En el marco del Curso Binacional: Fortalecimiento a las Prácticas Educativas de los Maestros Multigrado México-Argentina, Diego Juárez Bolaños, investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), advirtió que las actuales instituciones de formación docente no tienen programas educativos enfocados a las comunidades rurales, por lo que, al egresar, los nuevos profesores encuentran obstáculos y problemas para desarrollar su trabajo.
Durante la presentación del libro «Formación de Docentes para los Territorios Rurales», el investigador señaló que resulta preocupante que ningún país Hispanoamericano ha atendido con pertinencia y eficacia este aspecto de formación magisterial, pues, al incorporarse a su espacio de trabajo, los docentes no cuenten con las herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para desenvolverse en una población rural.
Lamentó que durante la segunda mitad del Siglo XX, los diversos gobiernos y sistemas educativos consideraron a los territorios rurales como «lugares de segunda» o «subdesarrollados», creando brechas de desigualdad e, incluso, aumentó la desaparición y el desmantelamiento de instituciones que atienden a esta población, como el caso de las Escuelas Normales Rurales.
«Por ello, cuando los profesores llegan a una escuela rural, la ven como una «escuela de segunda», explicó.
También señaló que en estas comunidades rurales existen muchos conocimientos locales que se deben conjugar con los conocimientos generales, los cuales, deben adaptarse a los contenidos que se imparten en estas escuelas.
Por su parte, Lisandro Hormaeche, profesor de la Universidad de la Pampa, Argentina, considera que este libro lleva de nuevo a la discusión educativa regional, la importancia de la formación docente para los territorios rurales.
Explicó que, aunque han existido algunos cambios y avances en los diversos países, estos han sido insuficientes y que las políticas públicas al respecto no han sido pertinentes.
Añadió que las instituciones formadoras deben tener nuevos enfoques para atender a la población rural, pues, incluso, aunque la mayoría de los maestros egresados comienzan a trabajar en entornos rurales, sus prácticas profesionales son en escuelas en entornos urbanos, lo cual, genera un desencuentro entre el graduado y su labor docente.
Al mismo tiempo, insistió que esta formación docente para entornos rurales debe ir acompañada de experiencias de profesores que ya se desarrollan en este entorno, a fin de tener una retroalimentación de conocimientos.
Al respecto, Jaime Calderón, profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), puntualizó que es necesario mejorar, profundizar y robustecer la oferta de educación continua que se ofrece al magisterio, en especial a aquellos que se desarrollan en el medio rural.
También, considera importante ampliar y enriquecer los contenidos dirigidos a las escuelas rurales y multigrado, las cuales, necesitan las mayores atenciones por su constante abandono y descuido gubernamental.
«Es necesario incluir las particularidades y pluralidad de los territorios rurales en los programas de formación docente», concluyó.
Finalmente, Juan David González Fraga, doctor en desarrollo educativo, investigador de la UPN y coordinador del libro, señala que esta obra integra diversas experiencias y resultados de investigación que ayudará a fortalecer otras investigaciones en la materia, formando nuevos conocimientos en educación rural y contribuir a la mejora de políticas públicas en la materia.
Fuente e imagen: https://www.educacionfutura.org/politicas-de-formacion-de-docentes-para-comunidades-rurales-aun-no-son-pertinentes-ni-eficaces/
Por: Ana Esther Ceceña, Josué García Veiga. 22/05/2021
Es indudable la utilidad que pueden tener estas tecnologías para poder formular políticas lo más adecuadas posible en el tratamiento de covid-19… Pero también es indudable el carácter autoritario de todas estas tecnologías.
El presente trabajo expone los principales usos tecnológicos digitales con fines de control y vigilancia que han sido implementados en América Latina y el Caribe como resultado del combate a la covid-19. La muestra es evidencia de una amplia y variada instrumentalización de distinta intensidad y alcance por país en la región.
Desde Chile hasta México, pasando por Honduras y República Dominicana la emergencia sanitaria es utilizada como discurso para justificar el aumento de dispositivos digitales. En función de lo anterior existen diversos ensayos y aplicaciones de algoritmos de inteligencia artificial, cámaras con sensores térmicos, uso de drones, técnicas de geolocalización y desarrollo de programas para móviles (apps) entre otros, para múltiples fines: desde el rastreo de la covid, la detección de contagios y el seguimiento de contactos, hasta la supervisión de medidas de distanciamiento social, confinamiento, control de la información digital y automatización de prácticas médicas en diagnósticos y otros servicios relacionados.
Cabe señalar que las clasificaciones presentadas siguen la propuesta original de Whitelaw et al. (2020) publicada por la revista Lancet Digital Health y ha sido complementada con otros importantes esfuerzos de sistematizar el creciente avance de estos dispositivos, entre los que destacamos: el Covid Tracing Tracker del MIT (2020), el informe especial de Freedom on The Net 2020, The Pandemic´s Digital Shadow (Shahbaz y Funk, 2020), COVID-19 Digital Rights Tracker por TOP10VPN a cargo de Andrew Dwyer (Woodhams, 2020), la iniciativa Pandemic Big Brother (2020), el compendio de Naciones Unidas sobre iniciativas gubernamentales digitales (UN, 2020) y Fighting the Global Covid-19 Power-Grab de Privacy Internacional (2020).
La tabla es un avance en el estudio de las distintas tecnologías y su implementación por país. No obstante, debe subrayarse que su función es meramente analítica ya que su aplicación en cada país trata de una mezcla complementaria entre tecnologías y dispositivos.
Las estrategias de rastreo de la covid emplean análisis de big data y algoritmos de inteligencia artificial en conjunto de teléfonos celulares, aplicaciones digitales (apps), redes sociales, pagos con tarjetas u otros dispositivos para obtener datos en tiempo real de la ubicación de los casos positivos o posibles contagios y así determinar el avance del virus al interior de los territorios. En Argentina, la firma GranData proyecta mapas de calor diseñados para monitorear el cumplimiento de la cuarentena, basándose en información de ubicación georreferenciada recopilados por terceras apps digitales (PI, 2020). El rastreo en ocasiones se realiza mediante la información que gestionan las corporaciones de telecomunicaciones, en Chile el análisis de big data de dos empresas que integran Atelmo (Entel y Movistar) en conjunto con las Universidades de Chile y del Desarrollo, utilizan la información agregada de la red para crear mapas de calor que reflejen el nivel de movilidad por comunas.
El uso de cámaras térmicas y algoritmos de reconocimiento facial son instaladas en espacios generalmente públicos, altamente concurridos, con el objetivo de detectar patrones entre las personas que correspondan al perfil de un caso positivo: como la alta temperatura corporal. El metro de Panamá instaló cámaras térmicas en sus estaciones para detectar a viajeros con posible infección de SARS-CoV-2, se trata de cámaras con sensores infrarrojos a la entrada de las estaciones, en el área de los molinetes de acceso, para detectar personas con alta temperatura, que generen sospechas de contagio (Infobae, 2020). En la Ciudad de México el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) las cámaras cuentan con algoritmos de reconocimiento facial e inteligencia artificial y en tan solo 2 segundos pueden detectar la temperatura corporal de 15 a 30 personas simultáneamente mientras éstas transitan a lo largo de los pasillos (Staff High Tech Editores, 2020). Asimismo, se instalan cámaras en los sistemas de transporte público como los autobuses de Buenos Aires y Bogotá, y en los aeropuertos de las principales ciudades (como Sao Paulo y los nuevos equipos en el San Salvador).
En el caso de Ecuador, el Servicio Integrado de Seguridad ECU911 ha implementado algoritmos de IA desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo, llamada Distancia2, que sirven para analizar las imágenes provenientes de las cámaras y medir la distancia entre las personas para así evitar posibles contagios. La información es utilizada para actualizar de manera automática los indicadores de movimiento y mapas de calor (Riobo, Márquez y Calatayud, 2020).
Los dispositivos digitales también son implementados para garantizar el cumplimiento de medidas de cuarentena y aislamiento social. En Ecuador, el 17 de marzo de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que por decreto oficial el gobierno comenzaría a utilizar el rastreo por satélite para garantizar que los ciudadanos no traspasen la “valla epidemiológica”[1]. Otro caso es el acuerdo firmado por el gobierno de Río de Janeiro y la empresa de telecomunicaciones TIM para utilizar datos de geolocalización de sus suscriptores con el fin de monitorear el cumplimiento de las restricciones de aislamiento.
Se debe agregar que también los drones son utilizados para vigilar el movimiento de los cuerpos, detección de infecciones y más comúnmente en labores informativas. En marzo de 2020 el Gobierno brasileño decretó el cierre temporal de la frontera con Uruguay como medida preventiva ante la pandemia y la 3era Brigada de Caballería Mecanizada del Ejército Brasileño voló un dron (DJI Mavic Mini Fly More Combo) para patrullar desde los cielos los límites fronterizos (Valadares, 2020). Similar al uso policiaco de drones en Chaltenango, El Salvador para verificar la movilidad de las personas y vehículos en las calles y carreteras del país (Policía Nacional Civil, 2020). En el caso de la Policía Metropolitana colombiana en conjunto con las autoridades sanitaras, los drones cuentan con cámaras térmicas que pueden detectar durante el día o la noche la temperatura corporal de individuos o grupos de personas que transitan calles públicas (Almenara, 2020). En otros casos vemos también su implementación en operaciones informativas con mensajes de audio transmitidos por medio de altavoces que sirven para comunicar las medidas gubernamentales (como el caso de Brasil, México, Ecuador, Colombia y Paraguay).
La situación de emergencia resalta la importancia no sólo de contar con información precisa y actualizada sino también de gestionarla y controlarla. En este caso vemos a los organismos internacionales, instituciones de salud, corporaciones y estados que se encargan de velar por la información avalada como “oficial” y verídica frente a las disonantes versiones que son descalificadas como distorsiones o fake news. En algunas ocasiones esto cuenta con el apoyo jurídico legal estatal, como el Decreto Supremo 4200 en Bolivia bajo la presidencia de Jeanine Áñez, que de manera ambigua y sin definición clara criminaliza toda actividad en-línea que sea considerara como “desinformación” o actos que “generen incertidumbre a la población” (Human Rights Watch, 2020).
El uso de programas digitales (apps) para dispositivos móviles destacan por su gran popularidad. El desarrollo y diseño de estas apps es atractivo por sus bajos costos, alta versatilidad para muchas funciones y su facilidad de reprogramar. Tomemos como ejemplo la app EDUS en Costa Rica que permite a los doctores acceder al expediente médico de los pacientes en tiempo real, garantizar un análisis completo del historial médico de los pacientes y determinar el tratamiento específico para cada problema de salud; además, permite un monitoreo de las distintas fases de la enfermedad para visualizar su evolución y detectar progresos o dificultades. Adicionalmente la app permite a los pacientes la revisión de medicamentos, solicitar y reservar citas médicas en los centros de salud cercanos o directamente en los hospitales (Solís, 2020). Estas apps pueden ser útiles como medio de difusión de información oficial (en el caso de las apps gubernamentales), más aún para recopilar información sensible y personal que en la mayoría de los casos realizan de manera automatizada diagnósticos con base en los propios síntomas reportados por los usuarios. La tabla 2 registra 16 países de la región que cuentan con apps digitales con los servicios de información médica y encuestas de síntomas para autodiagnóstico. En Cuba el gobierno promovió el uso de una app desarrollada por estudiantes de la Universidad de Ciencias de la Computación que colaboraron con el Ministerio de Educación Superior de Cuba, el Ministerio de Salud Pública y la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA con el objetivo de identificar en tiempo real aquellas personas que se auto-diagnosticaron con alguna sintomatología respiratoria y que pudieran ser sospechosas de la enfermedad, esto se realiza gracias al llenado y envío de formularios por Internet, que posteriormente son procesados y trasladados a los centros de salud (Freedom on the Net, 2020). En Ecuador, la app gubernamental SaludEC permite a los usuarios informar sus síntomas y conectarse con los servicios de salud, la app solicita permiso para acceder a la ubicación GPS y requiere que los usuarios proporcionen información de identificación confidencial. México también cuenta con un cuestionario de detección de covid-19 que recopila información personal sensible que puede ser transferida a las autoridades federales y locales.
Entre otras aplicaciones digitales que apoyan el trabajo médico de automatizar diagnósticos son los bots virtuales como R.O.S.A. (Respuesta Operativa de Salud Automática) en Panamá que gestiona consultas digitales vía WhatsApp y mediante la línea 169 ayudando a filtrar los pacientes que presentan síntomas relacionados con la covid-19 para ser remitidos a una atención médica; adicionalmente puede responder dudas sobre la enfermedad y el virus SARS-CoV-2 (Fundación Carlos Slim, 2020). También “Aurora” un bot desarrollado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) de República Dominicana que provee información a la población sobre la covid y conecta con más de 200 médicos, a través de herramientas sociales como Whatsapp y Telegram, permitiendo a los ciudadanos realizar video llamadas y obtener asistencia general vía telefónica o texto. En tan solo menos de 24 horas de lanzada, se reportaron más de 26 000 interacciones y 17 días después, 183 860 (Cruz, 2020).
Adicionalmente las apps pueden ser complementadas con algoritmos que registren aquellos casos confirmados de covid para dar seguimiento y alerta a sus contactos considerados como posibles contagiados. En la región identificamos al menos 6 países donde las apps digitales presentan opciones de seguimiento de contactos (Brasil, Ecuador, Haití, México, Perú y República Dominicana). A pesar de que se ha señalado que estas apps tienen un bajo uso y en muchos casos se trata de aplicaciones voluntarias, nos es importante resaltar el ejercicio como un ensayo inédito de gran alcance regional en tan poco tiempo, que muestra posibles rutas para futuras experiencias de vigilancia digital.
Es indudable la utilidad que pueden tener estas tecnologías para poder formular políticas lo más adecuadas posible en el tratamiento de covid-19 o de cualquier otro padecimiento generalizado que requiera un monitoreo preciso. Pero también es indudable el carácter autoritario de todas estas tecnologías.
Los datos recopilados sirven para elaborar los mapas epidemiológicos que ayudarán a controlar al virus pero que pueden servir a fines diversos, sean comerciales (como ofrecer servicios privados o medicamentos de patente una vez que se conoce el estado de salud del individuo), o de vigilancia.
De hecho, se podría decir que mediante estas tecnologías se está estableciendo un panóptico global (un big brother) en el que todos los individuos quedarán expuestos a procedimientos de control y disciplinamiento diversos que, de conformidad con los estilos políticos en cada lugar, podrán ser abiertamente represivos o adoptarán estilos consensuales. Los dispositivos digitales de vigilancia implementados por requerimientos médicos se ven entremezclados con rasgos sociales, políticos y culturales situados, específicos de las relaciones de poder de cada territorio en concreto.
En realidad desde el momento en que los individuos incorporan voluntariamente la aplicación a su teléfono móvil, están aceptando someterse a una autoridad superior y a normas y políticas no decididas por ellos. El problema es que no incorporar la aplicación equivale a quedar excluido de las fuentes de información que le permitirían tener un criterio propio sobre el caso. De esta manera sirven para generar nuevos patrones de identidad y sometimiento, generar criterios de clasificación (exclusión e integración) y códigos de acceso para restringir o permitir la movilidad de los cuerpos.
En principio son los gobiernos, y a la ocasión las autoridades de salud, quienes estarían dictando las reglas y procedimientos a seguir en esta circunstancia, pero los datos se están registrando no sólo por ellos sino por las autoridades de control de población en general, incluidas las de seguridad. O sea, que la angustia sobre la pandemia, justificada y compartida, es la puerta por la que se proporcionan informaciones privadas a bancos de datos que no se sabe quién procesa, controla y utiliza y que tienen propósitos diferentes que los de salud.
Más aún, si bien las aplicaciones pueden ser desarrolladas localmente, el destino final de los datos son las grandes y poderosas plataformas digitales como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (gafam), que no pueden ser controladas ni por los gobiernos particulares ni por los usuarios. Por supuesto aquí hay toda una discusión sobre diferentes medidas para poner límites al poder que tienen estas plataformas, a las que habría que agregar su vínculo con el Pentágono, pero por el momento tienen la capacidad no sólo de ser las depositarias de la información recopilada y poderla procesar o utilizar como mejor convenga a sus intereses empresariales, corporativos y políticos, sino que tienen también el poder para simplemente desconectar a un país entero en caso de que quiera ponerles límites y restricciones (ver el reciente caso de Australia).
La información será presumiblemente usada para una variedad de derivaciones comerciales que la aprovechan para el control y manipulación de las emociones, deseos, gustos y rechazos de los individuos ante estímulos digitales (ver el film testimonial Los dilemas de las redes sociales) con el propósito de inducir el consumo. Pero también se sumará a las manipulaciones políticas que pueden buscar orientar preferencias electorales, la criminalización de ciertos comportamientos opositores estigmatizados (comunistas, terroristas, etc.), la movilización en torno a objetivos puntuales, incluso sexistas y racistas. Adicionalmente, el paquete de datos que se está recopilando, desde los que se ofrecen con las tarjetas de crédito y similares, hasta los que se entregan con motivo de la pandemia van configurando los perfiles de disidencia social ya sea individual o colectiva, real o potencial, que ayudará a los encargados del disciplinamiento social a ser más eficaces y precisos.
Las tecnologías digitales redefinen el espacio de la privacidad y lo íntimo, al estar presentes en mayores ámbitos de nuestra cotidianidad. Cámaras, sensores, antenas y algoritmos renuevan las medidas disciplinarias y de control en las sociedades actuales.
Como puede verse en las tablas presentados, todos los países están aplicando más o menos las mismas alternativas tecnológicas. Es cierto que su fragilidad frente a las grandes plataformas es anterior a la pandemia pero se incrementó notablemente el último año.
Estamos en la era de la ciberguerra. Los desarrollos tecnológicos de mayor impacto han surgido de los entornos militares atendiendo a las exigencias del uso dual: militar-estratégico y civil. El siglo XXI se abrió paso impulsando la idea de la guerra de espectro completo en la que todas las dimensiones de la vida son parte del terreno de batalla. Particularmente, el control de las mentes y los corazones, además del de los cuerpos, cobró una espacial significancia. Los cuerpos pueden ser controlados mediante la alimentación, los medicamentos y todos esos dispositivos que los condicionan, los fragilizan y los inducen a diferentes adicciones; también pueden ser masacrados o violentados de múltiples maneras. Pero ¿cómo hacer que las mentes y los corazones se tornen dúctiles? Ahí es donde entran en pleno todos los dispositivos electrónicos de condicionamiento, combinando todos los lenguajes posibles: imagen, movimiento, sonido, contenido, hábito. Esto último es quizá lo más importante, modificar los hábitos para que la vida no sea posible sin pasar por los aditamentos y funciones que ofrece la electrónica: computadora, ipad, teléfono móvil, tablet, etc.
La ciberguerra no se reduce a estos controles individualizados, por supuesto, implica el control e intervención en el ciberespacio como un todo. Implica controlar los sistemas informáticos del enemigo, del competidor o del disidente y desde ahí provocar su fragilización o destrucción. Pero la batalla con el sentido común de la gente es primordial para lograr vencer y dominar.
Estos sistemas están diseñados para eso: para dominar y vencer.
Marzo de 2021
– Ana Esther Ceceña es coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Presidenta del Comité Directivo de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).
– Josué García Veiga es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG-IIEc).
Documento elaborado como aporte para el Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales Colectivos y Vigilancia, del proceso de las Jornadas «Utopías o distopías. Los Pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital», organizado en el marco de Internet Ciudadana.
Pandemic Big Brother (2020), The pandemic gives new opportunities to Big Brother, última actualización 10 de diciembre, disponible en: https://pandemicbigbrother.online/en/
[1] De acuerdo con María Paula Romo, la ministra de Gobierno del presidente Moreno, “se autoriza en consecuencia con el Decreto Ejecutivo del Presidente, el rastreo satelital, de las personas que entren en el cerco epidemiológico. La tecnología nos permite saber en dónde está un número de celular por el GPS en los teléfonos inteligentes. Se autoriza (…) el rastreo satelital de estas personas, vamos a poder saber su ubicación y vamos a poder saber si se mueven. Igual, vamos a hacer un control aleatorio, pero con una herramienta tecnológica que nos va permitir controlar a más personas para que se obedezca, para que se cumpla, este aislamiento” (Rueda de prensa virtual de la ministra de gobierno en EcuadorTV, 17 de marzo 2020, ver minuto 5:05).
El libro Educación, Política y Movimientos Sociales, fue coordinado por la Doctora Guadalupe Olivier, está conformado por nueve capítulos, en los que colaboran: Lucía Rivera Ferreiro, Sergio Tamayo, Roberto González Villarreal, Massimo Modonesi, Saúl Velasco Cruz, Eduardo Bautista Martínez, Aleksandra Jablonska y Alejandro Álvarez Martínez.
Dicho libro se editó por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales en 2016, con número ISBN-13 9786072809734, mismo que cuenta con 271 páginas.
Los autores antes mencionados son especialistas en educación intercultural, movimientos sociales, política educativa, educación artística; y a partir de la presente obra, han logrado mirar e investigar a la educación más allá de los centros escolares; tal como lo señala Olivier, “desde el ámbito político de la educación, frecuentemente se encuentran perspectivas que se concentran en el análisis y evaluación, en el mejor de los casos, de las políticas educativas (Olivier, 2016, p. 11). De tal manera, los análisis que en su mayoría se realizan respecto a educación “parten de una definición acotada de lo educativo, asociándolo a lo escolar, donde lo que puede observarse es una suerte de contextualización del problema educativo en el marco de luchas y disputas por el poder, pero sin tomar como eje básico propiamente el conflicto y las resistencias como el aspecto nodal desde una perspectiva que impacta en los procesos educativos” (Olivier, 2016, p. 11).
En este sentido, uno de los objetivos centrales del libro es dar muestra “de cuando la educación se encuentra con los movimientos sociales”, así como exponer “Casos y experiencias” concretas. De tal modo que, en el primer capítulo, Guadalupe Olivier presenta el carácter político de la educación, eje central que atraviesa toda la obra, siendo este: lo político, el conector entre educación con los movimientos sociales.
En los capítulos subsecuentes se hace un acercamiento particular a esas Otras formas de mirar el campo educativo, donde lo alternativo, la organización colectiva, lo pluricultural y multicultural también gestan proyectos en educación que muchas de las veces surgen a raíz de los movimientos sociales, como ha sido el caso de “El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural” en Puebla, México; el Movimiento de los videoastas comunitarios, México; las expresiones artísticas populares del Movimiento Social Haitiano; así como las luchas, experiencias y educación política de la generación postzapatista, México. Siendo estos algunos de los casos concretos en los que profundizan los autores del libro.
A través de la obra Educación, política y movimientos sociales, se hace una invitación a ampliar la mirada con la cual se estudia a la educación, al tiempo que se exponen esas acciones educativas que dan cuenta de una educación contestataria, emancipatoria y comunitaria.
*Investigadora del Centro Internacional de Investigaciones «Otras Voces en Educación». Socióloga de la educación. Maestra en Desarrollo Educativo con especialidad en Política Educativa.
En la universidad hay una conversación entre generaciones y entre quienes están involucrados en las prácticas académicas que debería seguir viva, cualquiera sean los formatos, los lenguajes y los artefactos que seamos capaces de crear o movilizar. Parte del futuro de la república académica se juega en los modos que encontremos de revitalizarla, de sacarla de la «evaluatitis» en la que muchas veces nos sumergen, y también se juega en la potencia de las nuevas revueltas estudiantiles para sumarse a esta conversación y animarse a replantear los términos y alcances en que se da. A ellos habría que darles la palabra.
Autor: Rosa Nidia Buenfil Burgos. [Coordinadora]
Rosa Nidia Buenfil Burgos. Ernesto Treviño Ronzón. Alejandro Pimienta Betancur. Daniel Saur. Sebastián Barros. Myriam Southwell. Olaya Ondina Dotel Caraballo. Pablo Toro Blanco. [Autores de Capítulo]
Fuente e Imagen: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2343&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1508
La destrucción de plantas de Drosera rotundifolia, una especie insectívora protegida como Sensible a la Alteración del hábitat, por parte de los Servicios de Conservación de Carreteras de la Diputación de Cáceres ha provocado dicha denuncia.
Ecologistas en Acción de Extremadura espera que se llegue al fondo de esta investigación y se depuren responsabilidades técnicas y políticas, así como que se produzcan cambios en la gestión ambiental de las carreteras de diputación de Cáceres, eliminándose, entre otras prácticas, el uso de herbicidas en las cunetas de las carreteras de la diputación provincial.
Ecologistas en Acción de Extremadura ha presentado una denuncia contra responsables del Servicio de Conservación de Carreteras de la Diputación de Cáceres. Dicha denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía de los Juzgados de Plasencia por hechos que pueden revestir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, relativos a la flora y fauna silvestres.
Los hechos, que llevan produciéndose en los últimos años de manera reiterativa, afectan a las poblaciones de diversas plantas protegidas y, en los últimos tiempos, a la especie Drosera rotundifolia, especie incluida en el catálogo de flora amenazada de Extremadura. Esta especie es una de las únicas dos plantas insectívoras presentes en la región extremeña. En los márgenes de la carretera CC-102 entre Hervás y Jerte, la asociación ha tenido conocimiento de la destrucción por parte de los Servicios de Conservación de Carreteras de Diputación de Cáceres de una turbera (hábitat protegido) con la presencia de ejemplares de esta y otras especies protegidas.
De esta manera, ha comprobado como las rozas y vertidos de herbicidas realizados a tramos en la carretera CC-102 (Puerto de Honduras) por el servicio de Conservación de Carreteras de Diputación de Cáceres han supuesto la destrucción del 90% de una de las pocas turberas presentes en la región, que contaba con decenas de ejemplares de Drosera rotundifolia.
Ya en la pasada primavera ocurrieron hechos parecidos cuando el mismo organismo de Diputación roció con herbicida todas las cunetas de la misma carretera, dañando o eliminando varios ejemplares de especies protegidas de Cephalantera rubra (que cuenta con tan sólo 10-20 pies en la región), Limodorun abortivum, y más de 11 ejemplares de Neottía nidus-avis (catalogada como Vulnerable y de la que tan sólo se conocen dos poblaciones en Extremadura).
Se da la circunstancia agravante de que la existencia de estas poblaciones de plantas protegidas es conocida desde hace muchos años en esa carretera, tanto por la Junta de Extremadura como por la propietaria de dicha carretera, la Diputación de Cáceres. De hecho, la Drosera rotundifolia L. está catalogada por la Junta de Extremadura en el Catálogo Regional de Especies Vegetales Amenazadas como Sensible a la Alteración del Hábitat por Decreto 78/2018, que modifica y regula el catálogo regional de especies protegidas de Extremadura.
A pesar de lo expuesto, el Servicio de Conservación de Carreteras de Diputación de Cáceres viene utilizando herbicidas y desbrozando físicamente dichas poblaciones de plantas, según la estación del año, de forma reiterada como métodos de limpieza de hierbas en las cunetas, afectando gravemente a las plantas de esta población amenazada.
Estos desbroces de vegetación, que afectan tanto a especies protegidas como a espacios protegidos, deben ser contemplados en la redacción de los “Planes anuales y plurianuales de Conservación y Mantenimiento de Carreteras” de la Diputación de Cáceres y que, debido a estas afecciones, dichos planes deben ser informados por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos de la Junta de Extremadura.
Además la utilización de herbicidas en cunetas suponen una utilización alegal e irregular de estos productos, puesto que está prohibida su utilización sobre medios acuáticos y cursos de agua, siendo las cunetas una extensión más de la red de drenaje de ríos y cuencas hidrográficas.
Hay que resaltar que dichas plantas se encuentran en un hábitat de interés prioritario Cod UE. 7130 y de un espacio protegido de la Red Natura 2000 Sierra de Gredos y Valle del Jerte (Site Code: ES4320038).
Resulta patente, a la luz de lo expuesto, que los Servicios de Conservación de Carreteras de Diputación de Cáceres están poniendo en grave peligro la supervivencia de Drosera rotundifolia L. y el hábitat prioritario de Turberas, por su destrucción mediante medios mecánicos (desbroces) y herbicidas, con vulneración de Leyes y disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente en dicho lugar. La reiteración de los hechos pone en evidencia la existencia de dolo, así como la posibilidad de dejación de funciones y prevaricación pasiva por parte de los técnicos, tanto de la Junta de Extremadura como de la Diputación Provincial de Cáceres.
Por: María Eugenia De la Chaussée Acuña / Itzel López Nájera
Universidad Iberoamericana Puebla
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
El propósito del siguiente artículo es presentar cómo se ha comportado el abandono escolar durante la contingencia por Covid-19; conocer los motivos del estudiantado según la manera en que los registra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y articular ambas dimensiones con la situación de pobreza estructural por la que atraviesa nuestro país.
De acuerdo con la SEP (2020), en el ciclo escolar 2019-2020 estuvieron inscritas 36.519 millones de personas en el sistema educativo nacional y para el ciclo escolar vigente, 2020-2021, únicamente 30.000 millones (Redacción. El Economista, 2021), es decir, dejaron de ir a la escuela de un ciclo escolar al otro, 6.519 millones (17.9%). Tan sólo en un año se perdieron 20 años de avance en la matrícula escolar, pues en el ciclo escolar 2000-2001, México tenía cerca de 30 millones de inscritos. En este escrito se entiende por abandono escolar lo que plantea la SEP, es decir, es la cantidad de alumnos que abandonan la escuela de un ciclo escolar a otro.
Según la encuesta ECOVID-ED para la medición del impacto de la Covid 19 en la Educación, realizada por el INEGI (2021), los estudiantes no se inscribieron por razones asociadas a la Covid-19 como el hecho de que alguno de los padres o tutores quedaron sin trabajo, o por falta de dinero o recursos para comprar un dispositivo electrónico (como una tv, computadora, celular, tableta o pagar la internet o la luz).
El abandono escolar y, como consecuencia, la falta de escolarización tiene implicaciones tanto personales como sociales, y afecta de distinta manera a las diferentes edades poblacionales. Desde el punto de vista social, reduce el nivel educativo general, empobrece la cultura, evita procesos necesarios de socialización, de educación en valores cívicos, democráticos y morales, trunca las posibilidades de contar con mejores empleos, obligando a la población a contratarse en empleos poco rentables como el informal, o ilegales como el narcotráfico o la delincuencia organizada. Para una persona puede implicar la incapacidad de leer, escribir, o realizar las operaciones matemáticas básicas.
Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020
A continuación, se presentan algunos datos significativos para el fenómeno del abandono, recogidos de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación, relativos a los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021. El dato global nacional es que 2.2% de la población de 3 a 29 años (es decir, 738.4 mil personas) declararon no concluir el grado escolar en el que se encontraba inscrito. Desagregado por nivel educativo, el nivel medio superior se identificó con el porcentaje más alto de no conclusión del ciclo escolar 2019-2020, con 3.6%, seguido de la secundaria, con 3.2%.
De esas 738.4 mil personas que no concluyeron, más de la mitad (58.9%) señaló que fue por un motivo relacionado a la Covid-19; 8.9% por falta de dinero o recursos; 6.7% porque tenía que trabajar y, finalmente, el 25.5% restante mencionó otros motivos distintos. El hecho de que desde ECOVID se desagregaran de esta manera los motivos, nos impide leer hasta qué punto la deserción fue causada exclusivamente por la pandemia, hasta dónde por razones meramente económicas, y qué tanto las segundas fueron en realidad consecuencia de la primera. Nos queda exclusivamente el dato de que 58.9% atribuyó a la Covid la causa de su no-conclusión, por lo que podemos interpretar a la contingencia como un factor relevante de abandono (hasta el momento no puede asegurarse si temporal o definitivo). Esto nos lleva a cuestionarnos, ¿qué tan significativo es, en términos históricos?
Los motivos específicos asociados a la Covid-19 por los que no se concluyó el ciclo fueron: perdió el contacto con maestras/maestros o no pudo hacer tareas (28.8%), alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o redujeron sus ingresos (22.4%), la escuela cerró definitivamente (20.2%) y carecía de computadora, otro dispositivo o conexión a internet (17.7%). Aquí podría inferirse que los motivos “pérdida de trabajo” y “carencia de dispositivo o red”, nos llevan nuevamente a la variable “falta de recursos”, contabilizada arriba en 8.9%.
El porcentaje de población que No concluyó el ciclo escolar por motivo de la pandemia por Covid-19, según el nivel de escolaridad, se observa de la siguiente manera: preescolar (94.7%), primaria (73.2%), media superior (35.9%), educación superior (44.6 %); por lo cual, las infancias resultaron el sector poblacional más afectado.
¿Con qué insumos tecnológicos contaba la población en edad escolar durante estos periodos, como para continuar, o no, su preparación escolarizada? La herramienta digital más utilizada por las y los estudiantes fue el teléfono inteligente, con 65.7%; le siguió la computadora portátil, con 18.2%; la computadora de escritorio, con 7.2%, la televisión digital, con 5.3%, y la tablet con 3.6 %. En el nivel básico (primaria y secundaria), 70% utilizó el celular inteligente para continuar con su educación. La cifra nos muestra un escenario de precariedad digital, a lo cual se suma el siguiente dato: del total de estudiantes de primaria, 74.6 % comparte el dispositivo para tener sus clases y realizar sus tareas. Para el caso del alumnado de nivel medio superior, 61.1% y de nivel superior, 67.7% dispusieron del dispositivo con exclusividad. Esta disparidad nos hace notar que el dispositivo, su propiedad o su carencia, estaría configurando un posible escenario de dificultad en la continuidad de los estudios, o incluso de posible abandono. Para el ciclo escolar 2020-2021 esto queda evidenciado en la gráfica 1, donde 21.9% de los no inscritos, reporta carecer de computadora, dispositivo o conexión.
Gráfica 1
Nota: Suma más de 100% porque fue mencionado más de un motivo.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación
De la población No inscrita en el ciclo escolar 2020-2021, se tiene que 5.2 millones 3 a 29 años (9.6% en relación con la población total de 3 a 29 años), no están inscritos por Covid-19 o por motivos económicos para el ciclo escolar 2020-2021. De éstos, 3 millones corresponden al nivel de educación básica (preescolar, primaria y secundaria).
Respecto al dato de población que refiere no haberse inscrito por motivo relacionado a la pandemia se tiene que, para el rango de 6 a 12 años, lo indica 1.4%; para las edades de 13 a 15 años se tiene 4.8%, se incrementa la razón de no inscripción por Covid-19 para el grupo de 16 a 18 años con 6.8% y para el rango de 19 a 24, lo indica 5.2%.
Cabe remarcar que no es posible asegurar que hay abandono en un sentido tajante, pues según las razones esgrimidas ‒“las clases a distancia son poco funcionales”, “alguno de los padres se quedaron sin empleo”; “carece de computadora, dispositivo o conexión a internet”; “la escuela cerró definitivamente”; “el padre, madre o tutor no puede estar al pendiente”; “un familiar enfermó o falleció por Covid”; “el/la alumna enfermó de Covid”‒, todas ellas se encuentran dentro del ámbito de las consecuencias de la pandemia, y de ninguna de ellas se deriva que NO SE PIENSE VOLVER A LA ESCUELA, si es que las condiciones por pandemia y/o económicas se modificaran. La ECOVID-ED 2020 pudo haber indagado si pensaban volver en algún momento, cuando las condiciones fueran otras; sin embargo, al no preguntarlo, sólo contamos con datos para afirmar lo siguiente: sí hubo un importante número de no-conclusión del grado por razones de pandemia; igualmente fue importante el número de los que no se inscribieron al siguiente ciclo por esta razón. La interrupción en la escolarización sólo podrá establecerse como abandono o deserción, cuando haya concluido el ciclo escolar, y cuando sea posible registrar en datos cuantificables los efectos de la contingencia; mientras tanto, lo que sí podemos afirmar es que, al margen de que vuelvan o no los que se fueron, esas cifras de no conclusión van a representar un rezago para cada estudiante que retorne, y para el sistema educativo en su conjunto.
Abandono y pobreza
Según los datos históricos siguientes (ver Gráfica 2), en promedio, entre 2012 y 2019, 14.6% de los estudiantes de educación media superior, 7.5% de los de educación superior, 4.8% de los de secundaria y 0.7% de los de primaria abandonaron la escuela. Estos datos nos muestran que históricamente han abandonado más la escuela los alumnos de educación media superior, después los de educación superior y menos los de secundaria y primaria.
Gráfica 2
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP (www.planeación.sep.gob.mx/principalescifras/)
Los efectos de la pandemia por la Covid-19 representan nuevos retos para la educación en México. Sin embargo, buena parte del abandono escolar se debe al desempleo de los padres o a la falta de dinero o de recursos de las familias, lo cual nos debe llevar a preguntarnos qué ha pasado con el desempleo y, en el fondo, con la pobreza en México. Si no se atienden ambos aspectos, difícilmente se podrá mejorar la educación.
La pobreza está arraigada históricamente en la sociedad mexicana, y diversos autores como Moreno-Brid y Ros, (2009) Puyana y Romero, (2009), Boltvinik y Damián (2016), entre otros, la han abordado en su complejidad. Además de bajo ingreso y consumo, trae consigo analfabetismo, desnutrición y mala salud.
Para el Banco Mundial, los pobres son las personas que viven con menos de dos dólares al día, mientras que los que viven en pobreza extrema se mantienen con menos de 1.25 dólares.
A nivel mundial, en los años 80 comenzó a desarrollarse el concepto de pobreza multidimensional, tomando en cuenta no sólo la falta de recursos monetarios y materiales, sino también las carencias en educación, seguridad y libertad (Ortiz y Ríos, 2013).
Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2010), la pobreza multidimensional implica que una persona se encuentra en dicha condición cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.
Desde 2008, en México, con base en la información proporcionada por el INEGI, el Coneval publica cada dos años información sobre la medición multidimensional de la pobreza. Según Forbes (2021), los datos de Coneval correspondientes a 2020 estarán disponibles en agosto de 2021, aunque han hecho públicas algunas estimaciones. Para la medición, Coneval utiliza nueve indicadores: Ingreso, Rezago educativo, Acceso a los servicios de salud, Acceso a la seguridad social, Acceso a la alimentación, Calidad y espacios de la vivienda, Acceso a los servicios básicos en la vivienda, Grado de cohesión social y Grado de accesibilidad a carretera pavimentada.
Como puede observarse en la gráfica 3, en México, el número de personas en situación de pobreza pasó de 49.4 millones en 2008 a 70.9 en 2020, es decir, en 12 años se incrementó en 21.5 millones de personas.
Gráfica 3
Fuente: Elaboración propia con base en indicadores del Banco Mundial, de Coneval (de 2008 a 2018) y Forbes (2021).
Los datos anteriores implican que el porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 44.6% a 56.3% entre 2008 y 2020 (Gráfica 4).
Gráfica 4
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Gráfica 3.
El reto mayor sigue siendo el sureste del país, donde se encuentran las entidades federativas con mayor porcentaje de población en situación de pobreza en la década 2008-2018: Chiapas (77.0% a 76.4%), Guerrero (68.4% a 66.5%), Oaxaca (61.8% a 66.4%), Veracruz (51.2% a 61.8%) y Puebla (64.6% a 58.9%) (Coneval, 2018).
Si bien es cierto que el gasto en programas sociales y combate a la pobreza se ha venido incrementando en las últimas décadas, esto no ha logrado revertir en gran medida la pobreza que afecta a México, pues en algunos periodos disminuyó, pero en los últimos años ha vuelto a aumentar. El modelo económico vigente no ha logrado corregir el problema de la pobreza, la desigualdad económica y, por lo tanto, la educación.
Articulando
De acuerdo con el comportamiento histórico expuesto, el estudiantado de nivel medio superior fue el que más abandonó sus estudios en el ciclo escolar 2019-2020, agravándose en este ciclo la situación de abandono por motivos de pandemia, lo que significa, para este nivel, 35.9%. Aunado a este abandono, se encuentran las cifras para el resto de niveles, donde los de preescolar representan un alto porcentaje, con 94.7% y la primaria con un también alto número de 73.2%.
Como se mencionó, entre los motivos más reportados en covid, tanto los directamente relacionados con la pandemia como otros indicados, muestran variables de carácter económico. Esta dimensión es significativa si tomamos en cuenta que las cifras de pobreza aumentaron también para este periodo, pasando de 41.6% de la población en situación de pobreza en 2018, a 56.3% en 2020. Pobreza y abandono son dos variables que parecen presentar una relación importante a primera vista en este contexto, y esta mirada panorámica que presentamos parece arrojar que las cifras por venir no resultarán del todo satisfactorias en términos de lo que significará para el rezago en el sistema educativo nacional.
Referencias
Boltvinik, J., y Damián A. (2016). Pobreza creciente y estructuras sociales cada
vez más desiguales en México. Una visión integrada y crítica. Acta
Sociológica, 70(mayo-agosto), 271-296.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2019). Diez
años de medición de pobreza en México, avances y retos en política social,
Cd. de México: Coneval.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Encuesta para la Medición
del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020, Cd. de
Moreno-Brid, Juan C. y Ros, Jaime (2009), Development and Growth in the
Mexican Economy: A Historical Perspective, New York: Oxford
Press.
Ortiz Galindo, J., y Ríos Bolívar, H. (2013). La Pobreza en México, un
análisis con enfoque multidimensional, Análisis Económico, XXVIII(69, septiembre-diciembre), 189-218.
Puyana, A., y Romero J. (2009). De la crisis de la deuda al estancamiento
económico, México: El Colegio de México.
Redacción (2021). La SEP inaugura el ciclo escolar 2021, 30 millones de estudiantes inician clases en casa, El Economista, 24 de agosto. https://www.eleconomista.com.mx/politica/SEP-inaugura-ciclo-escolar-2020-2021-arrancan-clases-a-distancia-20200824-0018.html
Fuente e imagen: http://www.educacionfutura.org/los-que-se-fueron-de-la-escuela/
Los criterios que toman las autoridades educativas y el personal de las mesas de “ayuda” son lamentables y escandalosos…
“Reforma Educativa” de la “4T”
Hoy ratifico lo que había manifestado días antes cuando envié, por este medio, una carta pública a la Mtra. Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública:
Me parece que están cerradas las puertas para las profesoras y profesores que tienen experiencia en elsistema educativo público, como docentes, asesores técnicos o directores escolares, en el nivel de educación básica o media superior, ya que no han sido aceptados para concursar por una plaza de ascenso o promoción, dentro del marco legal y reglamentario establecidos desde 2019, debido a inconsistencias, de procedimiento, creadas por la propia burocracia educativa.
¿Cómo es posible que estas políticas, de “cierre de puertas” burocráticas, esté dirigido a las maestras y los maestros que cuentan con más de 15 o 20 años de experiencia docente o directiva en la escuela pública? Que, además, se han preparado académicamente (con la realización de estudios de licenciatura y posgrado en educación), pero que la normatividad de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) no les ha permitido concursar por detalles de tipo burocrático (de forma) y sin aplicar criterios académicos o de responsabilidad dentro del sistema educativo (de fondo).
Hay docentes y directivas o directivos escolares que tienen más de 20 años de servicio docente en la escuela pública; o con más de 6, 8 o 10 años de experiencia como directoras o directores, quienes cuentan además con títulos de licenciatura (en instituciones de educación superior reconocidas por la propia SEP) y maestría en educación, o en disciplinas o campos de conocimientos afines, y que han recibido diplomas o constancias de reconocimiento al mérito académico (SEP), pero que durante el actual proceso de promoción (2021) no fueron aceptados debido a detalles de forma (falta de alguna fotografía o de algún sello); esto aun cuando han entregado documentos expedidos por la SEP.
Vuelve el cántaro al agua
Los criterios que toman las autoridades educativas y el personal de las mesas de “ayuda” son lamentables y escandalosos: ¿Por qué la propia SEP no reconoce a las maestras y los maestros que cursaron los programas nacionales de nivelación, actualización o regularización organizados en otros tiempos por la misma dependencia del gobierno federal? ¿Tiene lógica académica esa línea de políticas públicas educativas de exclusión? ¿O más bien lo que prevalece, una vez más, es la racionalidad (irracionalidad) burocrática?
Como se puede apreciar, estos procesos o trámites burocráticos, donde se deja fuera de los concursos a personas que han desarrollado una trayectoria académica decorosa, son injustos y contradictorios. Y no se trata de que a las y los docentes, en cientos de casos que hay como éste en México, se les otorguen plaza de directores o de supervisores escolares a través del nefasto “dedazo”, sino que se les permita concursar y demostrar sus capacidades académicas, docentes, directivas y profesionales en igualdad de condiciones.
Me pregunto una vez más: ¿Es intencional, por parte de la SEP, que se pongan en práctica este tipo de políticas inflexibles y de puertas cerradas? ¿Acaso las plazas ya están pactadas con las cúpulas sindicales nacionales y locales? Si eso es así ¿Entonces para qué se publican las convocatorias?
Más preguntas ¿Lo que buscan las autoridades educativas, federales y estatales, es contratar o promover sólo a quienes cuentan con estudios de normal básica, sin que hayan tenido el compromiso de prepararse más allá de esa formación elemental? Por lo que veo, todo parece indicar que, con estas políticas educativas y administrativas (con énfasis en decisiones burocráticas, no académicas), se busca premiar al “mínimo esfuerzo” académico y las más cortas trayectorias o experiencias profesionales.
Es lamentable, con este cuadro de hechos, el rumbo que toma, hoy, la “Reforma Educativa” de la “4T” (desde 2019), pues se cierran las puertas de las oportunidades para todas y todos aquellos trabajadores de la educación que han participado en los diferentes esquemas de “nivelación”, de “actualización” o de “superación profesionales”, que la propia SEP puso en marcha durante las últimas tres-cuatro décadas en todo el país, tanto para la educación básica como media superior.
¿Dónde están los dirigentes altos y medios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para defender a sus agremiados? ¿Dónde quedaron las figuras educativas y académicas previstas en la ley (Comisiones Tripartitas) para salvaguardar el sentido académico (no burocrático) de los concursos de admisión y promoción? ¿Dónde quedan los principios de transparencia y de rendición de cuentas ante este tamaño de atropellos?
Cabe resaltar que este tipo de atropellos y violaciones a los derechos de las y los trabajadores de la educación no sólo se han presentado en docentes y directivos de educación básica sino también en media superior; ello ha sucedido en estados como Querétaro, Estado de México, Tamaulipas, Chiapas, Quintana Roo y Jalisco, pero no dudo que hoy en día también se presentan, lamentablemente, en otras entidades del país. ¿Éste será el sello de la revaloración o revalorización del magisterio durante la gestión de la SEP en el marco de la “4T”?
Desde marzo pasado y hasta el momento en que escribo este texto (16 de abril), me han reportado, vía correo-e, diferentes casos donde la autoridad y las burocracias locales han actuado en contra de distintas figuras educativas, todas ellas y ellos aspirantes a una promoción (movilidad vertical) o al reconocimiento institucional, a través de incentivos económicos (movilidad horizontal), quienes han sido mal atendidos y pésimamente auxiliados, con actitudes de puertas cerradas.
Como parte de las inconformidades que, adicionalmente, se han cometido en contra de las y los aspirantes a ingresar al servicio público docente, mediante concursos de admisión, el próximo lunes 19 de abril se llevará a cabo una concentración frente a Palacio Nacional, para expresar de manera pacífica el malestar de las y los docentes ante este proceder de las burocracias educativas.
Hago un atento llamado para que la misma SEP, la Subsecretaría de Educación Básica, las autoridades educativas locales (en las entidades federativas) y USICAMM revisen de inmediato estos casos de bloqueo, abuso y maltrato a las y los maestros durante los procesos de admisión y promoción, a efecto que los resuelvan a favor de los participantes que lo ameriten o que reúnan los requisitos establecidos en la normatividad, porque sin ello se tenderán a bajar los niveles de valor académico que requiere la educación pública en México.
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