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Puerto Rico: Rezagadas las comunidades pobres en la vacunación contra el COVID-19

América Central/Puerto Rico/16-07-2021/Autoras: Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch , CPI y Fuente: www.metro.pr

Análisis de datos hecho por el Centro de Periodismo Investigativo apunta a las causas de las bajas tasas de vacunación de estas comunidades alrededor de todo Puerto Rico.

Del CPI

Pareciera que todos los problemas del mundo se concentran en Mansión del Sapo y Maternillo, en Fajardo, dos comunidades que son parte del sector de menor tasa de vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico durante los primeros dos meses y medio del proceso.

Aguas estancadas y pestilencia por las calles, vertederos clandestinos, criaderos de animales de granja en cualquier esquina, rescate de terrenos, temor a la expropiación, desempleo, trasiego y adicción a drogas, tiroteos, robos, y estructuras abandonadas por doquier. El muelle de los pescadores se lo llevó el huracán María y aún no ha sido reconstruido por el municipio, la pescadería está cerrada por problemas burocráticos, y el pequeño centro comunal que les construyó la Oficina de Comunidades Especiales nunca fue abierto.

La Policía nunca pasa por estas comunidades del sector Puerto Real en Fajardo, aseguró una treintena de vecinos que lleva décadas reclamando atención de las autoridades, primero del exalcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, y ahora de su hijo, el hoy alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez, y del representante Carlos “Johnny” Meléndez.

Prácticamente cero actividad económica, cero escuelas, cero transportación colectiva, cero supermercados y cero farmacias a más de una hora de distancia a pie, que es como se mueven la mayoría de los residentes. Así vive la gente de Mansión del Sapo y Maternillo que conversó con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Estas dos comunidades del sector Puerto Real tienen entre ambas poco más de 500 habitantes de tradición de pescadores, marineros y obreros de la industria de la caña, y quedan a pasos de lo que fue el principal puerto del este de la Isla, el terminal de lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo. El terminal, clausurado por el Gobierno apenas en el 2018, luce abandonado y maltrecho como un monumento a la ineptitud gubernamental. Justo al frente y a ambos lados también hay marinas de lujo y turismo náutico, y a 15 minutos por auto, el centro de Fajardo, la alcaldía, tiendas de comestibles y artículos de primera necesidad, hospitales y oficinas médicas. Pero muchos adultos mayores allí no tienen auto, y hasta buscar comida se vuelve una travesía inmanejable durante 40 minutos a pie bajo el sol implacable.

“Yo encuentro que cada día nos están marginando más y hay muchas necesidades. Desde la pasada administración… no ha pasado nada. Nos tienen al olvido”, sostuvo Elba Dávila García, presidenta de la Junta Comunitaria de Puerto Real y de la Asociación de Pescadores de Maternillo y Mansión del Sapo.

Dávila García proveyó evidencia de las cartas escritas al alcalde anterior, al actual, a la Legislatura Municipal, al Senado, a la ex gobernadora Wanda Vázquez y al gobernador Pedro Pierluisi, entre otros. Quien único les ha prestado atención y ha hecho gestiones concretas para ayudarlos ha sido el senador independiente José Vargas Vidot, aseguró.

El alcalde, Meléndez hijo, se enteró de que una de sus comunidades era la de menor tasa de vacunación al ser entrevistado por el CPI y no tuvo respuestas concretas sobre cuándo se estarían solucionando la larga lista de problemas que los residentes han traído a su atención, pero negó tajantemente que esté considerando expropiaciones. Tras la entrevista, anunció que llevará la primera clínica de vacunación a Maternillo el sábado, 17 de julio, a siete meses del inicio de la vacunación en Puerto Rico.

Al igual que Mansión del Sapo y Maternillo, decenas de comunidades vulnerables alrededor de Puerto Rico tuvieron el menor acceso a la vacuna de COVID-19 durante los primeros dos a tres meses de distribución cuando las dosis escaseaban y la ola de muertes se disparaba, mientras otros lugares en la Isla sí la recibían. El factor diferenciador entre las más altas tasas de vacunación y las más bajas durante ese periodo fue la desigualdad económica, reveló un análisis de datos del CPI.

El análisis hecho utilizando los datos anonimizados de los vacunados contenidos en el Registro de Vacunación del Departamento de Salud de diciembre a marzo, y los niveles de ingreso por código postal de la Encuesta de la Comunidad del Censo de 2019 arrojó que en las primeras semanas del proceso la tasa de vacunación en las comunidades más pudientes superó por mucho la de las más pobres, aún cuando ubicaban en el mismo municipio.

En términos estadísticos, la correlación entre las variables de ingresos y tasa de vacunación se denomina como fuerte, superando el 0.5%. Durante este periodo, la directriz del Departamento de Salud era que solo se podían vacunar los profesionales de la salud, primeros respondedores y adultos mayores, pero una investigación del CPI encontró que estas normas se violentaron constantemente sin consecuencias y que allegados al Gobierno y a la industria de la salud lograron vacunar a cientos de personas fuera de fase, incluyendo a familiares, amigos y decenas de menores de 16 a 18 años.

Los contrastes entre barrios aledaños, con poblaciones comparables en términos de cantidad de habitantes, pero con niveles de ingresos dispares, fueron notables durante el primer mes de vacunación. Por ejemplo, mientras el área exclusiva de Ocean Park en San Juan logró una tasa de vacunación con primera dosis de un 7% con 467 vacunados, el código postal que queda justo al lado, cruzando la calle Loíza, y que incluye al Residencial Luis Llorens Torres, solo tuvo un 2%, con 177 inoculados. Unos minutos más adelante quedan las comunidades pobres de Barrio Obrero, Cantera y Playita, donde la tasa de mortalidad a diciembre figuraba entre las más altas de Puerto Rico con 7.6 muertes por 10,000 habitantes. Sin embargo, solo se había vacunado el 2% de sus residentes. La tasa de mortalidad de Ocean Park era de menos de la mitad, 2.8 muertes por 10,000 habitantes, pero su tasa de vacunación más del doble de las de las citadas comunidades marginales.

El lugar de mayor ingreso promedio según el Censo, el lujoso condominio Atlantis en Puerta de Tierra, logró el octavo lugar con mejor tasa de vacunación durante ese periodo con un 10% de sus residentes.

Los datos del Registro, cruzados con la Base de Datos de Mortalidad de Puerto Rico, además prueban que la tasa de mortalidad por COVID-19 tampoco fue tomada en consideración en la distribución de las vacunas, contrario a lo que el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo que era la estrategia tras su plan de vacunación. Pero la correlación entre la tasa de vacunación y la tasa de mortalidad es débil a partir de la llegada de Mellado a la agencia. Por ejemplo, Punta Santiago en Humacao figura entre los lugares con más baja tasa de vacunación, pero con una de las más altas tasas de mortalidad durante el periodo analizado.

¿Por qué barrios contiguos y con cantidad de población similar registraron diferencias de hasta más de un 250% en el porcentaje de población que había recibido la vacuna al finalizar el primer mes de vacunación? Líderes comunitarios de seis de los barrios con menor tasa de vacunación entrevistados por el CPI apuntaron a una combinación de factores, algunos particulares de cada comunidad, pero otros que son comunes entre ellas, como la falta de medios de transportación de sus residentes, las dificultades para obtener cita de vacunación y las largas filas de esas semanas, así como la falta de proactividad del Departamento de Salud en llevar clínicas de vacunación a sus comunidades. La agencia comenzó a vacunar en los residenciales públicos, por ejemplo, apenas en abril, pese a que en dichas estructuras viven sobre 100,000 personas con escaso espacio físico entre los apartamentos, una característica que se ha demostrado que aumenta el riesgo de contagio.

El gobernador Pedro Pierluisi, en el marco de la Semana de la Transportación, enfatizó en conferencia de prensa la importancia del transporte colectivo para el desarrollo económico y bienestar de la población, particularmente en el caso de los adultos mayores y de los estudiantes. Sin embargo, cuando el CPI le planteó que la falta de transporte era una de las principales causas de bajas tasas de vacunación en comunidades, reconoció que no tiene un plan concreto para solucionar el problema. Dijo que atender estas comunidades también es responsabilidad de los municipios e indicó que en este momento no hay recursos para atender el asunto.

Sí, reconozco que muchas veces los bolsillos, si le llamamos así a donde hay personas que no están vacunadas, usualmente residen en áreas rurales a las cuales no llega ningún tipo de transportación colectiva. Y me solidarizo con ellos. Lo que hemos hecho a nivel del Departamento de Salud es que estamos yendo a verlos, yendo allá, y hay alcaldes y alcaldesas haciendo lo mismo”, argumentó.

“Yo lo que estoy diciendo es que los recursos que tenemos son limitados, que históricamente siempre se ha enfocado el Gobierno en el área metropolitana de San Juan. En la medida en que tengamos recursos en el futuro, los cuales no tenemos ahora a la disposición, pues seguro que no se debe descartar, buscar la manera de incentivar que los municipios provean esa transportación. Así que no quiero decir que no haya un plan, sino más bien lo que yo te diría ahora mismo es que no hay los recursos disponibles para decir vamos a proveer transportación colectiva por todo Puerto Rico. Es decir, eso estaría faltando a la verdad”, agregó.

Iris Yolanda Ríos, líder comunitaria del Residencial Luis Llorens Torres, atribuyó la baja tasa de vacunación en el complejo de vivienda pública durante los primeros meses a las características demográficas de la población, que está dominada por adultos mayores y encamados, al hecho de que muchos de los residentes no cuentan con un auto ni medios alternos de transporte, y a las largas filas que se daban en los pocos centros designados por el Gobierno. Al ver el patrón, decidieron llamar al Departamento de Vivienda para solicitarles que trajeran una clínica a la comunidad y la agencia respondió al pedido con agilidad, dijo. El 14 de abril, el equipo del Departamento de Salud visitó el residencial y en un solo día – la única visita a la fecha – vacunaron 1,600 personas, equivalente al 34% de sus 4,665 residentes.

“No llamamos más temprano porque, como había varios centros vacunando, pensamos que se iban a poder vacunar, pero al ver que la población se estaba quejando de que no les cogían el teléfono [para obtener una cita], de que tenían que esperar en largas filas bajo el sol, entramos en la preocupación de que nuestros residentes estaban preocupados, querían vacunarse y no estaban pudiendo, y nos movimos a hacer la petición”, sostuvo Ríos en entrevista con el CPI.

Al 9 de julio, Salud, a través de la organización VOCES, había visitado 28 de los 300 complejos residenciales e inoculado a 5,182 personas con la segunda dosis, equivalente al 5% de los residentes de vivienda pública, según datos provistos por VOCES al Departamento de la Vivienda. Hasta el miércoles, había en Puerto Rico 1.8 millones de personas vacunadas con dos dosis, equivalentes al 56% de la población, según los datos que publica Salud.

Los datos analizados por el CPI también muestran una disparidad entre las zonas rurales y las costeras, pero lejanas a los centros urbanos, y las principales zonas urbanas de Puerto Rico durante esas primeras cuatro semanas, con algunos de los pueblos pequeños y barrios más remotos y de menores recursos económicos, entre los menos vacunados. Entre estos, Maricao, Punta Santiago en Humacao, Aguirre en Salinas, Jayuya, y Ensenada en Guánica con un 2% de vacunados con primera dosis al 15 de enero. También están las comunidades que registraron la menor tasa de vacunación a esa fecha, Maternillo y Mansión del Sapo, con solo un 1%. En conjunto, estos barrios tienen un ingreso per cápita de $6,668 al año.

La veterana epidemióloga y catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Cruz María Nazario, revisó el análisis de datos hecho por el CPI y sostuvo que el mismo confirma la desigualdad social que existe en Puerto Rico y cómo “no hay una organización capaz de asegurar que los pobres, los más vulnerables, reciban las dosis completas de vacunas”. Indicó que las entidades de salud y el Gobierno incumplen con las normas y estándares internacionales de los derechos humanos afectando las decisiones de política pública necesarias para reducir la inequidad en salud pública.

“Es impresionante cómo [estos hallazgos] pueden evidenciar, sin lugar a dudas, dónde están las prioridades de vacunación del Gobierno de Puerto Rico. Estamos observando en el microcosmos de Puerto Rico, la disparidad en la distribución de las vacunas en Puerto Rico como si fuera el reflejo del discrimen y la inequidad que está ocurriendo en todo el planeta”, sostuvo la Dra. Nazario.

“Al asegurar la equidad en el acceso y el beneficio de recibir la serie completa de vacunas, estaríamos protegiendo aquellos que llevan la carga más pesada de esta pandemia, los más vulnerables, de enfermar severamente y morir por esta enfermedad de la COVID-19. Es verdaderamente vergonzoso”, agregó.

Nazario recordó que los países ricos han acaparado la mayoría de las dosis de las vacunas disponibles durante la pandemia, mientras que en países en vías de desarrollo están recibiendo “migajas”. Según la BBC de Londres, dijo, 70 países de bajos ingresos solamente podrán vacunar el 10% de su población, y esto ocurre a pesar de los esfuerzos que ha puesto la Organización Mundial de la Salud por medio del programa COVAX para asegurar que 700 millones de dosis lleguen a los países pobres.

“Vemos en Puerto Rico cómo las alegadas prioridades establecidas para la vacunación se correlacionan mejor con el ingreso, el poder, y las ‘conexiones’, que con las determinantes de riesgo de morir por la COVID-19”, puntualizó.

Elba Dávila García, líder comunitaria del sector Puerto Real en Fajardo, aseguró al CPI que al momento, que ella conozca, no se ha hecho ningún evento de vacunación en su barrio, donde ubican las comunidades especiales Maternillo, Mansión del Sapo y Vieques en el Aire.

Entre las posibles razones detrás de la baja tasa de vacunación en el sector, indicó que la mayoría de los residentes son adultos mayores que no cuentan con un vehículo para poder hacer diligencias básicas como ir al supermercado, a la farmacia o el hospital. Tampoco hay un sistema de transportación pública tras la eliminación de las lanchas que transportaban personas a Vieques y Culebra, mencionó.

La farmacia más cercana, que quedaba a 40 minutos, fue incendiada, según contó al CPI. Asimismo, dijo que el hospital más cercano, y donde vacunan contra el COVID-19, el Caribbean Medical Center, también queda distante, en el casco urbano. Esto significa que no tienen opciones cercanas, a donde puedan ir caminando, para vacunarse.

“El alcalde aquí no nos ayuda en nada. Nosotros somos comunidades especiales y tras que somos comunidades especiales, nos han marginado toda la vida”, lamentó la líder, refiriéndose al programa de Comunidades Especiales que prácticamente se desmanteló durante la pasada década.

A raíz de los problemas de transportación, Dávila García aseguró que los adultos mayores no se están alimentando bien, ya que en la comunidad no hay negocios de comestibles.

“Eso es frustrante, porque uno ve a las personas y viejitos, que yo hablo y me dicen: ‘mira, yo tuve que ir al pueblo, y bajo y tengo que estar dos días acostado en la cama porque no aguantó el dolor en los huesos’», puntualizó.

La otra comunidad costera con baja tasa de vacunación, Punta Santiago, en Humacao también cuenta con una población mayormente de adultos mayores y sin transportación, sostuvo Nancy Madden, directora fundadora del Proyecto PECES.

Tampoco hay farmacias cerca y “la gente ha tenido que salir de la comunidad a vacunarse”, agregó Madden en mayo.

Los que querían vacunarse tenían que llegar hasta el pueblo de Humacao, Yabucoa o Naguabo, dijo. En su caso, se vacunó en San Juan porque no se le hizo posible en el sureste.

La monja fundadora de PECES mencionó además que la farmacia Walgreens no estaba vacunando durante el primer mes y que hubo problemas de comunicación entre el Departamento de Salud y los proveedores cuando anunciaron la vacunación de mayores de 65 años. Asimismo, mencionó el factor de la tecnología como otro escollo que enfrentaron los residentes, ya que en algunos proveedores tenían que anotarse por internet.

Madden aseguró que la situación ha mejorado y que recientemente hubo una vacunación en la comunidad.

La vacunación contra el COVID-19 en Maricao tardó mucho en llegar, y cuando finalmente llegaron las vacunas, fueron para la zona urbana, dejando desprovistos a los residentes de los lugares más distantes del municipio como Bucarabones, aseguró Jacqueline Pérez, directora de la Fundación Bucarabón.

Ir en vehículo de Bucarabones al pueblo de Maricao toma de 25 a 40 minutos por las malas condiciones en que se encuentra la carretera desde el huracán María, dijo. Además, hay residentes de este lugar que no tienen vehículo.

“No todo el mundo tiene la facilidad de llegar a las áreas urbanas y poder vacunarse”, sostuvo Pérez, quien reside en Bucarabones.

Los primeros contactos que recibió para organizar una vacunación a nivel comunitaria en Bucarabones se dieron a mediados de mayo, aseguró.

El 12 de febrero el alcalde novoprogresista de Orocovis y aliado del gobernador Pedro Pierluisi, Gardy Colón, estaba tan molesto con lo que llamó el mal manejo del proceso de vacunación en la Isla y el abandono de los pueblos de la zona central, que solicitó públicamente la renuncia del secretario Mellado y del jefe de la Guardia Nacional, el general José Reyes, quien tan temprano como en enero estaba beneficiando a contratistas de la agencia y amigos personales con acceso VIP a la vacuna, según reveló una investigación del CPI. Con él coincidieron otros alcaldes de la región como el popular de Comerío, Josean Santiago.

En dicha ocasión, la Dra. Iris Cardona, directora del Programa de Vacunación, justificó la inequidad entre el campo y las áreas urbanas con el mismo argumento de Mellado: que las vacunas se habían distribuido según las tasas de mortalidad. En febrero, el CPI solicitó a Mellado la información sobre las tasas de mortalidad que este alega haber utilizado para distribuir las vacunas, pero la información nunca fue provista.

Cuatro días después, el CPI también le envió dos preguntas sencillas a Mellado: ¿Secretario cree usted que ha habido inequidad y privilegios en la administración de la vacuna? Si no, ¿puede garantizar lo contrario?

Mellado no estuvo disponible para ser entrevistado para este reportaje aunque se le hizo la solicitud con una semana de anticipación. Su directora de comunicaciones Lisdián Acevedo dijo que el funcionario está de vacaciones. De hecho, pese a que concede múltiples entrevistas semanalmente a diversos medios de comunicación, el funcionario no ha concedido ni una entrevista al CPI desde que llegó al puesto en enero, pese a que se le han cursado sobre una decena de peticiones.

El 7 de abril, Mellado reconoció públicamente durante una ponencia hecha en el Puerto Rico Health Summit, que había problemas de equidad en la distribución de la vacuna y que tenía que cambiar la estrategia de vacunación – concentrada en grandes centros urbanos y en manos de proveedores privados – debido a que muchas comunidades habían quedado relegadas.

“¿Cómo generamos esa equidad en vacunación? ¿Cómo podemos ser más efectivos si hacemos actividades a gran escala en las grandes urbes, en Ponce, en Mayagüez, en San Juan? Pues, entonces, la gente de la montaña, es complicado que vengan”, sostuvo.

“Vemos cómo tenemos que cambiar las estrategias para poder llegar, por ejemplo, a lo que son pacientes encamados, a los de incapacidad intelectual, a las égidas de Puerto Rico. Son personas que no te van a llegar a los lugares, así que es importante que la capacidad de vacunación vaya dirigida a poder llegar a la mayor cantidad de pacientes posibles”, agregó, sosteniendo que la limitada cantidad de vacunas recibidas durante los primeros meses constituyó un agravante adicional.

El economista Julio César Hernández atribuyó la baja tasa de vacunación en lugares de bajos ingresos económicos a factores educativos, de accesibilidad y transportación, y a la falta de información sobre la vacuna en español.

Hernández indicó que por lo general las personas que tienen más recursos económicos tienen niveles de educación más altos, mientras que entre la población de menos recursos existen muchas dudas sobre la vacuna, incluso porque buena parte del material educativo fue producido en inglés.

“Yo creo que uno de los grandes problemas es que no se ha hecho material en español explicando la vacuna y cómo es que funciona. La gente tiene desconfianza de los procesos y no se han vacunado”, dijo.

Hernández dijo además que el riesgo de contagiarse también pudo influir en que las personas que trabajan se vacunaran.

“Gente que trabaja y que tiene ingresos altos, si se enferma, no puede producir. Una persona que está fuera del mercado laboral, si se enferma, pasa la emergencia, pero su ingreso se queda igual y no tiene pérdida de ingresos graves”, sostuvo.

Sostuvo que la clase trabajadora tiene que protegerse porque estar fuera del trabajo uno o dos meses por la enfermedad le es económicamente oneroso.

La líder comunitaria del barrio Ensenada de Guánica, Teresa Soto Quinones, indicó al CPI que al principio de la vacunación y todavía hasta mayo del 2021 había residentes que no querían vacunarse, a pesar de que la clínica de Migrant Health Center, ubicada en Ensenada, estaba vacunando contra el COVID-19 desde un principio, además de otras farmacias cercanas. La renuencia que ha observado, dijo, no es exclusiva de los adultos mayores, sino de los jóvenes también.

No obstante, dijo que las vacunaciones comunitarias comenzaron a hacerse en mayo y que todavía a esa fecha quedaban personas sin ser contactadas por los proveedores para recibir la vacuna.

¿Cuál es la solución a la marginación de las comunidades sin transporte ni acceso a los servicios de vacunación contra la COVID-19?

La respuesta podría estar en aquellas comunidades pobres que fueron la excepción a la tendencia, ya que lograron ubicarse entre las mayores tasas de vacunación, junto a comunidades de altos ingresos. Entre ellas, el casco urbano de Bayamón, que con un ingreso per cápita de $3,306 al año, registró la tercera tasa de vacunación más alta desde la segunda quincena del proceso, a mediados de enero. A finales de marzo ya estaba en segundo lugar con el 89% de sus residentes vacunados.

El alcalde de esa ciudad, Ramón Luis Rivera, hijo, dijo al CPI que lograron vacunar rápidamente a esta población porque se prepararon con neveras para almacenar los suplidos de antemano y las enfermeras y el personal de epidemiología del municipio se fueron a la calle a vacunar puerta por puerta a los residentes, incluyendo a los encamados, varias égidas y a las personas sin hogar, así como a todo el personal municipal, que comenzaron a trabajar presencial desde finales de marzo. También solicitó a Salud vacunas para ir a los residenciales públicos de su pueblo y vacunar a esta población. Ayudó mucho además que el municipio estableció un centro de vacunación el Estadio Juan Ramón Loubriel y la Guardia Nacional otro en el Coliseo Rubén Rodríguez, ambos lugares a distancia caminable desde el centro urbano.

“Nosotros le dijimos al secretario [de Salud], ‘Dámelas, que yo lo hago’. Y nosotros seguimos vacunando”, explicó el alcalde.

“Fuimos bien agresivos desde el principio, porque si no eras agresivo al principio, pensé que ibas a tardar más…Yo sé que a veces es una población que no se mueve a buscar el servicio, pues los fuimos a buscar, por eso es que ya nosotros visitamos todos los residenciales de Bayamón”, agregó.

En Vieques y Culebra ocurrió un esfuerzo similar, pero organizado por el Departamento de Salud, y ambos municipios están entre los de mayor tasa aunque tienen niveles de ingresos bajos.

Esta es la misma estrategia que desde abril está implementando la organización sin fines de lucro Puerto Rico Salud, que se ha dado a la tarea de ir a comunidades marginadas y apartadas para inocular a los residentes. A la fecha han vacunado a más de seis mil personas incluyendo a los encamados que aún están rezagados, sostuvo Carla González, cofundadora de la organización.

“Ahora estamos dando bien duro a los encamados. En el último reporte que nos entregó el Departamento de Salud en junio nos dimos cuenta de que la cantidad y los números de encamados [no vacunados] sí están bien altos. En estas últimas dos semanas nos estamos enfocando en el encamado”, sostuvo.

“Puerto Rico Salud se enfoca en llevar la vacuna a donde sabemos que ese paciente no va a llegar a la vacuna, ni va a tener acceso a la vacuna”, explicó sobre la misión de la organización que nació en el 2020 con el apoyo de Médicos Sin Fronteras (MSF), que es quien apoya económicamente este esfuerzo de vacunación.

“Vimos la gran necesidad, especialmente de las comunidades necesitadas”, puntualizó.

Por esto procedieron a contactar a líderes comunitarios y a hacer público el teléfono de la iniciativa 787-674-5905.

Ahora que la variante Delta ya ha hecho entrada firme en Puerto Rico y que la apertura total de la economía y el retiro de mascarillas por parte del gobernador Pierluisi ha generado un repunte de casos, particularmente entre los no vacunados, el CPI quiso saber cuántas comunidades siguen rezagadas con gran parte de sus residentes sin vacunar y cuál es el plan del Departamento de Salud. No hubo ningún funcionario disponible para atender estas preguntas.

Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo, puede leer la versión original AQUÍ

Fuente e Imagen: https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/07/15/rezagadas-las-comunidades-pobres-la-vacunacion-covid-19.html

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Covid-19 pobreza de muchos y opulencia para pocos

El panorama de América Latina y el Caribe es hoy muy complejo, pese a experimentar una recuperación en 2021, pero hay que hacer cambios necesarios y profundos del modelo de desarrollo, aseguró la Cepal.

De no hacer esas transformaciones no vamos a poder salir de esta trayectoria de crecimiento a la baja, afirmó este jueves la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, Alicia Bárcena durante la presentación de un nuevo informe especial con proyecciones económicas, a más de un año de la aparición de la pandemia de la Covid-19.

Aunque ese organismo de Naciones Unidas elevó su estimación de crecimiento regional para este año a 5,2 por ciento producto de un rebote que no asegura una expansión sostenida, advirtió que los impactos sociales de la crisis se agudizan y persistirán durante la recuperación.

Pero ese incremento será insuficiente para cubrir la contracción de 6,8 por ciento sufrida el año pasado como consecuencia de la Covid-19, mientras el avance en 2022 llegará sólo a 2,9 por ciento y, al final de ese año, 19 de 33 países no habrán recuperado el Producto Interno Bruto previo a la pandemia.

Bárcena afirmó que la crisis agudizó los problemas estructurales, haciendo más urgente que nunca emprender cambios de fondo ‘con una mirada de igualdad’ que elimine ‘de una vez por toda la cultura del privilegio expresada en la evasión’.

Hizo alusión a los fondos ilícitos, a los gastos tributarios inequitativos, en la excesiva concentración de la riqueza.

Agregó que si no se abordan esos temas y no se reestructuran la educación y la salud, la región no recuperará el ciento por ciento de los empleos y seguirá en la senda que se encuentra ahora, con un aumento de la pobreza, la pobreza extrema, la desigualdad y el deterioro del medio ambiente.

Sobradas razones llevaron a Bárcena a tan urgente solicitud para gobernantes, decisores de políticas públicas y fuerzas de cambio en la región, porque frente a ese espinoso escenario, que agrava la situación de los más vulnerables generada por la Covid-19, también aumentó la cantidad de multimillonarios.

De la acera opuesta a la pobreza, el hambre y el desempleo, la riqueza de los más adinerados en Latinoamérica creció en apenas un año de pandemia en más de un 40 por ciento.

Los datos de la lista anual de 2020, publicada por Forbes en marzo de 2020 a inicios de la crisis sanitaria, mostraron un total de 76 multimillonarios en la región con un patrimonio neto combinado de 284 mil millones de dólares.

En la actualización de esa información en marzo de 2021, aparece un marcado crecimiento con un total de 105 multimillonarios, quienes atesoran una riqueza de 448 mil millones de dólares.

Más reciente, en mayo de este propio año, aparecen 107 acaudalados con un capital ascendente a 480 mil millones de dólares.

Mientras millones de personas caen en la pobreza, el número de multimillonarios se ha disparado en Latinoamérica desde el inicio de la pandemia, un fenómeno al que los Gobiernos deben responder con medidas en materia fiscal y regulatoria, según defiende Luis Felipe López-Calva, el director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

‘En conjunto, durante la pandemia, el número total de acaudalados en América Latina y el Caribe aumentó en 31 y su patrimonio neto combinado aumentó en 196 mil millones de dólares, esto es aproximadamente el tamaño de la economía de Ecuador’, explicó recientemente el funcionario.

Resalta que alrededor de las tres cuartas partes de los magnates de la región son de Brasil y México, significó.

Sobre el tema, el director regional de la PNUD aclaró que la generación de riqueza no es algo negativo, pero sí debe llevar a que se discutan acciones públicas, sobre todo en un momento en el que la pobreza está aumentando rápidamente.

Insistió en que la creación de fortuna sea una mala noticia. ‘Lo que hay que ver es cómo esa riqueza se transmite o se transfiere a los hogares en general en términos de mayor bienestar, de avance social’.

Para el economista mexicano, una prioridad debe ser aumentar los impuestos a las grandes corporaciones y hacerlo de forma coordinada, con acuerdos a nivel regional o global para evitar una competencia a la baja entre países.

oda/acl/crc/cvl

Fuente de la información e imagen:  https://www.tercerainformacion.es

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La huelga nacional en Colombia: perspectiva sindical

Por: Daniel Hawkins

Traducido del inglés para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Durante el pasado mes y medio Colombia ha vivido presa de una agitación social y política sin parangón en el último medio siglo. El 28 de abril comenzó una huelga nacional que ha ocupado las calles y avenidas de más de 600 ciudades de todo el país, una agradable aunque inesperada sorpresa para los dirigentes del comité de huelga y que ha pillado totalmente desprevenido al gobierno nacional, que no esperaba el alcance de la misma y su enorme apoyo popular.

Aunque en sus inicios la huelga estaba relacionada con el descontento popular producido por el proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno, también supuso el resurgir de las grandes manifestaciones que inundaron Colombia desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2020. Pero más que un reflejo espontáneo de la amplia crisis social instalada en Colombia desde hace décadas, el contexto actual presagia una explosión social mucho más profunda, general y trascendental.

Contexto nacional previo a la huelga

La aparición de la pandemia de covid-19 en Colombia al comienzo de marzo de 2020 fue una bendición para el gobierno. Tras cuatro meses de revuelta popular y las mayores manifestaciones de protesta desde la huelga nacional de 1977, la oportunidad de centrar la atención en un “enemigo común” permitió al presidente Iván Duque reforzar su menguante popularidad y fabricar la imagen de un dirigente fuerte y asertivo.

La pandemia y las políticas puestas en marcha para limitar la actividad social y económica sirvieron para que las protestas ya debilitadas perdieran fuelle sin alcanzar victorias políticas concretas, y para que el presidente y su gobierno se sintieran relativamente a salvo. En realidad, el cierre institucional del país abrió la puerta a un golpe de estilo ejecutivo a la democracia, permitiendo gobernar por decreto durante la mayor parte de 2020 sin que el sistema judicial mostrara disconformidad al respecto, y menos aún un Congreso plagado de parlamentarios procedentes de familias dinásticas envueltos en escándalos de corrupción y otros delitos (Reyes Ramírez, 2017).

A medida que el covid-19 acababa con el ya mermado sistema de salud privatizado, dejando a su paso casi 96.000 muertes a 14 de junio de 2021, las iniciativas del gobierno para mitigar el impacto socioeconómico de un año de políticas destinadas a contener la difusión del covid-19 fueron poco entusiastas, por decir algo. Mientras en gran parte del mundo se ponían en marcha paquetes de ayuda a los ciudadanos afectados por las políticas destinadas a contener la pandemia, en Colombia se decidió la estrategia fracasada de antemano de ofrecer ayuda a un pequeño porcentaje de los hogares más afectados mientras se pretendía proteger a las empresas mediante préstamos controlados y diluidos por el sistema bancario. Mientras los niveles de pobreza se disparaban en todo el país, hasta afectar a 21 millones de personas a inicios de 2021, el sistema de mitigación de la pobreza del gobierno, el Fondo de Solidaridad –con una ayuda de apenas 43 dólares al mes– llegaba solo a 2,6 millones de personas.

Cambio de horizonte para la acción política

A inicios de 2021, según los datos del Departamento Nacional de Estadística, el desempleo general llegó al 15%, estando el juvenil mucho más alto, al 23,9% y el desempleo femenino juvenil por encima del 31% –todo ello en un país en el que el trabajo informal supera el 63%, donde solo el 15% de la mano de obra alcanza el salario mensual mínimo legal, y donde el 48% gana incluso menos (Ortiz-Quevedo, 2021: 45). Al final de 2020, la pobreza monetaria había llegado a afectar al 42% de la población y, según un sondeo a escala nacional, cerca del 66% de los encuestados tuvo dificultades para cubrir los gastos de la familia en junio de ese año, mientras el 74% afirmaba que para mejorar la economía era necesario aumentar los impuestos a los ricos.

La respuesta del gobierno fue dar prioridad a la prudencia fiscal y anteponer los intereses de los acreedores internacionales y las agencias de calificación. Como consecuencia de la reforma fiscal aprobada por el Congreso por vía rápida en el auge de las protestas de 2019, así como de la reforma de 2016, que incrementó el impuesto de valor añadido (IVA) del 16% al 19%, el gobierno apoyó en 2019un proyecto de reforma fiscal que mantenía las exenciones y los beneficios a las grandes empresas y a los ciudadanos más ricos. Al mismo tiempo intentó financiar el coste de la respuesta a la pandemia mediante impuestos indirectos, que recaen desproporcionalmente sobre las clases media y trabajadora.

Pero en esta ocasión los colombianos, tan acostumbrados a soportar las adversidades, dijeron no. El presidente, que confiaba en que dicho proyecto de ley fuera aprobado con relativa facilidad por el Congreso, prometió no ceder frente a la presión pública. Pero desde el acuerdo de paz con el grupo guerrillero de las FARC Colombia es una sociedad muy diferente y, a pesar de las reticencias gubernamentales a aplicar  dichos acuerdos, la gente ha salido a las calles en masa para mostrar su oposición a las políticas impopulares, con una energía no vista en decenios. Como último recurso para silenciar la resistencia popular, Duque apareció en la televisión nacional la víspera de las protestas, para pedir a los ciudadanos que se quedaran en casa durante la tercera ola de covid-19. Hubo incluso un tribunal que se atrevió a prohibir las manifestaciones debido al daño que pudieran causar a la salud pública, todo ello en vano.

La primera semana de la huelga nacional superó a cualquiera cosa que el país hubiera visto anteriormente: las calles de todas las ciudades estaban animadas con marchas, bailes, conciertos improvisados y expresiones artísticas de masas como gigantescos murales. También surgieron actos esporádicos de saqueo y vandalismo ante la decisión del gobierno de militarizar todas las ciudades grandes y pequeñas en las que las marchas y actividades de protesta habían mostrado fuerza y persistencia. Esta estrategia de contención seguía pautas bien conocidas: excesiva violencia del Estado frente a manifestantes desarmados, y una aparente colusión de la policía con grupos de civiles armados. Según diversos informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo murieron 45 personas relacionadas con las protestas y otros 187 civiles fueron heridos, entre un total de 1.248 víctimas de violencia física, incluyendo agresiones sexuales contra mujeres por parte de miembros de las fuerzas armadas, así como 409 desapariciones forzosas (de las cuales 328 han sido “encontradas”).

Frente a tan severa represión, los manifestantes se atrincheraron y ampliaron sus esferas de influencia, levantando cientos de bloqueos por todo el país que lograron ralentizar el comercio y el transporte. Y a pesar de las tácticas violentas del gobierno, a comienzos de junio más de un 74% de la población seguía apoyando la huelga nacional.

Énfasis en la crisis institucional y política

No solo ha fracasado la respuesta del gobierno en forma de militarización del conflicto sino también sus iniciativas para sofocar el descontento mediante vagas promesas. Las actuales protestas han puesto de manifiesto la futilidad del poder político del presidente y de su gobierno, y la respuesta violenta del Estado es el mejor ejemplo de su debilidad y su crisis de legitimidad (Valencia, 2021: 37). A los pocos días del inicio de las protestas se hizo evidente la magnitud de su fuerza. Las manifestaciones obligaron al presidente a retirar del Congreso la propuesta de reforma fiscal y a aceptar la dimisión del tremendamente impopular ministro de finanzas. También sirvieron para abortar la propuesta de reforma sanitaria en el Congreso y, posteriormente, para forzar la dimisión de la canciller de Colombia, coincidiendo con el aumento de la condena internacional al modo en que el gobierno estaba gestionando la huelga.

La lucha en las calles continuó hasta el 11 de junio, encabezada por la juventud del país y por miles de comunidades marginadas y discriminadas, unidas en su oposición a la clase política y gobernante, pero también aparentemente desconectadas de la gestión institucional del movimiento de protesta de manos del Comité Nacional de Huelga. Este comité está compuesto por 20 miembros, principalmente sindicalistas, y una minoría de representantes de diversas asociaciones de transportistas, estudiantes y de la comunidad LGTBI. No obstante, aunque la preparación y lanzamiento de la huelga nacional del 28 de abril tuvo un tremendo éxito, la heterogeneidad, descentralización territorial y liderazgo de la juventud de los subsecuentes movimientos y actos de protesta han demostrado que la huelga ya no está bajo el control de dicho comité. Además, tras el progreso inicial, las negociaciones con el gobierno se atascaron cuando, justo después de la aprobación de un borrador de acuerdo sobre las garantías para las protestas sociales el 26 de mayo, el gobierno se retractó de dicho acuerdo, exigió el levantamiento inmediato de todos los bloqueos y comunicó que no firmaría ningún acuerdo hasta que hubiera un acuerdo global.

El 8 de junio, ante la intransigencia del gobierno, el comité de huelga abandonó formalmente la mesa de negociación, al encontrarse en una posición insostenible, en la tesitura de aceptar el farol de un gobierno carente de capital político y sin autoridad suficiente para poder convencer a los manifestantes discrepantes de todo el país de que pusieran fin a los bloqueos. Las iniciativas del comité para ampliar su base invitando a nuevas voces a unirse a su asamblea han sido notables pero insuficientes, y activistas de vanguardia en diversas ciudades han declarado que este comité no les representa. Según parece, el problema no son tanto las demandas como quiénes son las personas que les representan y cómo lo hacen. Lo que se ha puesto de manifiesto es la brecha generacional entre los manifestantes, principalmente jóvenes que se enfrentan al desempleo, el trabajo informal y la exclusión, y los líderes sindicales de mayor edad que, aunque se oponen con vehemencia a las políticas estatales regresivas y represivas, forman parte del tejido institucional existente, que ha demostrado ser anacrónico en el momento actual de revuelta social.

Tras casi 45 días de protestas y bloqueos la huelga parece haber llegado a su fin, pero el año que tenemos por delante promete estar pleno de agitación política y social. El gobierno, que había intentado aprovechar la pandemia para impulsar más leyes impopulares, especialmente la reforma de las pensiones y la reforma laboral, ha cambiado de planes. No obstante, el presidente Duque está buscando inútilmente recuperar cierta legitimidad al presentar proyectos tomados directamente de la lista de demandas del comité de huelga, especialmente un subsidio de renta básica para familias golpeadas por la pobreza.

El país está expectante, cada vez más dividido por la polarización política fomentada por la necesidad de crear miedo para vender programas de seguridad. Pero las protestas de 2019 y la huelga más reciente han mostrado claramente que en Colombia, tras los acuerdos de paz de 2016, cuando aumentaron la desigualdad extrema y las deficiencias estructurales, sembrar el miedo no basta para sofocar el deseo y la demanda de políticas más concertadas y cambio institucional.

Bibliografía:

  • Ortiz-Quevedo, CH (2021) ‘Another twist: the greed of the elites in the pandemic’ [en español], Pensar la Resistencia: Mayo del 2021 en Cali y Colombia, Documentos Especiales CIDSE 6.
  • Reyes Ramírez, E. (2017) ‘Corruption and the Colombian state’, [en español], Dictamen Libre, 21.
  • Valencia, AG (2021)¿Qué está pasando en Colombia? Power, legitimacy and the social crisis’ [en español], Pensar la Resistencia. Mayo del 2021 en Cali y Colombia. Documentos Especiales CIDSE 6.

Daniel Hawkins es coordinador regional para la construcción sindical de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) en América Latina y el Caribe.

Fuente: https://rebelion.org/la-huelga-nacional-en-colombia-perspectiva-sindical/

Fuente original: https://socialistproject.ca/2021/07/national-strike-in-colombia-trade-union-perspective/#more

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OMS: Miles de millones de personas pueden quedar sin agua potable

El acceso al agua potable y a facilidades para lavar las manos, indispensable para el combate de la pandemia covid-19, seguirá vedado a millones de personas a menos que se multipliquen las inversiones que lo hagan posible en los países más pobres.

Miles de millones de personas en el mundo se quedarán sin acceso a servicios seguros de agua potable, saneamiento e higiene en el hogar antes de 2030, a menos que el índice de progreso se multiplique por cuatro, indicó este jueves 1 un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.

Esa carencia precede a la covid-19 porque “incluso antes de la pandemia millones de niños y familias ya estaban sufriendo debido a la falta de agua limpia, saneamiento y un lugar donde lavarse las manos”, señaló Henrietta Fore, directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La covid, según el reporte, puso de relieve la necesidad urgente de garantizar que todo el mundo tenga acceso al menos a una higiene de manos adecuada: cuando comenzó la pandemia, tres de cada 10 personas del mundo no podían lavarse las manos con agua y jabón en sus hogares.

El informe “Progresos en materia de agua para el consumo, el saneamiento y la higiene en los hogares”, de OMS-Unicef, presentó estimaciones de acceso de los hogares a servicios de agua potable, saneamiento e higiene gestionados de manera segura a lo largo de los últimos cinco años.

En 2020, alrededor de una de cada cuatro personas carecía de una fuente de agua potable gestionada de modo seguro en su hogar, y casi la mitad de la población mundial no tenía acceso a servicios de saneamiento gestionados de esa manera.

“Llegó la hora de acelerar drásticamente nuestros esfuerzos a fin de atender las necesidades más básicas de los niños y las familias, y proteger su salud y su bienestar a través de, entre otras medidas, la lucha contra enfermedades contagiosas como la covid-19”: Henrietta Fore.

Esas carencias contrastaron con el avance de la actual pandemia y al respecto Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, recordó que “lavarse las manos es una de las formas más efectivas de evitar la transmisión de la covid-19 y de otras enfermedades infecciosas”.

“Sin embargo, en el mundo hay millones de personas que no tienen acceso a una fuente de agua potable segura”, por lo que “las inversiones en agua, saneamiento e higiene deben ser una prioridad mundial si queremos ponerle fin a esta pandemia y crear sistemas de salud más resilientes”, dijo Tedros.

El informe indica que se han registrado algunos avances para conseguir un acceso universal a los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene, pues entre 2016 y 2020 el porcentaje de la población mundial que disponía de una fuente de agua potable gestionada de manera segura en su hogar aumentó de 70 a 74 por ciento.

Los servicios de saneamiento gestionados de modo seguro aumentaron de 47 a 54 por ciento, y las instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón de 67 a 71 por ciento entre los 7800 millones de habitantes del planeta.

También en 2020 por primera vez más personas utilizaron servicios de saneamiento mejorados sobre el terreno (como letrinas de pozo y tanques sépticos, que pueden contener y tratar los residuos de manera efectiva) que conexiones de alcantarillado.

Pero de acuerdo con las tendencias actuales, hacia 2030 solo 81 por ciento de la población mundial tendrá acceso a agua potable salubre en su hogar, un bien del que no podrán disfrutar 1600 millones de personas.

Solo 67 por ciento dispondrá de servicios de saneamiento adecuados, pero carecerán de ellos 2800 millones de personas, y solo 78 por ciento contará con instalaciones básicas para lavarse las manos, lo que significa que 1900 millones de personas no tendrán acceso a ellas.

El informe recoge “las profundas desigualdades que afectan especialmente a los niños y las familias vulnerables”, y asegura que conseguir el acceso universal a fuentes de agua potable gestionadas de manera segura antes de 2030 requiere “multiplicar por 10 el índice actual de progreso en los países menos adelantados”.

En los contextos frágiles en los que existe el doble de probabilidades de que la gente no tenga acceso a agua potable salubre, ese índice debería multiplicarse por 23.

“A pesar de los increíbles avances que se han registrado hasta la fecha para ampliar estos servicios que salvan vidas, las alarmantes y crecientes necesidades siguen superando nuestra capacidad de respuesta”, dijo Fore.

Otros datos del reporte indican que ocho de cada 10 personas que carecían de acceso a servicios básicos de abastecimiento de agua vivían en zonas rurales, y los servicios seguros de saneamiento llegaron a 62 por ciento de la población urbana mundial, pero solo a 44 % de la rural.

En África subsahariana se registra el índice de progreso más lento del mundo. Apenas 54 por ciento de la población utilizaba agua potable salubre, y solo 25 por ciento de la que se encontraba en contextos frágiles.

Los últimos datos sobre la salud menstrual revelaron que, en muchos países, una proporción significativa de mujeres y niñas no pueden atender sus necesidades de salud menstrual. Las diferencias más notables se dan entre los grupos vulnerables, como las niñas pobres y las que tienen discapacidad.

El informe afirma que para ampliar la cobertura en estas áreas será preciso darle prioridad en los niveles más altos de la adopción de decisiones por parte de los organismos internacionales, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.

Para la directora de Unicef “llegó la hora de acelerar drásticamente nuestros esfuerzos a fin de atender las necesidades más básicas de los niños y las familias, y proteger su salud y su bienestar a través de, entre otras medidas, la lucha contra enfermedades contagiosas como la covid-19”.

Fuente: https://rebelion.org/miles-de-millones-de-personas-pueden-quedar-sin-agua-potable/

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UNICEF alerta que hasta seis millones de niños yemeníes podrían ver su educación interrumpida por la guerra

El fondo de la ONU alerta de que dos terceras partes de los profesores del país no tienen salario fijo.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha alertado este lunes de la catastrófica situación educativa a la que se enfrentan hasta seis millones de niños en Yemen, donde el número de niños sin escolarizar se ha duplicado desde el inicio de la guerra en 2015, muy en parte por la enorme crisis a la que se enfrentan los profesores del país, dos terceras partes de los cuales no tienen salario estable.

De momento, algo más de dos millones de niñas y niños en edad escolar ya no van al colegio en el país a causa de la guerra, según apunta el Fondo en su informe «Educación interrumpida: impacto del conflicto en la educación de los niños y niñas en Yemen», publicado hoy.

«El acceso a una educación de calidad es un derecho básico para todos los niños, incluidas las niñas, los niños desplazados y los que tienen una discapacidad», ha señalado el representante de UNICEF en Yemen, Philippe Duamelle.

«El conflicto», añade, «tiene un impacto abrumador en todos los aspectos de la vida de los niños; el acceso a la educación proporciona una sensación de normalidad a los niños, incluso en los contextos más desesperados, y los protege de múltiples formas de explotación».

El documento resalta las «nefastas consecuencias» que esperan al país «cuando los niños y niñas no están en la escuela y las niñas se ven obligadas a contraer matrimonio precoz, donde permanecen atrapadas en un círculo de pobreza y potencial desaprovechado».

En este escenario, los niños y niñas son más vulnerables a verse forzados a realizar trabajo infantil o a ser reclutados para los combates. Más de 3.600 niños y niñas en Yemen han sido reclutados durante los últimos seis años.

PROFESORES EN EL ABISMO

Para empeorar las cosas, UNICEF apunta que dos tercios de los profesores en Yemen, más de 170.000 en total, no han recibido un salario regular durante más de cuatro años debido al conflicto y las divisiones geopolíticas.

Este enorme problema deja en situación de riesgo a un total de seis millones de niños y niñas más, ya que los maestros no remunerados dejan de enseñar para encontrar otras formas de mantener a sus familias, y si los niños que no asisten a la escuela o aquellos que la han abandonado recientemente no reciben el apoyo adecuado, es posible que nunca regresen al colegio.

Así pues, los efectos combinados del prolongado conflicto y el último ataque contra la educación en forma de la pandemia de COVID-19, tendrán efectos devastadores y duraderos en el aprendizaje, así como en el bienestar mental y físico de los niños, niñas y adolescentes en Yemen, apunta UNICEF.

En el informe, UNICEF pide a todas las partes en Yemen que defiendan el derecho de los niños y niñas a la educación y trabajen juntos para lograr una paz inclusiva y duradera. Esto supone también detener los ataques a las escuelas (231 desde marzo de 2015) y garantizar que los profesores obtengan un ingreso regular para que los niños y niñas puedan seguir aprendiendo y creciendo, y para que los donantes internacionales apoyen los programas educativos con fondos a largo plazo.

Fuente: https://www.notimerica.com/politica/noticia-yemen-unicef-alerta-seis-millones-ninos-yemenies-podrian-ver-educacion-interrumpida-guerra-20210705025952.html

 

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Apuntes sobre un barrio

Por: Elisabeth De Puig 

Las niñas ya no sueñan con un príncipe que las rescate en su caballo blanco, sino con ser la mujer de un capo, la amante del dueño del colmadón.

Con solo algunas horas hurgando las interioridades de un barrio marginado se extraen informaciones que ponen en entredicho muchas de las teorías y discursos sobre el desarrollo humano, los derechos de la niñez y la construcción del país que soñamos.

Caso 1

Me topé con un joven de 14 años que abandonó sus estudios hace varios años. En su escuela la psicóloga tenía “otras cosas qué hacer que bregar con mariconcitos”. Andaba apresurado, un tanto provocativo, con los cabellos rojo carmín. Cargaba una fundita de supermercado en la mano.

– Hola P. ¿Qué de tu vida?  ¿Cómo están por allá? ¿Sigues trabajando de noche? (prostituyéndose por la 42 y la Nicolás de Ovando)

– Sí.

-¿Picas algo?

– No.

– Entonces, deberías volver a estudiar.

– Quisiera hacer un curso de globos en una fundación que hay en Capotillo;  tienen más cursos, pero este es el que me gusta más. Como mi mamá está enferma y no puede trabajar,  me va a poner una paletera.

Enseñando la funda.

– Ahora, tengo que dejarla, voy a empeñar la licuadora para la quimio de mi madre (cáncer de mama), no hay dinero para ir al hospital.

En esta casa la abuela paterna se murió de Covid durante la pandemia.

La abuela materna padece cáncer, no tiene seguro y no puede tratarse; la madre tiene cáncer de mamas.

Dos hermanos mayores están en condiciones de calle, son delincuentes.

Un hermanito se murió en el incendio de la casa mientras la madre trabajaba.

También están Pedro, dos hermanitos y una niñita de 6 años.

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El falso mito del esfuerzo en América Latina

Por Alfredo Serrano Mancilla

¿Cómo le explicamos a una mujer que su salario está acorde a su esfuerzo tras trabajar todos los días de la semana, catorce horas seguidas, limpiando casas ajenas? ¿Cómo se lo justificamos a un joven que cada día se despierta a las 4:30 de la mañana para irse a trabajar a la construcción y regresar a casa por la noche? ¿Quién puede asumir que el salario es un fiel reflejo del esfuerzo?

El mito del esfuerzo en América Latina es una gran mentira, tanto desde un criterio de subjetividad como si lo miramos objetivamente en cifras.

En el imaginario de la ciudadanía latinoamericana existe una gran mayoría que no “se come el cuento” de que los altos ingresos vienen originados por el esfuerzo. Hay un claro sentido común latinoamericano a este respecto. Por ejemplo, en Argentina, según nuestra encuesta CELAG, cuando se pregunta cuál es el origen de la riqueza de las familias más adineradas, sólo el 15,1% considera que se debe al esfuerzo. El resto cree que es un asunto de corrupción o de herencia. En Chile, México, Bolivia, Perú y Colombia, los porcentajes son muy parecidos (13,4 %, 21,7 %, 20,7 %, 19,9 % y 18 %, respectivamente).

Pero no sólo es una cuestión de subjetividad; lo que piensa la gente está en sintonía con lo que objetivamente acontece.

Esta falsa relación entre esfuerzo y riqueza queda absolutamente demostrada en el libro “El capital del siglo XXI”, del economista francés Thomas Piketty. En ese estudio se concluye que la herencia es uno de los principales factores para estudiar la reproducción del modelo económico capitalista. Para él, el control de la riqueza se transmite en grandes proporciones por vía hereditaria. Es lo que Kathleen Geier denominó heiristocracy (gobierno de los herederos). Esta suerte de “capitalismo patrimonial”, de alta concentración, condiciona definitivamente el devenir de la economía real.

Se espera que las 500 personas más ricas del mundo les entreguen a sus herederos la suma de 2,4 billones de dólares en las próximas dos décadas. Y a nivel latinoamericano el fenómeno es idéntico. Más de la mitad de la riqueza pasa de generación en generación sin verse afectada por nada ni por nadie. Por ejemplo, en un informe de la OCDE (“¿Un elevador social descompuesto? Cómo promover la movilidad social”) se destaca que en Colombia se necesitan al menos 11 generaciones para que un niño pobre deje de serlo. Más de dos siglos para salir de una condición heredada desfavorable, por mucho que se esfuercen. En Brasil se necesitan 9; en Chile, 6.

El otro eje es la corrupción, que representa un significativo porcentaje del PIB en la región latinoamericana. Esta es la otra variable observada por la población para explicar la procedencia del dinero de los que verdaderamente tienen dinero. Al hablar de corrupción no sólo nos referimos a un asunto circunscrito exclusivamente a los políticos. Hay tanta o más corrupción en el sector privado. O, mejor dicho, en las grandes empresas, porque el valor de la corrupción a nivel de pequeña y mediana empresa es marginal.

Corrupción y herencia constituyen, definitivamente, el combo explicativo de buena parte de la riqueza latinoamericana. El esfuerzo es mayoritario, pero la riqueza no; está concentrada en muy pocas manos.

A veces, siento que nos pretenden imponer ese veredicto tan bien ilustrado en la viñeta de El Roto: “Prohibido ver lo evidente”.

Fuente e imagen:  https://www.pagina12.com.ar

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