El Comité de Derechos del Niño de la ONU examinó al Estado español en enero.
Pide que se garantice el acceso a la educación en escuelas convencionales.
El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha mostrado su “preocupación” por la situación de la infancia con discapacidad en España, “muy lejos de poder disfrutar en igualdad de condiciones de todos los derechos fundamentales, debido a la discriminación que estos menores siguen sufriendo todavía en diferentes ámbitos”.
Esta es la principal conclusión que se extrae de las observaciones realizadas por parte de este organismo internacional, que el pasado mes de enero examinó al Estado español sobre el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
En su evaluación, la ONU ha tenido en cuenta los informes, consideraciones y propuestas efectuadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que planteó los déficits y carencias que afectan a la infancia con discapacidad.
Debido a la importancia transversal de la accesibilidad universal para alcanzar la plena igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, la ONU reclama a España agilizar el II Plan de Accesibilidad Nacional y garantizar su aplicación para la inclusión de niños y niñas con discapacidad.
Pide a España el acceso igualitario en escuelas convencionales
Uno de los aspectos en los que más incide la ONU es en el educativo, pidiendo a España la aplicación por completo de un enfoque basado en los derechos humanos con la discapacidad que garantice el acceso igualitario a la educación inclusiva de calidad en las escuelas convencionales. Esta observación está en línea con la exigencia del Cermi de que se termine con la escolarización en centros segregados.
En este sentido, la ONU pide que se adopten medidas exhaustivas para abordar las diferencias existentes entre comunidades autónomas en relación con la transformación a un sistema de educación inclusiva, asegurándose de que se da prioridad a la educación inclusiva sobre la ubicación de niños en instituciones y clases especializadas.
Además, para garantizar una educación inclusiva de calidad, el Comité de los Derechos del Niño insta al Estado parte a organizar la recopilación de datos sobre menores con discapacidad.
Más recursos y estrategias contra el acoso escolar
También plantea que se aumenten los recursos en las escuelas para adaptarlas a las necesidades de apoyo individual, que se proporcione formación de calidad al personal educativo para atender las demandas del alumnado con discapacidad y que el alumnado con discapacidad pueda recibir formación y orientación sobre el mercado laboral.
El Comité pone también el foco en la incidencia del ‘bullying’ en los estudiantes con discapacidad, tanto en el entorno escolar como a través de las redes sociales. Para ello, es necesario impulsar políticas y estrategias de prevención y rápida intervención ante situaciones de acoso.
Por otro lado, Naciones Unidas explica que se debe garantizar que los niños y niñas con discapacidad tengan acceso a la asistencia sanitaria, incluyendo programas de detección e intervención temprana, así como que la asistencia llegue también a las familias con menos recursos económicos.
04 de Febrero 2018/Fuente: El pais/Autor: JOSÉ NARANJO
Dakar acoge la Cumbre de la Alianza Mundial por la Educación que busca 2.000 millones de dólares anuales para reducir el número de niños y jóvenes no escolarizados que hoy suman 263 millones
La Alianza Global para la Educación (GPE, según sus siglas en inglés), una plataforma integrada por más de 60 países en vías de desarrollo, donantes internacionales y otros actores, busca fondos para pisar el acelerador de la financiación de la educación en las regiones más desfavorecidas del mundo. A tal efecto, este jueves y viernes organiza en Dakar la conferencia Una inversión para el futuro bajo el patronazgo de los presidentes francés y senegalés, Emmanuel Macron y Macky Sall, quienes pretenden conseguir unos 2.000 millones de dólares anuales desde ahora hasta 2020.
Si en los últimos quince años se han conseguido logros notables por parte de la Alianza, como el incremento hasta el 76% de la escolarización de niños en primaria frente al 63% en 2002 en los países en los que trabaja, todavía 61 millones no cursan este ciclo en el mundo. Si a estos se les suman los adolescentes que no se matriculan o lo hacen, pero dejan la secundaria, en total, 263 millones menores de edad no están escolarizados, según datos de la Unesco. El reto para intentar alcanzar el cuarto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es especialmente acuciante en África subsahariana, donde según la GPE, de los 61 millones de niños de hasta 13 años no escolarizados en el mundo, más de la mitad (33 millones) vive en esta región. De ellos, 25 millones, de los que dos terceras partes son niñas, no irán jamás a la escuela si se mantiene la tendencia actual.
“La conferencia de Dakar es la primera oportunidad de transformar el compromiso político en un apoyo tangible”, ha asegurado Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, para quien “financiar la educación es la mejor inversión que podemos hacer”. Por su parte, Julia Gillard, presidenta del Consejo de Administración de la GPE, manifestó que estos días de trabajo en la capital senegalesa “deben marcar el comienzo de una nueva era en materia de financiación de la Educación, apoyándose sobre un compromiso político creciente de mejorar los logros escolares para las niñas y niños”.
De los 61 millones de niños de hasta 13 años no escolarizados en el mundo, más de la mitad (33 millones) vive en África
La visita de Macron, la primera que realiza a Senegal tras su elección como presidente, ha generado una enorme expectación en el país, donde también ha previsto visitar la ciudad de Saint Louis para interesarse por el problema de la apertura de una brecha en la Langue de Berberie que ha generado numerosos daños ambientales y económicos. Además de Macron y Macky Sall, que participan el viernes en un panel de alto nivel, estarán representados sesenta países a través de sus ministros, así como altos cargos de ONG e instituciones de todo el mundo. España está representada por el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García-Casas.
La conferencia fue convocada por los presidentes senegalés y francés en noviembre durante la Asamblea General de la ONU y obtuvo un rápido respaldo de otros gobiernos del mundo. Desde su nacimiento, la GPE ha invertido más de 4.700 millones de dólares en 60 países en vías de desarrollo, de los que 28 están afectados por conflictos de diversa índole. La intención de la Alianza Global es, en un periodo de dos años, obtener al menos 4.000 millones más para reforzar los sistemas educativos de dichos países mediante una financiación sólida y sostenible.
Para ello, no solo los donantes deben alcanzar la cifra de 3.100 millones de dólares en dos años, sino que los países en desarrollo deben comprometerse a destinar al menos el 20% de su presupuesto a Educación y las fundaciones y el sector privado deben aumentar sus donaciones de manera sensible. Solo con un esfuerzo como este se podrá reducir de manera significativa la cantidad de niños y jóvenes no escolarizados en el mundo, que supera los 264 millones.
Fuente de la noticia: https://elpais.com/elpais/2018/02/01/planeta_futuro/1517482751_619328.html
América del sur/Argentina/20 enero 2018/Fuente: Prensa Latina
El Ministerio de Defensa argentino reimplantó el adiestramiento en el uso de armas letales a adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, medida prohibida por el gobierno anterior con el beneplácito de la ONU.
El titular de la cartera, Oscar Aguad, firmó una resolución en la que dejó sin efecto el Plan de Liceos 2010, creado por el gobierno de Cristina Fernández, la cual estableció la edad de 17 años para tales prácticas y que fuera elogiado por el Comité de los Derechos del Niño, órgano de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En su informe del 18 junio de 2010 este Comité recomendó al gobierno argentino a continuar esforzándose por prohibir que los niños reciban capacitación sobre el uso de las armas, incluidos los de 17 y 18 años, a la par de aconsejar que las academias militares atemperen sus programas a los establecidos por el Ministerio de Educación.
Sin embargo, la resolución firmada por Aguad revierte lo logrado ocho años atrás, al disponer que desde el tercer año del liceo los alumnos vuelvan a recibir instrucción con carabinas calibre 22.
El Ministro fundamenta su decisión en que ‘uno de los propósitos de la creación de los liceos militares (en el año 1930) fue contribuir a la formación del personal de la Reserva’, según publicó el sitio digital Página12.
Además, la normativa atenúa el alcance de las medidas tomadas en favor de privilegiar regímenes de cursos abiertos por sobre los cerrados, las cuales en su momento se tuvieron en cuenta pues el internamiento en los liceos comienza en el sexto año de la primaria, cuando el estudiante tiene 11 años de edad.
Otra de las decisiones de Aguad fue restablecer que los alumnos puedan ser inscriptos como reservistas antes de los 18 años, si tienen el consentimiento de sus padres, aspecto que hasta la fecha requería que el interesado fuera mayor de edad, a fin de asegurar madurez en la decisión tomada.
Las declaraciones emitidas por Trump en una reunión realizada el pasado jueves fueron publicadas por medios internacionales en las que expresaba: «¿Por qué estamos recibiendo a toda esta gente de países de mierda?».
Los insultos racistas y discriminatorios del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, contra América Latina y África han dado la vuelta al mundo. Su frase “por qué recibimos a gente de países de mierda” ha generado rechazo y condena internacional.
Este viernes la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Africana, Haití y El Salvador criticaron con dureza los comentarios discriminatorios de Trump, que hacían referencia a inmigrantes de las dos naciones caribeñas y de países africanos, residentes en EE.UU.
Haití
El embajador de Haití en EE.UU., Paul G. Altidor, también condenó los insultos de la Casa Blanca a sus ciudadanos. “Sentimos que estas afirmaciones, si fueron hechas, reflejan un desconocimiento o una falta de educación del presidente sobre Haití y su gente”, expresó.
El principal periódico del país caribeño calificó las palabras de Trump de “racistas y vergonzosas”.
El Salvador
El Salvador también declaró su disgusto con las «lamentables expresiones» de Trump. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que envió una nota de protesta al Gobierno de EE.UU. y que demanda respeto a la dignidad de su noble y valiente pueblo.
«Algunas reacciones del presidente Trump, donde acepta implícitamente el uso de términos duros en menoscabo de la dignidad de El Salvador y de otros países; expresa su rotundo rechazo a este tipo de afirmaciones», agrega la nota.
La Unión Africana
La Unión Africana, la organización multilateral más importante del continente, también rechazó los exabruptos de Trump.
“Estamos alarmados por las afirmaciones del presidente de EE.UU. al referirse a inmigrantes africanos y otros con tales despectivos, teniendo en cuenta la realidad histórica de cómo llegaron muchos africanos a EE.UU. durante el comercio de esclavos; esto va en contra de cualquier actitud y comportamiento aceptable”, expresó la portavoz, Ebba Kalondo.
ONU
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó de racista el polémico comentario del presidente Donald Trump, sobre inmigrantes de Haití y países de África, al referirse a ellos como “países de mierda”.
“Esto no es sólo una historia sobre lenguaje vulgar, se trata de abrir la puerta al peor lado de la humanidad, de validar y fomentar el racismo y la xenofobia”, declaró el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Rupert Colville.
Fuentes oficiales indican que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por su sigla en inglés), de Estados Unidos, no renovará el estatus de protección temporal, por lo que 200.000 ciudadanos salvadoreños residentes en ese país, deberán abandonarlo antes de septiembre de 2019.
Grecia / 14 de enero de 2018 / Autor: Lola López Mondéjar / Fuente: El Diario
El 28 de julio de 1951, los Estados del mundo ratificaron la convención relativa al estatuto de los refugiados, llamada Convención de Ginebra, con la que se creó un nuevo derecho humano universal: el derecho de asilo. Quienquiera que esté perseguido en su país de origen por razones políticas, religiosas o raciales tiene el derecho inalienable de atravesar las fronteras y de presentar una demanda de protección y de asilo en un Estado extranjero. Pero, en estos momentos la Unión Europea está liquidando ese derecho. Se erigen muros, se impide que hombres, mujeres y niños que huyen de la tortura, la mutilación y la muerte puedan presentar una demanda de asilo.
Jean Ziegler, miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Según nos informa Boris Cherkirkov, representante de comunicación de Acnur en Atenas, en estos momentos hay tres mil trescientos menores no acompañados en Grecia. Dos mil de ellos están en lista de espera para obtener un refugio, pero el Gobierno griego, a quien ahora corresponde la gestión íntegra de los refugiados en el país, solo dispone de mil doscientas plazas en el continente. Algunos de estos menores permanecen, sin embargo, en las islas sin protección alguna, asegura. En Moira (Lesbos), el campo más problemático y superpoblado, donde la violencia es habitual, y cinco mil refugiados se hacinan donde solo hay capacidad para dos mil, siguen sobreviviendo trescientos menores no acompañados.
El vacío asistencial que afecta a estos jóvenes ha movilizado a Gaz Kishere, fundador junto a Victoria, su pareja, de una iniciativa todavía en pañales, CrossBorder, que pretende cubrir el hueco que la asistencia gubernamental deja en este pantanoso terreno. Kishere nos explica que las violaciones a menores, tanto en los campos como durante el trayecto desde sus países hasta Europa, han existido siempre, pero el tabú impedía hablar de un tema que ahora ha saltado a la prensa. Las violaciones de hombres, mujeres y menores son ya una noticia frecuente. En el caso de los menores no acompañados, a esas posibles violaciones se añade el llamado survival sex, sexo de supervivencia, síntoma de la extrema vulnerabilidad de estos refugiados adolescentes que deambulan sin registrarse por el puerto de Patras y por los parques y plazas de Atenas, especialmente las de Omonia y Victoria. Allí son presa fácil de pederastas sin escrúpulos que, primero, consiguen su confianza ofreciéndoles lo que necesitan: comida, ropa, una ducha caliente, un techo, compañía; para abusar finalmente de los jóvenes. Según Kishere, mil ochocientos menores han quedado atrapados en Grecia en una especie de limbo legal, pues temen buscar protección gubernamental registrándose como solicitantes de asilo, y que su deseo de viajar al norte de Europa se vea eventualmente truncado si esta solicitud es denegada por las autoridades griegas y pasan a disposición del fiscal, acabando retenidos en las cárceles o en los centros de detención.
Estos jóvenes se quedan pronto sin recursos económicos. La eventual aportación que reciben de sus familias no dura demasiado, por lo que algunos se entregan a la pequeña delincuencia, a la venta de drogas al menudeo o, directamente, a su consumo (sobre todo shisa, una potente droga sintética cuyo precio roza los dos euros, apodada “la cocaína de los pobres”), y se ven forzados a prestar servicios sexuales para sobrevivir.
Los servicios sociales griegos están poniendo en marcha los primeros recursos contra el tráfico humano, un requerimiento exigido por la UE, pero con las primeras medidas solo habrá un sistema que reconozca la existencia de ese tráfico, sin poder prestar aún el apoyo eficaz que precisan estos jóvenes.
Menores que viven en la calle
El problema es muy complejo, reconoce Clara Irvine, inglesa como su socio Jonny Willis, representante de Velos Youth, una conocida asociación, registrada como ONG en Grecia, que ambos fundaron. Según Velos, el 70% de los menores y jóvenes no acompañados entre los dieciséis y los veintiún años, se encuentra viviendo en la calle sin protección. Una proporción alarmante en la que coinciden todas nuestras fuentes. Velos es una de las pocas asociaciones que se ocupa de ayudar a estos menores. Con la asociación colabora un equipo de diez jóvenes, cinco de ellos de la comunidad de refugiados, que reciben dinero para sus gastos, alojamiento y capacitación, a cambio de labores de traducción y de apoyo social. Cuentan también con tres trabajadores juveniles, dos de los cuales son psicólogos, que apoyan a los jóvenes y derivan los casos que así lo requieren hacia otras agencias donde puedan recibir un tratamiento psicoterapéutico continuado. En el piso que la ONG abrió hace unos meses en Atenas se ofrecen de lunes a viernes talleres de identidad y sesiones privadas de tratamiento, según las necesidades de los adolescentes. Algunos de ellos tienen problemas de alcohol y drogas, o sufren de síndrome de estrés postraumático; la mayoría requiere apoyo psicosocial y busca educación y un alojamiento seguro. Un grupo de cincuenta se ha vinculado a estos recursos de forma regular, mientras que otros ciento cincuenta al mes reciben ayuda esporádica en la ong, que efectúa también labores de guía para que conozcan y se dirijan a otros recursos. El almuerzo se prepara conjuntamente y se ofrece a las dos y media; de doce a seis de la tarde se realizan talleres de educación sexual, información sobre cómo conseguir asilo, sobre los squats (edificios generalmente públicos ocupados por voluntarios, donde pueden dormir y comer sin ser registrados), o sobre cómo hacerse con una red de amigos, entre otros asuntos necesarios para su supervivencia.
Como muchas de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con refugiados en Grecia, la financiación de Velos Yough procede de entidades privadas, así como de particulares y de ONG de otros países, manteniendo estrictamente su independencia de los organismos oficiales.
La procedencia de estos jóvenes es muy variada. Según Clara, los afganos envían primero a Europa a sus adolescentes, los sirios vienen en familia, y es de Pakistán (sobre todo de la conflictiva región de Baluchistán) de donde proceden los más jóvenes: niños de entre doce o trece años, edad en la que allí ya comienzan a trabajar. Los menores suelen viajar hasta Grecia en grupos de iguales, a veces acompañados por un familiar adulto pero, muy frecuentemente, acaban separándose unos de otros durante el viaje y quedan en condiciones de extremada vulnerabilidad.
ONG Velos Youth en Atenas
– Muchos vienen sin ninguna información sobre lo que significa ser refugiado. Son jóvenes y, simplemente, embarcarse hacia Europa les parece una buena idea – afirma Clara. Lo que nos lleva a pensar en el paralelismo con los jóvenes españoles que, tras al crisis, buscan trabajo en Europa.
La media de estancia en Grecia suele ser de un año.
No hay mujeres entre los menores no acompañados; las autoridades consideran a los jóvenes varones menos vulnerables que a las chicas, abocándoles a la calle, donde han de buscarse la vida. Por motivos culturales, además, las chicas rara vez viajan solas.
Acnur financia a una ong griega, Arsis, que acude a los centros de detención para ayudar a los menores retenidos en las cárceles, ofreciéndoles apoyo legal y orientación. Praksis, y Metadrasi, nos informa Boris Cheskirkov, son otras dos ONG que trabajan con ellos. Desde primeros de agosto el proceso de financiación se modificó y el dinero de la UE no se le proporciona directamente a las ONG, sino al estado griego, que distribuye después la ayuda entre ellas.
La situación extremadamente vulnerable de estos menores se incrementa cuando se le añaden circunstancias como la pertenencia al colectivo LGTB, lo que les pone en un peligro aún mayor, tanto en la calle como en los mismos centros de detención. Opinión que también comparte C.S, una voluntaria española que pertenece a ese colectivo y que colaboró esporádicamente con Single Men, asociación que se ocupa de atender a estos chicos.
Recursos insignificantes
A pesar de las distintas iniciativas, los recursos son casi insignificantes dada la magnitud de un problema que crece a razón de cien nuevos menores no acompañados al mes. Por eso Laila Ben Chaouat El Fassi, activista hispano-marroquí, ha fundado junto a una médico española y otras activistas, todas mujeres jóvenes, Holes in the borders, con sede en Madrid y Atenas, donde han abierto un piso en el que ocho jóvenes en riesgo de exclusión pueden residir y organizar su vida en Grecia o, con suerte, su marcha hacia el país deseado si consiguen el permiso de reubicación o de reunificación.
Cuando paseamos por la plaza de Omonia al atardecer de los días previos a Nochevieja, varios furgones de la policía vigilan el entorno. Las calles de Atenas están repletas de turistas y de nacionales que realizan sus compras para celebrar el fin de año. En el centro del enorme espacio irregular que es Omonia, algunos jóvenes inmigrantes permanecen reunidos en pequeños grupos.
Con el apoyo de las ONG habíamos previsto entrevistar a uno de ellos, pero decidimos no hacerlo. Nos parece una injerencia innecesaria, quizás humillante, una revictimización que ahondaría en su sufrimiento. Como bien señala Slavoj Zizek, la violencia subjetiva, aquella que es más visible, en este caso la de los pederasta contra estos adolescentes, esconde otra violencia mayor que la genera. Una forma sistémica de violencia que es producida por las consecuencias, a menudo catastróficas, del funcionamiento de nuestros sistemas económicos y políticos. Se trata de la violencia sistémica del capitalismo financiero, de los estados que excluyen y marginan, que expulsan y desatienden a los más necesitados de ayuda. El horror de la violencia que el filósofo llama subjetiva, la que sufren, insisto, estos adolescentes, “funciona como un señuelo que nos impide pensar”.
La noticia es oficial y no es necesario ponerle rostro: en diciembre de 2017 había tres mil trescientos menores no acompañados en Atenas, la mayoría deambula por las calles y las plazas buscando cómo sobrevivir. Cada día que pase se sumarán cien más. Todos empatizamos necesariamente con las víctimas, pero lo verdaderamente obsceno de esta realidad es la impunidad del sistema que las produce.
Un borrador del informe de las Naciones Unidas ha advertido que el calentamiento global está en camino de romper el límite más estricto establecido en el Acuerdo de París patrocinado por la ONU a mediados de este siglo a menos que los gobiernos realicen cambios económicos sin precedentes a partir de los combustibles fósiles.
Reuters Newsagency informa que el borrador de un informe que se publicará en octubre, dijo que los gobiernos también deberán comenzar a absorber dióxido de carbono del aire para lograr la ambición de limitar las temperaturas a 1,5 grados Celsius por encima de los tiempos preindustriales.
“Existe un riesgo muy alto de que el calentamiento global exceda 1,5 ° C por encima de los niveles preindustriales”, escribió el panel de expertos de la ONU, basado en el ritmo actual de calentamiento y los planes nacionales actuales para limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero.
No hubo antecedentes históricos para la escala de cambios requeridos en el uso de energía, para pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables, y en las reformas que van desde la agricultura a la industria para mantenerse por debajo del límite de 1.5 ° C, dijo.
El borrador, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de científicos líderes de la ONU y obtenido por Reuters, dijo que las temperaturas promedio de la superficie son de aproximadamente 1,0 ° C por encima de la época preindustrial y que las temperaturas promedio van por un camino para llegar a 1,5 ° C. en la década de 2040.
Reducir el calentamiento a 1,5° C ayudaría a limitar los extremos del calor, las sequías y las inundaciones, la migración de personas e incluso los riesgos de conflicto en comparación con las tasas más altas de calentamiento, según el borrador del resumen para los responsables políticos.
Sin embargo, un aumento de 1,5 ° C podría no ser suficiente para proteger muchos arrecifes de coral, que ya sufren temperaturas oceánicas más altas, y el hielo almacenado en Groenlandia y la Antártida occidental, cuyo derretimiento está elevando los niveles del mar.
En una cumbre de Naciones Unidas en París en 2015, casi 200 naciones se propusieron limitar el aumento de las temperaturas superficiales promedio del mundo a “muy por debajo” de 2,0 ° C por encima de los tiempos preindustriales mientras se perseguían los esfuerzos para alcanzar el límite máximo de 1,5 ° C .
Comisionaron el informe del IPCC para mapear los riesgos de cada objetivo.
Reuters informa que el límite de 1.5 ° C es favorecido especialmente por las naciones en desarrollo con mayor riesgo de interrupciones en los suministros de agua y alimentos.
El borrador actual fue enviado para comentarios de gobiernos y otros expertos esta semana.
Jonathan Lynn, portavoz del IPCC, dijo que el texto era un trabajo en progreso no destinado a publicación.
“El texto puede cambiar sustancialmente”, dijo.
Por el contrario, el borrador decía que las energías renovables como la solar y la eólica tendrían que convertirse en la forma dominante de energía primaria para 2050 para alcanzar el objetivo de 1.5 ° C.
“El carbón se debería eliminar rápidamente en la mayoría de las opciones de bajar de 1.5 ° C”, dijo.
Al mismo tiempo, limitar el calentamiento global a 1.5 ° C para el 2100 “implicaría la eliminación del dióxido de carbono de la atmósfera”, dijo.
Eso podría significar plantar vastos bosques, que absorben dióxido de carbono a medida que crecen, o construir plantas de energía que quemen madera u otras materias vegetales y luego capturar y enterrar el dióxido de carbono que liberan.
Sin embargo, eso podría no ser factible porque los bosques podrían desviar la tierra de los cultivos alimentarios.
El borrador estima que la humanidad podría emitir solo 580 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero para tener una probabilidad mejor al 50 por ciento de limitar el calentamiento a 1.5 ° C, aproximadamente 12-16 años a las tasas actuales de emisiones.
Las cantidades podrían ser mayores si los gobiernos permitieran que las temperaturas superaran los 1.5 ° C y encontraran una manera de rechazar el termostato global más adelante en el siglo.
La educación tendría que ser la base del nuevo Pacto Mundial sobre Migración, según la Internacional de la Educación, que incidió en la importancia de contar con un enfoque migratorio que tenga en cuenta a toda la sociedad en un ámbito local y nacional.
Los estados miembros de la ONU y, de hecho, todos los gobiernos, están obligados a garantizar los derechos humanos de todos los migrantes. Es lo que afirmó Dennis Sinyolo, de la Internacional de la Educación (IE), a lo que añadió que «dichos derechos se resumen en los pactos y tratados de Naciones Unidas (ONU) actuales».
Sinyolo realizó estas declaraciones en el marco de un panel sobre perspectivas nacionales para un enfoque que abarque a toda la sociedad y facilite un movimiento migratorio seguro, ordenado y normal. El panel tuvo lugar durante unas sesiones informales con varias partes interesadas previas a la reunión del Pacto Mundial sobre Migración y la conferencia intergubernamental sobre migración internacional. Se celebró el 18 de diciembre en la sede de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.
En la sesión, los participantes tuvieron la oportunidad de debatir sobre la necesidad de cooperación y alianzas entre diferentes segmentos de la sociedad, incluida la sociedad civil, el sector privado, comunidades en la diáspora, migrantes, autoridades locales y nacionales, expertos y otros implicados para desarrollar y poner en práctica un enfoque sobre migración coherente y que abarque al conjunto de la sociedad.
El Presidente de la Asamblea General de la ONU, Miroslav Lajcak, explicó: «Estamos aquí para analizar cómo afecta la migración a las autoridades locales. Queremos ir más allá del ámbito nacional y revisar ejemplos de buenas prácticas en un entorno local y de cómo los migrantes contribuyen a las comunidades locales, por ejemplo, a través de sus destrezas».
El proceso de negociación intergubernamental sobre el Pacto Mundial, como recordó a los presentes, se iniciará en febrero de 2018, y exige que «se escuche a numerosas partes diferentes, especialmente a quienes aplican leyes y políticas migratorias, como enfermeras, docentes y agentes de las fuerzas de seguridad».
Por otra parte, subrayó que no hay mejor forma de celebrar el Día Internacional del Migrante que presentar propuestas sobre cómo tratar los retos que les afectan. También destacó la necesidad de basarse en un enfoque que tenga en cuenta a toda la sociedad y el gobierno, además de escuchar a todos los implicados.
Diálogo social
El punto de partida para garantizar un enfoque efectivo que llegue al conjunto de la sociedad a la hora de gestionar la migración presenta dos vertientes, según explicó Sinyolo:
(1) Todos los gobiernos, incluidos los de países de acogida y tránsito, deberían ratificar e implementar por completo las disposiciones de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre migración, empleo y otros acuerdos relevantes.
(2) Los gobiernos deberían garantizar el establecimiento de mecanismos institucionalizados para el diálogo social.
También resulta de vital importancia llevar a cabo una consulta y un diálogo reales con los trabajadores migrantes a través de las organizaciones que los representan, los sindicatos en particular, dado que la mayoría de los migrantes se desplazan en busca de un trabajo decente, señaló.
La lucha y las acciones que llevan a cabo los sindicatos, la sociedad civil y otros agentes tampoco se deben subestimar, añadió Sinyolo. Estas organizaciones se han esforzado mucho para garantizar que no se niegue a los migrantes el acceso a las necesidades vitales y servicios públicos básicos, como la salud, la educación y la justicia, por su condición migratoria.
IE: Defender los derechos educativos de migrantes y refugiados
La Internacional de la Educación ha estado trabajando con sus afiliadas nacionales, organizaciones juveniles y comunidades estudiantiles y locales para defender y fomentar los derechos educativos de migrantes y niños y jóvenes refugiados en varios países europeos y de fuera de Europa, según manifestó Sinyolo.
Los educadores y sus sindicatos llevan mucho tiempo luchando para que los niños indocumentados tengan derecho a una educación de calidad y cuestionando su detención en campos de refugiados, afirmó. La IE también ha proporcionado formación y un desarrollo profesional a docentes locales, migrantes y refugiados para que puedan adaptarse a las necesidades específicas de los migrantes y refugiados, incluido apoyo psicosocial y formación lingüística.
«La educación es el mayor antídoto ante el azote de la xenofobia, el racismo y la discriminación, ya que ayuda a inculcar y fomentar los valores del entendimiento intercultural, el respeto, la tolerancia y la coexistencia pacífica». De hecho, la educación dota a migrantes y niños y jóvenes refugiados de las destrezas necesarias en su vida y trabajo, declaró, además de enfatizar que este aspecto debería ser una parte fundamental del nuevo Pacto Mundial.
«Un enfoque que implique al conjunto de la sociedad solo se puede alcanzar si todos los países y gobiernos dan un paso al frente en la creación de un entorno que acepte a los refugiados, tanto en el plano legislativo como socioeconómico», indicó. «Necesitamos tomar medidas inteligentes y significativas para avanzar, y que nadie las ignore o se haga a un lado, porque la gestión mundial de la migración es un esfuerzo mutuo que atañe a los países de partida, tránsito y destino».
Para finalizar, recordó la necesidad de que la ONU y los gobiernos sigan contando con sindicatos y sociedad civil en el proceso de negociación intergubernamental, hecho que motivó la respuesta por parte del Presidente de la Asamblea General de la ONU, que anunció que convocará dos sesiones/consultas más en febrero y mayo de 2018.
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