Centroamérica/Costa Rica/Octubre de 2016/Autor: Luis Manuel Madrigal/Fuente: El Mundo.cr
La alianza opositora que controla la Asamblea Legislativa fracasó en sus intentos de recortar el presupuesto para las universidades públicas para el año 2017.
En su lugar los rectores de las Universidades Públicas alcanzaron este miércoles un acuerdo sobre el financiamiento estatal, mediante el Fondo Especial para la Educación Especial (FEES), que fue presentado ante la oposición y los medios.
Esto tras dos días de encuentros entre los rectores y la oposición en el Congreso, y en cuyas reuniones se excluyó a las fracciones del Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio.
La partida del Fondo para las universidades públicas para el 2017, el cual alcanza 478.570 millones de colones, 38.000 millones más que lo que recibieron este año no será modificada.
A la cifra debe sumársele los 32.645 millones de colones que recibirá la Universidad Técnica Nacional (UTN), lo que elevará la inversión estatal en educación superior a 511.215 millones. A esta universidad debe girársele presupuesto mediante una transferencia, pues aún no ha sido incluida dentro del FEES.
El acuerdo se materializó en un documento de cinco puntos que fue suscrito por los rectores y en el que deja manifiesta su disposición para analizar la distribución que se hace del FEES a las diversas universidades.
Actualmente, la Universidad de Costa Rica recibe el 57,79% del total del FEES, seguida de la Universidad Nacional (UNA) con un 23,40%, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) un 11,3% y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) se beneficia del 7,51%.
Se espera entonces que según el acuerdo, para el año 2018 la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional cedan parte de su presupuesto con el fin de beneficiar al TEC, la UNED y la UTN.
Los diputados de la alianza opositora se manifestaron conformes.
Los rectores acordaron además apoyar a que la Universidad Técnica Nacional (UTN) pueda suscribir un contrato con el Banco Mundial, similar al que las universidades que se benefician del FEES recibieron por $200 millones.
Además, impulsarán en la Asamblea Legislativa una reforma para que la UTN sea incluida en las universidades exentas del pago del impuesto sobre la renta.
Finalmente, cada universidad deberá apersonarse a la Comisión del Control de Ingreso y Gasto Públicos del Congreso, para detallar los motivos por los cuales tenga superávit o déficit presupuestario.
La no modificación de la partida del FEES implica además que una vez más, el Presupuesto Nacional violará la orden constitucional de girar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública, ya que para el 2017 el Gobierno presupuestó una cifra inferior.
La Sala Constitucional en una sentencia reciente ordenó tanto a Casa Presidencial como a la Asamblea Legislativa no volver a cometer la omisión de girar el 8% del gasto público a la educación pública.
Es cierto que la ignorancia de Peña y Nuño sobre lo que les han ordenado, por medio del programa del neoliberalismo económico, es que su reforma hasta ahora para deshacerse de los maestros que no comulgan con esos fines políticos del capitalismo puesto en marcha desde 1947, cuando la fundación de la Sociedad Mont Pelerin y su punta de lanza con las oleadas de los “Chicago boys” de Milton Friedman–, trata de “educar” desde la niñez sólo para competir por la escasez de empleo utilizando las tecnologías de punta; no obstante que las escuelas mexicanas no tienen ni sanitarios, ni bebederos, ni electricidad, ni accesos para llegar donde están más de 4 millones de niños indígenas, que son atendidos por los profesores ahora combatidos por Nuño y Peña, con amenazas cumplidas de encarcelamientos, despidos y cancelación de sus pagos.
Además de supuestamente prepararlos para la “flexibilidad” y el outsourcing donde no hay seguridad social ni pensiones, para que los trabajadores de las empresas y bancos se peleen las vacantes con la zanahoria y el látigo diseñados por el FMI y BM, la OCDE y otros organismos internacionales adoradores del neoliberalismo económico. La reforma que ha estado aplicándose es una emboscada para quitar de en medio a los maestros que se han opuesto al autoritarismo de Elba Esther Gordillo-SNTE y de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón; y que están llevando a sus últimas consecuencias Peña-Nuño, los empresarios de “Mexicanos primero” y los “analistas que impulsan la privatización de la educación pública, gratuita y laica, con la bendición de José Ángel Gurría, los del ITAM y el Tecnológico de Monterrey, particularmente. Y los Gilberto Guevara que transitaron del comunismo al capitalismo de los Friedrich A. Hayek a Milton Ftiedman y los Pinochet, cuya reforma educativa está siendo combatida en Chile por los estudiantes contra la exsocialista Bachelet.
Para rastrear ese programa educativo hay varios textos disponibles: Varios autores, Conferencia de Mont Pelerin; Centro de Estudios Públicos, Christian Laval, La escuela no es una empresa, Paidós; B de Sousa Santos, Globalización y educación, Miño y Dávila, editores; M Carnoy, Globalización y reforma educativa; Esco J Varea, Las Reformas educativas, editorial debate. Y, sobre todo, los ensayos de Pilar Carrera y Eduardo Luque: Nos quieren más tontos: La escuela según la economía neoliberal. Editorial El viejo topo. Y con esta información ubicar a Peña y Nuño, quienes están dispuestos a “recurrir al uso de la fuerza” (El Universal, 16 de agosto de 2016), para imponer esa reforma; como lo dijo el inquilino de Los Pinos ante su locutor López Dóriga, al que fue a despedir y agradecer su apoyo, para que con Televisa, Monex y la complicidad de Calderón, hacerse del cargo presidencial.
Solamente que Peña guarda silencio sobre por qué, con Nuño y Juan Díaz de la Torre-SNTE, la citada reforma “no se cancela y menos habremos de claudicar a la implementación de la misma”. Y Peña, después de Nochixtlán, aseguró que “el gobierno de la República no tendrá reparo alguno, no tendrá reserva alguna en recurrir al uso de la fuerza pública para poner orden y, sobre todo, para hacer valer el Estado de Derecho”. Ésta no es una advertencia. Es una amenaza que Peña cumplirá para matar y encarcelar a los profesores de la CNTE, corriendo el riesgo de encender la mecha del descontento social.
No se trata de enseñar a pensar, sino a repetir. “El empleo flexible y aprendizaje (en automático digitalizado) son dos nociones complementarias e imprescindibles para el capitalismo de nuevo cuño (el neoliberalismo económico). Este nuevo modelo (como lo está planteando Nuño) presupone que los individuos se tomen su formación en serio bajo la amenaza del mercado. Atreverse a pensar, discutir y disentir no va con ese neoliberalismo antidemocrático… “modelo educativo neoliberal (que) se caracteriza por su adaptación a un sistema socioeconómico en mutación constante, más que por una teoría psicopedagógica fundamentada en el ser humano”. Se trata de “el uso y abuso de los test de rendimiento y proliferación de evaluaciones… que no son para el incremento de la calidad educativa… y que el nuevo modelo requiere como una de las condiciones básicas, que el Estado deje de entender la educación como un servicio público”.
Se trata, pues, de ir poniendo las condiciones para la privatización de la educación, por órdenes del FMI y del Banco Mundial con sus anexos internacionales. Poner a los niños para el aprendizaje del neoliberalismo económico es el objetivo de Nuño-Peña. Lo grave es que autoritariamente oculte esa finalidad y con el apoyo de los Claudio X. González estén engañando, escudándose en los niños a los que quieren llevar al sometimiento por la vía de educar para repetir lo que diga –sin crítica– la digitalización. “La privatización, la evaluación, son herramientas que apuntan en esa dirección… y un ataque al Estado de Bienestar y el mercado como método normalizador de la educación, dictando a las instituciones de enseñanza (de primaria), tanto los contenidos como las formas de aprendizaje, que permitan a sus poseedores la flexibilidad y la adaptación que el mercado del trabajo, ya ahora mismo, pero más en el futuro inmediato, exigen”.
Asia/India/Octubre de 2016/Autora: Nisha Thapliyal/Fuente: Green Left.org
RESUMEN: El AllIndia Foro por el Derecho a la Educación (AIFRTE) acaba de lanzar un documental sobre su lucha contra la privatización de la educación en la India. La película, pelearemos, ganaremos ofrece una rara visión de las voces de base para la educación pública en la India. Fue filmada en gran parte durante una marcha nacional 2014, cuando activistas AIFRTE de toda la India emprendieron un viaje por carretera a la ciudad central india de Bhopal, en el estado de Madhya Pradesh. Durante el viaje de un mes, activistas detenidos en las ciudades y pueblos para celebrar reuniones públicas y eventos de educación popular para crear conciencia sobre el asalto neoliberal en la educación pública. La marcha culminó con una reunión de tres días en Bhopal con actuaciones culturales de Jan geet (canciones populares), y el teatro popular y discursos de intelectuales y activistas públicos respetados.
The All India Forum for the Right to Education (AIFRTE) has just released a documentary about its struggle against the privatisation of education in India. The film, We Shall Fight, We Shall Win provides a rare glimpse into grassroots voices for public education in India.
It was largely filmed during a 2014 national march when AIFRTE activists from all over India undertook a road trip to the central Indian city of Bhopal in the state of Madhya Pradesh. During the month-long journey, activists stopped in towns and villages to hold public meetings and popular education events to raise awareness about the neoliberal assault on public education. The march culminated with a three-day meeting in Bhopal featuring cultural performances of jan geet (people’s songs), and popular theatre and speeches by respected public intellectuals and activists.
The 54 minute-long documentary is available in English and Hindi and can be watched and shared online via the AIFRTE Campaign YouTube channel. This article provides a brief historical overview of AIFRTE and discusses key messages in the film. Readers are encouraged to view the film and share their feedback with AIFRTE through the YouTube page or via email to aifrte.secretariat@gmail.com.
AIFRTE was officially founded in 2009 at a key moment in the history of Indian education — the passage of the 2009 Right to Free and Compulsory Education Act. Despite its name, the Act has primarily functioned to weaken a historically underfunded and unequal public education system.
Six years on, the unfunded legislation remains virtually unimplemented. The closure of government primary schools continues apace — most recently in the wealthy state of Andhra Pradesh — as do efforts to undermine the status of government school teachers. Instead of increased accountability, the Act has absolved the government of all responsibility for its resounding failure to provide universal and equitable education for all Indian children.
It is in these conditions that India has become destination #1 for venture capitalists and philanthro-capitalists who seek to profit from education in countries with struggling public education systems.
In India, these currently include vulture capitalist-funded actors such as Omega Schools and Bridge International Academies (funded by Pearson Affordable Learning Funds), and the Indian School Finance Company (funded by Grey Ghost Ventures).
These for-profit providers offer “low-cost” English-language private education to families who believe that learning English will secure the futures of their children. In reality, these for-profit schools have only added another tier to a multi-tiered education system which ensures that poor, low-caste, Adivasi and Muslim children, mainly girls, continue to be denied equitable and culturally responsive education.
The failed promises of the “low cost” private school movement have been amply documented by education researchers.
Since its inception, AIFRTE has worked to develop a national coalition which can sustain local and national resistance to education privatization. It now includes 45 member organisations and social movements located in 20 out of 29 states in the country.
Members include community groups, not-for-profit non-governmental organisations, university student and teacher unions and social movements as well as individual educators, public intellectuals, parents, students and concerned citizens. The goals of this coalition are captured in one of their favoured slogans “Education is not for sale, it is a people’s right”.
From November 2 to December 4, 2014, 2000 activists from all four corners of India travelled by road to Bhopal — the site of the world’s worst industrial disaster — the deadly Union Carbide gas leak in 1984.
The Struggle for Education March sought to raise awareness about key challenges facing the Indian public education system, including:
the ongoing commercialisation and privatisation of public education through Foreign Direct Investment, so-called Public-Private Partnerships and the move to treat higher education as a tradeable commodity under the World Trade Organization-GATS framework; and
the destruction of a secular education system through policies and practices that institutionalised prejudice and discrimination based on caste, religion, gender, disability, language, and other forms of socio-cultural difference.
As an alternative to privatisation, the campaign put forward a vision of a fully-free and state-funded common education system based on Constitutional values of democracy, egalitarianism, socialism and secularism.
It also called for the medium of instruction in schools to reflect the diversity of languages that constitute Indian society and for Indian languages to be given primacy in all sectors of national life.
The march was also held in solidarity with two other ongoing people’s struggles: the three decades-long struggle for justice and compensation for the people of Bhopal, and north-eastern movements to repeal the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) that gives security forces unrestrained powers for search, arrest and the use of deadly force against persons suspected of acting against the Indian state.
The documentary provides a “people’s history” of Indian education — a history that is rarely told in mainstream education discourse. Viewers can expect to learn about popular struggles for the right to education which have their roots in colonial and pre-colonial education and social reform movements around issues of caste, patriarchy, communalism and class inequality.
The documentary also recounts the evolution of post-independence education policy. It highlights the influence of the World Bank in the systematic dismantling of public education, which began in the 1980s.
It includes a range of voices that reflect the linguistic and cultural diversity of India including rarely represented voices from Adivasi (indigenous) and Dalit communities as well as from the militarised regions of Kashmir and central and north-eastern India. These voices testify to the exponential growth in educational inequality from the diverse perspectives of students, parents, activists and public intellectuals.
What makes this film unique is that many of these voices draw on rich regional cultural traditions of music, theatre and art to express themselves and raise public awareness.
The film makes several specific critiques of the Indian education system. First and foremost, that it is an unequal and segregated education system where privileged (upper- and middle-class and caste) children receive more and higher-quality educational opportunities because of the purchasing power and social status of their families.
The second critique addresses the dominant “human capital” orientation in Indian education — public and private — which is focused exclusively on producing students who will be productive and obedient workers for the capitalist economy.
Activists argue that curriculum and pedagogy fail to inculcate social awareness and responsibility and the traits are necessary for full and direct citizen participation.
The film challenges dominant perceptions among policy-makers, media and the public that “private is always better than public”. This perception takes the form of a widespread belief that children who attend English-medium private schools can be assured of securing well-paying and respectable jobs.
The reality is that after almost a decade of “private schools for the poor” — or so-called low-cost private schools — the evidence shows that these children are in no way able to compete with graduates of elite or high-fee private schools. Furthermore, even English-speaking university graduates remain unemployed or under-employed in overwhelmingly large numbers.
Last but not least, the film links the problem of unequal and segregated education in a society deeply stratified by class, caste, gender, religion, and class. The scope of injustice is reflected in the lack of access to high-quality universal health care, widespread poverty, state-condoned violence against Dalits and religious minorities, the displacement of Adivasi people from their traditional lands and consequently, the destruction of their cultures and way of life.
In sum, the film argues that struggles for public education are intrinsically connected to other struggles for economic, social and cultural justice.
África/Sudáfrica/Octubre de 2016/Autora: Lynsey Chutel/Fuente: Quartz Africa
RESUMEN: Durante semanas, el aprendizaje ha dado paso a Mayhem en los campus universitarios de Sudáfrica. Los enfrentamientos entre los estudiantes que protestan por la educación gratuita y la policía han vuelto cada vez más intensa, marcada en los últimos días por las detenciones, destrucción de la propiedad, y el descubrimiento de bombas de gasolina sin detonar en terrenos de la universidad. Las protestas comenzaron el año pasado después de que el gobierno anunció un aumento de las tasas obligatorias en las universidades. Bajo la bandera #FeesMustFall, manifestaciones fueron relativamente pacífica, y los estudiantes fueron aplacados después de haberse aumentado la tarifa propuesta se abandonó. Por eso, cuando el gobierno volvió a anunciar los aumentos de tasas este mes de septiembre (aunque limitada a 8%), se enfurecieron estudiantes. Las manifestaciones comenzaron a tener lugar casi todos los días en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo. La agitación se extendió a otros campus, en algunos casos se muestra violento, y un número de escuelas cerradas para evitar más enfrentamientos. Escenas de la policía antidisturbios que se alinean contra los estudiantes que arrojaban piedras han dominado las noticias.
For weeks, learning has given way to mayhem on South Africa’s university campuses. Clashes between students protesting for free education and police have become increasingly intense, marked in recent days by arrests, destruction of property, and the discovery of undetonated petrol bombs on university grounds.
The protests began last year after the government announced a mandatory fee increase at universities. Under the banner #FeesMustFall, demonstrations were relatively peaceful, and students were placated after the proposed fee increase was dropped. So when the government again announced fee increases this September (albeit capped at 8%), students were enraged. Demonstrations began to take place almost daily at the University of the Witwatersrand in Johannesburg. The unrest spread to other campuses, in some cases becoming violent, and a number of schools closed to avoid further confrontations. Scenes of riot police lining up against stone-throwing students have dominated the news.
In response to the protests, president Jacob Zuma established a task team of eight cabinet ministers, including police, intelligence, defense, and state security. But the task force left out the finance minister and treasury for reasons that are unclear. A government-appointed commission tasked with reviewing tuition at public universities continues with public hearings, isolated from the chaos surrounding universities.
On Wednesday (Oct. 12), students arrested in Johannesburg on charges ranging from public violence to assault, appeared in court under heavy guard before being released on bail. On the same day in Pretoria, police fired rubber bullets as a student march through the city center turned violent.
At the Cape Peninsula University of Technology, protesters set fire to the university’s main entrance, the information center and security vehicles. The university opened a case of attempted murder after two security guards were locked inside a burning building. Nineteen other students from the Cape Peninsula University were also arrested.
At the University of KwaZulu-Natal’s Durban campus, students clashed with police, while in Pietermaritzburg students were arrested for setting fire to a building. At the Vaal University of Technology, south of Johannesburg, students allegedly threw a petrol bomb at police. The University of Cape Town and Nelson Mandela Metropolitan University in Port Elizabeth remain closed.
Higher education minister Blade Nzimande and other political leaders from the ruling African National Congress have accused the student movement of becoming politicized, in light of opposition party support for the cause. “This is no longer about fees anymore. This is about trying to cause discontent. It’s about regime change, to be quite honest,” Nzimande told news station eNCA.
Student leaders have come under increasing fire for the violent nature of the protests in some places, and their resolute demands that all fees be waived, and that campuses remain closed until an agreement is reached. Female and LGBTQI students have also accused the movement of reneging on their commitment to inclusivity in the demonstrations.
Talks between the government, university management and student leaders have yet to yield a solution, with neither side willing or able to meet the other’s demands. After nearly a month, an impasse does not appear likely to end soon, with protests only likely to become even more intense.
A estas alturas, no caben dos opiniones: el proyecto de reforma a la educación superior presentado por el gobierno no es idóneo para alcanzar los objetivos que él mismo se plantea y deberá ser objeto de cambios sustantivos para permitir su aprobación en el Congreso. Las causas son varias: error o falta de diagnóstico de los problemas que se quiere resolver; mala técnica legislativa; escaso liderazgo y capacidad de diálogo del Ministerio de Educación; un inadecuado diseño institucional y falta de coherencia entre los medios y los fines que se quiere perseguir.
Lo anterior es extraño, dado que el actual gobierno se tomó dos años y medio para elaborar el proyecto y sus objetivos -formulados de modo general- son ampliamente compartidos en nuestra comunidad política. En efecto, el proyecto pretende: 1. “Consolidar un sistema de educación superior”; 2. “Dar garantías de calidad y resguardo de la fe pública”; 3. “Promover la equidad e inclusión”; 4. “Fortalecer la educación superior estatal”, y 5. “Fortalecer la Formación Técnico (y) profesional”.
Pero incluso el expresidente Lagos vaticina que la ley deberá ser concluida por el próximo Gobierno (que él, de paso, espera encabezar). El proyecto no consolida un sistema de educación superior (un conjunto articulado de instituciones que persiguen propósitos comunes), ni establece incentivos o mecanismos para la mejora de la calidad, ni asegura que los estudiantes más necesitados puedan acceder en mayor proporción a las IES acreditadas, ni tiende a fortalecer la educación pública (ni siquiera la estatal, que es la única a la que se refiere) o la formación técnica.
En lo que se refiere a la gratuidad, el proyecto fue calificado por el Rector Carlos Peña como el estreno de un nuevo tipo de ley: las “leyes contrafácticas”, que consisten en conceder algo (el derecho universal a la educación gratuita), bajo la condición de una realidad actualmente inexistente e improbable (cuando nuestro PIB sea equivalente al de Japón). Es muy difícil que todo esto pueda ser corregido –como anunció la ministra Delpiano- dentro del mes en curso (pero no sería la primera vez, en esta reforma, que los plazos no se cumplen).
Pero desde el Ministerio se insiste en que elaboran una indicación sustitutiva, que corregirá “sustantivamente” los defectos, descartando la división del proyecto para avanzar por capítulos, partiendo por aquellas materias que generan mayor consenso, como podrían ser ordenar la acreditación obligatoria y dar mayor transparencia al sistema de aseguramiento de la calidad; o asegurar la prohibición efectiva del lucro (en las universidades) y establecer una mayor regulación (vía superintendencia) con resguardo de la autonomía. El Ministerio niega lo que en realidad hace, y esta táctica es tanto más riesgosa para la institucionalidad del sector en cuanto puede resultar muy efectiva para el cumplimiento (parcial) de las “promesas” del programa.
Mientras todos los actores siguen discutiendo las falencias e inconsistencias del proyecto de ley, y proponiendo mejoras, el proyecto de ley de presupuesto del sector público sanciona el avance a la gratuidad, incluyendo ahora a (algunos) IP y CFT que no tienen o están en condiciones de transformarse en instituciones sin fines de lucro. La glosa respectiva repite, casi textualmente, los requisitos que el Tribunal Constitucional estimó contrarios a la Constitución (STC 2935-2015), a saber: Estar organizados como personas jurídicas sin fines de lucro y contar con acreditación institucional vigente, de acuerdo a la ley N° 20.129, por 4 años o más. Seguramente, el Gobierno confía en la aprobación previa de la llamada “ley corta” que permitirá la transformación de IP y CFT a entidades sin fines de lucro, ley que también podríamos calificar de “evangélica”, ya que –como advirtió Raúl Figueroa- les pide (a los dueños de los IP y CFT) que demuestren su vocación educacional abandonando su patrimonio, esto es, un “deja todo y sígueme”. Esto quiere decir que el próximo año podría haber un 25% de estudiantes del sistema con gratuidad y un conjunto de IP y CFT que acepten las condiciones de la gratuidad y se transformen en entidades sin fines de lucro. A eso se sumará la apertura de oferta en 2 nuevas universidades y 5 CFT estatales en regiones. Todo ello estaría sin duda cambiando la fisonomía del sistema.
El problema es que –otra vez la “negación”- esta fue, precisamente, la manera de hacer política pública en los gobiernos precedentes, ante la imposibilidad de vencer las “trampas” institucionales (el alto quórum de reforma de la LOCE) o de articular una agenda y un diseño global coherente para el sector. Y las reformas parciales, comandadas por el Ministerio de Hacienda vía ley de presupuesto, han generado tantas distorsiones como beneficios y no han logrado torcer la trayectoria del “modelo” privatista sino que la han terminado profundizando. Y eso es lo que ha venido ocurriendo con la gratuidad vía glosa. Las instituciones que más aumentaron su matrícula en 2016 fueron universidades privadas; no las estatales ni las entidades formadoras de técnicos. Justo cuando la matrícula y el número de titulados CFT e IP, había logrado superar los indicadores de las universidades. Al revés del objetivo que (se dice) se quiere perseguir.
De seguir avanzando la gratuidad vía glosa y la reforma bajo lógica financiera, el Gobierno de seguro podrá hacer cuentas alegres al final de su período, pero –desde la perspectiva de la consolidación de un sistema nacional de educación superior- no habrá, en verdad, muchos motivos para celebrar.
A las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa
Una vez escuché a una colega decir que las universidades no podemos ser el reflejo de los vicios de la sociedad y de los políticos. Debemos ser, en cambio, un ejemplo de honestidad, apertura, conducta ética y actitud crítica. Cuando una Institución de Educación Superior (IES) empieza a reproducir las malas prácticas que en México condenamos a diario (dedazo, opacidad, conflicto de intereses, abuso de poder, nepotismo, irresponsabilidad, clientelismo), podemos decir que algo en el fondo empezó a descomponerse.
El pasado 6 de septiembre Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), estuvo en el noticiero de Carlos Loret de Mola y ante la pregunta de los reporteros sobre si había irregularidades en las cuentas de la Universidad Autónoma de Morelos (Uamor), contestó que sí y que tal información era pública. ¿Qué encontraron? Según Portal, hallaron contratos que se asignaron para hacer entrega de bienes o servicios cuando la universidad “está para educar, está para investigar; no para ser un comprador intermediario”.
Pero ahí no paró la cosa. De acuerdo con el auditor, de los recursos que se contrataron, esta universidad se quedó con un porcentaje para subcontratar otros servicios y así sucesivamente, pero lo más grave es que, al realizar la auditoría, no se encontraron tales servicios. Es decir, ni recursos ni servicios. En ésta y otro tipo de irregularidades han caído varias universidades públicas, no es sólo la Uamor.
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, asegura que “[d]urante 4 años consecutivos la ASF ha observado contratos y adquisiciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal adjudican para la prestación de servicios sin realizar licitación pública, al amparo del artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual ha sido informado en revisiones anteriores independientemente de que se ha solicitado se transparenten y acoten este tipo de operaciones, para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que en colaboración con servidores públicos desvían el recurso público”.
Pese a que la ASF ha hecho un llamado para transparentar y moderar la contratación directa de servicios, algunos universitarios parecen hacer caso omiso. Utilizar de manera discrecional y opaca los recursos públicos para beneficio de un actor privado es un acto que no se espera de una institución que debería ser la consciencia crítica de la nación. En el caso de la Uamor, se detectó que se transfirieron recursos a una empresa “ajena a los servicios solicitados”, es decir, aparte de la opacidad, contrataron a un proveedor sin perfil idóneo. Esto abre la puerta a suspicacias de toda índole.
¿A quién echarle la culpa de este mal comportamiento institucional? ¿Al “neoliberalismo”, cualquier cosa que eso signifique? ¿A la ignorancia, cuando muchas universidades mantienen buenas facultades y escuelas de contaduría y administración? ¿A la Secretaría de Educación Pública (SEP) o al sindicato que peor nos cae? ¿A la lacerante pobreza? ¿A los malquerientes del rector? No hay excusa, el problema es interior (inner) de los propios agentes universitarios.
Cuando uno lee estas historias de actos ilícitos, se pregunta al menos dos cosas. Uno, ¿por qué a pesar de los esquemas de evaluación, certificación y acreditación de la “calidad” que las IES han promovido desde hace más de 20 años, no se ha logrado que los universitarios pensemos y actuemos distinto al cínico y al indecente? Dirán algunos que para eso no sirve la evaluación institucional, ¿entonces para qué?
Segundo, pese al excesivo control administrativo y burocrático que se ejerce dentro de nuestras IES, siguen existiendo actores que tiene manda ancha para actuar discrecionalmente y a su favor. ¿Mientras que “abajo se aprieta, arriba se gana”? Esta conducta quiebra cualquier esquema de confianza y por tanto, de cooperación entre universitarios.
Así como muchos universitarios criticamos la posición de la Panamericana ante el plagio que cometió Enrique Peña Nieto siendo estudiante, no debemos callar ante la opacidad, impunidad y discrecionalidad de algunas IES públicas de México. La sociedad aún confía en la universidad, pero nada es para siempre.
Oceanía/Nueva Zelanda/Octubre de 2016/Fuente: Scoop Independent News
RESUMEN: El discurso titulado, «India y Nueva Zelanda relación internacional de la educación – el crecimiento, oportunidades y desafíos», se habló sobre la reciente crisis que la industria se enfrenta a la educación, en relación con las deportaciones de estudiantes de la India y es secuela de la industria. Charles dijo que este problema, no sólo se limita a la India y otros países también se han enfrentado a problemas similares. «Creo que es importante reconocer en esta etapa también que Nueva Zelanda no está sola ante los problemas de fraude en la visa de estudiante y el comportamiento del agente deshonesto. Los Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países de todo frente a los mismos desafíos «. «Las tasas de disminución de visado de la India son evidencia de un esfuerzo significativo por Inmigración de Nueva Zelanda para gestionar los estudiantes y los agentes que presenten información falsa y engañosa en las solicitudes de visado. Inmigración de Nueva Zelanda está haciendo mucho trabajo para educar a los proveedores acerca de la selección de los estudiantes, y la necesidad de gestionar sus redes de agentes «.
Education NZ to focus on ‘high-quality’ students, to maintain high standards across New Zealand’s international education industry.
“All of us have a collective responsibility to ensure the experience of our international students is a positive one and results in positive outcomes for them and ultimately for our businesses and New Zealand society and economy. We welcome international students who come here with genuine intent and means. But New Zealand, like any sovereign country, will take steps to protect our borders and deal decisively with fraudulent or unlawful behaviour when we see it.”
This was one of the main sentiments arising out of the address of Education NZ Chair, Charles Finny, when he addressed the members of the India New Zealand Business Council on Wednesday 5 October. The event was hosted by Auckland Institute of Studies.
The speech titled, «India-New Zealand international education relationship – growth, opportunities and challenges», spoke about the recent crisis that the education industry is facing, with regard to the Indian student deportations and it’s aftermath in the industry.
Charles said that this problem, is not only confined to India and other countries have also faced similar issues. “I think it’s important to acknowledge at this stage too that New Zealand is not alone in facing issues of student visa fraud and dishonest agent behaviour. The United States, Canada, Australia and other countries all face the same challenges.”
“The visa decline rates from India are evidence of a significant effort by Immigration NZ to manage students and agents who submit false and misleading information in visa applications. Immigration New Zealand is doing a lot of work to educate providers about student selection, and the need to manage their agent networks.”
According to Mr. Finny, The New Zealand government agencies earlier are working closely together on these issues, to ensure all international students are treated fairly and are well cared for – that they feel welcome, are safe and well, enjoy a high-quality education and are valued for their contribution to New Zealand. This joint-agency work on international student wellbeing has focused in recent months on Auckland where the majority of international students are located. It has involved a wide range of community meetings and student focus groups to ensure student needs and concerns are being heard and addressed.
He said, “We must maintain high standards across our international education industry. Equally, we are determined not to let the actions of a small number of individuals damage the reputation of an entire community, nor devalue the contribution that students from India and elsewhere, and our education providers, make to New Zealand.”
Highlighting that the situation is not that grim, he said, “Most providers are doing a very good job for their students. Satisfaction rates among students surveyed by the International Student Barometer in 2014 and 2015 ranged from 88% to 94% as being satisfied or very satisfied with their overall experience at their New Zealand institution.”
Charles laid emphasis that the education providers must ensure that they work with high quality agents and there have been a number of directives and guidelines to work on that. He also emphasised that the govt. agencies will work more strongly to ensure the compliance is met with.
“Tough sanctions are now available to deal with providers who fail to manage their agents, including the removal of the right to enrol international students. Enforcing the Code is the responsibility of NZQA who are working closely with Immigration New Zealand to ensure providers proactively comply with the Code.”
INZBC took the initiative to invite the chair of Education NZ, to interact directly with the PTEs and university education providers, most of whom are the members of INZBC.
Mr. Finny applauded INZBC for taking this initiative. He commented, “INZBC has a crucial role to play in helping to bridge the gap that may exist through differing cultural contexts, where, for example, some international students aren’t aware that their rights in New Zealand are protected. I’d like to applaud the contribution of INZBC members who acknowledge the opportunities that a New Zealand education can offer Indian students in terms of skills and knowledge transfer.”
The education providers had a lengthy Q&A with Charles where they debated some of the ways in which the government is working out the solutions.
The most PTEs said that they are being pressurised and held accountable for the applications, for which they have no control. Most applications and their information is being held between the student, the agent and immigration NZ. So their argument being that if the PTE’s are not privy to those conversations, then how can the government hold them accountable.
Charles noted the suggestions and promised that he would take the industry concerns to the right people.
Mr. Wenceslaus Anthony, head of government relations, INZBC also informed the members of a list of answers that have come from Immigration NZ on the recent visa issue.
While immigration New Zealand maintains that the onus of providing the right information is on the students themselves, they did highlight that India is an important market for the country.
Quoted from one of the answers: “The Indian market is an extremely important one to New Zealand with more than 20,000 Indian nationals approved student visas in the last financial year – second only to China. The Indian market is an extremely important one to New Zealand and Indian students make a valuable and valued contribution to our economy, our communities and our diverse student body. All interested parties need to work together to ensure that only genuine students who can comfortably afford international study apply to come to New Zealand.”
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