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Estados Unidos ante la ONU: El aborto no es un método de planificación familiar

Estados Unidos/26 junio 2017/Fuente: Aciprensa

Estados Unidos rechazó una resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violencia contra la mujer debido a que exigía el acceso al “aborto seguro” para todas las mujeres de los países donde dicha práctica ha sido legalizada.

La decisión de “disociarse del consenso” promovido por Canadá fue tomada por la nueva delegación estadounidense el pasado jueves 22 de junio en el 35° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, llevado a cabo en la ciudad de Ginebra, Suiza.

“Estados Unidos apoya plenamente el principio de elección voluntaria con respecto a la salud materno-infantil y planificación familiar. Pero, no reconocemos el aborto como un método de planificación familiar, ni apoyamos el aborto como servicio para la salud reproductiva”, indicó a través de un comunicado oficial el Primer Secretario estadounidense ante la ONU en Ginebra, Jason Mack.

En ese sentido, indicó que “como ha quedado claro durante muchos años, hubo consenso internacional de que estos documentos no creen nuevos derechos internacionales, incluyendo cualquier ‘derecho’ al aborto”.

“Los Estados Unidos señalan que el término ‘educación sexual integral, ha sido rechazada por la Asamblea General de la ONU, y pone de relieve la importancia que la educación sexual sea apropiada para la edad de los destinatarios”, añadió.

Pese a la crítica específica sobre el aborto, la delegación se unió “a otros miembros del Consejo” en condenar “todos los actos de violencia contra las mujeres y las niñas y para pedir la eliminación de todas las formas de violencia sexual”.

En abril de 2017 el gobierno de Estados Unidos anunció que retirará el financiamiento al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) por apoyar abortos forzados y esterilizaciones involuntarias en China.

Con el recorte, el organismo de Naciones Unidas perderá 32,5 millones de dólares en su presupuesto de 2017, que el gobierno destinará a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Además, en enero del mismo año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva reinstaurando una regulación pro-vida internacional que impide a su gobierno financiar o promover el aborto en el extranjero.

Estados Unidos es uno de los 47 estados miembros del Consejo, elegidos por la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Fuente: https://www.aciprensa.com/noticias/estados-unidos-ante-la-onu-el-aborto-no-es-un-metodo-de-planificacion-familiar-33843/

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Uruguay: Piden mayor inversión educativa para afrontar desafíos laborales

América del Sur/Uruguay/24 Junio 2017/Fuente: El observador

Trabajadores y empresarios advirtieron la necesidad de prepararse
En medio del conflicto que los gremios de la enseñanza mantienen con el gobierno por la Rendición de Cuentas, representantes del sector empresarial y sindical reclamaron una mayor inversión educativa e instancias de formación profesional de cara a los desafíos laborales que Uruguay deberá afrontar a futuro.
«El país no está preparado para afrontar los problemas que se nos vienen en los próximos 5 o 10 años. Ni los empresarios ni los trabajadores estamos en condiciones», dijo a la prensa el presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Fernando Rachetti, a la salida de la presentación del informe Aportes para construir la cultura del trabajo 4.0.
El rápido avance tecnológico y las transformaciones que genera en el mercado de trabajo es una problemática de la que el país no escapa ya que, según un estudio del Banco Mundial (BM) presentado el mes pasado, en Uruguay deben repensarse las políticas públicas en materia de empleo y educación para que el mercado laboral del futuro evite la pérdida de empleo y la desigualdad social.
Frente a este panorama, ACDE convocó una instancia de reflexión donde empresarios y trabajadores enfatizaron la necesidad de capacitar cada vez más a la sociedad para el trabajo del futuro.
El primero en ahondar este punto fue el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, quien durante su exposición advirtió que «el trabajo del futuro va a estar casi íntimamente ligado a formaciones de nivel terciario» y que si los sindicatos no procesan rápido ese cambio corren el riesgo de no poder representar a los trabajadores que puedan verse afectados. «Los acuerdos que se logren hacer hoy son los que fijen condiciones de trabajo y vida a las nuevas generaciones», expresó.
En ese sentido, Pereira abordó el tema de la enseñanza y formación profesional de los trabajadores como el camino principal para construir una sociedad capaz de competir en el mercado de trabajo que se viene. Para eso, remarcó la importancia de que se asignen más recursos a la educación.
«¿Por qué se esperan resultados formidables cuando se invierte paupérrimamente?», cuestionó el dirigente, que además sostuvo que temas como el trabajo y la educación «no deberían ser temas de botín electoral». «Hay resultados educativos positivos donde efectivamente se han adecuado cambios tecnológicos, donde los sindicatos han encauzado su organización en el nuevo mundo del trabajo. Es en aquellos países donde tienen inversiones educativas de más de 6% del PBI», agregó.
Quien adhirió a sus palabras fue Isabelle Chaquiriand, directora ejecutiva la empresa Atma, que no dudó en afirmar que Uruguay se enfrenta a una cuarta revolución industrial y ya hay industrias que enfrentan «cambios profundos» en la forma de trabajar.
En ese sentido, Chaquiriand aseguró que «esta revolución va a generar millones de puestos de trabajo para aquellos que tengan capacidades y la formación adecuada». Sin embargo, advirtió la necesidad de trabajar para que esa transformación «gire en torno al empoderamiento» de todos los trabajadores y no sea «divisoria y deshumanizante».
«Empresarios y líderes de gobierno van a tener que adaptarse a estos modelos de innovación permanente. Para eso, uno de los principales desafíos es capacitarse -trabajadores, empresarios y gobernantes- en las capacidades que se van a hacer importantes. El talento más que el capital va a ser el factor productivo crítico», señaló.
El último en tomar la palabra fue el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, quien admitió que «Uruguay debe mejorar y profundizar» su cultura y calidad de trabajo; y que si bien se están tomando acciones al respecto, hay limitaciones dado que es uno de los ministerios que tiene «menor presupuesto».
En ese sentido, informó que el próximo martes 27 de junio se convocará una instancia de trabajo multipartito con empresarios, trabajadores e incluso miembros del Ministerio de Educación, para empezar a delinear un sistema nacional de formación profesional continua que permita abarcar esta problemática desde una política de Estado.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/piden-mayor-inversion-educativa-afrontar-desafios-laborales-n1088304
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La Soberanía Reproductiva, una “alternativa” al capitalismo en crisis

14 autores publican una propuesta de “transformación social” que cubra las necesidades vitales

Por: Enric Llopis

Tras ocho meses de empantanamiento, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona alcanzaron el 15 de junio, en Luxemburgo, un acuerdo para el desembolso a Grecia de 8.500 millones de euros, dentro del sistema de “ayudas” para el rescate del país. Uno de los economistas que clamó desde primera hora contra las propuestas de la Troika y denunció el fracaso del Euro fue Costas Lapavitsas, profesor de la Universidad de Londres SOAS (School of Oriental and African Studies) y autor de libros como “Crisis en la Eurozona” y “Contra la Troika”. En marzo de 2017 Lapavitsas lamentaba que la izquierda, “que históricamente ha sido una voz crítica con la UE, parezca perdida en las palabras”. Constataba además que buena parte del movimiento progresista se halla comprometido con el “europeísmo” y la defensa de la UE, aunque sea para reivindicar una “Europa social”. “Se trata de una elección políticamente desastrosa”, concluía el economista heleno.

La reflexión de Lapavitsas (“Por una perspectiva radical en Europa”) introduce el libro colectivo de 200 páginas “Sobiranies. Una proposta contra el capitalisme”, publicado recientemente por Espai Fàbrica. El libro se presenta como una propuesta de discusión para la transformación social, en el contexto del capitalismo del siglo XXI. A los 14 autores les une la participación en el Seminari d’Economia Crítica Taifa, la militancia en la izquierda independentista o en diferentes movimientos sociales. Se trata de Isabel Benítez, Josep Manel Busqueta, Iván Gordillo, Clara Griera, Elena Idoate, Pau Llonch, Carles Muntaner, Helena Ojeda, Jordi Oliveras, Roc Padró, Alfons Pérez, Oleguer Presas, Xavi Urbano e Isabel Vallet.

“La socialdemocracia ha muerto, fagocitada por la lógica implacable del neoliberalismo”, defienden los autores entre las ideas centrales del texto. Se basan en que el capitalismo, en su estadio actual, no admite ningún tipo de redistribución; y para ello, ponen la vista en la experiencia de Syriza, de la que han de aprender los pueblos de la periferia europea. “Hay que superar la etapa reformista respecto a la UE”, concluyen. Otro eje del libro es la apuesta por la Soberanía Reproductiva, con el fin de cubrir las necesidades humanas básicas. Actualmente, los procesos de reproducción de la vida se hallan relegados al ámbito doméstico, y los desempeñan básicamente las mujeres. La Encuesta de Empleo del Tiempo publicada por el INE en 2010 señala que las mujeres dedican diariamente dos horas y cuarto más que los hombres a las tareas del hogar. El estudio añade que el 92,2% de las mujeres realizan labores domésticas y se ocupan de los niños, ancianos y personas dependientes, frente al 74,4% de los hombres. El texto define la Soberanía Reproductiva como un “proceso de transformación social”, en el que se despliegan las diferentes soberanías (energética, alimentaria, cultural, residencial y sanitaria) y las relaciona entre sí.

La primera parte del libro realiza un diagnóstico de la situación actual. Se impugna el capitalismo neoliberal por múltiples razones. Por ejemplo, entre los años 80 del siglo pasado y los primeros años 2000 el crecimiento de la economía global se situó en torno al 3%, “una ratio que está poniendo en peligro el ecosistema mundial” y que, sin embargo, no resulta suficiente para las élites. La obra publicada en 2017 por Espai Fàbrica también señala las paradojas del sistema. Una entre tantas, en 2007, cuando comenzó una oleada de intervención de los poderes públicos para reflotar a la banca y paliar la contracción del crédito. “Una intervención del Estado de la mano de quienes lo habían demonizado”, apuntan los autores. En agosto de 2017 el BCE acudió en socorro de los bancos europeos con créditos por valor de 95.000 millones de euros, y la Reserva Federal estadounidense actuó de modo similar, con una inyección de 38.000 millones de dólares en el sistema. La autoridad monetaria no había actuado de manera tan significativa desde el atentado contra las “torres gemelas”, en 2001.

Tal vez la propuesta de “soberanías” que plantea el libro se justifique por el impacto de la crisis y la llamada “recuperación”. En septiembre de 2016, el 56,4% de las personas desempleadas en Cataluña llevaban más de un año sin trabajo; además, el 24,3% no percibían subsidio ni prestación alguna. El índice de Gini (medidor de las desigualdades) pasó en el estado español del 31,9 en 2007 al 34,6, mientras que en la UE-27 se mantuvo prácticamente estable, resalta el libro “Sobiranies. Una proposta contra el capitalisme”. El índice S80/20 aplicado a Cataluña constata la misma tendencia a los desequilibrios sociales. En 2015, el 20% de la población catalana con rentas más altas, sextuplicaba los ingresos del 20% con menores recursos.

¿Y en cuanto al porvenir? La obra colectiva se hace eco de un artículo, titulado “La turbulencia global que viene”, publicado por el economista británico Michael Roberts en la revista Sin Permiso (octubre de 2016). Roberts señala que, desde 2012, según el Banco Mundial, el crecimiento del volumen del comercio mundial fue menos de la mitad que en las tres décadas anteriores. UNCTAD (organización de Naciones Unidas que sigue la economía de los países del Sur) sostenía en 2016 que el mundo “está a punto de entrar en una tercera fase de la crisis financiera”. Agrega que muchos países del Sur han visto aumentar los desequilibrios respecto a las economías más ricas, si se compara con los años 80 del siglo XX. Y ello, destaca UNCTAD, pese a la apertura de los países llamados en vías de desarrollo a los capitales transnacionales. Por otro lado, un informe de la consultora estratégica global McKinsey destaca que, tras la caída del PIB mundial provocado por la crisis de 2008, “la resaca se ha mantenido y muchos países luchan con recuperaciones inesperadamente débiles”.

Ante tales perspectivas, los 14 autores proponen un avance hacia modos de propiedad comunal, cooperativa, municipal y estatal; que no sean explotadoras, patriarcales ni depredadoras de la naturaleza; fórmulas redistributivas fundamentadas en el derecho a una vida plena; y la toma de decisiones democráticas, no jerárquicas ni despóticas, que pueden resumirse en el “mandar obedeciendo”, del movimiento zapatista. El texto defiende una sociedad solidaria, en la que tal como subraya el economista estadounidense Michael Lebowitz, autor de “Más allá del capital” y “La alternativa socialista. El verdadero desarrollo humano”, la producción priorice no las necesidades propias sino las del prójimo. Este autor marxista, uno de los referentes del libro, considera la producción cooperativa “una gran victoria”; y apuesta por un nuevo sentido común en el que la condición para el desarrollo libre de cada persona, sea el libre desarrollo de la comunidad. El razonamiento se completa con el viejo ideal proclamado por Marx en el Programa de Gotha (1875): cada persona recibe según su necesidad y aporta según sus posibilidades.

El libro ve la luz en un contexto muy concreto: la sociedad catalana, “inmersa en la reclamación de la independencia política como propuesta de mejora de las condiciones de vida de la población”. Donde la comarca de El Barcelonés concentra más de un tercio del PIB catalán, y si se agregan las comarcas de El Baix Llobregat y el Vallés (oriental y occidental), el porcentaje del PIB se eleva al 60%. Donde la capital Barcelona ha pasado de proyectarse como “la millor botiga del món” a convertirse en una “marca” global. Y donde el macroproyecto Barcelona World, basado en casinos y el turismo de negocios, se transmuta en el Centre Recreatiu i Turístic de Vila-Seca i Salou, junto a Port Aventura World y con una inversión anunciada de más de 2.000 millones de euros. Ante ese estado de cosas, el libro plantea la recuperación de la soberanía energética (en Cataluña Iberdrola y Endesa concentran el 76% de la potencia instalada para la generación de electricidad), incluida una auditoría ciudadana del actual sistema. La idea capital apunta a una transición desde las energías “sucias” a las renovables, “proceso que ya está en marcha”, sostienen los autores. La cooperativa Som Energia, comercializadora con fuerte participación de los socios, constituye uno de los ejemplos de consumo eficiente.

La reflexión publicada por Espai Fàbrica desciende a la propuesta concreta. El capítulo sobre la soberanía alimentaria recuerda que en el ámbito de Països Catalans existen cerca de 210.000 hectáreas de superficie agraria útil (10% del total) en manos de las administraciones públicas, lo que ofrece diferentes posibilidades. Por ejemplo, liberar tierras para el uso de los labradores agroecológicos y la población con menos recursos. En el caso de las fincas agrarias en desuso durante un largo periodo, el texto plantea la opción de que los municipios impongan gravámenes. Numerosas iniciativas trabajan día a día en la recuperación de la soberanía, como la Xarxa de Graners, que lleva más de una década en el empeño de crear una red local y autogestionada de graneros, y para el intercambio de información y semillas; o la Associació de Menjadors Ecològics, que funciona en Cataluña desde 2013.

En cuanto a la soberanía residencial, se plantean iniciativas como la expropiación de solares o viviendas vacías para fomentar su ocupación; y, con el fin de que el derecho a la vivienda deje de estar en manos de bancos privados, se apuesta por crear una banca pública complementada con cooperativas solidarias, uno de cuyos ejemplos es Coop57. El libro se apoya en los datos de la Taula del Tercer Sector: en Cataluña existen 450.000 viviendas vacías (100.000 en manos de las entidades financieras). En el ámbito de la soberanía cultural se pone como ejemplo la sustitución de patrocinios empresariales (BBVA, Damm, Airbnb y otros) por la gestión comunitaria. La formación en los espacios no académicos y la relación “vertical” entre educadores y alumnos ya se planteó en los proyectos de animación sociocultural en Barcelona, en el final de los años 70 y el inicio de los 80; y en los centros sociales y difusión de la cultura crítica.

*Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=228101

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La lección electoral

Por: Manuel Gil Antón 

La vida social es un aula sin muros. Hay coyunturas en que lo que acontece fuera de la escuela tiene un impacto tal en el aprendizaje que, aunque contradictorio con lo que se estipula como proyecto educativo, arrasa con lo programado y genera un sedimento duro y duradero en la comprensión del país: sobre todo, en las normas acordadas para las relaciones entre los ciudadanos y con las instituciones. Lo que se dice en la escuela, entonces, es materia necesaria para aprobar los exámenes, y a ese horizonte se reduce. Luego de la prueba se diluye.

La experiencia vivida, o conocida, fuera de sus linderos, tiene mayor fuerza en lo que se aprende para la vida, para aprender a aprehender lo que sucede e, incluso, como convicción que tiende a lo inmutable: así es, y será así, sin remedio.

Las elecciones del 4 de junio, los hechos de meses previos y los días siguientes, fueron parte de la información cotidiana que recibieron muchos estudiantes de todos los grados, y la población en general. Si los que vivimos en el país, casi todos, pasamos al menos unos años, o están hoy, inscritos en alguna escuela, recibimos una educación que, según el artículo 3º constitucional, entre otras características (laica, gratuita, obligatoria), ha de estar orientada por el criterio de impulsar la democracia: “considerando a la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

En el “Modelo Educativo para la educación obligatoria: educar para la libertad y la creatividad” que impulsa la actual administración, uno de los nes propuestos señala que el egresado: “Se oriente y actúe a partir de valores, se comporte éticamente y conviva de manera armónica; conozca y respete la ley; deenda el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos…”. El contraste entre lo dicho y los hechos es enorme: las palabras, los libros de texto, lo expuesto por los docentes se estrella contra miles de anuncios espectaculares huecos (la mayoría, además, esperpénticos), “spots” a mansalva, anodinos, la distribución de tarjetas para depositar, luego de contar los votos en la casilla, un dinero en caso que ganase El candidato.

La compra de credenciales de elector, el inmenso caudal de dinero público, extra al autorizado, para “operar” el voto en el terreno, oculto a los registros, invisible a las facturas, en efectivo y efectivo para no dejar rastro con el cual probar su abundante presencia e indudable inuencia. Los que propusieron la Reforma Educativa y el Nuevo Modelo, supuestos garantes comprometidos con la democracia y la libertad, echaron “su resto” para ganar las elecciones, sobre todo en el Estado de México. Y ese resto es, más allá de lo material, muy cuantioso, el escasísimo capital moral que, quizá, les quedaba: qué penoso verlos —imaginarlos— en la esta de Los Pinos esa noche, celebrando un triunfo inmerecido, comprado

La autoridad pide que el que acusa aporte pruebas, para que jurídicamente proceda el análisis. Son corruptos, no tontos: aprovechan resquicios de la ley, simulan, y jamás expedirán un recibo, con membrete, para que lo rme quien recibe los centavos. El consejero pide que se aporte lo imposible. Algún caso menor en las actas, ciertos errores que no cambian las tendencias si habrá, pero la ingeniería de una elección de Estado o, mejor dicho, de una imposición antidemocrática del gobierno, el peor fraude, no puede demostrarse, aunque haya sido palmario.

El daño educativo es grave: no orienta a los que mandan ni la ley ni el modelo educativo: sí su ambición, esa que se asoma en la sonrisa socarrona, repleta de cinismo. ¿Qué autoridad educativa puede tener quien carece de ética? Ninguna. Es vana su gloria.

*Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-leccion-electoral/

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Hunger strike over Canada’s treatment of Indigenous peoples proves valuable education for Queen’s Park visitors

Canadá/Junio de 2017/Fuente: Now

Resumen:  El miércoles, 14 de junio, el jefe hereditario de los Pies Negros Davyn Calfchild deja que el fuego ceremonial en frente de su campamento se consuma, poniendo fin a su ayuno de 13 días. Durante casi dos semanas, Calfchild ha acampado a la sombra de la Legislatura de Ontario para llamar la atención sobre las condiciones devastadoras que enfrentan las comunidades indígenas. Apoyado bajo las banderas, junto a la senda, hay una señal hecha a mano que enumera los problemas que el ayuno de Calfchild busca destacar: mujeres y hombres asesinados y desaparecidos, suicidios juveniles en las reservas, víctimas indígenas de la violencia en Thunder Bay y genocidio. Enmarcado en las grietas en la parte superior de una mesa de picnic cerca, uno de los signos de la pizarra dice: «20.000 años en la ‘capilla.»

Under the nose of Edward VII’s horse at Queen’s Park, an array of colourful First Nations flags ripple in the morning breeze.

Swaying among the banners is an upside-down Canada 150 flag and trademark Hudson’s Bay sweater. Neatly printed in thick marker between the trademark horizontal stripes: #Shame150.

On Wednesday, June 14, hereditary Blackfoot Chief Davyn Calfchild lets the ceremonial fire in front of his encampment burn out, ending his 13-day fast. For nearly two weeks, Calfchild has camped in the shadow of the Ontario Legislature to draw attention to the devastating conditions facing Indigenous communities.

Propped up under the flags, next to the footpath, is a handmade sign listing the issues Calfchild’s fast seeks to highlight: murdered and missing women (and men), youth suicides on reserves, Indigenous victims of violence in Thunder Bay and #genocide150. Wedged into the cracks on top of a nearby picnic table, one of the whiteboard signs reads: “20,000 years in the ’hood.”


Calfchild wants it known that the cultural genocide continues in Canada. “Children’s Aid Society has replaced residential schools in taking away Native children and assimilating them,” he says.

Calfchild’s wife, Anishinabe song keeper Cathy Tsong Deh Kwe, has been by her husband’s side throughout the fast.

“In order for us to become more visible, people have to learn more about us. One of the things we have been doing here is educating the public.”

A helmeted cyclist arrives on his bike and empties a bag of firewood onto the pile donated by supporters. He’s told that the fire is burning down but the wood won’t go to waste – one of the fire keepers will take it home. Miigwetch.

John Scully has cycled past Calfchild’s camp every day on his way to work.

Scully, who has worked with Indigenous artists and students, says, “We need to support Indigenous people in their autonomy. They’ve been making decisions for 20,000 years, and we need to stop being the colonizers. We need to stop telling them what to do.

“As Canadians, we are so ignorant of Indigenous issues,” says Scully. “Events like this will help make people aware. I’ve learned a little bit about the process of colonization and about the Two-Row Wampum treaty Davyn was talking about.”

The Two-Row Wampum is a belt made from white and purple beads, the preferred way for First Nations to mark treaties and covenants at the time of first contact.

The treaty, made in 1613 between Dutch settlers and the five nations of the Haudenosaunee (Iroquois), was later extended to include American, British and French settlers and other First Nations. The white beads represent truth, and the two rows of purple beads represent two vessels travelling in parallel: a canoe for the Onkweh:onwhe (original people) and a sailboat for the settlers.

Onondaga Nation Chief Irving Powless Jr. puts the significance of the Two-Row Wampum in context in his 1994 essay:

“As we travel down the road of life together not only with each other, but with the whole circle of life – the animals, the birds, the fish, the water, the plants, the grass, the trees, the stars, the moon and the thunder – we shall live together in peace and harmony, respecting all those elements.

“We shall not pass laws telling you what to do. You shall not pass a law telling me and my people what to do. The Haudenosaunee have never violated this treaty. We have never passed a law telling you how to live. You and your ancestors, on the other hand, have passed laws that continually try to change who I am, what I am and how I shall conduct my spiritual, political and everyday life.”

Calfchild promotes the Two-Row to campsite visitors every chance he gets.

“It’s the key to the future,” he says. “The two nations have to work together side by side, not one dictating to the other.”

John Croutch is an Anishinabe educator who specializes in cultural identity and culinary practices. He’s come down to the park to check in on Calfchild’s fast. He points to the symbols of colonialism all around us.

“This is the original territory of the Wendat and later the Haudenosaunee people,” says Croutch. “What’s been happening here for the last 13 days speaks to the fact that laws were passed to prevent us from living on our land.”

A tour group from the Ministry of Education makes its way to the campsite and stops in front of the flags. Calfchild, surrounded by supporters, welcomes the visitors before he launches into a lecture.

“When it comes to the education in this country – what happened in the residential schools, the 60s scoop, the colonization of our territories, the dishonouring of the treaties, things that need to be renegotiated – it’s the responsibility of Canadian citizens to understand what truly happened to our people and not cover it up.”

The visitors listen quietly, some with their heads bowed.

“We’re not here as enemies; we’re here as your friends. We’re here to help you if you want that help,” Calfchild finishes up. “We have to think about the children and the world we want to leave them. If you can’t be honest in the education system, how can they trust you? How can they trust us? So it’s time for our people and your people to start educating the people properly and start being honest.”

Calfchild thanks the group, and Tsong Deh Kwe announces the protocol for the potlatch celebration that will break the fast. Three community members have joined the fast in solidarity over the last few days.

Before the feasting begins, 81-year-old urban elder and Cree spiritual leader Vern Harper has a few encouraging words for the gathering.


Harper, who experienced a cycle of residential schools and foster homes as a boy, remembers having his mouth washed out with soap as a five-year-old for speaking Cree.

“When we say we’re going to do something, sometimes people will say, ‘I’ll be there in spirit.’ My uncle used to say, ‘Get your ass over there.’  Here I am.” Laughter all around what’s left of the fire.

Harper is the sixth-generation grandson of Big Bear, who fought the last battle between the Cree and the Canadian government in 1885.

“We need to take care of our families and take care of Mother Earth. When we have food, be thankful. I love all of you, and we got to keep struggling, never give up. Don’t be a worrier – be a warrior. Miigwetch.”

Cheers and whoops ring across the park.

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Nicaragua: Gasto público en salud y educación reduce más la pobreza

Nicaragua/22 junio 2017/Fuente: El Nuevo Diario

Investigación. Esta inversión social garantiza mayor cobertura y montos de transferencia más altos, revela estudio de Funides. El acceso a salud y educación gratuitas ayuda a reducir los índices de desigualdad y la probabilidad de volver a caer en la pobreza.

La pobreza se reduce en 8.1% en los hogares que viven con menos de US$1.8 al día por persona, cuando reciben los beneficios del servicio gratuito de salud y educación, revela el estudio “Incidencia del gasto público en la reducción de la pobreza y la desigualdad”, elaborado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Los programas sociales como Bono Solidario, Patio Saludable, Plan Techo, Merienda Escolar o Paquete Alimentario Solidario, en su conjunto, reducen la pobreza en 2.6% en los hogares con esa misma brecha de pobreza.

El efecto del gasto social en salud y educación es predominante en la reducción de la pobreza tanto por el monto que se destina por persona para estos servicios como por su cobertura, explicó la economista Lylliam Huelva, una de las autoras del estudio.

El gasto público social aumentó 35.2% en el periodo 2009–2014. El gasto mensual por persona que se transfiere por los servicios de salud y educación es de C$315 en promedio al mes, mientras que por los distintos programas sociales la transferencia promedio es de C$130 aproximadamente.

Los programas sociales benefician alrededor de 736,000 hogares, lo que representa una cobertura del 52% del total de hogares a nivel nacional. En cambio, el gasto social en educación y salud beneficia alrededor de 1.2 millones de hogares, lo que equivale a casi el 83% de los hogares a nivel nacional.

El estudio concluye que “los programas sociales tienen una mejor focalización que los servicios de salud y educación, sin embargo, el gasto social en salud y educación tiene un mayor impacto en la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad porque tienen mayor cobertura y montos de transferencia más altos”.

VARIACIÓN DE INGRESOS 

El estudio muestra ejercicios hipotéticos sobre cómo varían los ingresos por hogar, dependiendo de las intervenciones públicas a las que tienen acceso, partiendo de la información disponible en la Encuesta de Medición del Nivel de Vida (EMNV) del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) de 2014.

“Vamos construyendo cada uno de los ingresos, ya sea deduciendo o sumando intervenciones públicas como impuestos, beneficios de salud, pensiones, subsidios. Tratamos de contabilizar el valor monetario de todas estas intervenciones. Allí es donde se van modificando los porcentajes de pobreza o desigualdad”, explicó el economista Carlos Toruño, coautor del estudio.

Tomando como referencia una línea de pobreza de US$1.8 al día por persona, determinaron que el 27.3% de la población vive con esa cantidad de dinero diario, en promedio. Esto lo definieron como ingreso de mercado e incluye pagos por dividendos o remesas.

A ese primer ingreso sumaron las pensiones recibidas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y restaron el impuesto sobre la renta (IR) y las cotizaciones del INSS, denominándole ingreso de mercado neto. Con esto, la pobreza disminuía a 26.5%.

“Allí vemos que el aporte de las pensiones compensa el pago que hacen los hogares por IR y por cotizaciones, porque en los hogares más pobres es donde menos pagan impuestos sobre la renta”, expuso Huelva.

Al ingreso anterior le sumaron los programas sociales, de los cuales consideraron 14, incluyendo el Bono Solidario, Patio Saludable, titulación de la propiedad, Plan Techo, materiales didácticos escolares, Merienda Escolar, zapatos escolares, mochila escolar y Paquete Alimentario Solidario. Con este ingreso la pobreza disminuye a 23.9% y sería el ingreso disponible.

Luego estimaron el ingreso posfiscal, es decir, la deducción del pago del impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto selectivo de consumo (ISC) y la adición del beneficio del subsidio al servicio de electricidad. Con esto, la pobreza aumentaba a 25%.

“Este aumento de la pobreza es porque todos los hogares, por más pobres que sean, tienen que pagar impuestos indirectos, pero no todos se ven beneficiados por el subsidio de la energía eléctrica, porque no todos los hogares están conectados a la red eléctrica”, aseveró Huelva.

En última instancia consideraron el ingreso final, aquel en que se suma el beneficio que recibe el hogar de los servicios de salud y educación. Aquí la pobreza se reduce a 16.9%, lo que sitúa a este beneficio como la intervención social predominante para reducir la pobreza.

DESIGUALDAD Y VULNERABILIDAD

El estudio del Funides detalla también que el beneficio de la salud y la educación no solo disminuye los niveles de pobreza, sino que ayuda a reducir los índices de desigualdad y la probabilidad de caer nuevamente en la pobreza.

El gasto social en salud y educación reduce el coeficiente de Gini en tres puntos porcentuales (mide desigualdad, siendo cero el índice en que el ingreso está distribuido de la misma forma para todos), mientras los programas sociales lo reducen en solo un punto porcentual, y estos son, en su mayoría, los programas escolares ejecutados por el Ministerio de Educación (Mined).

Tratamos de contabilizar el valor monetario de todas las inter-venciones públicas. Allí es donde se van modificando los porcentajes de pobreza o desigualdad”. Carlos Toruño, coautor del estudio.

Toruño explicó que la desigualdad no disminuye necesariamente si la pobreza lo hace. “Según datos oficiales, desde 2009 hasta 2014 los niveles de pobreza disminuyeron, pero en el mismo periodo de tiempo aumentó la desigualdad”.

La vulnerabilidad, es decir, las probabilidades de un hogar de permanecer por arriba de la línea de pobreza, es menor por la influencia del gasto público en salud y educación.

“Un hogar que cuenta con estos servicios disminuye sus probabilidades de caer bajo la línea de pobreza. Los recursos liberados permiten satisfacer necesidades que de otra manera no podrían sin afectar su consumo”, detalla el estudio.

Los programas sociales contribuyen muy poco a la reducción de la vulnerabilidad, solo 0.4%. Es decir, que hay mayores posibilidades de que un hogar caiga en situación de pobreza si deja de recibir los beneficios de los programas sociales, que si dejara de recibir salud y educación de forma gratuita.

METAS CLARAS

Una mejor focalización de los programas sociales podría lograr que la desigualdad se reduzca el doble, afirmó Huelva. Es decir que la distribución igualitaria de los ingresos podría ser mejor si los programas sociales llegaran en mayor medida al 27.3% de personas que viven con US$1.8 al día.

Con esa misma focalización, la pobreza se reduciría casi el triple, pasaría de 2.6% (reducción por programas sociales) a 7%.

“Sería útil tener un sistema de registro único de los beneficiarios de los programas sociales”, detalla la economista, pues esto permitiría conocer qué programas recibe qué persona y con qué frecuencia, así como su situación económica.

“También sería oportuno reestructurar aquellos programas sociales que tienen más incidencia en la reducción de la pobreza y desigualdad”, recomienda el estudio, que también propone establecer metas claras y medibles para cada programa, para el monitoreo y la evaluación.

Indicó que los programas que están mejor focalizados son el Paquete Alimentario Solidario y los programas escolares ejecutados por el Mined. En cambio, los programas donde hay más fugas son Patio Saludable, Bono Solidario y educación universitaria.

Fuente: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/431439-gasto-publico-salud-educacion-reduce-mas-pobreza/

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Miles de niñas contraen matrimonio cada año en EEUU

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El matrimonio infantil sigue siendo legal en los 50 estados que integran Estados Unidos, donde se casan miles de menores de 18 años por año, aunque la práctica suele vincularse más a países del Sur en desarrollo que a la mayor economía del mundo.

“Son leyes antiguas que nunca se modificaron porque la gente no se daba cuenta de lo que sucedía”, aseguró Fraidy Reiss, directora de Al Fin Sin Cadenas, una organización que lucha por erradicar el matrimonio de niñas y niños menores de 18 años en Estados Unidos.

«El daño que sufre una niña que se casa en el estado de Nueva York no es tan distinto al que padece una niña en República Centroafricana»: Heather Barr.

Basándose en los datos existentes, la organización calcula que más de 250 mil menores de 18 años contrajeron matrimonio en Estados Unidos entre 2000 y 2010, incluso niñas de 12 años en los estados de Alaska, Carolina del Sur y Luisiana.

El Centro de Justicia Tahirih, que protege a mujeres y niñas de situaciones de violencia de género, concluyó que el sudoccidental estado de Texas tiene la segunda mayor tasa de matrimonios infantiles en el país, con unos 40.000 menores de 18 años que se casaron entre 2000 y 2014.

La mayoría de los contrayentes son niñas, y aproximadamente 77 por ciento del total se casaron con hombres adultos, a menudo mucho mayores que ellas.

Esos casos abarcan diversas religiones, orígenes étnicos y circunstancias, desde una joven de 15 años cuya familia musulmana la obligó a casarse con un hombre de 23 años porque la encontraron citándose con alguien de diferente origen en Nevada, a una joven cuya comunidad cristiana en Colorado la presionó para que se casara porque estaba embarazada.

“Creo que es absolutamente escandaloso”, opinó Heather Barr, investigadora de Human Rights Watch. El matrimonio infantil es un problema que sucede en todos los continentes y con consecuencias similares, aseguró.

“El daño que sufre una niña que se casa en el estado de Nueva York no es tan distinto al que le sucede a una niña en República Centroafricana”, observó.

El matrimonio infantil está estrechamente ligado a las altas tasas de abandono escolar y a la pobreza. Quienes se casan ​​antes de los 18 años tienen tres veces más probabilidades de experimentar violencia de género que aquellas que lo hacen después de cumplir los 21 años.

Las mujeres y niñas que contraen matrimonio a una edad temprana también suelen experimentar problemas de salud física y mental, lo que incluye mayores tasas de mortalidad materna e infecciones de transmisión sexual.

Reiss señaló a IPS cómo el matrimonio forzado repercute en la salud mental de las niñas, ya que muchas recurren al suicidio como salida. Otras simplemente se rinden y continúan con el matrimonio porque no tienen otra opción.

“Saben que al continuar con el matrimonio eso significa que las van a violar en su noche de bodas y a partir de entonces, que las retirarán de escuela, que todos sus sueños para el futuro habrán desaparecido”, sostuvo.

Aunque la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, la mayoría de los estados permiten que las y los menores se casen con el consentimiento de los padres o de un tribunal. Sin embargo, tanto Reiss como Barr consideran que eso es problemático y “ridículo”.

“Los matrimonios infantiles a menudo son arreglados o forzados por los padres, por lo que en una situación en la que en realidad son los progenitores quienes obligan a una niña a casarse, el consentimiento… no tienen ningún sentido”, razonó Barr.

En cuanto al consentimiento judicial, la ley no especifica ningún criterio que un juez debe considerar antes de aprobar el matrimonio. En 27 estados las leyes no especifican ninguna edad por debajo de la cual una niña o niño no pueda casarse.

“La edad mínima para el matrimonio se reduce efectivamente a cero”, según Reiss.

En los últimos años hubo varias iniciativas para erradicar el matrimonio infantil en Estados Unidos.

En mayo, el congreso legislativo de Texas aprobó un proyecto de ley que fija en 18 años la edad legal para contraer matrimonio. Aunque permite el casamiento a menores de 18 años, solo podrán hacerlo si un juez concluye que viven por su cuenta y ya no dependen de tutores para mantenerse. La iniciativa entrará en vigor una vez que tenga la firma del gobernador Greg Abbott.

El senado de Nueva York aprobó un proyecto de ley que eleva la edad mínima de matrimonio de 14 a 17 años. Se espera que la asamblea legislativa del estado también lo apruebe.

No obstante, Reiss criticó el proyecto de ley porque, en su opinión, los menores de 17 años siguen siendo niños.

“Esta idea de permitir que las jóvenes de 17 años se casen porque los legisladores suponen que es de alguna manera menos reprobable que el casamiento de una niña de siete años…, (pues) no lo es”, aseguró en diálogo con IPS.

En marzo, el estado de Nuevo Hampshire rechazó un proyecto de ley que elevaba a 18 la edad mínima para contraer matrimonio con el argumento de que perjudicaría a las adolescentes embarazadas y a los militares menores de edad, por lo que el límite se dejó en 13 años.

En Nueva Jersey, el gobernador Chris Christie vetó condicionalmente un proyecto de ley que prohibía el matrimonio a menores de 18 años porque “no concuerda con las sensibilidades y, en algunos casos, las costumbres religiosas, de la población de este estado”.

Tanto Reiss como Barr condenaron la medida y subrayaron que el matrimonio infantil no tiene nada que ver con la religión.

“No se trata de un asunto de tradición, sino de derechos humanos”, destacó Barr.

La actitud de Estados Unidos como país donante resulta hipócrita cuando critica a otros países por su escasa protección contra el matrimonio infantil, comentó.

“Realmente socava su credibilidad… creemos que la reforma en este tema en Estados Unidos y otros países occidentales que son países donantes también puede ayudar a apoyar el esfuerzo mundial” contra la práctica, dijo Barr.

En 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el matrimonio infantil de “abuso de derechos humanos” que “genera repercusiones devastadoras para la vida de una niña, terminando efectivamente con su infancia”.

“Es una batalla cuesta arriba”, añadió Reiss.

Según Niñas, No Novias, cada año 1,5 millones de niñas se casan antes de los 18 años. Si la tendencia continúa, para 2050 habrá 1.200 mujeres que contrajeron matrimonio cuando eran niñas.

Entre las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco, relativo a la igualdad de género, se encuentra eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/06/miles-de-ninas-contraen-matrimonio-cada-ano-en-eeuu/

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