Política Educativa

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I Congreso Mundial de Educación 2020. Ponencia de María del Carmen López. México

Rose Mary Hernández Román

AYOTZINAPA VIVE, LA LUCHA SIGUE ¡¡ VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVVOS LOS QUEREMOS ¡

 

Buenas noches querides compañeres, reciban un combativo y revolucionario abrazo desde Oaxaca, México.

El Congreso Mundial en Defensa de la Educación Pública y Contra el Neoliberalismo. Es el mejor espacio para rendir justo homenaje a los 43 estudiantes desaparecidos y también para seguir exigiendo su presentación con vida. La desaparición forzada de ellos la ha sentido el mundo entero, especialmente sus familiares y a los que somos HIJOS DE LAS Normales Rurales.

 

Es para mi un enorme honor para mi tener la oportunidad de compartir esta noche mi palabra y mi sentipensar con todos quienes me escuchan en nuestro Continente y el mundo. Soy María del Carmen López Vásquez  y represento al Centro de Estudios MAEEC (Magisterio por la Autonomía Educativa, Emancipadora y Comunitaria).

 

Saludamos este importante e histórico espacio de encuentro, reflexión y construcción de otra educación y otro mundo, un mundo mejor con justicia social y con dignidad.

 

Soy militante activa de la histórica y combativa Sección XXII de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), una organización amplia que suma a cientos de miles de compañeros de base, exdirigentes y dirigentes actuales. Como tal he sufrido la criminalización, judicialización y la persecución como formas de represión del Estado Mexicano en el pasado.

 

En el pasado reciente , libramos una lucha cruenta, a sangre y fuego, que dejó como saldo compañeros caídos en la lucha, presos y perseguidos políticos, en unidad con los padres y madres de familia contra la imposición de la mal llamada reforma educativa que despojaba a los docentes de sus plazas de trabajo mediante la evaluación punitiva y que intentó la privatización de la educación. Actualmente, aunque tenemos un gobierno progresista y se llevó a cabo una reforma constitucional educativa, se mantiene en esencia una educación de corte neoliberal.

 

Ejemplo de ello es el programa “Aprende en Casa 2”, que en circunstancias de confinamiento se implementa por TV, excluyendo a los niños y niñas que carecen del televisor o de electricidad, afectando con ello el derecho a la educación de los más pobres y marginados, sobre todo a los pueblos originarios. Así quedo manifestado que intereso más rescatar al sector empresarial de la quiebra financiera.

 

Observamos que con la virtualización de la educación ha avanzado el proceso de privatización de la educación logrando  con ello parte de los objetivos económicos transnacionales. En lo pedagógico ha representado una regresión hacia la educación bancaria, reduciendo los procesos de aprendizajes a la mera transmisión pasiva del conocimiento y a la subaleternidad enajena y alienada, sin que medien procesos de reflexión y análisis crítico.

 

Partiendo del análisis crítico de esta realidad, pasaré a exponer algunas propuestas:

  1. Desarrollar y potenciar la lucha magisterial unitaria en en un proceso dialéctico, considerando tres ejes fundamentales:
  2. LA LUCHA PEDAGOGICA:

La nueva realidad del siglo xxi nos demanda a los sindicatos de clase y el movimiento social que recuperemos y potenciemos las luchas en las calles y en todos los espacios públicos, junto a la protesta acompañar nuestra propuesta, visibilizando la agenda de lucha y exigiendo su solución.

La defensa de la escuela y la educación pública , laica, gratuita, científica y presencial debe ser irrestricta, igualmente que el cumplimiento dl precepto de gratuidad total, exigiendo a los gobiernos el financiamiento de la educación con el 20 % del PIB.

Se hace urgente prohibir y anular la intromisión del interés privado en las políticas educativas. Erradicar el acatamiento de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales como la OCDE, BM, FMI, ello significa la recuperación de las soberanías nacionales para desarrollar la política educativa con independencia y con base a las necesidades reales de desarrollo educacional de cada país.

 

 

Es urgente y necesario transitar hacia la transformación en cada escuela y de la educación, en todos los niveles educativos desde educación inicial hasta el nivel superior en el orden curricular, organizacional y de verticalidad directiva institucional. Debemos transitar del reconocimiento y discusión académica a la operatividad concreta de la praxis transformadora que exigen los tiempos de pandemia pospandemia que demandan el compromiso bioético de les educadores populares, para construír y diseñar la nueva escuela y la nueva educación crítica y emancipadora del capitalismo cognitivo frente a los cambios que la vida tradicional de la vieja realidad injusta del capitalismo de muerte. Nuestra tarea transformadora debe considerar el diseño de contenidos biocéntrico, desde pedagogías críticas, descolonizadoras, populares, emancipadoras, comunitarias, interculturales  y liberadoras. Es urgente desechar el poder opresor que caracteriza a la escuela y educación tradicional, instrumental y racional capitalista de los Sistemas educativos Nacionales en cada país y en su lugar desarrollar nuevas nuevas formas de relaciones de poder, potenciar el poder liberador que es resultado de los procesos colectivos y comunitarios, el poder participativo, distribuído en la colectividad y no concentrado frente a la individualidad, cultivado en la construcción de decisiones horizontales y no verticales, ese que tiene pleno respeto a la dignidad humana. De igual manera, debemos aperturar el espacio escolar a la comunidad, para así alentar y dinamizar el desarrollo y emancipación no solo de los educandos y educandas, sino también de los padres y madres y familias de la comunidad, teniendo como faro el colectivo-proyecto. Este es uno de los diversos caminos que aseguran la transformación social de una humanidad que requiere salvar la crisis civilizatoria y al mismo tiempo que enfrente el receteo capitalista. Es imprescindible comprender que las transformaciones nunca llegarán desde el sistema, es necesario generarlas, desde abajo, desde nosotres los oprimidos y excluidos, desde la mayoría del pueblo explotado.

LA LUCHA POLITICA:

Esta debe concretarse en la unidad global de los trabajadores de la educación del mundo, con un programa de lucha común y con la unidad en la acción, mediante jornadas mundiales de lucha en defensa de la educación pública y por la transformación radical del sistema capitalista.

LA LUCHA LEGISLATIVA:

Impulsar que nuestras demandas sean retomadas en los Congresos Legislativos para que se planteen como iniciativas de leyes que aseguren el derecho a la educación presencial  y los derechos laborales de los trabajadores.

 

  1. Luchar por un programa común y unitario del magisterio con los movimientos sociales y el pueblo.
  • Luchar por la suspensión de la deuda externa, como posibilidad para sacar al pueblo de la pobreza.
  1. Exigir una cruzada mundial de los gobiernos para combatir el cambio climático, el respeto a la naturaleza y a toda forma de vida.
  2. Por el derecho a la vida humana con dignidad.
  3. Por la soberanía alimentaria, contra el uso de semillas tránsgenicas y a favor de las semillas criollas y la agroecología.
  • Por el derecho al agua y al aire, contra su privatización contra todo tipo de extractivismo.
  • Por salarios dignos y la pensión universal.
  1. Por el derecho a la salud pública y contra su privatización.
  2. Por el derecho a la paz con justicia social.

 

Hoy es tiempo de organización y luchas comunes en el plano global, ninguna lucha aislada más, con unidad de agenda, programa y acción.

 

VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES ¡

VIVA EL CONGRESO MUNDIAL EN DEFENSA DE LA EDUCACION PUBLICA Y CONTRA EL CAPITALALISMO NEOLIBERALISMO ¡

OTRO MUNDO ES POSIBLE ¡

Fuente: I Congreso Mundial de Educación 2020

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La Ley General de Educación: ¿masificación o precariedad formativa?

José Carlos García Ramírez 1 comentario

Por: José Carlos García Ramírez

 

Consideración general

Hace casi un año, fue publicada la Ley General de Educación (LGE)  en el Diario Oficial de la Federación el 30/09/2019. Es un documento fortalecedor del Estado, en cuanto que eje rector de la política educativa nacional en sus tres niveles de impartición. Es una Ley General donde se centraliza (federaliza) las funciones de la planeación, implementación, operación, gestión, supervisión, corrección y prevención: casi todo en manos de la Secretaría de Educación Pública. La crisis pandémica ocasionada por Covid-19, por el momento ha mandado a la morgue, dicho documento. Pues ante la incertidumbre de la llamada “nueva normalización”, la crisis sociosanitaria en el país ha girado la ruleta de los contenidos del documento en términos generales. Las interrogantes son: ¿cómo iniciar las clases sin contagiarse del virus?, ¿cómo garantizar la información –y no digo la asertividad de los aprendizajes o proceso formativo– escolar hacia todos los rincones del país y sin que ningún educando quede fuera por razones de no contar con recursos económicos e infraestructura básica digital?, ¿la pandemia puso sobre el filo de la navaja los tres pilares estratégicos (gratuidad, obligatoriedad y financiamiento) de la LGE en materia de educación pública?

Las anteriores preguntas tienen que ser condiciones de posibilidad de debates críticos y de propuestas simétricas entre los interlocutores válidos del sistema educativo  nacional (organizaciones magisteriales, comunidades académicas, sociedad civil y actores políticos institucionales). La Secretaría de Educación Pública, no la tiene fácil. Sería un momento de oportunidad escuchar y atender las propuestas alternativas que puedan surgir desde las bases sociales y actores sociales.

Para los fines de este breve análisis sólo quisiera ahondar en la problemática que encierra la gratuidad, obligatoriedad y financiamiento en la política educativa del gobierno en turno.

La LGE es una reconfiguración para transparentar los recursos financieros federales, optimizarlos y contrarrestar los círculos viciosos que paralizan el correcto desempeño de las políticas educativas. Pero también, es un texto desafiante el cual apuesta a la universalidad educativa donde la gratuidad y la obligatoriedad son los criterios normativos a seguir.

La estructura general de la LGE se compone de 11 titulares (Del derecho a la educación, De la nueva escuela mexicana, Del Sistema Educativo Nacional, De la revalorización de las maestras y los maestros, De los Planteles Educativos, De la mejora continua de la educación, Del Federalismo educativo, Del financiamiento a la educación, De la corresponsabilidad social en el proceso educativo, De la validez de estudios y certificación de conocimientos, De la educación impartida por particulares), 36 Capítulos, 181 Artículos y 17 Transitorios. El documento fue validado por el Poder Ejecutivo, Cámara de Diputados y Secretaría de Gobernación.

Lo que el viento se llevó

Dicha Ley pretende ser un documento de vanguardia que se esfuerza por romper con las pasadas prácticas institucionales. Pretende eliminar los engranajes de la burocracia tecnócrata incubada en el sistema de educación nacional y suprime decretos contraídos obsoletos o de dudosa reputación.  Por ejemplo, se derogan la Ley General de Educación (1993) y la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (2008), junto con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa,   así como todos los reglamentos, acuerdos, convenios e iniciativas contraídas en los sexenios pasados contrapuestos al nuevo decreto oficial.

En los últimos 20 años, cada forma de gobierno en nuestro país, ha percibido el fenómeno educativo de manera homogénea: las diversas reformas educativas del pasado sostenían que la educación es sólo un medio para adquirir conocimientos, actitudes, habilidades y valores que podían hacer del educando alguien capacitado para el trabajo operativo, de dirección o de facilitador. Se creyó que el lenguaje empresarial, las técnicas de planeación, los resultados con base en indicadores y el cumplimiento de reglamentos rígidos, eran la clave para obtener una educación de “calidad”. Se creía que la escuela es una empresa.

Si se compara la actual reforma educativa con los programas anteriores, particularmente lo referido a la educación superior, aparecen antinomias irreconciliables: antes, los servicios educativos públicos tenían que ser restringidos (cobertura limitada para ahorrar presupuesto), los planes y programas académicos, así como los perfiles deseables de los egresados, tenían que estar direccionados hacia las necesidades de las empresas privadas (nacionales y transnacionales). En la LGE se retoma el imperativo categórico de “educación nacional” y en donde los servicios ofertados deben apostar al desarrollo del interés público, de la industria nacional, del bienestar local y regional, así como a la gratuidad y obligatoriedad. Lo que se busca ya no es la calidad sino la excelencia en las escuelas, universidades y tecnológicos públicos.

Universalidad educativa: sueño o desafío

Gratuidad, obligatoriedad y financiamiento son centro de análisis en torno a la LGE. Artículo Tercero y Fracción Décima Constitucional, señalan temas de la gratuidad, obligatoriedad y responsabilidades del Estado. Artículo Transitorio Décimo Quinto, refiere a la distribución de los recursos económicos para las entidades federativas y municipios, así como de los fondos necesarios para garantizar gratuidad y obligatoriedad  de los servicios en las instituciones de educación superior (IES) públicas.

La LGE se ocupa  de la gratuidad, la obligatoriedad y el financiamiento con el objetivo de garantizar el concepto de universalidad educativa. Nadie pondría en duda la idea de que todo mexicano y mexicana, sin importar edad, lugar de origen, clase social, capacidades distintas y procedencia étnica, tengan un lugar asegurado en alguna institución educativa, principalmente en las IES.

En resumen, la Ley General de Educación pretende reestructurar los siguientes órdenes: de lo político-educativo, porque los principios de igualdad, inclusión y excelencia, son los pilares para construir una sociedad basada en derechos a la educación; de lo social, porque no sólo basta enunciar derechos, sino de instrumentarlos a partir de la apropiación social de los conocimientos, innovaciones científicas y desarrollos tecnológicos, útiles para el desarrollo y recreación de las personas; de lo económico, porque la gratuidad y la obligatoriedad son esquemas públicos de acceso y mejora de oportunidades que a futuro sirven para desarrollo profesional y laboral, así como también ayudan a disminuir los gastos familiares destinados para la educación de los hijos; de lo financiero-administrativo, porque se compromete a inyectar mayores recursos económicos (independientemente del presupuesto ordinario) para infraestructuras físicas, académico-laborales, servicios generales, así como también trasparentar los recursos, reducir procesos administrativos superficiales y promover una cultura administrativa pública basada en la eficacia, eficiencia, equidad y en la honradez.

Cumbres borrascosas: las finanzas

Los problemas comienzan cuando se habla de dinero y de su distribución. Aunque se mencionan fondos derivados por la renta de petróleo, la austeridad republicana y la eliminación de intermediaros “institucionales” (burocracia educativa), para reactivar y asegurar los servicios de gratuidad y obligatoriedad de las IES, a corto plazo, se vislumbra cierta asertividad.  Pero en el rubro sobre financiamiento, se nota cierta oblicuidad borrascosa, pues se requería mucho dinero para lograr las metas del 2024.

Quizás por efecto de la transición de gobiernos, en el 2018 y 2019 el incremento al subsidio ordinario a las IES públicas federales fue de cero por ciento y a las estatales de 0.1 por ciento. Los fondos extraordinarios de apoyo a la calidad, ampliación de la oferta y apoyo a problemas estructurales, cayeron de 15.8 mmp en 2009 a 1.7 mmp en 2019.

Haciendo una comparativa entre sexenios de costo por alumnos en las IES pública, se encuentra lo siguiente: 53.2 mil pesos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari; 61.7 mil en el de Ernesto Zedillo; 67.2 en el de Vicente Fox; 69.5 mil en el de Felipe Calderón; 59.3 en el de Peña Nieto y de 49.3 mil pesos en el primer año de López Obrador.

Para alcanzar una cobertura del 50 por ciento al finalizar el sexenio en turno, se requiere un crecimiento de 2. 35 por ciento anual. Actualmente se asignan 114, 728  millones de pesos para educación superior lo que equivale a un 38 por ciento (de los 300 mil 140 millones de pesos asignados al sistema educativo nacional). Para alcanzar la meta sexenal en el 2024 (50 por ciento de atención a la demanda), se requerirá de 2 mil 628 millones anuales. En el 2019 tan sólo se ha alcanzado el 36 por ciento, equivalente a 2.95 millones de alumnos. Al finalizar el sexenio se necesitará de 15 mil 768 millones de pesos para lograr la meta deseada y así haber incorporado a la educación pública superior a 600 mil estudiantes por año, aproximadamente. Ahora bien, si se agrega el rubro de innovación, investigación, ciencia y tecnología, lo programado, en términos financieros, sería una carga más al presupuesto y al plan sexenal de gobierno en turno. ¿Alcanzarían los recursos económicos para tales fines?

¿Masificación educativa y precariedad formativa?

La masificación educativa, especialmente en el nivel superior, no es un tema nuevo. A menos desde mitad del siglo pasado en Europa, se exploró la dinámica (Higher Education Massive Growth) de abrir de manera completa el ingreso a cualquier institución escolar pública.

En América Latina, la tendencia hacia la masificación, provino después de un proceso de democratización que vivió la región a principios de la década de 1980. Los gobiernos democráticos y populares que habían superado las dictaduras y oligarquías nacionales, se oponían a la emergencia del neoliberalismo educativo (privatización de la educación) promovido por los titanes de aquellos años (Margaret Thatcher, Ex Primera Ministra del Reino Unido y Ronald Reagan, Ex Presidente de los Estados Unidos). Los endebles gobiernos democráticos apostaron por políticas de bienestar universales para los ciudadanos en general. Los sistemas educativos, a través de la gratuidad, lograron universalizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los jóvenes a las universidades y politécnicas.

La expansión de la cobertura de la educación terciaria o superior continuó desde 1980 hasta casi el 2010. La experiencia lograda fue superar la educación elitista, luego masificarla (llegar al mayor número de personas posibles) y ahora, para estos años y los próximos, consolidarla a través de la universalización.

La mayoría de las personas, en su sano juicio, no se opondría a la gratuidad de los servicios educativos. Probablemente, existan voces contrarias que digan que la educación pública es una inversión estúpida que los gobiernos no deban atender. Esas voces dirían que el populacho no requiere educación, sino más bien trabajos, oficios.

Sin embargo, plantear la idea de masificación educativa en cuanto que recurso ideológico, pragmático-electoral o ingenuo, que no esté articulada de manera orgánica a un proyecto de nación factible, deseable y justo –en términos ético-constitucionales– y de desarrollo ciudadano, sería una falacia muy costosa (social, económica y políticamente).

El problema de la masificación consiste en no poner atención al proceso formativo ni tampoco los contenidos de la enseñanza. Utilizando una analogía, sería como una fábrica de pan malhecho, donde se hace mucho bolillo sucio, duro y sin ningún nutriente. Los procesos de enseñanza-aprendizaje han sido reducidos a formalismos, procedimientos, estrategias y objetivos meramente burocráticos (bancarios, como diría P. Freire), técnicos que vacían los contenidos cualitativos de dicho proceso. La LGE, corre ese riesgo, masifica pero no genera procesos formativos críticos, innovadores, responsables.

En los últimos años y haciendo un breve diagnóstico sobre los resultados de la masificación, en cuanto a las cualidades formativas de la enseñanza a nivel superior, ésta ha sido precaria en cuanto a los desarrollos de las capacidades y apropiación de los conocimientos de los egresados, a la limitada aplicación o transferencia de saberes en los terrenos de lo social, industrial, tecnológico. Así como también escasa conexión de las profesiones con los circuitos de la producción.

Otro hallazgo empírico ha sido el aumento de apoyos económicos o en especie (becas, computadoras, libros) para conservar la matrícula pero, paradójicamente los índices de deserción se incrementan. A mayor tendencia de la masificación educativa, las organizaciones estudiantiles críticas, propositivas, con alto sentido de responsabilidad social, han mermado. En cambio, han aparecido grupúsculos de alumnos que sólo saben gestionar sus intereses particulares.

Otra de las complejas derivaciones de la masificación de la matrícula y también de la expansión de los egresos ha sido la caída relativa del salario de los docentes y de los profesionales, lo que tiene variadas y complejas determinaciones. Por un lado, el egreso de los profesionales universitarios no guarda correlación con los niveles del mercado laboral (con sueldos y salarios decorosos o justos). En ese sentido, las escuelas del neoliberalismo fueron un fiasco, pues aunque también apoyaban la idea de una masificación gradual, el objetivo fue aspirar a desmantelar la educación pública.

Quizás la rebelión de las élites tecnócratas del país contra la educación pública y popular, estén logrando su victoria realizada por el Covid-19: pues la educación pública puede caer una vez más en un bache que seguramente aprovecharan los empresarios o el sector educativo privado para sacar ventajas particulares ante la situación compleja por la que atraviesa el país.

La LGE no tiene que prometer estrategias de universalidad o gratuidad educativa y en los hechos actúe como un programa vulgar de inspiración neoliberal. El prometer no empobrece, pero cuando no se cumple, el pueblo se decepciona. Decía Joseph Addison: “El hombre debe considerar siempre lo que tiene antes de lo que quiere; la infelicidad viene cuando la realidad no llega”, o bien, cuando la turbulencia pandémica eche abajo las buenas intenciones y coagule el fluir de las acciones institucionales.

Fuente: El autor escribe para OVE.

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Experiencias de pueblos indígenas con la educación superior en América Latina

Pluma Invitada

Por: Pluma invitada

Un importante nuevo proyecto de investigación, en el que participan académicos de la Universidad de Bath del Reino Unido con colegas de la Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se lanzó con el objetivo de comprender el impacto de la educación superior en pueblos indígenas, en ámbitos como la comunidad, la empleabilidad y las relaciones entre pares, en México y en toda Latinoamérica.

Debido a que la mayoría de los pueblos indígenas viven en países en vías de desarrollo, este estudio se contrapone ante una situación en la que las tasas de pobreza de estos grupos son significativamente más altas que en los grupos no indígenas, con resultados no favorables en los ámbitos de la educación y la salud. En México, al igual que en otros países, los pueblos indígenas comparten un legado colonial y poscolonial de discriminación social, étnica y racial, así como de marginación económica y de exclusión de las instituciones nacionales, de sus estructuras legales y políticas. En México el 95% de las personas de los pueblos originarios son consideradas vulnerables comparado con el 43% del resto de la población.

El tema es oportuno dada la agenda progresista de izquierda promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien, en el año 2018, ganó las elecciones, entre otras razones, con la promesa de ampliar el apoyo a los pueblos indígenas del país. Como se ha señalado, la investigación se centrará en México, sin embargo, se espera que los resultados sean relevantes en toda la región latinoamericana y fuera de ella. Para el Reino Unido, también es pertinente en vista del aumento en los esfuerzos realizados en muchas instituciones para descolonizar los planes de estudio

Con respecto a la educación, cabría señalar que, si bien se ha ido avanzando en el acceso de los pueblos indígenas a nivel de la educación secundaria y media superior, éstos aún permanecen excluidos en gran medida de la educación superior. Un estimado del año 2000 indica que sólo el 4% de los jóvenes indígenas cursaban la educación superior; sin embargo, en 2012 este número disminuyó a un 3%. Particularmente, las mujeres indígenas enfrentan muchas dificultades para acceder a las oportunidades educativas y al mercado laboral, además de que tienen una menor participación en posiciones de liderazgo en sus comunidades. Muchas veces, para las mujeres indígenas y rurales, los roles de género se traducen en barreras para los diferentes tipos de oportunidades educativas y laborales disponibles, especialmente en términos de la posibilidad de vivir fuera de casa para realizar sus estudios.

México ha sido pionero en el desarrollo de políticas educativas para grupos indígenas, al abordar las desventajas significativas que éstos enfrentan, a través de medidas de integración (programas de acción afirmativa en universidades establecidas), como de paralelización (con la creación de nuevas universidades). El país también ha sido precursor de las “universidades interculturales”, una modalidad nueva en el ámbito universitario, en las que se enseñan lenguas y culturas originarias y en donde hasta el 70% de los estudiantes son de origen indígena.

El núcleo de esta investigación consistirá en un estudio cualitativo longitudinal de una cohorte, que dará seguimiento al progreso de los jóvenes indígenas a lo largo de su permanencia en la educación superior, para lo cual se están considerando diferentes tipos de instituciones; se examinarán los encuentros, las experiencias y los cambios en las formas de identificación de los jóvenes con el grupo de pares de su comunidad y con los mercados laborales, como resultado de haber asistido a determinada universidad.

El equipo de trabajo de la investigación está conformado por la Dra. Judith Pérez-Castro (UNAM), el Dr. Michael Donnelly (Universidad de Bath, Reino Unido), el Dr. Gunther Dietz (Universidad Veracruzana), la Dra. Ana Cecilia Dinerstein (Universidad de Bath, Reino Unido), el Dr. Andrés Sandoval Hernández (Universidad de Bath, Reino Unido) y el Dr. Hugh Lauder (Universidad de Bath, Reino Unido). Este proyecto, con una duración de tres años, será financiado por UKRI ESRC Research Grants del Consejo de Investigaciones Económicas y Sociales del Reino Unido (a través del esquema de competencia libre con el código ES/S016473/1).

El investigador principal, el doctor Michael Donnelly, del Departamento de Educación de la Universidad de Bath en Reino Unido, plantea lo siguiente: “Las universidades son un lente para observar la forma en que los grupos sociales dominantes ejercen y reproducen sus ventajas a través del peso otorgado a ciertos gustos, disposiciones, cosmovisiones, idiomas, culturas y formas de «conocimiento», que existen dentro de la sociedad. Para aquellos individuos y grupos que no poseen estas formas de identidad, la universidad puede ser inaccesible, desafiante, dolorosa y potencialmente perjudicial. Este proyecto es el primero en su tipo que busca dar seguimiento a una sola cohorte de jóvenes indígenas, durante un período de tres años, a medida que avanzan a través de diferentes tipos de universidades en México, a partir del análisis de los desafíos, rupturas y continuidades de sus identidades. Se trata de una agenda de investigación crucial, la cual producirá conocimiento sobre el impacto de las nuevas modalidades de educación universitaria, diseñadas para los pueblos indígenas. En un momento en el que hay una renovada atención sobre el colonialismo y los conocimientos indígenas, abordaremos la forma en que los diferentes tipos de universidades pueden dar lugar a la continuidad o a la transformación de las identidades de estos jóvenes con sus comunidades, sus pares y sus posibilidades de acceso al mercado laboral.”

La Dra. Judith Pérez-Castro de la UNAM agregó: “La educación superior es considerada un medio importante para la movilidad social ascendente. Sin embargo, todavía hay diferentes formas de exclusión o de inclusión excluyente que inciden en el éxito académico de los estudiantes. Esto es especialmente cierto en aquellas personas que, como resultado de sus condiciones sociales, prácticas colectivas o, incluso, rasgos individuales, son vulnerables.”

“En el caso de los pueblos indígenas, éstos han estado subrepresentados consistentemente en la educación superior, a pesar de que México ha sido pionero en el desarrollo de políticas para la educación indígena e intercultural, que van desde la distribución de apoyos financieros hasta la apertura de programas educativos focalizados. Los impactos de estas políticas también han sido cuestionados, particularmente en relación con la expansión de las oportunidades educativas para los pueblos indígenas, no sólo en términos de sus posibilidades de ingreso al mercado laboral, sino también con respecto al reconocimiento de sus saberes tradicionales, su identidad y la relación con sus comunidades. Esto es especialmente relevante en un momento en que el gobierno federal mexicano busca universalizar el acceso a la educación superior, para ampliar las oportunidades de los grupos sociales más desfavorecidos. El proyecto proporcionará información valiosa para el análisis de la educación indígena e intercultural en México, que puede servir de base para el estudio de otras situaciones en los demás países de América Latina.”

Gunther Dietz de la Universidad Veracruzana señala: “En la última década, jóvenes indígenas han accedido cada vez más a la educación superior mexicana, pero, son casi invisibles, sus lenguas no son reconocidas académicamente y su conocimiento es considerado como folklore mas no como parte del canon académico.”

 “Para ampliar el acceso y la pertinencia, desde el año 2003, se crearon universidades interculturales en distintas regiones indígenas de México. Sin embargo, nunca se han comparado los impactos que este tipo de instituciones tiene en las habilidades, trayectorias e identidades de los jóvenes indígenas con aquellos que las universidades convencionales, no interculturales, logran en las vidas de sus respectivos estudiantes indígenas. Nuestro proyecto proporcionará un primer estudio exploratorio sobre los efectos que las diferentes instituciones y programas de educación superior tienen en estudiantes y egresados indígenas contemporáneos, quienes serán la nueva generación de profesionistas indígenas, de representantes de sus comunidades y de futuros líderes de organizaciones indígenas.

Texto traducido  por Beatriz Suárez Méndez y revisado por Judith Pérez Castro.

Fuente e Imagen: http://www.educacionfutura.org/experiencias-de-pueblos-indigenas-con-la-educacion-superior-en-america-latina/

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México: Proyecciones Educativas 2020-2030

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Es interesante, así mismo, observar el panorama de futuro que presentan la Educación Media Superior y Superior

Algunas de las preguntas que se hacen los expertos o especialistas en planificación y desarrollo de los sistemas educativos, en el plano nacional y local, son, por ejemplo: ¿Cuáles serán las necesidades educativas del futuro? ¿En qué medida la población demandará atención educativa o ejercerá su derecho a la educación durante los próximos años? ¿Cuáles son las capacidades del Estado, actuales y futuras, para garantizar ese derecho humano fundamental? ¿Cuáles son las expectativas tanto de la sociedad como de los gobernantes con respecto a la educación pública?

Para el caso de México, un estudio publicado en 2013, preparado por Adriana Olvera (1), del Centro de Estudios Educativos, propone algunas proyecciones educativas que resultan interesantes: desde el nivel de educación preescolar hasta la superior, que abarcan escenarios entre el año 2015 el 2030. En ese estudio, el cual por cierto logra una interesante caracterización del “Sistema Educativo Mexicano” (por lo cual sugiero su lectura completa), la autora señala que para el año 2020 la población escolar (alumnos inscritos) en Educación Preescolar sería de más de 5 millones 200 mil alumnos; en Primaria de más de 13 millones 862 mil estudiantes, y en Secundaria de 6 millones 569 mil alumnas y alumnos en todo el país.

El escenario futuro de la población escolar, en términos de probable matrícula, para el año 2030, según el estudio mencionado, proyecta una cantidad de alumnos en Preescolar de más de 5 millones 647 mil; en Primaria de 13 millones 200 mil estudiantes y en Secundaría de 6 millones 400 mil alumnos. Como se puede apreciar, la tendencia es a la baja (en cuanto a población escolar) en dos de los tres subniveles de la Educación Básica: Primaria y Secundaria.

Es interesante, así mismo, observar el panorama de futuro que presentan la Educación Media Superior y Superior, en términos de los estudiantes matriculados (según ese pronóstico). De acuerdo con las proyecciones elaboradas por Olvera, a partir de la información proporcionada por la SEP, la Educación Media Superior (EMS) pasará de 5 millones 120 mil alumnos en 2020, a una población escolar aproximada de 5 millones 163 mil estudiantes en el año 2030. Lo que representa una tasa de crecimiento, para la próxima década, cercana al 1 por ciento. Mientras que en la Educación Superior (ES) el ritmo de crecimiento será mayor, puesto que la población escolar pasará de 4 millones 824 mil alumnas y alumnos en 2020 a una matrícula nacional de casi 6 millones de estudiantes (5 millones 983 educandos) para el 2030.

Olvera también afirma, según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que: “La población en edad escolar, es decir de tres a 24 años, descenderá paulatinamente: en 2015 representará el 40 por ciento y en 2030 el 34 por ciento del total de los habitantes del país.” (2) Descenso que habrá de analizarse con más detenimiento en virtud del diseño de las políticas públicas educativas del futuro.

Finalmente, con respecto a la evolución de la población escolar en los escenarios de futuro, Olvera asevera que: “En la prospectiva realizada por la SEP, la tendencia educativa será ampliar la matrícula en Preescolar, Bachillerato, Superior y capacitación para el trabajo; y se reducirán las de Primaria y Secundaria… El crecimiento más importante de la matrícula se registrará en el nivel superior, en particular de 2015 a 2025. En cambio, bachillerato es un nivel que solo tiene un gran aumento previsto de 2015 a 2020, para llegar a crecer menos de 1%. Llama la atención que en 2030 se tenga contemplado que ingresen solo 8 mil 317 alumnos más que en 2025. A su vez, Preescolar tiene tasas de crecimiento positivas en matrícula, que se van haciendo más bajas cada quinquenio. Algo similar sucede en capacitación para el trabajo.”

cuadro educacion

GráficaJuan Carlos Miranda

En general, es importante hacer mención de estos escenarios de futuro, en lo que concierne al comportamiento población de educación formal y no formal (capacitación para el trabajo) en México, esto con la intención de discutir las orientaciones y la toma de decisiones que actualmente las autoridades educativas, federales y estatales, asumen.

“En términos generales, -dice Olvera- se han descrito los dos momentos de la vida educativa del país puestos en contraste, obviando en mucho los procesos que condujeron a que ambos tuvieran lugar. Los escenarios son distintos, la presión demográfica que se encontraba en preescolar y primaria ha cedido y se está trasladando a los niveles educativos superiores. ¿De qué manera están contando las previsiones del cambio demográfico en las decisiones de política educativa actualmente? ¿las proyecciones presentadas en el último apartado de este diálogo revelan el rumbo de la política educativa?”

En ese sentido justamente cabe preguntar: ¿Cuáles son las acciones y sus efectos de las políticas públicas educativas, aplicadas hoy, en torno de la EMS y la ES? Sobre todo tras la creación del sistema de universidades “Benito Juárez”. ¿Existe congruencia entre los proyectos educativos nacionales (creación de nuevas instituciones educativas al vapor, becas para estudiantes de EMS y ES, etc.) y la realidad educativa (actual y futura) del país? ¿Cuáles son las previsiones que al respecto han considerado los planificadores y estrategas (si es que los hay) de la educación pública, y específicamente los que trabajan –dentro de la SEP- para el régimen de la “4T”?

“Los datos que aquí se han mostrado permiten aprender varias lecciones. Una de ellas es que la urgencia de los últimos tiempos no deberá ser solo atender lo emergente demográficamente (bachillerato y superior), pues se trata de mantener andando la dinámica de elevada atención en primaria y secundaria, que se puede lograr aprovechando la capacidad instalada (escuelas y docentes) y el descenso de la presión demográfica, así como de ser capaces de no desacelerar aquellos esfuerzos que aún no se han consolidado, como los de preescolar y capacitación para el Trabajo, donde una buena parte de la demanda potencial sigue reclamando atención.” (3)

Fuente consultada:

(1) Olvera, Adriana. (2013) “Las últimas cinco décadas del sistema educativo mexicano”. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XLIII, núm. 3, pp. 73-97.

(2) En la imagen que acompaña este texto, se pueden apreciar los datos completos del cuadro No. 9 de referencia.

(3) Olvera, A. (misma obra)

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/columnas/juan-carlos-miranda-proyecciones-mexico-educacion-2020-2030.html
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España: 127.000 profesores, convocados a la huelga contra el decreto de escolarización de la Junta

Noticias

Redacción: El País

Los sindicatos emplazan a los docentes a parar por “el ataque” a la escuela pública y por “favorecer” a la concertada.

Los 127.538 docentes y 12.700 miembros de personal laboral de los centros de enseñanza en Andalucía están llamados a la huelga el próximo 4 de marzo para protestar por el nuevo decreto de escolarización de la Junta (PP y Ciudadanos), que beneficia a la escuela concertada. La Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, que aglutina a los sindicatos CC OO, UGT, CGT y USTEA, ha convocado el paro junto a  las asociaciones de padres y madres y el Frente de Estudiantes. Mientras, las centrales mayoritarias CSIF y ANPE aún no han decidido si se sumarán a la huelga, que podría afectar a 1,8 millones de alumnos. Eso sí, ambos sindicatos lo ven con buenos ojos porque ya avanzaron un calendario de movilizaciones contra la primera medida de cariz político del consejero Javier Imbroda (Cs), tras un año en el cargo.

La medida significa para los sindicatos “un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza” y “profundizar” en las políticas de libertad de elección de centro desarrolladas en comunidades como Madrid (donde rige el distrito único escolar), y que de momento Imbroda asegura que no se implantará en Andalucía. Sin embargo, el consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo (PP), puntualizó que “la medida iba en la senda de lo que queremos realizar en el futuro”, en un guiño a Vox, partido ultra necesario para aprobar los Presupuestos autonómicos y con el que el PP firmó la supresión de las zonas educativas en el acuerdo de investidura hace un año. En Andalucía la educación concertada representa el 23% y la pública el 77%, en 7.144 centros educativos.

La bajada de la natalidad es constante en los últimos años y en Andalucía ha provocado la pérdida de 867 unidades públicas solo entre 2017 y 2019, según cifras de CC OO. Y dado que las plazas concertadas están blindadas por un convenio de 2017 firmado por el Ejecutivo autonómico, los próximos recortes apuntan a las plazas de la enseñanza pública. “La Junta no puede enfrentar el derecho a la educación colectivo a la libre elección de centro. Eso solo lleva al clasismo. Si seguimos así, las clases bajas quedarán como guetos. Solo tienes que irte a Estados Unidos, allí funciona a lo grande”, critica Olga Granado, de USTEA.

La Consejería de Educación ha rebajado el impacto de su nuevo decreto en un comunicado: “No supone ninguna revolución, solo viene a establecer determinados ajustes en el procedimiento de admisión, a mejorar garantías, a reforzar el equilibrio, la estabilidad, el orden y la transparencia a la hora de adjudicar vacantes, y a ampliar el número de familias que puedan elegir el tipo de centro”.

Imbroda aseguró el pasado lunes que el decreto era fruto del “consenso” con la comunidad educativa. “Eso es falso y denota su desconocimiento del proceso de negociación para un decreto”, responde Elena García, de CSIF, que ha pedido al resto de sindicatos una reunión urgente para consensuar las movilizaciones. El otro sindicato mayoritario, ANPE, también ha cargado contra el consejero para aclarar que manifestaron “de forma unánime nuestro rechazo al mismo en la fase de proyecto” del decreto. Leticia Vázquez, de la confederación de asociaciones de padres y madres Codapa, añade: “Nos prometieron adelantarnos el decreto y no lo han hecho, han ignorado todas las propuestas, no me podía creer que hablara de consenso”. El Consejo Escolar de Andalucía sugirió 55 modificaciones del decreto a la Consejería de Educación en su dictamen del pasado 24 de octubre, de las cuales la Junta afirma que ha adaptado 28.

Sobre la política educativa que desarrollará la Junta los próximos tres años de legislatura, Molina censura: “No hay un plan oculto, es nítido y transparente. Las unidades públicas caen en picado en beneficio de la red concertada”. Ante la convocatoria de paro, Vox ha reprochado a Imbroda haber pecado de inacción: “Para este viaje hubiera sido más práctico afrontar las reformas que necesita la enseñanza, porque las huelgas las íbamos a tener igual”, ha dicho el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Fernández.

En Andalucía el 82% de los municipios carecen de educación concertada, pero ese 18% concentra el 75% de la población, según el Gobierno andaluz. En las ciudades la enseñanza concertada se convierte a veces en la primera oferta, como en el casco histórico de la capital andaluza. “Si los padres optan por los centros concertados, puede que los centros públicos del centro de Sevilla desaparezcan”, ejemplifica Sandra Fernández de UGT. Imbroda se reúne con los sindicatos el próximo viernes para intentar templar la corriente en contra de su línea política que ha unido a la comunidad educativa.

Fuente: https://elpais.com/ccaa/2020/02/19/andalucia/1582128228_410234.html

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CLADE: Nueva reforma educativa en México y la institucionalización del poder corporativo

Entrevistas

Por: CLADE.

En este relato, Mauro Jarquín, investigador de temas relacionados a la política educativa, aborda la ley y las políticas mexicanas, analizando en qué medida ellas favorecen el lucro y la privatización en la educación

Mauro Jarquín: “Lo que se ha fortalecido en esta nueva reforma educativa es la privatización endógena“. Foto: Divulgación/Mauro Jarquín

Se ha completado un año de gestión de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, país que nunca había sido gobernado por un partido públicamente declarado de izquierda. Una de sus primeras acciones en el gobierno fue la promulgación de una reforma educativa, que también completó un año de vigencia.

La reforma, según especialistas y líderes del campo educativo del país, se presentó como un cambio a la reforma anterior, de 2013, impulsada por el ex-presidente Enrique Peña Nieto.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) conversó con el especialista e investigador mexicano Mauro Jarquín para saber más sobre la reforma, y si realmente significó una ruptura con la política educativa anterior. Además, se indagó si la reforma favorece u obstaculiza la privatización y el lucro en la educación nacional.

Tesista de Ciencia Política, ex-consejero estudiantil en la FCPyS y colaborador de medios electrónicos como Insurgencia Magisterial y Otras Voces en Educación, Mauro Jarquín investiga temas relacionados a la política educativa, la organización política del empresariado y la historia económica de América Latina.

En este relato, que resulta de la conversación, Mauro Jarquín analiza cómo la educación mexicana, aún con la reforma, está lejos de ser pensada como un derecho, ya que el Secretario de Educación actual ha sido presidente de una de las más grandes fundaciones privadas de educación. “Lucro y educación siguen siendo un norte para la política educativa mexicana”, destacó.

“Lo que plantea ahora el gobierno no es únicamente generar una política fiscal que incentive un consumo de educación privada, sino dar directamente recursos a aquellas personas que están en las escuelas privadas”, añadió. Lee el relato completo:

El lucro y la reforma educativa en México

Estamos en este momento cruzando un proceso de reformas educativas que se inició formalmente desde diciembre de 2018. En relación a la privatización y al lucro en la educación, pasamos de una política que era una especie de terapia de choque, la reforma de 2013, a una más bien gradual porque los elementos que eran los más evidentes sobre la posibilidad de lucro en la educación, más allá de la provisión privada directa, fueron quitados.

“Lo que se ha fortalecido en esta nueva reforma educativa es la privatización endógena”

Por ejemplo, en el artículo 2073 de la Constitución, no se habla en subvenciones del gobierno directamente a proveedores privados del servicio educativo, lo que sí se menciona tanto en el artículo constitucional como en la ley general de educación, es la posibilidad de que los proveedores privados colaboren en los procesos de gobierno, en los procesos educativos públicos.

Lo que se ha fortalecido en esta nueva reforma educativa es la privatización endógena porque se recuperan mecanismos de administración y gerenciales en la educación pública. Lo que es más evidente es el lineamiento para la generación de una especie de gobernanza corporativa en la educación. Es una privatización de la política educativa.

Esa privatización de la política educativa se encuentra en la Ley General de Educación en los artículos que son relativos al fomento y a la provisión de la educación inicial. La educación inicial en México actualmente es provista en un 39.3% por la iniciativa privada, y la reforma constitucional que se publicó oficialmente el 15 de mayo pasado establece que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial.

Garantizar ≠ proveer

Sin embargo, para la jerga jurídica mexicana, garantizar no es necesariamente lo mismo que proveer. Entonces, el Estado puede garantizar el acceso de los niños y las niñas a la educación inicial, por ejemplo, a través del fomento a la provisión de servicios por parte del sector privado.

Eso más bien es una interpretación porque no está en la ley. Lo que está en la ley es que el Estado fomentará la cultura de la educación inicial con apoyo de privados, sociedad civil y organismos internacionales, en el artículo 38.

En el artículo 39, se menciona que la autoridad determinará principios rectores de la educación inicial con la colaboración de privados y organizaciones de la sociedad civil. Lo importante aquí es que, en el proceso político de la reforma, este artículo relativo a la educación inicial fue una exigencia, particularmente, del grupo de empresarios “Mexicanos Primero”. Forma parte de la agenda regional que ha sido impulsada por Interamerican Dialogue desde algunos años, y que busca impulsar agendas para la educación inicial en los 14 países donde se encuentran las organizaciones que ingran la Reduca. Sin embargo, no hay explícitamente en la Ley General de Educación un artículo que habla sobre subvenciones, por ejemplo, o sobre financiamiento educativo a la demanda.

Calidad x excelencia

La reforma educativa se expresa particularmente en el artículo 3º de la Constitución. Manuel López Obrador llegó al gobierno con un gran apoyo del magisterio mexicano en general, independientemente de su filiación sindical, pues afirmó durante toda su campaña electoral que eliminaría la reforma educativa de Peña Nieto.

La reforma educativa anterior establecía una educación de carácter gerencial, políticas de autonomía para las escuelas, fomentaba alianzas público-privadas y cambios en el sistema de gobernanza. Se solía decir que era una especie de choque con relación a la tradición educativa mexicana.

“En la reforma actual, sustituyeron toda la noción de calidad – como concepto rector del artículo constitucional – por excelencia, de modo que el fundamento de toda la reforma es que la educación mexicana entiende excelencia como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje en los educandos, para el fomento del pensamiento crítico y el vínculo entre la escuela y la comunidad”

Lo que hizo el presidente actual fue enfocarse particularmente en el tema de las políticas de rendición de cuentas en Educación con respecto al magisterio y la constitución de un esquema de carrera docente menos meritocrático, un poco menos estandarizado.

Sin embargo, quedaron elementos que apuntan a que el sentido educativo responde mucho al interés del mundo corporativo. Por ejemplo, el artículo rector de la reforma educativa de 2013, el concepto rector de calidad en la educación y la definición de calidad educativa, era el máximo logro de aprendizajes de los educandos.

En la reforma actual, sustituyeron toda la noción de calidad – como concepto rector del artículo constitucional – por excelencia, de modo que el fundamento de toda la reforma es que la educación mexicana entiende excelencia como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje en los educandos para el fomento del pensamiento crítico y el vínculo entre la escuela y la comunidad. Sin embargo, cuando vemos las políticas de evaluación que se están planteando realmente es una especie de continuidad.

Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/nueva-reforma-educativa-en-mexico-lucro-y-privatizacion/

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Jornada única o cómo improvisar en política educativa

Ángel Pérez Martínez

Por: Ángel Pérez. 

 

La jornada única, proyectada como una posibilidad para mejorar la calidad y las condiciones materiales en las que estudian los niños pobres en Colombia, se desarrolla de manera improvisada, con obstáculos normativos y financieros, y lo peor con enfrentamientos permanentes entre rectores y maestros que dañan el clima laboral y escolar de los colegios públicos.

La propuesta de avanzar de la media jornada a la jornada única surgió como una posibilidad para mejorar la educación pública. El sistema educativo en Colombia segrega entre colegios privados de buena calidad para los niños de familias ricas y colegios públicos para niños pobres. También, el sistema discrimina entre niños y colegios por el tipo de jornada escolar que tienen unos y otros, por los días al año que asisten a clases, por la calidad de los aprendizajes, por ser o no bilingüe y por las acciones de formación cultural, recreativa, física y hasta de apoyo emocional y de orientación que brindan unos colegios y otros no.

El investigador Eduardo Lora en Revista Dinero señalaba que: “Como los colegios segregan socialmente y además la movilidad social entre generaciones es casi nula, la mayoría de los colombianos pueden pasar toda la vida sin haber conocido de cerca a nadie de una clase social distinta a la de su propia familia”. Él reconoció que, aunque la segregación social es indeseable, tiene la ventaja de lograr que el gasto público en educación básica sea muy redistributivo, pues todo el gasto que se realiza en los colegios públicos se concentra en los pobres.

Los colegios a donde asisten los niños de estrato 0 o 1, ofrecen media jornada escolar, están ubicados en los barrios más pobres o en las zonas rurales más alejadas y abandonadas por la acción del Estado;  el resto de los colegios oficiales atiende una combinación de estudiantes que provienen de familias de estratos 2 y 3; mientras los de estratos 4, 5 y 6 van a colegios privados, y en ciudades como Bogotá incluso parte del estrato 3 asiste a estos últimos, el 40% de la educación básica y media de Bogotá es privada y cuenta con jornada única.

Con la media jornada escolar, los profesores de preescolar tienen la obligación de trabajar con los estudiantes 20 horas a la semana; conclusión, en la mayoría de colegios públicos los niños entre 3 y 5 años ingresan a las 7 a.m. y los adultos responsables los deben recoger a las 11 a.m. Imaginen una madre cabeza de hogar que trabaja (según Dane el porcentaje de hogares con jefatura femenina, en cabeceras alcanza el 40 %), no puede recoger a su hijo, ella debe buscar otra opción para su hijo, dejarlo con una vecina o un familiar. Igual sucede en primaria, los profesores están obligados a trabajar con los estudiantes solo cinco horas diarias. Según la encuesta de calidad de vida del Dane 2018, solo el 39,9% de los niños entre 0 y 5 años son atendidos en establecimientos tales como hogares comunitarios, jardines, centros de desarrollo infantil o colegios, el 14,4% de los niños queda al cuidado de personas diferentes a los padres.

Conocemos que en condiciones normales mientras más disfuncional es la familia y existe mayor pobreza y problemas tales como embarazo juvenil, violencia y otros desafíos sociales, los padres de familia colaboran menos con los colegios y los maestros; al contrario, los colegios se desgastan enfrentando entornos violentos, padres o cuidadores maltratadores y en mejorar el clima escolar. El efecto familia y entorno social es muy negativo para los niños y adolescentes, ellos necesitan más colegio, mejor educación, mejores maestros, eso lo sabemos desde el siglo pasado, por eso bienvenida la jornada única.

Con la jornada única el Gobierno pretende que los docentes pasen de seis a ocho horas diarias en los colegios e incrementen la cantidad de horas efectivas con los estudiantes en aula, sin embargo, no existe un acuerdo de salario, ni de prórroga del tiempo laboral en el colegio y en el aula con los 320.000 docentes de la educación oficial.

Para poder funcionar con la jornada única, algunas secretarías autorizan horas extras, otras tienen poder económico y contratan docentes provisionales, sin concursos, en algunos colegios los rectores negocian (o imponen)  con los docentes para que trabajen tres días seguidos ocho horas y un día seis, así completan las 30 horas a la semana, lo que significa que no van un día entre semana (todos se pelean el lunes o el martes); en otros colegios los docentes están trabajando en diferentes horarios durante el día hasta completar las 30 horas a la semana y a otros docentes, de manera especial los provisionales, los obligan a permanecer hasta 40 horas a la semana. Esta falta de normatividad y de recursos para la jornada única conlleva a la guerra entre docentes y rectores y explica por qué la mayoría de los directivos de los colegios no quieren comprometerse con la jornada única y los que ya están funcionando en jornada única, cerca del 15% del total de la matrícula, exigen su revisión o devolverse a la media jornada escolar.

Al final de estas lamentables discusiones y desencuentros entre adultos, están los 7,5 millones de niños de Colombia que requieren una mejor educación, pero que no tienen a nadie para que luche por ellos, a las familias más pobres no les interesa la calidad, por eso no protestan para mejorar la calidad, con el hecho de que exista colegio y puedan matricular a sus hijos basta.

Fecode no se opone, existe un acuerdo con el MEN para que la jornada única avance, previo cumplimiento de requisitos (condiciones de infraestructura, bienestar de los estudiantes y aprobación del nuevo plan de estudios por parte de los consejos directivos) y respeto por la jornada laboral de los docentes. En el fondo el problema es de recursos, por qué no lograr un acuerdo para que el incremento de los recursos del Sistema General de Participaciones acordado con Fecode, por este gobierno, se destine de manera exclusiva a hacer viable, con gradualidad, la jornada única.

Fuente del artículo: https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/jornada-unica-en-colombia-o-como-improvisar-en-politica-educativa-por-angel-perez/281610

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