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Estados Unidos: Trump deja vía libre para que pizzas, hamburguesas y patatas vuelvan al menú escolar

América del norte/Estados Unidos/23 enero 2020/elpais.com

Su Administración flexibiliza los menús de los niños y facilita que la comida rápida se pueda servir cada día en las escuelas

“Trump está al volante, ¿qué puede salir mal?” El nutricionista Juan Revenga define con esta frase irónica la decisión de la Administración estadounidense de “flexibilizar los menús en los comedores escolares”. El encargado del Departamento de Agricultura del Gobierno de Donald Trump, Brandon Lipps, explicó en rueda de prensa las nuevas normas que regularán el Servicio de Alimentación y Nutrición escolar, que principalmente se basan en la flexibilidad de raciones en cuanto a verdura y fruta y en permitir que los niños coman a la carta, lo que para los expertos provocará que la pizza, la hamburguesa o las patatas fritas vuelvan a los comedores de las escuelas de la nación.

“Hacemos estos cambios porque nosotros conocemos mejor a los niños”, sugirió Lipps el pasado viernes. El funcionario también justificó estos cambios en la necesidad de que se deje de tirar comida en los centros. Según la propuesta, a las escuelas se les permitiría reducir la cantidad de ciertos tipos de verduras que se sirven en el almuerzo. Las legumbres, que se ofrecen como alternativa a la carne, y las patatas también entrarán en este apartado, informa AP.  Además, a las escuelas se les podrán ofrecer menos cantidad de fruta. Ya en 2018, la Administración Trump flexibilizó los niveles de sodio, aprobó el uso de leches azucaradas y allanó el camino para el uso de las harinas blancas frente a las integrales.

Medios estadounidenses han visto en estas palabras un ataque directo al anterior programa que fomentó e introdujo la ex primera dama, Michelle Obama –el anuncio de las nuevas medidas se hizo el día de su cumpleaños–. Un programa denominado Let’s Move (proyecto que comenzó en 2010), con el que la antigua moradora de la Casa Blanca recorrió toda la geografía estadounidense enseñando a niños y padres la importancia del deporte y de comer sano con la creación, incluso, de un huerto en la propia residencia presidencial. La Asociación para una América más saludable, que preside la propia Obama, denunció en un comunicado que la nueva normativa es un error y que hay que «poner la política a un lado, porque la ciencia ha demostrado que debe incrementarse el consumo de frutas y vegetales por su efecto favorable en la salud, especialmente para los niños».

El asalto de la Administración Trump a la salud de los niños continúa hoy con el pretexto de «simplificar las comidas escolares”, escribían también en un comunicado especialistas del Centro para la Ciencia en el Interés Público, EE UU. Según estos expertos, la propuesta “permite que el niño pueda comer su plato principal como un artículo a la carta. Y en la práctica, si esto se lleva a cabo, crearía un gran vacío en las pautas de nutrición escolar, allanando el camino para que los niños elijan pizza, hamburguesas, papas fritas y otros alimentos ricos en calorías, grasas saturadas o sodio en lugar de comidas escolares equilibradas”.

La urgencia de atajar el problema de la obesidad infantil en Estados Unidos y en el mundo hace que muchos expertos piensen que este paso es un paso atrás en la lucha contra esta epidemia. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2016 [últimos datos registrados], 41 millones de niños y niñas menores de cinco años padecían obesidad o sobrepeso en el mundo.

En Estados Unidos, “los niños comen el 50% de los alimentos que ingieren durante la jornada, en el colegio. Es probable que tomen tanto el desayuno como la comida”, puntualiza Juan Revenga por teléfono. “Y me parece que la decisión de flexibilizar los menús se ha tomado para favorecer a los lobbies de la industria y, por supuesto, sin tener en absoluto en cuenta la salud de los más pequeños”, añade el experto. “Es más una cuestión política, muy a tono con Trump, que una cuestión de salud. Lo que es muy preocupante”, concluye tajante.

Carlos Casabona, pediatra de Atención Primaria, añade que es un poco contradictorio que en el país en el que están los mejores investigadores en nutrición y se están logrando los mayores avances, su presidente adopte medidas que no favorecen la salud de los más pequeños: «El plato saludable que recomienda la Universidad de Harvard ha eliminado casi por completo la pirámide nutricional de los colegios españoles por ser más específico y completo. Las dosis aproximadas que recomienda son un 50% de verduras y frutas; un 25% de granos integrales, ya sea pan, pasta o arroz y un 25% de proteínas donde se incluyen las vegetales, las animales y los huevos». «Estos investigadores estadounidenses son los que están dictando lo que hacemos el resto del mundo para luchar contra la obesidad infantil, con una gran prevalencia en Estados Unidos y México», prosigue. «Lo que está haciendo Trump es una vuelta atrás, es malo para todos, pero sobre todo para los más pequeños. Para combatir esta epidemia es esencial educar a los niños a comer de forma saludable en y desde la escuela», concluye Casabona.

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/01/20/mamas_papas/1579524459_618274.html

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Libertad de elección de centro y segregación escolar

Por: Julio Rogero

Cada escuela pública, en cada barrio, ha de ser la de mejor calidad para dar respuesta al derecho de todos a la educación sin ningún tipo de exclusión.

Estamos en plena cruzada de la derecha, la iglesia, la clase media y el empresariado con intereses en el negocio educativo, de defensa de la enseñanza concertada con la bandera del derecho a la libertad de elección de centro y de la demanda social. Este tema es de vital importancia en las políticas educativas que se pueden estar diseñando para el futuro en nuestro país y por las consecuencias que tiene en la construcción de una sociedad democrática más justa y equitativa. Los dos polos que quiero analizar brevemente son “la libre elección de centro” y “la segregación” que produce.

Para poder realizar este análisis creo que es necesario tener en cuenta el contexto en que se desarrollan, para poder explicarnos y comprender mejor lo que está pasando. Considero que “la libertad de elección” es uno de los mecanismos básicos que sustentan este modelo dominante de segregación y exclusión en nuestras sociedades. Estos son algunos aspectos que podemos tener en cuenta para saber en qué mundo estamos: el dominio del modelo de sociedad y de educación neoliberal; el poder del mercado de producción y consumo; el ataque a los derechos humanos, íntimamente ligados al desprestigio de lo común, lo colectivo y lo público; el aumento de la desigualdad; la valoración de que la educación es un nicho de negocio nada despreciable; por eso el bien de la educación, que no el derecho, se vende en el mercado y lo compra quien lo puede pagar. Se trata de convertir los centros educativos en empresas que obtengan el máximo rendimiento en el mercado de la educación. Toda esta dinámica se desarrolla mediante determinados mecanismos: la demostración de que es necesario el desarrollo de un mercado de la educación eficaz, eficiente y competitivo, porque la educación pública no es nada de esto; la nueva gestión empresarial (NGE) concretada en el espacio público a través de la nueva gestión Pública (NGP); la alianza público-privado que haga posible la penetración de lo privado en lo público por diversos mecanismos: privatización de determinados aspecto de la vida escolar, la presencia programada por la propia administración de diferentes empresas de servicios, tecnológicas, de IA…; presencia y apoyo a la innovación educativa promocionada en el espacio público por la filantropía empresarial a través de sus fundaciones (BBVA, Telefónica, COTEC, Apple…). Todo lo anterior está en el trasfondo de los argumentos de quienes defienden la falacia de la libertad de enseñanza identificada con libertad de elección de centro.

Los defensores de la libertad de enseñanza, identificada con la libre elección de centro, alegan diferentes justificaciones de su posición: es un derecho constitucional; corresponde a las familias la educación de sus hijos; es necesario que estas pueden elegir el centro que quieran sin ninguna cortapisa, por eso defienden la zona única de escolarización; entienden que en la escuela pública se adoctrina a sus hijos y en la concertada no; exigen, en nombre de esa libertad de elección, que se financien y se sigan financiando sus escuelas con dinero público. Dicen que los resultados son mejores que en la escuela de titularidad pública.

Podemos partir de la idea y la realidad de que “la libertad de elección de centro” no es un derecho y no está contemplado en la constitución en el art 27 (Lo dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de junio). Sí lo son la libertad de enseñanza y la libertad de creación de centros. Pero no hemos de olvidar que esto no implica que se deba financiar con fondos públicos dicha libertad, como desde hace mucho tiempo nos quieren hacer creer los que defienden los intereses de las empresas de la enseñanza privada.

La libertad de elección de centro la justifican y defienden quienes tienen intereses económicos, sobre todo, e ideológicos. Además es una libertad que solo la pueden practicar unos pocos: los que la pueden pagar, los que se pueden desplazar, los que quieren que sus hijos se mezclen con los de su clase y no con todos, los que quieren preservar un capital cultural que les sitúe en condiciones favorables para competir en el mercado de trabajo y de consumo, los que quieren que sus hijos se relacionen con quien les pueda garantizar éxito en el futuro, los que quieren situar a sus hijos en un estatus superior de dominio social.

Las familias creen que son ellas las que eligen los centros para sus hijos. En la realidad son los centros los que seleccionan a su alumnado de diversas maneras: ubicando sus centros en los barrios y zonas de clase media, media-alta y clase alta; seleccionando por capacidad intelectual que garantice al centro el éxito en la competitividad por los resultados; expulsando a los que ponen en riesgo el éxito del centro por su bajo rendimiento; aceptando a los que tienen recursos que les garanticen el negocio y la estabilidad económica; acogiéndose a proyectos que convierten en oportunidades para segregar y seleccionar a sus clientes (bilingüismo, innovaciones que cuestan dinero, servicios especiales…).

El diccionario de la RAE nos dice que segregar es: “Separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales”. Así pues “segregación” es separación y afecta a todos como segregadores-marginadores (incluye a todos los que son-somos conniventes con la realidad de la segregación) o segregados-marginados. Así se crean centros de enseñanza para ricos (privados, concertados, y algún centro de titularidad pública que se mimetiza con la escuela privada) y uno de sus efectos más perniciosos es que éstos no sabrán convivir con los demás y no aprenderán los valores humanos más elementales (solidaridad, respeto, compasión, empatía…), porque nunca se relacionarán con los otros; los hijos de los estratos sociales bajos serán segregados en centros para ellos en sus propios barrios-gueto (el llamado “efecto barrio” en las actuales ciudades globales) y serán ignorados en las políticas socioeducativas, con frecuencia será en centros gueto de titularidad pública; son las escuelas para pobres. No olvidemos que la segregación se puede dar por diferentes motivos, pero el factor más importante es el económico, que se suele ocultar, siendo clave como mecanismo de segregación encubierta, como nos muestra el informe de Save the Children sobre este tema “Mézclate conmigo” de abril de 2019.

La segregación escolar es una realidad constatable en los datos y en la cotidianeidad de la vida de los centros educativos (ver Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido). Estos procesos de exclusión responden a un modelo educativo que estructuralmente se concreta en un sistema educativo que es segregador por la propia naturaleza del sistema socioeconómico en que se desarrolla.

Está demostrado que hay una relación directa entre libertad de elección de centro y segregación escolar. La libertad de elección de centro es una realidad para los que la pueden pagar y eligen la red privada no concertada, cueste lo que cueste. La red privada concertada es la que, financiada con dinero de todos, suele jugar sucio seleccionando a su alumnado, ataca de todas las formas posibles cualquier política educativa que quiera poner límites a su próspero negocio. Ahí tenemos dos hechos que últimamente han mostrado con mayor evidencia esta realidad: la declaración de la ministra de Educación en el último congreso de las escuelas católicas de noviembre de 2019. Éstas pusieron el grito en el cielo cuando la ministra diferenció “libertad de enseñanza” de “libertad de elección de centro”, porque entendían que esta diferenciación implicaba un cuestionamiento de los conciertos educativos. Otro hecho fue la propuesta del Ministerio de Educación de escolarizar en centros ordinarios al alumnado de centros de educación especial susceptibles de ser atendidos adecuadamente en los centros ordinarios. Entonces los centros privados concertados de educación especial denunciaron y se organizaron para defender la segregación de ese alumnado y mantenerlos en sus centros para seguir manteniendo su negocio sin tener en cuenta la realidad de ese alumnado. Todos ellos anuncian movilizaciones, contra las posibles decisiones en política educativa del nuevo Gobierno, para defender tanto la libertad de elección como la concertación de los centros de educación especial tal y como están hoy. No voy a entrar en cómo se está dando ahora un paso más, con la disculpa de la libertad de elección y la propiedad de los hijos en la destrucción y el control de la escuela pública, la eliminación del pluralismo y la aniquilación de los derechos de la infancia. Este análisis lo hace Jaume Carbonell en otro artículo en este mismo número del Diario de la Educación.

Se apela a la demanda social de educación privada concertada. Es verdad que hay una demanda social creciente a medida que las propias políticas públicas de las administraciones, ocupadas para poner lo público al servicio de los intereses privados, se están encargando de deteriorar la calidad de la escuela de titularidad pública. Así la desprestigian haciendo creer que la escuela privada es de superior calidad. Algo que no es real. El propio Informe PISA de 2018 (publicado el 3 de diciembre de 2019) nos dice que la escuela pública obtiene resultados similares (un poco mejores) que los centros privados cuando se dan condiciones semejantes. Con los conciertos educativos las clases populares financian la educación de las clases medias y altas y se reproduce con dinero público la segregación escolar y la desigualdad social.

Es necesario tratar temas que se suelen eludir al defender el derecho absoluto de las familias a la libre de elección de centro. Son cuestiones centrales que están siempre en el trasfondo de este tema. Entre otros están: la relación derecho a la educación mercado de la educación, sociedad de clases y escuela segregadora, la relación de la escuela pública con la privada, la subsidiaridad entre ellas, relación inclusión-exclusión, relación equidad escolar y desigualdad económica y social, libertad de educación y adoctrinamiento, modelo de escuela pública-modelo de escuela selectiva y segregadora, educación crítica para la emancipación y educación adoctrinadora para la sumisión…

Algunos optamos claramente por defender una escuela pública que haga innecesaria la falacia de la libertad de elección de centros porque entendemos que cada escuela pública, en cada barrio, ha de ser la de mejor calidad para dar respuesta al derecho de todos a la educación sin ningún tipo de exclusión. Sencillamente porque creemos que ese modelo de escuela pública es el de una sociedad justa basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad humanas. Es una escuela que respeta y practica la libertad de enseñanza para todos, la justicia social y escolar, la equidad y el respeto a lo que cada uno quiere ser, la pluralidad, la diversidad, el cuidado mutuo y el derecho a la fraternidad. Esto solo es posible en la escuela de titularidad pública si logramos que responda al referente utópico de la escuela pública que desde el movimiento de transformación de la educación defendemos desde hace mucho tiempo.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2020/01/21/libertad-de-eleccion-de-centro-y-segregacion-escolar/

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Las políticas públicas venezolanas en materia de género: tradición vs demandas sociales

Por: María D’Jesús Urbina Gutiérrez.

Resumen

Las políticas públicas es una temática que ha vuelto a ser el centro de algunas investigaciones en la actualidad en vista de las marcadas desigualdades sociales existentes en Latinoamérica y el Caribe y el resto mundo, pese al intento de algunos programas que promueven a través de objetivos a largo plazo reducir esta brecha. Es por ello que se ha propuesto como meta para esta investigación reflexionar acerca de las políticas públicas venezolanas para hacer frente a las desigualdades sociales, específicamente en materia de género; partiendo del análisis de las definiciones de políticas públicas, las políticas públicas en materia de género (PPG) y sus alcances, las PPG en Latinoamérica y en Venezuela, y por último y no menos importante el cuestionamiento a la tradición paternalista del Estado venezolano frente a las demandas sociales de los movimientos sociales integrados por mujeres.

 

Palabras claves: Políticas Públicas, Políticas Públicas en materia de Género (PPG), Demandas Sociales.

 

The Public policies is a theme that has once again become the center of some research today in view of the marked social inequalities existing in Latin America and the rest of the world despite the attempt of some programs that promote through long-term objectives to reduce this gap. That is why it has been proposed as a goal for this research to reflect on Venezuelan public policies to address social inequalities, specifically in terms of gender; based on the analysis of the definitions of public policies, public policies on gender (PPG) and their scope, the PPG in Latin America and Venezuela, and last but not least the questioning of the paternalistic tradition of the Venezuelan State against the social demands of social movements made up of women.

 

Keywords: Public Policies, Public Policies on Gender (PPG), Social Demands.

 

Las Políticas Públicas en América Latina y el Caribe han sido analizadas tradicionalmente  desde el punto de vista técnico como programas que promueven la reducción de las desigualdades, con una evaluación promedio cada diez años para conocer su impacto en las transformaciones sociales; sin embargo estas políticas se diseñan en un contexto sociocultural especifico de la región y de cada Estado que la conforma, diverso y diferente, por lo que las necesidades varían dependiendo de las sociedades que hacen vida en estos, pero teniendo a su vez un hilo conductor en común como lo es la tradición colonial, que ha marcado históricamente quienes pueden acceder a ciertos derechos y beneficios relacionados a estas políticas. A continuación se analizaran las definiciones de Políticas Públicas y los requerimientos mínimos para su implementación; así como también las Políticas Públicas en materia de Género y sus alcances (justicia de género, autonomía, empoderamiento) en Venezuela y la región; y para finalizar se cuestiona la tradición paternalista del Estado venezolano frente a las demandas de los movimientos sociales integrados por mujeres.

Las Políticas Públicas, tema de referencia en la actualidad

Las Políticas Públicas son consideradas como el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, que actúan directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de la población nacional. Asimismo, tratan de enfrentar los problemas y contradicciones existentes en un sector de la sociedad o un espacio geográfico determinado, tomando en cuenta Instrumentos que permiten conocer las estrategias adecuadas para agrupar iniciativas desiguales (Ruiz y Cadenas, 2005 y Velasco, 2007).

De acuerdo a Lahera (2002), las Políticas Públicas deben asegurar la participación en los beneficios de la mayoría de la población mediante políticas complementarias, integrándolas al proceso productivo para su sostenimiento en un tiempo y espacio determinado así como también al Estado, partidos políticos, empresa privada y movimientos sociales. Además, deben tomar en cuenta las consultas directas a los diversos niveles de decisión política para discutir ampliamente las ventajas e inconvenientes de las alternativas planteadas, debido que es importante aclarar de forma realista las orientaciones y políticas deseables para las transformaciones sociales.

Asimismo, este autor considera importante tomar en cuenta a los organismos e instituciones que condicionan la aplicación de las políticas, los distintos niveles políticos-administrativos y la relación de estas políticas públicas con el Proyecto Nacional, lo cual permitirá objetivar las demandas sociales y posibilidades reales para poder llevarlas a cabo; tomando en cuenta también que el éxito de una política justa se asegura cuando los recursos de información se explicitan tanto hacia los funcionarios públicos vinculados con la implementación, como hacia la población beneficiaria (Benavente y Valdés, 2014).

Otro factor de éxito para la ejecución de las Políticas Públicas, según Benavente y Valdés, se relaciona con la inclusión de presupuesto para la producción de información respecto del logro de los objetivos de la política. Además que la información sea accesible, es esencial la existencia de mecanismos legales para asegurar el acceso a la información pública, así como para denunciar el incumplimiento de la política. La existencia de mecanismos de diálogo entre la sociedad civil y el Estado es una condición necesaria no solamente para velar por el cumplimiento de la política, sino también para discutir y establecer los pasos que es preciso seguir a fin de lograr un avance constante en favor de los objetivos.

Las Políticas Públicas en materia de Género y sus alcances, una meta en Latinoamérica

Con respecto a las Políticas Públicas en materia de Género (PPG), cabe resaltar que estas han jugado un papel fundamental en las transformaciones de las relaciones de género en los distintos países latinoamericanos y caribeños, debido que desde mediados de los años ochenta en adelante, en el contexto de los procesos de recuperación de la democracia de los países de la región después de regímenes dictatoriales y autoritarios y largos procesos de lucha interna, estas comenzaron a cuestionar el orden impuesto por el neoliberalismo, demandando un rol activo del Estado que estaba en retirada (CEPAL, 2012).

Sin embargo, algo que no se esperaba era que esta retirada del Estado a su vez permitiera que surgieran instituciones que sin alterar la dinámica dominante, sentaran las bases de las políticas de igualdad. Los ministerios, consejos e Institutos de la Mujer de la mano de la agenda internacional de derechos irrumpieron en el ámbito gubernamental articulando demandas sociales que en algunos casos notables alcanzaron logros importantes. Con la globalización, el campo de acción de las feministas y de las mujeres que empezaron a autodenominarse como tales, se pluralizó, globalizó y descentró, elevándose de esta manera su impacto sobre otras colectividades e instituciones (Álvarez, 2001 en CEPAL).

 

A partir de allí, los movimientos feministas han replanteado su relación con el Estado argumentando que el papel de este no es neutro sino, por el contrario, es omnipresente en la construcción de las desigualdades de género a través de los mensajes que emite, las concepciones de género que sustentan sus políticas y el grado de reconocimiento que hace de los distintos actores, entre ellos las mujeres, como interlocutoras. Demostrando así, que la acción del Estado se ejerce sobre una realidad configurada por las relaciones de género, en tanto éste constituye uno de los ejes de diferenciación social que estructura las relaciones sociales.

La incorporación del análisis de género en las Políticas Públicas ha implicado la circulación de nuevos discursos dentro de las instituciones del Estado. Estos discursos permitieron incorporar en las agendas institucionales temas considerados como propios de la esfera privada tales como la violencia contra la mujer, la autonomía del cuerpo reproductivo, la dependencia económica de las mujeres, la autoridad del jefe de familia, los derechos individuales, la segregación de género en el mercado de trabajo, en la educación y la representación política; así como también de manera positiva la ratificación por parte de los Estados de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Sin embargo, junto a estos movimientos que movilizan los problemas, se distinguen también los llamados “grupos de veto” que resisten la emergencia de una problematización dada sobre todo cuando ésta puede modificar su situación. El concepto de “actor de veto” se refiere a aquellos actores colectivos e individuales cuyos acuerdos se tornan imprescindibles para la toma de una decisión política (Tsebelis, 1995, 2002, citado por PNUD, 2010, en CEPAL).

En América Latina, las jerarquías de la iglesia católica han sido un actor de veto permanente a la incorporación de nuevas concepciones de género y al reconocimiento de nuevos derechos, sobre todo en el área sexual y reproductiva. Se han opuesto a la demanda feminista de aborto seguro y legal y a la implementación de políticas que tienen que ver con la educación sexual, las campañas de prevención del SIDA, la regulación de la reproducción y el reconocimiento de identidades sexuales plurales.

Es por ello necesario resaltar que los procesos de institucionalización de las políticas públicas de género se han visto favorecidos y amparados con el reconocimiento del carácter normativo y coordinador de los Movimientos Autónomos de Mujeres (MAM) y con la aprobación de las plataformas y programas de acción en las conferencias globales y regionales. Asimismo, se reconoce que durante la implementación de los planes de igualdad y en el proceso de vinculación con distintos sectores del ejecutivo, las integrantes de los MAM articulan tiempos y espacios de gestión diferentes para enfrentarse a las barreras ideológicas, políticas, procedimentales, organizacionales y administrativas; debido que la lógica sectorial y líneas de mando jerárquicas de la administración pública también resisten la ejecución de políticas de carácter transversal e integral impulsadas por los planes y la coordinación intersectorial que de ello se deriva (Guzmán y Montaño, 2012).

Entre los alcances de las PPG se encuentra la promoción de la justicia de género, la cual puede definirse como el logro de la igualdad entre mujeres y hombres en conjunto con las medidas para reparar las desventajas que llevan a la subordinación de las mujeres y para permitirles acceder y controlar los recursos en combinación con la agencia humana (Goetz, 2007 en Benavente y Valdés). Esta justicia solo puede alcanzarse a través de un Estado activo en el logro de la igualdad, un Estado que en la planificación, elaboración, ejecución y evaluación de las políticas considere el fomento de la justicia en la sociedad.

 

Para alcanzar la justicia de género implica haber incorporado la noción que las mujeres, en cuanto sujetos, no constituyen ni una clase social ni un estatus, de modo que las injusticias de género no pueden ser atribuidas solamente a un factor, sino que incluyen tanto las injusticias económicas y la ausencia de reconocimiento de las mujeres en cuanto sujetos, como las injusticias presentes en la forma en que se organiza la acción política y la toma de decisiones que las excluye (Fraser, 2008 en Benavente y Valdés).

Lo planteado anteriormente es coherente con la noción de derechos humanos, compuestos por derechos civiles y políticos, así como derechos económicos, sociales y culturales, que da cuenta de la amplia gama de derechos que deben ser respetados y garantizados por los Estados. Por tanto, las instituciones y las PPG son mecanismos para lograr la justicia en ámbitos determinados y constituyen a su vez instrumentos para alcanzar la superación de desigualdades específicas y autonomía de la mujer.

La autonomía, en este contexto, se define como el grado de libertad que una mujer tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros. En tal sentido, hay una estrecha relación entre la adquisición de autonomía de las mujeres y los espacios de poder que puedan instituir, tanto individual como colectivamente. En realidad, el grado de autonomía de un sujeto singular es inseparable del grado de autonomía del grupo social al que pertenece. Es decir, el grado de autonomía personal que una mujer pueda desarrollar dependerá también de la autonomía posible de su grupo social y de aquella que las mujeres de la sociedad a la que pertenece hayan alcanzado. La autonomía significa entonces para las mujeres contar con la capacidad y con condiciones concretas para tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas (Benavente y Valdés).

Martha Nussbaum (2002) aporta un aspecto a considerar en relación a las PPG, la cual es el contexto sociocultural en el cual estas se diseñan, cuestionando si los valores que una sociedad promueve son necesarios de preservar debido a las limitación de estos hacia la autonomía de la mujer; esta investigadora explica que la mujer puede decidir llevar una vida tradicional en vista del contexto sociocultural que ha nacido, sin embargo esto no excluye la existencia obligatoria de políticas económicas y sociales que velen por su bienestar y equidad de participación en todos los ámbitos para el desarrollo de sus potencialidades y búsqueda de su autonomía y empoderamiento. Se puede asegurar la alfabetización pero es necesario también las condiciones económicas para que esta pueda hacerlo, debido que no son solo derechos en el papel sino también las condiciones materiales para ejercerlos, y esto requiere recursos la redistribución de las riquezas de acuerdo a las necesidades.

Con respecto al empoderamiento de la mujer, León (2013) expone el debate entre el empoderamiento individual y el colectivo; cuestiona el empoderamiento individual debido que este puede ser una simple y mera ilusión si no se conecta con las luchas sociales, con las preocupaciones de hacer democracia, de ampliar la ciudadanía de las mujeres y cambiar las sociedades, puesto que además de  reconocer las percepciones individuales, no se puede reducir el empoderamiento de manera que ignore lo político.

Por tanto, para León el empoderamiento incluye no sólo el cambio individual, sino la acción colectiva, la cual es un proceso personal y político, cuyas aristas personales, intimas, corporales, no pueden desvincularse de sus connotaciones políticas, de impugnación de las relaciones de poder vividas en el seno de relaciones familiares, en donde las y los sujetos viven cotidianamente y a su vez son parte del orden social. También el empoderamiento puede ser entendido como una estrategia propicia para que las mujeres y otros grupos marginales incrementen su poder, esto es, acceder al uso y control de los recursos materiales y simbólicos, para que ganen influencia y participación en el cambio social. Es una toma de conciencia de sus propios derechos, con el fin de participar desde una posición más sólida en la toma de decisiones y poder influir en ellas (Murguialday, Perez y Eizagirre, 2005, en León).

 

El poder que se aspira desde el empoderamiento de la mujer es el Poder Suma-Positivo, llamado así debido a que el poder que tenga una persona o un grupo incrementa el poder total disponible, el cual permite compartir el poder y favorece el apoyo mutuo. Este es el poder “para”, que facilita y abre posibilidades sin dominación y genera un amplio rango de alternativas y potencialidades humanas. O también, el poder “con”, el cual se aprecia cuando un grupo presenta solución compartida a sus problemas y el todo puede ser superior a la sumatoria de las partes.

Las PPG en América Latina, aportes y metas

 

Con respecto a las PPG en Latinoamérica, Benavente y  Valdés han realizado un estudio de caso acerca de siete políticas que son un aporte para el logro de autonomía de las mujeres, las cuales clasifican de la siguiente manera:

  1. Políticas públicas y autonomía física: la Ley 11340 Maria da Penha (Brasil), la política de lucha contra la violencia de género (Uruguay), la política de garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), (Colombia).
  2. Políticas públicas y autonomía en la toma de decisiones: paridad y alternancia de género en los órganos de elección del Estado y en las instancias intermedias (Estado Plurinacional de Bolivia), la política de paridad y alternancia en la Ley Electoral (Costa Rica).
  3. Políticas públicas y autonomía económica: Ley 20255 (Chile), que establece la Reforma Previsional, el Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) (México).

En referencia a la Ley 11340 Maria da Penha de Brasisl, esta es tomada en cuenta debido que reconoce el derecho de todas las mujeres a vivir una vida sin violencia y considera este tipo de agresión como un atentado a los derechos de las mujeres. Esta ley obliga al Estado y a la sociedad a proteger a las mujeres de la violencia doméstica y familiar, independientemente de su edad, clase social, raza, religión y orientación sexual e incorpora un nuevo paradigma al reconocer la violencia contra las mujeres como una Violación de los Derechos Humanos y no como un crimen privado de menor gravedad. Se aplica así a la violencia contra las mujeres el régimen jurídico aplicable a las violaciones de los derechos humanos. Y así como en Uruguay, la política de lucha contra la violencia de género tiene como objetivo erradicar la violencia doméstica y promover la equidad y el pleno goce de los derechos humanos

Acerca de la política de garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de Colombia; en 2006 se logró, a través de la sentencia C-355/06, la despenalización del aborto en tres circunstancias: no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos:

  1. a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico.
  2. b) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.
  3. c) Cuando el embarazo sea resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

 

En relación a las Políticas Públicas y autonomía en la toma de decisiones, la paridad y alternancia de género en los órganos de elección del Estado y en las instancias intermedias en el Estado Plurinacional de Bolivia, y la política de paridad y alternancia en la Ley Electoral en Costa Rica, estas políticas aborda las dificultades de acceso de las mujeres a los cargos de representación (elección) del Estado, por lo cual se instituyen la paridad y la alternancia, como formas de hacer frente a los obstáculos de acceso que se han identificado desde la vigencia de las leyes de cuotas.

Asimismo, abordan la discriminación que experimentan las mujeres en las estructuras intermedias de participación política, estableciendo también la paridad y la alternancia en las listas de elecciones de las agrupaciones políticas, y aunque han sido resueltas las injusticias de reconocimiento y en buena medida las de representación, aún es necesario avanzar en la redistribución del poder político, no solo a nivel del Estado, sino también de las estructuras intermedias, como son los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas

Con respecto a las Políticas Públicas y autonomía económica la Ley 20255 de Chile, que establece la Reforma Previsional enfrenta, en relación con las mujeres, las injusticias de redistribución que se traducen en una menor acumulación de fondos previsionales para las mujeres que trabajan en forma remunerada y en la ausencia de protección en la vejez para las mujeres que se han dedicado al trabajo doméstico no remunerado. La actuación en ambos casos conduce además a paliar la injusticia en el ámbito del reconocimiento, al valorar el aporte de las mujeres en el trabajo reproductivo.

 

Esta política se orienta a resolver una injusticia redistributiva, disminuyendo las brechas de pensión entre hombres y mujeres, así como aportando a fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Además, la implementación de la política, especialmente el bono por hijo y la división de los saldos acumulados en las cuentas individuales cuando correspondan compensaciones en materia previsional en caso de divorcio, junto con mejorar de manera concreta la pensión que recibirá cada mujer, implica un reconocimiento a la situación de desventaja de las mujeres respecto de los hombres por las responsabilidades de crianza y cuidado.

 

El objetivo de esta política es contribuir a la construcción de un sistema de protección social que garantice la seguridad social en la vejez de todos los chilenos y chilenas, y que aporte a la reducción de la pobreza y la erradicación de la indigencia entre los adultos mayores y los que sufren de invalidez.

 

En México, las PPG basada en el Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG), aborda injusticias en todos los ámbitos de la política pública, en la medida en que hace visible el gasto destinado a resolver las desigualdades en los distintos ramos administrativos (las instituciones) y en los programas presupuestarios que las instituciones implementan y en los que la Cámara de Diputados etiqueta15 recursos públicos federales para las mujeres y la igualdad de género.

 

El objetivo es lograr el bienestar y la igualdad sustantiva (de hecho) entre mujeres y hombres, ello implica financiar programas, medidas y acciones públicas que entiendan (identifiquen) y atiendan las especificidades de género, las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la vida y se enfoquen a eliminar las expresiones de violencia, discriminación y desigualdad por motivos de género. El objetivo del GEMIG es hacer efectiva la política de igualdad de género mediante la asignación y el aseguramiento de recursos públicos.

 

En Venezuela las PPG se concretan a partir de la creación del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer) en el 2009, el cual fue precedido un año antes por la creación del Despacho de la Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer, materializando institucionalmente las luchas sociales de las mujeres venezolanas que habían comenzado a gestarse con la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en 1993, la creación del Consejo Nacional de la Mujer (1993), el surgimiento del Instituto Nacional de la Mujer (InaMujer) en 1999, del Banco de Desarrollo de la Mujer, C.A. (BanMujer) en 2001, y la creación de la Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez” en 2006. MinMujer ejecuta sus políticas en cuatro (4) grandes áreas de acción:

  1. Modelo económico productivo socialista con perspectiva de género
  2. Organización y participación política de las mujeres
  3. Formación con perspectiva de género
  4. Protección de los derechos de la mujer

 

Entre los alcances de las políticas llevadas a cabo por Minmujer ha sido la Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Gaceta Oficial 40.548 del 25 de noviembre del 2014, la gestión y proyectos de los entes adscritos con fines empresariales, específicamente al Banco de Desarrollo de la Mujer, y sin fines empresariales, como lo es el Instituto Nacional de la Mujer y la Fundación Misión Madres del Barrio “Josefa Joaquina Sánchez.

 

 

A partir del 2017, por medio del diseño del programa Carnet de la Patria como una herramienta para mejorar la situación socioeconómica de los habitantes del país se asignan recursos financieros a mujeres a través del programa social Parto Humanizado y Hogares de la Patria, sin embargo con respecto a este último no es como el caso de Chile o México, porque al momento de acceder al programa se asigna el recurso al jefe o jefa de familia que se autodesigne con este rol, es decir, los recursos no están destinados específicamente a la mujer que hace frente a las tareas cotidianas del hogar.

 

Entre las limitaciones que expone Minmujer (2015) para llevar a cabo la implementación de las PPG de manera eficiente se encuentran las siguientes:

  1. Limitaciones Técnicas: deficiencia en la plataforma tecnológica que impide unificar la información recaudada, falta de conexión tecnológica con las coordinaciones estadales para la entrega de información y rendición de las tareas encomendadas.
  2. Limitaciones Financieras: no se posee un sistema integrado que consolide la información presupuestaria, administrativa y financiera.
  3. Limitaciones Administrativas: falta de manuales de normas y procedimientos e insuficiencia de personal especializado, lo cual trae como consecuencia retardo en los procesos que han de ser ejecutados.

Estas limitaciones están vinculadas directamente al ministerio, debido que en el balance anual de este no se toma en cuenta a los demás entes, actores y actrices involucradas

 

Las PPG en Venezuela y Latinoamérica y el Caribe: tradición vs demandas sociales

 

Como se ha planteado durante el desarrollo de esta investigación las PPG han tenido un impacto sobre las formas en cómo se han distribuidos los recursos económicos y el poder político en la región, tradicionalmente encarnados en hombres; es por ello que a continuación se exponen las deudas pendientes con los movimientos sociales integrados por mujeres latinoamericanas y específicamente venezolanas, en relación a los avances desde los distintos programas en búsqueda de la reducción de las desigualdades sociales, de acuerdo a la información recolectada por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2012).

 

 

En términos generales en la región existen una serie de debilidades con respecto a la implementación de las PPG, entre las cuales cabe citar:

  1. La debilidad estadística de los registros administrativos.
  2. Falta de información acerca de los indicadores de autonomía física: muerte de mujeres ocasionada por su pareja o expareja íntima, mortalidad materna, maternidad en adolescentes.
  3. Demanda insatisfecha de planificación familiar, debido al porcentaje de mujeres unidas que no desean tener más hijos o que postergarían el siguiente nacimiento de un hijo, pero que no están usando un método de planificación familiar.
  4. Falta de paridad política entre el número hombres y mujeres en los ministerios, parlamentos, autoridades municipales y entes del poder judicial.
  5. Retardo en la firma y ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
  6. La existencia de la pobreza de ingresos aunada a la pobreza de tiempo en las mujeres.
  7. Falta del cálculo y remuneración del tiempo total de trabajo de la mujer (número total de horas destinadas al trabajo remunerado y al trabajo doméstico no remunerado).
  8. Escasa protección a las mujeres mayores de 60 años sin ingresos propios.
  9. Falta de redes de cuidado, donde las políticas laborales se vinculen con los sistemas de protección social. Las soluciones de mercado es la compra de cuidado con gastos de bolsillo, la cual beneficia sobre todo a familias y mujeres de mayores ingresos, lo que también es una forma de desigualdad dentro del propio género femenino.
  10. Retardo en la inclusión de las mujeres en el empleo de calidad. Sin tomar en consideración que el nivel de educación formal promedio de las mujeres es mayor respecto de los hombres en la región, lo cual es un acervo que debe aprovecharse tanto para potenciar esta oferta laboral femenina como para facilitar su empleo en sectores más intensivos en conocimiento mediante políticas que eviten la discriminación en el mercado laboral.

 

En el caso de Venezuela es necesario tomar en cuenta las siguientes demandas sociales que están fuera de las consideraciones defendidas por los valores religiosos imperantes en el país y de las políticas de protección de la mujer de un Estado paternalista, las cuales son importantes debido que contribuyen al desarrollo pleno de las potencialidades de seres humanos que también habitan este país, las cuales se exponen a continuación:

  1. En el ámbito educativo se reconoce el esfuerzo por la alfabetización de la mujer, sin embargo no existen planes para la inclusión de la misma en áreas de conocimientos no feminizados como es el caso de la ciencia y tecnología.
  2. En el ámbito económico se reconoce los programas de Banmujer pero aún no existe una normativa respecto al reparto igualitario de tierras y activos para el empoderamiento de la mujer, así como tampoco una licencia de permiso laboral igualitario para el cuidado de hijos/as.
  3. En el ámbito de la salud se reconoce los alcances de los programas de parto humanizado y lactancia materna, sin embargo existe una deuda con respecto a la legalización del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la creación de programas de protección a pacientes con cáncer de mamas y cuello uterino, así como también por desnutrición.
  4. En el ámbito se seguridad, se reconoce la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque es necesario la obligatoria instrucción y sensibilización de funcionarias/os receptores de las denuncias y la manutención de las casas de abrigo de manera permanente.
  5. La legalización del matrimonio igualitario, en beneficio de quienes desean conformar una familia amparadas en la protección legal y reconocimiento de sus derechos.
  6. La creación de instituciones para la evaluación y seguimiento de las PPG, a fin de monitorear los logros alcanzados y los obstáculos que no permitan su implementación.
  7. Plantear las PPG de manera explícita en el Plan de Nación y en cada programa de vicepresidencia sectorial, ministerios, e instituciones públicas y privadas.
  8. Generar mecanismo de participación de los distintos grupos que hacen vida en la política nacional: Estado, movimientos sociales, sociedad civil, partidos políticos y empresa privada.
  9. Concatenar centros de investigadores con sus áreas afines para el diseño de las políticas públicas en general, y tomar en cuenta al personal calificado de los centros de investigación del país en las PPG para el diseño y evaluación de las mismas.

 

Asimismo es necesario recalcar que en el diseño de las Políticas Públicas en materia de Género se apela al conocimiento cuando este no atenta contra la tradición, e históricamente se ataca a investigadores por su religión, orientación sexual y género como si el conocimiento creado por estas/os no fuese para el bienestar de quienes habitan el planeta sin discriminación alguna; por lo tanto no existirá la reducción de brechas y de desigualdades hasta tanto la tradición impuesta desde la colonia no sea dejada a un lado junto a los principios que excluyen a la mayoría y benefician a una minoría.

 

Cabe destacar para culminar, que los movimientos sociales integrados por mujeres no son homogéneos y aún existe la necesidad de explicar ante quienes diseñan las PPG que la definición de mujer tampoco lo es, de tal manera que no todas las mujeres en Venezuela son heterosexuales, o desean ser madres, o profesionales en el área de servicios, o ama de casa; y es importante señalarlo debido que a pesar de las reivindicaciones y reconocimiento de las necesidades de un grupo de mujeres existen otras que a diferencia de estas aún se encuentran excluidas y desprotegidas por parte de estas políticas por no desempeñar el rol que socialmente se les ha atribuido.

 

Referencias Bibliográficas

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LEÓN, Magdalena (2013) Poder y empoderamiento de las mujeres. Colombia. Tercer mundo Editores en coedición con el Fondo de Documentación Mujer y Género y el Programa de Estudios de Género, Mujer y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de: http://www.bdigital.unal.edu.co/53100/1/9586017354.pdf

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VELASCO, María (2007) Distintos instrumentos para un mismo fin. Los instrumentos de las políticas públicas como herramienta para el análisis. In VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración, 18-20 Septiembre 2007, Valencia. España. Recuperado de: https://eprints.ucm.es/12184/

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Fuente del artículo: Artículo aceptado para publicación en la Revista Encuentros, N° 11 sobre Perspectivas de género y políticas públicas para la igualdad

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Pulso social a la reforma de las pensiones en Francia: los puntos de vista cruzados de Stéphane Sirot, de Jean-Pierre Page y de Benoît Foucambert

Redacción: Kaosenlared

«…Ha llegado el momento de sacar las consecuencias de todos estos compromisos que socavan la credibilidad del sindicalismo y la acción colectiva. La fuerza del actual movimiento reivindicativo ofrece la oportunidad de contribuir a «ajustar todas las cuentas«.

Es un movimiento social histórico, de una potencia y una duración récord – ya supera al de diciembre de 1995 – que se levanta para defender las pensiones de los trabajadores ante la contrarreforma lanzada con toda brutalidad por parte de un régimen, el de Macron, a las órdenes de la UE y del MEDEF. (Movimiento de Empresas de Francia).

  • Antiguo responsable del departamento internacional y miembro de la comisión ejecutiva confederal de la CGT [Confédération Général du Travail] y antiguo responsable sindical del Val-de- Marne, Jean Piere Page recientemente firmó con la editorial Delga un brillante análisis sobre las derivas de esta confederación titulado CGT, pour que les choses soient dites [CGT, las cosas claras]
  • Militante de base, responsable de la FSU [Fédération syndicale unitaire] en Tarn y en Occitania, Benoît Foucambert está comprometido con la huelga inter-provincial en curso y en la construcción de la unidad de acción intersindical para la retirada del proyecto Macron
  • Stéphane Sirot es historiador y especialista de primer orden del sindicalismo y del movimiento social

Mientras «sigue adelante» la huelga en el transporte ferroviario y el bloqueo de las refinerías toma cuerpo, Iniciativa Comunista les ha pedido que respondan a las preguntas planteadas por nuestro periódico. He aquí el resultado de su reflexión, que les agradecemos cordialmente.

– Georges Gastaud, director político de Iniciativa Comunista.

¿Cuáles son, en vuestra opinión, los elementos esperanzadores del actual movimiento y también sus puntos débiles que habría que trabajar para ganar esta batalla y las siguientes?

Jean-Pierre Page: Los trabajadores en lucha desde el 5 de diciembre y los que los apoyan, es decir, una amplia mayoría de nuestro pueblo, han comprendido una cosa muy sencilla: que van a tener que trabajar más años aun y por pensiones más reducidas. Esta constatación que cada cual puede hacer, choca con el espíritu de nuestro mismo modelo social, herencia de numerosas luchas sociales y políticas, del programa del CNR [Conseil national de la Résistance] y de los avances progresistas de la Liberación, fundado en la solidaridad interprofesional e intergeneracional. De hecho, con su pretendida “reforma” el gobierno Macron y la comisión de Bruselas defienden otro tipo de sociedad cuando entregan miles de millones de la caja de nuestras pensiones a la rapacidad de las aseguradoras y a los fondos de pensiones, sobre todo USA. Esta reforma considerada por muchos como “la madre de todas las batallas” es el principal pilar de su contra-revolución liberal. Por consiguiente, actuar hoy por la jubilación es luchar todos juntos por los valores y principios, por vivir con dignidad y por elegir una sociedad que no se base en el enriquecimiento de unas pocas empresas financieras y de los oligarcas privilegiados que las dirigen. Este sentimiento de injusticia que inspira esta «reforma» no es indiferente a la determinación y combatividad que caracteriza esta lucha en la que participan muchos jóvenes, entre ellos estudiantes y alumnos de secundaria, pero también, por ejemplo, abogados o el Ballet de la Ópera de París, en una gran diversidad. Lo que es muy positivo es que la acción colectiva está recobrando sentido, contribuyendo a unirnos en base a una fuerte convicción: ¡todos estamos preocupados, debemos retirar este malvado proyecto! Esto constituye una nueva dimensión, que le da la espalda al corporativismo. Como no habíamos visto en mucho tiempo ha, el sector privado se encuentra al lado del sector público. Si bien se hace referencia principalmente al movimiento huelguístico entre los ferroviarios, la RATP [Régie Autonome des Transports Parisiens] o el sector de la energía, así como entre los sanitarios o los profesores, muchas empresas están también involucradas en la huelga con el objetivo de hacerse oír, bloqueando la economía y golpeando al Capital donde más duele. Así ocurre, por ejemplo, en las refinerías como las de Lavera o Grandspuits, o puertos petroleros como el de Fos. Hemos entrado en una nueva fase de la confrontación de clases y de la contradicción Capital/Trabajo. Estamos frente a la lógica de un capitalismo que la causa. Esta toma de conciencia puede progresar muy rápidamente, por supuesto si se libra una importante batalla de convicciones fundamentada sobre este punto y no sólo sobre las consecuencias. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero el proceso que se está llevando a cabo desde hace algunos años, y en particular desde hace más de un año con la batalla de los Chalecos amarillos, ha creado condiciones más favorables. Esto puede suponer un avance significativo en la relación de fuerzas entre el Capital y el mundo del trabajo. La resistencia y la rebelión son ideas muy vivas. La amplitud de la acción colectiva muestra que la iniciativa puede cambiar de bando. Puede permitir un repliegue hacia la resignación y la fatalidad. Obviamente, las huelgas son un sacrificio muy duro para un gran número de trabajadores y familias modestas, especialmente en tiempos como estos, y eso exige grandes esfuerzos para ayudar a mantenerse y por lo tanto para la solidaridad, ya sea material o política.

Hay que señalar también la importancia del apoyo internacional. Francia por supuesto no es el único país donde los pueblos dicen no al neoliberalismo. Ahí está el ejemplo de América latina. Pero el hecho de que un importante país capitalista tenga a su pueblo movilizado es muy significativo. Por eso hay temor en el adversario de que se haga contagioso, y por eso el uso masivo que se ha hecho de la represión. Francia, decía Marx, es el país donde las luchas entre clases se llevan hasta las últimas consecuencias.

Es, evidentemente, una fuente de inspiración para muchos trabajadores del mundo. En este marco, la importante movilización internacional de la FSM [Federación Sindical Mundial], zanja de manera particular con el posicionamiento de organizaciones como la CES [Confédération Européenne des Syndicats] que descubre la huelga el único día en que la CFDT [Confédération française démocratique du travail] participa en ella aportándole un apoyo exclusivo e ignorando deliberadamente la CGT y la FO [Force ouvrière].

Hay una gran combatividad que perturba ciertas ideas recibidas y costumbres y pone contra la pared a todo el mundo, incluidos los sindicatos. Las exigencias son fuertes y hay que tenerlas en cuenta. Eso obliga, o debería obligar, a muchos cuestionamientos en relación con estrategias sindicales de discutible eficacia. En muchos casos, los sindicatos y trabajadores ellos mismos se hacen cargo y actúan independientemente de algunas orientaciones confederales, incluso las desautorizan como se vio con la CFDT y la UNAS [Union Nationale des Syndicats Autonomes], y eso está muy bien.

Creo que existe el riesgo en algunos dirigentes sindicales de pretender hacer de locomotora de un movimiento, de fomentar los corporativismos o querer encarnar solos una acción de esta amplitud haciendo prueba de un radicalismo extremo que no corresponde al estado de ánimo real de los trabajadores. El exceso a menudo es prueba de debilidades y es preferible pasar de él.

Creo que lo importante es que esta movilización tiene necesidad urgente de encontrar una salida política. Y eso es un obstáculo mayor que dificulta toda búsqueda de alternativas y de perspectivas. Hace ya muchos años que la patronal acostumbraba a decir que no se hace la misma política en un país con influencia comunista de más del 20 % y una CGT presente y activa en las empresas. Es un hecho que la aceptación más o menos del orden neoliberal, o el de las instituciones europeas considerado como un horizonte infranqueable para numerosas organizaciones sindicales y políticas, no hace más que contribuir a las fantasías de una potencial Europa social. Igualmente peligrosa es la ilusión de que las propuestas por sí solas puedan permitir hacerse oír mejor justificando la elección de un partenariado social libre de contradicciones de clase. Todo esto tiene un efecto educativo desastroso.

Lo positivo es que el movimiento actual ha empezado a emanciparse de unos comportamientos que desde hace más de 25 años vienen arrastrando fracasos y bloqueos. Así pues, constato que deshaciéndose de la estrategia de huelgas a salto de mata y de un sindicalismo aborregado, se va viendo poco a poco la luz. Ya no es un tabú hablar de huelga general, de bloquear la economía. Eso es alentador, siempre y cuando, por supuesto, saquemos las consecuencias…

Stéphane Sirot : El movimiento social desencadenado el 5 de diciembre tiene muchas ventajas. De entrada, por si fuera necesario, es la demostración de la existencia de un sustrato de crítica social y de combatividad de un muy alto nivel. Desde este punto de vista, parece interesante replantear esta movilización actual dentro de una cronología más amplia. Efectivamente, después de la contestación de la llamada ley El Khomri en 2016, Francia está atravesando un periodo de ebullición social cuasi permanente. Al final del quinquenio Hollande, la oposición a esta ley del “Trabajo” provocó un record de jornadas de acción, de marzo a julio de 2016, al mismo tiempo que se despliega el movimiento “De noche en pie”. De paso, se da el golpe de gracia a la candidatura del presidente social-liberal para un segundo mandato de cinco años. Luego viene Emmanuel Macron, elegido por defecto en mayo de 2017; una de sus primeras iniciativas fue desmadejar un poco más el código laboral, con las ordenanzas que llevan su nombre, lo que generó varias jornadas de movilizaciones puntuales nuevamente fallidas. Pero desde finales de 2017 hasta el verano de 2018, una ola ininterrumpida de conflictos sociales volvió a sacudir el país: desde los funcionarios de prisiones hasta los trabajadores ferroviarios, el personal del EHPAD [Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes], los trabajadores de la salud, los funcionarios y los estudiantes. Después del interludio de verano, en el otoño de 2018, comienza el movimiento de los Chalecos amarillos que durará varios meses. Después de una nueva pausa veraniega, la huelga masiva del personal de la RATP el 13 de septiembre de 2019 augura la magnitud de las actuales huelgas y manifestaciones, cuyo resultado y duración nadie puede predecir. En otras palabras, el movimiento social de hoy es el eslabón de una cadena de protestas con una extensión cronológica sin precedentes.

Otro punto interesante a tratar son las prácticas empleadas. Si bien las jornadas de acción continúan marcando el desarrollo de la protesta contra la contrarreforma de las pensiones, no son ya la única forma de presión que manejan los sindicatos. Hay un resurgimiento de las huelgas prorrogables, acompañadas de sus tradicionales asambleas generales (AG) diarias. Sin duda, la retroalimentación de los fracasos del pasado reciente forma parte de esta reapropiación de un método históricamente clásico, pero ampliamente abandonado durante los movimientos sociales de alcance nacional. Desde la movilización de 2003 contra la extensión del periodo de cotización de los funcionarios para su jubilación hasta la de 2016 contra la ley El Khomri, pasando por la de 2010 contra la reforma de Sarkozy que retrasaba dos años la edad legal de jubilación, todas han fracasado al basarse en prácticas que tienden a privilegiar la manifestación sobre la huelga. En los ferrocarriles, en la primavera de 2018, el intento de innovar convocando una huelga de dos días de cada cinco, y anunciando el calendario de paros laborales con varias semanas de antelación, resultó infructuoso. El historial negativo general de estos desafíos, en cuanto a su capacidad para doblegar a los poderes políticos, es sin duda lo suficientemente recurrente como para plantear interrogantes acerca de los métodos que pueden llevar al triunfo de las reivindicaciones. A esto se añade una de las constataciones del movimiento de los Chalecos amarillos: sólo los planteamientos transgresores de la lucha social son más que nunca propicios para sacudir el orden dominante y obligarlo a hacer concesiones. Ahora bien, también aquí se puede observar una reapropiación de los métodos transgresores (bloqueos, cortes de electricidad, manifestaciones no anunciadas, etc.) en el ámbito sindical, que se habían puesto voluntariamente entre paréntesis en nombre de una unidad de sindicatos alineada en el mínimo común denominador, o de la «batalla de opiniones», considerada a veces como un fin y no como un medio dentro de una relación de fuerzas más general.

Dicho esto, incluso de cara a la opinión pública, la lucha por la retirada de esta contrarreforma tiene mayores ventajas: por una parte su universalidad, pues todos se sienten concernidos; por otro lado, está la imagen de un “presidente de los ricos” y de su gobierno que, pase lo que pase, ya no son creíbles pues que su fundamento argumental está basado en la retórica del “progreso social”; su política es juzgada estructuralmente desigual por tres cuartas partes de los franceses.

En resumen, este movimiento social presenta una serie de ventajas nada despreciables. Si hubiera que encontrarle un punto débil, me parece que sería sobre todo y una vez más, su falta de relevo y de salidas políticas. La situación y desmenuzamiento de las fuerzas naturalmente susceptibles de proporcionárselo es un hándicap en la perspectiva de una metamorfosis de la capacidad de resistencia que demuestra el mundo del trabajo de una dimensión defensiva hacia una perspectiva de ataque que es la única que le permitiría reconquistar eso que los políticos liberales han ido quitando al pueblo desde hace ya casi cuarenta años. ¡Y de ese modo, salir de una vez de ese único esquema reactivo en el marco de las movilizaciones sociales nacionales, vigente, al fin y al cabo, desde mayo-junio del 68!

Benoit Foucambert: La fuerza del movimiento actual se debe en gran medida a la etapa de desarrollo de nuestras sociedades y a las contradicciones que las atraviesan. Básicamente, el poder está en manos de los representantes directos de las grandes empresas, lo que antes se llamaba el gran capital monopolista, cuya «gente» puebla los ministerios, la alta administración y controla los grandes medios de comunicación… Esta fracción dominante de la clase dominante se apoya en capas formalmente asalariadas pero muy privilegiadas e interesadas directamente en el poder del capital: (académicos de los medios de comunicación, abogados conniventes, publicistas, editorialistas acaparadores,…) y en un aparato represivo reforzado.

Esta casta impone al resto de la población su política de regresión social en beneficio únicamente del interés del capital que choca no solo contra algunas capas sociales llamadas de clase media y en vías de proletarización (por ejemplo, los enseñantes), sino también contra las capas no monopolistas estranguladas también ellas por los grandes grupos financieros o las grandes empresas que imparten órdenes.

Tanto es así que venimos observando desde hace décadas un vasto enfrentamiento de clases, unas veces silencioso, otras abierto, entre los intereses del capital monopolista y los del resto de la población, que dibuja la posibilidad de una concentración popular mayoritaria que agrupa a la aplastante mayoría del mundo salarial pero también a capas no monopolistas: artesanos, pequeños productores, algunas profesiones liberales, pequeños y medianos agricultores, por no decir algunos proletarios provenientes aparentemente de la pequeña patronal (auto-emprendedores, “ubers”,, etc.)…

1995, 2003, 2005, 2010 y hasta hoy, diciembre de 2019, cada uno a su manera, son años de momentos de cristalización de esta lucha en movimientos sociales muy fuertes, muy potentes apoyados por la mayoría de la población.

La cuestión de las pensiones, central en la actual lucha pero no única pues que concentra las rabias acumuladas desde hace años, permite establecer esta alianza de distintos grupos sociales que comparten el mismo interés y explica la potencia del movimiento actual, aunque no hay que olvidar al movimiento de los Chalecos amarillos que ha reavivado en muchos el fuego de la revuelta popular. En cualquier caso, el “todos juntos al mismo tiempo” que se expresa con fuerza en las manifestaciones y en las Asambleas Generales tiene una base material real que le da fuerza y que atemoriza al poder que sabe que no estamos lejos del umbral crítico en el que puede prender la Huelga General.

Sin embargo esto no puede apoyarse en un cierto número de tendencias que él mismo ha fomentado. Así el estallido de los sectores industriales y de las concentraciones obreras ha debilitado el sindicalismo en las empresas privadas; y el empleo masivo de temporales, de auto-emprendedores ultra-precarizados pesa sobre la organización colectiva de la clase y sobre las capacidades de movilización. Aunque hay muchos paros laborales en el sector privado, el movimiento actual sigue siendo impulsado masivamente por los trabajadores del PS o de los servicios públicos, así como por los sectores privados donde todavía existen «bastiones sindicales» rojos, como en la industria química o portuaria. Estos últimos, al igual que los ferroviarios, los electricistas-gas o los trabajadores de la RATP, están librando una magnífica lucha de clases. Otros sectores, como el de la educación, están respondiendo masivamente a los llamamientos nacionales y están llevando a cabo acciones que pueden ser renovadas, y las Asambleas Generales interprofesionales que se están desarrollando a nivel de base son una fuente de esperanza porque están construyendo el conjunto en una acción continua.

Pero hay que señalar la dificultad inicial de coordinar los sectores entre sí y establecer una estrategia común. Si el objetivo es hacer que el gobierno escuche las demandas, las manifestaciones exitosas pueden ser suficientes; si el objetivo es obligar al gobierno a escuchar, es decir, hacer que se retracte de sus planes, es necesario construir una correlación de fuerzas extendida y esto debe ser preparado, anunciado y construido antes del estallido del conflicto. No basta con decir «estamos comprometidos y ya veremos lo que pasa».

Lo que falta aun es la afirmación explícita por parte de las organizaciones sindicales nacionales de que, ante a la guerra social librada por este poder, debemos construir el bloqueo a las ganancias capitalistas. Ahora bien este bloqueo no puede ser improvisado; tiene que ser cuidadosamente preparado, y es seguramente este aspecto el que todavía presenta algunos problemas, más allá de la magnífica combatividad de los trabajadores en lucha.

Lo que falta, por fin, y esto no es de hoy, es una perspectiva política de un cambio de poder y de la sociedad que dinamice y se apoye en las luchas. Por supuesto, esto significa cuestionar radicalmente el sistema en el que vivimos y las instituciones nacionales y supranacionales que resultan de él. Como acabamos de ver, la base sociológica objetiva para tal perspectiva existe.

Y como la lucha actual es un formidable acelerador de la historia y las conciencias avanzan muy rápidamente, podemos confiar en que puede ganar o, en el peor de los casos, crear las condiciones subjetivas para una victoria cercana.

¿Debemos alegrarnos de la «oposición» de la CFDT a un aspecto de la contrarreforma, o más bien, con la experiencia de las traiciones de esta central, no habría que pensar la unidad de las fuerzas sindicales sin la «contribución» de Laurent Berger?

Benoit Foucambert: El peso real del CFDT en las luchas es muy pequeño. Cuando la CFDT convocó una manifestación el 17 de diciembre pasado, su grupo, en la manifestación de Albi, por ejemplo, era de unas 50 personas de las 15.000 que participaron. Parece ser que la CFDT y L. Berger que la lidera están y estarán siendo utilizados por el poder y los medios de comunicación para tratar de dividir el movimiento.

De todos modos, es interesante observar que algunas bases que quedan de la CFDT, desautorizaron a L. Berger; por ejemplo los ferroviarios de la CFDT, que no quisieron seguirlo en su deseo declarado de una tregua de Navidad con Macron.

De forma más general, rechazar la edad pivote y apoyar la jubilación por puntos, como hace la CFDT, no tiene sentido; la única interrelación que tiene sentido es la que llevan desde el principio la CGT, la FO, la FSU y los Solidaires [Union syndicale Solidaires] sobre la base muy explícita de la retirada de la contrarreforma en su totalidad y no sólo en este o aquel aspecto o para este o aquel sector. Esto es lo que sale masivamente en todas las manifestaciones y en todas las Asambleas Generales.

Por otra parte, el dispositivo de Macron es tal que, incluso si el poder retirase la mención oficial de los 64 años, la combinación de los criterios impuestos a los “interlocutores sociales” para gestionar las pensiones por puntos (límite máximo del 14% del PIB, exigencia, al estilo de Maastricht, de equilibrar las cuentas en todo momento mientras se silencian las cotizaciones por el robo de los salarios diferidos o socializados, el crecimiento del número de pensionistas, etc.), llevaría a los mencionados «socios», a saber, el MEDEF [Mouvement des entreprises de France] y la CFDT, a aumentar progresivamente la edad de la jubilación por su cuenta, como ya lo están haciendo para los complementos AGIRC/ARCO [régimen de pensión complementaria de asalariados cuadros]. Esto es sin duda lo que la CFDT solía llamar «autogestión» y ahora llama, en el idioma alemán, cogestión: la gestión por los propios trabajadores de la regresión social disfrazada de «negociación».

Jean-Pierre Page: Ni que decir tiene que no debemos hacernos ilusiones sobre la CFDT, y no porque se haya adherido tardíamente a la lucha. Obviamente su actitud no es indiferente para la definición del movimiento de protesta. Sin embargo, creo que el papel de la CFDT no puede reducirse a la traición, aunque en realidad a menudo pueda parecerlo. La CFDT es típicamente un sindicato de colaboración de clases, y su trayectoria confesional sin duda alguna no es ajena a ello. Está desarrollando con Macron y su gobierno una asociación cómplice, como lo demuestran las numerosas declaraciones de representantes del gobierno, del partido en el poder y de las asociaciones patronales, ampliamente difundidas por los medios de comunicación a instancias del Palacio del Elíseo.

Dicho esto, la CFDT y Laurent Berger, a menudo se olvida que es el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), son coherentes consigo mismos. Berger está a favor de la reforma del sistema de pensiones por puntos que desean Macron y Bruselas; sólo se opone en un tema, el de la edad pivote de 64 años*.

Por mi parte, creo que hay en el aparente giro de la CFDT, un escenario de rescate a favor de Macron y su «reforma». Probablemente se va a escenificar una retirada por parte del gobierno de la edad pivote y algunas pequeñas mejoras. Esto será tenido como un mérito de la CFDT, que mejorará su imagen y la del sindicalismo reformista, razonable y orientado a las propuestas y negociaciones. Supondrá también una prueba de la capacidad de escucha del gobierno, permitiría salvar al soldado Macron y a la política europea de las consecuencias políticas de este movimiento huelguístico sin precedentes del que fueron precursores los Chalecos Amarillos, y así aislar a la fracción más combativa de los trabajadores en lucha y a los sectores de la CGT que defienden posiciones de clase.

Esto indica cuán importante es tener siempre claros los roles de cada uno, dentro y fuera de la CGT. De ello depende la continuación y el éxito de la acción. Como dijo Sun Tzu en El arte de la guerra: «Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes que temer el resultado de 100 batallas». Esto es tanto más indispensable cuanto que algunos dirigentes sindicales acogieron favorablemente la decisión de la CFDT del 17 de diciembre, considerándola como una nueva justificación de la estrategia del sindicalismo solidario. Por lo tanto, debe recordarse que la participación de la CFDT fue paralela y bajo una forma distinta a la de un llamado a la demostración junto con el CGT, FO, FSU, UNSA. Su llamamiento a una tregua para finales de año, aunque fuera un fracaso, formaba parte de la intensa propaganda mediática destinada a desacreditar la huelga, pero sobre todo, lo que hay que recordar de la decisión de la CFDT a favor del 17 de diciembre, es que se basaba en objetivos radicalmente distintos a la pura y simple retirada de la reforma.

Stéphane Sirot: La oposición de la CFDT a la «edad pivote» tuvo sin duda un efecto positivo en la opinión pública en su momento: fue capaz de convencer a los menos politizados y más indecisos del carácter perjudicial de esta contrarreforma.

Por el contrario, no contribuyó a reforzar la movilización sobre el terreno: los trabajadores ferroviarios de la CFDT, en desacuerdo con su confederación, ya estaban en la lucha, mientras que el llamado confederal a manifestarse el 17 de diciembre apenas engrosó las filas de las manifestaciones ni las de los huelguistas. Por otra parte, la posición de Laurent Berger, ampliamente difundida en los medios de comunicación, centró gran parte del debate sobre la cuestión de la «edad pivote», mientras que el principio de la jubilación por puntos a voluntad se presentaba como una cuestión subsidiaria, si no definitivamente zanjada.

El sindicalismo de «partenariado social» o de lobbying defendido por la central considerada reformista (¡o deberíamos decir contrarreformista!) también parecía amenazador para la dinámica de la movilización en la medida en que, obviamente, sus dirigentes intentaban, a través de reuniones y discusiones telefónicas, desarrollar una escapatoria para ellos mismos y para el gobierno. Consistiría en ver a éste, el gobierno, dejar caer la «edad pivote», para permitir que la CFDT se desentendiera, reivindicando el «éxito» y abriendo para el gobierno la perspectiva de una caída de la huelga del transporte y, por lo tanto, una muerte lenta del movimiento social.

El ‘hasta-el-final’ del gobierno no ha permitido aun que este escenario se desarrolle, pero no hay nada que diga que no será así a principios de enero, con la reanudación de las «concertaciones».

E n otras palabras, el resultado positivo de un movimiento social como el que estamos conociendo depende sobre todo de la legitimidad de las reivindicaciones y de las decisiones tomadas por las asambleas generales de la huelga, y no de la unidad de las confederaciones. Tanto más cuanto que una parte de estas últimas, como la CFDT, pero también a nivel nacional la ANS y la CFTC [Confédération Française des Travailleurs Chrétiens], sólo piensan en esquivar las relaciones de fuerza y en establecer sistemáticamente compromisos a pérdida con interlocutores institucionales cuyas reivindicaciones se consideran, en el fondo, más legítimas que las de los asalariados en movimiento, apoyados por la mayoría de los franceses.

Además, este campo sindical contrarreformista se encuentra en grandes dificultades. Por un lado, es perfectamente estéril cuando el «socio», el gobierno o la patronal, rechaza la mano que le tiende. Por otro lado, ha visto cómo el sindicalismo ejecutivo se desprende de él: la CFE-CGC [Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres], un hecho novedoso, se ha situado del lado de la protesta y, en contra de sus costumbres, ha llamado a la movilización y a la manifestación. Esto contribuye a un cambio útil en la relación de fuerzas dentro del ámbito sindical.

Los folletos y pasquines sindicales no dicen nada sobre la «recomendación» europea que pide a Francia que establezca un «régimen de pensión único» para » ahorrar varios miles de millones”. ¿No es perjudicial para la lucha guardar silencio sobre la naturaleza de la construcción europea?

Stéphane Sirot: La Unión Europea ultraliberal es, en efecto, un ángulo muerto del movimiento social. Y ello a pesar de que la contrarreforma de las pensiones forma parte de la panoplia de medidas cautelares desplegadas por las instituciones comunitarias para continuar el saqueo del trabajo en beneficio del capital. Por otra parte, no es casualidad que la UE y la OCDE se encuentren entre los más fervientes defensores de las pensiones por puntos y, en última instancia, por su capitalización. Hay un enorme mercado potencial aquí y un enorme yacimiento de beneficios.

Este silencio puede explicarse por una combinación de razones e hipótesis. En primer lugar, es cierto que los grandes movimientos sociales se desarrollan históricamente en un marco nacional y desafían directamente las decisiones del Estado, que se percibe como el principal responsable y el interlocutor directo. Para dar un paso más y poner las cosas en perspectiva, parece indispensable una formalización del contexto global por parte de los líderes sindicales, apoyada por los relevos políticos.

Sin embargo, por parte de los sindicatos, el cuestionamiento de la construcción europea casi nunca está en la agenda a nivel confederal. No está en absoluto del lado del campo contrarreformista; sólo está muy marginalmente y con gran cautela del lado del sindicalismo de «transformación social». Ambos están incluidos en la Confederación Europea de Sindicatos, que está anclada en un enfoque que acompaña a la construcción liberal de Europa, para amortiguar en el mejor de los casos los choques, pero sin llegar a cuestionarla estructuralmente.

¿No es significativo que la CES haya esperado hasta el día de la acción, el 17 de diciembre, para publicar un comunicado de apoyo a los sindicatos franceses, es decir, en el momento en que la CFDT convocó una manifestación? Por otra parte, la misma CES guardó silencio los días anteriores, incluido el del 5 de diciembre. En resumen, mientras el principal sindicato contrarreformista no llamara a unirse a las manifestaciones, la CES permaneció en silencio. Como si, de hecho, la única demanda legítima fuera la adaptación de la contrarreforma de las pensiones, no su abandono.

En el plano político, sobre todo por parte de las fuerzas de izquierda o incluso de extrema izquierda, la crítica a la construcción europea también carece muy a menudo de fuerza y claridad, cuando no se la identifica estrictamente con una forma de nacionalismo. Esto, por cierto, contribuye a hacer el juego al orden dominante actual, que busca organizar el espacio político, tanto a nivel nacional como europeo, en torno a una brecha entre el «progresismo» y el «nacionalismo».

Más allá de la enfermedad crítica a la que se refiere esta situación, es perjudicial para el mundo del trabajo y sus movimientos sociales. En esencia, contribuye a ponerlos sistemáticamente a la defensiva, en reacción a las nuevas y constantes ofensivas del liberalismo extremo en el poder, mientras alimenta la posición de espera de que una extrema derecha que está muy contenta aparezca como una alternativa importante a este liberalismo extremo. Esto hace que sea más urgente salir de este esquema mortal.

Benoit Foucambert: Este es un hecho general que encaja con lo que se dijo anteriormente. El capital monopólico organizado a nivel continental dio origen y controla a la Unión Europea sobre la base de tratados que graban en piedra su dominio. Las directivas, recomendaciones y otras regulaciones europeas apuntan todas en la misma dirección, la de los intereses del gran capital. Esto es cierto en la energía (privatización de EDF [Électricité de France]), en el transporte (privatización de la SNCF [Société nationale des chemins de fer français]), en la educación (reformas Blanquer)… pero también en el derecho laboral y las pensiones. Las leyes «laborales» de El-Khomri-Macron respondían de este modo a las recomendaciones europeas, de la misma manera que hoy en día la pensión por puntos responde a las recomendaciones de Bruselas al mismo tiempo que a las de la patronal MEDEF; la primera es «copia» de la segunda.

Así que sí, la cuestión europea debe integrarse en el pensamiento y la acción sindical y no debe ser en ningún caso un tabú o un fetiche. Hoy, no es sólo Macron quien ataca a los trabajadores, sino todas las fuerzas dominantes organizadas a nivel nacional y supranacional.

En lugar de mantener no importa qué mito sobre una Europa social que no existe, habría sido más útil, por ejemplo, utilizar el ejemplo de la lucha victoriosa de los trabajadores belgas contra la pensión por puntos de hace dos años para prepararse para el conflicto en Francia. Es tan cierto que la preocupación por la soberanía de los pueblos de Europa, incluido el nuestro, no contradice sino que complementa la preocupación por desplegar la única Europa que vale la pena, la Europa de las luchas.

Si queremos ganar en lo sustancial, tenemos que vencer al poder que nos está estrangulando. Dado que este poder está organizado a nivel nacional, pero también en la UE, no tenemos más remedio que luchar, o no luchar, contra esta construcción europea, como lo hace la CGT desde hace mucho tiempo. Sin olvidar, por supuesto, el desarrollo de vínculos de lucha con los trabajadores de otros países de la UE que sufren de la misma política de ruptura social generalizada.

Jean-Pierre Page: Es obvio que el silencio sindical sobre las directivas europeas de pensiones es una laguna en la batalla y, por otra parte, una confesión vergonzosa, que Macron y su gobierno están explotando. La declaración de la CES en apoyo flagrante de la CFDT es significativa. En Bélgica, la movilización social y política ha vencido a la jubilación por puntos, por lo que resulta sorprendente que las confederaciones de la mayoría de los países europeos no hayan sacado ninguna conclusión al respecto. La Unión Europea realmente quiere montar una tómbola. Dondequiera que se haya impuesto este sistema, los montos de las pensiones han disminuido y se ha alargado la edad pivote. En Alemania, el nivel de las pensiones ha disminuido un 10% en relación con los salarios. El número de alemanes que viven por debajo del umbral de pobreza se ha duplicado desde 1990, cada vez más personas pobres utilizan los bancos de alimentos, casi tres millones de personas mayores de 65 años viven por debajo del umbral de pobreza. En Suecia, que se cita a menudo como ejemplo, hay que trabajar hasta los 68,5 años para recibir la cantidad que se tenía antes de la reforma a los 65 años.

Esta situación catastrófica es bien conocida, pero no preocupa a ese engranaje de las instituciones europeas que es la CES, simplemente porque se adhiere sin restricciones a los objetivos de la integración europea que se cuida de no criticar, sobre todo porque depende financieramente de ella. Tampoco oímos a los líderes de las confederaciones sindicales en Europa, incluida la CGT, expresar sus opiniones sobre la nocividad de esta política, que pretende alinearse de abajo hacia arriba desarrollando una precariedad a ultranza y rompiendo los sistemas sociales.

Es de todo punto increíble que Thierry Breton, que acaba de ser nombrado nuevo comisario europeo, cuestione fuertemente al gobierno francés sobre la aplicación absoluta de un sistema de pensiones por puntos. ¡Silencio en las filas del sindicato!

Así, el Programa Nacional de Reformas (PNR), que resume los compromisos anuales de París con la Unión Europea, cuyo último ejemplar fue presentado en Bruselas en abril de 2019, estipula en particular: «el acceso al empleo y la revalorización del trabajo es una prioridad, mediante la reforma del mercado laboral y la reducción de los costes, la revalorización de las rentas del trabajo y la modernización del seguro de desempleo y de los sistemas de pensiones».

Todavía estamos esperando la reacción de los sindicatos. Es cierto que el reciente congreso de la CES ha querido subrayar el carácter positivo de la acción de la Comisión de Bruselas, felicitando a Jean-Claude Junker «por haber salvado la Europa social».

¿Cómo se puede aceptar, como sindicalista de la CGT, encontrarse bajo el control de la CES, que ahora está encabezada por el jefe de la principal organización sindical que, junto con la CES, apoya la pensión por puntos? Por no hablar del apoyo de Laurent Berger, el nuevo presidente de la CES, a la idea misma de «unión sagrada» deseada por Macron y su séquito directamente asociado a la alta finanza de los fondos de pensiones y los seguros privados, como ilustró Jean-Paul Delevoye.

Ha llegado el momento de sacar las consecuencias de todos estos compromisos que socavan la credibilidad del sindicalismo y la acción colectiva. La fuerza del actual movimiento reivindicativo ofrece la oportunidad de contribuir a «ajustar todas las cuentas«.

(*) Según el gobierno francés, si todo el mundo se jubila a los 62 años como en la actualidad, el régimen de pensiones se desequilibraría, por eso propone el gobierno una edad de equilibrio o edad pivote, los 64 años, que consolidaría el sistema de pensiones. (NdT)

Fuente: https://kaosenlared.net/pulso-social-a-la-reforma-de-las-pensiones-en-francia-los-puntos-de-vista-cruzados-de-stephane-sirot-de-jean-pierre-page-y-de-benoit-foucambert/

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En lo que va del año, 6 mujeres fueron asesinadas en Argentina

América del Sur/Argentina/12-01-2020/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar

De acuerdo a un relevamiento, dos de ellas en la provincia de Buenos Aires, otra en la Capital Federal y el resto en Salta, Santa Fe y Tucumán.

Seis mujeres fueron asesinadas en los primeros diez días del año en todo el país, dos de ellas en la provincia de Buenos Aires, otra en la Capital Federal y el resto en Salta, Santa Fe y Tucumán, de acuerdo a un relevamiento efectuado por una organización no gubernamental que coincide con el realizado por Télam.

La titular del Observatorio «Ahora que sí nos ven», Raquel Vivanco, dijo a esta agencia que se mantiene la cifra con la que terminó el 2019, una mujer asesinada cada 26 horas, ya que «las políticas llevadas adelante para la prevención, sanción y erradicación de la violencia fueron por demás insuficientes y deficitarias en los últimos años».

«El presupuesto asignado a tales fines fue ínfimo, el Instituto Nacional de las Mujeres contó con tan sólo 11 pesos por mujer para aplicar la ley 26.485 (de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia) y el plan nacional de prevención y erradicación de la violencia machista sufrió un recorte presupuestario durante el 2019», afirmó.

Según Vivanco, se parte de un piso muy bajo en relación a políticas públicas y por ese motivo «es alentador saber que a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades la problemática de las violencias por razones de género empiezan a tener otro lugar en la agenda del Estado».

El primer femicidio del año se produjo el 1 de enero en un PH del barrio porteño de Villa Devoto, donde Inés Adriana Caruso (56) fue encontrada asesinada a golpes sobre un colchón de una habitación.

Como sospechoso del hecho, fue detenido su concubino, Iván Darío Díaz (44), quien tenía varias denuncias por violencia de género.

Dos días después, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, fue acuchillada Sabrina Vanesa Ovalle (35), quien trabajaba como cajera en un supermercado de la zona y fue atacada en la puerta de su casa por su ex pareja.

Tras el femicidio, el hombre, identificado como César Fernando Díaz (39), se autolesionó, fue reducido por un grupo de vecinos y terminó detenido e internado fuera de peligro.

El 4 de enero, se produjo el femicidio de Valentina Gallina (19) en la localidad bonaerense de Olavarría, el mismo lugar donde su madre había sido asesinada en 2008.

Por el hecho quedó detenido su pareja, Alejandro Diego Ezequiel Pais (29), quien había asegurado que un grupo de personas habían entrado a la casa y efectuado disparos de arma de fuego, uno de los cuales impactó en la joven, pero la autopsia reveló que la víctima murió a raíz de un «edema craneal» provocado por golpes.

Tras el hecho, al menos otras tres chicas de la zona se presentaron ante la Justicia para declarar que habían sido víctimas de Pais, aunque nunca se habían animado a denunciarlo por temor.

En la provincia de Salta, en tanto, la que tiene el mayor índice de femicidios del país, el primer hecho de violencia de género que terminó en un crimen ocurrió el 5 de enero, cuando Analía Anabel Astorga (26) recibió un disparo en la cabeza y otro en la zona torácica, así como golpes en el rostro y pérdida de piezas dentarias.

El episodio, que sucedió en la localidad de Joaquín V. González, se conoció porque vecinos denunciaron que una mujer herida había sido arrojada del interior de una camioneta Toyota Hilux blanca, cuyo conductor luego huyó.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local, pero debido a la gravedad de las lesiones fue derivada al hospital San Bernardo, de la ciudad de Salta, donde ingresó sin vida.

Su pareja, en tanto, murió calcinado poco después luego de chocar contra un camión en la ruta nacional 16, a la altura del paraje El Ceibalito.

En la ciudad santafesina de Villa Constitución, por su parte, el 8 de enero murió en un hospital Florencia Coria (27), quien estaba internada desde el 29 de diciembre último con el 90 por ciento del cuerpo quemado.

Su pareja, Cristian Cabrera (43), primero fue detenida, pero luego se le concedió prisión domiciliaria y al conocer el fallecimiento de la joven y que iba a quedar imputado por femicidio, se fugó.

Por último, el 9 de enero, fue asesinada en Tucumán Luciana Beatriz Salazar (24), madre de cuatro niños, quien recibió una puñalada en el cuello cuando mantenía una discusión con su pareja, Pedro Pablo «Dengue» Rojas.

Rojas fue detenido poco tiempo después del hecho y en el lugar de los hechos se encontraron dos cuchillos con manchas de sangre.

Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/argentina/En-lo-que-va-del-ano-6-mujeres-fueron-asesinadas-en-Argentina-20200111-0032.html

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Fragmentada e insuficiente, la educación superior en México: OCDE

América del Norte/México/12-01-2020/Autor(a): José Antonio Román/Fuente: www.jornada.com.mx

México posee un sistema de educación superior sumamente fragmentado, con una cobertura y calidad insuficiente, con financiamiento y recursos públicos escasos y una escasa conexión con el mercado laboral, señala la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Esta situación hace que casi uno de cada dos egresados trabaja en un empleo que no requiere educación superior, y más de cada cuatro trabaja en la economía informal, mientras que, paradójicamente, más de la mitad de las empresas reporta dificultades para cubrir vacantes en sus puestos de trabajo.

En dos amplios informes presentados por el secretario general de la OCDE, José Angel Gurría, el organismo, advierte también que las mujeres se encuentran especialmente desfavorecidas en este campo. Si bien sobrepasan a los hombres jóvenes en número de egresados, su tasa de empelo está 14 puntos por debajo de la de hombres, una de las brechas de empleo más altas de los países miembros de la OCDE.

En el evento, realizado en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, el secretario general Gurría, explicó que los informes “El futuro de la educación superior en México: promoviendo calidad y equidad” y “La educación superior en México: resultados y relevancia para el mercado laboral”, elaborado a petición de la Universidad Nacional, puede servir para la definición de políticas públicas en la materia.

En el primero de los estudios, se recomienda la creación de un sistema más justo y transparente de asignación de fondos públicos a las instituciones para reducir las disparidades en el nivel de financiamiento por estudiante entre instituciones y crear condiciones para brindar una educación de calidad.

También propone un sistema de acreditación obligatoria para las instituciones privadas -un fortalecimiento del sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)- para garantizar que todos los proveedores de educación superior cumplan al menos las normas básicas.

Respecto al segundo estudio, afirma que el desfase que existe entre las habilidades que los estudiantes adquieren en la educación superior y las que demanda el mercado laboral es un obstáculo importante para la inclusión, la innovación y el crecimiento económico en México.

La OCDE, en este sentido, presenta doce recomendaciones clasificadas en tres áreas clave en las que el gobierno y las instituciones de educación superior pueden colaborar eficazmente con el fin de proporcionar a los estudiantes habilidades relevantes para el mercado laboral.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/01/09/fragmentada-e-insuficiente-la-educacion-superior-en-mexico-ocde-5256.html

Imagen: Gerd Altmann en Pixabay

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Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019

UNESCO 

El acceso al agua es un derecho humano: es vital para la dignidad de todas las personas. La edición de 2019 del Informe Mundial Sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos se centra en el tema “No dejar a nadie atrás”. Argumenta que el cumplimiento de los derechos humanos al acceso al agua potable y el saneamiento para todos también puede contribuir significativamente al logro del amplio conjunto de objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: desde la seguridad alimentaria y energética hasta el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Basándose en los últimos datos, los hallazgos de este informe ilustran claramente la necesidad de hacer un progreso sustancial hacia el cumplimiento de la promesa de la Agenda 2030 de llegar hasta los más vulnerables. Es mucho lo que hay en juego: casi un tercio de la población mundial no tiene acceso a servicios de agua potable administrados de manera segura, es decir, que solo dos tercios de la población mundial tienen acceso a estos servicios. La intensificación de la degradación ambiental, el cambio climático, el crecimiento demográfico y la rápida urbanización, entre otros factores, también plantean desafíos considerables para la seguridad hídrica. Además, en un mundo cada vez más globalizado, el impacto de las decisiones relacionadas con el agua traspasa las fronteras y afecta a todos. Al ritmo actual de progreso, miles de millones de personas seguirán sin poder disfrutar de su derecho al acceso al agua y al saneamiento ni de los múltiples beneficios que dicho acceso puede proporcionar. Sin embargo, este informe concluye que estos objetivos son totalmente alcanzables, siempre y cuando exista una voluntad colectiva para hacerlo, lo que implica nuevos esfuerzos para incluir a aquellos “que se quedan atrás” en los procesos de toma de decisiones. Este último Informe, coordinado por la UNESCO, es el resultado de un esfuerzo de colaboración del sistema ONU-Agua, y ha sido posible gracias al prolongado apoyo del Gobierno de Italia y la Región de Umbría, a quienes estamos muy agradecidos. Estoy convencida de que la edición de 2019 estimulará la acción y ayudará a los Estados miembros a tomar decisiones informadas para construir comunidades más resilientes y pacíficas, sin dejar a nadie atrás.

Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019: No dejar a nadie atrás

El Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del 2019 refuerza los compromisos de los Estados Miembros de la ONU en la adopción del Programa para el Desarrollo Sostenible 2030. También reconoce los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, ambos esenciales para la erradicación de la pobreza y para construir sociedades prósperas y pacíficas.

La mejora de la gestión de recursos hídricos y del acceso seguro al agua y al saneamiento para todos es fundamental para erradicar la pobreza, construir sociedades prósperas y pacíficas, y para asegurarse de que nadie se quede atrás en el camino hacia el desarrollo sostenible.

DESCARGAR EL INFORME

 

 

 

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