El plan fue construido en línea con las recomendaciones de la OCDE y el Banco Mundial. Busca evitar sobreendeudamiento.
Con énfasis en estudiantes y mujeres como grupos prioritarios, este miércoles el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, entregó a la Presidenta Michelle Bachelet, la Estrategia Nacional de Educación Financiera, elaborada por la comisión asesora para la inclusión financiera.
Setenta y seis acciones componen la iniciativa, que apunta a movilizar y comprometer a actores públicos, privados y de la sociedad civil para la promoción de una mejor comprensión de los conceptos, productos financieros y previsionales
Así, para la «población en general» habrá 37 medidas que se implementarán entre 2017 y 2019. Con foco en los «estudiantes» se dispusieron otras 26 acciones; y referida a «mujeres» se estructurarán 13 disposiciones.
«Esto es un tema importante para nuestras familias, considerando la información entregada por el Banco Central, señalando que la deuda de los hogares chilenos alcanzó un máximo histórico al llegar al 69,8% de los ingresos del hogar, cifra que es necesario abordar, especialmente en aquellos casos donde el exceso de deuda se vuelve una carga inabordable», señaló la Presidenta Bachelet.
Consultado sobre la incidencia de las deudas, el ministro Eyzaguirre dijo que el nivel «ya supera el 60% del ingreso de las personas, que si usted lo compara con países más desarrollados no es todavía alarmantemente alto, y además se ha visto muy influido por el crecimiento del crédito hipotecario para comprar casas, que es un crédito sano porque hay una garantía detrás y con tasas relativamente convenientes».
«La carga financiera, los intereses que están pagando las personas mes a mes no ha venido subiendo, no obstante que ha subido la cantidad de deuda. Todavía estamos en un margen razonable, pero ahora que la economía va a empezar a crecer más rápido, va a haber obviamente por parte de las personas un interés por tomar más endeudamiento y por eso tienen que fortalecerse para tomar buenas decisiones y para eso es la educación financiera», agregó.
La Estrategia Nacional de Educación Financiera fue construida en línea con las recomendaciones de la OCDE, el Banco Mundial y el compromiso de Chile ante el G20.
Perú / www.laquintaletra.lamula.pe / 10 de Enero de 2018
O de cómo la mercancía política canjeada por el indulto parece tener más valor que las metas presidenciales establecidas para el Bicentenario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo supranacional, fundado en 1960 sobre la base de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE). Esta última institución se fundó en 1948, en el marco del Plan Marshall, que buscaba reconstruir Europa tras la II Guerra Mundial. Actualmente, la OCDE cuenta con 35 países miembros, entre los que se encuentran México y Chile como solitarios representantes de América Latina. En el 2017, el presupuesto total de la OCDE- que resulta del aporte de los Estados, según el tamaño de su economía- fue de 374 millones de Euros. El 20% del presupuesto fue producto del aporte de Estados Unidos, mientras que México aportó 2.4% y Chile 1.4%.
Pese al crecimiento económico de la última década, Perú no forma parte de la OCDE. De hecho, fue el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) quien trajo la mesa la posibilidad de que el país integre dicho espacio. En su Mensaje a la Nación del 28 de julio de 2016, durante su toma de posesión, PPK mencionó lo siguiente como una de sus metas al 2021:
“Para el año 2021 (…) año del Bicentenario, el Perú será miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Nuestro Plan de Gobierno coincide totalmente con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda de las Naciones Unidas para el año 2030”.
La OCDE desarrolla distintos temas de trabajo y lineamientos para sus Estados miembros. El rango de temas es amplio, y va desde las finanzas, la industria, la competencia y la economía; hasta temas de corrupción y soborno, medio ambiente, educación, gobernanza local y políticas sociales de bienestar. En cuanto al problema de la corrupción, la OCDE ha establecido que la forma tradicional de combatir la corrupción, a través de la creación de más normas y la búsqueda por el cumplimiento de las mismas, resulta insuficiente. En ese sentido, se propone aplicar el enfoque de la “integridad pública”, la misma que definen como el “posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre el privado” (OCDE 2017).
Si revisamos la página web de la OCDE, podemos ver que los países con pretensión de ser parte del organismo, deben iniciar “Accession talks” o Conversaciones de Adhesión. ¿Cuáles son los criterios de adhesión? Éstos se encuentran establecidos en el “Marco Para la Consideración Posibles Miembros“ publicado en 2017. Si bien el grueso de los criterios para la consideración de nuevos miembros están relacionados a indicadores económicos, la OCDE también considera explícitamente “el compromiso del país con los valores y obligaciones de la OCDE” dentro de la evaluación para el acceso. De hecho, la visión actual de la OCDE, establecida en el marco de su 50 aniversario, prioriza el respeto al Estado de Derecho y los Derechos Humanos:
“Los Miembros de la OCDE forman una comunidad de naciones, comprometidas con los valores de la democracia basada en el Estado de Derecho, los Derechos Humanos, y el compromiso con principios económicos de un mercado abierto y transparente”.
El indulto concedido por el Presidente de la República al ex-dictador y sentenciado por graves violaciones a los Derechos Humanos, Alberto Kenya Fujimori, ha generado expresiones de preocupación y de rechazo de parte de diversos organismos y actores del sistema internacional vinculados a la protección de los Derechos Humanos, incluidos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luis Almagro (Secretario General de la OEA), Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Agnes Callamard y Pablo de Greiff (especialistas en Derechos Humanos de Naciones Unidas), WOLA, la Fundación para el Debido Proceso, entre muchos otros especialistas y medios de comunicación.
Los esfuerzos llevados a cabo por Perú para la incorporación a la OCDE incluyen el trabajo de por lo menos un par de decenas de funcionarios nacionales (Cancillería, Congreso de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia del Consejo de Ministros, entre otros), además de esfuerzos llevados a cabo por organismos como la propia OCDE y el Banco Mundial. Estos esfuerzos, incluyen costosos viajes de delegaciones de funcionarios a Europa, en misiones para iniciar el proceso de adhesión del país. Recordemos también que una de las bajas sufridas por el gobierno tras transar el indulto fue la renuncia de Enrique Felices Saavedra, ex Representante Presidencial ante la OCDE.
Si la necesidad de respetar los procedimientos y el Estado de Derecho (a los que se apeló tantas veces desde el Gobierno para frenar la vacancia presidencial) ha sido atropellada mediante el otorgamiento de un indulto absolutamente irregular en las formas y en el fondo; cuando menos debería considerarse las puertas que pueden cerrarse para el Perú en el escenario internacional. Lamentablemente, parece ser que la mercancía política canjeada por el indulto tiene mayor valor que las leyes nacionales, la palabra presidencial y los compromisos de gobierno.
España / www.eleconomista.es / 10 de Enero de 2018
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó este lunes la «independencia» y la «alta calidad» de los análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y señaló la necesidad de mejorar su financiación y facilitar su acceso a la información.
Así lo señaló la organización internacional en su ‘Estudio de Evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)’, en el que valoran la actividad de este organismo nacido en 2013 con el objetivo de supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas.
La evaluación de la OCDE, llevada a cabo por miembros de su departamento de Presupuesto y Gasto Público y por expertos de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) de los Estados Unidos y el Central Planning Bureau (CPB) holandés, destaca la «fuerte reputación» de la Airef entre las instituciones homólogas de la Unión Europea (UE), la propia OCDE «y a nivel global» así como su liderazgo en «los esfuerzos de las instituciones fiscales independientes (IFI) para fortalecer el marco fiscal de la UE».
«El trabajo de la Airef ha contribuido a una mejor gestión fiscal en España a lo largo del ciclo presupuestario. En particular, la Airef ha ayudado a mejorar las metodologías de previsión económicas, el seguimiento de la ejecución presupuestaria y la identificación temprana de incumplimiento de las reglas fiscales», señala el informe. Además, también subraya «las contribuciones que la Airef ha hecho para promover una nueva cultura de transparencia en España».
RETOS
Por otro lado, el informe enumera varios retos a los que la autoridad fiscal debe enfrentarse. Entre ellos, destaca las dificultades a las que el organismo supervisor debe hacer frente para acceder a la información recomienda que Airef y Gobierno elaboren un memorando «para un acceso a la información más colaborativo y predecible». En este sentido la OCDE valora positivamente que el Ministerio de Hacienda y Función Pública se encuentre en proceso de revisión y enmienda de las regulaciones que limitan el acceso de la Airef a la información.
En segundo lugar, la organización internacional también señala que la Airef debe «equilibrar sus objetivos y las solicitudes de nuevos trabajos teniendo en cuenta sus restricciones presupuestarias y de personal» y le recomienda evitar asumir nuevas tareas a menos que se le den los recursos adecuados para emprenderlas con personal interno. Así, el informe destaca que el proceso de elaboración del presupuesto de la AIReF plantea «algunas limitaciones a la independencia de la AIReF» que podrían resolverse «mediante un compromiso de financiación plurianual».
Por último, la evaluación menciona que sólo aproximadamente la mitad de las recomendaciones de la Airef han sido cumplidas, por lo que espera «que los cambios legales futuros que requieren que cada institución publique sus respuestas a las recomendaciones de la AIReF pueden ayudar a mejorar esta situación».
Este año se esperan los resultados de las evaluaciones a maestros que ayudarán a rejerarquizar el papel de los institutos que los preparan; creen que el nuevo rol es fundamental para modernizar el secundario.
América del Sur/Argentina/09.01.2018/Autor y Fuente: http://www.lanacion.com.ar
En el país se necesitan cada vez más maestros y mejor preparados. Sin embargo, el 55% de los estudiantes que ingresan en los centros de formación docente abandonan la carrera durante el primer año de cursada y la tasa de graduación no alcanza el 30%. «Este es el año de la construcción de la formación educativa», señala la secretaria de Innovación y Calidad Educativa de la Nación, Mercedes Miguel, al anticipar los desafíos del área para revertir el mal desempeño en el aula.
«Hay una distorsión entre la teoría y la práctica en el aula. Falta capacidad para hacer un seguimiento de los resultados del aprendizaje, por ejemplo. Con los resultados de la prueba Enseñar [tomada a más de 24.000 futuros docentes de los 510 institutos de formación del país], que se conocerán en abril, se podrá saber mejor cómo cambiar la práctica en el aula», añadió Miguel.
La prueba Aprender de 2016 también confirmó estas deficiencias y desnudó las dificultades del primario. El 70,2% de los alumnos de 5º y 6º año del secundario no puede resolver cuentas o problemas matemáticos muy sencillos y el 46,4% no comprende un texto básico. En el primario, el 41,6% no logró niveles satisfactorios ni avanzados en matemática y el 33,2% estuvo en el escalón básico o por debajo del básico en lengua.
Con la reforma de la secundaria a nivel nacional que empezará a aplicarse en 2019, el salto cualitativo está en mejorar la capacidad de los docentes de estar al frente del aula y de los equipos directivos en liderar los proyectos.
«Los institutos de formación docente están muy centrados en la teoría y el éxito futuro será centrarlos en hacerlos generadores de aprendizaje. Los docentes tienen que pasar del foco de sus disciplinas a poder desarrollar proyectos transversales», sostuvo la secretaria nacional.
Para atender las necesidades de la Secundaria 2030, el foco de la política educativa tiene que centrarse en los centros de formación docente. No sólo deben ser formadores de maestros, sino mejorar otras capacidades y hacer acompañamiento de los docentes en las escuelas y realizar investigación específica.
En ese sentido, por ejemplo, el gobierno porteño ya presentó en la Legislatura el proyecto para crear la Universidad de Formación Docente, con el propósito de jerarquizar la carrera, modernizarla y adaptarla a las necesidades de este siglo. Se estima que el debate llevará buena parte del año; de aprobarse, empezará a funcionar recién en 2019 y reemplazará los centros de formación docentes públicos porteños.
Ausentismo escolar
Sin llegar a hacer una reformulación tan fuerte, la provincia de Buenos Aires aplicará a partir de este año la ley de 2004 por la que quienes no tengan título habilitante ni estudien en un profesorado actualmente no podrán ocupar cargos como docentes suplentes. Y, además, amplió el plan piloto de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que el año pasado se realizó en 10 escuelas por iniciativa del programa Muy Bien 10, que impulsa Educar 2050, a 2000 escuelas secundarias.
En Córdoba, en tanto, el cambio más significativo de la secundaria será subir de 6 a 7 la nota para aprobar las materias.
La «nueva secundaria» que girará en torno del aprendizaje basado en proyectos, donde más que asignaturas habrá trabajos multidisciplinarios y transversales entre docentes y alumnos, busca mejorar los niveles de conocimiento de los adolescentes, prepararlos para el trabajo, el salto a la educación superior y reducir el abandono escolar.
Hace años que la deserción escolar del nivel medio es alarmante: prácticamente el 50% de los alumnos deja la secundaria, especialmente en los dos primeros años. La provincia de Santa Fe desarrolla desde 2013 el plan Vuelvo a Estudiar. Con ayuda de trabajadores sociales, se identifica a los alumnos que se ausentan con frecuencia. Se acercan a sus domicilios para ayudarlos a volver al aula y atender las necesidades de sus hogares. En la ciudad de Buenos Aires hay un programa, Terminá la Secundaria, que va en esa línea.
El gobierno nacional pondrá en práctica el programa Asistiré, inicialmente en 220 escuelas secundarias de 43 municipios bonaerenses. Las autoridades escolares tendrán una app que les indicará cuáles son los alumnos que no concurren a clases e irán a buscarlos con ayuda de trabajadores sociales.
Otro de los problemas de aprendizaje está dado por la duración del ciclo lectivo. Aunque en 2011 hubo un acuerdo político para progresivamente ampliar de 180 a 190 los días de clases, casi ningún distrito pudo completar el tiempo mínimo. Santa Cruz lidera por segundo año seguido el ranking de menos días de clases porque tuvo 117 jornadas de huelga; de hecho, todavía ni siquiera terminó el ciclo 2017. Se estima que este año, sin contar ningún problema gremial, habrá 177 días de clase.
Expertos en innovación y gestión como Juan María Segura sostienen que uno de los temas «críticos» es contar «con un ciclo escolar corto, de 720 horas por año, en comparación con países vecinos como Chile (1083 horas), Perú (900) o Brasil (800).
La diferencia más significativa, medida en horas más que en días, es la cantidad de tiempo que el estudiante pasa en la escuela. Por ejemplo, en Chile es mayoritaria la jornada completa aunque el ciclo lectivo oscila entre 195 y 200 días. En la Argentina, en el nivel primario solamente el 5,6% de los colegios de todo el país, entre los de gestión pública y privada, brindan más de cuatro horas de clases diarias.
El diagnóstico de las aulas
Según las pruebas Aprender 2016
El 46,4% no puede leer ni comprender un texto básico
El 70,2% no logra resolver cuentas ni problemas sencillos de matemática10.000.000 de adultos sin secundario
Según las pruebas PISA 2012
El 53,6% de los estudiantes no supera el nivel mínimo de lectura
El 50,9% no alcanza el nivel mínimo en ciencias El 66,5% no supera el nivel mínimo en matemática
Costa Rica ha dado pasos firmes para su plena incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al recibir el aval de nueve de los 22 comités establecidos para evaluar las políticas del país en diferentes campos, informó este miércoles el gobierno.
América del Sur/Costa Rica/09.01.2018/Autor y Fuente: http://informa-tico.com
La educación ha sido uno de los aspectos mejor evaluados de Costa Rica por parte de la OCDE.
Hasta ahora, el país ha recibido el aval en los temas de Comercio, Salud, Agricultura, Educación, Ciencia y Tecnología, Trabajo y Asuntos Sociales, Protección al Consumidor y Política Regulatoria para la Economía Digital.
Los restantes 13 comités siguen evaluando si las políticas y medidas adoptadas corresponden a los estándares y prácticas de la OCDE, de manera que permitan su ingreso al club al que solo han tenido acceso dos países latinoamericanos: México y Chile.
El ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, quien coordina el proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE, señaló que 30 instituciones públicas participan en este proceso.
“Siguiendo la instrucción del presidente Luis Guillermo Solís de avanzar en las buenas prácticas para beneficiar a nuestra ciudadanía, la incorporación a la OCDE es una tarea que involucra prácticamente a todo el Estado costarricense de forma sistemática”, indicó Mora.
La OCDE agrupa a 35 países, la mayoría de ellos con economías desarrolladas y emergentes, como es el caso de México, Chile y Turquía. Su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.
“Las especiales y diversas características geográficas de Chile hacen que sea particularmente importante que el país mire las inversiones en infraestructura a través de los lentes territoriales”, advirtió el reporte hecho por el organismo multinacional.
Chile tiene el marco de inversión pública más centralizado dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
Así lo reveló el informe “Brechas y Estándares de Gobierno de la Infraestructura Pública en Chile” del organismo internacional, que afirma que el 88% de la inversión pública en el país se decide desde el gobierno central, cifra que más que duplica el promedio de la Ocde, de 41%.
“Las especiales y diversas características geográficas de Chile hacen que sea particularmente importante que el país mire las inversiones en infraestructura a través de los lentes territoriales”, advirtió el reporte.
El estudio detalló, asimismo, que las inversiones que “mejoren la conectividad entre las áreas rurales y urbanas, fomenten las ciudades intermediarias, reduzcan las disparidades territoriales y alienten a mejorar la productividad en las regiones rezagadas, lo que podría permitir que Chile supere la trampa del ingreso medio”.
Costa Rica / www.eleconomista.net / 23 de Diciembre de 2017
El Gobierno de Costa Rica informó hoy de que el Comité de Políticas para la Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dio el aval para la adhesión del país al organismo.
Con la de hoy, Costa Rica suma 9 aprobaciones de los 22 comités necesarios para oficializar su ingreso a la OCDE, informó el Ministerio de Comercio Exterior en un comunicado de prensa.
«Gracias al excelente trabajo y dedicación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) logramos obtener nuestra novena opinión formal», dijo el ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, coordinador del proceso de adhesión, quien calificó esto como «un importante paso».
El Comité de la OCDE reconoció a Costa Rica sus avances en el sector de telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), gobernanza digital y otros aspectos de la economía digital.
«Reconoce que el país tiene un marco normativo y políticas públicas alineadas con los principios de la OCDE, así como la capacidad y voluntad de continuar fortaleciendo los mecanismos de trabajo entre el gobierno, el sector privado y la academia, para la implementación de políticas públicas de promoción de la economía digital», dijo el viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada.
El Comité de la OCDE evaluó a Costa Rica en áreas como desarrollo de banda ancha, gestión del riesgo de la seguridad digital, TIC y medio ambiente, privacidad, elaboración de políticas de internet y protección de la niñez en línea.
Hasta el momento Costa Rica ha recibido nueve aprobaciones de los 22 comités de la OCDE para su adhesión: Ciencia y Tecnología, Comercio, Salud, Agricultura, Educación, Trabajo y Asuntos Sociales, Política Regulatoria, Políticas al Consumidor, y Políticas para la Economía Digital.
En mayo de 2012, Costa Rica presentó formalmente su interés de adherirse a la OCDE y en abril de 2015 la organización decidió invitarle a iniciar el proceso formal de adhesión, tras lo cual se diseñó y adoptó, en julio 2015, la hoja de ruta que define los términos y condiciones a seguir.
La OCDE agrupa a 35 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social.
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