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UNESCO Y ANEAS presentan en México la versión en español del Informe Mundial del Agua 2021

Por: UNESCO

El Informe ofrece datos para orientar acciones de mejora para los 672 organismos operadores formales en México que brindan agua a más de 100 millones de personas, ANEAS.

Es necesario garantizar a las personas en situación de pobreza el acceso a los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene, UNESCO.

Ciudad de México, 21 de julio de 2021–. La gestión del agua requiere enfoques más integrados y holísticos de gobernanza, con perspectiva de género y la participación de diferentes actores; enfoques innovadores de financiación, que realmente beneficien a las personas más vulnerables y métodos avanzados de investigación que permitan comprender y valorar las múltiples dimensiones de este recurso vital, señaló la UNESCO en México, en la presentación de la versión en español del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2021.

Con el apoyo de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) se realizó la traducción del Informe 2021 “El valor del agua”, que destaca los desafíos en la tarea de reconocer los valores de dicho recurso más allá del monetario, como su aportación para mitigar las desigualdades.

Durante el evento transmitido en vivo, el Representante de la UNESCO en México, Frédéric Vacheron, señaló que aún en el contexto de la pandemia por COVID-19, más de 3 mil  millones de personas en el mundo y dos de cada cinco centros sanitarios carecen de acceso adecuado a instalaciones para lavarse las manos y, aunque el acceso a los servicios de Agua, Saneamiento e Higiene (ASH) es fundamental para la vida y la salud pública, no se garantiza a las personas pobres el acceso a este servicio básico, incluso aunque los servicios ASH estén subvencionados en muchos países, incluidos aquellos que presentan rentas altas.

“Las personas en situación de precariedad no se benefician de las subvenciones y el proveedor de agua pierde los ingresos por tarifas que podría haber cobrado a hogares con mayores ingresos”, señaló Vacheron, quien remarcó la necesidad de emplear metodologías y enfoques para la valoración del agua a través de cinco perspectivas interrelacionadas: valorar las fuentes de agua y los ecosistemas; las infraestructuras hidráulicas; los servicios ASH; el agua para las actividades socioeconómicas; y los valores socioculturales del agua, como su valor recreativo, cultural y hasta espiritual.

Rodrigo Riquelme Bentjerodt, especialista de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también destacó la necesidad de una gestión integral y metodologías que evalúen los beneficios sociales, económicos y ambientales para, por ejemplo, la toma de decisiones de a quién cobrarle el agua y cómo alcanzar un máximo aprovechamiento, pues se estima que el 7% de la población en México no puede pagar más de una sola comida, mientras que se desperdicia el 30% del agua en la producción de alimentos.

El agua y el desarrollo sostenible están estrechamente vinculados. Por ejemplo, se estima que las mujeres y las niñas dedican 200 millones de horas cada día, a nivel mundial, a tareas de acceso y gestión del agua, lo cual obstaculiza su acceso a otras oportunidades de desarrollo, como las educativas, explicó Vacheron.

Debido a estos y otros escenarios, el Representante de la UNESCO comentó que es importante virar hacia una economía circular, en la que se valore el agua hasta el punto de que cada litro se vuelva a utilizar una y otra vez, convirtiendo el agua misma en parte de la infraestructura más que en un recurso consumible. Tampoco, dijo, se deben dejar de lado los componentes intangibles culturales y hasta espirituales que se pueden presentar en diferentes comunidades y grupos, pues orientan la forma en que se aprecia y usa el agua.

El Informe ofrece datos para orientar acciones de mejora para los 672 organismos operadores formales en México que brindan agua a más de 100 millones de personas, así como para redoblar esfuerzos con los diferentes niveles de gobierno, con la iniciativa privada y la sociedad, para evitar que la estimación de un déficit de 40% del agua a nivel mundial para el año 2030 sea una realidad, comentó Arturo Palma, Presidente de la ANEAS.

El llamado es apremiante, pues tan sólo la recarga total de los acuíferos de la Cuenca del Valle de México es de cerca de 25 m3 por segundo, pero lo que se extrae equivale a 55 m3 por segundo, por lo que se recarga menos del 50% de lo que se usa. Además, otras ciudades también presentan este llamado estrés hídrico, junto al aumento de temperaturas.

Es necesario favorecer el convencimiento de la población para lograr el desarrollo de los proyectos [hídricos]. Es necesario involucrar a la sociedad, integrar nuevas tecnologías y lograr la concientización ciudadana para hacer frente al cambio climático

Arturo Palma

Por su parte, el Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), José Mario Esparza Hernández, mencionó que el informe promueve una gestión integradora, como al considerar que los directores de organismos operadores duran en promedio 1.7 años en funciones, lo cual es un llamado para los diferentes niveles de gobierno a la sinergia.

Sobre el Informe

El Informe Mundial del Agua es publicado por ONU-Agua, a través de la UNESCO y su Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP, por sus siglas en inglés), y evalúa el estado actual y los desafíos que presenta la valoración del agua a través de diferentes sectores y perspectivas, identificado modos en los que la valoración puede resultar una herramienta útil para mejorar la gestión del agua y lograr el desarrollo sostenible a nivel global.   La edición 2021 contó con la colaboración de la FAO, ONU-Hábitat, el Banco Mundial, ONUDI, entre otras agencias del sistema de las Naciones Unidas.

Conozca el resumen ejecutivo del Informe

https://bit.ly/3hRKtBs

Fotografías del evento

https://bit.ly/3kH83ml

Fuente: https://es.unesco.org/news/unesco-y-aneas-presentan-mexico-version-espanol-del-informe-mundial-del-agua-2021

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La venganza de los virus

Por: Raúl Zibechi

Uno de los problemas que aquejan al pensamiento crítico en este periodo de casos sistémicos, se relaciona con el tiempo y, de modo particular, con cierta fijación en las coyunturas y en los acontecimientos, o en el tiempo corto, según el historiador Fernand Braudel. Como si lo decisivo fuera el último discurso del candidato, la nueva ley aprobada o la genial iniciativa de algún dirigente.

Para el historiador, los acontecimiento son polvo, sucesos que se los lleva el viento y que no dejan más que vagos recuerdos; si los dejan. Braudel no desestimó ninguno de los tres tiempos que estudió, pero siempre se mostró fascinado por la larga duración, el tiempo largo, el de las estructuras y las continuidades, al que llegó a definir como el tiempo de los sabios.

De algún modo, es el tiempo de los pueblos originarios. Mayores se refieren casi siempre a los cinco siglos con los que nombran el inicio de una nueva era, plagada de desastres. Raras veces se enfocan en las coyunturas, a las que suelen abordar, casi, como meras anécdotas.

En 1995, Immanuel Wallerstein que se decía inspirado por Braudel, escribió un texto que hoy tiene rabiosa actualidad: Así como hace 25 años al parecer alcanzamos un pico en el fortalecimiento de las estructuras estatales, es posible que también hayamos alcanzado un pico en el ataque mundial, que ya duraba dos siglos, contra las enfermedades infecciosas y contagiosas. Es posible que la arrogante utilización de soluciones dramáticas haya dañado algunos mecanismos ecológicos de protección, posibilitando la aparición de enfermedades epidémicas terribles antes desconocidas [*].

Una cita que daría para un seminario. En efecto, en esas dos frases aparecen varios conceptos fuertes.

Sabemos que dos siglos de ataque a virus y bacterias, incluyendo la sobreutilización de antibióticos y el consumo masivo de comida chatarra, han dañado las defensas del organismo humano, de los no humanos y del planeta Tierra. Wallerstein se refiere a dos siglos que coinciden con la aparición de las primeras vacunas y del comienzo del ataque sistemático, equiparable a bombardeos, contra virus y bacterias.

Lo más notable, desde mi punto de vista, es su capacidad de emparejar el devenir de los estados con el del combate a las enfermedades, lo que evidentemente sugiere que estamos ante dos facetas ineludiblemente entrelazadas. Existe un solo planeta y lo que suceda con una de las variables se relaciona, inevitablemente, con las demás. Esta realidad sólo la podemos aquilatar si la miramos con los lentes de la larga duración, que disuelve los compartimentos estancos que está reproduciendo el pensamiento crítico.

El segundo aspecto que me parece necesario destacar, es el que menciona como soluciones dramáticas que, a la larga, no solucionan nada. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos dos siglos de guerra contra los virus? Una fundamental es que los virus vuelven, retornan porque pueden mutar pero, sobre todo, porque son parte de la vida, esa que no se puede eliminar sin provocar algo así como el suicidio de la especie.

En este punto entran las vacunas, que empiezan a ser obligatorias en algunos países y que se proponen como la solución única a la pandemia. Debo aclarar que quien esto escribe está vacunado de dos dosis, de modo que no milito entre los antivacunas, aunque tenga dudas sobre su eficiencia y su conveniencia. El punto es otro.

Administrar vacunas masivamente puede ser un modo de atajar la pandemia, puntual y coyuntural, pero que no elimina las futuras pandemias y, como señala Wallerstein, puede estar agravando el daño a los mecanismos ecológicos de protección. Aquí aparecen dos cuestiones. Una, que si no se abordan las causas profundas de la pandemia, como la deforestación y los gigantescos criaderos de animales para el consumo de carne, los virus volverán y serán más dañinos.

Dos, que al parecer no hemos aprendido nada de estos dos siglos: el bombardeo sistemático a virus y bacterias para combatir infecciones y enfermedades ha dañado nuestro sistema inmunitario, quizá de forma irremediable. Pero seguimos insistiendo en la misma receta, sin hacer balance de lo que nos puede enseñar la larga duración.

La arrogancia de la humanidad, profundizada por gobernantes ególatras (de derecha y de izquierda), atontada con la zanahoria del consumo, utilizada y fomentada por el capital, hace muy difícil desandar el camino de la autodestrucción. Sólo pueblos originarios enseñan caminos diferentes, precisamente porque no han abandonado la cultura de la larga duración. Se vacunan pero además cultivan sin agrotóxicos, por poner un ejemplo.

Por último, confiar en los estados es tan ingenuo como confiar la salud colectiva a las multinacionales farmacéuticas, que sólo piensan en ganancias gigantes por su control monopólico del mercado. Una salud autónoma que se construya a contrapelo del mercado y del Estado, es tan posible como urgente.

Nota:

[*] En Después del liberalismo, Siglo XXI, pp. 69 y 70.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/07/16/opinion/015a2pol

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Declaración final del Foro Político de Alto Nivel no ofrece respuestas adecuadas a los desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible en un contexto de pandemia

Publicada por: CLADE

Por: Fabíola Munhoz

Sociedad civil se manifiesta contra la declaración ministerial adoptada por los Estados miembros de la ONU sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el cierre del Foro dedicado al seguimiento a esta agenda en el ámbito internacional

“El FPAN de este año no ha logrado presentar recomendaciones de acción audaces y  transformadoras en un momento en el que aproximadamente 4 millones de personas han perecido a causa de la pandemia del COVID-19, cerca de 190 millones han enfermado, más de 250 millones han perdido sus empleos, más de 1,6 millones han visto interrumpida su educación y cientos de millones más ya han caído en el hambre y la pobreza extrema. Es inexcusable que, durante esta crisis mundial, los Estados miembros no se hayan puesto de acuerdo en una Declaración Ministerial fuerte, centrada en los derechos humanos, transformadora y orientada a la acción”.

Esta es la opinión que las organizaciones y redes de la sociedad civil que forman parte de los Grupos Principales y Otras Partes Interesadas de la ONU (MGOS, por su acrónimo en inglés), expresaron sobre el contenido de la declaración ministerial adoptada hoy (16 de julio), luego del cierre de la edición 2021 del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de la ONU, instancia principal de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito internacional. Los MGOS son el espacio de participación de la sociedad civil en el monitoreo y revisión de los ODS a nivel global.

Redes y organizaciones integrantes de dichos Grupos, entre ellas la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), afirman en posicionamiento público divulgado hoy, que les entristece profundamente la falta de ambición de los Estados para responder a las crisis a las que el mundo se enfrenta actualmente. Destacan, así mismo, que los derechos humanos, la igualdad de género y el equilibrio ecológico deben ser fundamentales en todos los esfuerzos de recuperación y restauración ante los efectos del COVID-19.

“Reafirmar viejos compromisos (que eran claramente insuficientes antes de la pandemia) no es una respuesta adecuada a la pandemia. Nos preocupa enormemente la negativa constante a abordar las causas fundamentales y los obstáculos sistémicos para lograr un mundo en el que nadie se quede atrás (la continua dependencia de las fuentes de energía fósiles, la búsqueda de un crecimiento infinito de las economías extractivas, las relaciones de poder desiguales que engendran una deuda insostenible y flujos financieros ilícitos, el patriarcado como herramienta política, la captura corporativa de la gobernanza, la agenda de desarrollo y sostenibilidad y sus implicaciones para el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, por nombrar algunos)”, se afirma en el comunicado.

> Lee el posicionamiento completo.

> Lee la declaración ministerial que fue adoptada en el cierre del FPAN


Petición de destitución del Presidente del ECOSOC por violencia de género

Mientras la sociedad civil negociaba un resultado sólido del FPAN 2021 y una declaración ministerial que defiendera la igualdad y la dignidad para todas y todos, el actual presidente del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), Munir Akram, ha sido considerado responsable de actos de violencia contra una mujer, y aún no rindió cuentas sobre el hecho debido a su inmunidad diplomática. El ECOSOC preside el Foro Político de Alto Nivel de la ONU.

Dichos actos de violencia fueron documentados en los registros del gobierno de Nueva York y en las noticias internacionales, incluido el periódico New York Times. Aunque Estados Unidos ha pedido anteriormente al gobierno pakistaní que retire la inmunidad a Akram para que pueda ser procesado, no lo ha hecho.

Ante este contexto, organizaciones feministas reunidas en el Grupo Principal de Mujeres de la ONU divulgan posicionamiento, en el cual demandan que las Naciones Unidas demuestren su firme compromiso contra la violencia de género, y que apoyen las demandas de los movimientos feministas y de derechos de las mujeres de Pakistán, en el sentido de que Akram sea retirado de sus funciones como enviado paquistaní ante la ONU.

“Exigimos al Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán que destituya al Sr. Munir Akram y  nombre a un representante adecuado. Exigimos a todos los representantes de los Estados miembros que cuestionen las credenciales y la participación actual y futura del Sr. Munir Akram como representante de Pakistán. Hacemos un llamamiento a los Grupos Principales, a otras partes interesadas y a los actores relevantes comprometidos con la ONU para que apoyen este llamamiento. Nos solidarizamos con las redes feministas pakistaníes y exigimos la destitución del Sr. Munir Akram de la presidencia del ECOSOC y de cualquier papel dentro de la ONU”, afirman en el comunicado.

> Lee el posicionamiento aquí

Fuente e Imagen: https://redclade.org/noticias/declaracion-final-del-foro-politico-de-alto-nivel-no-ofrece-respuestas-adecuadas-a-los-desafios-para-alcanzar-el-desarrollo-sostenible-en-un-contexto-de-pandemia/

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ONU: El hambre aumenta a nivel mundial durante la pandemia en el mundo

Unos 811 millones de personas, la décima parte de la población, padecen subalimentación en el mundo. La emergencia del COVID-19 agudizó la precariedad en la que viven las poblaciones más pobres. África es el continente con un mayor repunte del hambre. La ONU insta a transformar los sistemas alimentarios con el fin de erradicar el hambre para 2030.

La crisis económica de 2020, derivada en gran parte de la pandemia de COVID-19, detonó uno de los mayores aumentos del hambre en el mundo en décadas, afectando a casi todos los países de renta baja y media. En algunas regiones -sobre todo en África y Asia- a esta recesión se aunaron otros factores, como los desastres relacionados con el clima, los conflictos o la combinación de ambos, incrementando enormemente la tasa de población desnutrida, revela un nuevo estudio interagencial de la ONU publicado este lunes.

El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, elaborado de manera conjunta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cifra en 811 millones el número de personas subalimentadas en 2020, cerca de la décima parte de la población mundial.

El aumento de individuos subalimentados de 2019 a 2020 alcanzó 118 millones con desigualdades regionales calificadas como “persistentes y preocupantes” por los autores del informe.

Karima, de 7 años, ve cómo su madre prepara pan en Yemen, donde el conflicto ha agravado la fatla de alimentos.
©PMA/Annabel Symington
Karima, de 7 años, ve cómo su madre prepara pan en Yemen, donde el conflicto ha agravado la fatla de alimentos.

Hambre por regiones

Del número total de personas desnutridas en 2020, más de la mitad (418 millones) vive en Asia y más de un tercio (282 millones) en África, mientras que en América Latina y el Caribe habita el 8% (60 millones). En comparación con 2019, 46 millones más de personas en África, casi 57 millones más en Asia y alrededor de 14 millones más en América Latina y el Caribe, se vieron afectadas por el hambre en 2020.

Estos datos significan que una de cada cinco personas (un 21% de la población) enfrentaba hambre en África en 2020, más del doble de la proporción de cualquier otra región, lo que representa un aumento de 3 puntos porcentuales en un año. Le siguieron América Latina y el Caribe (9,1%) y Asia (9%), con incrementos de 2 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2019 y 2020.

Aun en América del Norte y Europa, donde se encuentran las tasas más bajas de inseguridad alimentaria, la incidencia del lastre aumentó por primera vez desde el comienzo de la recopilación de datos de la Escala de experiencia de inseguridad alimentaria, en 2014.

En cuanto a la afectación por género de la inseguridad alimentaria moderada o grave, se observó una tasa 10% más alta entre las mujeres que entre los hombres en 2020 , frente al 6% registrado en 2019.

Trabajador del mercado de alimentos de Constantine, Argelia.
OIT/Yacine Imadalou
Trabajador del mercado de alimentos de Constantine, Argelia.

Los precios de la comida, determinantes en la desnutrición

El reporte explica que el análisis del costo de los alimentos y la cantidad de personas que no pueden pagar una dieta saludable permite entender mejor la tendencia hacia la desnutrición en todas sus formas.

Detalla que el alto costo de las dietas saludables, junto a los pronunciados niveles de desigualdad de ingresos, impidió que 3000 millones de personas pudieran acceder a una dieta saludable en 2019. La mayoría de esta gente vive en Asia (1850 millones) y África (mil millones). La dieta saludable también está fuera del alcance de millones de habitantes de América Latina y el Caribe (113 millones) y América del Norte y Europa (17,3 millones).

En este sentido, los responsables de los cinco organismos autores del informe, que ya habían alertado sobre la inseguridad alimentaria de millones de personas, entre ellas muchos niños, lamentaron que la pandemia siguiera evidenciando las deficiencias de los sistemas alimentarios, “que amenazan la vida y los medios de subsistencia” de mucha gente.

La pobreza y la sequía causaron una aumento grave del hambre en el sur de Madagascar.
© PMA/Tsiory Andriantsoarana
La pobreza y la sequía causaron una aumento grave del hambre en el sur de Madagascar.

Los niños

Entre las poblaciones más afectadas por la desnutrición destacan los niños menores de cinco años. Si bien los datos específicos sobre este colectivo fueron limitados en 2020 y las estimaciones no necesariamente tienen en cuenta los efectos de la pandemia COVID-19,  se calcula que 149,2 millones (22%) sufrieron retraso del crecimiento en 2020. Casi las tres cuartas partes de ellos viven en Asia central y meridional (37%) y África subsahariana (37%).

En el mismo año, alrededor del 5,7% (38,9 millones) de los niños menores de cinco años tenían sobrepeso, con tendencia a aumentar en algunas regiones y en muchos entornos del mundo.

Por otra parte, la obesidad en los adultos sigue creciendo, y la prevalencia mundial subió del 11,7% en 2012 al 13,1% en 2016. Todas las subregiones mostraron tendencias crecientes de la obesidad en adultos entre 2012 y 2016 y están lejos de cumplir el objetivo de la Asamblea Mundial de la Salud para 2025 de detener el aumento para 2025.

Niño con desnutrición en una revisión de rutina en Kalemie, República Democrática del Congo.
© PMA/Arete/Fredrik Lerneryd
Niño con desnutrición en una revisión de rutina en Kalemie, República Democrática del Congo.

Sin servicios de nutrición

El informe reconoce las dificultades de los países para garantizar que los sistemas de salud, alimentación, educación y protección social mantengan los servicios de nutrición esenciales mientras responden a la pandemia de COVID-19, y reporta que una encuesta sobre la situación de los niños durante la pandemia mostró que el 90% de las naciones (122 de 135) informaron un cambio en la cobertura de los servicios de nutrición clave en agosto de 2020.

Agrega que, en general, la cobertura de los servicios de nutrición esenciales disminuyó en un 40%, y casi la mitad de los países registró un retroceso de al menos 50% de las intervenciones nutricionales.

Aunque faltan datos sobre los resultados nutricionales para 2020, las proyecciones más moderadas apuntan a un escenario en el que 11,2 millones de niños menores de cinco años en países de ingresos bajos y medios se agregarían al total de los que padecen emaciación de 2020 a 2022 como consecuencia de la pandemia.

Un escenario más pesimista eleva a 16,3 millones de niños más afectados por ese flagelo. Para el retraso del crecimiento infantil, el modelo predice que 3,4 millones de niños adicionales sufrirán retraso en el crecimiento debido a los efectos de la pandemia en 2022.

Los campesinos del noreste de Nigeria no han podido sembrar sus alimentos debido a la inseguridad.
UNOCHA/Damilola Onafuwa
Los campesinos del noreste de Nigeria no han podido sembrar sus alimentos debido a la inseguridad.

Momento crítico

Los organismos de la ONU advierten que el mundo atraviesa una “coyuntura crítica” y llaman a dar un impulso diplomático a la promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición mediante la transformación de los sistemas alimentarios en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios -convocada para este año por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres-, y de la  Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), a celebrarse en octubre próximo en Glasgow, Escocia.

Para los titulares de las agencias autoras del estudio, “los resultados de estos acontecimientos determinarán (…) la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición”, un compromiso mundial en materia de políticas todavía pendiente de concretarse.

Mujer sembrando frijoles en una granja cooperativa de Taveta, Kenya.
© FAO//Fredrik Lerneryd
Mujer sembrando frijoles en una granja cooperativa de Taveta, Kenya.

Seis recomendaciones

En su llamado a transformar los sistemas alimentarios como condición esencial para lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y poner las dietas saludables al alcance de todos, subraya la necesidad de políticas e inversiones que contrarresten los factores determinantes del hambre y la malnutrición.

Con este fin, traza seis recomendaciones a los encargados de las políticas alimentarias de los países para que las apliquen de acuerdo con su realidad nacional:

  • Integrar las estrategias humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz en las zonas de conflicto, por ejemplo, mediante medidas de protección social que eviten que las familias vendan sus escasas pertenencias para alimentarse
  • Ampliar la resiliencia de los sistemas alimentarios frente al cambio climático, ofreciendo a los pequeños agricultores un amplio acceso a seguros contra riesgos climáticos y financiación basada en previsiones científicas
  • Reforzar la resiliencia de la población más vulnerable ante las adversidades económicas mediante programas de apoyo en especie o en efectivo para reducir los efectos de la pandemia o la volatilidad de los precios de los alimentos
  • Intervenir en las cadenas de suministro para reducir el costo de los alimentos nutritivos fomentando la plantación de cultivos bioenriquecidos o facilitando el acceso a los mercados de los productores de frutas y hortalizas
  • Combatir la pobreza y las desigualdades estructurales, impulsando las cadenas de valor alimentarias en las comunidades pobres mediante transferencias de tecnología y programas de certificación
  • Fortalecer los entornos alimentarios y promover cambios en el comportamiento de los consumidores, por ejemplo eliminando las grasas trans industriales y reduciendo el contenido de sal y azúcar en los alimentos, o protegiendo a los niños frente a los efectos negativos de la comercialización de alimentosLa crisis económica de 2020, derivada en gran parte de la pandemia de COVID-19, detonó uno de los mayores aumentos del hambre en el mundo en décadas, afectando a casi todos los países de renta baja y media. En algunas regiones -sobre todo en África y Asia- a esta recesión se aunaron otros factores, como los desastres relacionados con el clima, los conflictos o la combinación de ambos, incrementando enormemente la tasa de población desnutrida, revela un nuevo estudio interagencial de la ONU publicado este lunes.El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, elaborado de manera conjunta por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cifra en 811 millones el número de personas subalimentadas en 2020, cerca de la décima parte de la población mundial.

    El aumento de individuos subalimentados de 2019 a 2020 alcanzó 118 millones con desigualdades regionales calificadas como “persistentes y preocupantes” por los autores del informe.

    Karima, de 7 años, ve cómo su madre prepara pan en Yemen, donde el conflicto ha agravado la fatla de alimentos.
    ©PMA/Annabel Symington
    Karima, de 7 años, ve cómo su madre prepara pan en Yemen, donde el conflicto ha agravado la fatla de alimentos.

    Hambre por regiones

    Del número total de personas desnutridas en 2020, más de la mitad (418 millones) vive en Asia y más de un tercio (282 millones) en África, mientras que en América Latina y el Caribe habita el 8% (60 millones). En comparación con 2019, 46 millones más de personas en África, casi 57 millones más en Asia y alrededor de 14 millones más en América Latina y el Caribe, se vieron afectadas por el hambre en 2020.

    Estos datos significan que una de cada cinco personas (un 21% de la población) enfrentaba hambre en África en 2020, más del doble de la proporción de cualquier otra región, lo que representa un aumento de 3 puntos porcentuales en un año. Le siguieron América Latina y el Caribe (9,1%) y Asia (9%), con incrementos de 2 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2019 y 2020.

    Aun en América del Norte y Europa, donde se encuentran las tasas más bajas de inseguridad alimentaria, la incidencia del lastre aumentó por primera vez desde el comienzo de la recopilación de datos de la Escala de experiencia de inseguridad alimentaria, en 2014.

    En cuanto a la afectación por género de la inseguridad alimentaria moderada o grave, se observó una tasa 10% más alta entre las mujeres que entre los hombres en 2020 , frente al 6% registrado en 2019.

    Trabajador del mercado de alimentos de Constantine, Argelia.
    OIT/Yacine Imadalou
    Trabajador del mercado de alimentos de Constantine, Argelia.

    Los precios de la comida, determinantes en la desnutrición

    El reporte explica que el análisis del costo de los alimentos y la cantidad de personas que no pueden pagar una dieta saludable permite entender mejor la tendencia hacia la desnutrición en todas sus formas.

    Detalla que el alto costo de las dietas saludables, junto a los pronunciados niveles de desigualdad de ingresos, impidió que 3000 millones de personas pudieran acceder a una dieta saludable en 2019. La mayoría de esta gente vive en Asia (1850 millones) y África (mil millones). La dieta saludable también está fuera del alcance de millones de habitantes de América Latina y el Caribe (113 millones) y América del Norte y Europa (17,3 millones).

    En este sentido, los responsables de los cinco organismos autores del informe, que ya habían alertado sobre la inseguridad alimentaria de millones de personas, entre ellas muchos niños, lamentaron que la pandemia siguiera evidenciando las deficiencias de los sistemas alimentarios, “que amenazan la vida y los medios de subsistencia” de mucha gente.

    La pobreza y la sequía causaron una aumento grave del hambre en el sur de Madagascar.
    © PMA/Tsiory Andriantsoarana
    La pobreza y la sequía causaron una aumento grave del hambre en el sur de Madagascar.

    Los niños

    Entre las poblaciones más afectadas por la desnutrición destacan los niños menores de cinco años. Si bien los datos específicos sobre este colectivo fueron limitados en 2020 y las estimaciones no necesariamente tienen en cuenta los efectos de la pandemia COVID-19,  se calcula que 149,2 millones (22%) sufrieron retraso del crecimiento en 2020. Casi las tres cuartas partes de ellos viven en Asia central y meridional (37%) y África subsahariana (37%).

    En el mismo año, alrededor del 5,7% (38,9 millones) de los niños menores de cinco años tenían sobrepeso, con tendencia a aumentar en algunas regiones y en muchos entornos del mundo.

    Por otra parte, la obesidad en los adultos sigue creciendo, y la prevalencia mundial subió del 11,7% en 2012 al 13,1% en 2016. Todas las subregiones mostraron tendencias crecientes de la obesidad en adultos entre 2012 y 2016 y están lejos de cumplir el objetivo de la Asamblea Mundial de la Salud para 2025 de detener el aumento para 2025.

    Niño con desnutrición en una revisión de rutina en Kalemie, República Democrática del Congo.
    © PMA/Arete/Fredrik Lerneryd
    Niño con desnutrición en una revisión de rutina en Kalemie, República Democrática del Congo.

    Sin servicios de nutrición

    El informe reconoce las dificultades de los países para garantizar que los sistemas de salud, alimentación, educación y protección social mantengan los servicios de nutrición esenciales mientras responden a la pandemia de COVID-19, y reporta que una encuesta sobre la situación de los niños durante la pandemia mostró que el 90% de las naciones (122 de 135) informaron un cambio en la cobertura de los servicios de nutrición clave en agosto de 2020.

    Agrega que, en general, la cobertura de los servicios de nutrición esenciales disminuyó en un 40%, y casi la mitad de los países registró un retroceso de al menos 50% de las intervenciones nutricionales.

    Aunque faltan datos sobre los resultados nutricionales para 2020, las proyecciones más moderadas apuntan a un escenario en el que 11,2 millones de niños menores de cinco años en países de ingresos bajos y medios se agregarían al total de los que padecen emaciación de 2020 a 2022 como consecuencia de la pandemia.

    Un escenario más pesimista eleva a 16,3 millones de niños más afectados por ese flagelo. Para el retraso del crecimiento infantil, el modelo predice que 3,4 millones de niños adicionales sufrirán retraso en el crecimiento debido a los efectos de la pandemia en 2022.

    Los campesinos del noreste de Nigeria no han podido sembrar sus alimentos debido a la inseguridad.
    UNOCHA/Damilola Onafuwa
    Los campesinos del noreste de Nigeria no han podido sembrar sus alimentos debido a la inseguridad.

    Momento crítico

    Los organismos de la ONU advierten que el mundo atraviesa una “coyuntura crítica” y llaman a dar un impulso diplomático a la promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición mediante la transformación de los sistemas alimentarios en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios -convocada para este año por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres-, y de la  Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), a celebrarse en octubre próximo en Glasgow, Escocia.

    Para los titulares de las agencias autoras del estudio, “los resultados de estos acontecimientos determinarán (…) la segunda mitad del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición”, un compromiso mundial en materia de políticas todavía pendiente de concretarse.

    Mujer sembrando frijoles en una granja cooperativa de Taveta, Kenya.
    © FAO//Fredrik Lerneryd
    Mujer sembrando frijoles en una granja cooperativa de Taveta, Kenya.

    Seis recomendaciones

    En su llamado a transformar los sistemas alimentarios como condición esencial para lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y poner las dietas saludables al alcance de todos, subraya la necesidad de políticas e inversiones que contrarresten los factores determinantes del hambre y la malnutrición.

    Con este fin, traza seis recomendaciones a los encargados de las políticas alimentarias de los países para que las apliquen de acuerdo con su realidad nacional:

    • Integrar las estrategias humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz en las zonas de conflicto, por ejemplo, mediante medidas de protección social que eviten que las familias vendan sus escasas pertenencias para alimentarse
    • Ampliar la resiliencia de los sistemas alimentarios frente al cambio climático, ofreciendo a los pequeños agricultores un amplio acceso a seguros contra riesgos climáticos y financiación basada en previsiones científicas
    • Reforzar la resiliencia de la población más vulnerable ante las adversidades económicas mediante programas de apoyo en especie o en efectivo para reducir los efectos de la pandemia o la volatilidad de los precios de los alimentos
    • Intervenir en las cadenas de suministro para reducir el costo de los alimentos nutritivos fomentando la plantación de cultivos bioenriquecidos o facilitando el acceso a los mercados de los productores de frutas y hortalizas
    • Combatir la pobreza y las desigualdades estructurales, impulsando las cadenas de valor alimentarias en las comunidades pobres mediante transferencias de tecnología y programas de certificación
    • Fortalecer los entornos alimentarios y promover cambios en el comportamiento de los consumidores, por ejemplo eliminando las grasas trans industriales y reduciendo el contenido de sal y azúcar en los alimentos, o protegiendo a los niños frente a los efectos negativos de la comercialización de alimentos-
  • Fuente: https://news.un.org/es/story/2021/07/1494232
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Puerto Rico: Rezagadas las comunidades pobres en la vacunación contra el COVID-19

América Central/Puerto Rico/16-07-2021/Autoras: Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch , CPI y Fuente: www.metro.pr

Análisis de datos hecho por el Centro de Periodismo Investigativo apunta a las causas de las bajas tasas de vacunación de estas comunidades alrededor de todo Puerto Rico.

Del CPI

Pareciera que todos los problemas del mundo se concentran en Mansión del Sapo y Maternillo, en Fajardo, dos comunidades que son parte del sector de menor tasa de vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico durante los primeros dos meses y medio del proceso.

Aguas estancadas y pestilencia por las calles, vertederos clandestinos, criaderos de animales de granja en cualquier esquina, rescate de terrenos, temor a la expropiación, desempleo, trasiego y adicción a drogas, tiroteos, robos, y estructuras abandonadas por doquier. El muelle de los pescadores se lo llevó el huracán María y aún no ha sido reconstruido por el municipio, la pescadería está cerrada por problemas burocráticos, y el pequeño centro comunal que les construyó la Oficina de Comunidades Especiales nunca fue abierto.

La Policía nunca pasa por estas comunidades del sector Puerto Real en Fajardo, aseguró una treintena de vecinos que lleva décadas reclamando atención de las autoridades, primero del exalcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, y ahora de su hijo, el hoy alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez, y del representante Carlos “Johnny” Meléndez.

Prácticamente cero actividad económica, cero escuelas, cero transportación colectiva, cero supermercados y cero farmacias a más de una hora de distancia a pie, que es como se mueven la mayoría de los residentes. Así vive la gente de Mansión del Sapo y Maternillo que conversó con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Estas dos comunidades del sector Puerto Real tienen entre ambas poco más de 500 habitantes de tradición de pescadores, marineros y obreros de la industria de la caña, y quedan a pasos de lo que fue el principal puerto del este de la Isla, el terminal de lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo. El terminal, clausurado por el Gobierno apenas en el 2018, luce abandonado y maltrecho como un monumento a la ineptitud gubernamental. Justo al frente y a ambos lados también hay marinas de lujo y turismo náutico, y a 15 minutos por auto, el centro de Fajardo, la alcaldía, tiendas de comestibles y artículos de primera necesidad, hospitales y oficinas médicas. Pero muchos adultos mayores allí no tienen auto, y hasta buscar comida se vuelve una travesía inmanejable durante 40 minutos a pie bajo el sol implacable.

“Yo encuentro que cada día nos están marginando más y hay muchas necesidades. Desde la pasada administración… no ha pasado nada. Nos tienen al olvido”, sostuvo Elba Dávila García, presidenta de la Junta Comunitaria de Puerto Real y de la Asociación de Pescadores de Maternillo y Mansión del Sapo.

Dávila García proveyó evidencia de las cartas escritas al alcalde anterior, al actual, a la Legislatura Municipal, al Senado, a la ex gobernadora Wanda Vázquez y al gobernador Pedro Pierluisi, entre otros. Quien único les ha prestado atención y ha hecho gestiones concretas para ayudarlos ha sido el senador independiente José Vargas Vidot, aseguró.

El alcalde, Meléndez hijo, se enteró de que una de sus comunidades era la de menor tasa de vacunación al ser entrevistado por el CPI y no tuvo respuestas concretas sobre cuándo se estarían solucionando la larga lista de problemas que los residentes han traído a su atención, pero negó tajantemente que esté considerando expropiaciones. Tras la entrevista, anunció que llevará la primera clínica de vacunación a Maternillo el sábado, 17 de julio, a siete meses del inicio de la vacunación en Puerto Rico.

Al igual que Mansión del Sapo y Maternillo, decenas de comunidades vulnerables alrededor de Puerto Rico tuvieron el menor acceso a la vacuna de COVID-19 durante los primeros dos a tres meses de distribución cuando las dosis escaseaban y la ola de muertes se disparaba, mientras otros lugares en la Isla sí la recibían. El factor diferenciador entre las más altas tasas de vacunación y las más bajas durante ese periodo fue la desigualdad económica, reveló un análisis de datos del CPI.

El análisis hecho utilizando los datos anonimizados de los vacunados contenidos en el Registro de Vacunación del Departamento de Salud de diciembre a marzo, y los niveles de ingreso por código postal de la Encuesta de la Comunidad del Censo de 2019 arrojó que en las primeras semanas del proceso la tasa de vacunación en las comunidades más pudientes superó por mucho la de las más pobres, aún cuando ubicaban en el mismo municipio.

En términos estadísticos, la correlación entre las variables de ingresos y tasa de vacunación se denomina como fuerte, superando el 0.5%. Durante este periodo, la directriz del Departamento de Salud era que solo se podían vacunar los profesionales de la salud, primeros respondedores y adultos mayores, pero una investigación del CPI encontró que estas normas se violentaron constantemente sin consecuencias y que allegados al Gobierno y a la industria de la salud lograron vacunar a cientos de personas fuera de fase, incluyendo a familiares, amigos y decenas de menores de 16 a 18 años.

Los contrastes entre barrios aledaños, con poblaciones comparables en términos de cantidad de habitantes, pero con niveles de ingresos dispares, fueron notables durante el primer mes de vacunación. Por ejemplo, mientras el área exclusiva de Ocean Park en San Juan logró una tasa de vacunación con primera dosis de un 7% con 467 vacunados, el código postal que queda justo al lado, cruzando la calle Loíza, y que incluye al Residencial Luis Llorens Torres, solo tuvo un 2%, con 177 inoculados. Unos minutos más adelante quedan las comunidades pobres de Barrio Obrero, Cantera y Playita, donde la tasa de mortalidad a diciembre figuraba entre las más altas de Puerto Rico con 7.6 muertes por 10,000 habitantes. Sin embargo, solo se había vacunado el 2% de sus residentes. La tasa de mortalidad de Ocean Park era de menos de la mitad, 2.8 muertes por 10,000 habitantes, pero su tasa de vacunación más del doble de las de las citadas comunidades marginales.

El lugar de mayor ingreso promedio según el Censo, el lujoso condominio Atlantis en Puerta de Tierra, logró el octavo lugar con mejor tasa de vacunación durante ese periodo con un 10% de sus residentes.

Los datos del Registro, cruzados con la Base de Datos de Mortalidad de Puerto Rico, además prueban que la tasa de mortalidad por COVID-19 tampoco fue tomada en consideración en la distribución de las vacunas, contrario a lo que el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo que era la estrategia tras su plan de vacunación. Pero la correlación entre la tasa de vacunación y la tasa de mortalidad es débil a partir de la llegada de Mellado a la agencia. Por ejemplo, Punta Santiago en Humacao figura entre los lugares con más baja tasa de vacunación, pero con una de las más altas tasas de mortalidad durante el periodo analizado.

¿Por qué barrios contiguos y con cantidad de población similar registraron diferencias de hasta más de un 250% en el porcentaje de población que había recibido la vacuna al finalizar el primer mes de vacunación? Líderes comunitarios de seis de los barrios con menor tasa de vacunación entrevistados por el CPI apuntaron a una combinación de factores, algunos particulares de cada comunidad, pero otros que son comunes entre ellas, como la falta de medios de transportación de sus residentes, las dificultades para obtener cita de vacunación y las largas filas de esas semanas, así como la falta de proactividad del Departamento de Salud en llevar clínicas de vacunación a sus comunidades. La agencia comenzó a vacunar en los residenciales públicos, por ejemplo, apenas en abril, pese a que en dichas estructuras viven sobre 100,000 personas con escaso espacio físico entre los apartamentos, una característica que se ha demostrado que aumenta el riesgo de contagio.

El gobernador Pedro Pierluisi, en el marco de la Semana de la Transportación, enfatizó en conferencia de prensa la importancia del transporte colectivo para el desarrollo económico y bienestar de la población, particularmente en el caso de los adultos mayores y de los estudiantes. Sin embargo, cuando el CPI le planteó que la falta de transporte era una de las principales causas de bajas tasas de vacunación en comunidades, reconoció que no tiene un plan concreto para solucionar el problema. Dijo que atender estas comunidades también es responsabilidad de los municipios e indicó que en este momento no hay recursos para atender el asunto.

Sí, reconozco que muchas veces los bolsillos, si le llamamos así a donde hay personas que no están vacunadas, usualmente residen en áreas rurales a las cuales no llega ningún tipo de transportación colectiva. Y me solidarizo con ellos. Lo que hemos hecho a nivel del Departamento de Salud es que estamos yendo a verlos, yendo allá, y hay alcaldes y alcaldesas haciendo lo mismo”, argumentó.

“Yo lo que estoy diciendo es que los recursos que tenemos son limitados, que históricamente siempre se ha enfocado el Gobierno en el área metropolitana de San Juan. En la medida en que tengamos recursos en el futuro, los cuales no tenemos ahora a la disposición, pues seguro que no se debe descartar, buscar la manera de incentivar que los municipios provean esa transportación. Así que no quiero decir que no haya un plan, sino más bien lo que yo te diría ahora mismo es que no hay los recursos disponibles para decir vamos a proveer transportación colectiva por todo Puerto Rico. Es decir, eso estaría faltando a la verdad”, agregó.

Iris Yolanda Ríos, líder comunitaria del Residencial Luis Llorens Torres, atribuyó la baja tasa de vacunación en el complejo de vivienda pública durante los primeros meses a las características demográficas de la población, que está dominada por adultos mayores y encamados, al hecho de que muchos de los residentes no cuentan con un auto ni medios alternos de transporte, y a las largas filas que se daban en los pocos centros designados por el Gobierno. Al ver el patrón, decidieron llamar al Departamento de Vivienda para solicitarles que trajeran una clínica a la comunidad y la agencia respondió al pedido con agilidad, dijo. El 14 de abril, el equipo del Departamento de Salud visitó el residencial y en un solo día – la única visita a la fecha – vacunaron 1,600 personas, equivalente al 34% de sus 4,665 residentes.

“No llamamos más temprano porque, como había varios centros vacunando, pensamos que se iban a poder vacunar, pero al ver que la población se estaba quejando de que no les cogían el teléfono [para obtener una cita], de que tenían que esperar en largas filas bajo el sol, entramos en la preocupación de que nuestros residentes estaban preocupados, querían vacunarse y no estaban pudiendo, y nos movimos a hacer la petición”, sostuvo Ríos en entrevista con el CPI.

Al 9 de julio, Salud, a través de la organización VOCES, había visitado 28 de los 300 complejos residenciales e inoculado a 5,182 personas con la segunda dosis, equivalente al 5% de los residentes de vivienda pública, según datos provistos por VOCES al Departamento de la Vivienda. Hasta el miércoles, había en Puerto Rico 1.8 millones de personas vacunadas con dos dosis, equivalentes al 56% de la población, según los datos que publica Salud.

Los datos analizados por el CPI también muestran una disparidad entre las zonas rurales y las costeras, pero lejanas a los centros urbanos, y las principales zonas urbanas de Puerto Rico durante esas primeras cuatro semanas, con algunos de los pueblos pequeños y barrios más remotos y de menores recursos económicos, entre los menos vacunados. Entre estos, Maricao, Punta Santiago en Humacao, Aguirre en Salinas, Jayuya, y Ensenada en Guánica con un 2% de vacunados con primera dosis al 15 de enero. También están las comunidades que registraron la menor tasa de vacunación a esa fecha, Maternillo y Mansión del Sapo, con solo un 1%. En conjunto, estos barrios tienen un ingreso per cápita de $6,668 al año.

La veterana epidemióloga y catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Cruz María Nazario, revisó el análisis de datos hecho por el CPI y sostuvo que el mismo confirma la desigualdad social que existe en Puerto Rico y cómo “no hay una organización capaz de asegurar que los pobres, los más vulnerables, reciban las dosis completas de vacunas”. Indicó que las entidades de salud y el Gobierno incumplen con las normas y estándares internacionales de los derechos humanos afectando las decisiones de política pública necesarias para reducir la inequidad en salud pública.

“Es impresionante cómo [estos hallazgos] pueden evidenciar, sin lugar a dudas, dónde están las prioridades de vacunación del Gobierno de Puerto Rico. Estamos observando en el microcosmos de Puerto Rico, la disparidad en la distribución de las vacunas en Puerto Rico como si fuera el reflejo del discrimen y la inequidad que está ocurriendo en todo el planeta”, sostuvo la Dra. Nazario.

“Al asegurar la equidad en el acceso y el beneficio de recibir la serie completa de vacunas, estaríamos protegiendo aquellos que llevan la carga más pesada de esta pandemia, los más vulnerables, de enfermar severamente y morir por esta enfermedad de la COVID-19. Es verdaderamente vergonzoso”, agregó.

Nazario recordó que los países ricos han acaparado la mayoría de las dosis de las vacunas disponibles durante la pandemia, mientras que en países en vías de desarrollo están recibiendo “migajas”. Según la BBC de Londres, dijo, 70 países de bajos ingresos solamente podrán vacunar el 10% de su población, y esto ocurre a pesar de los esfuerzos que ha puesto la Organización Mundial de la Salud por medio del programa COVAX para asegurar que 700 millones de dosis lleguen a los países pobres.

“Vemos en Puerto Rico cómo las alegadas prioridades establecidas para la vacunación se correlacionan mejor con el ingreso, el poder, y las ‘conexiones’, que con las determinantes de riesgo de morir por la COVID-19”, puntualizó.

Elba Dávila García, líder comunitaria del sector Puerto Real en Fajardo, aseguró al CPI que al momento, que ella conozca, no se ha hecho ningún evento de vacunación en su barrio, donde ubican las comunidades especiales Maternillo, Mansión del Sapo y Vieques en el Aire.

Entre las posibles razones detrás de la baja tasa de vacunación en el sector, indicó que la mayoría de los residentes son adultos mayores que no cuentan con un vehículo para poder hacer diligencias básicas como ir al supermercado, a la farmacia o el hospital. Tampoco hay un sistema de transportación pública tras la eliminación de las lanchas que transportaban personas a Vieques y Culebra, mencionó.

La farmacia más cercana, que quedaba a 40 minutos, fue incendiada, según contó al CPI. Asimismo, dijo que el hospital más cercano, y donde vacunan contra el COVID-19, el Caribbean Medical Center, también queda distante, en el casco urbano. Esto significa que no tienen opciones cercanas, a donde puedan ir caminando, para vacunarse.

“El alcalde aquí no nos ayuda en nada. Nosotros somos comunidades especiales y tras que somos comunidades especiales, nos han marginado toda la vida”, lamentó la líder, refiriéndose al programa de Comunidades Especiales que prácticamente se desmanteló durante la pasada década.

A raíz de los problemas de transportación, Dávila García aseguró que los adultos mayores no se están alimentando bien, ya que en la comunidad no hay negocios de comestibles.

“Eso es frustrante, porque uno ve a las personas y viejitos, que yo hablo y me dicen: ‘mira, yo tuve que ir al pueblo, y bajo y tengo que estar dos días acostado en la cama porque no aguantó el dolor en los huesos’», puntualizó.

La otra comunidad costera con baja tasa de vacunación, Punta Santiago, en Humacao también cuenta con una población mayormente de adultos mayores y sin transportación, sostuvo Nancy Madden, directora fundadora del Proyecto PECES.

Tampoco hay farmacias cerca y “la gente ha tenido que salir de la comunidad a vacunarse”, agregó Madden en mayo.

Los que querían vacunarse tenían que llegar hasta el pueblo de Humacao, Yabucoa o Naguabo, dijo. En su caso, se vacunó en San Juan porque no se le hizo posible en el sureste.

La monja fundadora de PECES mencionó además que la farmacia Walgreens no estaba vacunando durante el primer mes y que hubo problemas de comunicación entre el Departamento de Salud y los proveedores cuando anunciaron la vacunación de mayores de 65 años. Asimismo, mencionó el factor de la tecnología como otro escollo que enfrentaron los residentes, ya que en algunos proveedores tenían que anotarse por internet.

Madden aseguró que la situación ha mejorado y que recientemente hubo una vacunación en la comunidad.

La vacunación contra el COVID-19 en Maricao tardó mucho en llegar, y cuando finalmente llegaron las vacunas, fueron para la zona urbana, dejando desprovistos a los residentes de los lugares más distantes del municipio como Bucarabones, aseguró Jacqueline Pérez, directora de la Fundación Bucarabón.

Ir en vehículo de Bucarabones al pueblo de Maricao toma de 25 a 40 minutos por las malas condiciones en que se encuentra la carretera desde el huracán María, dijo. Además, hay residentes de este lugar que no tienen vehículo.

“No todo el mundo tiene la facilidad de llegar a las áreas urbanas y poder vacunarse”, sostuvo Pérez, quien reside en Bucarabones.

Los primeros contactos que recibió para organizar una vacunación a nivel comunitaria en Bucarabones se dieron a mediados de mayo, aseguró.

El 12 de febrero el alcalde novoprogresista de Orocovis y aliado del gobernador Pedro Pierluisi, Gardy Colón, estaba tan molesto con lo que llamó el mal manejo del proceso de vacunación en la Isla y el abandono de los pueblos de la zona central, que solicitó públicamente la renuncia del secretario Mellado y del jefe de la Guardia Nacional, el general José Reyes, quien tan temprano como en enero estaba beneficiando a contratistas de la agencia y amigos personales con acceso VIP a la vacuna, según reveló una investigación del CPI. Con él coincidieron otros alcaldes de la región como el popular de Comerío, Josean Santiago.

En dicha ocasión, la Dra. Iris Cardona, directora del Programa de Vacunación, justificó la inequidad entre el campo y las áreas urbanas con el mismo argumento de Mellado: que las vacunas se habían distribuido según las tasas de mortalidad. En febrero, el CPI solicitó a Mellado la información sobre las tasas de mortalidad que este alega haber utilizado para distribuir las vacunas, pero la información nunca fue provista.

Cuatro días después, el CPI también le envió dos preguntas sencillas a Mellado: ¿Secretario cree usted que ha habido inequidad y privilegios en la administración de la vacuna? Si no, ¿puede garantizar lo contrario?

Mellado no estuvo disponible para ser entrevistado para este reportaje aunque se le hizo la solicitud con una semana de anticipación. Su directora de comunicaciones Lisdián Acevedo dijo que el funcionario está de vacaciones. De hecho, pese a que concede múltiples entrevistas semanalmente a diversos medios de comunicación, el funcionario no ha concedido ni una entrevista al CPI desde que llegó al puesto en enero, pese a que se le han cursado sobre una decena de peticiones.

El 7 de abril, Mellado reconoció públicamente durante una ponencia hecha en el Puerto Rico Health Summit, que había problemas de equidad en la distribución de la vacuna y que tenía que cambiar la estrategia de vacunación – concentrada en grandes centros urbanos y en manos de proveedores privados – debido a que muchas comunidades habían quedado relegadas.

“¿Cómo generamos esa equidad en vacunación? ¿Cómo podemos ser más efectivos si hacemos actividades a gran escala en las grandes urbes, en Ponce, en Mayagüez, en San Juan? Pues, entonces, la gente de la montaña, es complicado que vengan”, sostuvo.

“Vemos cómo tenemos que cambiar las estrategias para poder llegar, por ejemplo, a lo que son pacientes encamados, a los de incapacidad intelectual, a las égidas de Puerto Rico. Son personas que no te van a llegar a los lugares, así que es importante que la capacidad de vacunación vaya dirigida a poder llegar a la mayor cantidad de pacientes posibles”, agregó, sosteniendo que la limitada cantidad de vacunas recibidas durante los primeros meses constituyó un agravante adicional.

El economista Julio César Hernández atribuyó la baja tasa de vacunación en lugares de bajos ingresos económicos a factores educativos, de accesibilidad y transportación, y a la falta de información sobre la vacuna en español.

Hernández indicó que por lo general las personas que tienen más recursos económicos tienen niveles de educación más altos, mientras que entre la población de menos recursos existen muchas dudas sobre la vacuna, incluso porque buena parte del material educativo fue producido en inglés.

“Yo creo que uno de los grandes problemas es que no se ha hecho material en español explicando la vacuna y cómo es que funciona. La gente tiene desconfianza de los procesos y no se han vacunado”, dijo.

Hernández dijo además que el riesgo de contagiarse también pudo influir en que las personas que trabajan se vacunaran.

“Gente que trabaja y que tiene ingresos altos, si se enferma, no puede producir. Una persona que está fuera del mercado laboral, si se enferma, pasa la emergencia, pero su ingreso se queda igual y no tiene pérdida de ingresos graves”, sostuvo.

Sostuvo que la clase trabajadora tiene que protegerse porque estar fuera del trabajo uno o dos meses por la enfermedad le es económicamente oneroso.

La líder comunitaria del barrio Ensenada de Guánica, Teresa Soto Quinones, indicó al CPI que al principio de la vacunación y todavía hasta mayo del 2021 había residentes que no querían vacunarse, a pesar de que la clínica de Migrant Health Center, ubicada en Ensenada, estaba vacunando contra el COVID-19 desde un principio, además de otras farmacias cercanas. La renuencia que ha observado, dijo, no es exclusiva de los adultos mayores, sino de los jóvenes también.

No obstante, dijo que las vacunaciones comunitarias comenzaron a hacerse en mayo y que todavía a esa fecha quedaban personas sin ser contactadas por los proveedores para recibir la vacuna.

¿Cuál es la solución a la marginación de las comunidades sin transporte ni acceso a los servicios de vacunación contra la COVID-19?

La respuesta podría estar en aquellas comunidades pobres que fueron la excepción a la tendencia, ya que lograron ubicarse entre las mayores tasas de vacunación, junto a comunidades de altos ingresos. Entre ellas, el casco urbano de Bayamón, que con un ingreso per cápita de $3,306 al año, registró la tercera tasa de vacunación más alta desde la segunda quincena del proceso, a mediados de enero. A finales de marzo ya estaba en segundo lugar con el 89% de sus residentes vacunados.

El alcalde de esa ciudad, Ramón Luis Rivera, hijo, dijo al CPI que lograron vacunar rápidamente a esta población porque se prepararon con neveras para almacenar los suplidos de antemano y las enfermeras y el personal de epidemiología del municipio se fueron a la calle a vacunar puerta por puerta a los residentes, incluyendo a los encamados, varias égidas y a las personas sin hogar, así como a todo el personal municipal, que comenzaron a trabajar presencial desde finales de marzo. También solicitó a Salud vacunas para ir a los residenciales públicos de su pueblo y vacunar a esta población. Ayudó mucho además que el municipio estableció un centro de vacunación el Estadio Juan Ramón Loubriel y la Guardia Nacional otro en el Coliseo Rubén Rodríguez, ambos lugares a distancia caminable desde el centro urbano.

“Nosotros le dijimos al secretario [de Salud], ‘Dámelas, que yo lo hago’. Y nosotros seguimos vacunando”, explicó el alcalde.

“Fuimos bien agresivos desde el principio, porque si no eras agresivo al principio, pensé que ibas a tardar más…Yo sé que a veces es una población que no se mueve a buscar el servicio, pues los fuimos a buscar, por eso es que ya nosotros visitamos todos los residenciales de Bayamón”, agregó.

En Vieques y Culebra ocurrió un esfuerzo similar, pero organizado por el Departamento de Salud, y ambos municipios están entre los de mayor tasa aunque tienen niveles de ingresos bajos.

Esta es la misma estrategia que desde abril está implementando la organización sin fines de lucro Puerto Rico Salud, que se ha dado a la tarea de ir a comunidades marginadas y apartadas para inocular a los residentes. A la fecha han vacunado a más de seis mil personas incluyendo a los encamados que aún están rezagados, sostuvo Carla González, cofundadora de la organización.

“Ahora estamos dando bien duro a los encamados. En el último reporte que nos entregó el Departamento de Salud en junio nos dimos cuenta de que la cantidad y los números de encamados [no vacunados] sí están bien altos. En estas últimas dos semanas nos estamos enfocando en el encamado”, sostuvo.

“Puerto Rico Salud se enfoca en llevar la vacuna a donde sabemos que ese paciente no va a llegar a la vacuna, ni va a tener acceso a la vacuna”, explicó sobre la misión de la organización que nació en el 2020 con el apoyo de Médicos Sin Fronteras (MSF), que es quien apoya económicamente este esfuerzo de vacunación.

“Vimos la gran necesidad, especialmente de las comunidades necesitadas”, puntualizó.

Por esto procedieron a contactar a líderes comunitarios y a hacer público el teléfono de la iniciativa 787-674-5905.

Ahora que la variante Delta ya ha hecho entrada firme en Puerto Rico y que la apertura total de la economía y el retiro de mascarillas por parte del gobernador Pierluisi ha generado un repunte de casos, particularmente entre los no vacunados, el CPI quiso saber cuántas comunidades siguen rezagadas con gran parte de sus residentes sin vacunar y cuál es el plan del Departamento de Salud. No hubo ningún funcionario disponible para atender estas preguntas.

Esta historia se publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo, puede leer la versión original AQUÍ

Fuente e Imagen: https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/07/15/rezagadas-las-comunidades-pobres-la-vacunacion-covid-19.html

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Covid-19 pobreza de muchos y opulencia para pocos

El panorama de América Latina y el Caribe es hoy muy complejo, pese a experimentar una recuperación en 2021, pero hay que hacer cambios necesarios y profundos del modelo de desarrollo, aseguró la Cepal.

De no hacer esas transformaciones no vamos a poder salir de esta trayectoria de crecimiento a la baja, afirmó este jueves la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, Alicia Bárcena durante la presentación de un nuevo informe especial con proyecciones económicas, a más de un año de la aparición de la pandemia de la Covid-19.

Aunque ese organismo de Naciones Unidas elevó su estimación de crecimiento regional para este año a 5,2 por ciento producto de un rebote que no asegura una expansión sostenida, advirtió que los impactos sociales de la crisis se agudizan y persistirán durante la recuperación.

Pero ese incremento será insuficiente para cubrir la contracción de 6,8 por ciento sufrida el año pasado como consecuencia de la Covid-19, mientras el avance en 2022 llegará sólo a 2,9 por ciento y, al final de ese año, 19 de 33 países no habrán recuperado el Producto Interno Bruto previo a la pandemia.

Bárcena afirmó que la crisis agudizó los problemas estructurales, haciendo más urgente que nunca emprender cambios de fondo ‘con una mirada de igualdad’ que elimine ‘de una vez por toda la cultura del privilegio expresada en la evasión’.

Hizo alusión a los fondos ilícitos, a los gastos tributarios inequitativos, en la excesiva concentración de la riqueza.

Agregó que si no se abordan esos temas y no se reestructuran la educación y la salud, la región no recuperará el ciento por ciento de los empleos y seguirá en la senda que se encuentra ahora, con un aumento de la pobreza, la pobreza extrema, la desigualdad y el deterioro del medio ambiente.

Sobradas razones llevaron a Bárcena a tan urgente solicitud para gobernantes, decisores de políticas públicas y fuerzas de cambio en la región, porque frente a ese espinoso escenario, que agrava la situación de los más vulnerables generada por la Covid-19, también aumentó la cantidad de multimillonarios.

De la acera opuesta a la pobreza, el hambre y el desempleo, la riqueza de los más adinerados en Latinoamérica creció en apenas un año de pandemia en más de un 40 por ciento.

Los datos de la lista anual de 2020, publicada por Forbes en marzo de 2020 a inicios de la crisis sanitaria, mostraron un total de 76 multimillonarios en la región con un patrimonio neto combinado de 284 mil millones de dólares.

En la actualización de esa información en marzo de 2021, aparece un marcado crecimiento con un total de 105 multimillonarios, quienes atesoran una riqueza de 448 mil millones de dólares.

Más reciente, en mayo de este propio año, aparecen 107 acaudalados con un capital ascendente a 480 mil millones de dólares.

Mientras millones de personas caen en la pobreza, el número de multimillonarios se ha disparado en Latinoamérica desde el inicio de la pandemia, un fenómeno al que los Gobiernos deben responder con medidas en materia fiscal y regulatoria, según defiende Luis Felipe López-Calva, el director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

‘En conjunto, durante la pandemia, el número total de acaudalados en América Latina y el Caribe aumentó en 31 y su patrimonio neto combinado aumentó en 196 mil millones de dólares, esto es aproximadamente el tamaño de la economía de Ecuador’, explicó recientemente el funcionario.

Resalta que alrededor de las tres cuartas partes de los magnates de la región son de Brasil y México, significó.

Sobre el tema, el director regional de la PNUD aclaró que la generación de riqueza no es algo negativo, pero sí debe llevar a que se discutan acciones públicas, sobre todo en un momento en el que la pobreza está aumentando rápidamente.

Insistió en que la creación de fortuna sea una mala noticia. ‘Lo que hay que ver es cómo esa riqueza se transmite o se transfiere a los hogares en general en términos de mayor bienestar, de avance social’.

Para el economista mexicano, una prioridad debe ser aumentar los impuestos a las grandes corporaciones y hacerlo de forma coordinada, con acuerdos a nivel regional o global para evitar una competencia a la baja entre países.

oda/acl/crc/cvl

Fuente de la información e imagen:  https://www.tercerainformacion.es

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La huelga nacional en Colombia: perspectiva sindical

Por: Daniel Hawkins

Traducido del inglés para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Durante el pasado mes y medio Colombia ha vivido presa de una agitación social y política sin parangón en el último medio siglo. El 28 de abril comenzó una huelga nacional que ha ocupado las calles y avenidas de más de 600 ciudades de todo el país, una agradable aunque inesperada sorpresa para los dirigentes del comité de huelga y que ha pillado totalmente desprevenido al gobierno nacional, que no esperaba el alcance de la misma y su enorme apoyo popular.

Aunque en sus inicios la huelga estaba relacionada con el descontento popular producido por el proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno, también supuso el resurgir de las grandes manifestaciones que inundaron Colombia desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2020. Pero más que un reflejo espontáneo de la amplia crisis social instalada en Colombia desde hace décadas, el contexto actual presagia una explosión social mucho más profunda, general y trascendental.

Contexto nacional previo a la huelga

La aparición de la pandemia de covid-19 en Colombia al comienzo de marzo de 2020 fue una bendición para el gobierno. Tras cuatro meses de revuelta popular y las mayores manifestaciones de protesta desde la huelga nacional de 1977, la oportunidad de centrar la atención en un “enemigo común” permitió al presidente Iván Duque reforzar su menguante popularidad y fabricar la imagen de un dirigente fuerte y asertivo.

La pandemia y las políticas puestas en marcha para limitar la actividad social y económica sirvieron para que las protestas ya debilitadas perdieran fuelle sin alcanzar victorias políticas concretas, y para que el presidente y su gobierno se sintieran relativamente a salvo. En realidad, el cierre institucional del país abrió la puerta a un golpe de estilo ejecutivo a la democracia, permitiendo gobernar por decreto durante la mayor parte de 2020 sin que el sistema judicial mostrara disconformidad al respecto, y menos aún un Congreso plagado de parlamentarios procedentes de familias dinásticas envueltos en escándalos de corrupción y otros delitos (Reyes Ramírez, 2017).

A medida que el covid-19 acababa con el ya mermado sistema de salud privatizado, dejando a su paso casi 96.000 muertes a 14 de junio de 2021, las iniciativas del gobierno para mitigar el impacto socioeconómico de un año de políticas destinadas a contener la difusión del covid-19 fueron poco entusiastas, por decir algo. Mientras en gran parte del mundo se ponían en marcha paquetes de ayuda a los ciudadanos afectados por las políticas destinadas a contener la pandemia, en Colombia se decidió la estrategia fracasada de antemano de ofrecer ayuda a un pequeño porcentaje de los hogares más afectados mientras se pretendía proteger a las empresas mediante préstamos controlados y diluidos por el sistema bancario. Mientras los niveles de pobreza se disparaban en todo el país, hasta afectar a 21 millones de personas a inicios de 2021, el sistema de mitigación de la pobreza del gobierno, el Fondo de Solidaridad –con una ayuda de apenas 43 dólares al mes– llegaba solo a 2,6 millones de personas.

Cambio de horizonte para la acción política

A inicios de 2021, según los datos del Departamento Nacional de Estadística, el desempleo general llegó al 15%, estando el juvenil mucho más alto, al 23,9% y el desempleo femenino juvenil por encima del 31% –todo ello en un país en el que el trabajo informal supera el 63%, donde solo el 15% de la mano de obra alcanza el salario mensual mínimo legal, y donde el 48% gana incluso menos (Ortiz-Quevedo, 2021: 45). Al final de 2020, la pobreza monetaria había llegado a afectar al 42% de la población y, según un sondeo a escala nacional, cerca del 66% de los encuestados tuvo dificultades para cubrir los gastos de la familia en junio de ese año, mientras el 74% afirmaba que para mejorar la economía era necesario aumentar los impuestos a los ricos.

La respuesta del gobierno fue dar prioridad a la prudencia fiscal y anteponer los intereses de los acreedores internacionales y las agencias de calificación. Como consecuencia de la reforma fiscal aprobada por el Congreso por vía rápida en el auge de las protestas de 2019, así como de la reforma de 2016, que incrementó el impuesto de valor añadido (IVA) del 16% al 19%, el gobierno apoyó en 2019un proyecto de reforma fiscal que mantenía las exenciones y los beneficios a las grandes empresas y a los ciudadanos más ricos. Al mismo tiempo intentó financiar el coste de la respuesta a la pandemia mediante impuestos indirectos, que recaen desproporcionalmente sobre las clases media y trabajadora.

Pero en esta ocasión los colombianos, tan acostumbrados a soportar las adversidades, dijeron no. El presidente, que confiaba en que dicho proyecto de ley fuera aprobado con relativa facilidad por el Congreso, prometió no ceder frente a la presión pública. Pero desde el acuerdo de paz con el grupo guerrillero de las FARC Colombia es una sociedad muy diferente y, a pesar de las reticencias gubernamentales a aplicar  dichos acuerdos, la gente ha salido a las calles en masa para mostrar su oposición a las políticas impopulares, con una energía no vista en decenios. Como último recurso para silenciar la resistencia popular, Duque apareció en la televisión nacional la víspera de las protestas, para pedir a los ciudadanos que se quedaran en casa durante la tercera ola de covid-19. Hubo incluso un tribunal que se atrevió a prohibir las manifestaciones debido al daño que pudieran causar a la salud pública, todo ello en vano.

La primera semana de la huelga nacional superó a cualquiera cosa que el país hubiera visto anteriormente: las calles de todas las ciudades estaban animadas con marchas, bailes, conciertos improvisados y expresiones artísticas de masas como gigantescos murales. También surgieron actos esporádicos de saqueo y vandalismo ante la decisión del gobierno de militarizar todas las ciudades grandes y pequeñas en las que las marchas y actividades de protesta habían mostrado fuerza y persistencia. Esta estrategia de contención seguía pautas bien conocidas: excesiva violencia del Estado frente a manifestantes desarmados, y una aparente colusión de la policía con grupos de civiles armados. Según diversos informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo murieron 45 personas relacionadas con las protestas y otros 187 civiles fueron heridos, entre un total de 1.248 víctimas de violencia física, incluyendo agresiones sexuales contra mujeres por parte de miembros de las fuerzas armadas, así como 409 desapariciones forzosas (de las cuales 328 han sido “encontradas”).

Frente a tan severa represión, los manifestantes se atrincheraron y ampliaron sus esferas de influencia, levantando cientos de bloqueos por todo el país que lograron ralentizar el comercio y el transporte. Y a pesar de las tácticas violentas del gobierno, a comienzos de junio más de un 74% de la población seguía apoyando la huelga nacional.

Énfasis en la crisis institucional y política

No solo ha fracasado la respuesta del gobierno en forma de militarización del conflicto sino también sus iniciativas para sofocar el descontento mediante vagas promesas. Las actuales protestas han puesto de manifiesto la futilidad del poder político del presidente y de su gobierno, y la respuesta violenta del Estado es el mejor ejemplo de su debilidad y su crisis de legitimidad (Valencia, 2021: 37). A los pocos días del inicio de las protestas se hizo evidente la magnitud de su fuerza. Las manifestaciones obligaron al presidente a retirar del Congreso la propuesta de reforma fiscal y a aceptar la dimisión del tremendamente impopular ministro de finanzas. También sirvieron para abortar la propuesta de reforma sanitaria en el Congreso y, posteriormente, para forzar la dimisión de la canciller de Colombia, coincidiendo con el aumento de la condena internacional al modo en que el gobierno estaba gestionando la huelga.

La lucha en las calles continuó hasta el 11 de junio, encabezada por la juventud del país y por miles de comunidades marginadas y discriminadas, unidas en su oposición a la clase política y gobernante, pero también aparentemente desconectadas de la gestión institucional del movimiento de protesta de manos del Comité Nacional de Huelga. Este comité está compuesto por 20 miembros, principalmente sindicalistas, y una minoría de representantes de diversas asociaciones de transportistas, estudiantes y de la comunidad LGTBI. No obstante, aunque la preparación y lanzamiento de la huelga nacional del 28 de abril tuvo un tremendo éxito, la heterogeneidad, descentralización territorial y liderazgo de la juventud de los subsecuentes movimientos y actos de protesta han demostrado que la huelga ya no está bajo el control de dicho comité. Además, tras el progreso inicial, las negociaciones con el gobierno se atascaron cuando, justo después de la aprobación de un borrador de acuerdo sobre las garantías para las protestas sociales el 26 de mayo, el gobierno se retractó de dicho acuerdo, exigió el levantamiento inmediato de todos los bloqueos y comunicó que no firmaría ningún acuerdo hasta que hubiera un acuerdo global.

El 8 de junio, ante la intransigencia del gobierno, el comité de huelga abandonó formalmente la mesa de negociación, al encontrarse en una posición insostenible, en la tesitura de aceptar el farol de un gobierno carente de capital político y sin autoridad suficiente para poder convencer a los manifestantes discrepantes de todo el país de que pusieran fin a los bloqueos. Las iniciativas del comité para ampliar su base invitando a nuevas voces a unirse a su asamblea han sido notables pero insuficientes, y activistas de vanguardia en diversas ciudades han declarado que este comité no les representa. Según parece, el problema no son tanto las demandas como quiénes son las personas que les representan y cómo lo hacen. Lo que se ha puesto de manifiesto es la brecha generacional entre los manifestantes, principalmente jóvenes que se enfrentan al desempleo, el trabajo informal y la exclusión, y los líderes sindicales de mayor edad que, aunque se oponen con vehemencia a las políticas estatales regresivas y represivas, forman parte del tejido institucional existente, que ha demostrado ser anacrónico en el momento actual de revuelta social.

Tras casi 45 días de protestas y bloqueos la huelga parece haber llegado a su fin, pero el año que tenemos por delante promete estar pleno de agitación política y social. El gobierno, que había intentado aprovechar la pandemia para impulsar más leyes impopulares, especialmente la reforma de las pensiones y la reforma laboral, ha cambiado de planes. No obstante, el presidente Duque está buscando inútilmente recuperar cierta legitimidad al presentar proyectos tomados directamente de la lista de demandas del comité de huelga, especialmente un subsidio de renta básica para familias golpeadas por la pobreza.

El país está expectante, cada vez más dividido por la polarización política fomentada por la necesidad de crear miedo para vender programas de seguridad. Pero las protestas de 2019 y la huelga más reciente han mostrado claramente que en Colombia, tras los acuerdos de paz de 2016, cuando aumentaron la desigualdad extrema y las deficiencias estructurales, sembrar el miedo no basta para sofocar el deseo y la demanda de políticas más concertadas y cambio institucional.

Bibliografía:

  • Ortiz-Quevedo, CH (2021) ‘Another twist: the greed of the elites in the pandemic’ [en español], Pensar la Resistencia: Mayo del 2021 en Cali y Colombia, Documentos Especiales CIDSE 6.
  • Reyes Ramírez, E. (2017) ‘Corruption and the Colombian state’, [en español], Dictamen Libre, 21.
  • Valencia, AG (2021)¿Qué está pasando en Colombia? Power, legitimacy and the social crisis’ [en español], Pensar la Resistencia. Mayo del 2021 en Cali y Colombia. Documentos Especiales CIDSE 6.

Daniel Hawkins es coordinador regional para la construcción sindical de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) en América Latina y el Caribe.

Fuente: https://rebelion.org/la-huelga-nacional-en-colombia-perspectiva-sindical/

Fuente original: https://socialistproject.ca/2021/07/national-strike-in-colombia-trade-union-perspective/#more

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