritaban que no intentemos ver. Luego de darnos una golpiza en la cabeza, espalda y extremidades, nos subieron a una patrulla y nos tuvieron dando vueltas por Quito por aproximadamente 2 horas. Nunca nos hicieron una detención legal. No quedó registrado en ningún documento…” (S.M.H y A.M.H, hermanos).

Más de la mitad de las personas detenidas (55%) recuperaron la libertad sin cargos y otro 16% acusadas por supuestamente maltratar o insultar a miembros de la fuerza pública, recuperaron la libertad después de que fueran condicionados a pedir disculpas a sus aprehensores, sin que les hayan podido imputar el cometimiento de algún delito. Alertan de la posibilidad de que el 71% de las detenciones hayan sido arbitrarias, aleatorias y selectivas durante operativos de represión y de persecución policial.

J.R.M, joven afrocolombiano, fue detenido el 3 de octubre, durante su audiencia de flagrancia indicó que se encontraba en la 9 de Octubre y Pichincha cuando uno de los policías motorizados gritó “cógelo por ser negro”. Las tres personas fueron patrocinadas por el CDH, no se pudo calificar la flagrancia, se demostró la detención aleatoria y expresiones racistas y finalmente fue puesto en libertad la tarde del 4 de octubre. (Detenido el 3 de octubre en Guayaquil)

Estos son algunos de los testimonios que recoge el informe de la Alianza de organizaciones de derechos humanos sobre los afectados en el paro nacional.

Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/2019/10/31/ecuador-graves-vulneraciones-de-derechos-por-agentes-estatales-concluye-alianza-de-derechos-humanos

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¿Toque de queda infantil o restricción horaria para proteger a menores?

Noticias

Redacción: France 24

Un millón de personas de 8 comunas de Chile están habilitadas para votar una polémica medida que busca limitar el horario en que los menores de 16 años pueden transitar libremente y solos por las calles

El debate sobre la conveniencia o no de limitar la libertad de menores de 16 años de vagar libremente por las calles a partir de ciertas horas lleva meses dividiendo a Chile.

Pero el domingo 30 de junio se conoció qué opción prevalece: un millón de chilenos mayores de 18 años de 8 localidades, Quilpúe (Región de Valparaíso, centro de Chile), Antofagasta (Norte del país) y las comunas santiaguinas de Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, Colina y La Florida están habilitados para responder a la consulta ciudadana desde las 9 hasta las 18 horas, que se desarolla vía web en el sitio www.consultahorariolimite.cl.

Los que participen debieron responder a un mínimo de tres preguntas.

¿Debe existir un horario límite recomendado, que surja de este acuerdo social, para que los menores de 16 años no circulen por la calle en la noche sin la compañía de un adulto?

En caso de que uno responda que si se habilitarán otras dos para establecer los horarios límites recomendados para menores de 12 (desde las 21 hasta las 24 horas) y de entre 13 y 16 años (desde las 23 hasta las 2 a.m horas).

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México: Menores de edad, cada vez más utilizadas para trata de personas

Noticias

Redacción: El Dictamen

Veracruz ocupa el quinto lugar a nivel nacional en este delito, dijo la asociación Civil SéMujer

La trata de personas es una delito que va a la alza, desafortunadamente entre los países de la OCDE México está entre los primeros lugares de secuestro de mujeres para estos fines, incluso con reducción en la edad.

En Tlaxcala, que es donde se ha detectado el mayor índice de este delito, se registran casos de niñas de 9 años de edad que han sido sustraídas de su seno familiar para utilizarlas en esta práctica.

Marisol López García, coordinadora de la Asociación Civil SéMujer e integrante del Frente Nacional por la Familia en Veracruz, admitió que en el estado el tema también ha ido a la alza, y en el 2016 era la quinta entidad a nivel país en incidencia de este delito.

Citó cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) que califica a la trata de personas como uno de los delitos más lucrativos del mundo, en donde se estima que hay 5.4 millones de víctimas de esta esclavitud moderna; 1 de cada 4 víctimas es menor de 18 años.

Expuso que en su mayoría las víctimas son engañadas, ahora a través de las redes sociales, por ejemplo les hacen creer que van asistir a un concurso de modelaje, son citadas en algún sitio fuera de su casa, y les piden no avisar a sus familiares.

“Es un grave problema que se va desdoblando y que tiene mucho que ver en ello la desintegración familiar también”, asentó.

Consideró que México no escapa a los delitos cibernéticos de este tipo, en donde las autoridades han detectado grupos que operan a través de redes sociales, del facebook y whatsapp, en donde se hacen pasar por chicos de la misma edad, se ganan la confiaza de las muchachas, hasta que llegan a la sustracción de la personas.

Aunque no dio cifras, expuso que como todo delito probablemente vaya en aumento en el estado, como en todo el país, por lo que consideró que toda medida que se tome desde el gobierno o desdel el Congreso debe sumar a su combate.

“Se han hecho muchos esfuerzos tratando de reducir este delito pero es necesario que las madres jóvenes tengan conocimiento también y que se amplíe la concientización en las escuelas”.

Ante la problemática que existe en México destacó que existe hoy una Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, de manera que recomendó a quienes estén siendo objeto de este delito o conocer de alguien en esesentido, acercarse a través del número 01 800 00 854 00 fevimtra@pgr.gob.mx

Desde allí, anotó, se investiga y persiguen los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y los de trata de personas, con pleno respeto a los derechos humanos, a la igualdad de género y se brinda a las víctimas y a su hijas e hijos, un lugar digno, seguro y protegido en donde habitar de forma temporal en caso de que sea necesario.

Fuente: https://www.eldictamen.mx/2018/09/veracruz/boca-ver/menores-de-edad-cada-vez-mas-utilizadas-para-trata-de-personas/

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Perú: Piden educación sin prejuicios para prevenir embarazo adolescente en Perú

Noticias

Lima / 27 de septiembre de 2017 / Fuente: http://www.wradio.com.co

Una educación sexual libre de prejuicios y espacios de atención médica exclusivamente para menores son algunas de las medidas que pueden contribuir a prevenir el embarazo adolescente en Perú, que afecta al 12,7 % de la población de 15 a 19 años, según explicó hoy una portavoz feminista en Lima.

Una educación sexual libre de prejuicios y espacios de atención médica exclusivamente para menores son algunas de las medidas que pueden contribuir a prevenir el embarazo adolescente en Perú, que afecta al 12,7 % de la población de 15 a 19 años, según explicó hoy una portavoz feminista en Lima.

Con ocasión del día internacional de la prevención del embarazo no planificado en adolescentes que se celebra mañana, la organización feminista Flora Tristán realizó un concurso de teatro en escolares del distrito de Villa El Salvador para hablar sobre los derechos reproductivos de los adolescentes.

«Es fundamental la educación que brinde el Estado, con un adecuado enfoque donde esté libre de estereotipos, libre de prejuicios, para que podamos hablar de la sexualidad de los adolescentes como algo normal y evitemos problemas, como tener una de las tasas más impactantes en la región por embarazo adolescente», explicó a Efe Liz Meléndez, directora del centro Flora Tristán.

El embarazo adolescente en Perú afecta al 23 % de adolescentes en la selva, al 22,7 % del área rural, y a 6,7 % de menores en Lima, la ciudad capital con 10 millones de habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El año pasado hubo 1.158 niñas de 11 a 14 años que fueron madres, donde 218 fueron en Lima y 149 en la región amazónica de Loreto, mientras que 55.330 jóvenes entre 15 y 19 años también dieron a luz.

El centro feminista organizó a cinco colegios de Villa El Salvador, uno de los distritos más populosos del sur de la capital, para que, a través de obras creadas por los estudiantes, envíen mensajes de prevención del embarazo, educación sexual, derechos humanos e igualdad a sus compañeros.

Actualmente, los contenidos sobre educación sexual impartidos en los colegios de Perú «están plagados de estereotipos» y «no abordan la sexualidad adolescente como una realidad, sino con un halo de tabú», que limita a los menores en su búsqueda de información, anotó Meléndez.

Asimismo, los centros de salud pública deberían tener un espacio diferenciado para atender a los adolescentes, pero al acudir «encuentran barreras, como actitudes simbólicamente sancionadoras», afirmó la experta, y la exigencia a las mujeres adolescentes de que vayan acompañadas por sus padres.

Meléndez declaró que hay «una responsabilidad del Ministerio de Salud porque los menores esperan que esos espacios diferenciados de orientación funcionen, porque no les pueden pedir que vayan con sus papás, eso no va a suceder».

«Mientras nos entercamos en una forma de ver las cosas, las chicas siguen quedando embarazadas y enfrentándose a abortos clandestinos, o a maternidades a muy tempranas edades», agregó.

La directora de Flora Tristán insistió en que hay embarazo adolescente producto de la mala información, y de una mala orientación frente al cuidado al inicio de las relaciones sexuales en adolescentes, «pero también nos habla de un porcentaje oculto de violencia sexual que no se denuncia».

«En Perú se denuncian la tercera parte de los abusos que se producen» y los 1.158 casos de madres entre los 11 y 14 años, reportados en 2016, son considerados legalmente como abusos sexuales.

Tanto para los embarazos producto de una violación, como de un inicio temprano de la vida sexual, es fundamental la educación para la igualdad, para prevenir las relaciones de violencia y promover las relaciones igualitarias, remarcó.

El próximo sábado se realizará la premiación del concurso escolar de obras de teatro sobre los derechos sexuales de los adolescentes en Villa El Salvador, una localidad que reportó 17 embarazos en adolescentes de entre 10 y 14 años, y 956 embarazos en jóvenes entre 15 y 19 años en el 2015.

Fuente noticia: http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/piden-educacion-sin-prejuicios-para-prevenir-embarazo-adolescente-en-peru/20170926/nota/3591565.aspx

Foto: http://www.elperuano.pe/noticia-decide-sin-presiones-59658.aspx

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España: Oltra desvela en Cortes denuncias por presunto abuso en centros de menores

Noticias

Europa/España/28 Mayo 2017/Fuente:ccaa.elpais. /Autor: Cristina Vazquez

La consejera explica las irregularidades detectadas por la inspección en los centros de acogida de la Generalitat, de las que responsabiliza a la falta de control por parte del PP

La vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha denunciado este miércoles en las Cortes Valencianas la existencia de presuntos casos de abuso sexual a menores en centros de acogida tutelados por la Generalitat. En concreto, Oltra se ha referido al centro de acogida de menores de Monteolivete (Valencia), de titularidad pública, y al centro concertado La Resurrección de Segorbe (Castellón), gestionado por religiosas.

La consejera de Políticas Inclusivas ha comparecido en el Parlamento valenciano para informar de las irregularidades detectadas en la inspección de estos centros de acogida que, a juicio de Oltra, el Gobierno del PP descuidó y no vigiló como exigía la ley.  «Cuando llegamos al Gobierno, en julio de 2015 nos encontramos un caos organizativo en el sistema de protección a los menores. Un sistema privatizado, desmantelado, sin coordinacion, que no ha protegido adecuadamente a los menores», ha dicho la vicepresidenta desde la tribuna.

Oltra ha justificado su decisión de trasladar a principios de mayo a 18 menores tutelados del centro La Resurrección de Segorbe, entre otras causas, por la existencia de una denuncia de presunto abuso sexual a una menor por parte de un educador, que fue despedido por el centro gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas. Pero también por ls duchas frías infligidas -según los informes de inspección- a algún menor acogido o el suministro de alimentos caducados.

La consejera ha presentado una cronología de los hechos que le llevaron a trasladar a los menores del centro de Segorbe y a cerrar dos residencias de titularidad pública por sus instalaciones inadecuadas, ambos en Valencia (El Carmen y Monteolivete -se cerrará el próximo junio).

La vicepresidenta del Gobierno valenciano ha arremetido contra la dirección del centro de menores de Segorbe por no haber denunciado el supuesto caso de abusos, investigado por un juzgado desde septiembre de 2016 en Castellón. Según Oltra, el centro despidió al trabajador pero no puso en conocimiento los hechos a las autoridades correspondientes.

Oltra ha explicado que fue una profesora de la Escuela de Personas Adultas (EPA) la que el 25 de febrero de 2016 comunicó a la Dirección Territorial el posible caso de abusos, por lo que se abrió un expediente informativo para investigar los hechos denunciados y se puso en conocimiento de la Fiscalía, que remitió la denuncia al juzgado el 14 de septiembre de ese mismo año.

Según la consejera, la dirección del centro de Segorbe era conocedora de estos hechos y, en lugar de denunciarlo directamente a la Consejería o a la Fiscalía, dio a escoger al presunto abusador «entre despido o denuncia», y lo despidieron el 28 de enero de 2016, ya que, según la directora del centro, «al no haberse producido hechos de mayor relevancia, lo consideró un hecho resuelto».

Así, el centro despidió al educador y no puso en conocimiento los hechos a las autoridades correspondientes, por lo que fue una profesora de la EPA la que, tras una conversación en clase con la menor, puso los hechos en conocimiento de la dirección territorial.

La número dos del Gobierno valenciano ha denunciado además que la persona encargada por la Generalitat de inspeccionar La Resurrección de Segorge estaba vinculada a la orden religiosa que gestiona el centro y ha asegurado que el monitor denunciado por posible abuso sexual había compartido grupo municipal en Segorbe con el dirigente del PP Miguel Barrachina.

En la comparecencia, la consejera ha reconocido también un incidente en el centro de recepción de menores en Monteolivete, de titularidad pública, donde en septiembre de 2016 se denunció un presunto caso de abuso sexual de varios menores a chicas compañeras suyas de residencia. El caso fue denunciado a la policía y se trasladó a la fiscalía.

El relato de la consejera responsable de los centros de acogida a menores ha indignado a la bancada popular. «He sido consejera (…) pero nunca se me hubiera ocurrido venir aquí relatando unos hechos tan graves y que afectan a menores para justificar su gestión», le ha echado en cara a Oltra la diputada del PP María José Catalá.

Cuando ha acabado el debate de este punto, la portavoz de los populares Isabel Bonig se ha dirigido al escaño del presidente Ximo Puig -que se ha incorporado a la sesión ya comenzada- para mostrarle su enfado por el desarrollo de la sesión y las duras acusaciones de Oltra.

El Centro de Menores de Segorbe (Castellón), gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas, no descarta iniciar acciones judiciales contra la Oltra por sus manifestaciones en las Cortes, según Europa Press. Según la dirección del centro, un trabajador fue despedido por un comportamiento «inadecuado», según las reglas del centro, aunque han declinado especificar más detalles. La mayoría de las manifestaciones de la vicepresidenta, dicen los responsables del centro, «no son ciertas».

Nuevo modelo de gestión

Antes de relatar estos casos, Oltra ha enumerado los cambios introducidos por su consejería en el modelo de gestión del acogimiento de menores en la Comunidad Valenciana y ha anunciado que todos los centros de menores de titularidad pública valencianos deberán tener también una dirección pública antes de 2020. «Se acabó la privatización del sistema», ha declarado.

Actualmente hay 80 centros de menores en el territorio valenciano, de los cuales 14 son mixtos y 55 privados, por lo que éstos deberán pasar a tener una dirección pública antes del año 2020, ya que a juicio de la consejera es una «barbaridad» que el sistema de protección de menores no sea «íntegramente» público.

«Un sistema privado no supedita los derechos de los niños a cualquier interés legítimo» de una empresa privada, ha manifestado Oltra, quien ha defendido que los derechos de los menores deben estar por encima de los de la entidad que gestione el centro en el que estos se encuentren.

Fuente de la noticia: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/05/24/valencia/1495619308_026958.html

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