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Panamá: un punto de inflexión en la lucha

Por: Abdiel Rodríguez Reyes

El pueblo panameño, en su astucia, ya dejó de creer en el modelo neoliberal, instaurado hace más de cuatro décadas, y en el sistema de partidos impuesto por la invasión estadounidense en 1989

El movimiento social, popular, campesino y de pueblos indígenas logró sentar al Gobierno en una mesa única de diálogo (MUD) facilitada por la Arquidiócesis de Panamá. En un hecho inédito en nuestra historia reciente, amplios sectores de la sociedad, diversos entre sí, lograron instituir una misma mesa en condiciones similares con el Gobierno para encontrar soluciones a las necesidades de la población: como la alimentación, el precio de algunos servicios, mejoras en la educación y la accesibilidad a medicamentos.

Esta MUD como todo lo conseguido en ella, me refiero a los consensos, es un logro del movimiento social, popular, campesino y de pueblos indígenas. Por cuenta propia, el Gobierno no se hubiese sentado cara a cara con el pueblo, ni brindado respuestas satisfactorias a las reivindicaciones. Los gobiernos sencillamente tienen sus agendas y cada cinco años instrumentalizan la democracia. Hemos llegado a un punto de inflexión en la lucha. El pueblo en su astucia ya dejó de creer en el modelo neoliberal, instaurado hace más de cuatro décadas y en el sistema de partidos impuesto por la invasión estadounidense en 1989. En un reciente artículo, Claire Nevache del CIEPS habló de “las cinco crisis de Panamá”, una de ellas es la “crisis de representatividad y de confianza”; así que, no es de sorprender la indignación generalizada de la gente en las calles, sencillamente porque no confían en quienes gobiernan.

El 19 de julio del 2022 la vía interamericana a la altura de Veraguas estuvo en llamas por varias horas. Hubo una insurrección momentáneamente. El presidente de la República habló dos días después en Coclé, pero no dio mayores detalles, solo que delegaba un equipo del Gobierno para la negociación en el Centro Cristo Redentor en Penonomé; coordinada por el vicepresidente desde el Hotel Coclé. El 21 de julio inició la MUD, luego de dos intentos infructuosos de diálogo, el de Chiriquí y Veraguas. Los temas prioritarios de la MUD son: “1, rebaja y congelamiento de la canasta básica sin afectar al productor nacional 2, rebaja y congelamiento del precio del combustible 3, rebaja y abastecimiento de medicamentos en CSS y MINSA, sin privatizar 4, se cumpla con la Ley del 6% del PIB, para educación5, rebaja de la energía 6, discusión del tema de la CSS7, corrupción y transparencia 8, mesa intersectorial y de seguimiento”. Estos puntos supondrían mejores condiciones de vida para toda la población. Si escuchamos las discusiones de la MUD, vemos cómo les cuesta al Gobierno hacerlo. Lo hacen por la presión y no por voluntad propia. Por eso, cuando hablan de “la voluntad del Gobierno Nacional” de “solucionar los problemas” están haciendo una abstracción, porque realmente no es su voluntad, es por la presión de los movimientos sociales, populares, campesinos y de pueblos indígenas. La cual explica la poca confianza en el sistema de partidos y la necesidad de democratizar la democracia, porque, así tal cual está, no responde a los intereses de las mayorías.

Es natural que los empresarios velen por sus intereses crematísticos. No Podría ser de otra forma. Sin embargo, algunos funcionarios, empresarios, analistas y periodistas no solo hacen lo que le es natural. Además, parece que aún están en la guerra fría. Mientras en la MUD se está sustentando técnicamente la necesidad de crear las condiciones para el acceso a mejores condiciones de vida, algunos quieren inocular miedo en la población. Esos mismos voceros reproducen un discurso ideológico, con esto quiero decir que reproducen las ideas dominantes de los sectores dominantes. Según sus propios comunicados y vocerías, sus intereses son “la libre empresa”, “el libre tránsito”, “apertura inmediata como base para el diálogo”, “apertura de vías” y “eliminar los cierres”, estas son las preocupaciones del sector empresarial y también en menor medida, señalan la necesidad de un “diálogo transparente” y “establecer mecanismos que garanticen los compromisos que adopten sea viable, medible y lo más importante que se cumplan”.

No hablan de la millonaria evasión fiscal, ni de los altos márgenes de ganancia. También constatamos un discurso propio de la guerra fría, como “el neocomunismo que una minoría quiere imponer”, e incluso, “todos los comunistas deben ser inhabilitados”. Descalifican a quienes piensan distinto, adjetivando y sin brindar ninguna explicación objetiva de lo que está pasando y mucho menos soluciones concretas.

Es importante señalarle a quienes promueven la guerra fría que la intervención del Estado es una propuesta keynesiana y no necesariamente comunista. Quienes están sentados en la mesa del movimiento social, popular, campesino y de pueblos indígenas sí quieren algo: ¡mejores condiciones de vida!

Por otro lado, se habla de sacrificio. Que cada uno tiene que poner su cuota de sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Algunas acepciones señalan que es “ofrenda a una deidad”, “matanza de personas”, “acto de abnegación…por amor”; ahora bien, cómo interpretamos esto. Quien tiene que sacrificarse. El pueblo está cansado de sacrificarse, es más, ya no tiene que sacrificary, por eso, está en las calles.

Quienes hoy están en MUD no le están pidiendo ningún sacrificio a nadie, le están pidiendo al Gobierno que haga su trabajo: recaudar los impuestos transparentemente y hacer una mejor inversión social para mejorar las condiciones de vida de la población. Parece reinar en algunos funcionarios, empresarios, analistas y periodistas, lo señalado por Franz Hinkelammert, el “fetiche de la sacralización del mercado”. Es decir, tenemos que sacrificarnos para darle vida al mercado.

Olmedo Beluche en un reciente artículo con atino señaló los problemas estructurales de la crisis del país. Maribel Gordon en la MUD aportó también en esa dirección, preguntó por si el Gobierno quiere solucionar las causas o los efectos de los problemas. Allí está el núcleo del problema.

Obviamente el Gobierno en el mejor de los casos quiere atender los efectos del problema. Al movimiento social y popular les corresponderá plantearse una agenda política para discutir sobre las causas, este movimiento está en todo su derecho, y además es su responsabilidad histórica hacerlo. Democratizar la democracia es eso, no la caricatura de democracia que tenemos funcional a los intereses del establishment. En el cual solo un grupito decide por los millones de panameños y panameñas como se deben distribuir nuestros recursos. Estamos ante un punto de inflexión en la lucha, ya el hecho de sentar al Gobierno en una misma mesa, en condiciones similares, ya es un triunfo del movimiento social, popular, campesino y de los grupos indígenas. Las lecciones inmediatas hasta el momento son claras, unidos son más fuertes, y para alcanzar mayores reivindicaciones se requiere de un programa político en común. Como diría Maquiavelo en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, no prestemos atención a los tumultos, sino a los resultados de estos.

Fuente de la información e imagen: https://www.alai.info

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Panamá: Siguen las protestas tras 26 días de paro mientras se logran acuerdos por el precio del combustible

Luis A. Sánchez, representante de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) responsabilizó al Gobierno de cualquier atentado a la integridad física que pueda sufrir uno de los manifestantes, quienes desde hace 26 días se mantienen cerrando, caminando y protestando en diferentes puntos del país.

Las advertencias se dan en medio de las interrupciones que tuvo una marcha de educadores de AEVE por unidades antimotines en la provincia de Veraguas.

Los oficiales buscaban despejar la vía Interamericana para asegurar el tránsito de un convoy de alimentos.

El subcomisionado Marcos Rodgers, jefe de la Zona Policial de Veraguas, expresó que después de 20 días de cierre en la Interamericana hoy tomaron el control del lugar, ya que, a su juicio, los manifestantes corrían peligro por lo atentados perpetrados por personas ajenas a la marcha, como ocurrió los últimos dos días.

“Si la marcha continúa, estas personas que no son parte se tomarán ese punto y será un peligro para la comunidad. Ya abrimos la vía y no podemos permitir que se obstaculice el libre tránsito”, notificó el subcomisionado en un video publicado por la Policía Nacional.

Carlos Reyes, director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Veraguas, comentó a los medios que colaboran en el traslado de los vehículos articulados que van hacia la ciudad de Panamá y viceversa con cargas de alimentos e insumos médicos.

“Estamos buscando el dinamismo de la via Interamericana ahora que está abierta”, dijo Reyes.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo insistió, en un anuncio a la nación hoy, que las protestas, cierres de calles y carreteras afectan a todos, ponen en riesgo la salud y vida de los panameños, además de encarecer el costo de los alimentos y atentar contra el empleo.

Dijo que el Gobierno respeta el derecho a manifestarse, tal como lo establece la Constitución Política, pero sin alteraciones del orden público o violación de los derechos de terceros y mucho menos actos de vandalismo o delincuencia que atentan contra la seguridad y vida de los ciudadanos.

Cortizo advirtió que las autoridades aplicarán las sanciones contempladas en la ley, si en medio de estas acciones de protestas se registran actos de vandalismo o delincuencia que atentan contra la seguridad y vida de los ciudadanos.

Sánchez también acusó al Gobierno de usar estrategias para destruir la Mesa Única del Diálogo por Panamá, que se instaló en la provincia de Coclé, en Penonomé, para discutir las soluciones al congelamiento del precio de combustible y la canasta básica, como condiciones para frenar las protestas que se dan en varios puntos del país.

“Hemos visto demasiadas estrategias sucias, cochinas y puercas”, criticó el profesor en un video compartido en las redes de AEVE.

AEVE, a través de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, mantiene una participación en la mesa del diálogo que tiene como facilitadora a la Iglesia Católica.

Hasta el momento, todas las partes lograron un consenso en torno a la rebaja y congelamiento de la canasta básica familiar, después de que el Gobierno aceptó reducir el costo de la canasta básica en un 30% ($81).

Para esto, el presidente autorizó mediante Decreto Ejecutivo, la inclusión de 50 nuevos productos a la Canasta Básica, para un total de 72, lo cual representa un ahorro de más de $80, y con la rebaja en el precio del combustible, el ahorro sería superior al 30%.

La Estrella de Panamá

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Panamá: Gremios panameños esperan por el Gobierno para diálogo sobre la crisis

América Central/Panamá/22-07-2022/Autor(a) y Fuente: www.telesurtv.net

Rechazan el asalto a una caravana humanitaria con alimentos, organizada por los gremios. Fiscalía ordena detención de individuos que detuvieron el convoy.

Las organizaciones panameñas en protesta desde hace más de dos semanas, y que confirmaron este miércoles estar listas para iniciar la negociación con el Gobierno en medio de la crisis que vive el país, aguardan para reunirse este jueves por los representantes del Ejecutivo que debían asistir a la mesa única de diálogo.

Hasta el momento, desde el Gobierno no se ha informado quiénes conformarán la comitiva en la mesa de conversaciones.

Dicho espacio se instalará por decisión de las partes en el Centro Cristo Sembrador, en la Diócesis de Penonomé, provincia de Coclé (centro), y donde desde hace varias jornadas permanecen los líderes de estas organizaciones.

No obstante, la iglesia Católica, que actúa como mediadora, informó este jueves a medios locales que el Ejecutivo confirmó que asistirá al encuentro con los movimientos sociales a partir de las 14H00 hora local.

De acuerdo con el representante de Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, los delegados de las organizaciones populares redactaron un documento para hacerle ocho propuestas al Gobierno.

Medios locales dan cuenta de que los movimientos sociales seleccionaron como prioritarios los temas de rebaja y congelamiento de la canasta básica sin afectar al productor nacional, la rebaja y congelamiento del precio del combustible, y la rebaja y abastecimiento de medicamentos en Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud, sin privatizar.

Además, se decantaron por que se cumpla con la Ley del 6 por ciento del PIB para educación, la rebaja de la Energía, la discusión del tema de la Caja de Seguro Social, la lucha contra la corrupción y por la transparencia, y la instalación de la mesa intersectorial y de seguimiento.

Por las organizaciones populares, la mesa está conformada por representantes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional de Pueblo Organizado (Anadepo) y dirigentes de los grupos la comarca Ngäbe Buglé y comunidades campesinas, quienes conciliaron los principales puntos que presentar al Gobierno de Laurentino Cortizo.

No obstante la espera al diálogo, las medidas de presión, como es el cierre de las vías, se mantendrán a lo largo del país.

En relación con esta última medida, la reunión preparatoria de la mesa única del diálogo inició con un llamado al cese a la represión por parte de las unidades de la Policía que intervinieron para intentar abrir la vía Interamericana. Esa acción terminó con heridos y una veintena de detenidos.

En el interín, los gremios anunciaron que demandarán a los sujetos que interceptaron la caravana de más de 140 camiones del Corredor Humanitario, interceptada en la noche de este miércoles por hombres armados.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores y Similares (Suntracs), Saúl Méndez,, reaccionó ante lo ocurrido con los camioneros y señaló  que tiene identificadas a estas dos personas. “Se trata de dos delincuentes facinerosos que interceptaron a los transportistas y lo hacen con arma en mano”, recalcó.

Medios locales informaron que la Fiscalía ordenó la aprehensión y conducción de dos individuos, Alexis Jiménez Oliva y Manuel Murillo, por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia, tras impedir el paso de caravana humanitaria en la provincia de Chiriquí (este).

El convoy transportaba alimentos, medicamentos, combustibles y otras vituallas a la población de la Ciudad de Panamá (capital), y fue organizada por Suntracs bajo el criterio de que la lucha es contra el modelo neoliberal y no contra el pueblo que lo sufre.

Los reclamos de quienes protestan desde el pasado 6 de julio en Panamá se enfocan en el aumento del costo del nivel de vida asociado a los precios de los combustibles y la corrupción.

Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/panama-protestas-dialogo-organizaciones-gobierno-20220721-0015.html

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Panamá: Gremios mantienen el paro tras no lograr acuerdo con el gobierno sobre el precio del combustible

En Santiago manifestantes exigen respuestas a Cortizo; termina el diálogo sin un acuerdo

Un grupo de manifestantes violó la tarde de este lunes 11 de julio el cordón de seguridad y se acercó a la entrada del centro de convenciones de Coopeve, en la ciudad de Santiago de Veraguas para exigir respuestas al presidente Laurentino Cortizo.

Pasadas las 4:10 p.m. se conoció sobre la conclusión del diálogo este lunes sin ningún acuerdo entre los gremios y los funcionarios. Por tal motivo, voceros de las asociaciones indicaron que los cierre de calles y las protestas continuarán este martes 12 de julio.

Armando Espinosa, vocero de los grupos de la sociedad civil presentes en el diálogo, informó a TVN Noticias que los funcionarios propusieron que el galón de combustible se venda en 4 dólares con 25 centésimos para los carros que no son de lujo.

Sin embargo, los gremios exigen que sea en 3 dólares el galón. No obstante, luego de más de seis horas de reuniones no se logró ningún acuerdo.

De acuerdo con Espinosa, los tres ministros presentes en la reunión se levantaron de la mesa de diálogo al ver a los manifestantes afuera de las instalaciones del centro de convenciones.

En las instalaciones del centro de convenciones estuvieron los ministros de Educación, Maruja Gorday de Villalobos; de Comercio e Industrias, Federico Boyd; y de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama.

El grupo pide la presencia de Cortizo para que dé respuestas a sus peticiones, como el congelamiento del precio de los combustibles y la rebaja de la canasta básica de alimentos.

El diálogo entre los docentes y los funcionarios comenzó pasadas las 10:15 a.m., por ello los educadores exigían en la tarde una respuesta a Cortizo. No obstante, el grupo de ministros y los asesores abandonaron el centro de convenciones sin un acuerdo.

El grupo pide la presencia de Cortizo para que dé respuestas a sus peticiones, como el congelamiento del precio de los combustibles y la rebaja de la canasta básica de alimentos.

El diálogo entre los docentes y los funcionarios comenzó pasadas las 10:15 a.m., por ello los educadores exigían en la tarde una respuesta a Cortizo. No obstante, el grupo de ministros y los asesores abandonaron el centro de convenciones sin un acuerdo.

En Santiago manifestantes exigen respuestas a Cortizo; termina el diálogo sin un acuerdo

En la ciudad de Santiago –que ha sido el epicentro de las manifestaciones– se efectuó una marcha por las principales vías, actividad que terminó en las afueras del centro de convenciones.

Hoy, lunes, también se reportan cierres en la vía Interamericana, en las provincias de Chiriquí y Panamá. Además, universitarios cerraron la vía Transístmica, frente a la Universidad de Panamá.

Los cierres de la Interamericana son en el oriente chiricano y en Panamá, en el sector de Punta Chame.

Como en días anteriores, este lunes se realizó una concentración ciudadanas en la Plaza 5 de Mayo. Allí se reunieron docentes, estudiantes, y obreros de la construcción, que coreaban consignas contra la actual administración gubernamental. Además de congelar el precios de los combustibles, los manifestantes exigen al Gobierno un mejor manejo de las finanzas públicas.

CONVERSACIONES

Con más de 15 minutos de retraso comenzó esta mañana en la ciudad de Santiago de Veraguas el diálogo entre representantes del Gabinete de Cortizo y delegados de los educadores.

Entre los puntos que se abordan están el alto precio de los alimentos y combustibles.

Este diálogo se realiza en medio de protestas que se realizan en todo el país por parte de moradores de la comarca Ngäbe-Buglé, docentes y los miembros del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

Por ejemplo, el Suntracs convocó para este miércoles 13 de julio a un paro de 24 horas de advertencia y en una conferencia de prensa (efectuada ayer domingo) su secretario general, Saúl Méndez, exigió a las autoridades que planteen en cuánto bajarán el precio de los combustibles.

Mientras que los gremios de educadores, desde hace más de una semana, realizan protestas en todas las cabeceras de provincia y cierres parciales de la vía Interamericana para exigir la rebaja de la gasolina y el diésel.

LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ OFRECE MEDIACIÓN

En medio de este escenario, la Universidad de Panamá (UP) expresó que “ve con suma preocupación la ausencia de medidas gubernamentales efectivas, la indolencia mercantil y la total amoralidad de sectores políticos que se aprovechan de las necesidades humanas a través del uso indebido de recursos patrimoniales del Estado que deberían estar destinadas a responder a la emergencia nacional”.

Así lo dejaron saber los miembros del Consejo Académico de la UP, a través de un comunicado, donde indican que “la sociedad panameña precisa en estos momentos de su mayor talento y creatividad para encontrar soluciones plausibles, austeras y efectivas”.

Por ello, señalaron que “es el momento de hacer un alto y dialogar para rescatar la cohesión social que nos lleve por caminos de compromisos de austeridad gubernamental y una redistribución de los recursos nacionales”.

La primera casa de estudios superiores informó que ponía a disposición de la sociedad sus recursos humanos, salones y aulas magnas, para servir de facilitador en lo que debe ser un “gran diálogo nacional por el bien común”.

En ese mismo sentido, los gremios empresariales como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa divulgaron comunicados este domingo 10 de julio, en el que llaman al diálogo y que el Gobierno actúe debido a que no se puede mantener el país paralizado.

Los gremios empresariales reconocieron el derecho a protestar que tienen todos los ciudadanos, pero pidieron que no se afecten a terceros y menos la movilidad de carga, pasajeros y mercancías.

También recordaron que no es conveniente para los estudiantes panameños la suspensión de las clases luego de los efectos negativos que causó la pandemia de la covid-19 en los centros educativos.

Prensa

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Panama: Educación sexual: el eterno debate que no logra avances

Por: Aleida Samaniego C.

Desde 2008, cuatro proyectos de ley sobre embarazos en menores han llegado a la Asamblea Nacional. El último fue prohijado hace un año y aún no recibe primer debate.

El concepto de educación integral de la sexualidad es aún débil en Panamá y las normativas que buscan establecerlo quedan constantemente estancadas en discusiones en la Asamblea Nacional.

La última de las propuestas legislativas relacionadas con el tema cumplió el pasado 24 de marzo un año de haber sido prohijada, pero aún no recibe el primer debate.

Se trata del proyecto de ley 590, presentado por los diputados independientes Gabriel Silva y Juan Diego Vásquez, y la diputada de Cambio Democrático Fátima Agrazal, el cual aspira a establecer el “Programa de Educación para la Prevención de Embarazos en Menores de Edad, Infecciones de Transmisión sexual y Delitos Sexuales”.

En esta iniciativa se atribuye parte del problema a la falta de información y al desconocimiento de niñas y jóvenes sobre cómo prevenir situaciones de riesgo y cómo denunciarlas cuando se ven envueltas en ellas.

El programa de educación, señala Silva en la exposición de motivos, puede ser parte de una solución integral a los problemas planteados de mediano a largo plazo. “Si los niños, niñas y adolescentes aprenden a prevenir, a protegerse, a cuidarse y a denunciar, muchas de estas lamentables situaciones se pueden evitar […] De lo contrario, seguirán incrementando los embarazos en menores de edad, afectando así la calidad de vida, la salud pública y arrebatándole la niñez a los jóvenes”.

En el documento, Silva sustenta, con estudios de organismos internacionales y estadísticas nacionales, la necesidad de atender el asunto. Entre otros aspectos, destaca que la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que el embarazo en la niñez o adolescencia es uno de los factores que contribuye a la mortalidad materna e infantil, genera consecuencias en la salud y perpetúa la pobreza.

Un intento más

La propuesta del diputado Silva se suma a otros tres intentos anteriores sobre educación sexual para la prevención de embarazos en menores, prevención de infecciones y delitos sexuales.

La primera iniciativa presentada a la Asamblea Nacional llegó en marzo de 2008 de manos de la exministra de Salud Rosario Turner, pero no prosperó. Luego, en septiembre de 2010, la diputada de Cambio Democrático Marylín Vallarino presentó el proyecto de ley 305, y en agosto de 2014 el diputado del Partido Revolucionario Democrático Crispiano Adames presentó el proyecto de ley 61, pero las discusiones de ambos fueron suspendidas.

De hecho, el proyecto de ley de 61 causó que miembros de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia marcharan en julio en 2016 contra de la iniciativa, así como en rechazo de las guías de educación sexual, por considerar que se introducía la ideología de género.

Realidad numérica

En tanto, las estadísticas de Panamá demuestran una y otra vez que se debe actuar sobre el tema.

Por ejemplo, en 2020 los embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad se duplicaron. Pasaron de 4 mil 652 casos en 2019 a 9 mil 724 ese año, según las estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa) sobre la proporción de adolescentes embarazadas de 10 a 19 años que ingresaron a control.

Además, datos presentados el año pasado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa )y el Minsa –como parte del estudio titulado Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Panamá– dan cuenta que la tasa de fecundidad de jóvenes de 15 a 19 años de edad en 2019 estaba 67.2 nacimientos vivos por cada mil mujeres.

Rubiela Sánchez, de la Coalición Panameña por la Educación Integral en Sexualidad, indicó que los datos de salud sexual y reproductiva son suficientes para evidenciar que estamos viviendo las consecuencias de tener una población sin una verdadera educación integral en sexualidad, basada en datos científicos y en derechos humanos.

Añadió que la violencia contra la mujer se ha acentuado y que cada vez más son las noticias sobre feminicidios, abusos sexuales y sexo transaccional , al tiempo que más del 40% de las nuevas infecciones del virus de inmunodeficiencia humana se registra entre la población de 15 a 40 años.

Sánchez dijo que la única iniciativa que logró avanzar a segundo debate fue el proyecto de ley 61, pero se suspendieron las discusiones cuando, en paralelo, el Ministerio de Educación (Meduca) y el Unfpa elaboraron un borrador de las guías de educación sexual.

Evidencia científica

Sobre los intentos de crear una ley de educación sexual, la científica del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud Amanda Gabster señaló que hay cambios sociales que necesitan de mucha información y negociación, especialmente los que están relacionados con los derechos humanos y decisiones basadas en la evidencia científica y, sobre todo, cuando las decisiones se han basado en la moralidad durante mucho tiempo.

Sostuvo que sin leyes que regulen y currículos que aseguren que se enseña la base mínima de un currículo, habrá huecos o derivaciones por parte de quien los implementa. Sin embargo, dijo que la mera existencia de una ley no significa que un currículo se implemente de manera efectiva o adecuada.

Por lo tanto, al igual que con la implementación de cualquier programa, deben existir monitoreos regulares y evaluaciones rigurosas, como también estudios sobre su implementación, efectividad y aceptación. Este monitoreo debe incluir estudios epidemiológicos regulares que incluyan describir los cambios de prevalencia en el abuso sexual, el embarazo y las infecciones de transmisión sexual, detalló.

Enseñar a discernir

Juan Francisco de la Guardia Brin, expresidente de la Alianza Pro Familia y Valores, manifestó a título personal que no se necesitan leyes, ya que el Meduca tiene la potestad de incluir el tema en su pénsum académico, como ya lo ha hecho exitosamente con las guías de sexualidad y afectividad, que ha sido el consenso al que se ha llegado luego de muchos años de mesas redondas de organizaciones con formas de pensar muchas veces contrarias entre sí.

Para Juan Francisco de la Guardia Brin hay mucha información sobre la educación sexual, lo que hay que enseñar a los jóvenes es a discernir entre lo adecuado y lo inadecuado, formando carácter, respeto a su cuerpo, y las guías elaboradas cumplen con esos objetivos.

Considero que la raíz de todo esta situación es multifactorial, pero fuertemente influida por la tendencia a la trivialización del acto sexual, por una búsqueda de placer sin importar las consecuencias y por la falta de castigo a los violadores.

En Panamá, desde 2008 se viene discutiendo sobre una legislación de educación sexual, pero no se logra un consenso al respecto.

https://www.prensa.com/impresa/panorama/educacion-sexual-el-eterno-debate-que-no-logra-avances/

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El color de la piel nos marca y nadie nos mira

Por: Nelva Reyes B.

“Es muy deplorable que Panamá haya vivido y viva situaciones que han venido a fortalecer y a sostener hasta la actualidad actos y posiciones discriminatorias, […]”

El 25 de octubre, en la biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, se presentó el libro Mujeres urbanas: afrodescendientes entre la desigualdad y la discriminación. La presentación estuvo a cargo del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, con la doctora Aracelly De León, directora de este. Se hicieron presentes el doctor Jaime Gutiérrez, vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá y el profesor de Sociología Fernando Murray.

La investigación fue llevada a cabo por las profesoras Xiomara Rodríguez, Juana Camargo y Eusebia Solís, además de mujeres de los cinco corregimientos, que participaron en el estudio aportando su experiencia y conocimientos.

La investigación se desarrolla con siete ejes fundamentales que parten de: Una Introducción; Una mirada conceptual a la discriminación; una mirada afrodescendiente a la realidad nacional; acercamiento socioeconómico a los corregimientos del estudio; voces de mujeres urbanas afrodescendientes del centro de la ciudad de Panamá: propuesta para el empoderamiento y la inclusión de mujeres urbanas afrodescendientes; conclusiones, bibliografías y anexos.

En el estudio se define a las y los afrodescendientes como “personas de origen africano que viven en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

Se señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en 2011 que “en América Latina viven unos 150 millones de afrodescendientes, representando el 30 % de la población de una parte del continente americano”. Además, la investigación nos indica que, en el mundo laboral, la realidad para las personas afrodescendientes no es esperanzadora, puesto que dicha población ocupa la parte más baja de la escala salarial, y es la población que realiza más tareas en la informalidad de baja calificación, menor incluso, si se compara con una persona no afrodescendiente. Las tasas de desempleo de este colectivo son mayores que las de la población total, según el informe del BID, que plantea: “en general, los afrodescendientes tienen niveles más altos de desempleo en todos los países y entre quienes tienen empleo, una proporción mayor labora en ocupaciones poco calificadas”.

El libro hace una breve reseña de la fundación de cada uno de los corregimientos investigados, como lo son Calidonia, Curundú, El Chorrillo, San Felipe y Santa Ana. Cuatro de los cinco corregimientos fueron fundados el 29 de abril de 1915 y el corregimiento de Curundú se funda el 17 de noviembre de 1971. La investigación contribuye a visibilizar que el racismo y la discriminación, como dimensiones de la opresión racial, son una realidad en Panamá. Las voces de las mujeres de estos corregimientos, establecidos en el corazón de la ciudad de Panamá, nos brindan una serie de información que corrobora las condiciones y situación en las cuales viven las familias afrodescendientes, y hace muy evidente la triple discriminación de la cual son víctimas las mujeres afrodescendientes, discriminadas por ser mujeres, negras y pobres. Pero, además nos indica, según la encuesta de hogares de 2017, que “la presencia de la población afrodescendiente se puede encontrar en todo el territorio nacional; sin embargo, las cinco provincias con mayor presencia afropanameña son Colón (41,8 %), Darién (24,3 %), Coclé (20 %), Panamá (18,6 %) Bocas del Toro (15,3 %), provincias donde vive la mayor cantidad de personas que se autocalifican como afrodescendientes…”. En estas provincias está Colón que en “2016, aportó el 26 % del producto interno bruto del país, 13 605, millones de balboas”, pero es víctima de políticas públicas racializadas.

Es muy deplorable que Panamá haya vivido y viva situaciones que han venido a fortalecer y a sostener hasta la actualidad actos y posiciones discriminatorias, ya sea por etnia, condición económica o cualquier otra razón. Así se dio la ciudad amurallada, luego el “Silver Roll” y “Gold Roll” y en 1941, en la Constitución de la República de Panamá, se establecía: “Son de inmigración prohibida: la raza negra cuyo idioma originario no sea el Castellano, la raza Amarilla y las razas originarias de la India, el Asia Menor y el Norte de África”. Son vergonzosas las experiencias que hemos vivido y vivimos, máxime que, según el censo de 2010, aproximadamente el 9 % de la población de Panamá se autoidentificó como afrodescendiente lo que coloca a Panamá como el tercer país de América Latina con mayor porcentaje de población afrodescendiente.

Es importante tener políticas públicas que lleven el objetivo de erradicar la discriminación en nuestro país por cualquier condición u origen.

Agradecemos el aporte de las investigadoras, el auspicio del Espacio de Encuentro de Mujeres y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, debemos seguir profundizando en estas realidades.

Fuente de la información: https://www.laestrella.com.pa

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