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«Es una decisión inhumana»: la dura carta de renuncia del enviado especial de EE.UU. para Haití por el trato a los migrantes de la nación caribeña

«No estaré vinculado con la inhumana y contraproductiva decisión de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití, un país donde los funcionarios estadounidenses están encerrados en instalaciones protegidas debido al peligro creado por grupos armados que controlan la vida cotidiana».

Con esa dura crítica a su propio gobierno, el enviado especial de Estados Unidos para Haití, Daniel Foote, anunció este miércoles su renuncia inmediata al cargo.

En una carta dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, Foote dijo que dejaba el cargo decepcionado y advertía que la política de Estados Unidos hacia Haití era «profundamente defectuosa».

Su renuncia al cargo, que ocupaba desde julio, se produjo luego de que el pasado fin de semana el gobierno de Estados Unidos empezó a deportar a unos 13.000 migrantes haitianos que se hallaban reunidos junto a un puente en una localidad fronteriza de Texas.

Estos haitianos habían levantado allí un campamento improvisado, donde vivían bajo temperaturas de 37ºC mientras esperaban su oportunidad para ser admitidos como refugiados en Estados Unidos, junto a grupos más reducidos de cubanos, peruanos, venezolanos y nicaragüenses.

Funcionarios locales habían enfrentado dificultades para proveerles de comida y condiciones sanitarias mínimas.

Inmigrantes haitianos deportados a Haití.

FUENTE DE LA IMAGEN,REUTERS

Pie de foto,El pasado fin de semana, Estados Unidos empezó a deportar a los haitianos que acampaban en Texas.

Desde el domingo hasta este jueves, Estados Unidos ya ha deportado hacia Haití a unos 1.400 migrantes que estaban en ese campo.

En su carta de renuncia, Foote advirtió que Haití era un «estado colapsado» que «simplemente no puede soportar la infusión forzada de miles de migrantes retornados que carecen de comida, refugio y dinero sin una tragedia humana adicional y evitable».

El malestar de los deportados se hizo visible el martes en el aeropuerto de Puerto Príncipe, cuando un grupo de ellos corrió de vuelta hacia el avión en el que habían sido trasladados, mientras que otros lanzaron sus zapatos hacia la aeronave en muestra de su descontento.

Al menos uno de los deportados casi logró abordar nuevamente una aeronave, lo que fue impedido por la tripulación que se apresuró a cerrar la puerta antes de que la alcanzara, según informó Reuters.

Imágenes de video también muestran algunas escenas de caos mientras muchos deportados buscaban sus pertenecias, luego de que su equipaje fue arrojado fuera del avión.

También circularon reportes de prensa según los cuales algunos migrantes no habían sido informados de que serían devueltos a Haití.

Migrantes haitianos intentan regresar al avión que les trasladó desde Texas hasta Puerto Príncipe.

FUENTE DE LA IMAGEN,REUTERS

Pie de foto,En Puerto Príncipe, algunos de los deportados intentaron regresar a los aviones que les había traído de vuelta a Haití.

Asilo, no deportaciones

Las imágenes difundidas en estos días de agentes estadounidenses montados a caballo intentando arrear a los inmigrantes en Texas generaron gran rechazo al evocar comparaciones con la época de la esclavitud en Estados Unidos y con el maltrato que la población negra ha sufrido históricamente en ese país.

Esas imágenes, captadas por un fotógrafo de la agencia AFP, parecen mostrar a los agentes fronterizos a caballo usando sus riendas en contra de los migrantes y empujándolos hacia el Río Bravo que marca la frontera con México.

Su difusión incrementó la presión sobre el gobierno de Biden y generó llamamientos dentro del propio gobernante Partido Demócrata para que a los haitianos se les ofrezca asilo y no se les deporte.

Funcionarios del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informaron este jueves que el gobierno suspendería temporalmente el uso de patrullas a caballo en la localidad fronteriza de Del Río, donde se encuentra el campamento de migrantes haitianos.

Guardias fronterizos a caballo aparentemente arreando a los migrantes haitianos en la frontera con México.

FUENTE DE LA IMAGEN,AFP

Pie de foto,Las imágenes de los guardias fronterizos a caballo aparentemente arreando a los migrantes haitianos generaron conmoción.

Muchos haitianos abandonaron su país después de un devastador terremoto en 2010. Gran cantidad de los que están en el campamento en Texas habían estado viviendo en Brasil y en otros países de América del Sur, desde donde se trasladaron hacia el norte luego de que no haber logrado conseguir empleos ni un estatus migratorio legal.

Este año la situación en Haití empeoró al generarse más inestabilidad política, tras el asesinato en julio del presidente; y al producirse un terremoto mortal en agosto.

Foote sostuvo que los haitianos necesitan «asistencia inmediata» y criticó que Estados Unidos y otros países estén interfiriendo en la política de ese país.

«Lo que nuestros amigos haitianos realmente quieren, y necesitan, es la oportunidad de fijar su propio rumbo», escribió.

Un portavoz del departamento de Estado agradeció a Foote por su trabajo y aseguró que Estados Unidos se mantiene «comprometido con respaldar una migración segura, ordenada y humana en toda la región».

Casi 19.000 migrantes, mayormente haitianos, se encuentran en Colombia, esperando a cruzar hacia Panamá en su recorrido hacia Estados Unidos.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58671277

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Estados Unidos: Aumentan detenciones de niños migrantes en frontera de EEUU

América del Norte/Estados Unidos/06-08-2021/Autor(a) y Fuente: www.prensa-latina.cu

Washington, 3 ago (Prensa Latina) Las autoridades migratorias de Estados Unidos marcaron un hito máximo de arrestos a menores migrantes en julio, al detener en la frontera sur a aproximadamente 19 mil niños, informaron hoy medios oficiales.

‘El incremento de migrantes en la frontera con respecto a junio fue sorprendente. Los cruces suelen disminuir en esa fehca debido al calor’, explicó David Shahoulian, funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en ingles).

En marzo la guardia fronteriza detuvo a 18 mil 877 menores sin acompañantes, mientras que en junio arrestó a 15 mil 253, Shahoulian informó.

Las autoridades también arrestaron a cerca de 80 mil personas que viajaban en familia durante julio.

Aunque la cifra está por debajo del récord máximo de 88 mil 857 registrado en mayo de 2019, el incremento es considerable teniendo en cuenta que en junio pasado la policía fronteriza detuvo a 55 mil 805 migrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que continuará negando asilo a adultos solos y familias. Los menores que viajan solos están exentos de esta prohibición.

‘Estamos decepcionados del Presidente Joe Biden por abandonar la promesa de ofrecer un trato justo y humano a las familias que buscan asilo en Estados Unidos’, afirmó Neela Chakravartula, abogada gerente del Centro de Estudios sobre Género y Refugiados.

Esta semana, Chakravartula reanudó una batalla jurídica para que el gobierno cancele el Título 42, una política de expulsión de migrantes implementada en la era de Donald Trump (2017 – 2021).

La política, implementada hace un año en el contexto de la pandemia, restringe el cruce terrestre ‘no esencial’ desde México hacia los Estados Unidos y avala a la policía fronteriza a expulsar a cualquier individuo que busque llegar a territorio estadounidense.

mem/age

Fuente e Imagen: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=466810&SEO=aumentan-detenciones-de-ninos-migrantes-en-frontera-de-eeuu
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Entrevista a Patricia Fernández Vicens: «Los niños no se mueven por un efecto llamada, sino por un efecto huida»

Por Guadalupe Barahona 

Hace ya unos años que los grandes medios de comunicación dejaron de hablar de niños y niñas solos para llamarlos ‘MENA’. Este acrónimo técnico ha servido para deshumanizarlos y quitarles, precisamente, su rasgo esencial: ser niños, que les hace sujetos de derechos que toda la humanidad tiene el deber de cuidar y proteger.

Hablamos con Patricia Fernández, abogada en La Merced Migraciones, una organización que lleva tres décadas especializada en asistir y acompañar a adolescentes y jóvenes migrantes en nuestro país.

GUADALUPE BARAHONA: ¿En qué consiste tu trabajo como abogada en La Merced Migraciones?

PATRICIA FERNÁNDEZ: En La Merced Migraciones hemos tenido distintos programas de acompañamiento a la infancia migrante. En 1987 se abre la primera casa de acogida para niños refugiados, después se implementan distintos programas de acogida que se cierran en 2006, cuando empiezan a repatriarse desde los centros de acogida a niños a sus países de origen. La Merced considera que esa política es incompatible con un espacio seguro de acogida y se reconfiguran los programas, para enfocarnos a la juventud extutelada: los jóvenes que salen de los centros de menores y aquellos niños y niñas que están en programas de primera acogida como menores, pero luego son considerados adultos a partir de las pruebas de determinación de la edad y quedan en situación de calle. Nos enfocamos en esa acogida.

Para nosotros es muy importante el enfoque de derechos, entender que todo el trabajo de acompañamiento psicosocial y de promoción a la infancia es un trabajo que se hace desde el punto de vista de los derechos humanos, y por lo tanto, tenemos una oficina especializada en derechos sociales de la infancia. Mi trabajo, desde hace más de veinte años, es la asistencia jurídica con atención especializada a la infancia.

GB: ¿Qué obligaciones tiene el Estado español con respecto a un menor que llega a nuestra frontera no acompañado?

PF: La Convención de los Derechos del Niño no distingue entre niños españoles y niños extranjeros. Precisamente, el gran valor de la convención es que establece la categoría universal del niño y de la niña, como una categoría frente a la que no cabe discriminación. Cualquier niño o niña que esté en territorio nacional tiene derecho a la máxima protección del Estado. Antes de la Convención, teníamos otro texto legal, que era la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que dice en su exposición de motivos que “la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle”. Ése es el compromiso del Estado español con la infancia: lo mejor que podamos darle. Y esto después se traduce en el denominado “interés superior del niño”.

Lo que tiene que hacer el Estado español cuando se encuentra con un niño en su territorio -y toda la frontera es considerado territorio español- es darle la máxima protección. En algunos casos, será buscar a sus familiares que están en Europa o en España. En otros, será asegurarle un futuro digno en el país. En algunos casos, menos frecuentes, el niño desea volver con sus familiares al país de origen. Lo que hay que hacer es dispensarle una protección inmediata, asegurarle el máximo ejercicio de los derechos. Mientras esté con nosotros, ese niño tiene que estar en las mismas condiciones que un niño español. Por lo tanto, tiene derecho a la regularidad administrativa, hay que documentarle con un permiso de residencia, porque eso es lo que le va a permitir no sólo estar escolarizado, sino obtener un título. A lo mejor quiere jugar al fútbol, y para federarse necesita una autorización de residencia. Los niños no sólo necesitan techo y comida. Los niños necesitan amigos, formación, ocio. Todo eso se articula a partir de su ingreso en un centro de protección o en una familia de acogida. La atención socio-sanitaria es muy importante, hay niños que llegan enfermos.

La reforma del reglamento que está tramitando el Gobierno prevé que se inicien los trámites de documentación de los niños en el plazo de 15 días. Creemos que es una buena noticia, porque los derechos no sólo hay que tenerlos reconocidos, hay que poder ejercerlos, y para ello es imprescindible estar documentado. La protección que hay que brindarles a estos niños y niñas no es sólo social, es socio-jurídica.

GB: ¿En qué medida la ley de extranjería ha colisionado con esos derechos de la infancia?

PF: Los niños migrantes enfrentan una primera frontera que no enfrentan los adultos, que es el procedimiento de determinación de la edad. A una persona adulta no se le cuestiona su identidad cuando llega a territorio nacional. En cambio, el niño, una vez que llega y expresa su identidad, tiene que probar que es un niño, por el llamado procedimiento de determinación de la edad. Ese procedimiento está recogido en la Ley de Extranjería y es el que da acceso al sistema de protección de menores. Por lo tanto, ahí vemos de qué modo se subordina la condición de menor a la condición de extranjero, lo cual colisiona con esa categoría universal del niño.

Además, toda la configuración jurídica de la protección a la infancia está fundamentada en la presunción de minoría de edad: considerarle como un niño o una niña mientras no se demuestre lo contrario. Pero tanto la configuración de nuestra legislación y del reglamento de Ley de Extranjería como, sobre todo, la práctica cotidiana de todos los operadores jurídicos, lo que hacen es arrojar un halo de sospecha sobre los niños migrantes que invocan su condición de menores de edad. Y esta sospecha persigue a los niños migrantes allá donde vayan.

Esto genera unos procedimientos de determinación de la edad con un sesgo racista, que les somete a unas pruebas médicas que miden el grado de maduración biológica de una persona cuyos estándares de comparación son de población norteamericana de clase media. Por lo tanto, se acomoda muy mal a la realidad de la infancia en movimiento, de los niños y niñas que migran por nuestra frontera sur.

Además, la práctica cotidiana, que está legislada en el protocolo de Menores Extranjeros No Acompañados, establece siempre una prevalencia de cualquier indicio sobre mayoría de edad frente a la presunción de minoría de edad, con lo que ésta se vacía de contenido. Esta alegación se ha hecho desde todos los colectivos que trabajamos en el ámbito de derecho de la infancia y derecho de las personas migrantes, y ha sido rotundamente acogido por el Comité de los Derechos del Niño, que ha sancionado a España en numerosos dictámenes, diciéndole: “su procedimiento no se acomoda a los estándares internacionales en materia de protección de la infancia, están ustedes violentando el Convenio de los Derechos del Niño: el derecho a la identidad, el derecho a la seguridad física, y todos los demás”.

Ojo con esto, porque lo que nos está diciendo el Comité de Derechos del Niño, que es el máximo intérprete de la Convención, es que estamos violentando los derechos de la infancia migrante. Por lo tanto, frente a una legislación que aparentemente debe proteger a la infancia, en la práctica no lo estamos haciendo. Esto genera muchísimo sufrimiento personal en los niños sometidos a este procedimiento de determinación de la edad, que son tratados desde una óptica criminalizadora.

GB: ¿En qué consiste la criminalización de los niños y niñas migrantes?

PF: Cuando yo atiendo a un niño migrante que viene a mi oficina y le recibo, lo primero que tengo que hacer, según el Protocolo de Menores Extranjeros No Acompañados, es llevarle a la comisaría. Lo primero. No es llevarle a un centro de protección de menores, asegurarme de que tenga ropa limpia, no. Lo llevo a la comisaría. En Madrid, lo llevo a la Brigada Judicial de Extranjería en Aluche, donde le van a recibir en un ante-calabozo y le van a tomar las huellas, le van a dar un cartel con un número y le van a tomar fotografías. Ese procedimiento es el mismo que se aplica a las personas que han cometido un delito. Eso es tratar a las personas como criminales. Y además, esto se hace en un espacio que está situado en la puerta del CIE, de tal manera que, mientras el niño está esperando, lo que ve son personas racializadas como él o como ella, que están pasando detenidos, engrilletados. Ese momento es dramático, los niños sufren. Es un procedimiento de criminalización.

Y lo siguiente que hago es llevarlo al médico y desnudarlo. Estamos hablando de niños que han sufrido, en todos los casos, violencia en el tránsito migratorio. En muchas ocasiones esa violencia es física, y en muchos casos, es física y sexual. Y yo lo que hago después de tratarlo como a un criminal, es desnudarlo. Por mucho que yo le diga a este niño que quien le va a ver es el médico forense, es traumático. Hablamos de adolescentes con un concepto del pudor completamente distinto al nuestro. Ya hemos prescindido de la variable de infancia, y ahora no consideramos la variable transcultural. Si el niño supera ese procedimiento de determinación de la edad, va a entrar a un centro de acogida, en muchas ocasiones hacinado, sobreocupado, con educadores agotados, etc. Y además, durante todo el periplo migratorio en España, ha estado sufriendo los mensajes continuos de criminalización y de odio.

GB: ¿Qué consecuencias tiene la aplicación del procedimiento de determinación de la edad?

PF: Si los niños no pasan el procedimiento de determinación de la edad, y son considerados mayores de edad, se ven abocados a la calle. Cuando los niños y niñas migrantes se mueven, no lo hacen sólo buscando una meta económica. Hay niños que son depositarios de una esperanza por parte de sus familias, como rescate familiar y económico, pero muchos niños se ven empujados a salir por otras situaciones: guerra, maltrato familiar, maltrato institucional, etc. También vienen buscando una meta de derechos humanos: ellos ansían un espacio de seguridad física. Cuando ellos, en un lugar en el que piensan que van a recibir atención, cuidado, respeto por sus derechos, ven que estos son violentados, eso quiebra la confianza del niño en el adulto y en la sociedad. Luego restaurar todo ese dolor es muy difícil. Esto lo decía de una manera muy bonita Charles Dickens cuando escribe que “En el pequeño mundo en el que los niños tienen su existencia, sea quien sea el que los eduque, nada hay que se perciba y se sienta tan sutilmente como la injusticia”. Es algo que he comprobado en mi práctica profesional.

GB: ¿Es frecuente que los niños y niñas terminen en un CIE o en un centro de detención de adultos?

PF: Sí, hay muchos casos. Nos encontramos que los niños cuando llegan, manifiestan ser menores de edad, se les hacen estas pruebas de determinación de la edad, y como son considerados mayores de edad, se les aplica el procedimiento de devolución y, por lo tanto, son internados en un CIE, a la espera de poder ser devueltos. Otras veces, los niños, a pesar de tener un aspecto físico de menor de edad, no manifiestan ser menores edad, porque a lo mejor tienen familiares en Francia, o tienen indicaciones por parte de los pasadores de que no manifiesten su edad, y entonces, son tratados como adultos e ingresados en los CIES. Otras veces, y es lo que está ocurriendo sobre todo en Canarias, no se hace un filtrado básico de minorías de edad. Sencillamente, se les traslada a todos al CATE, que no es un centro de acogida, es un calabozo a cielo abierto, son dependencias policiales. En el CATE de Barranco Seco, un abogado detectó un menor y se puso en contacto con la fiscalía de menores, pero no había fiscalía de extranjería de guardia, y ese niño pasó tres días en un calabozo: Nochebuena, Navidad y el día 26. Muchas veces, en el contexto de su llegada, si la asistencia jurídica no es de calidad, si no hay posibilidad de acceder a los detenidos, si no hay intérpretes cualificados, no pueden manifestar efectivamente que son menores de edad. Se ven inmersos en una rueda, que es lo que está ocurriendo en Canarias, y acaban en estos centros para adultos. Actualmente el sistema de protección de menores canario tiene muchos retrasos. Y estos retrasos en el procedimiento de determinación de la edad, de conformidad con la ley, deberían acontecer estando el niño en un centro de protección de menores. Lo que está ocurriendo es que están a la espera en estos campamentos de adultos, que son espacios de opacidad y sufrimiento.

GB: A través de los medios de comunicación se transmite la sensación de avalancha, tanto en el caso de la inmigración de adultos como de menores. ¿A qué responde esta imagen de desbordamiento permanente de las estructuras de acogida?

PF: Que los niños y niñas se mueven es una realidad. Tratamos como una emergencia lo que no es emergente, es sistémico. Esto ha ocurrido siempre. ¿Qué es lo que cambia? Los lugares de salida. Porque, frente a lo que se cree, los niños no se mueven por un efecto llamada, sino por un efecto huida. Por nacionalidades, siempre se ven niños y niñas marroquíes. ¿Por qué? Porque la frontera hispano-marroquí es la más desigual del planeta. Por otra parte, las salidas de los niños y niñas marroquíes están muy vinculadas con la inestabilidad en el país. Cuando Marruecos ve que tiene tensión en las calles, combina la represión con permitir las salidas. Funciona el efecto huida, los niños salen de los lugares del planeta donde hay más sufrimiento. A Canarias están llegando marroquíes, por la crisis de la covid y el incremento de la represión. Es sorprendente que estén saliendo por el Sahara, uno de los lugares del planeta más controlados por las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos. Otro país de origen es Mali, un país en conflicto; y recientemente, Senegal, que forma parte del Sahel. Si nos vamos al año 2015-2016, la mayor parte de los niños que llegaban eran guineanos, a raíz de la crisis desatada por el ébola.

Si vemos los números, el movimiento de la infancia desde el año 2001 es sistémico. Cambian las rutas. De repente, decimos: “hay crisis en Ceuta y Melilla”, “hay crisis en Andalucía”. Cuando se cierra la ruta canaria, se abre la ruta de Alborán y el Estrecho. Entonces, nos espantamos por la cantidad de niños que llegan a Andalucía. Ahora mismo, el Estrecho y el mar de Alborán están prácticamente cerrados. Tenemos “la crisis” en Canarias. No es una crisis. Lo que pasa es que si concentramos a todos los niños migrantes en el puerto de Arguineguín, que es lo que ha ocurrido, y hacemos una foto fija, lo que tienes es una masa de personas negras, que no son ni una grada del Bernabéu. La crisis no es real. Contamos la realidad de la inmigración por picos y valles, como el electrocardiograma de un enfermo, desde la patología.

En 2006, cuando la crisis de los cayucos, los negros que llegaban a Canarias suscitaban empatía en la sociedad española. No había problema, se trasladaban. De esto, pasamos a la foto de los negros en lo alto de la valla de Ceuta y Melilla, en el año 2014. Cuando se cierra una ruta, se abre otra. Ahí, empezamos a hablar de “avalancha” y entonces los negros dejan de suscitar empatía para suscitar amenaza. Se ha trasladado que las personas migrantes amenazan nuestro modo de vida. Mercedes Jiménez, una antropóloga que vive en Marruecos, describe a los niños migrantes como “los intrusos en la Europa fortaleza”, que tiene la política de que no salgan; si salen, que no lleguen; si llegan, que no se puedan quedar. Los niños migrantes rompen esa lógica, porque tienen derecho a quedarse. Por eso no es baladí que, si la extrema derecha ha dibujado una diana y ha puesto un rostro contra el que disparar, ese rostro es un rostro de niño migrante, porque es el intruso en la Europa fortaleza.

GB: La palabra MENA tiene origen técnico-jurídico, pero no se usaba en la sociedad, fuera del ámbito especializado en derecho de extranjería. ¿En qué momento se traslada este término al vocabulario cotidiano y se deshumaniza a los niños?

PF: Yo creo que de esto tenemos mucha responsabilidad el mundo de lo social, que se ha ido tecnificando de tal manera, que al final acaba permeándonos. No atendemos personas, sino “usuarios”; los niños ya no son niños en ningún sitio, ni siquiera en los centros escolares: son “menores”. Siempre pongo el ejemplo de un titular de prensa de 2006, a raíz de la aprobación de la ley de responsabilidad penal de los menores que decía: “Menor mata a escolar”, cuando eran dos niños, compañeros de clase. La transposición de términos técnicos al vocabulario es tremendamente dañina. Por ejemplo, en el ámbito del derecho internacional humanitario y del derecho comparado, en otros países no se habla de “menores”, se habla de “niños”. En el derecho anglosajón tampoco, ni en el derecho latinoamericano. Es algo muy circunscrito al Estado español. Es muy sorprendente. Probablemente coincide con la aprobación del Protocolo de Menores Extranjeros No Acompañados (2014).

GB: Además del anuncio del Gobierno de modificar la Ley de Extranjería para que se les facilite la documentación en plazos más cortos, ¿qué cosas hay que cambiar en la normativa por la que se rige el sistema de protección a la infancia migrante?

PF: El procedimiento de determinación de la edad. Hasta que no cambiemos el procedimiento de determinación de la edad, seguiremos restringiendo la protección a la infancia a unos pocos, y seguiremos dejando en la calle a muchos niños y niñas, abocándolos al tráfico de personas, a la explotación y a la servidumbre.

GB: ¿Cómo se debería determinar la edad?

PF: Lo primero que tiene que tomar en consideración el procedimiento es lo que manifiesta el niño o la niña. Escuchar al niño o la niña supone hacer una exploración psicobiográfica completa: ¿quién eres? ¿de dónde vienes? ¿por dónde has pasado? ¿cuándo fue la primera vez que hiciste el Ramadan? ¿hasta dónde has estudiado? Hay muchas maneras de preguntar las cosas, y esto no se hace en una entrevista, sentando al niño en comisaría o con un trabajador social. La identificación de todas las vulnerabilidades es un proceso.

En segundo lugar, tiene que haber un análisis riguroso de la documentación. Eso no significa que analice la documentación de los niños como analizo el contrato de compraventa de una vivienda. Sabemos que Marruecos se queda con muchos pasaportes, a veces los niños solamente traen una foto, hay que hacer un análisis holístico que considere todas las variables.

Las pruebas médicas de determinación de la edad sólo deben ser un recurso de última instancia y teniendo en cuenta que fallan. Lo que está ocurriendo ahora es que teniendo la declaración de un niño que dice que es menor, un documento indicial no concluyente de minoría de edad y una prueba de determinación de la edad, que falla, da como resultado que es mayor, y me quedo con la prueba que falla, se aplique o no el margen de error. Esto es un ataque contra el concepto jurídico de presunción de minoría de edad. Si hicieran estudios de cuántos niños son decretados como mayores de edad en España y luego llegan a Francia o Alemania y son reconocidos como menores de edad, veríamos el sufrimiento que estamos provocando.

Un procedimiento de determinación de la edad tiene que ser holístico, transcultural y garantista, y pivotar sobre la presunción de minoría de edad.

Hay buenas prácticas en algunos países, sobre todo escandinavos, y el Estado español las conoce. El tema es que, mientras sigamos viendo a los niños migrantes como enemigos, es difícil que hagamos un procedimiento de determinación de la edad garantista.Y el Estado español supedita todas sus políticas de protección a personas vulnerables a las políticas de control de fronteras. Lo hace con las víctimas de trata y lo hace con los niños migrantes. Lo hace con las víctimas de tortura y necesitadas de protección internacional, y con el agravante de que los niños migrantes son, además, necesitados de protección internacional, víctimas de tortura y muchas veces, de tráfico.

Fuente: https://rebelion.org/los-ninos-no-se-mueven-por-un-efecto-llamada-sino-por-un-efecto-huida/

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Denuncian precariedad en refugios para niños migrantes en Estados Unidos

Decenas de niños dentro de una cápsula en el centro de detención del Departamento de Seguridad Nacional de Donna, el principal centro de detención para niños no acompañados en el Valle del Río Grande administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), en Donna, Texas, el 30 de marzo de 2021.

 

La cantidad de niños migrantes bajo custodia del Gobierno estadounidense se duplicó en los últimos dos meses y actualmente alberga al menos 21.000 menores. Una investigación de la agencia AP denuncia que pese a algunos cambios con respecto a las condiciones de estos menores bajo la presidencia de Donald Trump, la mayoría se encuentra hoy en instalaciones atestadas y en algunos casos con bajas condiciones de salubridad y falta de personal calificado para su cuidado.

Pese a algunos cambios de la Administración de Joe Biden para mejorar la situación de los niños migrantes, sus condiciones en los refugios aún están lejos de ser óptimas, según una investigación de la agencia estadounidense AP.

La cifra de niños migrantes bajo custodia del Gobierno se duplicó en los últimos dos meses y para esta semana llegaron alrededor de 21.000 menores, desde pequeños hasta adolescentes. Se encuentran en una red de unas 200 instalaciones que abarca dos docenas de estados e incluye cinco refugios con más de 1.000 niños en su interior.

Aproximadamente la mitad del total de niños en albergues duermen en refugios con más de 1.000 menores más. Alrededor de 17.650 se encuentran en instalaciones con 100 o más pequeños. Algunos refugios y programas de crianza tienen sedes pequeñas, de acuerdo con datos confidenciales citados por The Associated Press.

Al menos una docena de las instalaciones de emergencia para los menores funcionan sin licencia y están situadas dentro de instalaciones militares, estadios y centros de convenciones que eluden las regulaciones estatales y no requieren la supervisión legal tradicional.

Además, en esos lugares llamados Sitios de Admisión de Emergencia, no se garantiza a los niños el acceso a educación, oportunidades recreativas o asesoría legal.

Abogados, defensores y expertos en salud mental señalan que, si bien algunos refugios son seguros y brindan la atención adecuada, otros ponen en peligro la salud y la seguridad de los niños.

Un ejemplo de ello ha sido una gran instalación de Houston que cerró abruptamente el mes pasado después de que se reveló que a los niños se les daban bolsas de plástico en lugar de acceso a los baños.

“El sistema ha sido muy disfuncional y está empeorando”, dijo Amy Cohen, psiquiatra infantil y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Every. Every Last One, Que trabaja para ayudar a las familias inmigrantes que huyen de la violencia de Centroamérica. Aunque ha habido una gran cantidad de niños que llegan a Estados Unidos durante años, Cohen afirmó que nunca había visto la situación tan negativa como lo es hoy.

Por su parte, Mark Weber, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., (HHS) dijo que el personal y los contratistas de la entidad están trabajando arduamente para mantener a los niños bajo su custodia seguros y saludables.

“El HHS ha trabajado lo más rápido posible para aumentar la capacidad de camas y garantizar que los patrocinadores potenciales puedan brindar un hogar seguro mientras el niño pasa por sus procedimientos de inmigración (…) Tan pronto como los servicios integrales (atención primaria en el lugar, incluidas vacunas y exámenes físicos infantiles, administración de casos, llamadas telefónicas a miembros de la familia, educación, recreación, etc.) estén disponibles como resultado de la infraestructura y el personal adicionales, estos se brindan como parte de la operación”, agregó Weber.

No obstante, la agencia ha recibido informes de abuso que resultaron en el despido de un puñado de empleados contratados para trabajar en los sitios de emergencia este año, según aseguró otro funcionario que habló bajo condición de anonimato.

Algunas de las prácticas actuales son las mismas que las que el presidente Joe Biden y otros criticaron bajo la Administración Trump, afirma el reporte, incluida la no investigación de algunos cuidadores con verificaciones completas de antecedentes penales a través de huellas dactilares de los registros del FBI.

Paralelamente, los registros judiciales muestran que la Administración de Biden intenta resolver varias demandas multimillonarias que afirman que varios niños migrantes fueron abusados ​​en los refugios bajo el gobierno de Trump.

“Es casi como el ‘Día de la Marmota’”, dijo la abogada, Luz López, del Southern Poverty Law Center, al referirse a la película de 1993 en la que los eventos parecen repetirse continuamente. «Aquí estamos de regreso a un punto casi en el que comenzamos, donde el Gobierno está usando el dinero de los contribuyentes para construir grandes instalaciones para los niños en lugar de usar ese dinero para encontrar formas de reunir más rápidamente a los niños con sus patrocinadores», reprochó.

Dificultades para reunificar a los padres con sus hijos

El pasado 4 de mayo, el Gobierno federal informó que desde ese mismo día inició un programa para reunificar algunas de las familias de inmigrantes que fueron separadas en la frontera con México bajo la línea dura de “tolerancia cero” contra la inmigración de su antecesor en la Casa Blanca.

Inicialmente fueron cuatro mujeres las beneficiadas con la nueva medida, quienes pudieron ingresar al país para reencontrarse con sus hijos.

Pero la cuota para estos reencuentros sigue siendo baja y mientras tanto son muchos padres los que atraviesan un calvario para volver a ver a sus pequeños.

José, quien pidió ser identificado solo por su nombre por temor a poner en peligro su caso de inmigración, es un padre que huyó de El Salvador después de que su aldea fuera objeto de una masacre. Solicitó asilo en Estados Unidos hace cuatro años. Esperaba dar la bienvenida a su esposa y a su hija de 8 años al sur de California este año, pero la pareja fue devuelta en la frontera en marzo y expulsada hacia México.

La niña volvió a cruzar sola y fue llevada a un refugio gubernamental en Brownsville, Texas, el pasado 6 de abril. José llamó repetidamente a una línea directa de las autoridades para padres que buscan a sus hijos migrantes, pero dijo que nadie le informó dónde se encontraba. “Estaba tan molesto porque seguía llamando y llamando y nadie me daba información sobre dónde estaba (…) Finalmente me dijeron que tenía que pagar 1.300 dólares para cubrir su boleto de avión y que, si no pagaba, tendría que esperar un mes más».

Durante casi tres semanas, su hija estuvo detenida en las instalaciones de Brownsville antes de ser finalmente entregada a él a fines de abril después de que una organización de defensa interviniera para que el Gobierno pagara su pasaje aéreo.

Como este hay miles de casos, los abogados afirman que muchos padres aún no saben dónde están sus hijos.

Algunas mejoras del sistema de refugio para menores migrantes

Aunque son muchas las condiciones precarias que se mantienen en los centros que albergan menores migrantes, la investigación destaca principalmente dos cambios: más transparencia en la entrega de cifras y menor tiempo de estadía de los menores en las instalaciones.

En un comunicado de prensa reciente, el Gobierno promocionó su “restauración de un enfoque centrado en los niños no acompañados” y ha estado compartiendo los totales diarios del número de menores bajo custodia de las autoridades, así como algunas fotos de las instalaciones. Ese paso refleja un mayor nivel de transparencia en comparación con la anterior Administración.

Un grupo de adolescentes migrantes se dirige a camionetas para ser transportadas fuera de las instalaciones de la Asociación Nacional de Iglesias Cristianas en Houston, Texas, Estados Unidos, el 17 de abril de 2021.
Un grupo de adolescentes migrantes se dirige a camionetas para ser transportadas fuera de las instalaciones de la Asociación Nacional de Iglesias Cristianas en Houston, Texas, Estados Unidos, el 17 de abril de 2021. © Godofredo A. Vásquez/Houston Chronicle/ Vía AP

Además, la cantidad de tiempo que los niños pasan, en promedio, dentro del sistema ha disminuido de cuatro meses el otoño pasado a menos de un mes esta primavera, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

La mayoría de los niños en el sistema para tramitar su refugio ya tiene un padre u otro pariente adulto o amigo de la familia, conocido como patrocinador, en EE. UU. esperando recibirlos. Pero primero suelen ser detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) y luego entregados a un refugio del Gobierno.

“Por mucho que los niños pasen días y días en CBP es inaceptable (…) cada día que pasa, es cada vez más crítico que estos niños sean entregados a patrocinadores o transferidos a instalaciones autorizadas”, dijo la abogada del Centro Nacional de Derecho Juvenil Neha Desai.

Las principales razones del aumento de la llegada de niños sin acompañantes

Una razón que ha sido clave para que tantos niños lleguen ahora sin sus padres se remonta a una orden de emergencia de la Administración Trump de 2020 que básicamente cerró la frontera entre Estados Unidos y México a todos los migrantes, citando preocupaciones de salud pública sobre la propagación del Covid-19.

Esa orden de emergencia todavía se aplica a los adultos, pero la Administración Biden ha comenzado a permitir que los niños que viajan sin sus padres se queden y soliciten asilo si ingresan al país.

Como resultado, algunos padres están enviando a sus hijos al otro lado de la frontera por sí mismos.

Niños centroamericanos solicitantes de asilo hacen fila para recibir alimentos, en un parque público, después de que fueran detenidos con sus familiares y enviados de regreso a México cuando intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos. En Reynosa, México, el 7 de abril de 2021.
Niños centroamericanos solicitantes de asilo hacen fila para recibir alimentos, en un parque público, después de que fueran detenidos con sus familiares y enviados de regreso a México cuando intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos. En Reynosa, México, el 7 de abril de 2021. © Reuters/Daniel Becerril

En términos generales, tras la llegada de Biden a la Presidencia, los republicanos lo acusan de promover la inmigración irregular debido a su discurso a favor de la inmigración, pues también ha impulsado varias reformas en esta materia. Principalmente una vía a la ciudadanía para alrededor de 11 millones de indocumentados en su país. Ante las dificultades para aprobarla en el Congreso, los defensores de la reforma han indicado que podrían centrarse en grupos específicos como los jóvenes inmigrantes traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, conocidos como “dreamers” o “soñadores”; los trabajadores agrícolas y otros empleados en labores esenciales.

Más de 172.000 migrantes fueron capturados en la frontera entre Estados Unidos y México el pasado marzo, según datos del Gobierno. Es el recuento mensual más alto desde marzo de 2001, cuando casi 171.000 fueron capturados.

Biden se defiende del aumento del cruce de personas en la frontera y responsabiliza a su antecesor, Donald Trump, de desmantelar los sistemas para recibir de forma organizada solicitantes de asilo y menores no acompañados.

Fuente: https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20210511-eeuu-refugios-ni%C3%B1os-migrantes-precariedad

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Libro(PDF): COVID-19. Nuevas enfermedades, antiguos problemas en Centroamérica

Reseña: CLACSO

*Disponible sólo en versión digital

Este libro es fruto del trabajo realizado en el Grupo de Trabajo «El Istmo Centroamericano: Repensando los Centros» de CLACSO. Los textos proporcionan un panorama general de las estrategias sanitarias para gestionar la pandemia, pero se centran en análisis de las crisis sociopolíticas que se profundizaron al interior de los diversos Estados Centroamericanos a causa de la circulación del virus. Por medio de miradas interdisciplinarias, todos los textos nos muestran las consecuencias de la pandemia sobre los más vulnerables, el aumento de la precariedad social y rupturas del orden democrático, que bajo la excusa de «contener el virus» se promovieron en los diversos Estados.

Autor: Amaral Arévalo. [Coordinador]

Briseida Barrantes Serrano. Lina Barrios. Carlos Gerardo González. Dolene Miller Bacon. Sergio Villena Fiengo. Nelise Wielewski Narloch. Valeria Marina Valle. Caroline Irene Deschak. Daniel Vásquez. Gustavo Irías. Lucía Vijil. Bladimir López. Amaral Arévalo. [Autoras y Autores de Capítulo]

Editorial/Edición: CLACSO. 

Año de publicación: 2021

País (es): Argentina

ISBN: 978-987-722-879-3

Idioma: Español

Descarga: COVID-19. Nuevas enfermedades, antiguos problemas en Centroamérica

Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2336&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1502

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Tsotsiles en Puebla: infancias indígenas migrantes y trabajadoras

Tsotsiles en Puebla: infancias indígenas migrantes y trabajadoras

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Miguel Ángel Rodríguez

El 26 de febrero pasado, hace casi un mes, Juan Villoro escribió un artículo memorable sobre la migración europea, pues dio cuenta de nuestra condición de seres ficticios bajo el signo de la pandemia. El modo virtual de nuestras relaciones, de las que “carecemos de suficiente evidencia pública para demostrar que somos reales”, nos sitúa en una pausa ontológica en la que dejamos temporalmente de ser.

El pensador mexicano juega con la ontología y nos descubre, a propósito de la negación del ser, una palabra que revela el angustiante estado de excepción que abandona y reduce a muchos migrantes varados temporalmente en Alemania, por causa de la pandemia (no hay vuelos) y por algunos problemas burocráticos con sus pasaportes (las oficinas están cerradas), digo, los coloca en una situación que no es legal ni ilegal, por lo que el Estado alemán les otorga un documento que pasará a la historia de la migración mundial como el primer reconocimiento oficial a seres de ficción.

Con un extravagante e impronunciable vocablo Fiktionsbescheinigung, que literalmente significa Certificado de ficción, los burócratas germanos despacharon la cuestión. Un papel del gobierno que  “acredita la condición ficiticia de quien lo porta”. Es la expresión más cristalina de las degradantes maneras en que funciona el estado de excepción en el primer mundo, incluyen legalmente a los migrantes para desincluirlos, para recordarles su otredad.

Me pregunto aquí, siguiendo a Juan Villoro, por el eufemismo castellano que nombre la circunstancia ominosa que viven las infancias indígenas migrantes y trabajadoras de nuestro país, y, en particular, por las familias migrantes tsotsiles que, desde hace más de tres lustros, viajan como sombras, en un trajín sin descanso, en un vaivén constante, de Mitontic, Chiapas, a la Ciudad de Puebla.

San Miguel Mitontic es un pueblo prehispánico fundado por los tsotsiles, una comunidad indígena de origen maya en la que el 98.7 por ciento de la población habla la lengua originaria. En la actualidad es un municipio de la Región V de los Altos de Chiapas, misma que está conformada por 18 ayuntamientos: San Cristóbal de las Casas, Mitontic, Teopisca, Altamirano, Chalchihuitán, Chanal, Chamula, Pantelhó, Chenalhó Oxchuc, Las Rosas, Tenejapa, Amatenango, Zinacantán, Aldama, Huxtán, Larráinzar y Santiago. Mitontic es una ciudad con una población de 13 mil 755 habitantes según el último censo de población y vivienda (2020) y suele aparecer entre los diez municipios más pobres del país.

La mayoría de los seres de maíz que migran cíclicamente a las ciudades de México, Yucatán, Oaxaca, Qunitana Roo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Puebla no tienen  siquiera un certificado de ficción, un Fiktionsbescheinigung que los acredite como sujetos de derecho en proceso de probar su existencia real, porque existen sin ser valorizados jurídicamente. Vamos, ni siquiera están registrados en alguna dependecia local de Chiapas, y, desde luego, menos aún existe constancia legal de su presencia en la Angelópolis.

Los migrantes viven en un eterno estado de excepción que, con frecuencia, los enfrenta a graves sufrimientos familiares, porque las autoridades del sistema DIF (Desarrollo Integral de la Familia) de los estados y ciudades a las que migran suelen hacer generalizaciones descriptivas y normativas que estereotipan, estigmatizan y criminalizan las estrategias de supervivencia de las familias tsotsiles.

Sin comprender, sin escuchar siquiera los múltiples sentidos que el trabajo infantil migrante adquiere como constructo comunitario sociohistórico entre los pueblos indígenas, porque, como en el caso de Puebla, no cuentan con un traductor tsotsil autorizado que interprete los sentimientos y deseos de los niños y las niñas, con ese juicio universalista y paternal que infantiliza a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, las familias tsotsiles son cruelmente separadas hasta por más de medio año. Y ahora pende como espada de Damocles sobre sus vidas un proyecto de ley para erradicar el trabajo infantil en el estado de Puebla, una normatividad de buenas intenciones que, sin embargo, debe dialogar con las otras formas de existencia para conocer el sentido de su verdad, escuchar las voces y significados de los propios niños y niñas tsotsiles y, por supuesto, los argumentos y narrativas de sus padres.

Las acusaciones siempre son las mismas, que no son sino ordinarios lugares comunes: explotación del trabajo infantil y violencia familiar. Vamos a ver, entiendo que se han registrado, lamentablemente, algunos casos que pueden calificar para los delitos arriba señalados, lo que quiero enfatizar es que a partir de esos acontecimientos, más bien extraños entre la población tsotsil que migra a la ciudad de Puebla, el acendrado racismo poblano los ha generalizado y, en consecuencia, los ha validado como “estereotipos contingentes y despectivos” contra ellos. Un lugar común que, entre otras cosas, despoja a los niños y a las niñas de su propia iniciativa, porque los convierte en seres sin voluntad y sin voz y, por si fuera poco, condena a los padres y las madres tsotsiles, que ya cargan en sus vidas con todos los acoplamientos imaginables de desventajas sociales que, a mi parecer, ninguna interseccionalidad ha sido capaz de pensar siquiera, a representar todavía, para acabarla de chingar, el trágico papel de crueles verdugos de su propia progenie.

Como la imagen siniestra y torva de los mexicanos que Donald Trump dibujó al principio de su gobierno para justificar la necesidad del famoso muro fronterizo, un estereotipo que es común escuchar y leer entre los conservadores supremacistas de los Estados Unidos, el mismo molde grotesco que se usó contra los afrodescendientes para criminalizarlos, para negarles los derechos humanos más elementales, una deshumanización tan brutal que encendió, hasta la rabia, la indignación del movimiento de liberación afrodescendiente. Una digna rabia que Martin Luther King inmortalizó el 28 de agosto de 1963 con la maravillosa pieza retórica pronunciada bajo la sombra simbólica de George Washington: “I have a dream”.

Y así podemos hablar pestes de los judíos, los musulmanes, los chinos, los gallegos, los indígenas y afrodescendientes, sin saber, sin comprender un ápice la construcción del sentido y esencia de su verdad, vamos por ahí repitiendo lugares comunes, generalizaciones descriptivas que devienen estereotipos humillantes contra los diferentes, son clichés derivados de la proverbial soberbia occidental y de la pretensión logocéntrica, estandarizada, meritocrática y universalista del proyecto ilustrado y capitalista de desarrollo.

Los alemanes estrenan la palabra Fiktionsbescheinigung para acreditar el ser de ficción de los migrantes varados en Alemania, hasta nuevo aviso existen en un estado de excepción ontológica, se trata a todas luces de un proceso provisional que se resolverá pasada la pandemia. No hace falta decirlo, los indígenas chiapanecos de Mitontic viven en un estado de excepción permanente, no tienen derecho a la salud, ni a la educación, ni a un trabajo digno y bien remunerado, baste decir que el censo de población y vivienda del 2020 registra un elocuente 0.1 por ciento entre la población de 12 años y más no económicamente activa que está pensionada o jubilada. En otras palabras, llegan a la vejez sin tener garantizado los derechos sociales fundamentales, pues nunca fueron registrados formalmente como sujetos de derecho por sus empleadores.

Otros datos que vale la pena consignar son que apenas el 25 por ciento de las viviendas de Mitontic cuentan con agua entubada y, de ellas, menos del 2 por ciento tiene cisterna. No es momento de detenerse a pensar, por la escasez del agua, en el carácter sacro que la Coca-Cola adquirió desde hace años en las tierras tsotstiles, en las que el tóxico líquido aparece como vino de consagrar en todas las ceremonias civiles y religiosas de relevancia social.

Por otra parte, apenas el 6.6 por ciento de ellos tiene servicio de telefonía celular y una tercera parte cuenta con el servicio del seguro popular (censo de población y vivienda 2020). Hablamos de un espacio que suele figurar entre los diez municipios más pobres del país.

Como si fuera posible imaginar más desgracias, la situación económica de la comunidad ha sufrido un deterioro considerable durante los últimos cinco años, especialmente si la evaluamos a la luz de las variaciones en el porcentaje de la población de 12 a 14 años y de 15 a 24 años que asiste y abandona la escuela.

Veamos, mientras durante el 2015 el 72.6 por ciento de estudiantes de ese rango de edad asistía a la escuela, tenemos que para el censo del 2020 ese porcentaje se redujo a un 54.6 por ciento. Un incremento del abandono escolar de 18 puntos porcentuales en cinco ciclos escolares que no puede ocurrir como si nada estuviese pasando, pues si lo comparamos con el promedio nacional de asistencia a la escuela en esa edad de 12 a 14, que asciende a un 90.5 por ciento (2020), hablamos de un incremento radical de la brecha de la desigualdad educativa entre los estudiantes tsotsiles y el resto de los estudiantes mexicanos, son 36 puntos porcentuales de desventaja educativa.

¿Dónde están los miles de niños, niñas y adolescentes tsotsiles que ya no están en las aulas?

Sin embargo, aunque usted no lo crea, no es el escenario peor para la vida de los estudiantes de Mitontic, Chiapas, ni para las altas aspiraciones, siempre nobles y lúcidas, del sistema educativo mexicano, pues, cuando los estudiantes tsotsiles alcanzan los 15 años de edad, el porcentaje de ausencia es una dolorosa tragedia humana y el abandono escolar reduce la matricula de manera crucial. Así encontramos que para el año 2015 solo el 15.2 por ciento de la población entre 15 y 24 años asiste a la escuela, una tendencia a la baja en la asistencia escolar que alcanzó a gatas el 13 por ciento en el 2020. Esto es, 30 puntos porcentuales de desventaja con respecto a la asistencia escolar promedio de los alumnos del país que alcanzó un 45.3 por ciento según el censo del 2020.

De esa manera, durante el 2015, al transitar de la secundaria (72.6) a la preparatoria (15.2)  se observa una reducción brutal del 54.7 por ciento de los estudiantes inscritos en el ciclo educativo anterior. Y lo mismo pasa para el 2020, pues del 54.6 por ciento de la población que asiste a la escuela entre 12 y 14 años desciende drásticamente al 13 por ciento de quienes asisten a la escuela entre los 15 y los 24 años de edad. Se observa aquí, igualmente, un abandono escolar de 41. 6 por ciento. Esa es la dimensión de la deuda que el sistema educativo nacional mantiene con las comunidades indígenas tsotsiles.

¿Dónde están los miles de jóvenes tsotsiles que ya no están en las escuelas?

Como les decía, después de un recorrido de más de 700 kilómetros en un viejo autobús pirata, sin seguro de vida y buena parte del camino viajando de pie, con las criaturas a las espaldas, arriban las endeudadas y fantasmales familias tsotsiles a La Loma, una colonia de alta marginación situada a un lado del Mercado Hidalgo, en la Ciudad de Puebla.  Migran desde hace más de tres lustros, son hombres y mujeres jóvenes, en edad laboral, vienen en busca de mejores horizontes de futuro inmediato. Los primeros migrantes tsotsiles encontraron ahí las mejores condiciones para morar sin sufrir severamente la discriminación, quizá porque mucha de la gente que habita en el vecindario también proviene de otras diferentes culturas indígenas de Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guatemala.

El Atlas de los pueblos indígenas de México del 2015 registra la presencia de 554 tsotsiles en el estado de Puebla, la inmensa mayoría en la ciudad capital. Vale la pena tener siempre presente que la mediana de edad de los habitantes de Mitontic, Chiapas, es de 16 años –según el censo de población y vivienda 2020– por lo que hablamos de familias muy jóvenes con hijos e hijas en edad escolar que usualmente migran con ellos, por lo que es muy complejo pensar, como veremos, en una educación formal a la manera tradicional.

Cuando uno pasea por las calles de La Loma es posible encontrar una gran variedad de pequeñas tiendas de abarrotes y una oferta muy plural de alimentos regionales, son negocios atendidos, en su mayoría, por migrantes indígenas del interior del estado que encontraron ahí, cerca del mercado, un buen lugar para construir su casa. Se trata de un fenómeno sociodemográfico creciente que no ha recibido, lamentablemente, la atención estatal que un enfoque de derechos sociales fundamentales y un sentido estricto de justicia social demandan con urgencia.

En ese contexto sombrío emerge un proyecto salvífico que, contra viento y marea, pretende construir un proyecto cooperativo y educativo, un espacio termotópico, una esfera para el cuidado del ser de los niños, niñas y jóvenes tsotsiles migrantes, en donde la pluralidad epistemológica y ontológica de los tsotsiles adquiera carta de naturalización: Yo´on Ixim ( corazón de maíz A.C.).

Samantha, la fundadora de la organización civil, nos platicó a Sandra Aguilera Arriaga y a mí, que fue en el 2014 cuando vio por primera vez a un grupo de indígenas, adultos, niñas y niños, con una indumentaria hermosa, pues eran blusas preciosamente bordadas sobre tela de color morado que usaban las niñas y las mujeres que vendían chicles en las esquinas y grandes cruceros de la ciudad: “¿qué hacen ahí?, ¿cómo es su vida?, ¿cómo es que llegaron a estar así…?” -se interrogaba.

El proyecto cooperativo es el paraguas que cubre y protege al proyecto educativo. Consiste fundamentalmente en la posibilidad de crear un espacio productivo consolidado por mujeres tsotsiles que “participan en un proceso de auto-definición y producción cultural” (Ferreiro, 2016, p.53). Las prendas bordadas se venden en un mercado justo para los saberes y habilidades textiles que, por tradición, practican las indígenas tsotsiles, son tejedoras maravillosas de una selva cósmica. Ahora las mujeres también bordan capas, vestidos, blusas, cachuchas, fundas para celulares, etc., y producen mermeladas de frutas para vender en el Sagrado Mercadito, un dominical centro alternativo de comercio ubicado en San Andrés Cholula. Con ese ingreso pueden dedicarse también a estudiar y, sobre todo, sus hijos conocen y aprenden en la escuelita.

Las artesanas del Corazón de Maíz proponen y crean nuevos diseños textiles que bordan con sus saberes tradicionales, se sienten revaloradas porque pueden alcanzar, con la apropiación del proceso de trabajo, que está vinculado a la recreación de su cultura y cosmovisión, cierta autonomía que les permite, en principio, tomar la decisión de abandonar las calles para vivir, provisoriamente, como son sus propias existencias, la experiencia de la escuela.

En la denominada “escuelita” los profesores comprenden y aprovechan muy bien las ventajas de que los estudiantes tsotsiles hayan sido vendedores en la calle, porque el proyecto educativo reconoce y valora las experiencias y los aprendizajes que los niños, niñas y jóvenes adquieren en el trato diario, en los estados de ánimo que es necesario adivinar en los transeúntes para no despertar la ira del racismo, discriminación clasista y patriarcal. Y no se diga en las habilidades matemáticas, un área en la que, según la opinión de los profesores, suelen desarrollar capacidades y habilidades singulares.

De la misma manera, mientras en otros estudios nacionales e internacionales similares, con los que pretendemos hacer un análisis comparativo, los juicios de algunos profesores insisten en que la lengua originaria es un obstáculo para el mejor aprovechamiento escolar, en la escuelita Yo´on Ixim encontramos que la mayoría de los docentes valoran alto la lengua tsotsil y se encuentran inmersos en su aprendizaje, el cual, podría decirse, es la lengua que prevalece en las actividades escolares. Van más allá, pues una de las profesoras explora con paciencia el intrincado mundo de los sentimientos y las emociones de los y las migrantes tsotsiles, un trabajo de investigación hermenéutica que nació como un problema del aula, de la docencia con niños y niñas tsotsiles.

Podría continuar hablando de la educación prometeica, termotópica y hospitalaria del Corazón de Maíz, pero sería adelantarme un poco al diálogo comunitario que deseamos proponer en el conversatorio de mañana 26 de marzo del 2021 a partir de las nueve de la mañana, es un encuentro para pensar, junto a ellos, con la presencia de los protagonistas, en un mundo donde las infancias indígenas migrantes y trabajadoras, como los tsotsiles de Puebla, puedan alcanzar, lejos de tanta miseria, el ser que son y que les hemos negado secularmente.

Fuente: https://www.educacionfutura.org/tsotsiles-en-puebla-infancias-indigenas-migrantes-y-trabajadoras/

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Miles de inmigrantes podrán homologar su título universitario en seis meses para ejercer en España

El ministerio prepara un mecanismo de evaluación más operativo para terminar con las demoras de más de dos años. Habrá, además, un “plan de choque” para los 15.000 extranjeros que ya aguardan turno.

Homologar un título universitario en España es una odisea por la pesada burocracia. Las esperas suelen ir de los nueve meses ―para un título expedido en Europa― a más de dos años, y si la licenciatura o el grado es de Medicina, aún más tiempo si es un título extracomunitario. Ahora el Ministerio de Universidades prepara un decreto de procedimiento de homologación (para las profesiones reguladas) y de equivalencia de los títulos extranjeros que será aprobado próximamente en el Consejo de Ministros y que acorta los plazos hasta un máximo de seis meses porque agiliza la burocracia y exime en muchos casos de un informe complementario.

Las 15.000 tramitaciones en lista de espera ―aún hay 9.000 de 2019― se regirán por el decreto de 2014, pero el ministerio asegura que habrá “un plan de choque” para resolverlos de forma “inminente” digitalizando sus expedientes ―muchos están en papel― y contactando con los demandantes telemáticamente. Actualmente, el método es el correo certificado, que eterniza el procedimiento. El pasado año se aprobaron 9.000 homologaciones y se falló en contra de apenas 350, por lo que el ministerio cree que no tiene sentido ser tan puntilloso.

“Es de vital importancia para nuestro mercado laboral atraer el talento que necesitamos para recualificar nuestro país. No se puede pensar en hacerlo sin la inmigración de profesionales de alta cualificación”, ha afirmado el ministro de Universidades este miércoles en rueda de prensa. Manuel Castells estudió y dio clase en París y ha ejercido durante tres décadas en la Universidad de Berkeley (California), por lo que es muy sensible al asunto. “La espera es un drama humano que se hace insoportable. Muchos de los mejores abandonan y optan por países más acogedores en su burocracia aunque hayan optado por España”, ha añadido. El ministro confía en que haya un “efecto llamada” entre los inmigrantes muy cualificados porque lo considera “fundamental” para construir una sociedad del conocimiento al estilo de Silicon Valley. Un 25% de los ciudadanos extracomunitarios, según un estudio de la Universidad de Comillas, posee un título universitario.

Cuando el licenciado fuera de España presente la solicitud telemáticamente al Ministerio de Universidades, se generará un número de seguimiento, como el de los paquetes de correo urgente. Ya no se podrá solicitar presencialmente. En los siguientes 15 días ―según los planes del ministerio― se revisará la petición y se demandará la subsanación de errores (ocurre en la mayoría de los casos). El demandante contará con 15 días para corregirlos.

Una comisión de homologaciones ―formada por técnicos del ministerio y profesores universitarios, en total 12 personas― contará después con hasta dos meses para emitir un informe que habrán redactado expertos en la materia y el resultado se comunicará al interesado. Para las profesiones reguladas ―médico, veterinario, abogado o juez― se pedirá un informe al colegio correspondiente que deberá de concluirse en 10 días (ahora se demora meses).

Si la resolución es afirmativa, se expedirá el título en 10 días y, si es negativa, el afectado contará con 15 días para presentar alegaciones y el ministerio con otros 15 para contestarle. La novedad es que los títulos expedidos en Estados del Espacio Europeo de Educación Superior o en países con los que hay reconocimiento de los estudios no tendrán que someterse al veredicto de la comisión de homologaciones. En estos momentos hay equivalencias automáticas con determinadas universidades de prestigio en Argentina, Colombia y Chile y países como Ecuador están muy interesados en la reciprocidad.

Estarán eximidos también del informe los expedientes “cuando se corrobore que la mayoría de solicitudes ―100 como mínimo― de homologación o equivalencia de un determinado título universitario extranjero proveniente de la misma universidad de un determinado país, se ha saldado con la obtención de una resolución definitiva favorable”, se afirma en el decreto. “Así que el porcentaje de informes que se hagan va a ser mucho menor”, subrayó José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades.

La pandemia ha puesto de manifiesto la gravedad del problema. En los momentos más duros, las autonomías quisieron contratar a sanitarios muy experimentados en sus países de origen ―en su mayoría sudamericanos―, pero no podían ejercer por faltarles la homologación. El ministerio les facilitó entonces un permiso especial para ejercer durante un año. Universidades valida el título de Medicina y el Ministerio de Sanidad, por su parte, tiene que reconocer la especialidad. Castells ha tenido un recuerdo para los funcionarios que durante el confinamiento regularizaron a 4.100 sanitarios acudiendo al ministerio, semivacío, porque muchos de los expedientes estaban en papel. “No es posible que el sistema funcione a partir del heroísmo cotidiano de los funcionarios”, ha sostenido el ministro.

Este diario dio durante el confinamiento voz a sanitarios frustrados por no poder trabajar cuando más se necesitaba. Yasmine Chacón, que era radióloga en El Salvador, limpiaba casas en un pueblo de Valencia a falta de la equivalencia. El uruguayo Lucas Ferraz, que trató decenas de casos de malaria en el Congo como auxiliar de enfermería, hacía reformas al no tener los papeles.

CONVALIDACIÓN DE PERIODOS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

El decreto aborda también la convalidación de parte de los estudios de un ciudadano español ―quedan excluidos los trabajos de fin de máster o de grado― en una universidad extranjera. Serán los campus nacionales los encargados de la tramitación y contarán con un plazo de hasta dos meses. Regirán las normas de ese centro, pero en función de unas directrices generales del Consejo de Universidades ―conformado por representantes del ministerio y los campus―. Estas también serán responsables de la equivalencia del título de doctor.

Fuente: https://elpais.com/educacion/2021-03-24/miles-de-inmigrantes-podran-homologar-su-titulo-universitario-en-seis-meses-para-ejercer-en-espana.html

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