Pandemia

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¿Qué impacto tiene en los niños no ir físicamente a la escuela durante un año?

Noticias
Por: https://www.vistazo.com
El 97 % de los niños, niñas y adolescentes latinoamericanos está a punto de cumplir casi un año sin pisar la escuela, y con las clases virtuales inaccesibles para los más vulnerables, la región corre el riesgo de perder su futuro por décadas, alerta un informe de Unicef conocido este lunes.
Con casi ocho meses de pausa prolongada para 137 millones de niños y niñas de Latinoamérica (un tiempo cuatro veces más alto que la media global), la agencia de las Naciones Unidas advierte de una posible «catástrofe generacional», provocada por la ausencia de clases presenciales por la covid-19.
«Cada día que pasa con las escuelas cerradas se va dando forma a una catástrofe generacional, que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto» reitera el reporte.
Uno de los efectos «profundos» de la crisis es que casi 3 millones de niños, niñas y adolescentes están en riesgo de no regresar nunca a la escuela.
Ante estas cifras, América Latina se enfrenta al reto de evitar que el potencial de las nuevas generaciones se pierda y se profundice la desigualdad de la región, devastada por los efectos de la covid-19, con 11 millones de casos hasta la fecha.
APRENDER EN DESIGUALDAD DE CONDICIONES
El jamaicano Wayne Young está preocupado por sus siete hijos: «Creo que mis hijos van a retroceder mucho», admite. «No tienen internet. No tenemos un teléfono celular. No tenemos una computadora porque no podemos pagarla».
Su testimonio, recogido en el informe, pone de relieve la brecha digital en Jamaica, donde internet solo tiene una penetración del 55 %, una injusticia que se extiende por América Latina.
En la región, solo la mitad de los alumnos de las escuelas públicas tiene acceso a clases a distancia de calidad, mientras que en las escuelas privadas esa cifra sube al 75 %, estima Unicef.
Tener internet era «un privilegio en América Latina» ya que «las escuelas de mayores ingresos» eran «las que tenían conexión», advierte a Efe Ruth Custode, especialista de educación de la Oficina Regional de Unicef para América Latina y el Caribe.
Custode apostilla de que no se trata solo de internet, sino también de tener un ordenador con el que acceder a las clases.
Por eso, lamenta que solo «el 18 % de los niños de los quintiles con los ingresos más bajos» tienen acceso a algún dispositivo, mientras que en los quintiles más altos «esa cifra es del 80 %».
«Con unos padres con mejores ingresos, con un nivel de educación más alto, los niños van a rendir mejor porque van a tener más apoyo. Pero en los grupos más vulnerables donde los padres no tienen un nivel educativo tan alto, ni conectividad, ni recursos, eso se complica aún más», esgrime la especialista.
La desigualdad es más acuciante en grupos vulnerables con niños con discapacidad, migrantes, indígenas o en zonas rurales donde la educación a distancia no llega, según Unicef. En las poblaciones rurales de Bolivia, por ejemplo, solo el 18 % tiene ordenador y el 3 % conexión permanente a internet.
«CATÁSTROFE GENERACIONAL»
Unicef advierte de que el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que no recibe educación alguna, ni presencial ni remota, se ha disparado del 4 % al 18 % en los últimos meses.
¿Qué impacto puede tener para un niño o niña faltar a la escuela durante un año? Para Custode, tanto tiempo causa efectos a largo plazo «gravísimos».
«Si no hay realmente procesos de nivelación adecuados, esos niños van a tener un vacío durante toda su vida», enfatiza. Y esa pérdida terminará reflejándose en unos «peores salarios», como ya advirtió el Banco Mundial.
Según el organismo multilateral, cada niño en educación primaria y secundaria en América Latina y el Caribe podría perder de su sueldo entre 242 y 835 dólares cada año y hasta 15.000 a lo largo de su vida laboral.
Eso se traduce en una pérdida de hasta 1,2 billones de dólares en ingresos para los Gobiernos de la región durante el ciclo de vida de esta generación de estudiantes.
Otras consecuencias irán emergiendo a lo largo de su educación, con un aprendizaje inferior y una mayor probabilidad de abandonar las aulas por completo.
Por ejemplo, Unicef y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estiman un aumento de estudiantes de secundaria que caerán por debajo del nivel mínimo de competencia en lectura.
Al menor nivel en las competencias básicas, se le suman las trabas para hacer amigos y aprender aptitudes sociales.
«Nos preocupa mucho la falta de apoyo psicosocial que brindaban las escuelas, porque si los adultos lo estamos sufriendo, imagina qué significa para un niño o un adolescente estar ocho meses encerrado en casa y pegado a una pantalla», expone Custode.
Sobre todo, porque para los «más pequeñitos de nivel preescolar» su aprendizaje principal ahora es sobre todo «su parte social» ya que justamente a los «5 u 8 años se asientan las bases de su desarrollo social».
MÁS QUE UNA ESCUELA
El cierre de las escuelas no solo aplaza la educación para algunas familias, sino que supone la pérdida «de una cantidad enorme de servicios, como el de la salud, de apoyo psicosocial y de protección» para la infancia, añade la especialista.
Al menos 80 millones de niños, niñas y adolescentes de América Latina han perdido las comidas escolares y corren el riesgo de desarrollar deficiencias nutricionales.
«Al no tener acceso a esa comida, también se pierde una motivación para que los padres envíen a sus hijos a la escuela», donde a veces recibían su única comida nutritiva del día.
Los niños, niñas y adolescentes también están más desprotegidos ante la violencia en el hogar. La especialista explica que «muchos niños estarán dedicados a labores domésticas y eso nos preocupa mucho, también en el tema de las niñas puede ser aún más grave, con niñas dedicadas a tareas domésticas, a cuidar de sus hermanitos…».
REABRIR LAS ESCUELAS DEBERÍA SER LA PRIORIDAD
Mientras muchas escuelas en África, Asia y Europa están reabriendo gradualmente, en 18 de los 36 países y territorios de la región las puertas de las aulas permanecen cerradas.
Ante la suspensión masiva de los servicios educativos, Unicef ha brindado apoyo contribuyendo a que 42 millones de estudiantes en la región reciban aprendizaje a distancia y en el hogar a través de la radio, la televisión, Internet y otras plataformas.
Para Custode, la prioridad debe ser «reabrir las aulas, siempre con la máxima seguridad» porque «el mejor sitio para garantizar la educación es la escuela». Para eso, se necesita inversión, ya que 4 de cada 10 escuelas de la región carecen actualmente de instalaciones básicas para lavarse las manos.
La experta insiste en que «no se puede dar una receta universal». Y pone de ejemplo como en sitios rurales, «donde hay una escuela que tiene 20 niños, donde no hay casos de transmisión, no hay necesidad de que esa escuela esté cerrada».
*https://www.vistazo.com/seccion/actualidad-mundial/que-impacto-tiene-en-los-ninos-no-ir-fisicamente-la-escuela-durante-un
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El consuelo de un país en crisis recae en sus estudiantes de psicología

Rebelion

Por Mayuri Castro

El cuidado de la salud mental nunca ha sido prioridad en la agenda del gobierno ecuatoriano. Por eso, este año que el coronavirus ha inundado de tristeza e incertidumbre al país, no había una estructura lista para contener tanto golpe emocional. En medio de la emergencia, los estudiantes de psicología han tenido que asumir la responsabilidad de brindar alivio durante una pandemia.

María Judith López tiene veintidós años y es estudiante de psicología. Ya ha avanzado lo suficiente en la carrera para explicar sus posibles temas de investigación de grado con términos como “intervención en crisis”, “contención”, “procesos de duelo”. Es decir, a María Judith le interesa acompañar y guiar a otros cuando les toque recorrer los caminos más espinosos de la vida. Y para eso se ha estado preparando. En la universidad le enseñaron toda la teoría necesaria para equilibrar las emociones de alguien en shock frente a un evento traumático. El problema es que no esperaba tener que ponerla en práctica de manera tan abrupta. No esperaba que de pronto llegue una pandemia y se le presenten casos mucho más complejos de los que había leído en los libros.

En abril, María Judith era una de los más de trescientos estudiantes de psicología que atienden la opción 6 del 171, la línea gratuita del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, que brinda atención psicológica. Esta ha sido una respuesta del Estado para atender la emergencia y que los estudiantes cumplan sus prácticas preprofesionales. Son una especie de ejército voluntario que trata de contener desde sus celulares el dolor y la desesperanza que ha impuesto la crisis del COVID-19.

Aunque María Judith contestó más de cien llamadas durante su servicio, hay algunas que simplemente no puede olvidar. Una noche sonó su celular, al que le ponía un chip especial para atender la línea 171. Era un hombre pidiéndole que le ayude a resolver un dilema que jamás pensó enfrentar: no sabía qué hacer con el cuerpo de su hija que había muerto por COVID-19 en su casa. María Judith le dio indicaciones para que lo envolviera con un plástico o una sábana hasta que un funcionario del gobierno lo recogiese. Dicen los psicólogos que un consejo práctico puede reducir la intensidad de las emociones de alguien en medio de una crisis. Pero después, hay que escuchar. El hombre le contó a María Judith que, además del duelo, había perdido el empleo por la pandemia y que no tenía nada que comer. Ella le preguntó si profesaba alguna religión para que hiciera una oración. Él le dijo que era cristiano, pero que estaba tan triste y enojado que había olvidado su fe. Entonces se necesitaba otro tipo de soporte. María Judith le preguntó si podía enviar un mensaje a algún familiar o amigo en ese momento para que lo acompañase aunque sea por teléfono. El hombre contestó que sí. La estudiante colgó la llamada luego de más de una hora de conversación, cuando el hombre le confirmó que estaba más tranquilo. Pero ella, no. “Yo pensaba ¿será que el psicólogo al que lo derivé le llama pronto? ¿Será que le pueden ayudar a enterrar a su hija? ¿Será que el gobierno le va a entregar alimentos o le apoyarán los amigos?”, recuerda María Judith. Su trabajo terminaba en esa conversación pero ella se quedaba con una cadena de “pequeñas angustias”. Fue su primer y único contacto con él.

Para la estudiante responder las llamadas de auxilio representaba una responsabilidad con esos pacientes. Ella debía aplicar lo que le habían enseñado en la universidad y ayudar a las personas en todo lo que pudiese. Esta presión no se manifestó de ninguna forma física: no tuvo insomnio ni problemas para comer. Pero una vez sus padres le dijeron que después de colgar el teléfono, su humor cambiaba. Estaba más irritable, más enojada. “Me di cuenta que a veces yo me quedaba pensando en los casos de violencia que me contaban. Me quedaba con la duda si la persona recibió la atención que pedía o no. Me llenaba de incertidumbre porque mi trabajo terminaba al colgar el teléfono”, cuenta María Judith. Quizás la señal más clara que tuvo sobre el reto de atender la línea 171 fue que su corazón empezaba a palpitar más rápido cada vez que escuchaba el timbre de su celular. La estudiante de psicología solo se calmaba cuando se daba cuenta que no estaba en horario de atención, que se trataba de la llamada de un amigo o familiar que quería saber cómo estaba llevando la cuarentena.

Desde abril, cuatro días a la semana, los estudiantes de al menos ocho ciudades del país reciben entre cinco a seis llamadas de personas agobiadas. — Ya no soporto estar encerrada con mis hijos—Tengo problemas para comer — Estoy escondida en el armario porque mi marido me golpeó—Señorita, he pensado en matarme— No puedo dormir y comencé a tomar pastillas ¿eso está bien? Y, por supuesto, también están los temores por el virus que trastornó al mundo. Muchos ecuatorianos llaman al 171 porque no soportan el miedo de contagiarse y enfermar de Covid-19. Otros porque no saben cómo sobrellevar el duelo de las muertes abruptas que ha causado la pandemia.

Además, durante unos meses, en este país la muerte se impuso de tal manera que no se podía ignorar. El sufrimiento de la gente se agudizó porque en las calles, especialmente en Guayaquil, había cadáveres esperando que un vehículo de medicina legal los llevase a un cementerio, las funerarias estaban colapsadas, la gente no encontraba ataúdes para sus muertos, el municipio repartía cajas de cartón para enterrar los cuerpos. En su intención de controlar la pandemia, el gobierno designó al entonces presidente del directorio de BAN Ecuador, Jorge Wated, como líder del grupo de recolección de los cadáveres de las calles. El 1 de abril de 2020, Wated dijo que pasaron de recoger 30 a 150 cuerpos diarios. El concejal de Guayaquil Andrés Guschmer dijo que habían recogido 400 cuerpos de las personas fallecidas en sus hogares, no dijo en qué lapso.

Verse obligado a convivir con el cuerpo sin vida de tu padre, hija o hermano tendrá un efecto en tu salud mental que solo podrá calcularse con el tiempo. No en vano el ser humano es una especie que necesita enterrar a sus muertos. Para Mary Roach, escritora estadounidense especializada en ciencia popular, esto se debe a que “el hombre no observa al cadáver de su ser querido como su ser querido”. De pronto, ese cuerpo se ha convertido en un contenedor de carne y hueso donde habitó la persona que tanto amamos pero que ya no está. Seguir observándolo, percibir alguna señal de descomposición como el cambio del color de la piel o un intenso olor, suele grabar imágenes traumáticas que se sostendrán en el tiempo. Si la muerte nos arrebata a la persona que amamos, la presencia de un cadáver podría enturbiar la manera en la que deseamos recordarla.

La incapacidad del gobierno para recoger y enterrar a los muertos no es lo único que ha hecho más trágico el duelo de los ecuatorianos. Cientos de familias perdieron el rastro de su pariente fallecido. Las personas no encontraban el nombre de su ser querido en la página web del gobierno creada para indicar en qué cementerio estaba enterrado cada cuerpo recogido. Los cuerpos de Inés Salinas y el de su esposo Filadelfio Asencio, fallecidos el 30 de marzo, fueron retirados de su casa cuatro días después. Su familia los envolvió en plástico para evitar el mal olor porque comenzaron a descomponerse y los puso en la puerta de la casa esperando al grupo que tenía que recogerlos. En la página web del gobierno no aparecían los nombres de Inés Salinas y Filadelfio Asencio, su familia comenzó a buscarlos. Luego de cuatro meses, en julio de 2020, después de una intensa búsqueda en cementerios, hospitales y morgues, Mercedes Asencio, hija de los fallecidos, encontró los cuerpos de sus padres y pudo sepultarlos. Hasta hoy, decenas de personas siguen buscando el cuerpo de su familiar para darles sepultura.  §La pandemia ha evidenciado la relevancia de un tema poco debatido pero esencial para cualquier sociedad: el Estado ecuatoriano no se ha hecho cargo de la salud mental de su gente. Antes de la pandemia 1 de cada 10 personas en el país necesitaba atención en un momento crítico de su vida. En la emergencia por el Covid-19, la cifra ha crecido a 7 de cada 10 personas, dice Ignacia Páez,  gerente de la Mesa de Salud Mental, creada por el Comité de Operaciones de Emergencias (COE Nacional), que se encarga de manejar la crisis sanitaria en el país. La funcionaria reconoce que el Ministerio de Salud no tiene el personal necesario —cuenta con 3,8 psicólogos por cada 100 mil habitantes cuando la OMS recomienda 9— para contener emocionalmente a la población. Por eso, ante la urgencia, creó un sistema de semaforización para dar atención psicológica gratuita. En este proyecto el gobierno ha invertido cero dólares, y es el que recae en los hombros de los estudiantes de psicología.

El semáforo de salud mental  tiene, como el de tránsito, tres colores: verde, amarillo y rojo. Páez dice que el código verde está relacionado con la psicoeducación, que es dar información sobre el COVID-19. Su objetivo es reducir el temor y la ansiedad de las personas. En este código, hay recomendaciones para que quienes visitan la  página web del gobierno dedicada al seguimiento del nuevo coronavirus en Ecuador, encuentren ideas para mantener el buen estado de la salud física y mental. Páez dice que el mensaje está llegando a la gente: el sitio web ha tenido hasta 125 mil visitas en un día. Esta cifra es menos optimista cuando se recuerda que en el país existe una brecha digital: hasta el 2018, sólo el 37,2% de hogares de Ecuador tenía acceso a Internet. En las zonas urbanas, había un total de 46,6 % de hogares con servicio de internet, mientras que en las zonas rurales el porcentaje era de 16, 1%. A pesar de que el sistema de semaforización fue creado por el Ministerio de Salud, son los docentes y estudiantes de psicología quienes mantienen a flote la atención  en la pandemia. Como parte de las prácticas preprofesionales, las universidades en las que hay la carrera de psicología acordaron con el Ministerio de Salud que los estudiantes estarían encargados de atender las llamadas de la opción 6 del 171 que califiquen para el código amarillo. Es decir, deberían brindar primeros auxilios psicológicos. En la práctica, sin embargo, también atienden el código verde. “Yo he contestado llamadas de gente asustada de salir a la calle, gente que tiene miedo de contagiarse, que necesita contar sus síntomas porque cree que ya se va a morir”, dice la estudiante Dennisse Tirado, de 22 años.Cuando un caso presenta mayor riesgo, los estudiantes de psicología lo derivan a los psicólogos profesionales. Más de novecientos psicólogos y noventa y ocho psiquiatras del sector público, del sector privado y voluntarios de organizaciones particulares, son los encargados de atender los códigos rojos. Pero algunas veces, los psicólogos no contestan cuando los estudiantes transfieren la llamada. “El problema es que en ese código, nadie responde. No hay profesionales en la línea entonces nosotros debemos hacer lo posible para que la persona vuelva a la estabilidad emocional”, dice Vanessa Jaramillo, estudiante de psicología de la Universidad Central del Ecuador. Para poder cumplir con ese trabajo, los estudiantes han tenido que aprobar un curso virtual publicado en las páginas web de la Universidad de las Américas (UDLA) y la Universidad Particular de Loja (UTPL), sobre cómo abordar la emergencia sanitaria y cómo identificar el riesgo psíquico. En el curso refuerzan lo que ya aprendieron en las aulas, como técnicas de relajación: pedir a la persona que tome agua, que se lave la cara, que ponga música, que busque a alguien que le acompañe. Las llamadas las reciben tres o cuatro días a la semana durante jornadas de hasta cuatro horas. Solo en esos espacios tienen activo el chip de la línea 171. En el último turno que tuvo Dennisse Tirado, de octavo semestre de la UDLA, atendió seis llamadas entre la medianoche y las cuatro de la mañana. “Termino una y empiezo otra, contesto como cuatro llamadas en un turno, pero son largas, de más de una hora”. Gráfico de Jason Martínez, Salud con LupaEntre todas esas experiencias, una de las que más recuerda Dennisse es la de una mujer contándole que había perdido el control de sus hijos. Le dijo que mientras les estaba haciendo un pastel, uno de ellos le apuntó con el cuchillo. Estaban discutiendo todos muy fastidiados y cansados por el encierro. No ocurrió ningún accidente, pero la mujer sintió que perdió el control de su familia. Colgar el teléfono y sacudirte de historias como esas, es muy complicado. Pero Dennisse siente el apoyo de su universidad que tiene el Centro de Psicología Aplicada, en el que trabajan psicólogos graduados que van guiando a los estudiantes cuando atienden casos difíciles como éste.El Ministerio de Salud ha comunicado que de las 17.706 llamadas recibidas en mayo, junio y julio, 1.627 fueron transferidas al código rojo. El semáforo rojo también se aplica para quienes necesitan medicinas psiquiátricas, el Ministerio no detalla cuántas personas han llamado por esta razón. §La psicóloga clínica Aimee DuBois dice que el sufrimiento de las personas que perdieron a sus familiares es esperable: “están conmovidas y desorganizadas pero no es una reacción patológica, no es una enfermedad mental”. Sería un error que se quiera conectar a una situación de duelo extraordinario automáticamente con un diagnóstico como el estrés post-traumático. Puede darse el caso porque una pandemia como esta es una situación emocional extrema, sin embargo, no todas las experiencias caerán bajo esta categoría.  Con el apoyo emocional a tiempo de familiares y de profesionales de la salud mental, se puede cooperar a que el doliente atraviese este periodo con mayor contención y no llegue a una condición mental que necesite hospitalización. Antes de la pandemia, los estudiantes asistían a hospitales públicos, centros de salud o clínicas privadas para realizar sus prácticas pre profesionales, pero por la emergencia se suspendieron. María Judith López hacía prácticas pre profesionales en el Eugenio Espejo en Quito, uno de los hospitales públicos más grandes del país. Ahí la estudiante llenaba las historias clínicas de personas que estaban hospitalizadas por quemaduras o cirugías y necesitaban atención psicológica. “Aprendí a hacer exámenes psicopatológicos”, dice. Con estos se evalúa si las personas están orientadas en tiempo, espacio, si saben quién son, saben dónde están, o qué día es, también se hace evaluación del lenguaje, y se evalúa si están inconscientes o somnolientos. Ahora siguen las prácticas con este método virtual de atención, dice Ignacia Páez, y explica que como no es un trabajo, sino el cumplimiento de sus prácticas pre profesionales, no reciben un pago. |Para saber las últimas actualizaciones sobre las Elecciones de 2021 en Ecuador, haz clic aquí| María Judith López terminó sus prácticas pre profesionales el 1 de junio. Ese día dejó de contestar la línea del 171 y en las 102 horas que duró su práctica pre profesional contestó 123 llamadas: la mitad para atención de salud mental, las otras para pedidos de alimentos, medicamentos o citas médicas de otras especialidades. Su universidad creó espacios para que los alumnos que respondan estas llamadas puedan descargar el peso emocional de las mismas con otros estudiantes que no atienden la línea. López dice que se conectaba por videollamadas de Zoom, en un lapso de dos horas semanales, y compartía cómo se sentía. También era un espacio para intercambiar experiencias sobre el confinamiento y, finalmente entre amigos, reír un poco.Sara Herrera, psicóloga clínica, dice que es importante que los psicólogos tengan apoyo entre sí porque las experiencias de los pacientes los pueden afectar emocionalmente. “Todos los psicólogos deben ir al psicólogo”, remarca. Según una investigación de la Universidad del Mar de Chile, los psicólogos que participan en terapias disminuyen significativamente sus niveles de estrés. En especial, los psicólogos tienen que aprender a ser conscientes de situaciones que aparentemente no les provocan malestar. Por su parte, el Ministerio de Salud está preparando un proyecto de investigación y evaluación del estado emocional de los estudiantes y psicólogos que realizan la teleasistencia pero confirma que las universidades son las encargadas de mantener el buen estado de la salud mental de los estudiantes. El Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha dijo en un comunicado que el voluntariado debe ser complementario y que “no se puede dejar a cargo del voluntariado el servicio público de atención en salud mental que todos merecemos”.  Daniela Alvarado es psicóloga experta en salud mental y señala que ser voluntario en temas psicológicos debería realizarse desde el activismo, como en el caso de la plataforma ¿Y si nos acompañamos? En este proyecto, psicólogas y psicólogos atienden, mediante videollamadas o llamadas telefónicas, a las personas afectadas por el confinamiento. Las personas que estén en Ecuador, Latinoamérica o Europa pueden dejar un mensaje con sus datos en la página de Facebook de la plataforma, y un psicólogo le llamará. Como es un proyecto voluntario, los profesionales no están disponibles las 24 horas pero intentan atender a la mayoría de personas. Alvarado cree que el proyecto de la atención en el 171 del MSP, que atiende bajo un horario establecido, debería ser reconocido como un trabajo. Que el gobierno no pague por los servicios de salud mental para la población es muestra de la poca importancia que le brinda al asunto.Y la desatención al bienestar emocional de los ecuatorianos no es nueva. Por la emergencia, el COE creó la Mesa Nacional de Salud Mental porque el Ministerio de Salud Pública no tiene en su organigrama una subsecretaría, secretaría o dirección específica que se encargue de ejecutar proyectos o programas para la salud mental. La Mesa que se ha creado, como una respuesta rápida en esta etapa, está conformada por hospitales públicos y privados, asociaciones de la sociedad civil, la Cruz Roja Ecuatoriana y representantes de las universidades en las que hay facultades de psicología. El sistema de semaforización se creó porque el Estado ecuatoriano no tenía un proyecto tan grande que pudiese atender la salud mental de todos sus habitantes. El descuido a la salud mental no es exclusivo del gobierno de Lenín Moreno sino que es un problema histórico. La psicóloga Aimee DuBois dice que el gobierno está fallando en la atención porque en Ecuador el modelo de salud mental es “hospitalocéntrico, asiliar o asistencial”. Este modelo, según la experta, está enfocado en internar en un hospital a la gente con dolencias psicológicas. Esto sucede aunque los planes de salud mental comunitaria que existen en Ecuador, como la Guía de Salud Mental Comunitaria o el Modelo y Plan estratégico de Salud Mental, indiquen que los pacientes deben recibir atención en salud mental en centros de salud u hospitales generales cerca a donde viven, estudian o trabajan.Ignacia Páez —que está al frente de los temas de salud mental en el Ministerio de Salud desde antes de la pandemia— explica que el Ministerio tiene 12 millones de dólares en el presupuesto para salud mental hasta 2023. Dice que planificaron invertir ese dinero en capacitaciones sobre salud mental comunitaria a los médicos y enfermeras pero la llegada de la crisis sanitaria por el Covid-19 paralizó esa intención. El Ministerio de Salud tiene un presupuesto corriente, es decir fijo, destinado para el mantenimiento de los 12 centros de tratamiento de adicciones, las 81 unidades de salud mental hospitalaria, más de 700 centros ambulatorios y 68 servicios de atención ambulatoria intensiva. Esto evidencia que el gobierno invierte más presupuesto en el mantenimiento de los hospitales y centros de adicciones que en la prevención. Daniela Alvarado dice que el tema de salud mental siempre ha sido considerado desde los trastornos graves y las adicciones, desde la visión de la enfermedad por eso el gobierno invierte más en los centros de hospitalización. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el presupuesto para salud mental en América Latina y el Caribe es en promedio solo el 2% del presupuesto de salud y de ese porcentaje el 60% es para los hospitales psiquiátricos. La misma OMS dice que los países de bajos ingresos invierten menos de dos dólares por persona al año, entre esos está Ecuador que han tenido a estudiantes de psicología como María Judith López, Vanessa Jaramillo o Dennisse Tirado calmando a las personas afectadas emocionalmente por la pandemia.

Fuente: https://saludconlupa.com/series/cuando-la-realidad-se-quebro/las-llamadas-mas-dificiles-los-estudiantes-de-psicologia-que-consuelan-a-un-pais-en-crisis/

 

Fuente: https://rebelion.org/el-consuelo-de-un-pais-en-crisis-recae-en-sus-estudiantes-de-psicologia/

 

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Colombia: más de 1.800 niños han desertado de colegios públicos por dificultad en virtualidad en Cali

Noticias

La denuncia la hizo la concejal de la ciudad, Ana Erazo, quien asegura que el aumento en la deserción escolar en Cali se debe a la falta de herramientas tecnológicas, especialmente en zonas vulnerables de la capital del Valle.

El cabildante señaló que son más de 1.800 niños que han desertado de las instituciones educativas oficiales, lo cual sucede en los sectores más vulnerables: el oriente y la ladera, donde los padres tienen que salir a trabajar y por no dejarlos solos en casa estudiando, deciden retirarlos.

“Pero los casos más graves que vemos con la conectividad tienen que ver con los corregimientos, es decir la zona rural, porque por más que se han llevado simcards para que los niños puedan tener acceso, no llega la cobertura de internet”, aseguró Erazo.

De acuerdo con cifras del Sistema de Matrículas (Simat), se calcula una deserción del 1,1%, sin embargo, la cifra se puede consolidar solo hasta finalizar el año lectivo.

El secretario de Educación de Cali, William Rodríguez, señaló que se trabaja en la campaña ‘Cali educa desde casa’, en alianza con Emcali, para la entrega de simcards de internet en sectores vulnerables.

“Con Emcali la alianza hay que mirarla en el corto, mediano y largo plazo. Evidentemente, en el corto plazo es una medida de choque que ha tenido todas las dificultades asociadas a la pandemia, pero también hay que entenderlo en el mediano plazo en tanto que, estamos orientando toda la estrategia para que la red que se está constituyendo hoy, que se está fortaleciendo en su plataforma, tenga mayor conectividad y articulación”, explicó el funcionario.

La concejal Erazo añadió que este tipo de estrategias, además de fortalecer la cobertura en materia digital, deben involucrar a las familias que conocen poco de tecnología.

Fuente: https://www.radionacional.co/noticia/regiones/cali/desercion-escolar-pandemia

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Niños de los países más pobres perdieron varios meses de escolaridad durante la pandemia

Noticias

Los escolares de países de ingresos más bajos han sido los más afectados del mundo, en comparación con educandos de naciones más ricas.

Estudiantes de niveles escolares de los países de ingresos bajos y medios bajos fueron los más afectados en su educación durante la pandemia del COVID-19, de acuerdo a un informe publicado recientemente por la UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial.

Según dijo Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación de la UNESCO, «Lapandemia acrecentará el déficit de financiación de la educación en los países de ingresos bajos y medios. Si se toman las decisiones de inversión correctas ahora, en lugar de esperar, este déficit podría reducirse significativamente».

«En la Reunión Mundial sobre Educación convocada por la UNESCO con Ghana, Noruega y el Reino Unido el 22 de octubre, unos 15 jefes de Estado y de gobierno, cerca de 70 ministros de educación y otros socios para el desarrollo se comprometieron a proteger la financiación de la educación y a actuar para reabrir las escuelas en condiciones de seguridad, apoyar a todos los maestros como trabajadores de primera línea y reducir la brecha digital. Es un compromiso que nos obliga a todos a rendir cuentas», agregó.

El jefe de Educación de la UNICEF, Robert Jenkins comentó que es «prioritario» dar prioridad a la reapertura de las escuelas y ofrecer las medidas necesarias para recuperar esos cuatro meses perdidos.

Más de dos tercios de los países han reabierto sus sistemas educativos en mayor o menor medida, y las naciones con mejor posición económica o con sistemas educativos más fuertes han podido implementar fácilmente sistemas de educación a distancia por internet. Sin embargo, aquellos cuyas escuelas son totalmente presenciales y que no cuentan con el apoyo de plataformas digitales se han visto más afectados.

Solo 20% de los países de bajos ingresos pudo contabilizar los días de aprendizaje a distancia como días escolares oficiales, rebajando el impacto de las medidas de tele-aprendizaje, en comparación con tres cuartas partes de los países a nivel mundial.

De los 79 países que respondieron preguntas sobre el financiamiento, casi el 20% alertaron que habían tenido que reducir el presupuesto educativo o prevé reducciones en el presupuesto de educación de su país para el ejercicio económico actual o el próximo. Esto se compara con casi el 40% de los países de ingresos bajos y medios bajos.

Más del 50% de los países pobres comunicaron que no disponen de los fondos suficientes para instalar medidas sanitarias en las escuelas par el lavado de manos y el correcto distanciamiento social, lo que pone en riesgo a todo el persona y los educandos en el contexto de la pandemia.

La crisis viene de antes

La pandemia del coronavirus solamente vino a agravar una situación que ya venía de por sí maltrecha. La educación primaria en los países más pobres es ciertamente endeble y la crisis sanitaria solo la empeoró.

Antes de la pandemia, la mitad de los niños de los países de ingresos bajos y medio bajos no podían comprender una frase escrita de nivel básico y al menos 250 millones de niños en el mundo ya estaban sin escolarizar, cifra que podría crecer en al menos 24 millones al final de 2020. Los escolares de hoy en día podrían perder 10 billones de dólares de ingresos durante su vida laboral, lo que equivale al 10% del PIB mundial.

«A pesar de los esfuerzos generalizados, existen grandes diferencias en la capacidad de los países para proporcionar a los niños y jóvenes un aprendizaje eficaz. Y es probable que haya diferencias aún mayores dentro de los países en cuanto a la estimulación educativa que han experimentado los niños y los jóvenes. Antes de la pandemia nos preocupaba la pobreza de aprendizaje y también la desigualdad en las oportunidades de aprendizaje. Ahora, la línea de base del aprendizaje es más baja, pero un aumento en la desigualdad de oportunidades podría ser catastrófico. La tarea de reanimar el proceso de aprendizaje es sumamente urgente», dijo Jaime Saavedra, Director Mundial de Educación del Banco Mundial.

Fuente: https://www.lr21.com.uy/mundo/1437100-educacion-ninos-estudiantes-paises-pobres-escolaridad-escuela-pandemia-coronavirus

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Rumanía: Trabajadores migrantes nepalíes, sin salario ni ayuda médica durante la pandemia

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Europa/Rumanía/Autora: Marine Leduc/ Fuente: equaltimes.org

Sin salario ni ayuda médica durante la pandemia, los trabajadores migrantes nepalíes despiertan de su sueño de un futuro mejor en Rumanía

Asomado a la ventana de su habitación, donde se encuentra en aislamiento forzoso, como ocurre con otra sesentena de trabajadores migrantes de Asia, Sabin, un joven nepalí de 27 años, dio positivo en las pruebas de covid-19. Ahora se pregunta si recibirá un salario por los días en los que esté de baja, y cuál será su futuro profesional en Rumanía. (Andreea Campeanu)

A principios de octubre, Sabin y veinte de sus colegas enfermaron en Bucarest. “Teníamos fiebre, tos y migrañas. El Departamento de Recursos Humanos nos llamó una sola vez y nos pidió que nos quedáramos en casa durante dos semanas”, cuenta este joven nepalí de 27 años. No consiguieron un PCR ni una visita médica para obtener una baja por enfermedad. El empleador rumano tenía, no obstante, la obligación de facilitarles el nombre de un médico. Transcurridas las dos semanas, un médico vino a verlo y le hizo una prueba. Resultado: Sabin da positivo de covid-19 y tiene que permanecer unos días más aislado, sin saber si a final de mes le pagarán las dos primeras semanas de baja.

Desde su habitación ve los mismos edificios amarillos y beige claro construidos hace poco en un barrio pobre del sur de la capital rumana, donde se alojan otros 400 trabajadores procedentes de Nepal, la India, Vietnam y Sri Lanka. A mediados de octubre comenzó Dashain, el mayor festival religioso nepalí, que dura dos semanas. Aunque no pueden organizarse grandes reuniones, Sabin espera poder salir del aislamiento e invitar a varios amigos para celebrar los últimos días de las festividades, y también para olvidar, aunque sólo sea por una noche, estos últimos meses de angustia para él y sus compatriotas.

“Estuve trabajando en un restaurante italiano en el centro de la ciudad desde la primavera de 2019. Cuando todos los restaurantes cerraron en marzo, me quedé sin trabajo, con un tercio menos de mi sueldo”, explica Sabin.

“Solo tenía 1.500 lei de paro [360 dólares USD, 308 euros] y la situación es muy complicada para los trabajadores como yo, porque tenemos préstamos que devolver, además de ayudar a nuestra familia”. A principios de mayo fue contratado por una gran empresa rumana de comercio electrónico. “Escaneo los productos, los empaqueto, hago un poco de todo”, señala. “El problema es que trabajo a tiempo parcial, 32 horas semanales, por 270 dólares USD netos. Iba a empezar a trabajar a tiempo completo este mes, antes de enfermar”. En seis meses solo ha podido enviar 300 USD (253 euros) a su esposa, que en marzo se quedó sin trabajo y sin recursos en Katmandú.

Prácticas ilegales por parte de los empleadores

Según la Inspección General de Inmigración de Rumanía, Sabin es uno de los 4.324 nepalíes que llegaron a Rumanía en 2019. En Europa Occidental viven 3 millones de rumanos (según un estudio de Eurostat de 2017), por lo que el país recurre a miles de trabajadores asiáticos para compensar la falta de mano de obra. Entre 2016 y 2020, la cuota anual de trabajadores extracomunitarios (de países que no pertenecen a la UE) aumentó de 3.000 a 30.000 visados. En un primer momento se centraron en la contratación en Vietnam, pero los empleadores están recurriendo cada vez más a los indios y los nepalíes. En 2020, los nepalíes han pasado a ser el grupo más numeroso procedente de Asia, con 2.831 visados. Muchos de ellos trabajan en la industria hotelera y en la restauración, los primeros sectores afectados por la pandemia. Según las estimaciones, casi la mitad de los 230.000 empleos del sector podrían desaparecer a finales de año.

Y aunque no hayan perdido su trabajo, hay trabajadores que no están recibiendo su sueldo. Padam, de 39 años, y otros ocho compañeros de trabajo llevan cuatro meses sin recibir ni un céntimo. “Yo trabajaba en un restaurante en Bucarest y ahora llevo dos meses en una pizzería en Timisoara, al oeste del país, que pertenece a la misma empresa. Nuestro empleador nos dice que el salario va a llegar, pero seguimos esperando”, se lamenta. Aunque le dan comida y alojamiento, este padre de dos niños ya no puede enviar dinero a su familia ni hacer frente al préstamo que pidió al banco para pagar a la agencia nepalí que le envió aquí y para comprarse un terreno en Nepal. Padam y sus colegas han recurrido a un abogado, pero el proceso es muy enrevesado. “Todos los meses hemos estado firmando un documento que nos daba nuestro jefe. Nos decía que era para que pudiéramos recibir nuestro salario, pero al final nos hemos dado cuenta de que se trataba de un recibo de nuestro salario, que normalmente nos paga en efectivo. No teníamos que haber firmado aquel papel, porque ahora no tenemos ninguna prueba de que en realidad no nos ha pagado el sueldo”.

Ya antes de la pandemia algunos empleadores no respetaban los derechos de los trabajadores extracomunitarios, y a veces se aprovechan de que desconocen sus derechos sociales y el idioma rumano.

Los propios trabajadores estacionales rumanos son víctimas de vulneraciones de la legislación laboral en Europa Occidental, pero los nuevos trabajadores que emigran a Rumanía sufren el mismo trato: viviendas insalubres que tienen que compartir con una decena de personas, jornadas de 12 horas sin descanso, y semanas de seis días por 520 dólares USD netos al mes. En comparación, el salario medio rumano equivale a 750 dólares USD netos por 40 horas semanales. Algunos empleadores también les confiscan el pasaporte y no les indican las gestiones básicas necesarias en caso de problemas de salud.

“Se trata de un efecto dominó de dumping social que va a tener consecuencias negativas para los derechos sociales en Rumanía y en Europa”, denuncia Bogdan Hossu, presidente del sindicato Cartel-Alfa, uno de los más activos en Rumanía (con 600.000 miembros). “En 2011 se promulgó una nueva legislación que desreguló completamente el mercado laboral. Está prácticamente prohibido tener convenios colectivos interprofesionales y sectoriales, y eso abre la puerta a todo tipo de abusos. Antes de que llegara esta ola de trabajadores asiáticos, los rumanos ya eran esclavos modernos”.

Luchar contra la depresión y el aislamiento

El visado rumano de los trabajadores migrantes está vinculado a un contrato de trabajo de dos años de duración. “No se atreven a protestar ni a solicitar cambiar de trabajo porque los empleadores a veces les exigen a cambio una gran suma de dinero o les anulan el contrato. Si no consiguen encontrar otro trabajo en un plazo de tres meses, tienen que regresar a Nepal. Durante la pandemia es aún más arriesgado, porque casi no hay empleo”, explica Uva Raj Laahmichane, de 26 años, que hace vídeos en Youtube para explicar a otros nepalíes cómo no dejarse engañar por las agencias ni por los empleadores.

“Estuve tres años en Dubái y aprendí sobre mis derechos”, explica. “La mayoría de los nepalíes que vienen aquí los desconocen, y eso les hace más vulnerables a la explotación.

Al llegar a Bucarest en noviembre de 2019, Uva Raj estuvo trabajando en una imprenta, 40 horas semanales, por 820 dólares USD al mes. Una perla poco común. Este antiguo locutor de radio y trabajador social se convirtió rápidamente en un referente para los nepalíes. Algunos le contactan para que les ayude a encontrar un nuevo trabajo o para pedirle consejo en caso de problemas. “Creen que soy del gobierno”, dice riéndose, “pero les respondo: ‘Soy un trabajador como vosotros’. Solo quiero ayudar”. Luego les da el número del cónsul honorario de Nepal, Nawa Raj Pokharel, que dispone de más cursos de acción.

El cónsul representa al único organismo oficial para los nepalíes en Rumanía, puesto que la embajada de Nepal está en Berlín. “Llegué en 1986 y fui el único nepalí hasta 2008, momento en el cual decidí crear una asociación para ayudar a mis compatriotas”, cuenta Pokharel. “En 2018 el Gobierno nepalí me nombró cónsul honorario para que me ocupara de los documentos y los problemas de los trabajadores nepalíes”. Aunque este nombramiento le da más credibilidad de cara a los empleadores, el cónsul no recibe ninguna compensación, salvo cuando traduce documentos oficiales. “Es una función que desempeño en paralelo a mi trabajo como asesor empresarial. A veces recibo un centenar de llamadas al día y me quedo hasta la una de la mañana ocupándome de los documentos”, comenta. Contacta con las empresas cuando estas no respetan las condiciones de trabajo y de alojamiento de sus empleados. “Hasta ahora, todos estos problemas se han resuelto con una llamada de teléfono”, señala con satisfacción, “sobre todo cuando las empresas se quedan con los pasaportes. Algunas no saben que eso es ilegal”.

A principios de junio un acontecimiento conmocionó a la comunidad nepalí de Rumanía: un joven de 25 años que estaba trabajando en un restaurante se ahorcó en un parque de la capital rumana. Pokharel era el único interlocutor: “Es la primera vez que he tenido que afrontar una situación de este tipo. Tuve que ocuparme de todos los documentos para enviar el cuerpo a la familia”. Debido a la pandemia, el cuerpo del difunto no pudo enviarse a Nepal hasta principios de octubre.

Uva Raj consiguió hablar con los amigos del joven: “Es difícil saber realmente por qué alguien se quita la vida. Según sus familiares y amigos, él estaba bien y no tenía grandes problemas económicos. Pero lo cierto es que hay muchos nepalíes que padecen depresión en estos momentos, sobre todo cuando están lejos de nuestro país y tienen grandes deudas que pagar”.

Del sueño europeo al sueño Schengen

En Katmandú, los anuncios para trabajar en Rumanía, Polonia y la República Checa siguen abundando en los periódicos a pesar de la pandemia. Esto se debe a que el nuevo mercado de la migración a Europa es un buen negocio para las agencias de contratación nepalíes, que no dudan en endeudar a los futuros trabajadores. Venden el “sueño europeo” y un clima mejor que el de Qatar y los Emiratos, principales destinos de los trabajadores nepalíes. A cambio, el candidato debe desembolsar hasta 6.000 dólares USD, una suma considerable teniendo en cuenta que el salario mínimo en Nepal no supera los cien euros.

En 2018, Sabin, entonces recién casado y periodista, se compró una casa en Katmandú con su pareja. Para reembolsar el préstamo de varios miles de euros y ayudar a su familia, decidió irse a trabajar al extranjero durante unos años, una iniciativa popular en Nepal, donde más del 25% del PIB depende de las remesas de los trabajadores migrantes.

“En mi país, las agencias venden Rumanía como un país hermoso con empresas magníficas”, señala. “Prometen buenos horarios y horas extras bien remuneradas, y destacan que se puede viajar al resto de Europa. Vi que el salario podía llegar a los 820 dólares USD y que los empleadores tenían la obligación de pagar el alojamiento y la comida, así que me lancé”. Tras haber obtenido un nuevo préstamo de 4.700 dólares USD para pagar a la agencia, días antes de su partida esta le anuncia que solo ha encontrado un trabajo en un restaurante por el que pagan 520 dólares USD.

Acorralado entre las deudas y el visado ya pagado, no le quedaba otra opción: “Estaba muy enfadado, pero no podía hacer nada. Así que, a pesar de todo, me fui a Rumanía. Pero me está costando mucho reembolsar las deudas”.

Pokharel conoce los tejemanejes de algunas de estas agencias: “Cuando las descubro, las pongo en la lista negra y entonces no pueden firmar ningún acuerdo más con las autoridades nepalíes para enviar trabajadores”. No obstante, algunas consiguen escabullirse, puesto que nada les impide crear nuevas agencias con otro nombre.

Los trabajadores también descubren que, aunque Rumanía forma parte de la Unión Europea, no pertenece al espacio Schengen, por lo que, contrariamente a lo que prometen las agencias, los trabajadores no pueden salir del país para viajar al resto de la UE. Las agencias aprovecharon rápidamente la oportunidad para jugar con esta desilusión: durante el confinamiento, en los grupos de nepalíes en Rumanía aparecieron anuncios procedentes de perfiles falsos que decían: “¿No encuentras trabajo en Rumanía? ¿Quieres trabajar en Polonia o en la República Checa? Contáctanos”. A cambio de varios miles de euros, les prometen un mejor trabajo en esos países. Allí también llegan decenas de miles de trabajadores de Nepal. Polonia, que también está experimentando una emigración masiva, ha recibido en su territorio a 42.703 nepalíes en los últimos tres años, lo que representa la segunda mayor afluencia de trabajadores migrantes después de los ucranianos. “No sé quién escribe esos anuncios, pero es totalmente ilegal. Los trabajadores no pueden salir de Rumanía”, denuncia Nawa Raj Pokharel. “Y si su contrato se cancela, tienen que encontrar otro trabajo en Rumanía o, de lo contrario, regresar a Nepal”.

Sobre todo que en Polonia y la República Checa la situación no es mucho mejor: los trabajadores no disponen de baja por enfermedad y trabajan muchas horas seguidas sin descanso. El salario es un poco más alto, pero a veces tienen que pagar el alquiler y la comida. A diferencia de Padam y Uva Raj, que quieren quedarse unos años más, Sabin sueña con una vida mejor en Occidente: “Cuando se me acabe el contrato quiero marcharme de Rumanía e ir a otro país, a Francia o Alemania, por ejemplo”. Sobre esos sueños de un futuro mejor, los rumanos y los polacos también saben algo.

Este artículo ha sido traducido del francés.

Este artículo ha sido posible gracias a la European Cross-Border Grant de Journalism Fund, que permite a periodistas de diferentes países colaborar en un mismo tema. La autora de este artículo obtuvo esta beca con los periodistas Ula Idzikowska (Polonia, República Checa) y Abhaya Raj Joshi (Nepal).

Fuente e imagen: https://www.equaltimes.org/sin-salario-ni-ayuda-medica?lang=es#.X6FeFlhKjIV

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La pandemia destruye el 7% de la fuerza laboral en la educación superior de EEUU

Noticias
  • Los centros privados han mostrado algunas tímidas señales de mejora.
  • La pandemia del coronavirus continúa haciendo mella entre las universidades de Estados Unidos, tanto en el desplome de las matrículas como en la fuerza laboral dentro de la educación superior patria. De hecho, ésta se ha contraído ya un 7% desde el pasado febrero, una destrucción de empleos sin precedentes que pone de manifiesto la incertidumbre en curso a medida que la recuperación económica se modera y los contagios por Covid-19 superan ya los 8,2 millones a este lado del Atlántico. 

    Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) entre febrero y agosto de este año se han registrado 337.000 trabajadores menos entre las instituciones de educación superior privadas y las controladas por los gobiernos estatales del país. En ningún momento desde que se comenzaron a contabilizar oficialmente las dinámica laborales de esta industria a finales de la década de los 50, las universidades han despedido a tantos empleados a un ritmo tan sorprendente.

    No obstante, los centros privados han mostrado algunas tímidas señales de mejora. Si entre febrero y abril estas instituciones despidieron un total de 237.000 empleados, desde entonces han vuelto a contratar alrededor de 100.000 trabajadores. En comparación, los centros públicos controlados por los estados han registrado una pérdida mensual de al menos 200.000 puestos de trabajo desde abril.

    En estos momentos todavía es difícil determinar qué clase de puestos de trabajo entre los centros universitarios han sido los más afectados y podrían sufrir cambios estructurales a medio y largo plazo. Muchas universidades han eliminado ciertos programas deportivos, como la natación y tenis. Otras facultades han eliminado algunas titulaciones y planes de estudios, como como idiomas y sociología, entre otros.

    Muchas universidades han eliminado ciertos programas deportivos, como la natación y tenis

    Todo ello en un momento en que la radiografía del número de matriculaciones este otoño pone de manifiesto que menos estudiantes han optado por continuar con sus títulos universitarios este semestre, ante los temores de un incremento de las infecciones y las limitaciones educativas de muchas universidades que han trasladado buena parte de sus clases a un formato digital y online.

    El National Student Clearinghouse Research Center indicó que hasta el pasado 10 de septiembre, las matrículas entre estudiantes universitarios bajó un 2,5% este año en todos los tipos de instituciones, mientras que el número de estudiantes graduados aumentó un 3,9%. De esta forma, la inscripción general dentro de la educación superior estadounidense se mantienen un 1,8% cuando se compara con el mismo período del año pasado.

    El número de matriculaciones se ha reducido entre todos los grupos raciales y étnicos, con caídas más pronunciadas del 8% entre los nativos americanos. El recuento de estudiantes blancos y negros disminuyó un 6% mientras que el de los hispanos y asiáticos cedió más de un 3%. Los primeros datos también muestran una caída abrupta del 11,2% en las inscripciones de estudiantes internacionales.

    Aún así, las instituciones públicas que ofrecen titulaciones de cuatro años parecen registrar mejores resultados que las universidades privadas. Las universidades públicas en zonas urbanas han experimentado un ligero repunte en sus matrículas, aunque en las areas rurales se han seguido experimentando caídas. En los community colleges, las matriculaciones han caído un 8%, continuando así con la tendencia a la baja que Clearinghouse ya notó durante el verano.

    Las universidades públicas en zonas urbanas han experimentado un ligero repunte en sus matrículas

    Geográficamente, el Medio Oeste del país experimentó la caída más pronunciada, con un 5,7%. Las universidades de esta región han inscrito a menos estudiantes Durante los últimos años, en gran parte debido a las tendencias demográficas. Un aspecto positivo del informe es que el número de matriculaciones entre estudiantes que aspiran a un máster aumentó un 2,7%.

    La destrucción de empleo entre los centros universitarios así como la caída de matriculaciones coincide a su vez con el freno en los pagos de préstamos estudiantiles. Según datos analizados por el experto en educación superior Mark Kantrowitz, vicepresidente de análisis en la plataforma savingforcollege.com, menos del 11% de los estudiantes están costeando sus créditos durante la pandemia. Es decir, solo alrededor de 4,6 millones de los 42 millones de prestatarios en EEUU continúan pagando su deuda universitaria.

    La tolerancia del gobierno durante la pandemia ha permitido congelar los pagos de los préstamos federales en un momento en que muchos estudiantes han visto cómo sus ingresos se han agotado debido a la crisis desatada por la pandemia.

    Los préstamos a estudiantes han superado durante mucho tiempo el apalancamiento de las tarjetas de crédito y créditos para comprar coches como una de las principales carga para los estadounidenses. Anualmente, el 70% de los graduados universitarios comienzan su vida laboral con una deuda que oscila una media de 30.000 dólares, aunque en algunos casos ésta supera los 100.000 dólares.

    El 70% de los graduados universitarios comienzan su vida laboral con una deuda que oscila una media de 30.000 dólares

    Los datos dados a conocer por el Institute for College Access and Success (TICAS, por sus siglas en inglés), indican que el 62% de los estudiantes universitarios que se graduaron en 2019 contaban con algún tipo de deuda relacionada con sus estudios frente al 65% de la promoción de 2018. La cantidad adeudada también disminuyó ya que estos prestatarios debían una media de 28.950 dólares, casi un 1% menos que los 29.200 dólares registrada por los graduados un año antes.

Fuente: https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10853592/10/20/La-pandemia-destruye-el-7-de-la-fuerza-laboral-en-la-educacion-superior-de-EEUU.html

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Educación, niños y jóvenes como náufragos de la pandemia.

Isaac Enríquez Pérez

Por: Isaac Enríquez Pérez

Entre los principales náufragos de la pandemia destacan los niños y jóvenes (https://bit.ly/3ekj5qP) despojados del espacio público que les brinda la escuela y de la educación como mecanismo de socialización y construcción de ciudadanía.

Con el confinamiento global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que más de 1600 millones de estudiantes fueron afectados por la parálisis y cierre temporal de las escuelas en más de 160 países (https://bit.ly/2Y6NymV). 40 millones de niños en edad preescolar son privados, con la pandemia, de cursar su primer año en ese nivel educativo (https://bit.ly/3g05zcW). En tanto que, se calcula, como mínimo, alrededor de 24 millones de niños y jóvenes que podrían abandonar definitivamente su enseñanza a raíz de los impactos de la crisis económica que se cierne. Ante esta situación, António Guterres, Secretario General de este organismo internacional, acusa que con ello se perfila “una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas” (https://bit.ly/3iQ73Z7).

A ello se suma el rezago –previo a la pandemia– de 250 millones de niños en edad escolar que vivían excluidos de la alfabetización y de la escolarización. Lo cual, en sí, es una crisis social de grandes magnitudes que se relaciona con los procesos de desigualdad extrema global y con los múltiples mecanismos de exclusión social que se territorializan de manera diferenciada entre las naciones.

Con la gran reclusión, los niños y jóvenes no solo son privados de un espacio físico como la escuela, sino del andamiaje institucional y simbólico que les permite participar en el proceso de enseñanza/aprendizaje y en la construcción de imaginarios y significaciones para representar el mundo y la realidad que les circunda. Es la educación –tras la familia– el principal mecanismo de socialización y de cultivo de las relaciones cara a cara de infantes y adolescentes que hoy día son relegados, sin alternativa, al ámbito de la privacidad y el anonimato. Imponiéndose con ello la atomización, la resignación, el social-conformismo, y la postración de la imaginación.

Ante el riesgo pandémico, desde el mes de marzo ganó terreno el proceso de formación en el Internet Way of Life. Pero este sistema de educación a distancia obvia las necesidades materiales y emocionales específicas de niños y jóvenes. A la ansiedad, estrés y angustia que, por sí mismo, supone el inducido encierro de los últimos meses, se suma la soledad y desconcierto de este grupo etario de cara al proceso de enseñanza/aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. A ello se agrega también la mayor exposición de estos niños y jóvenes a la televisión y a sus oleadas publicitarias y propagandísticas que inundan con noticias falsas carentes de contenido didáctico y que enfatizan en un entorno negativo y en la entronización de un estilo de vida que estimula evasiones y adicciones como la junk food (comida basura o comida chatarra) y que los expone al debilitamiento del sistema inmunitario y a morbilidades como la obesidad y la diabetes.

Es en las sociedades subdesarrolladas donde se expresan de manera más radical los impactos de la pandemia y del confinamiento global. Particularmente, la brecha digital exacerba los tradicionales mecanismos de exclusión que prevalecen en los sistemas educativos nacionales, en lo que viene a conformar una era de la desconexión con 346 millones de niños y jóvenes (29% del total) sin acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (dato proporcionado por una UNICEF para el año 2017; https://bit.ly/2Y2J7te). La sociedad paradojal que vivimos es inédita por la vorágine de innovaciones tecnológicas, pero también por la creciente exclusión en torno al uso y disfrute de las mismas. Y ello marcha a la par de la propia ignorancia tecnologizada que supone, para aquellos ciudadanos que tienen las posibilidades materiales, accesar a la era de la información, pero no usar sus dispositivos para cultivar el proceso de enseñanza/aprendizaje y la formación de la cultura ciudadana.

México no está al margen de esos comportamientos y tendencias mundiales. Con un sistema educativo preñado de variados rezagos, centralista y culturalmente homogéneo por antonomasia, y capturado por múltiples intereses creados que subordinan la formación a lo faccioso, no solo enfrenta la insuficiencia de inversión pública (se destina 4.3% del PIB nacional y el 17% del presupuesto federal) en varios rubros como la infraestructura (escuelas rurales sin sanitarios y energía eléctrica; escuelas radicadas en regiones calurosas sin aire acondicionado; escuelas urbanas y rurales aún dañadas por los efectos de sismos de años pasados), el material educativo y la capacitación de los docentes de niveles básicos, sino que persisten en él limitaciones pedagógicas y didácticas que posicionan al país en los peldaños más bajos de las evaluaciones entre países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Hacia el año 2018, según estudios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), alrededor del 85.6% del gasto público destinado a educación es absorbido por el pago de nóminas; pero, agregamos, ello desprotege la inversión en la llamada formación inicial del docente y en el uso efectivo de tecnologías de la información y la comunicación.

Cabe apuntar que con la pandemia y los confinamientos, en el país azteca se suscitó un fenómeno de deserción escolar masiva por diferentes causas, tras la experiencia del programa oficial “Aprende en casa”, con el cual se intentó finalizar –desde el mes de marzo– el ciclo escolar 2019-2020. Funcionarios del gobierno federal indican que alrededor de 800 mil adolescentes entre los 15 y los 17 años y que cursaban el tercer grado de su formación secundaria, no podrán continuar su formación de bachillerato (https://bit.ly/2PVjHtf). En ello incide el desinterés en su propia formación, pero también la necesidad impuesta por la crisis económica de contribuir al ingreso familiar a través de su trabajo. En el nivel de educación superior (licenciatura y posgrado) se calcula una deserción de 593 mil jóvenes (de un total de 4 millones 538 mil matriculados). Para el nivel básico (pre-escolar y primaria) y medio básico (secundaria), se calcula que 2.5 millones de niños y jóvenes (el 10% del total inscritos) abandonarán la escuela definitivamente en medio de la pandemia (https://bit.ly/3avETiM). Cabe mencionar también que en el ámbito de la educación privada –que atendía a 5.5 millones de estudiantes–, con la pandemia se vieron obligadas a cerrar 30% de las escuelas; al tiempo que se proyecta una reducción del 35% en sus matriculas dentro de los niveles básico, medio básico, y medio superior (https://bit.ly/311rHPL).

Esta deserción escolar tendrá impactos en la desigualdad de género y en problemas de salud pública como la nutrición y los embarazos no deseados. En este último rubro, el Consejo Nacional de Población proyecta que con la pandemia existirán alrededor de 171 mil embarazos no deseados más entre mujeres de 15 y 34 años de edad; y de ese total, 35 mil 813 embarazos corresponden a adolescentes en el rango de edad de los 15 a los 19 años (https://bit.ly/2YajA1r), y que se suman a los 390 mil 89 mujeres entre 9 y 19 años que fueron madres en años previos. Es muy probable que exista una correlación entre este fenómeno y la deserción escolar de los últimos meses.

Ante estos antecedentes mínimos, el pasado 3 de agosto la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el inicio del ciclo escolar en los niveles básico, medio básico y medio superior para el día 24 del mismo mes. Oficialmente, se apela a las posibilidades que abre la difusión de contenidos educativos a través de la televisión y la radio.

Al 15 de agosto se registraron en México 511 269 casos de contagio por Covid-19 y 55 908 muertes a causa de esta enfermedad; cifras aceleradas por la presencia de co-morbilidades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Y con una proyección, hacia noviembre y diciembre, de entre 140 mil y 153 mil 189 muertes –respectivamente– por el nuevo coronavirus, en caso de relajarse las medidas preventivas (https://bit.ly/2PDKzxJ), son –en realidad– pocas las opciones reales con que cuenta el país para continuar con el despliegue del proceso de enseñanza/aprendizaje entre los grupos etarios en cuestión.

Aunado ello a la brecha digital ahondada con la pandemia, pensar en una comunicación sincrónica a través de la Internet entre el sistema educativo, los docentes y los estudiantes, resultaría una opción inviable y hasta imposible. Quienes padecen la pobreza extrema, sea en el medio rural o en las urbes, no solo son víctimas de este flagelo social, sino que están al margen del teletrabajo, la educación a distancia, el comercio electrónico y del entretenimiento en línea. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, levantada por el INEGI, indica que solo 23.4% de los hogares rurales cuenta con acceso al Internet; en tanto que en el medio urbano es el 65.5% de los hogares los que cuenta con conexión a esta tecnología. A su vez, solo el 45% de la población que ocupa el estrato económico bajo es usuaria de internet (en contraste con el 92% en los estratos económicos altos). Y aun cuando la población pobre cuente con algún ordenador en sus hogares, no accesan al Internet por carencia de ingresos y porque en su localidad no se provee dicho servicio.

La televisión y la radio cuentan con una cobertura e impacto masivos en el país (32.2 millones de hogares poseen el primer aparato; algo así como el 92.9% del total), y se presenta –mucho más que la Internet– como una opción viable para hacer llegar contenidos educativos a los estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, surgen varios inconvenientes, a saber:

  1. a) La televisión y la radio no son sustitutos del proceso de enseñanza/aprendizaje que precisa de la relación cara a cara y de todo el proceso de socialización que le circunda. No sustituyen al docente ni el ejercicio y adopción de metodologías pedagógicas y didácticas porque, en esencia, se trata de una comunicación unidireccional donde el estudiante es un simple receptor pasivo de contenidos.
  2. b) Si no existe un encauzamiento dado por el docente y los padres de familia, se corre el riesgo de que estos medios masivos cumplan más una función de entretenimiento y –bajo el supuesto de que los niños y jóvenes no pierden el tiempo– de falso confort, que de fuente de aprendizaje real y de asimilación de nuevos conocimientos. Entonces se abriría la posibilidad de que solo sean asumidos los contenidos como una opción para “tener ocupados a los niños y jóvenes” mientras los padres de familia se descargan de su responsabilidad en el proceso educativo.
  3. c) A primera vista, parece ser que no será aprovechado el potencial del magisterio y la experiencia adquirida por este gremio entre marzo y julio del presente año durante las distintas fases del programa “Aprende en casa”. Entonces, será la televisión la que llevará la voz cantante en la transmisión de contenidos educativos; y aunque ello garantiza un alcance y cobertura masivos, no asegura en lo más mínimo –por sí misma– un aprendizaje sustancioso, corriéndose el riesgo de nulificarse sus efectos. Entonces, se diluye toda posibilidad de mediación pedagógica entre los conocimientos emitidos y el sujeto que aprende, pero que es reducido a receptor pasivo de contenidos unidireccionales.
  4. d) Se le otorga centralidad a la televisión en el proceso de enseñanza/aprendizaje cuando su papel sería el de erigirse en un instrumento o herramienta de cobertura masiva, en un vehículo que acerque a conocimientos generales, pero que no reemplaza la relación humana que supone la formación escolar, ni atiende las especificidades y necesidades de las comunidades locales.
  5. e) Como no existirá proceso de enseñanza/aprendizaje en estos meses de educación a través de las pantallas de televisión, el pensamiento crítico será lapidado y desterrado de toda acción orientada a la formación escolar. Lo que se presentará será un ejercicio de difusión unilateral de información que no incentiva el ejercicio del razonamiento y de juicio fundamentado.
  6. f) Para adoptar este programa de educación a distancia y de transmisión de contenidos escolares a través de la televisión, ese mismo día del anuncio se firmó un Acuerdo Nacional por la Educación entre el gobierno federal y cuatro emporios privados de la comunicación masiva (Televisa, Tv Azteca, Imagen y Grupo Multimedios). Un acuerdo que les reportará –en un proceso de transferencia de riqueza pública a manos privadas– 450 millones de pesos (alrededor de 22.5 millones de dólares); lo cual no solo incrementa el precio de sus acciones en los mercados de valores (Televisa tuvo, tras la firma del Acuerdo, un incremento bursátil del 15% y Tv Azteca del 18%; véase https://bit.ly/3126aGO), sino que les posiciona –a través del ejercicio de su capitalismo filantrópico– como entidades protagónicas en la agenda educativa nacional, y les brinda respiración artificial ante la retracción y agonía –durante los últimos años– de este negocio privado (https://bit.ly/3g1k6oL) y la emergencia de otras opciones de entretenimiento para la población. Con más de 30 millones de estudiantes, un millón y medio de docentes, y varios millones de padres de familia atentos al televisor, estos consorcios conformarán una nueva audiencia cautiva para sus contenidos.

En ello, los riesgos son evidentes: los propietarios de las concesiones de estos medios no solo son los hombres más ricos del país, sino que son los líderes de las campañas de desinformación y tergiversación semántica a que está sometida diariamente la población. Entonces, la comunicación será directamente entre estos mass media privados y los estudiantes reducidos a receptores pasivos, en el marco de prácticas verticales y unidireccionales sin mínima mediación pedagógica y didáctica. En suma, evidencia la claudicación del Estado en el esfuerzo de transmitir contenidos educativos desde las concesiones públicas y los tiempos públicos oficiales, así como la entronización de la racionalidad tecnocrática en la gestión de la educación como bien público.

Como lo analizamos en otro espacio (https://bit.ly/3fPmlfz), la universidad enfrenta serios desafíos con la pandemia, y ello se extiende a los procesos de enseñanza/aprendizaje suscitados en los niveles básicos de la formación escolar. Justo en la educación primaria y secundaria se precisa del retorno a lo local para evitar reproducir esquemas unilaterales, unidireccionales y centralizados de gestión educativa. La escuela solo será rescatada desde esa escala territorial y desde la participación activa de autoridades educativas, docentes, padres de familia y estudiantes, si existe una oposición a modelos pedagógicos verticales, uniformes y homogéneos creados desde el escritorio y sin referencia a las necesidades específicas de los niños, jóvenes y comunidades. México es un país culturalmente megadiverso en sus regiones y sitiado por problemas públicos multifactoriales y de distinta índole. Ello exige el despliegue de la imaginación creadora por parte de los docentes, más que su papel de simples apéndices de la televisión y de vigilantes de las instrucciones recibidas por los estudiantes a través de la pantalla.

Se trata de ir a contracorriente de la verticalidad y unilateralidad, y apostar a crear espacios y experiencias de comunidad a través de distintos medios y dispositivos para restablecer el vínculo pedagógico. En ello jugarían un papel central los consejos escolares y demás órganos colegiados para que, desde cada escuela, colonia o pueblo, se elijan los contenidos y didácticas acordes a las necesidades de los niños y jóvenes. En suma, restarle protagonismo a la televisión en el proceso de formación, es un asunto de imaginación y metodología, pero –sobre todo– de voluntad política de todos y cada uno de los implicados en el sistema educativo nacional.

Investigador, escritor mexicano y autor del libro La gran reclusión

y los vericuetos sociohistóricos del coronavirus. Miedo, dispositivos

de poder, tergiversación semántica y escenarios

prospectivos (de próxima aparición).

Twitter: @isaacepunam

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