Por: www.nytimes.com/Julie Turkewitz/Photographs by Federico Rios
Mientras las economías se tambalean y millones de niños y jóvenes están fuera de las aulas, los expertos advierten que los estudiantes latinoamericanos están abandonando las escuelas en cifras alarmantes.
SOACHA, Colombia — Dos de los hijos de Gloria Vásquez ya habían abandonado la escuela durante la pandemia, incluida su hija de 8 años, Ximena, que se había quedado tan rezagada que tenía problemas con la aritmética más básica.
“¿Uno más uno?”, preguntó Vásquez a su hija una tarde.
“¿Cuatro?”, aventuró la niña.
Ahora, Vásquez, una madre soltera de 33 años y ama de llaves de un motel que no pasó de quinto grado, se decía a sí misma que no podía dejar que su tercer hijo dejara la escuela.
“¿Dónde está Maicol?”, preguntó a sus hijos, al llamar a casa una noche durante otro largo turno fregando pisos. “¿Está estudiando?”.
Maicol, de 13 años, ciertamente no estaba estudiando. Frustrado por las hojas de tareas que sus profesores le enviaban por mensaje de texto —lo más parecido a la enseñanza que su escuela había podido darle en más de un año—, Maicol había acompañado a su tío al trabajo. Juntos arrastraban una carretilla gigantesca por las calles, rebuscando entre la basura, recogiendo botellas y latas para venderlas por unos centavos el kilo.
Maicol Vásquez en el vertedero de basura donde intenta encontrar materiales para vender.
“No estoy aprendiendo nada”, dijo, mientras su madre lo volvía a regañar por ir a trabajar en vez de estudiar.
Ya avanzado el segundo año de la pandemia, América Latina enfrenta a una crisis educativa. Ha sufrido el cierre de escuelas más largo de cualquier región del mundo, según Unicef, casi 16 meses en algunas zonas. Mientras que muchos estudiantes de los países más prósperos han regresado a las aulas, 100 millones de niños de América Latina siguen estudiando total o parcialmente a distancia, o, como en el caso de Maicol, en una aproximación lejana a eso.
Los funcionarios y expertos en educación dicen que las consecuencias son alarmantes: con las economías de la región afectadas por la pandemia y las conexiones con las aulas tan desgastadas, los niños de primaria y secundaria están abandonando la escuela en gran número, a veces para trabajar donde puedan.
Según estimaciones del Banco Mundial, es posible que millones de niños en América Latina ya hayan abandonado el sistema escolar. En México, 1,8 millones de niños y jóvenes no retomaron sus estudios este año, lo que equivale a cerca del cinco por ciento de la población en edad escolar, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del país.
Se calcula que Ecuador perdió 90.000 alumnos de primaria y secundaria. Perú dice que ahora hay 170.000 menos. Y a las autoridades les preocupa que las pérdidas reales sean mucho mayores porque innumerables niños, como Maicol, siguen técnicamente matriculados, pero tienen dificultades para continuar sus estudios. Más de cinco millones de niños en Brasil no han tenido acceso a la educación durante la pandemia, un nivel no visto en más de 20 años, dice Unicef.
El aumento del acceso a la educación ha sido uno de los grandes logros del último medio siglo en América Latina, con un incremento de la matriculación de niñas, estudiantes pobres y miembros de las minorías étnicas y raciales, que llevó a muchos a la clase media. Ahora, una avalancha de abandonos escolares amenaza con hacer retroceder años de progreso duramente conseguido, agudizando la desigualdad y posiblemente configurando a la región para las próximas décadas.
Tener hijos a corta edad es un hándicap para la formación de las mujeres en toda África. Alrededor de uno de cada ocho casos de abandono escolar registrados en este país africano fue motivado por matrimonio o gravidez.
Cassey Simbanai iba a hacer sus exámenes finales el pasado diciembre. Esta joven zimbabuense de 17 años, una de las estudiantes más prometedoras de su clase, soñaba con convertirse en profesora de ciencias. Sin embargo, durante meses, no estuvo en el aula ni jugando a su querido rugby en el campo de al lado, sino preparando la comida para su familia política en la cocina de la casa de esta en Hauna Growth Point, una aldea de las montañas del este de Zimbabue, cerca de la frontera con Mozambique. Simbanai pasaba la mayor parte del tiempo haciendo tareas domésticas para su nueva familia mientras esperaba a dar a luz a su hijo.
En abril de 2020, pocas semanas después de que Zimbabue impusiera un estricto confinamiento nacional para frenar la propagación de la covid-19, la joven se quedó embarazada. “No pasábamos mucho tiempo juntos porque yo siempre estaba en el instituto”, dice refiriéndose al que ahora es su marido, un empleado de 24 años de una fábrica de procesamiento de tabaco con el que llevaba tres años de relación. “Pero cuando empezó el confinamiento… teníamos mucho tiempo y pasó. Tuvimos relaciones sexuales sin protección”.
Las tiendas de Zimbabue estuvieron cerradas durante parte del confinamiento, lo cual limitó muchísimo el acceso a los anticonceptivos para los habitantes de zonas rurales, como Simbanai y su marido. “Cuando se enteró de que estaba embarazada, me pidió que me casara con él”, cuenta la joven arrodillada en una estera de paja en casa de sus suegros. Aunque el matrimonio infantil está prohibido, la pareja se fugó.
Antes de la pandemia, en Zimbabue no se permitía que las niñas embarazadas siguiesen yendo al colegio. Pero, debido al confinamiento de todo el país, que dejó a los niños sin escuela durante seis meses, las tasas de embarazo adolescente y matrimonio infantil se dispararon. Entonces, el Gobierno retiró la prohibición. Los defensores de la educación infantil han celebrado la medida, que se ha extendido a todo el continente africano, como un acontecimiento para la vida de las niñas y las mujeres de Zimbabue, a las que ahora les resulta más fácil seguir educándose y progresar económicamente.
“El confinamiento tuvo consecuencias imprevistas, entre ellas el matrimonio infantil. Hay que reconocer que las escuelas desempeñan un papel importante como refugio seguro para nuestros niños”, afirma Taungana Ndoro, director de comunicaciones y promoción de Ministerio de Educación Primaria y Secundaria.
Ahora, las madres adolescentes tienen protección legal en Zimbabue, pero los defensores de los derechos de las niñas temen que no se sientan bienvenidas cuando vuelvan a clase
En agosto pasado, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, modificó la Ley de Educación del país al firmar otra que ilegalizaba la expulsión de las niñas embarazadas del colegio. Sierra Leona anuló una prohibición similar en marzo. Tras recibir un crédito del Banco Mundial, Tanzania se comprometió a facilitar el acceso a la educación a las niñas embarazadas, pero no llegó a readmitirlas en todo el país. En julio, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ordenó que las estudiantes que se quedaron embarazadas durante el confinamiento fuesen admitidas “incondicionalmente” en la escuela y se les diese acceso a atención prenatal gratuita.
Según las estadísticas del Ministerio de Educación, en 2018, alrededor de uno de cada ocho casos de abandono escolar registrados en Zimbabue fue motivado por el embarazo o el matrimonio. En casi todos ellos se trataba de niñas.
El matrimonio infantil, ilegal pero frecuente
Aunque Zimbabue lo prohibió en 2016, el matrimonio de menores de 18 años sigue siendo habitual. Una encuesta realizada en 2019 por el Instituto de Estadística del país a 8.000 mujeres adultas descubrió que casi una tercera parte ya estaba casada a los 18, como Simbanai. Manicaland, donde ella vive, no ha logrado acabar con el matrimonio infantil. Por ejemplo, las familias de las sectas apostólicas cristianas, que constituyen la religión dominante en la zona, tienen la tradición de casar a las niñas de la familia durante los encuentros anuales de su iglesia.
Aunque todavía se están confeccionando las estadísticas de todo el país, los datos del Gobierno muestran que, desde que empezó la pandemia, en la provincia de Manicaland, a la que pertenece Hauna Growth Point, 450 estudiantes han abandonado la escuela porque se han quedado embarazadas, se han casado, han enfermado o tienen dificultades económicas. Según los funcionarios, la cifra supone un aumento importante en comparación con el año anterior.
En otras partes del país, los habitantes de Bulawayo, la segunda ciudad más grande de Zimbabue, quedaron conmocionados por el suicidio de una estudiante de 17 años que, según información de los medios de comunicación locales, ingirió insecticida cuando estaba en las primeras fases de embarazo. Evitar casos como este es uno de los objetivos de esta nueva ley.
A pesar de haberse casado en mayo, Nancy Nyazungu, de 17 años, regresó a la escuela. Estaba embarazada de ocho meses y se presentó a los exámenes de diciembre. Terminar su educación es importante para ella. De lo contrario, teme convertirse en un ama de casa con pocos medios para llegar a ser económicamente independiente.
“Así sé que no seré sumisa con él y que no podrá controlarme”, dice de su marido. En cuanto se gradúe, la joven quiere conseguir un trabajo. Le gustaría que fuese en enfermería para poder ayudar a otras chicas embarazadas que se enfrentan a la dolorosa decisión de seguir sus estudios o abandonarlos.
“No culpemos a las niñas cuando se quedan embarazadas”
MWARADZIKA MAKAZOUYA, PROFESORA
Su escuela, al igual que otras de todo el país, ofrece ahora a Nyazungu asesoramiento en el marco de una iniciativa nacional encabezada por el Ministerio de Asuntos de la Mujer, Comunidad y Pequeña y Mediana Empresa para ayudar a las adolescentes en estado a terminar su educación.
“No culpemos a las niñas cuando se quedan embarazadas”, dice Mwaradzika Makazouya, directora del Instituto de Secundaria Sahumani de Honde Valley al que asiste Nyazungu. “Las aceptaremos”, remacha.
La ministra Sithembiso Nyoni anunció que se iba a permitir que las niñas embarazadas sustituyesen el uniforme escolar de falda azul y blusa blanca a juego por ropa de calle, eliminando así otro posible obstáculo cuando su cuerpo cambie de forma y aumente de volumen. El Ministerio también ha creado un programa de tutoría que empareja mujeres mayores jubiladas con adolescentes embarazadas en todo el país.
“Tenemos que seguir apoyándolas para que vayan a la universidad y empiecen a trabajar, porque tener un hijo no significa que, a partir de entonces, seas discapacitada o no puedas hacer mucho en la vida”, declaró Nyoni en octubre en el Parlamento. Ahora, las madres adolescentes tienen protección legal en Zimbabue, pero los defensores de los derechos de las niñas temen que no se sientan bienvenidas cuando vuelvan a clase.
RURAMAI MUSEKIWA
“Algunas chicas con las que hemos trabajado han manifestado su preocupación por el hecho de que, aunque ellas estén deseando volver a la escuela, temen que las discriminen y las estigmaticen”, informa Florence Mutake, coordinadora de programas de la organización a favor de los derechos de las niñas Shamwari Yemwanasikana.
La madre de Simbanai rogó a su hija que volviese a la casa de su infancia y siguiese con sus estudios, pero ella se negó por miedo a que sus compañeros la tachasen de “promiscua” si no se casaba. “No tenía muchas opciones”, lamenta.
Nyazungu cuenta que sus compañeras de clase no dejaban de mirarle el vientre cuando volvió al instituto, pero ahora se han acostumbrado a tener una embarazada de compañera. La educación impedirá que esté expuesta al maltrato, reflexiona la joven mientras se abre paso a través de su nueva vida de mujer casada.
Ninguna de las dos puede escapar a la dura realidad de la peor crisis económica de Zimbabue en una década. La nueva ley no puede corregir la causa fundamental de las altas tasas de embarazo adolescente: las consecuencias económicas de la covid-19. Actualmente, este país del sur de África sufre una inflación de tres dígitos y escasez de combustible y electricidad.
Cuando hay más pobreza y más hambre, las tasas de matrimonio infantil aumentan, señala James Maiden, jefe de comunicaciones de Unicef Zimbabue. “A menudo, el matrimonio infantil es una estrategia de alivio de la pobreza para las familias vulnerables… pero pone en peligro el desarrollo de las niñas con poca educación y escasa formación vocacional, lo cual refuerza el sesgo de género de la pobreza”.
Durante las primeras semanas de confinamiento, el marido de Simbanai ayudó a mantener a flote a la familia de esta dándole dinero para alimentos y otros bienes de primera necesidad. Los ingresos de la familia de la joven se han visto gravemente mermados por las consecuencias económicas de la pandemia. Aunque Nyazungu y Simbanai se casaron en contra del deseo de sus padres, reconocen que las familias de sus maridos les proporcionaron una situación financiera más estable.
Al igual que muchas chicas de las zonas rurales que han abandonado los estudios, Simbanai pasa la mayor parte del tiempo realizando tareas domésticas. Pero lo que quiere desesperadamente es volver a la escuela. Echa de menos leer novelas y aprender de sus profesoras, que “la trataban como si fuera su hija”. La joven explica que la familia de su marido accedió a pagarle los gastos de escolarización en 2021, y que él le permitirá que vuelva. Se siente afortunada. Muchas otras, piensa, no tendrán esa oportunidad.
El 15 de junio de 2021 a las 18h en la sede de la UNED de la calle Tribulete de Madrid se presentó la Agenda de la Infancia para mejorar la vida y la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Comunicado Secretariado STEs-i
El Informe sobre los progresos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 20201 señala que el cierre de escuelas en todo el mundo puede revertir años de progreso en el acceso a la enseñanza; que sin medidas correctivas, los efectos de la COVID-19 solo se sumarán a los obstáculos que ya enfrentan los niños y niñas pobres para completar su educación; que la enseñanza a distancia continúa fuera del alcance de la mayoría de los alumnos y alumnas de los países más pobres; que el cierre de escuelas genera riesgos adicionales para la salud y la seguridad de los niños y niñas vulnerables; y que la falta de infraestructura básica en las escuelas, como instalaciones para lavarse las manos, dificultará la recuperación ante la COVID-19. En definitiva, la pandemia está profundizando la crisis de la educación y ampliando las desigualdades educativas existentes.
El Informe enviado al Consejo de Derechos Humanos por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, tras su visita a España, en enero y febrero de 2020, recogía la cruda realidad: “el 29,5 % de las niñas y niños estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, y el 6,5 % sufría de carencia material severa. Las tasas de pobreza infantil son aún más intensas en las zonas rurales, en la población inmigrante, refugiada y romaní, y en las familias con personas con discapacidad. Los hogares con niñas, niños o adolescentes corren un mayor riesgo de pobreza o exclusión social, y el 29 % de los hogares con hijas o hijos tienen “grandes dificultades” para llegar a fin de mes. Las políticas adoptadas en España para eliminar la extensa pobreza infantil, señalaba Philip Alston, son vergonzosamente insuficientes y representan tanto un fracaso moral como una herida económica autoinfligida.
La educación y la pobreza están estrechamente vinculadas: “el 33,7 % de las personas con el nivel más bajo de educación (enseñanza primaria como máximo) corrían riesgo de pobreza o exclusión social en 2018, en comparación con solo el 12,6 % de las personas con educación superior; sin embargo, la inversión pública absoluta en educación, expresada como porcentaje del PIB, se redujo significativamente entre 2009 y 2017, y que existen auténticos problemas con el coste y la calidad de la educación, además de la segregación por nivel socioeconómico y etnia.
Según datos de la Comisión Europea relativos a 2017, el 25,7 % de los hogares con niñas o niños en riesgo de pobreza tenían grandes dificultades para pagar los gastos de educación.
Sigue recogiendo el informe Alston que, en 2018 España fue el país de la Unión Europea con la mayor tasa de abandono escolar temprano (17,9 %). Esa realidad tiene un costo estimado de entre el 5,9 % y el 10,7 % del PIB total. El país también tiene el segundo índice más alto de repeticiones de curso de la Unión Europea, y el alumnado más desfavorecido económicamente repite curso en un porcentaje seis veces mayor que los demás grupos. Estas preocupantes cifras ponen en entredicho la totalidad del sistema educativo y representan una sangría para la economía.
No es casual que la LOMLOE recoja en su preámbulo “el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema educativo, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos.”
Así mismo la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible señala como uno de sus objetivos ‘garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos’ (ODS4).
Por todos estos motivos desde STEs hemos elaborado esta agenda. Se han desarrollado en tres bloques principales:
Prioridad 1: Pobreza infantil, violencia contra la infancia y derechos de la infancia que son derechos humanos.
Prioridad 2: La participación de la infancia en los temas que les afectan directamente o son de su interés.
Prioridad 3: La insistencia en la garantía y reconocimiento de la educación como derecho universal.
Desde el análisis, el debate, el diálogo entre expertas y expertos se han extraído 115 recomendaciones para ayudar a nuestras Administraciones a elaborar Políticas Públicas que mejoren la vida y la educación de la Infancia, sin exclusiones, sin excusas y sin demora.
Fuente e Imagen: https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/21/06/2021/presentacion-de-la-agenda-de-la-infancia-para-mejorar-la-vida-y-la-educacion-de-ninas-ninos-adolescentes-y-jovenes/
Una de cada tres niñas y adolescentes venezolanas refugiadas en países de la región han abandonado sus estudios tras emigrar, según un informe de Plan International que alerta también de la falta de cobertura de otras necesidades básicas, como la alimentación.
La ONG ha entrevistado en Colombia, Ecuador y Perú a más de 450 niñas y jóvenes de entre diez y 19 años, para elaborar un estudio, ‘Niñas Venezolanas: Voces de la migración. Estudio en Colombia, Ecuador y Perú’, con el que expone que las carencias de los migrantes venezolanos se han agudizado a raíz de la pandemia de COVID-19.
La educación es una de las grandes perjudicadas, por distintos motivos. Un 28 por ciento de las entrevistadas asegura que ha dejado los estudios por la falta de documentos, el 20 por ciento porque «no hay cupo», el 15 por ciento porque ya tiene un hijo y el 13 por ciento debido a la pandemia.
Una de las adolescentes entrevistadas en Quito explica que su intención era seguir estudiando, pero la realidad económica de su familia lo hizo inviable. «Mi mamá no puede sola (…) Tengo que dejar los estudios para ayudar a mi hermana, igual que a mi mamá», cuenta a Plan.
Para otras muchas, el aula es sinónimo de estigma, como advierte una adolescente de 15 años residente en el municipio colombiano de Soledad. Afirma que la primera vez que fue a clase sus compañeros la llamaron ‘veneca’, el término despectivo para los migrantes venezolanos: «Se burlaban de mí y me decían que era una muerta de hambre».
FALTA DE COMIDA
Por otra parte, un 84 por ciento reconoce que se han preocupado en algún momento por la falta de comida y un 44 por ciento señala que se ha ido a la cama con hambre y ha tenido que pedir limosna o comida que se había tirado, recoge el informe, presentado con motivo del Día Mundial del Refugiado este domingo.
Plan International, que trabaja brindando asistencia a la que está considerada la segunda peor crisis migratoria del mundo –solo por detrás de Siria–, ha instado a los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú que adopten políticas públicas que protejan los derechos de las niñas a nivel jurídico y que materialicen la recuperación de sus derechos.
La directora general de la ONG en España, Concha López, ha subrayado que «es necesario que todas las partes implicadas trabajen unidas para proteger los derechos de las niñas y adolescentes migrantes, garantizando su acceso a una educación completa, es decir, gratis, inclusiva y de calidad».
Gracias por aceptar la invitación a participar en esta consulta.
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que rendirá la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas, en enero de 2022, un conjunto de organizaciones no gubernamentales avanzamos en un Informe Alternativo que permita contrastar y profundizar datos e información. En el marco de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (FOVEDE), la Red Global Glocal por la Calidad Educativa, el Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación” (CII-OVE) y el movimiento magisterial de base, estamos realizando consultas con distintos actores y organizaciones venezolanas, con el objeto de puntualizar las situaciones referidas al Derecho Humano a la Educación en el periodo 2017-2021, para poder elaborar y aportar recomendaciones para el corto y mediano plazo. El informe final será presentado de manera independiente ante las instancias correspondientes de la ONU.
A continuación los resultados de la consulta:
Consulta abierta a organizaciones sociales, gremios y sindicatos
De las instancias y actores socioeducativos participativos, relevantes, consultados para este Examen Periódico Universal, se puntualiza lo siguiente:
En cuanto a la formación docente, de los 100 encuestados y encuestados, el 68% expresaron que, se encuentra desactualizada. Le atribuyen esta situación a la poca posibilidad de cubrir estudios de post-grados ante los bajos salarios mensuales que reciben, a la desinversión en ciencia y tecnología en las instituciones escolares y universitarias, el tener menor tiempo disponible dada la crisis económica nacional, que obliga a realizar dos o tres trabajos diferentes en día.
Los y las consultadas(os) consideran que ante la migración que se vive en Venezuela, existe un importante abandono de los puestos de trabajo por profesionales de la educación, lo que repercute negativamente en la atención profesionalizada a las y los estudiantes, desmejorando considerablemente su formación. No existen cifras oficiales pero en el sondeo de más de un mil (1.000) escuelas estudiadas encontramos que en cada una de ellas, por lo menos un(a) docente se ha retirado por razones de migración.
Otro elemento resaltante es despedagogización docente, al cual, el 67% de las y los educadores consultados, señalaron que se requiere una formación profesional, inicial y continua, que revalore la mirada pedagógica.
El 64% de los y las consultadas manifestaron que, ante la pandemia de la COVID-19 y, la forma cómo se ha introducido la tecnología en las instituciones educativas (aún con las enormes brechas tecnológicas existentes), ello requiere una reconfiguración curricular adaptada a las nuevas necesidades del hecho educativo.
Señala el 68% de los y las consultadas(os) que se requiere repensar el pensamiento crítico en el actual contexto de aceleración de la innovación científica y tecnológica global y, ello pasa por actualizar tecnológicamente a las escuelas, liceos y universidades.
En relación a la percepción de las y los estudiantes, se incorporaron 74 voces, de las cuales el 63,5% expresan que, estudian en instituciones públicas (escuelas, liceos y universidades); pertenecen a familias en situación de pobreza. Si bien, se les otorga el bono denominado 100% Escolaridad a través de la plataforma Patria, este se corresponde a Bs. 3.500.000 por estudiante (un poco más de 1 dólar norteamericano), considerándolo insuficiente.
Los y las estudiantes consultados(as) señalan que, si no se actualiza pedagógicamente a los y las docentes en las nuevas dinámicas educativas mediadas por la tecnología, puede generar una nueva problemática educativa, como el retraso en conocimiento.
De igual manera, el porcentaje indicado muestran preocupación por el desmejoramiento de las infraestructuras, la falta de dotación en los laboratorios para hacer ciencia y tecnología conlleva a comprar insumos de altos costos para avanzar en carreras que ameriten prácticas correspondientes.
Señalan que, tanto la carencia, de condiciones mínimas de bioseguridad (agua, insumos de limpieza) y la precariedad o inexistencia del transporte escolar y/o universitario, unido a la deficiencia y mal estado de los transportes público urbanos que les permita trasladarse sin cao a las instituciones educativas en caso de volver a la presencialidad, sin correr riesgos de contagio ante la COVID-19, crea una situación de incertidumbre que puede generar abandono escolar.
En relación a los problemas centrales que han afectado el Derecho Humano a la Educación en Venezuela durante el periodo 2017-2021, los gremios y sindicatos docentes consultados, en un 87,5% expresaron su rechazo a las políticas económicas y sociales implementadas por el Estado en el Memorándum Circular 2792 del 11 de octubre del año 2018, emanada por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo, con la que han quedado congeladas las negociaciones y convenciones colectivas de todos los sectores laborales en la administración pública. Igual, rechazan la situación del bloque y sanciones económicas.
Los sindicatos docentes consultados, consideran que el deterioro del salario del personal docente, administrativo y obrero de la educación, ha constituido un factor que impulsa a la migración para buscar fuera de las fronteras nacionales un salario que permita cubrir las necesidades básicas
Añaden los gremios y sindicatos de docentes, administrativos y obreros que la migración forzada por razones económicas ha traído como consecuencia renuncia a los puestos de trabajos, abandono de las escuelas por parte de los estudiantes, aumento del trabajo infantil y juvenil para sortear la condición de pobreza.
Por otra parte, agregan que se ha incrementado el número de reclamos y manifestaciones en la calle ante la violación constante y sostenida de las conquistas gremiales logradas incluso durante el gobierno de Hugo Chávez, ejemplo de ello, la vulneración del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual indica que, un salario, para ser considerado suficiente, debe permitir una vida con dignidad y la cobertura de las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.
Fuente:
En la elaboración de este Informe se contó con los aportes de las siguientes instituciones, gremios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, venezolana: Foro Venezolano por el Derecho a la Educación, Centro Internacional de Investigaciones “Otras Voces en Educación”, Red Global Glocal por la Calidad Educativa, Comunidad Vida Cristiana, Araña Feminista, Cecodap, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, Federación Nacional de Profesionales de la Docencia. Colegio de Profesores de Venezuela, Actores socioeducativos nacionales.
América del Sur/Argentina/20-06-2021/Autor(a) y Fuente: www.elespectador.com
Luego de que el Congreso hundiera el proyecto de ley sobre la Matrícula Cero, Victoria Angulo, ministra de Educación aclaró que la propuesta del Gobierno es diferente y sí tiene financiación.
Este miércoles 16 de junio la Comisión Sexta del Senado hundió el proyecto de ley que buscaba que las matrículas de los universitarios de estratos bajos que estudian en universidades públicas fuera gratuita. Inmediatamente, su decisión se hizo viral en redes sociales pues parecía una gran contradicción a la promesa que había hecho el presidente Iván Duque: otorgar matrícula cero a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 que estuvieran en instituciones de educación superior públicas.
Sin embargo, la ministra Victoria Angulo hoy aclaró todas las dudas que se generaron. “La propuesta de matrícula cero, por parte del Gobierno, sigue en pie”, le dijo a Caracol Radio.
Según ella, la propuesta que cursaba en el Congreso era muy diferente a la decisión que había tomado el Gobierno meses atrás y que, explicó, sí está económicamente justificada.
Por el momento, como ya lo había contado El Espectador, esta medida se aplicará solamente para el segundo semestre de este año. Sin embargo, de acuerdo con Angulo, están trabajando para que se convierta en una política de Estado a partir de 2022.
“Hemos escuchado el clamor de las familias y los estudiantes. Todos los colombianos tenemos un gran propósito que es poder hacer de esto una política de Estado sostenible y permanente, y en ellos seguiremos trabajando”, había dicho hace unas semanas.
Y aunque esa medida es un alivio para las familias que están en apuros económicos luego de la pandemia, hay problemas en la educación superior que continúan sin resolverse. La financiación de la educación pública es uno de ellos. Otro tiene que ver con la limitada oferta de cupos que tienen las universidades.
Fuente e Imagen: https://www.elespectador.com/educacion/matricula-cero-sigue-en-pie-y-no-tiene-que-ver-con-el-proyecto-del-congreso-ministra-de-educacion/
Durante casi siete años, la guerra civil de Yemen ha dejado 233.000 personas muertas y el 80% de la población se ha vuelto dependiente de la ayuda para sobrevivir.
Cientos de miles de mujeres y niños que han sido desplazados debido a la guerra de siete años en Yemen y se han refugiado en campos de refugiados luchan por sobrevivir en condiciones difíciles.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dijo recientemente que la guerra ha desplazado a 4 millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, de los cuales el 64% no tiene ingresos.
«Me mudé para vivir en cuatro campamentos durante seis años, antes de terminar en el campamento de al-Barakani en la provincia de Taiz [suroeste]», dijo Jawhara al-Rai a la Agencia Anadolu.
«No hay vida real en el campo. Casi muero de la tristeza porque no hay necesidades básicas cubiertas o ayuda. La temporada de lluvias se ha convertido en una pesadilla para todos los desplazados en los campos. Todo aquí se moja, incluso el trigo y la leña, y la vida se convierte en una tragedia», dijo Al-Rai.
La temporada de lluvias comienza desde mediados de abril hasta agosto y decenas de miles de personas, en su mayoría desplazadas, ya se han visto afectadas, según un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Yemen.
«Vivimos, dormimos, comemos y cocinamos en esta carpa mojada por la lluvia, sin mantas, camas ni calentadores», dijo al-Rai mientras abrazaba a su bebé que lloraba.
Huda al-Dinani, que vive en el mismo campamento, le contó a la Agencia Anadolu su preocupación por la falta de asistencia. «Hemos sido desplazados a este campamento durante meses, y desde entonces ninguna organización se ha puesto en contacto con nosotros para brindarnos ayuda o asistencia».
«No recibimos carpas, comida ni enseres excepto de un benefactor que nos entrega una bolsa de harina todos los meses», aseguró al-Dinani mientras permanecía junto a sus tres hijos.
«Esta trágica situación nos obligó a mendigar en los mercados para seguir viviendo», confirmó a Al-Dinani, mientras señaló lo que una mujer sentada frente a un lugar para cocinar estaba haciendo. Cocinaba agua con harina para asemejar un aseed, un manjar yemení hecho con pescado seco servido con queso local y una ensalada fresca.
«Cuando nos enfermamos, no vamos al médico ni recibimos tratamiento. Sufrimos de hambre, enfermedades y pobreza», agregó al-Dinani.
Además, contó que hay una propagación de serpientes. “Hace unos días matamos a una serpiente frente a la carpa. Tenía miedo por mis hijos porque una mordedura venenosa terminaría con sus vidas en minutos».
Dos millones de desplazados
El periodista yemení Afaf al-Abara dijo que las condiciones de los desplazados en Yemen son muy difíciles, especialmente para las mujeres y los niños.
«Hay muchas mujeres que están pasando por la terrible experiencia del hambre y las enfermedades, mientras que otras han muerto debido a partos difíciles por la falta de servicios de salud o la propagación de enfermedades», dijo a la Agencia Anadolu.
«Hay alrededor de 2 millones de mujeres yemeníes desplazadas, que sufren la amargura y crueldad de la experiencia del desplazamiento, y viven con la esperanza de que la guerra termine y regresar a sus hogares», aseguró Al-Abara.
Durante casi siete años, Yemen ha sido testigo de una guerra que ha dejado 233.000 personas muertas y el 80% de la población de 30 millones se ha vuelto dependiente de la ayuda para sobrevivir, en la peor crisis humanitaria del mundo, según la ONU.
El conflicto se ha agravado desde marzo de 2015, cuando una coalición árabe liderada por la vecina Arabia Saudita llevó a cabo operaciones militares en apoyo de las fuerzas gubernamentales, frente a los hutíes respaldados por Irán, que controlan varias gobernaciones, incluida la capital, Saná.
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