Luego de Chile está Costa Rica, con el puesto 45 en la lista, le siguen México (posición 61), Uruguay (62) y Colombia (63).
Chile es el mejor país en la región de Latinoamérica y el Caribe en términos de innovación, según un estudio realizado por la Universidad Cornell, la escuela de negocios Insead y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (dependiente de la ONU).
Entre los 128 países analizados en el mundo, Chile ocupa la posición 44 del ranking, que evalúa la calidad de las instituciones, los avances del mercado, la investigación y desarrollo, las producciones creativas y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
«La innovación es nuestra principal herramienta para abordar los desafíos a los que se enfrenta el mundo, como es dar de comer a una población que aumenta cada vez más, haciendo uso de herramientas competitivas para aprovechar los recursos de la tierra”, aseguró el director general de la OMPI, Francis Gurry.
Algunos de los puntos evaluados donde Chile destaca son efectividad del gobierno, la calidad regulatoria, las instituciones, infraestructuras y su desarrollo empresarial. Sin embargo, baja en el ranking en cuanto a los gastos destinados a educación y en temas salariales y de empleo.
La investigación resalta como una de las fortalezas de Chile el porcentaje de estudiantes inscritos en los colegios, con el noveno lugar entre los 128 países. Los servicios online del gobierno, en el que sobresale en el puesto 16.
Suiza, Suecia y Holanda son los países líderes en innovación, según el Índice Global de Innovación que publica anualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este año, el estudio se centra en cómo los adelantos en la agricultura y el sector alimentario pueden ayudar a alimentar al mundo.
Una de las fortalezas más curiosas destacadas en el ranking es el número de ediciones a páginas de Wikipedia, donde Chile se ubica 21 en el mundo. En el 2016 los países más innovadores estaban encabezado por Suiza, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y Finlandia, en los primeros lugares.
Maestros de educación básica denunciaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretende aplicar el programa de Escuelas de Verano sin invertir ningún recurso, incluso a los planteles de tiempo completo, que aplican un calendario de 200 días de clases, se les ha propuesto cerrar anticipadamente las actividades académicas de este ciclo escolar y ofrecer 15 días de actividades lúdicas, empleando al mismo personal docente.
Desde la semana pasada, afirmaron, nos llegó una circular a las escuelas de tiempo completo, donde se plantea realizar actividades, como tertulias literarias, talleres de matemáticas y el programa de Escuelas de Verano, pero sin dar ningún apoyo. Obtener los recursos será responsabilidad de cada escuela.
Francisco Bravo, con más de 25 años de servicio en educación primaria e integrante de la dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), destacó que las autoridades educativas ofrecen que se pueda cerrar el ciclo administrativo con la entrega de calificaciones de forma anticipada el 4 de julio, y las dos semanas siguientes ofrecer a los alumnos la Escuela de Verano o actividades lúdicas, ya que el fin de cursos para los centros escolares con calendario de 200 días de clases es el 18 de julio.
Agregó que la SEP dejó en el olvido su discurso de cumplir a toda costa con un calendario de 200 días, por una nueva ocurrencia a la que no destina ningún recurso.
El docente indicó que también se les informó que para el próximo ciclo escolar 2017-2018, que se inicia en agosto próximo, los planteles de educación básica de la Ciudad de México sólo podremos optar por un calendario de 185 o 195 días de clases, pese a que la SEP aprobó implementar tres calendarios: de 185 días, uno de 195 y otro de 200 días de clases.
De acuerdo con cifras dadas a conocer por funcionarios de la dependencia federal, sólo 10 por ciento de las casi 200 mil escuelas de prescolar, primaria y secundaria en el país optaron por aplicar un calendario de 185 días, cuyo año escolar concluye el próximo 27 de junio.
Profesores frente a grupo de primaria y secundaria destacaron que hay preocupación, porque muchos planteles no tenemos recursos para participar en el programa de Escuelas de Verano, que suele ser atractivo para los niños y sus padres, porque tienen un espacio donde pueden realizar diversas actividades, pero sin recursos ni apoyo de personal, echarlo a andar depende de los fondos que podamos recolectar.
Recordaron que el programa en 2016 contempló tres semanas de actividades, del 20 de julio al 5 de agosto, para alumnos de prescolar, primaria, secundaria y educación especial. Se abrió la escuela de lunes a viernes en jornadas de cuatro horas para realizar diversas actividades con el apoyo de estudiantes de escuelas normales o de carreras pedagógicas, pero resultó insuficiente ante una creciente demanda de padres que desean enviar a sus hijos.
En 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con la finalidad de concentrar la atención en este problema mundial y su forma de erradicarlo.
En esta fecha se tiene la oportunidad de fomentar y coordinar las iniciativas de los gobiernos, las patronales y sindicatos, la sociedad civil, los medios de comunicación y muchos otros actores locales, como escuelas y ayuntamientos, en la lucha contra el trabajo infantil.
Esta situación que afecta a niñas y niños alrededor de todo el mundo, busca concientizar e impulsar los cambios necesarios para que ninguno sea privado de la posibilidad de acceder a la educación, la salud, la recreación y las libertades elementales.
Trabajo infantil es toda la actividad económica o estrategia de supervivencia, sea remunerada o no, realizada por niños y niñas menores de 16 años.
La prohibición del trabajo infantil se extiende hasta los 18 años cuando se trata de un trabajo peligroso.
Víctimas de conflictos y desastres naturales
Según las Naciones Unidas, en el mundo, más de 1.500 millones de personas viven en países afectados por conflictos, la violencia o la inestabilidad. Además, cada año, alrededor de 200 millones de personas son víctimas de catástrofes naturales, un tercio de las cuales son niños.
Una proporción importante de los 168 millones de niños víctimas del trabajo infantil viven en esas zonas. Por ese motivo, este año nos centramos en abordar el efecto de los conflictos y los desastres naturales en el trabajo infantil.
En general, estas situaciones extremas tienen un efecto devastador en la vida de las personas: mueren, resultan mutiladas y heridas, se ven obligadas a abandonar sus hogares, se destruyen sus medios de subsistencia, se les aboca a la pobreza y el hambre, y se violan sus derechos humanos.
Los niños suelen ser las primeras víctimas, al destruir las escuelas y los servicios básicos. Los menores desplazados o refugiados en otros países son particularmente vulnerables a la trata y al trabajo infantil.
Es necesario adoptar medidas urgentes para combatir el trabajo infantil en las zonas afectadas por los conflictos y los desastres. De hecho, la Meta 7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº8 tiene por objeto:
«Asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas«.
Juntos debemos intensificar y acelerar los esfuerzos para erradicar esta práctica, incluso en las zonas afectadas por los conflictos y los desastres.
¿Por qué un niño no debe trabajar?
Las tareas laborales disminuyen su rendimiento escolar o directamente lo obligan a abandonar la escuela.
Porque los niños están en pleno crecimiento físico, mental y emocional, y el exceso o la repetición de tareas mecánicas perjudica su desarrollo.
Porque el mundo del trabajo es un mundo adulto, con exigencias físicas y mentales. Los niños tienen que desarrollar su personalidad mediante los juegos y a través de la relación con sus amigos y sus familiares.
El dato suena paradójico: en los últimos 4 años el gobierno mexicano ha gastado más de 47.500 millones de pesos, unos US$2.400 millones, para mejorar los edificios de sus escuelas.
Es la mayor inversión de la historia para el mantenimiento de los planteles que se consiguió con la cotización de bonos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Pero el dinero no es suficiente para mejorar la evaluación del sistema educativo del país.
De entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tiene el peor desempeño en el aprendizaje de ciencias, lectura y matemáticas.
Son deficiencias que pretenden erradicarse con la Reforma Educativa promulgada en 2013.
Sin embargo, cuatro años y miles de millones de pesos después, el país sigue en el último lugar en la evaluación educativa de la OCDE.
Y es que el dinero, por sí solo, ha sido insuficiente coinciden especialistas y autoridades.
De hecho, según organizaciones civiles existen por lo menos cuatro temas que mantienen el rezago en el sistema educativo del país:
Malas condiciones de las escuelas, problemas en la capacitación de los maestros, control de la disidencia sindical en los instituciones educativas en cuatro estados y la exclusión que padecen miles de alumnos que no pueden concluir sus estudios.
Sin mantenimiento
Hasta ahora, la inversión histórica en el presupuesto se concentra en dar el mantenimiento que por varios años dejó de aplicarse a los planteles.
Un tema urgente de atender pero es sólo un paso, le dice a BBC Mundo David Calderón, presidente ejecutivo de la organización Mexicanos Primero, una de las más activas en el tema educativo del país.
Derechos de autor de la imagenRONALDO SCHEMIDT/AFPImage captionEn el país existen miles de escuelas sin baños o en condiciones deplorables.
«El rubro de infraestructura es el que tiene avances más visibles, hay una diferencia importante con respecto a lo que se hacía», explica.
«El cambio sí se nota, de un abandono y ausencia histórico bestial ahora hay un mínimo de infraestructura que no es la adecuada, tardará en llegar al resto del sistema».
Algo en lo que no coinciden por completo las autoridades.
«Establecimos un nuevo modelo de infraestructura ligado al nuevo modelo educativo, no puedes separar los temas», explica a BBC Mundo Héctor González de la Garza, director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED).
Es el área de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encargada de aplicar la inversión histórica en el mantenimiento de las escuelas.
«Mejores maestros con todo el proceso de capacitación y de evaluaciones que se realizan junto con el concepto de mejores escuelas ya está dando resultados tangibles en este momento».
Dinero insuficiente
La calidad de los planteles es una parte del rezago en el sistema educativo mexicano.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionSe estima que la inversión en infraestructura educativa será cercana a los US2.400 millones.
En 2012, cuando inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, no estaba claro el número de escuelas –ni sus condiciones de operación- que existían en el país.
Un censo realizado durante más de un año en casi todo el país reveló que casi la mitad de los 150.000 planteles no tenían drenaje.
Además, una quinta parte carecía de agua potable y en más de 40.000 no había baños o electricidad.
En esto se concentran los recursos. «Componer sanitarios es muy evidente, pero hay que arreglar la instalación hidrosanitaria y eléctrica que no necesariamente se ve pero que es indispensable», explica el funcionario.
«Debe tener agua para acceder al programa de bebederos, arreglar muros, pisos, techos, paredes, barandales, todo lo que implique seguridad para alumnos y maestros».
Sin embargo, a pesar de la cuantiosa inversión no será posible resolver los problemas en todos los planteles, advierte David Calderón.
Un estudio de Mexicanos Primero revela que el 59% de las escuelas del país operan en malas condiciones. Remediar los problemas de todas no será posible en este gobierno.
Derechos de autor de la imagenPATRICIA CASTELLANOS/AFPImage captionLa suspensión de clases en algunos estados afecta al sistema educativo de México.
«Se necesitarían otros seis años para que las escuelas salgan de una situación precaria a una aceptable«, insiste.
El director del INIFED reconoce que la histórica inversión no alcanza para todo.
El programa Escuelas al 100, el mecanismo para aplicar los recursos, está dirigido a unos 33.000 planteles, los que se consideran “con mayores necesidades”.
El resto de las escuelas serán atendidas en la medida que se apliquen recursos oficiales de cada gobierno estatal.
Disidencia sindical
Otro de los temas que explican los problemas del sistema educativo mexicano es la capacitación de los maestros.
En el país existen 440 escuelas normales pero según datos de Mexicanos Primero sólo 17 de ellas tienen un nivel superior de educación.
El resto no cumple con los estándares internacionales, y en muchas de ellas existe un profundo activismo político que sustituye a las clases, afirma Calderón.
Parte de la responsabilidad es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el ala disidente del sindicato de maestros.
El grupo se opone a la Reforma Educativa y desde su promulgación, en 2013, impide que se aplique en los estados donde la disidencia tiene mayor presencia: Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
Uno de los temas donde más hay resistencia es en la evaluación de los maestros, que forma parte central de la Reforma.
Derechos de autor de la imagenJULIO CESAR AGUILAR FUENTESImage captionLa protestas de maestros descontentos con la reforma educativo son frecuentes en México.
La CNTE bloquea la aplicación de exámenes y también suspende con frecuencia las clases en miles de planteles.
El resultado es, afirma Mexicanos Primero, un bajo desempeño escolar de los alumnos en las entidades con dominio de la disidencia.
«La formación de maestros sigue estando casi en el mismo estado que cuando empezó la reforma, se va a crear un desajuste», advierte Calderón.
Y en esto poco ayuda el dinero. «Mucho del efecto positivo de tener mejores escuelas no va a fructificar hasta que no haya mejor formación de los maestros».
«Si no cambias la lógica de las relaciones de aprendizaje tendrás un mejor escenario para el mismo fracaso, el logro de aprendizaje depende sustancialmente de las relaciones de aprendizaje entre alumnos y maestros».
Indígenas, los más vulnerables
Uno de los problemas de fondo es la forma como durante décadas se impartieron las clases en México, con base en un modelo de memorización y no de entender lo que se estudia.
Image captionA pesar de la «inversión histórica» hay problemas estructurales que no van a ser solucionados.
Es una de las razones de la evaluación negativa del país ante la OCDE.
Pero también de la exclusión de miles de niños en las escuelas. De hecho de cada 100 estudiantes de educación básica sólo 57 logran ingresar al bachillerato.
El caso más grave ocurre en las comunidades indígenas. Según Mexicanos Primero sólo 2 de cada 10 estudiantes de esos alumnos aprenden lo que se espera en los programas escolares.
Una de las razones es el abandono histórico que padecen. Las escuelas con peores condiciones en el país, por ejemplo, se encuentran en comunidades indígenas.
Los maestros en esos planteles reciben menos apoyo que sus compañeros de otros lugares, y el presupuesto para mantener las escuelas ha sido mínimo.
Esto empieza a remediarse ahora pero «el dinero no va a bastar, nos vamos a engañar si pensamos que mucho cemento produce mejor aprendizaje«, advierte David Calderón.
«Apenas se crean las condiciones mínimas de convivencia, seguridad y resguardo de los niños. Es una deuda de justicia».
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
Con el objetivo de ampliar la cobertura del nivel medio superior y de manera especial, el atender a quienes por motivos de distancia o recursos no tenían acceso a éste, en 2013 se puso en marcha un proyecto piloto en este nivel educativo, consistente en la modalidad de Telebachillerato Comunitario (TBC). El proyecto estableció condiciones específicas de instalación, que a la postre definirían las formas de operación, así como el tipo de “educación” que se ofrecería. Entre las condiciones de apertura de un TBC se encuentran: que estuviera en una comunidad de menos de 2,500 habitantes, que no hubiera otro bachillerato a 5 km a la redonda y que pudiera operar en las instalaciones de una telesecundaria a contra turno o en otro espacio destinado por la comunidad. Las razones esgrimidas para impulsar esta modalidad, fueron: primera, lograr el 80% de cobertura en Educación Media Superior (EMS) para el 2018; la segunda es la búsqueda de equidad, pues se está generando la posibilidad de que jóvenes de comunidades marginales estudien y, tercera, garantizar el cumplimiento por parte el estado de la obligatoriedad que se estableció para este nivel educativo.
Este proyecto, en su fase de piloteo, inició con 253 centros, incrementándose a 1,497 para 2014, a los que se sumaron 1,168 más que se abrieron durante 2015. Con estas cifras se hace evidente la gran necesidad de atención existente en este nivel. El rápido crecimiento de esta modalidad está resolviendo el tema de cobertura, pues jóvenes que tienen edad para cursar el bachillerato o que no pudieron cursarlo porque no tenían recursos para ello, ahora tienen una escuela cerca y a costos accesibles, abriendo la posibilidad de que varios de ellos extiendan sus estudios al nivel superior. Igualmente, el número de escuelas hace evidente que el estado está cumpliendo con su parte para que el propósito de la obligatoriedad del nivel se logre.
No obstante, este importante esfuerzo de cobertura se puede poner en duda sobre la calidad de la educación que reciben, es decir, se discute si los alumnos de estos centros de estudios están recibiendo una educación de calidad que les brinde las mismas oportunidades para ingresar a la educación superior o al mercado laboral que a los jóvenes que egresan de otras modalidades del nivel medio superior.
Las sospechas sobre la calidad educativa que se ofrece en los TBC inician cuando en el mapa curricular del Documento Base se señala que los alumnos de primer semestre deben estar 27 horas en la escuela a la semana, los de tercero 33 y los de quinto 29, haciendo un total de 89 horas. El propio modelo de TBC señala que estas escuelas son atendidas por dos profesores que están contratados por 20 horas cada uno y un profesor responsable que está contratado por 30 horas: 20 para docencia frente a grupo y 10 para atender cuestiones administrativas propias de la escuela. Sin contar estas últimas, las horas totales por las que han sido contratados los profesores son 60. ¿Quién cubre las 29 horas restantes que los alumnos están la escuela? o bien ¿quién paga las horas extras que trabajan estos profesores?
De la misma forma, en el Documento Base se señala que, además de los cursos curriculares los alumnos deben cumplir con las actividades paraescolares que promueve el Bachillerato General, como actividades artísticas, deportivas y recreativas, con las que se buscaría favorecer la educación integral de los alumnos. Del mismo modo este documento menciona que, en la medida de lo posible se promoverán actividades de orientación y tutoría. La pregunta expresa es ¿a qué hora se hará esto?, y la otra pregunta obligada es ¿quién lo hará? Pues a los profesores se les está pagando muy poco para desempeñar todas estas funciones, además que no cuentan con personal de apoyo, mucho menos con personal que pueda atender las actividades paraescolares, haciendo evidente que la formación integral que el Documento Base indica no es posible lograr. Se puede inferir entonces que hay diferencias sustantivas entre la educación que reciben los jóvenes que asisten a bachilleratos de organización completa y los que se forman en un TBC.
De manera central y que afecta sustancialmente las características de la educación que se ofrece en estos TBC es la forma en que han sido contratados los docentes. Casi todos concursaron una plaza a través del Servicio Profesional Docente. A partir de estos resultados les fue asignada su función de docente frente a grupo por 20 horas o bien de responsable docente por 30 horas. Por supuesto este cargo implica que sea el responsable de la escuela y encargado de hacer la tarea administrativa y las gestiones para que la escuela cuente con recursos e instalaciones para operar. A la preocupación del número de horas asignadas a cada profesor, habrá que agregar la forma y contenido de los contratos que se ofrecen pues los docentes de TBC no tienen base; sus contratos se están renovando cada seis meses, por lo que no generan antigüedad.
Con relación a la seguridad laboral que todo profesional requiere, se sabe que estos docentes sólo cuentan con prestaciones básicas como servicio médico, pero este les es suspendido cuando vence el contrato y renovado cada vez que dicho contrato se renueva; sus pagos no siempre llegan puntuales, no están sindicalizados, no reciben pago por vacaciones y no es claro cómo se hace el depósito que reciben por aguinaldo; muchos no están ubicados en el área disciplinar que corresponde a su formación profesional, no tienen experiencia docente y varios no son de la región en la que se encuentra la escuela en la que trabajan, invirtiendo mucho en desplazarse para encontrarse con sus familias los fines de semana. En pocas palabras han sido contratados en la modalidad de “prestadores de servicios profesionales independientes”, lo que genera en estos docentes una preocupación por su alta inestabilidad laboral y se sienten inseguros en su trabajo.
Si lo anterior fuera poco, hay que considerar, la pobre remuneración que reciben, que por supuesto no corresponde al esfuerzo que requiere mantenerse en el sistema y cantidad de trabajo realizado, pues el responsable docente gana en promedio un poco más de 8,000 pesos mensuales y los docentes frente a grupo 6,000 pesos en el mismo periodo de tiempo. Esta intranquilidad producto de la inestabilidad laboral se suma a la preocupación de la gran cantidad de tareas que los docentes tienen que desempeñar en los TBC. En una investigación que se encuentra en curso, se advirtió en palabras de algunos de ellos, que hasta de conserje o enfermero tienen que hacerle para atender las necesidades de sus alumnos.
Frente a este panorama y al hecho que al menos asisten al bachillerato jóvenes que en otras condiciones no podrían hacerlo, el cuestionamiento de la calidad y el efecto nocivo que se produce con una educación que no logra resolver el problema de la inequidad, queda de manifiesto.
¿Basta con que el Estado establezca escuelas y pague a los profesores para que se genere una educación de calidad? ¿Existe conocimiento y conciencia sobre los apoyos que requieren estos docentes para enfrentar la tarea que les han sido asignadas? ¿Se tienen consideradas las dificultades que enfrentarán los egresados de los TBC para incorporarse a la educación superior o al mundo laboral? ¿Acaso estamos ante la evidencia de una educación pobre para poblaciones pobres? Cuestionamientos elementales que quienes sostienen desde los escritorios este proyecto, deben incluir en su lista de preocupaciones y desde luego en su agenda de tareas. Por otra parte, de la nuestra ¿qué nos corresponde hacer como sociedad civil para que los jóvenes de estratos menos favorecidos tengan acceso a una educación de calidad?
Problemáticas de la complejidad de la que apenas se perfiló en este texto breve, exigen sin duda que autoridades gubernamentales e investigadores educativos trabajen juntos por encontrar alternativas que impulsen el cumplimiento cabal del espíritu que mueve a la educación.
El Ministerio de Educación (MINED) inició este jueves un proceso de capacitación de docentes de primaria y secundaria, en el uso tecnológico de equipos computarizados para reforzar el proceso educativo de Nicaragua.
Mercedes Altamirano, directora del colegio República de Venezuela, dijo que el curso se inició este jueves con educadores de las diferentes escuelas de Managua (22 en total).
“Este es el nivel I que está preparándose en el uso de las tecnologías y así posteriormente irán capacitándose, gracias a nuestro Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional que nos está restituyendo derechos”, dijo la educadora.
“Esto es algo muy importante para nosotros los maestros porque así vamos obteniendo mayores conocimientos a través de las tecnologías para ir mejorando el proceso de educación de nuestros estudiantes”, dijo la profesora Otilia Pineda Amador.
“Esto es maravilloso, porque así salimos del sistema tradicional educativo e introducirnos en un mundo globalizado”, dijo el profesor Mario Gómez.
Educación Futura | Manuel Navarro Weckmann | 9. junio.2017
Una de las aristas en donde más se ha resentido el peso de los efectos de la Reforma Educativa, tiene que ver con las acciones que han resignificado la carrera docente en nuestro país, la cual, desde finales del siglo XIX, se había considerado como una carrera de Estado, para pasar a una de corte liberal, de lo cual puede darse cuenta con la reducción en más de un 65% de interés de los estudiantes por ingresar a una Escuela Normal, que no puede interpretarse de otra manera que un ataque a las Instituciones Formadoras de Docentes y por ende, de la profesión.
A nivel internacional, existen varios estudios que dan cuenta de los planes de formación docente, de las políticas públicas para el fortalecimiento de la educación, o de las estrategias que han implementado los países para mejorar la educación y sobre el desarrollo profesional docente; de ellos, hay uno titulado “Las carreras docentes en América Latina. La acción meritocrática para el desarrollo profesional”, que emite la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) en el cual se revisaron dieciocho carreras docentes y algunas políticas específicas sobre valoración de la profesión en América Latina y el Caribe.
En el documento se reconoce que resulta fundamental concebir las carreras docentes como instrumentos de desarrollo profesional y no solo como documentos que norman una relación contractual entre el Estado y el magisterio, situación contraria a lo acontecido en México en donde lo principal fue modificar la relación laboral partiendo de la culpa –implícita- del magisterio por la situación educativa en el País.
Se reconoce que el enfoque meritocrátrico –que es el que hoy tiene la educación en México- y la orientación individualista propia de este tipo de enfoques, además de ir a contracorriente con la cultura docente, puede caer en contradicción con las exigencias que el mismo sistema impone a los profesores para que realicen trabajos en equipo, debilitando poco a poco el futuro de cualquier acción o trabajo colectivo, de ahí los ataques a Instituciones como la Normal de Cañada Honda en Aguascalientes.
Por otra parte, del mismo documento y como afirman Bellei y Valenzuela (2010), el ingreso de otros profesionales al ejercicio docente es un camino de desprofesionalización de la docencia y resulta contraproducente para las políticas de fortalecimiento de valoración social de la carrera, pues se parte del supuesto de que los docentes serían de tan baja calidad que cualquier licenciado los superaría.
No se trata de ver con ojos lastimeros la profunda crisis en que la profesión está cayendo de manera intencional por el actual Gobierno Federal, se trata de exigir en cada espacio y en cada oportunidad, el respeto por la profesión docente que le ha dado a México las más valiosas, representativas y profundas raíces de su historia nacional y de su pueblo.
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