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Panama: Educación sexual: el eterno debate que no logra avances

Por: Aleida Samaniego C.

Desde 2008, cuatro proyectos de ley sobre embarazos en menores han llegado a la Asamblea Nacional. El último fue prohijado hace un año y aún no recibe primer debate.

El concepto de educación integral de la sexualidad es aún débil en Panamá y las normativas que buscan establecerlo quedan constantemente estancadas en discusiones en la Asamblea Nacional.

La última de las propuestas legislativas relacionadas con el tema cumplió el pasado 24 de marzo un año de haber sido prohijada, pero aún no recibe el primer debate.

Se trata del proyecto de ley 590, presentado por los diputados independientes Gabriel Silva y Juan Diego Vásquez, y la diputada de Cambio Democrático Fátima Agrazal, el cual aspira a establecer el “Programa de Educación para la Prevención de Embarazos en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión sexual y Delitos Sexuales”.

En esta iniciativa se atribuye parte del problema a la falta de información y al desconocimiento de niñas y jóvenes sobre cómo prevenir situaciones de riesgo y cómo denunciarlas cuando se ven envueltas en ellas.

El programa de educación, señala Silva en la exposición de motivos, puede ser parte de una solución integral a los problemas planteados de mediano a largo plazo. “Si los niños, niñas y adolescentes aprenden a prevenir, a protegerse, a cuidarse y a denunciar, muchas de estas lamentables situaciones se pueden evitar […] De lo contrario, seguirán incrementando los embarazos en menores de edad, afectando así la calidad de vida, la salud pública y arrebatándole la niñez a los jóvenes”.

En el documento, Silva sustenta, con estudios de organismos internacionales y estadísticas nacionales, la necesidad de atender el asunto. Entre otros aspectos, destaca que la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que el embarazo en la niñez o adolescencia es uno de los factores que contribuye a la mortalidad materna e infantil, genera consecuencias en la salud y perpetúa la pobreza.

Un intento más

La propuesta del diputado Silva se suma a otros tres intentos anteriores sobre educación sexual para la prevención de embarazos en menores, prevención de infecciones y delitos sexuales.

La primera iniciativa presentada a la Asamblea Nacional llegó en marzo de 2008 de manos de la exministra de Salud Rosario Turner, pero no prosperó. Luego, en septiembre de 2010, la diputada de Cambio Democrático Marylín Vallarino presentó el proyecto de ley 305, y en agosto de 2014 el diputado del Partido Revolucionario Democrático Crispiano Adames presentó el proyecto de ley 61, pero las discusiones de ambos fueron suspendidas.

De hecho, el proyecto de ley de 61 causó que miembros de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia marcharan en julio en 2016 contra de la iniciativa, así como en rechazo de las guías de educación sexual, por considerar que se introducía la ideología de género.

Realidad numérica

En tanto, las estadísticas de Panamá demuestran una y otra vez que se debe actuar sobre el tema.

Por ejemplo, en 2020 los embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad se duplicaron. Pasaron de 4 mil 652 casos en 2019 a 9 mil 724 ese año, según las estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa) sobre la proporción de adolescentes embarazadas de 10 a 19 años que ingresaron a control.

Además, datos presentados el año pasado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa )y el Minsa –como parte del estudio titulado Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Panamá– dan cuenta que la tasa de fecundidad de jóvenes de 15 a 19 años de edad en 2019 estaba 67.2 nacimientos vivos por cada mil mujeres.

Rubiela Sánchez, de la Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad, indicó que los datos de salud sexual y reproductiva son suficientes para evidenciar que estamos viviendo las consecuencias de tener una población sin una verdadera educación integral en sexualidad, basada en datos científicos y en derechos humanos.

Añadió que la violencia contra la mujer se ha acentuado y que cada vez más son las noticias sobre feminicidios, abusos sexuales y sexo transaccional , al tiempo que más del 40% de las nuevas infecciones del virus de inmunodeficiencia humana se registra entre la población de 15 a 40 años.

Sánchez dijo que la única iniciativa que logró avanzar a segundo debate fue el proyecto de ley 61, pero se suspendieron las discusiones cuando, en paralelo, el Ministerio de Educación (Meduca) y el Unfpa elaboraron un borrador de las guías de educación sexual.

Evidencia científica

Sobre los intentos de crear una ley de educación sexual, la científica del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud Amanda Gabster señaló que hay cambios sociales que necesitan de mucha información y negociación, especialmente los que están relacionados con los derechos humanos y decisiones basadas en la evidencia científica y, sobre todo, cuando las decisiones se han basado en la moralidad durante mucho tiempo.

Sostuvo que sin leyes que regulen y currículos que aseguren que se enseña la base mínima de un currículo, habrá huecos o derivaciones por parte de quien los implementa. Sin embargo, dijo que la mera existencia de una ley no significa que un currículo se implemente de manera efectiva o adecuada.

Por lo tanto, al igual que con la implementación de cualquier programa, deben existir monitoreos regulares y evaluaciones rigurosas, como también estudios sobre su implementación, efectividad y aceptación. Este monitoreo debe incluir estudios epidemiológicos regulares que incluyan describir los cambios de prevalencia en el abuso sexual, el embarazo y las infecciones de transmisión sexual, detalló.

Enseñar a discernir

Juan Francisco de la Guardia Brin, expresidente de la Alianza Pro Familia y Valores, manifestó a título personal que no se necesitan leyes, ya que el Meduca tiene la potestad de incluir el tema en su pénsum académico, como ya lo ha hecho exitosamente con las guías de sexualidad y afectividad, que ha sido el consenso al que se ha llegado luego de muchos años de mesas redondas de organizaciones con formas de pensar muchas veces contrarias entre sí.

Para Juan Francisco de la Guardia Brin hay mucha información sobre la educación sexual, lo que hay que enseñar a los jóvenes es a discernir entre lo adecuado y lo inadecuado, formando carácter, respeto a su cuerpo, y las guías elaboradas cumplen con esos objetivos.

Considero que la raíz de todo esta situación es multifactorial, pero fuertemente influida por la tendencia a la trivialización del acto sexual, por una búsqueda de placer sin importar las consecuencias y por la falta de castigo a los violadores.

En Panamá, desde 2008 se viene discutiendo sobre una legislación de educación sexual, pero no se logra un consenso al respecto.

https://www.prensa.com/impresa/panorama/educacion-sexual-el-eterno-debate-que-no-logra-avances/

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El color de la piel nos marca y nadie nos mira

Por: Nelva Reyes B.

“Es muy deplorable que Panamá haya vivido y viva situaciones que han venido a fortalecer y a sostener hasta la actualidad actos y posiciones discriminatorias, […]”

El 25 de octubre, en la biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, se presentó el libro Mujeres urbanas: afrodescendientes entre la desigualdad y la discriminación. La presentación estuvo a cargo del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, con la doctora Aracelly De León, directora de este. Se hicieron presentes el doctor Jaime Gutiérrez, vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá y el profesor de Sociología Fernando Murray.

La investigación fue llevada a cabo por las profesoras Xiomara Rodríguez, Juana Camargo y Eusebia Solís, además de mujeres de los cinco corregimientos, que participaron en el estudio aportando su experiencia y conocimientos.

La investigación se desarrolla con siete ejes fundamentales que parten de: Una Introducción; Una mirada conceptual a la discriminación; una mirada afrodescendiente a la realidad nacional; acercamiento socioeconómico a los corregimientos del estudio; voces de mujeres urbanas afrodescendientes del centro de la ciudad de Panamá: propuesta para el empoderamiento y la inclusión de mujeres urbanas afrodescendientes; conclusiones, bibliografías y anexos.

En el estudio se define a las y los afrodescendientes como “personas de origen africano que viven en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

Se señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en 2011 que “en América Latina viven unos 150 millones de afrodescendientes, representando el 30 % de la población de una parte del continente americano”. Además, la investigación nos indica que, en el mundo laboral, la realidad para las personas afrodescendientes no es esperanzadora, puesto que dicha población ocupa la parte más baja de la escala salarial, y es la población que realiza más tareas en la informalidad de baja calificación, menor incluso, si se compara con una persona no afrodescendiente. Las tasas de desempleo de este colectivo son mayores que las de la población total, según el informe del BID, que plantea: “en general, los afrodescendientes tienen niveles más altos de desempleo en todos los países y entre quienes tienen empleo, una proporción mayor labora en ocupaciones poco calificadas”.

El libro hace una breve reseña de la fundación de cada uno de los corregimientos investigados, como lo son Calidonia, Curundú, El Chorrillo, San Felipe y Santa Ana. Cuatro de los cinco corregimientos fueron fundados el 29 de abril de 1915 y el corregimiento de Curundú se funda el 17 de noviembre de 1971. La investigación contribuye a visibilizar que el racismo y la discriminación, como dimensiones de la opresión racial, son una realidad en Panamá. Las voces de las mujeres de estos corregimientos, establecidos en el corazón de la ciudad de Panamá, nos brindan una serie de información que corrobora las condiciones y situación en las cuales viven las familias afrodescendientes, y hace muy evidente la triple discriminación de la cual son víctimas las mujeres afrodescendientes, discriminadas por ser mujeres, negras y pobres. Pero, además nos indica, según la encuesta de hogares de 2017, que “la presencia de la población afrodescendiente se puede encontrar en todo el territorio nacional; sin embargo, las cinco provincias con mayor presencia afropanameña son Colón (41,8 %), Darién (24,3 %), Coclé (20 %), Panamá (18,6 %) Bocas del Toro (15,3 %), provincias donde vive la mayor cantidad de personas que se autocalifican como afrodescendientes…”. En estas provincias está Colón que en “2016, aportó el 26 % del producto interno bruto del país, 13 605, millones de balboas”, pero es víctima de políticas públicas racializadas.

Es muy deplorable que Panamá haya vivido y viva situaciones que han venido a fortalecer y a sostener hasta la actualidad actos y posiciones discriminatorias, ya sea por etnia, condición económica o cualquier otra razón. Así se dio la ciudad amurallada, luego el “Silver Roll” y “Gold Roll” y en 1941, en la Constitución de la República de Panamá, se establecía: “Son de inmigración prohibida: la raza negra cuyo idioma originario no sea el Castellano, la raza Amarilla y las razas originarias de la India, el Asia Menor y el Norte de África”. Son vergonzosas las experiencias que hemos vivido y vivimos, máxime que, según el censo de 2010, aproximadamente el 9 % de la población de Panamá se autoidentificó como afrodescendiente lo que coloca a Panamá como el tercer país de América Latina con mayor porcentaje de población afrodescendiente.

Es importante tener políticas públicas que lleven el objetivo de erradicar la discriminación en nuestro país por cualquier condición u origen.

Agradecemos el aporte de las investigadoras, el auspicio del Espacio de Encuentro de Mujeres y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, debemos seguir profundizando en estas realidades.

Fuente de la información: https://www.laestrella.com.pa

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Panamá: Docentes protestan frente al Ministerio de Educación

Por: Daniel M. Alarco

La Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof) protestó la mañana de este martes frente al Ministerio de Educación exigiendo mejoras en el sistema educativo del país.

«El Artículo 266 de la Ley Orgánica establece el 6% del PIB para la Educación», dijo Fernando Ábrego, secretario general de la Asoprof. Y añadió: «Ese 6% se incluyó en la Ley 34 de 1995 y no ha habido gobierno que haya implementado el 6% del PIB para la Educación».

A la manifestación asistieron diversos grupos de trabajadores de la educación, incluyendo capítulos de la Asociación Nacional de los Directivos de Escuelas oficiales de Panamá (Andeop) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Sinte).

El año escolar inició el lunes 1 de marzo de 2021 con unos 895 mil estudiantes (750 mil corresponden al sistema oficial) matriculados, según cifras oficiales.

La ministra de Educación, Maruja Gorday, confirmó el 19 de agosto en una entrevista con TVN-Noticias que al corte del 31 de julio, alrededor de 1,200 escuelas están abiertas. De estos centros escolares, 465 se encontraban en modalidad semipresencial y 640 en tutoría.

https://www.laestrella.com.pa/nacional/210824/docentes-protestan-frente-ministerio-educacion

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Panamá: Equidad e igualdad postpandemia

Por: Luis Eduardo Valle A/ laestrella.com.pa

Aún después de nueve años de la existencia de una política pública orientada a incrementar la participación de mujeres y la protección de sus derechos, vemos que la pandemia tuvo una grave afectación sobre el poco avance obtenido

Panamá es uno de los países de América Latina que ha establecido planes de igualdad de género desde el poder ejecutivo, específicamente la Ley N° 71 de 2008, que crea el Inamu, la Ley N°4 de 1999, por la cual se instituye la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y La Política Pública de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Ppiom) establecida por la Inamu en el año 2012.

Aún después de nueve años de la existencia de una política pública orientada a incrementar la participación de mujeres y la protección de sus derechos, vemos que la pandemia tuvo una grave afectación sobre el poco avance obtenido. En conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata Acevedo, indicó que “aún persisten barreras estructurales que impiden la participación plena de la mujer en actividades económicas, debido a obstáculos como la discriminación al momento de la contratación, en el acceso para ocupar altos cargos de mando y la desigualdad salarial”.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), el desempleo afectó mayormente a las mujeres (8,8%) en comparación con los hombres (5,8%). Lo anterior obedece a varios factores culturales y sociales:

1. Las mujeres en el hogar en su gran mayoría son las responsables de la educación (virtual) de sus hijos.

2. Las mujeres en el hogar se ocupan del cuidado de otros familiares que requieren ayuda, tales como adultos mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades mentales.

3. La mayoría de las plazas de trabajo altamente afectadas por la recesión económica son las de hospitalidad, saloneros, venta al por menor, donde una gran parte son ocupadas por mujeres.

4. Los trabajos con mayor riesgo de contagio durante la pandemia son ocupados en su mayoría por mujeres: enfermería, limpieza, trabajo social, y en Panamá inclusive la fuerza pública.

Todo lo anterior ha generado no solo una inequidad superior a la existente prepandemia, sino que también incrementó en mujeres el burnout o síndrome de desgaste profesional debido a que no solo deben cumplir con sus obligaciones laborales durante su jornada de trabajo, sino que deben hacer malabares para cumplir con sus obligaciones familiares simultáneamente.

Algunas propuestas que deben empezar a ser discutidas por su impacto sobre la igualdad y equidad serían las siguientes:

1. El periodo de licencia de maternidad, periodo de lactancia y fuero laboral deben ser revisados en nuestra legislación laboral a fin de garantizar que dichos derechos sean expeditos, y que estas pausas laborales no conlleven que la trabajadora se vea truncada en su crecimiento profesional, incluyendo salarios, ascensos y evaluaciones de desempeño.

2. Revisar todas las leyes laborales que creen algún tipo de protección o fuero y verificar su verdadero impacto. Muchas de estas normas en vez de salvaguardar el puesto de trabajo lo que hacen es crear una discriminación, porque desde el punto de vista de negocios se convierte en un riesgo contratar a personas que mantienen fueros ilimitados, difíciles de objetar y no sujetos a su desempeño ni productividad.

3. Establecer planes, sean estatales o de la empresa privada, dirigidos a cubrir la necesidad y costo de guarderías y de centros de atención integral a la primera infancia.

4. Proteger el derecho al subsidio de maternidad que otorga la CSS, que debió ser reconocido a trabajadoras embarazadas durante la pandemia.

https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/cultura/210714/equidad-e-igualdad-postpandemia

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ENTREVISTA: Educación, decisiva para cambiar cultura del plástico en Panamá

América Central/Panamá/07-05-2021/Autor(a) y Fuente: Spanish.xinhuanet.com 

Aunque Panamá ha avanzado a través de dos normativas en el propósito de reemplazar el uso contaminante del plástico por alternativas sostenibles, enfrenta ahora el desafío mayor de educar y generar conciencia sobre el tema, consideró María Navas, evaluadora de proyectos en el Ministerio de Medio Ambiente del país.

En entrevista con Xinhua, Navas, que ejerce en la dirección de verificación de desempeño ambiental del ministerio, resaltó que, además del cambio en los materiales de los productos comercializados en el país, «es importante crear conciencia en la población en favor de la implementación de modelos de consumo responsable, sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos».

El 20 de julio de 2018 entró en vigencia en el país, para negocios de venta al por menor, la ley que prohíbe el uso de bolsas de polietileno y promueve el de bolsas reutilizables.

«Como trabajo constante, debe realizarse la educación ambiental en todos los sectores para poder encaminarnos hacia la sostenibilidad, es necesario que todos los panameños entiendan la importancia de la aplicación de normativas que disminuyan el uso de plásticos y con esto deberán promoverse normativas más adelante», expuso Navas.

Según detalló, «gran parte de los comercios han adoptado el uso de las bolsas de papel y reutilizables como alternativa a las bolsas de polietileno, tomando en cuenta el objetivo de la ley (de 2018), que es la promoción de las bolsas reutilizables ya que generan menor impacto al ser de más de un uso».

Consideró como frutos de esa ley la reducción de aproximadamente el 33 por ciento en la entrada de bolsas plásticas al país, además que visualmente se ha podido notar una disminución de la presencia de este material en actividades como las limpiezas de playa y en la recolección en las barreras atrapa sólidos que se instalan en fuentes de agua.

La funcionaria identificó como otro avance la adhesión de Panamá, uno de los países de América Latina que más basura per cápita genera, a la carta sobre plásticos oceánicos, que, explicó, implica un compromiso con un enfoque eficiente y sostenible para la gestión de los plásticos a lo largo de su ciclo de vida.

Destacó además el trabajo del país en su Plan de Acción Nacional de Basura Marina, que busca reunir a actores de todos los sectores para crear actividades y concientizar sobre la basura marina.

«Es una herramienta guía para reducir y eliminar la basura marina que atenta contra la biodiversidad y los ecosistemas en sus costas y mares, involucrando y sumando los esfuerzos de la mayor cantidad de actores nacionales mediante la implementación de acciones de limpieza, restauración, legislación, gobernanza, investigación, desarrollo e innovación», subrayó

Fuente: http://spanish.xinhuanet.com/2021-05/06/c_139927100.htm

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Panamá: Una ley para blindar la educación sexual

Por: Cecilia Fonseca S./Prensa.com
La iniciativa aspira atender el problema de los embarazos no intencionales y prevenir los delitos sexuales. Entre enero y marzo de 2020 se registraron 2 mil 652 embarazos en menores de 10 a 19 años.

En 2019 hubo en Panamá 72 mil 456 nacimientos vivos, de los cuales 458 correspondieron a niñas/madres menores de 15 años y 11 mil 809 a adolescentes/madres de entre 15 y 19 años, según los datos más recientes de la Contraloría General de la República.

Estos números son solo el reflejo frío de un fenómeno social que se repite y en el que entran en juego la falta de protección hacia las niñas por parte de su núcleo familiar, y del Estado, que no logra pasar de la letra a la acción en cuanto a aseguramiento de derechos y castigo al infractor.

El tema, cuya génesis es multifactorial, es abordado a través de una iniciativa que está pendiente de primer debate en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Con ella se busca darle fuerza de ley a la enseñanza de la educación sexual, materializada hoy en el país, tras años de discusión para alcanzar un consenso, en lo que se conoce como las Guías de Sexualidad y Afectividad; y dar un paso más allá al incluir la prevención de los delitos sexuales.

Las guías comenzaron a elaborarse en 2016 y no fue hasta fines de 2019 cuando el documento consensuado estuvo listo. Luego, pasó casi año y medio para que se anunciara que la capacitación los facilitadores –400 y de forma virtual– empezaría: en abril de 2021.

La propuesta, de Gabriel Silva, Juan Diego Vásquez y Fátima Agrazal, aspira a instaurar el “Programa De Educación para la Prevención de Embarazos en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión sexual y Delitos Sexuales”. En ella se atribuye parte del problema a la falta de información y al desconocimiento de niñas y jóvenes sobre cómo prevenir situaciones de riesgo y cómo denunciarlas, cuando se ven envueltas en ellas.

“Esto [la ley] busca construir sobre las guías. Es importante la continuidad de la obligación y la continuidad de la educación sexual; garantiza presupuesto, garantiza horas de capacitación, garantiza temas”, dijo a este medio Silva, al explicar cómo se inserta su propuesta con los pasos hacia la enseñanza de la educación sexual que ha dado el país con las cinco guías elaboradas.

Las guías se dividen en: una dirigida a los padres de familia (orientación y formación en educación en sexualidad y afectividad), otra para cada nivel educativo (primaria, premedia y media), y una dirigida a adolescentes embarazadas, madres adolescentes y sus padres.

La propuesta

De acuerdo con la iniciativa, el programa a desarrollar estará basado en la ciencia, no será parte del currículo general y los centros educativos deberán notificar a los padres de familia o acudientes sobre las fechas y temas a tratar en cada clase, charla o taller que organicen. Corresponderá al Ministerio de Educación (Meduca) y al Ministerio de Salud (Minsa) establecer el diseño curricular y la capacitación docente, que no deberá ser menor a 30 horas para asegurar los objetivos.

Una ley para blindar  la educación sexual

La propuesta también detalla los temas que deberá ofrecer el programa, entre ellos, Conozca el cuerpo humano, su desarrollo y funcionamiento, en particular lo relativo al sistema reproductor; Conozca y practique el respeto a la integridad física; Conozca las maneras de prevenir un embarazo precoz; Sepa prevenir infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA; Sea capaz de prevenir, reconocer y denunciar la violencia sexual.

Una ley para blindar  la educación sexual

También se dispone que el Meduca y el Minsa creen, en todos los centros oficiales y particulares, espacios de formación para los padres o acudientes, a propósito de ofrecerles información sobre: aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos sobre los niños, niñas y adolescentes; promover la comprensión y el acompañamiento en su maduración afectiva, preparándolos para entablar relaciones interpersonales positivas; y vincular a la escuela y a la familia para el logro de los objetivos del programa.

Así mismo, promover canales de comunicación y reflexión conjunta entre los padres y sus hijos sobre la salud sexual y reproductiva, la responsabilidad con respecto a la prevención del embarazo precoz, la prevención en infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y la violencia o abuso sexual; y enseñar a los padres de forma adecuada cómo replicar la información en el hogar.

Los argumentos

El programa educativo, señala Silva en la exposición de motivos, puede ser parte de una solución integral de mediano a largo plazo a los problemas planteados. “Si los niños, niñas y adolescentes aprenden a prevenir, a protegerse, a cuidarse y a denunciar, muchas de estas lamentables situaciones se pueden evitar […] De lo contrario, seguirán incrementando los embarazos en menores de edad, afectando así la calidad de vida, la salud pública y arrebatándole la niñez a los jóvenes”.

En el documento, Silva sustenta, con estudios de organismos internacionales y estadísticas nacionales, la necesidad de atender el asunto. Entre otros aspectos, destaca que la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que el embarazo en la niñez o adolescencia es uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil, genera consecuencias en la salud y perpetúa la pobreza.

También refiere, citando al Banco Interamericano de Desarrollo, que las madres menores de edad tienen menos probabilidades de culminar la educación secundaria y que el embarazo adolescente reduce los años de escolaridad, la asistencia a la escuela y las horas laborales.

Aludiendo a estudios del Fondo de Población de Naciones Unidas indica que las niñas o adolescentes que quedan embarazadas antes de los 18 años rara vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y un nivel de vida adecuado, por el contrario, asumen obligaciones de adultas sin estar preparadas para ello y no tienen acceso a los mismos derechos y oportunidades que las demás niñas o adolescentes. La Organización Panamericana de la Salud advierte de que el embarazo no intencional se asocia no solo a pobreza y exclusión, sino a la violencia sexual.

La propuesta revela, de acuerdo con registros del Minsa, que entre enero y marzo de 2020 se registraron 2 mil 652 embarazos en adolescentes de 10 a 19 años, y que solo en esos tres meses se superó el 57% de los casos registrados entre enero y noviembre de 2019, cuando hubo 4 mil 652.

Entre 2007 y 2019, en el país hubo 181 mil 668 nacimientos vivos de mujeres menores de entre 10 y 19 años, según cifras de la Contraloría de la República.

De acuerdo al MINSA, del 2014 a mayo de 2019 quedaron embarazadas un promedio de 29 adolescentes por día. Esto representó aproximadamente 58 mil jóvenes embarazadas”. Estos números no incluyen cifras de la Caja de Seguro Social y de las clínicas privadas.

Detalla el texto que según la Contraloría, entre 2014 y 2018, 86 niñas con menos de 15 años tuvieron un segundo hijo; y que los registros del Ministerio Público reflejan que en 2020 hubo 5 mil 469 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de los cuales mil 913 fueron por el delito de acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18.

La bibliografía del impacto de la educación en reducir el embarazo precoz es extensa. La evidencia que hemos recopilado indica que los cursos, talleres, seminarios y demás pueden tener efectos positivos en reducir embarazos en los menores de edad […] también pueden tener efectos positivos en la reducción de las infecciones de transmisión sexual y VIH y los delitos sexuales. No obstante, los resultados dependen de la calidad e implementación”, se lee en la exposición de motivos.

Silva manifestó a este medio que con las Guías de Sexualidad y Afectividad se pasó de cero a algo, pero así como esos textos llegaron pueden desaparecer, ya que puede llegar un gobierno que diga que va a aplicar otras guías, y como no hay una ley que las respalde, eso no se podría evitar. Pueden cambiar al vaivén no solo del gobierno, sino del ministro –afirmó–. La ley que propusimos le daría más estructura y validez jurídica a las guías, para que la educación sexual se mantenga.

El diputado destacó que su propuesta se robustecerá cuando llegue el primer debate en la comisión, ya que pedirá la conformación de una subcomisión para que todos los grupos interesados participen y hagan aportes. “El foro para terminar de construir este proyecto, que no es una versión final, es la subcomisión”, apuntó, al tiempo que indicó que ya ha recibido comentarios de algunos diputados y organizaciones sobre aspectos que se deben modificar, y que aspira a que ese recorrido que viene sea de consenso.

Contexto global

Una ley para blindar  la educación sexual
The word sex education written in chalk on a blackboard

El Fondo de Población de Naciones Unidas aboga por la educación integral en sexualidad (EIS), que implica un enfoque basado en los derechos y centrado en el género, ya sea en la escuela o fuera de ella.

Este modelo implica una formación a lo largo de los años y de acuerdo con la evolución de las capacidades de los jóvenes. Incluye información científicamente precisa sobre el desarrollo humano, la anatomía y la salud reproductiva, así como información sobre anticoncepción, parto e infecciones de transmisión sexual.

Según el Unfpa, se trata de un asunto de derechos porque “las elecciones sexuales y reproductivas de los jóvenes pueden tener un efecto cascada en sus derechos humanos”.

El informe Estado Mundial de la Población 2021 –presentado este 14 de abril por el Unfpa– se centró en la autonomía corporal: el poder y la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas.

En este reporte se advierte, entre otras cosas, que el derecho a la autonomía corporal es violentado cuando se priva a los jóvenes de una educación integral en sexualidad.

La EIS –señala el informe–, no solo ayuda a evitar los embarazos no planeados y las infecciones de transmisión sexual, sino que también capacita a las personas para defenderse a sí mismas. También inculca valores de respeto, consentimiento e igualdad para todos, incluidos los niños, adolescentes y los hombres jóvenes, los cuales son fundamentales para convertir la autonomía corporal en una realidad.

Uno de los países de la región líder en EIS es Argentina, que en 2017 puso en marcha el Plan nacional de prevención del embarazo no intencional en adolescentes. Un reporte de la consultora Julia Frenkel revela que un año después de haberse comenzado a implementar el plan en 12 provincias del país, se registraron 6 mil 961 nacimientos menos que en 2017 en chicas menores de 19 años, incluidos 143 casos menos de niñas menores de 15 años. En ese año, 94 mil 79 de los nacimientos fueron de adolescentes menores de 20 años y 2 mil 493, de niñas menores de 15.

El 9 de diciembre de 2020, FLACSO Argentina lanzó la iniciativa “Pausa. Vamos de nuevo”, que ofrece materiales de EIS para adolescentes de 13 a 18 años, docentes y familias de la región latinoamericana. Este proyecto, que es apoyado por el Unfpa se enmarca en la Iniciativa de Inversión en Adolescencia y Juventud, 165 Millones de Razones: un llamado a la acción dirigido a movilizar, amplificar y coordinar esfuerzos a favor de las generaciones presentes y futuras, así como en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Los recursos disponibles, que están en diferentes formatos (audiovisuales, guía didáctica, acceso a otros recursos) y son accesibles e inclusivos, buscan facilitar el diálogo y promover una educación integral de la sexualidad de calidad, empoderando a las y los adolescentes para tomar decisiones conscientes y críticas sobre su sexualidad.

https://www.prensa.com/impresa/vivir/una-ley-para-blindar-la-educacion-sexual/

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Panamá: Retorno a clases semipresencial será a partir del segundo trimestre

Por: Sandry Crespo/elsiglo.com

El presidente Lauretino Cortizo anunció que el retorno a clases semipresencial será a partir del segundo trimestre

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que el Ministerio de Educación (Meduca) iniciará el retorno a clases semipresenciales a partir del segundo trimestre, con un plan piloto en 100 planteles del país.

«La meta es de 500 escuelas desde el segundo trimestre, pero con un plan piloto de 100, obviamente quisiéramos que fueran más», explico Cortizo.

El mandatario agregó que para este retorno gradual, se publicarán las condiciones para la apertura de los colegios en Gaceta Oficial, posiblemente este martes 13 de abril.

En el articulo 2 de dicho decreto destaca a la vacunación de los docentes y administrativos como una de las principales condiciones para el regreso a los colegios.

Las escuelas multigrados son las primeras que comenzarían con el retorno de estudiantes a las aulas. ‘Todas aquellas escuelas que cumplan con el decreto y después que tengan la aprobación de Salud. van a poder dar sus clases semipresenciales».

http://elsiglo.com.pa/panama/retorno-clases-semipresencial-sera-partir-segundo-trimestre/24176136

 

 

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