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La educación pública en la pandemia o el valor de lo esencial

«Yo no he visto institución tan funcional en la vida como la de la escuela. En antropología se define «Función» como la contribución que hace una institución para el mantenimiento de toda la estructura social. La escuela, esa contribución la hace a la perfección.» (Juan Izuzquiza: Borregos que ladran)

Llega a su fin un extraordinario curso académico, es decir, un curso ajeno a lo ordinario o fuera de lo normal. Sin duda esa fue una de las primeras señales en marzo del año pasado de que algo verdaderamente grave estaba pasando. Cuando por aquel entonces se hizo incontestable que nos estábamos enfrentando a una pandemia ante la evidencia de la incontrolada propagación del SARS-CoV-2, uno de los acontecimientos de entre los muchos que se fueron precipitando y que nos hicieron afrontar ineludiblemente la cruda realidad fue el cierre de los centros educativos. Su funcionamiento es uno de esos elementos de nuestra cotidianeidad que son esenciales para otorgarnos esa sensación de normalidad que se nos olvida de tan naturalmente instalados que nos encontramos en ella, pero que es imprescindible para poder disfrutar de una existencia civilizada, es decir, una existencia en la que se dan las condiciones necesarias para que cada cual pueda plantearse la realización de un proyecto de vida propio con cierto nivel mínimo de confianza o, lo que es lo mismo, conviviendo con un grado de incertidumbre psíquicamente tolerable (no ansiogénico).

Un detalle que sintetiza lo dicho es que a la vuelta de las vacaciones de verano cada año, cuando en los medios de comunicación se habla de «la vuelta al cole» se la presenta como el reinicio irreversible de «la normalidad», o sea, del fin de esa etapa veraniega en la que parece que tácitamente hemos consensuado darnos una tregua, suspender –al menos aparentemente– el frenético flujo de actividades con las que tenemos ocupado nuestro tiempo diario según dicta esta omnímoda cultura del rendimiento.

Ciertamente era importante volver a la escuela en este curso que apura sus últimos días en el momento que escribo estas líneas. Se dijo el año pasado antes de su inicio que era fundamental, porque no era lo mismo la enseñanza telemática que la presencial. Que impedía que la institución cumpliera con una de sus funciones esenciales en nuestro Estado, el cual no sólo se define constitucionalmente como democrático y de derecho, sino también como social, lo que quiere decir que ha de procurar el cuidado de las condiciones mínimas que permitan el bienestar de sus ciudadanos. Entre esos mínimos se encuentra sin discusión la procura de una educación para todos ellos sin excepción.

No hay derechos sin obligaciones. Si se reconoce el derecho a la educación se está asumiendo una obligación por parte del Gobierno de garantizarla. Como se había constatado que la enseñanza por medios digitales y a distancia durante el confinamiento no cumplía satisfactoriamente con dicha obligación (la así llamada brecha digital acentuaba las injustas desigualdades sociales) era imperativo que los alumnos volvieran a los centros educativos. Lo que –no lo olvidemos– en plena pandemia suponía asumir un importante riesgo.

El verano pasado fue de mucha preocupación para el colectivo de los docentes. Los trabajadores de la sanidad eran los que entonces ya llevaban un largo tiempo en primera línea en la lucha contra la propagación de la COVID-19. Y estaban pagando un alto precio por ello. Todos lo reconocíamos, aunque sin duda no suficientemente. A partir del inicio del curso, tras ese verano, éramos los maestros y profesores los que con un riesgo significativo nos incorporábamos al colectivo de «los esenciales». La vuelta de los jóvenes a las aulas suponía la convivencia durante jornadas de unas seis horas al día de grupos de personas de número considerable en espacios cerrados. Con niños y adolescentes, por muy enmascarados que acudiesen al aula, no cabía seguridad de que su comportamiento se fuese a ajustar responsablemente a las exigencias de prevención que imponía la situación de pandemia.

Mientras que los funcionarios de casi todas las administraciones teletrabajaban y/o se bunkerizaban en sus despachos y oficinas con el fin de protegerse de los posibles contagios, incluso colocando a la puerta de los distintos edificios administrativos guardias jurado que impedían la entrada a todo usuario que no hubiese logrado con mucho trabajo una cita, nosotros, los integrantes del personal docente, teníamos que hacer lo de siempre: encerrarnos en nuestras aulas hora tras hora con clases, en muchos casos, de en torno a treinta alumnos.

Es verdad que se nos dieron unas instrucciones; aquí, en Andalucía, muy poco tiempo antes del comienzo de la actividad lectiva. De los equipos directivos que se encontraban al frente de los centros tuvieron que salir improvisados técnicos de prevención de riesgos para implementar las medidas que debían servir para disminuir la aparición de brotes de contagio. Eso supuso un trabajo monumental con el que se dejó totalmente solo al personal docente a cargo. De él saldría un responsable coordinador Covid, que ha sobrellevado una responsabilidad abrumadora pues ha estado al frente de la supervisión del dispositivo de prevención y control de contagios. Se nos endosó a los claustros de profesores la difícil decisión de cómo organizar la enseñanza para lograr que, sin renunciar a la presencia mayoritaria de los alumnos, no se pusiera en riesgo su salud y la de sus familiares. Nosotros, los docentes, teníamos que afrontar a diario una situación objetivamente de peligro, y solo iba a depender de nosotros, de nuestra precaución y suerte que no nos contagiásemos.

El curso dio comienzo –como es bien sabido– en septiembre: con mascarillas, con ventanas abiertas de par en par, con más limpieza. Dar una clase con mascarilla no es fácil cuando tratas de explicar contenidos académicos a nutridos grupos de chavales cuya atención has de captar, sobre todo cuando hace calor y notas que el sudor resbala por tu boca tras la dichosa tela. Entrar en un aula gélida las mañanas de invierno porque no se pueden cerrar puertas y ventanas para así evitar el efecto mórbido de los aerosoles exige mucho sentido del deber. Llevar adelante la enseñanza presencial cuando tienes que mantener la virtual duplica el trabajo, amén de convertirse en una tarea plagada de obstáculos cuando cuentas con una infraestructura informática obsoleta que no para de dar problemas y que requiere de un mantenimiento del que se encarga un profesor o profesora que, además, tiene que dedicarse a sus clases. Al mismo tiempo hemos sido vigilantes sanitarios de vanguardia tratando de detectar síntomas de contagio, en perpetuo contacto con los enlaces del servicio de salud, corrigiendo continuamente a los jóvenes que podían incurrir en un comportamiento que facilitara la transmisión del virus. En fin, ha sido duro, pero lo hemos hecho funcionar.

Hemos hecho funcionar la escuela, y al hacerla funcionar volvió la normalidad, esa normalidad tan necesaria para que esa esfera de nuestra existencia que parece haberse convertido en la dominante sobre todas la demás, a saber, la economía, echara a andar camino a la senda de recuperación que demanda el actual modelo capitalista en vigencia, y que exige el continuo crecimiento, porque la alternativa implica la ruina para muchos.

Creo que pocas inversiones tienen un efecto multiplicador tan alto en beneficios sociales como la educación. La inversión en educación –que no gasto– es el mejor factor favorecedor de la paz social. En las sociedades multiculturales como la nuestra es más preciso que nunca un espacio en el que se encuentren los integrantes de las nuevas generaciones donde se practique la convivencia de las diferencias culturales y de identidad procurando la corrección de las actitudes que puedan dar lugar a conflicto. La escuela es ese espacio, el único diría yo, en el que los jóvenes aprendices de ciudadanos no tienen más remedio que compartir su tiempo cada día con otros con los que sería difícil que pudiesen coincidir en otros lugares. Este ha sido un cambio notable del que yo he sido testigo en las últimas décadas: el paso de una sociedad como la española, relativamente homogénea desde el punto de vista de la identidad cultural, a una sociedad multicultural (la población extranjera pasó del 2% en 1990, por ejemplo, a casi un 13% en 2019) que puede correr el peligro en la actualidad de acabar fragmentándose y polarizándose más y más por el efecto de la tecnología digital que potencia las burbujas de filtro y las cámaras de eco, lo que facilita al mismo tiempo que prospere la ideología del rechazo al distinto.

Las aulas son hoy por hoy un lugar fundamental en el que aprender la práctica de la convivencia democrática. Todos los centros educativos de la red pública conforman una república del acogimiento cívico, formalmente exenta de factores que incidan en el agravamiento de las diferencias sociales, económicas, étnicas, culturales (la religión incluida), y de los que no hay garantías que estén libres los colegios propiedad de instituciones privadas como la Iglesia Católica o empresas que hacen de un derecho constitucional básico su negocio.

La escuela pública es el albergue social que a todos acoge dedicado a dar forma al complejo proceso de humanización, porque no hay humanidad en el individuo sin su integración social. A nuestros hijos les da la oportunidad de vivir la experiencia social extramuros de sus familias, porque cada particular familia no es la sociedad. Los expone en una primera ágora, imprescindible sobre todo en comunidades multiculturales como las nuestras. En sus aulas tienen que relacionarse con sus pares diversos con los que tendrán la oportunidad de comunicarse, intercambiarse ideas y creencias, contrastarlas y discutirlas. En este sentido nunca se subrayará suficientemente la importancia del componente laicista en una escuela pública verdaderamente democrática, que garantice el efectivo cumplimiento del derecho de libertad de conciencia.

En el muro exterior de un instituto en el que di clase durante bastantes años se podía leer una pintada que perduró curso tras curso. Rezaba así: «sistema de enseñanza, enseñanza del sistema». Es la condición paradójica de la educación institucionalizada de las sociedades democráticas. Por un lado es una pieza primordial sin la cual sería imposible el mantenimiento del sistema, pues transmite valores y conocimientos asentados como válidos de una generación a la siguiente; por otro lado, se supone que tiene que dotar a las ciudadanas y ciudadanos en formación de ese componente imprescindible para mantener la salud de tales sociedades y que no es otro que el libre pensamiento, la capacidad de contemplar con ojos críticos lo dado, lo recibido en herencia de las sucesivas generaciones a través de la tradición cultural; y aprender a procesar de manera razonable el conflicto, ineludible en sociedades como la nuestra donde se asume la diversidad y la discrepancia ideológica como hechos naturales.

¿Sería practicable nuestro estilo de vida sin los colegios e institutos? En una sociedad del rendimiento que sacraliza el trabajo, para el que parece que es éticamente justificable que no se conciba límite en cuanto al tiempo que se le dedica, la institución educativa contribuye a eso que se llama la conciliación entre la vida familiar y la laboral, que a mi modo de ver, en un modelo de sociedad como el nuestro actual, tiene más de disputa que de conciliación. Podría decirse que criar hijos en estos tiempos tiene mucho de heroicidad. No es de extrañar, pues, que los índices de natalidad en nuestro país, y en Europa en general, estén por los suelos.

No es capítulo menor en el asunto del modelo educativo la cuestión sobre el grado de autoridad y confianza que le otorgamos al maestro. Creo que pocos servidores públicos están tan sujetos a una continua inspección como lo está el docente. Sospechoso de adoctrinar para unos, de indolencia profesional para otros, obligado a dar cuenta permanentemente de las decisiones que toma ante sus alumnos, los padres de estos y la propia administración educativa, el salario emocional que se recibe en el desempeño de este oficio (del económico, mejor no hablar) es ciertamente escaso. No es de extrañar, pues, que entre los trabajos con mayores niveles del síndrome llamado burn out (o desgaste emocional por el desempeño de la profesión) se encuentre el docente.

Con el paso del tiempo y la evolución de la sociedad –sobre todo en lo referente a la situación de la mujer y la complejidad de los modelos de familia– el papel del maestro de educación primaria y del profesor de secundaria se ha ido cargando de responsabilidades que van más allá de su tarea de enseñanza de unos determinados conocimientos académicos. A menudo conducen a que el docente se vea implicado en aspectos emocionales y familiares muy delicados que afectan al alumnado. Es indiscutible que lo puramente académico ha ido perdiendo peso comparado con todo lo que tiene que ver con el bienestar físico y afectivo de los jóvenes. Ahora bien –quede esto claro–, no puede la institución educativa pública asumir como misión la corrección del creciente repertorio de taras sociales de origen extraescolar, máxime cuando colegios e institutos son territorios asediados por las presiones ideológicas de toda laya. Tanto poder no tienen. Lo tienen mucho más el inabarcable universo de las pantallas.

Es verdad que el sistema educativo es demasiado rígido y está sujeto a servidumbres políticas y sociales que le impiden desarrollar todo el potencial que podría si se confiase más en el trabajo docente. Tendría que aligerarse de burocracia y admitir un mayor margen de creatividad, al menos durante las etapas educativas en las que no entra en juego el factor de la competitividad, el cual exige el sometimiento a la evaluación de estándares cuantificables mediante los cuales clasificar a los jóvenes según las carreras académicas y profesionales que podrían cursar. Seguramente este aspecto escapa a las posibilidades de decisión de lo que quiere ser la escuela, pues tiene que ver más con lo que quiere ser la sociedad en la que la institución educativa se halla inserta. Es en ésta donde cabe detectar los talentos de los jóvenes, por lo que debe contar con las condiciones necesarias para que los profesores puedan hacerlo, que estos sepan reconocerlos y que tengan a su disposición los medios necesarios para cultivarlos y sacarles partido. Es esencial para un país que quiera estar vivo y con posibilidades de prosperar.

La educación pública en la pandemia o el valor de lo esencial

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Uruguay: Gremios de la educación advierten por persecución sindical en Secundaria y Codicen

Despidos y el pedido de información sobre justificación de licencia sindical dispararon distintos reclamos; autoridades niegan motivos antisindicales.

A raíz de la resolución de la Dirección General de Secundaria del lunes 28, en la que se pide a todas las direcciones liceales del país que remitan “de forma urgente toda aquella información que pudiera contener datos referentes a la justificación de inasistencias” en el “marco del usufructo de licencia sindical” durante los años 2015 a 2021, la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria (ATES) emitió un comunicado en el que acusa a la dirección de persecución sindical.

En la resolución de Secundaria se establece que, considerando el pedido de informes que realizó el diputado Felipe Schipani “referente a la justificación de inasistencias para participar de actividades sindicales” en el que consulta “si es una práctica habitual que se soliciten horas para actividades sindicales adicionales a las horas legalmente establecidas”, sumada a la comisión investigadora que trabaja en el Parlamento sobre el tema, es pertinente hacer la consulta a las direcciones liceales.

Sin embargo, desde ATES consideran que “dicho proceder forma parte de una metodología que no prioriza la atención educativa y sanitaria de los educandos de todo el país, hipoteca el proceso pedagógico de los locales de estudio en momentos de emergencia sanitaria y minimiza los temas realmente trascendentes a los que las autoridades deberían abocarse”, según indican en un comunicado.

El sindicato reclama “el cese de estas prácticas que lejos de unirnos para garantizar un retorno seguro a los locales de estudio centra la atención en persecuciones sindicales generando divisiones y no un trabajo mancomunado entre todos los actores en pos de una educación digna”.

Por otra parte, desde la Unión de Funcionarios del Consejo Directivo Central (Codicen) manifiestan su “profundo rechazo a la persecución llevada a cabo desde el Codicen hacia compañeros y compañeras del programa Paemfe [Programas de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación], dejando sin trabajo en medio de la crisis a tres funcionarios”.

Estos programas se plasmaron en contratos de préstamo entre Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo en 2011 y 2017 y tienen por objetivo “contribuir a la implementación de la política educativa” en esas áreas. Desde el sindicato aclaran, además, que “el financiamiento del programa está vigente durante todo 2021”.

Según el sindicato de funcionarios del Codicen, los tres trabajadores despedidos trabajaban en la institución desde hacía más de cuatro años y tenían informes de sus jefes “sumamente positivos”. En tanto lo “único que compartían era su afiliación con el sindicato”, entienden que es un caso de “persecución antisindical” y advierten en un comunicado que tomarán “todos los caminos necesarios para revertir la situación”.

Juan Gabito, consejero del Codicen de la ANEP, confirmó los despidos en Paemfe, pero aseguró que “no es por persecución sindical”. Señaló que son contratos con vencimiento, que se habían prorrogado hasta el 30 de junio y que tres no se renovaron porque los funcionarios “formaban parte de una mesa de ayuda que dejó de existir”.

“Al principio se los redireccionó hacia otros subsistemas, pero ahora vino la propuesta de no renovarles y apoyamos”, señaló, y puntualizó que no fue por persecución sindical: “No tienen condición de dirigentes sindicales, y se ha cesado a gente no afiliada”, afirmó. De todas formas, dijo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social los citó a una instancia de mediación por estos despidos, y no descartó que surja en ese ámbito “alguna solución, porque está la parte humana”.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2021/7/gremios-de-la-educacion-advierten-por-persecucion-sindical-en-secundaria-y-codicen/

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La escuela debe ser un faro de esperanza ante la violencia, no un reflejo de crisis social: investigadores

Por: Erick Juárez Pineda

En el marco de la presentación del ejemplar LI-2 de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, diversos investigadores coincidieron que la escuela debe convertirse en un espacio para frenar y evitar los diversos tipos de violencia y no como un reflejo de descomposición social.

Durante la presentación titulada ¿Qué sentido tiene hablar de violencia en la educación?, Juan Carlos Silas Casillas, coordinador del Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas (CEA-MOPE), explicó que, desafortunadamente, la vida cotidiana se ha enfrascado en entornos de violencia, donde la escuela no está exenta, donde los centros educativos dejaron de ser proyectos del país para convertirse en reflejos de la situación actual de la nación, por lo que es necesario comenzar a enfrentar los fenómenos de violencia, desde la convivencia.

Lamentablemente, continúa, las escuelas han aceptado las inequidades y han normalizado la violencia, por lo que se debe fortalecer a las comunidades educativas.

«La educación, necesariamente deberá proponer vías para la prevención de la violencia y la gestión de sus impacto», añadió.

Por su parte, Luz María Moreno Medrano, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), señala que es necesario identificar  las distintas formas de violencia y así poder enfrentarlas correctamente.

Insistió que, en la medida en que podemos nombrar y visibilizar estos mecanismos de violencia, se podrá  investigar y hacer un acercamiento a las diversas vías de solución, tomando en cuenta los diversos contextos en los que se desarrolla.

Ante ello, agregó que resulta fundamental poder hacer este acercamiento a las niñas, niños y jóvenes para lograr entender estas sutilezas y, a partir de entonces, comprender que estos niños, más que víctimas, son sujetos activos y en formación política.

Mientras tanto, Ernesto Treviño, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile advirtió que sobre los hombros de los niños y niñas se están poniendo los desafíos de las violencias, simbólicas, materiales, económicas, laborales, de género y  de la diversidad sexual.

Explicó que la publicación presentada sobre los diversos tipos de violencia da en el núcleo de uno de los desafíos que permanentemente se tienen en América Latina, pues estas violencias  se materializan muchas veces en las situaciones educativas, pero que también superan  a las escuelas y al sistema educativo.

Para Hilda Patiño, Directora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, una de las herramientas para enfrentar estas situaciones en los niños, es el juego, pues a partir de este se ofrecen espacios que posibilitan aprendizajes transformadores.

Desde las teorías de la pedagogía crítica, donde la educación es un vehículo para el cambio, el uso del juego como lugar y metodología del aprendizaje, ofrecen una visión positiva y propositiva para enfrentar los contextos de violencia, explica.

Por su parte, la Cimenna Chao Rebolledo, coordinadora de la Especialidad en Educación Socioemocional de la IBERO, mencionó que la escuela es un lugar de encuentros y desencuentros, un lugar para aprender a tomar acuerdos, aprender a convivir y a lidiar con las diversidades que nos distinguen, pero que a su vez nos conforman como sociedad y como comunidad escolar”.

Hablar entonces de violencia en el contexto escolar se debe a que puede suceder que en el desencuentro se genere violencia, ya sea incitada por la violencia heredada del contexto sociocultural, que puede condicionar las formas de pensar y de actuar.

Finalmente, Mercedes Ruiz Muñoz, investigadora del Departamento de Educación de la IBERO y editora Académica de la RLEE, subrayó que este número lleva a reflexionar acerca de la educación, la violencia, la paz, la compasión, el juego, la esperanza y, sobre todo, “la posibilidad de construir comunidad para dar acogida a todas y todos en un mundo tan cambiante, tan desafiante y en un contexto de violencia”.

El nuevo número de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos se puede consultar dando click aquí 

Fuente:  https://www.educacionfutura.org/

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Mundo: Elaboración de una Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial

Mundo/25-06-2021/Autor(a) y Fuente: en.unesco.org

AI y tu …

Hoy, la inteligencia artificial juega un papel en la vida de miles de millones de personas. A veces pasa desapercibida, pero a menudo tiene profundas consecuencias, transforma nuestras sociedades y desafía lo que significa ser humano.

La IA puede brindar apoyo a millones de estudiantes para completar la educación secundaria, cubrir 3,3 millones de puestos de trabajo adicionales y, lo que es más urgente, ayudarnos a abordar la propagación y las secuelas de la pandemia de COVID-19. Junto con múltiples ventajas, estas tecnologías también generan riesgos y desafíos a la baja, derivados del uso malicioso de la tecnología o la profundización de las desigualdades y divisiones.

Necesitamos políticas y marcos regulatorios nacionales e internacionales para garantizar que estas tecnologías emergentes beneficien a la humanidad en su conjunto.

Necesitamos una IA centrada en el ser humano. La IA debe ser para el mayor interés de la gente, no al revés.

La UNESCO propone el desarrollo de un instrumento global de establecimiento de normas integral para dotar a la IA de una sólida base ética, que no solo protegerá sino que también promoverá los derechos humanos y la dignidad humana. Si se adopta, será una brújula de guía ética y un cimiento normativo global que permitirá construir un fuerte respeto por el estado de derecho en el mundo digital.

Gabriela Ramos, Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, sobre cómo construir el estado de derecho en el mundo digital:

5 cosas que debes saber sobre la IA

La IA ha demostrado su valor para enfrentar la pandemia de COVID-19

Contribuye a frenar el impacto económico de la crisis a través de plataformas digitales. También ayuda a los investigadores a procesar grandes cantidades de datos en la carrera por encontrar una vacuna o un tratamiento. AI ha participado para contener la propagación del virus a través de tecnologías de prueba, seguimiento y rastreo. Sin embargo, a medida que las personas dan acceso a sus datos, el uso de IA durante esta pandemia ha reabierto las preocupaciones con respecto a la privacidad, la protección de datos y el uso de datos más allá de las necesidades de rastreo de virus.

Es probable que el crecimiento impulsado por la IA sea muy desigual

Se espera que la IA genere casi 4 billones de dólares en valor agregado para 2022. Para 2030, se espera que las ganancias económicas sean más fuertes en China y América del Norte, lo que representa el 70% del impacto económico global de la IA. La IA tiene una dinámica de “el ganador se lo lleva todo” que necesita ser regulada: la concentración de IA en manos de unos pocos países de altos ingresos probablemente dejará a los países en desarrollo muy atrás. Estos últimos no se beneficiarán o se beneficiarán muy poco de las tecnologías de inteligencia artificial y carecerán de propiedad de dichas tecnologías.

La IA contribuye a ampliar las brechas de género existentes

Solo el 22% de todos los profesionales de la IA son mujeres. Debido a que están subrepresentados en la industria, los prejuicios de género y los estereotipos se reproducen en las tecnologías de IA. No es una coincidencia que los asistentes personales virtuales como Siri, Alexa o Cortana sean «mujeres» por defecto. El servilismo y, a veces, la sumisión que expresan son un ejemplo de cómo la IA puede (continuar) reforzando y difundiendo los prejuicios de género en nuestras sociedades.

La IA puede ser una herramienta poderosa para abordar el cambio climático y los problemas ambientales

A medida que el planeta continúa calentándose, los impactos del cambio climático están empeorando. Al recopilar y analizar datos, los modelos impulsados ​​por IA podrían, por ejemplo, ayudar a mejorar la gestión de los ecosistemas y la restauración del hábitat, algo esencial para disminuir la disminución de las poblaciones de peces y vida silvestre. Dicho esto, la extracción de datos consume casi el 10% de la energía a nivel mundial. Por lo tanto, también es esencial abordar el alto consumo de energía de la IA y el impacto consiguiente en las emisiones de carbono.

La IA no puede ser una zona prohibida por la ley

La IA ya está en nuestras vidas, dirigiendo nuestras elecciones, a menudo de formas que pueden ser perjudiciales. Hay algunos vacíos legislativos en la industria que deben llenarse rápidamente. El primer paso es acordar exactamente qué valores deben consagrarse y qué reglas deben aplicarse. Existen muchos marcos y directrices, pero se implementan de manera desigual y ninguno es verdaderamente global. La IA es global, por eso necesitamos un instrumento global para regularla.

Fuente: https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics

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Evaluar para saber donde estamos parados

Por: Miguel Andrés Brenner

Facultad de Filosofía y Letras. UBA

Buenos Aires. 2021

En Argentina, hoy, se reitera el espíritu del capitalismo neoliberal pedagógico, dentro de un entramado electoralista, que llega a la exageración de tornar medidas pedagógico didácticas en materia de decisión judicial, debido a la puja entre dos frentes partidarios: uno denominado neoliberal/conservador, mientras que el otro denominado populista.

Pero, vayamos directamente a nuestro tema.

Ciertamente, Paulo Freire no vivió en nuestra época, con nuestras problemáticas. Sin embargo, su pedagogía es tan potente, que siempre algo tiene que decirnos para nuestros avatares, y ese algo trasvasa al mismo con un sentido trascendente, con un sentido que convoca a la esperanza.

Las evaluaciones que se diseñan a partir de las políticas neoliberales capitalistas, nos sugieren dos relatos simples, en se tanto niegan a mostrar nuestra humanidad tan vivida y proclamada por Paulo Freire, vibrante de carne y nervios, nervios y corazón, cuyo espíritu de vida es inabordable desde parámetros reductores a medición.

RELATO 1

“Mi nombre es Martín. Estoy en una escuela donde se enseña a manejar, soy alumno y debo aprender. Salgo con mi automóvil desde un punto de inicio hasta otro de llegada. Mi automóvil se encuentra desvencijado, chapas oxidadas casi despedazadas, motor que apenas funciona, asientos que no permiten una mínima comodidad para un conductor. El camino es muy tortuoso, con muchos baches, se encuentra en tal estado que difícilmente alguien con un auto nuevo podría llegar a destino. El combustible que se me asigna, apenas da para algunos poquitos kilómetros. Mi estado es de mucho stress, tengo todo el cuerpo dolorido, me encuentro sin suficiente alimento para manejar en una ruta, estoy sumamente cansado. El camino tiene variadas bifurcaciones, no hay señal alguna, con lo que se hace difícil llegar a un destino cierto.”

“A pesar de todo ello, la directora de la escuela me quiere evaluar ‘para saber dónde estamos parados’. Mi maestra Fernanda le dice a la directora que soy muy buen alumno, aunque no me encuentro en las mejores condiciones para ser evaluado. La directora, que no tiene título docente y nunca dio clases en el sistema educativo, se llama Soledad Antuña[1]. Ella insiste en que como maestra no quiero hacerme cargo de mi mala enseñanza, que hay que saber dónde estamos parados para hacer las modificaciones que se consideren pertinentes. Y lo llama al periodista Jorge Lata[2]para que difunda ante todos que me niego, que soy terco, y que por mi culpa la educación anda mal.”

Ocurre que Soledad pretende que los logros a obtener en el sistema educativo sean los mismos para todos, que tengan una calidad similar a la de cualquier objeto que en un mercado internacional tiene parámetros de calidad “medibles”. Con el mismo parámetro se mide a un alumno de la Villa 31 que a un alumno de un country de 5 estrellas de los Altos de San Isidro. No vale explicarle que lo que hay que modificar, en principio, es el punto de partida y no el punto de llegada. Cualquier alumno tiene la posibilidad de ser excelente, si se preocupa al respecto, pero tiene que vivir y convivir en una comunidad, en una comunidad que lo críe y le ayude a crecer, que lo alimente con nutrientes sanos, que viva en un clima acogible desde el punto de vista medio ambiental, también desde el punto de vista emocional, que el entretenimiento con el que se encuentra en los multimedia digitales le ayude a entrever críticamente la realidad y a relacionarse con los otros, solidarizándose con ellos si fuere necesario, que aprenda lo que el trabajo significa a través de vivir desde sus padres un trabajo decente y creativo, etc. Estos aspectos Soledad no los tiene en cuenta. Consecuencia, si se hace la medición/evaluación se apunta, en última instancia, a desacreditar del alumno Martín y de su maestra Fernanda. Esto significa, ni más ni menos, la mercantilización de la pedagogía.

El maestro es un profesional de la educación. Conoce lo que es una prueba diagnóstica, y sabe lo que puede hacer si se aplica la misma a los alumnos, sabe también lo que, lamentablemente, no puede hacer y que, al respecto, necesitaría de una ayuda de los de arriba, que jamás viene. Las soluciones prácticas no provienen desde los organismos centrales, solo provienen desde los de “abajo”, que se manchan los pies con barro y las manos con tizas.

¿Qué nos diría Paulo Freire en tal sentido? La evaluación es un proceso dialógico. O sea, no debo “evaluar-sobre-otros”, debo “evaluar-con-otros”. Evaluar con otros significa que me mimetizo con el sentir-pensar de mis alumnos y los ayudo a trascender su situación particular en tanto ellos también se mimetizan conmigo, me comprenden y me ayudan a crecer. No hay que evaluar desde-arriba, con criterios establecidos universalmente. Hay que evaluar en tanto nos evaluemos mutuamente, en tanto encontremos problemas de la vida que sean comunes al mismo mundo en el que vivimos, en tanto nos angustiemos porque vivimos lo mismo, aunque en cierto modo desde diferentes perspectivas. Y, desde esa inquietud, modificándonos unos a otros, mutuamente, potenciemos hasta lo imposible un camino que aún es difícil prever, pues el suelo común desde el que partimos es como la tierra fértil que nos anima hacia lares pensados como los impensados. Pensar críticamente es, dialogando con diferentes alternativas, casi como jugando con una pelota de la que no se sabe con precisión cuál será su derrotero, “empujar” con un ánimo compartido. Así, al final del camino, un final deseado pero nunca arribado, Martín y Soledad, Jorge y la maestra, sean más humanos en la esperanza de un situarse potenciando la vida, vida en comunidad.

RELATO 2[3]

“Juancito vive en un hábitat sucio, hacinado; la escuela le ofrece un mínimo espacio limpio donde cada uno ocupa un espacio propio. Vive dentro de relaciones donde papá y mamá pueden ser ni papá ni mamá, familia desquiciada; la escuela le ofrece un maestro, un maestro, que puede tener conflictos, pero es maestro y con otros maestros que son maestros. Vive en un lugar donde la estética es la falta de estética; la escuela le ofrece la posibilidad de dibujar, de colorear. Vive en un lugar sin sorpresa, pues la pobreza y miseria no le da otra posibilidad; la escuela le ofrece la posibilidad de decir, hablar, hacer cosas muy buenas y que no han sido previstas, que excede a las normas y estándares, pues algo de creatividad siempre es posible. Vive en un lugar donde papá, o quien hace de él, lo maneja y descarga en él sus frustraciones; la escuela le ofrece alguien que, bien o mal, se preocupa de él. Vive con un papá al que solamente le importa su hijo en la medida en que no está en casa (no se pregunta tanto si aprende, sino «¿qué hago con mi hijo si no hay clases?»); en la escuela puede lograr un poquito aprender lo que en casa se le puede negar. Vive en un lugar donde las necesidades son de urgencia, no pueden esperar, y si no se cumplen, no come lo suficiente; en la escuela se le intenta enseñar a esperar cuando tiene dificultades, esperar para lograr los objetivos, aunque no fueren demasiados. … y muchos, pero muchos más ejemplos podrían darse. Pero Fernanda, su maestra, es evaluada, y se le pregunta acerca del Proyecto Educativo Institucional como también acera del tsunami de normativas existentes, y no responde lo que se espera que responda ella y todos los maestros, de la misma manera, como la Coca Cola es la misma en Tailandia, Grecia, Estados Unidos de América y Argentina, es la misma en Los Altos de San Isidro y en la Villa de las Cavas: entonces, Fernanda, su maestra, es evaluada y aplazada, no sirve. Sin embargo, no se miden los resultados en el deterioro del tejido social como efecto de la hiper especulación financiera durante la última dictadura cívico militar, de la década del noventa y sus incidencias en los primeros años del tercer milenio, tampoco se miden las consecuencias de la especulación financiera que se gesta actualmente, no se miden a los pocos responsables que produjeron tamaño magnicidio, responsables que luego dictaminan desde sus propios intereses cuáles deben ser las políticas públicas. No se miden las implicancias en el deterioro del tejido social, en la destrucción de las expectativas de las jóvenes generaciones y en el deterioro del universo simbólico cultural siendo que el aula de la escuela pública es caja de resonancia de las mencionadas problemáticas. Pareciera que se «borraron de un plumazo» a los victimarios, y Fernanda es una víctima, pero se la muestra como victimaria. Se borró la historia del conquistador. Tampoco se miden los aires esperanzadores propios de Fernanda, su maestra y de su escuela.”

Regresemos a Paulo Freire, parafraseándolo a partir de su texto “Pedagogía de la esperanza”: porque sin sueños no hay esperanza, sin esperanza no hay educación.

[1] Apellido similar al de la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de corte neoliberal capitalista.

[2] Apellido similar al de un periodista con fuerte influjo en los medios de comunicación del poder hegemónico.

[3] Separata del texto de Brenner, Miguel Andrés (2016). “De la evaluación a los alumnos a la evaluación de los docentes o de la muerte de la pedagogía.”

https://rebelion.org/de-la-evaluacion-a-los-alumnos-a-la-evaluacion-de-los-docentes-o-de-la-muerte-de-la-pedagogia/

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CONTEE-Brasil: ¿Quién teme la ultraactividad de las normas colectivas?

CONTEE / 22 de junio 2021

 

Por José Geraldo de Santana Oliveira *

1 El Tribunal Supremo Federal (STF) inició, el 17 de junio de 2014, la sentencia de la Alegación por Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADP) 323, interpuesta por la Confederación Nacional de Establecimientos Docentes (Confenen) el 27 de junio de 2014, contra Precedente 277, del Tribunal Superior del Trabajo (TST), actualizado en 2012, y que asegura la ultraeficacia de las normas colectivas establecidas en convenios colectivos y convenios colectivos, con el siguiente contenido:

“PRECEDENTE N. 277 – CONTRATO DE TRABAJO COLECTIVO O CONTRATO DE TRABAJO COLECTIVO. EFICIENCIA. ULTRAACTIVIDAD

Las cláusulas normativas de los convenios colectivos o convenios colectivos forman parte de los contratos de trabajo individuales y solo pueden modificarse o eliminarse mediante negociación colectiva.

Res. 185/2012, DEJT divulgado el 25-09-2012 ”.

2 El 14 de octubre de 2016 el ministro Gilmar Mendes, relator de esta ADPF, en una decisión monocrática de no menos de 57 páginas, otorgó una medida cautelar, determinando la suspensión de todos los procesos que versen sobre la garantía destacada, con la siguiente conclusión:

Por tanto, en un análisis más acertado de lo que aquí se discute, en particular con la recepción de información del Juzgado Superior de Trabajo y los Juzgados Regionales de Trabajo de la 1ª y 2ª Región, así como para verificar, en consulta con la jurisprudencia vigente, que el Juzgado de Trabajo continúa aplicando reiteradamente el cambio jurisprudencial consolidado en la nueva redacción del Precedente 277, suscrito claramente sin base legal ni constitucional que lo sustente, entiendo, en un análisis preliminar, que los requisitos necesarios para el otorgamiento del reclamo están presentes.

Por estas razones, reconsidero la aplicación del art. 12 de la Ley 9868/1999 (eDOC 10).

En cuanto a la medida cautelar, enfatizo que no tengo ninguna duda de que la suspensión de la marcha del proceso es una medida extrema que sólo debe adoptarse en circunstancias especiales. En el juzgado inicial, sin embargo, las razones rechazadas por el demandante, así como la reiterada aplicación del entendimiento judicial consolidado en la redacción actual del Precedente 277 de la TST, son cuestiones que parecen tener la suficiente relevancia jurídica para dar lugar a la aceptación de la solicitud.

Del análisis del caso se desprende indudablemente que el entendimiento jurisdiccional que le confieren los tribunales laborales al interpretar arbitrariamente la disposición constitucional es insostenible.

En vista de lo anterior, concedo la solicitud formulada y por la presente determino, ad referéndum del Pleno (art. 5, párrafo 1, Ley 9.882 de 1999) la suspensión de todos los procesos en curso y los efectos de las decisiones judiciales dictadas en el ámbito de la Tribunales de Trabajo que se ocupan de la aplicación de las normas ultraactivas de los convenios y convenios colectivos, sin perjuicio del final de su etapa instruccional, así como de las ejecuciones que ya hayan comenzado.

Informar al Tribunal Superior de Trabajo, a los Tribunales Regionales de Trabajo de la 1ª y 2ª Región y al Consejo Superior de Justicia Laboral, las medidas necesarias (art. 5, § 3, Ley 9882 de 1999).

Comunicarse con urgencia.

Publícate tú mismo.

Brasilia, 14 de octubre de 2016. Ministro GILMAR MENDES ”.

3 Los argumentos esgrimidos por el ponente en la medida cautelar destacada son un mal presagio para el resultado de la ADPF en cuestión, desde la perspectiva de los trabajadores; es decir, parece que la ultratividad de las normas colectivas, en el ámbito del STF, se fulmina irremediablemente, al menos a los ojos del ministro informante.

Reforzando esta perspectiva no deseada, surge la decisión unánime tomada en la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 2200 en vista de la medida provisional 1950-62 / 2000, convertida en Ley 10.192 / 2001, que derogó lo dispuesto en la Ley N ° 8.542 /. 1992, que aseguró la ultraactividad impugnada y que procedió por más de 20 años -fue interpuesta el 27 de abril de 2000-, considerándose deteriorada, teniendo como parámetro lo dispuesto en el artículo 614, § 3, de la CLT, que la prohíbe, como se desprende del resumen de la sentencia, elaborado de la siguiente manera:

RESUMEN: ACCIÓN DIRECTA DE INCONSTITUCIONALIDAD. MEDIDA PROVISIONAL N. 1950-62 / 2000, CONVERTIDA EN LEY N. 10.192 / 2001. REVOCACIÓN DE LOS APARTADOS 1 Y 2 DEL ART. 1 ° DE LEY N ° 8.542 / 1992. ACUERDOS Y CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO. SUPERVENCIÓN DE LEY N ° 13.467 / 2017. PÉRDIDA DE ACCIÓN. 1. Argumento general sobre la indicación de afrenta a inc. XXXVII del art. 5 de la Constitución de la República. 2. La conversión de la Medida Provisional n. 1950-62 / 2000 en la Ley n. 10.192 / 2001 socava el debate sobre la cumplimentación de la excepcionalidad exigida por el art. 62 de la Constitución de la República. 3. En los incs. VI y XXVI del art. 7 de la Constitución de la República no regula la vigencia y efectividad de los convenios y convenios colectivos de trabajo. La conformación de estos institutos es competencia del legislador ordinario, quien debe, a la luz de las demás normas constitucionales, elegir políticas legislativas capaces de hacer viable la realización de los derechos de los trabajadores. 4. Superveniencia de la Ley n. 13.467 / 2017, que prohíbe expresamente la ultraactividad en la legislación laboral brasileña. Vaciando la discusión sobre la ley derogatoria. Imposibilidad de retomar las reglas revocadas por los dispositivos cuestionados. 5. Acción directa de inconstitucionalidad deteriorada ”.

4 Basta la marcha del ADPF 323 para demostrar que su objetivo no es el restablecimiento del mando constitucional que, caso por caso, habría sido violado por el TST al aprobar la nueva redacción del impugnado Precedente 277, según manifestó el ministro informante. en la referida medida cautelar (“es decir, una disposición constitucional se decanta caso por caso hasta el punto de que se pueda extraer de ella un entendimiento que se pretende utilizar a favor de una determinada categoría”). Se trata, más bien, de sobrevalorar los valores de la libre empresa, en flagrante desprecio y desprotección de los valores sociales del trabajo.

5 Aquí está:

I la nueva redacción del Precedente 277 fue aprobada el 28 de septiembre de 2012;

II la presentación del ADPF 323 tuvo lugar el 27 de junio de 2014, no menos de 21 meses después de la aprobación de dicha redacción;

III el otorgamiento de la medida cautelar postulada el 27 de junio de 2014 sólo tuvo lugar el 14 de octubre de 2016; es decir, 27 meses y 17 días después de la presentación del ADPF y 4 años y 16 días después de la aprobación de la nueva redacción del Precedente impugnada.

Es evidente, por tanto, que el Precedent 277 no supone ningún riesgo para la seguridad jurídica en el ámbito de las relaciones laborales, así como para el funcionamiento regular de las empresas. Es importante decir: su desafío, aceptado por el ministro informante de ADPF 323, tiene el único alcance de impedir que las categorías profesionales tengan un mínimo de seguridad jurídica al iniciar un proceso de negociación con miras a la renovación de convenios colectivos y / o convenios colectivos, obligándolos a comenzar cada uno de ellos desde el punto de partida, como se verá a continuación.

6 Los argumentos de la ministra informante coinciden plenamente con los de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), recogidos en las “101 propuestas de modernización laboral”, presentadas a la entonces presidenta Dilma y al Congreso Nacional en diciembre de 2012.

Estrictamente hablando, el ministro informante se opone mucho más a la ultraactividad de las reglas que el CNI.

La propuesta del n. 4 aborda la ultraactividad en debate, registrando, entre otras afirmaciones, las siguientes:

«Costos

La ultraactividad genera un mantenimiento imprevisto de costos derivados de condiciones creadas por normas colectivas negociadas en un plazo determinado, que pueden generar grandes dificultades, ya que no siempre existen condiciones económicas para mantener algunos beneficios que fueron contratados de manera provisional.

Inseguridad jurídica

La ultraactividad produce una serie de incertidumbres sobre la incidencia de cláusulas colectivas con vigencia vencida, o la aplicación en normas colectivas negociadas antes del cambio de resumen, e incluso sobre la posibilidad de retirar ventajas colectivas, por ser parte de los contratos individuales de trabajo. . Esto significa que un beneficio retirado por una cuestión circunstancial, incluso después de la negociación, puede en el futuro ser interpretado como un derecho adquirido por el Poder Judicial.

Restricciones de productividad / innovación

La ultraactividad, al desalentar la negociación colectiva, perjudicará la negociación de condiciones de trabajo diferenciadas que podrían traer ganancias de productividad (como horarios de trabajo diferenciados, por ejemplo), impactando los planes de inversión. Otros • Al desalentar la negociación colectiva, la ultraactividad también reduce el otorgamiento de beneficios a través de convenios o convenios colectivos, que tenderán a quedarse para siempre, ya que solo pueden retirarse mediante negociación. Sin mencionar la posibilidad de que se estén creando pasivos para las empresas en caso de negociación para el retiro de beneficios.

Propuesta

Poner fin a la ultraactividad y establecer un plazo de hasta cuatro años para las cláusulas de los convenios y convenios colectivos, sin que formen parte del contrato de trabajo.

ganancia esperada

Mejor entorno para la negociación colectiva y mayor seguridad jurídica, con menor incertidumbre sobre las condiciones laborales vigentes por períodos superiores a dos años, facilitando el otorgamiento de beneficios en las negociaciones. El aumento del plazo de vigencia de las cláusulas colectivas, por un plazo razonable, tiene el efecto contrario, ya que permite una mayor previsibilidad de las condiciones laborales y la elaboración y ejecución de planes de trabajo a largo plazo.

Medida / instrumento requerido

Proyecto de reforma §3 del artículo 614 de la CLT o revisión del Precedente 277 de la TST ”.

El reportero, en cambio, en extractos de su decisión, hace las siguientes afirmaciones, en tono fogoso:

Se puede ver, por tanto, que mientras la propia doctrina exalta el principio de la ultratividad de la norma colectiva como instrumento para mantener un cierto orden para el supuesto vacío existente entre el antiguo y el nuevo instrumento negociador, se trata de lógica destinada a beneficiar únicamente a los trabajadores.

Según la jurisprudencia laboral, parece que los empleadores deben seguir respetando los beneficios acordados, a menudo sin, sin embargo, obtener el contrapeso adecuado.

Sin embargo, si los convenios y convenios colectivos se firman luego de extensas negociaciones y concesiones mutuas, parece evidente que las ventajas que el Juzgado de Trabajo pretende ver incorporadas en el contrato individual de trabajo ciertamente se basan en beneficios sinalagmáticos pactados con el empleador. Después de todo, esta es la esencia de la negociación laboral. Parece extraño, por tanto, que sólo una parte de la relación siga siendo responsable de los compromisos asumidos anteriormente, cabe señalar, en un proceso de negociación de concesiones mutuas ”.

7 A diferencia de quienes apoyan a la CNI y al ministro Gilmar Mendes en sus traicioneros ataques, la ultraactividad de las normas previstas en los convenios y convenios colectivos de trabajo no viola el principio contractual del Sinalagma (obligaciones de las dos partes contratantes), sí no solo beneficia a los trabajadores, no inhibe y mucho menos desalienta la negociación colectiva.

Su gran mérito, y que es lo que lleva al CNI y al ministro Gilmar Mendes a rechazarlo con tanta furia, es garantizar la mínima paridad de armas entre empresarios y representantes laborales, ya que asegura que ninguna negociación colectiva tiene que partir de punto cero, como es hoy, como si nunca hubiera existido antes; esto, luego de la ya comentada medida cautelar del ministro Gilmar Mendes, del reconocimiento de constitucionalidad de la demanda de mutuo acuerdo, realizada por el STF en ADI 3431, de la que este ministro también fue relator, y la falta de sanción por práctica antisindical por parte de representantes de los empleadores.

El ministro Maurício Godinho Delgado, del TST, en Derecho Colectivo del Trabajo (2107), conceptualiza así la ultraactividad de las normas colectivas:

“Buscando preservar el debate académico y científico sobre este punto específico – es decir, incentivando la negociación colectiva de trabajo y prohibiendo la interpretación sobre la ultratividad provisional de las reglas ACT o CCT (interpretación constante del actual Precedente 277 del TST) -, se Cabe recalcar que la negociación colectiva de trabajo presupone el respeto de ciertos principios y / o requisitos, bajo pena de convertirse en un instrumento perverso de precariedad de los derechos laborales individuales y sociales fundamentales, sin olvidar la manifiesta inversión de la lógica y estructura normativa y de principios de la Constitución de la República, que se fundamentan, como es sabido, en la centralidad de la persona humana en el orden social y jurídico ”.

En este escenario, que tiene como artífices la Enmienda Constitucional 45/2004, Ley N ° 13.467 / 2017 (que cambia la redacción del artículo 114, § 3, de la CLT, como postuló la CNI, ya que lo comentado sobre “101 modernización propuestas laborales «) y el STF (a juicio de ADI 3431), ningún derecho previamente pactado sobrevive al plazo de vigencia de la norma colectiva que lo garantiza. Es decir, cada negociación colectiva resuena como la maldición de Sísifo -que, eternamente, tuvo que hacer rodar una piedra gigantesca de la base a la cima y, en cuanto llegó a la cima, volvió a la base- ya que, inevitablemente, tiene que volver a discutir y recuperar todas las garantías como si fuera la primera vez, que los representantes patronales niegan sistemáticamente.

Por tanto, hablar de la valorización de la negociación colectiva -propuesta 1 de la 101 del CNI- suena a hipocresía y a algo completamente divorciado de la realidad negociadora, en la abrumadora mayoría de lo que actualmente se considera un proceso de negociación.

La realidad concreta en el capital y las relaciones laborales insiste en negar la elocuencia del CNI y el ministro Gilmar Mendes sobre el tema de la negociación colectiva, ya que el único lema capaz de hacer que los representantes patronales se sienten a la mesa de negociación con un mínimo de probidad y buena fe es la ultratividad de las normas colectivas, que son de carácter provisional, es decir, que otra de la misma naturaleza pueda modificar, reducir y / o suprimir lo definido en ellas.

El entierro definitivo de la ultraactividad de las normas colectivas que se presagia -hasta que el Congreso Nacional, en una conducta diametralmente opuesta a la actual, decida derogar el § 3 del artículo 614 de la CLT, y, como corolario, garantizarlo provisionalmente, como el Precedente 277 del TST – suena a la filosofía “Humanitas” de Quincas Borba, del libro homónimo de Machado de Assis: “a los vencidos, compasión u odio; al ganador, las patatas ”; que, por cierto, hacen la CLT, la CNI y el ministro Gilmar Mendes.

Por el momento, los trabajadores y sus organizaciones sindicales se quedan con la vaga esperanza de que los demás ministros del STF no se sumen al relator del ADPF 323, que parece tan lejano como el fin de la pandemia Covid-19.

* José Geraldo de Santana Oliveira es el asesor legal de Contee

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Argentina: Con hambre no se puede pensar

Por: Izquierda Diario/ Yazmín Muñoz Sad. Agrupación Negra en ATEN

La realidad de la entrega de módulos alimentarios en las escuelas de Neuquén es muy distinta a lo que pintan los discursos del gobernador Omar Gutiérrez

El 14 de mayo el gobernador Omar Gutiérrez anunció una serie de medidas de restricción relacionadas con la situación de colapso sanitario causado por la falta de políticas presupuestarias y sanitarias integrales, frente a la pandemia de Covid.

Entre esas medidas estaba el cierre de las escuelas que habían abierto a la presencialidad en pésimas condiciones un mes antes, obedeciendo los mandatos del ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta.

Esa vuelta a la presencialidad en burbujas que podría haber servido para tener un censo real de la situación de los estudiantes y sus familias, en relación con sus condiciones de vida y el acceso a la conectividad; se hizo una vez más sin un plan serio de parte del gobierno y resultó en que cada institución hizo malabares para organizarse y tratar de restablecer el contacto con les niñes y jóvenes.

Durante el 2020 el 70% del estudiantado quedó por fuera de la conectividad. Este año a pesar de la proyección que se hacía y las exigencias planteadas desde las escuelas y la base de los sindicatos, los gobiernos llegaron al pico de la segunda ola de la pandemia sin haber invertido el presupuesto necesario para una respuesta sanitaria y educativa acordes.

No hubo inversión de ningún tipo en salud y mucho menos para garantizar la educación pública y gratuita que pregonan en leyes y tratados. Pero no solo eso, sino que, como dice Fernando Rosso en esta nota, el gobierno del Frente de Todos decidió recortar las prestaciones sociales de $230.469 millones en abril de 2020 a $25.602 millones en el mismo mes de este año, momento que preveían sería el peor de la segunda ola de esta pandemia.

Esto significa que mientras se restringe la posibilidad de circulación y trabajo se recortan las ayudas del estado a las familias que viven con trabajos precarios o que han pasado a engrosar la lista de desocupación. Y esa realidad es la que golpea la puerta de los hospitales y escuelas públicas.

La situación económica de la clase trabajadora empeoró tan brutalmente que unas semanas antes del cierre de la presencialidad ya había estudiantes en los colegios preguntando por algún tipo de ayuda alimentaria para su familia. Una realidad que hace tiempo no se veía y que en principio se empezó a responder, como siempre, con campañas solidarias organizadas entre les trabajadores de las escuelas, colegios y jardines de infantes.

En las escuelas durante el breve lapso de presencialidad tardaron en llegar las partidas para refrigerio que además no aumentaron desde el año anterior y no había ni noticias de la posibilidad de entregar módulos alimentarios.

Sin embargo el gobernador Omar Gutiérrez en su anuncio del 14 de mayo se encargó de recalcar que si bien se interrumpía el ciclo lectivo presencial, las instituciones educativas seguirían abiertas con guardias docentes y de auxiliares de servicio, garantizando la continuidad de partidas de refrigerio y los módulos alimentarios, lo mismo que plantea en la resolución 440 de vuelta a la presencialidad administrada. Un anuncio sin respaldo material que produjo cataratas de mensajes y memes en los grupos de trabajadores de la educación que llegó al desafío de estar presentes el lunes 17 en las escuelas esperando los módulos para entregar a los estudiantes que obviamente no llegaron.

Dos semanas más tarde, cuando desde el gobierno ya se habían suspendido también las guardias en las escuelas y como respuesta a la insistencia de algunas instituciones, aparecieron 30 módulos por institución, sin consultar desde el Consejo Provincial de Educación, o alguna otra oficina del gobierno, cuál es la necesidad real de cada comunidad educativa.

Un ejemplo de esta situación es el cpem 40 de Neuquén capital donde Mauro, preceptor del colegio, relataba que “desde la escuela hicimos un listado con familias que necesitaban bolsones de comida (lo cual el gobierno larga a cuentagotas) y nos sorprendió la cantidad de familias anotadas, lo que nos lleva a pensar cómo las comunidad se apoya en las escuelas ante el vacío y abandono por parte de los gobiernos de turno”.

Luciana, por su cuenta, le decía a La Izquierda Diario: “Este 2021 se vino disfrazado de presencialidad. Y lo peor es que luego de 2 o 3 semanas de estar en las escuelas se vio la gran necesidad que están padeciendo nuestros estudiantes, tanto económicas como sociales. En los primeros encuentros vimos en sus ojos tristeza, miedo. Luego del encierro comenzamos a hacer un relevamiento de familias que necesitaban módulos alimentarios (módulos miserables, pobres, sin carne, sin verduras, sin lácteos) y que «supuestamente» estarían garantizados por el gobierno.

A la hora de hacer el relevamiento, por medio de un mensaje por WhatsApp, detrás de cada respuesta había una historia familiar muy angustiante. Nos decían: “Lo necesitamos; Estoy sin trabajo ; Tengo 5 hijos y no nos alcanza…” Y así se puede seguir enumerando. Obviamente cuando mandaron los módulos, no alcanzaron para todas las familias.

Pero el CPEM 40 es sólo una de las cientos de instituciones escolares con la misma situación, la diferencia quizás es que allí se realizó un relevamiento de la necesidad real y eso arrojó que de un total de alrededor de 500 estudiantes, 116 solicitaron la entrega del módulo alimentario. Pero llegaron 30 y a partir de un reclamo por escrito se logró que aparecieran otros 17 módulos, es decir que a un mes del anuncio del gobernador, no se entregó ni siquiera la mitad de los módulos alimentarios que se necesitan. Y que no se necesitan por única vez ya que el contenido es muy escaso y de bajo nivel nutricional.

Desde las escuelas las trabajadoras de la educación nos preguntamos ¿Qué hace el gobierno con el presupuesto que se ahorra con la virtualidad? ¿Por qué no hay un censo serio para saber las condiciones de vida y estudio de las familias trabajadoras de la provincia? Exigimos saber cuántos son les estudiantes que no pueden acceder a la virtualidad, cuántas de sus familias están sin trabajo, sin vivienda y con necesidades elementales insatisfechas. ¿Por qué como denuncian desde La imaginación al poder en bellas Artes, lasbecas Progresar son negadasa cientos de estudiantes?

Quienes integramos la Agrupación Negra junto al frente Bermellón, estamos impulsando la organización desde las escuelas, con votación de delegados en las jornadas institucionales para imponerle a la conducción TEP (FdT) de aten la convocatoria a espacios democráticos de discusión sobre nuestras condiciones laborales y salariales. Pero también para que nuestro sindicato impulse una campaña en toda la provincia para denunciar estas situaciones en los medios de comunicación, los diarios, radios y otras plataformas, que permitan dejar en claro ante la comunidad que no somos les docentes los responsables de esta situación sino los gobiernos nacional y provincial. Que se usen los recursos del sindicato para que cada habitante de la provincia sepa que no hay un censo serio de parte del MPN, que no hay conectividad y mas del 50% de les estudiantes queda excluido del derecho a la educación pública, que sin vivienda ni trabajo es imposible cuidarse, llevando adelante el “Quedate en casa”. Que aten ponga nuestros recursos en función de denunciar que ni el gobierno nacional ni el provincial garantizan la salud, la educación ni una alimentación digna para les niñes, jóvenes y adolescentes, al revés de la actual política de la conducción de subordinar el sindicato al gobierno nacional y provincial.

https://www.laizquierdadiario.com/Con-hambre-no-se-puede-pensar?

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