Políticas Educativas

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El abandono escolar: Los daños colaterales de la educación a distancia

Erica Franco Lavín

Por: Erica Franco Lavín

      La pandemia ha traído consigo diferentes retos que enfrentar en la educación a distancia. Sabemos hasta ahora que el plan diseñado desde la Secretaría de Educación Pública se centró en la educación a través de la Televisión. Se argumenta que la audiencia es de 32 millones de televidentes y se pondera, de esta manera, el éxito de la educación en tiempos de contingencia a través de una estrategia mediática, centralizada y favorecida con millones de recursos para poder aplicarla.

  Sin embargo, también hay silencios que intentan esconder la realidad que sigue permeando entre los sectores más desfavorecidos y vulnerables: son las huellas que van dejando los que no querían irse, los que a toda costa se mantienen a flote en este barco llamado educación a distancia, en línea o Teleeducación; todos aquellos que no entran en las estadísticas triunfalistas, los que no son parte del rating exitoso del que se habla en el discurso oficial.- Los miles de estudiantes que  se encuentran librando una batalla por seguir aprendiendo, y buscan de dónde asirse para no abandonar el barco.- Ellos son los que piden que sea cumplida la promesa de no dejarlos atrás.

    Para las autoridades educativas, el abandono escolar se ve a través de cifras y “datos duros”.  Es a través de la estadística que el fenómeno se vuelve visible, pero para el docente quien se encuentra en primer plano frente a los estudiantes, el abandono no solo son números: son caras, son voces, son risas que ya no se ven y no se escuchan;  un alumno  que no concluye el ciclo escolar deja un vacío y una sensación de tristeza y de impotencia, pero al mismo tiempo promueve  la reflexión sobre el papel de los docentes, padres y madres de familia y las atribuciones  del estado, todos ellos corresponsables de que los niños y adolescentes ejerzan su derecho a la educación.

    Este fenómeno empieza a presentarse sobre todo en las comunidades rurales y semirurales. Los estudiantes de estas poblaciones son los más vulnerables, pues al no contar con piso parejo en cuanto al uso de recursos digitales, dispositivos móviles o redes de internet gratuita, suelen ver el muro de la educación a distancia mucho más alto que alumnos de ciudades o lugares urbanos donde existen mayores posibilidades de comunicación e interconexión.

    El abandono escolar inicia de manera discrecional, ausencias que se van haciendo constantes, contactos que se van perdiendo. No se espera que, al inicio del ciclo escolar, los alumnos recién inscritos vayan tomando la decisión de no regresar a la escuela,  argumentando que se les hace más difícil estudiar de esta manera, que hay temas que no le entienden, que tienen otros trabajos que realizar para apoyar el ingreso familiar y por ello no pueden dedicar todo el tiempo a las actividades del trabajo a distancia, todo esto aunado a la carencia de un celular y una red de internet, algo que se vuelve necesario para dar seguimiento a las actividades escolares e intentar una retroalimentación tan necesaria  en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

     Tendríamos que analizar hasta dónde los maestros estamos siendo empáticos sobre las limitantes que los alumnos tienen para llevar a cabo las actividades escolares a distancia, la complejidad en los contenidos que se plantean y la falta de recursos tecnológicos y económicos que no permiten a los estudiantes reforzar o indagar sobre los temas que se abordan; por  otro lado, el papel de los padres o tutores en la orientación y apoyo emocional para motivar a sus hijos e hijas a continuar aprendiendo desde casa, a reforzar la idea de que la escuela aun en tiempos de pandemia representa la posibilidad de acceder a conocimientos y permitirá un mejor nivel de vida.

     Un tercer elemento es el papel de las autoridades para ver el fenómeno como un daño colateral que la contingencia genera, y no intentar minimizar dicho tema. Que se tome como un principio real y no solo discursivo las palabras del Secretario de Educación el 22 de junio, antes de iniciar el ciclo escolar 2020-2021, donde se reiteraba que “Ninguna niña, niño, adolescente abandonará el Sistema Educativo Nacional sin que la autoridad haga lo posible por apoyarlos y por atender las causas”,

       El Sistema de Alerta Temprana personalizado como una de las medidas que se anunciaron meses atrás para evitar el abandono escolar, debe ser un programa completo que garantice acciones efectivas y concretas en los sectores vulnerables. No puede ser solo parte de una campaña mediática, sino una verdadera alternativa para detener el fenómeno que se está presentando en mayor medida en contextos rurales, pero también en instituciones urbanas donde el punto de coincidencia es la pandemia.

    Estamos a tiempo de atender las causas del abandono escolar generado por la educación a distancia en tiempos de contingencia.  Eliminar la brecha digital y promover la equidad en el acceso a tecnologías debe ser una prioridad, los programas como “Internet para todos” deben contemplar acciones inmediatas, considerando que las clases a distancia seguirán siendo la modalidad más segura en lo que resta del año,  y se deben crear condiciones que la vuelvan efectiva sin que generen estrés o desánimo entre los principales actores educativos,  porque a pesar de las circunstancias muchos maestros y estudiantes siguen dando su mejor esfuerzo, pero requieren y merecen el respaldo para hacer posible una educación a distancia en mejores condiciones.

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México: CIDH, ONU, defensores y comunidades exigen reconocer derechos indígenas y detener megaproyectos

Noticias

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas y defensores de organizaciones indígenas y campesinas exigieron el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y el respeto a sus territorios, durante el foro internacional «La lucha por la Libre Determinación en las políticas y marcos legales en México».

En el foro virtual, convocado por la Alianza por la Libre Determinación y a la Autonomía (ALDEA), la Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH, Antonia Urrejola, señaló que la entrega de concesiones para instalar megaproyectos sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos «suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas».

De igual forma, el Relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali, manifestó su preocupación por los distintos recortes presupuestales que afectan los derechos de los pueblos indígenas, así como enfatizó que el combate a la pandemia del Covid-19 no debe hacerse a costa de reducir la garantía de derechos para los pueblos.

Por su parte, Felicitas Martínez, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC-PC) y defensora Me’Phaa de Guerrero, llamó al Congreso estatal a que apruebe la propuesta de Reforma a la Constitución de Guerrero elaborada por los pueblos, para que se reconozcan plenamente sus sistemas normativos propios.

Finalmente, el integrante del Colectivo Maya de los Chénes, Jorge Oziel Pech, exigió desde la ALDEA que el Estado mexicano reconozca plenamente los derechos de los pueblos a través de diversas reformas legales y mantenga un verdadero diálogo en condiciones de respeto e igualdad con las comunidades.

A continuación el comunicado completo:

Con la participación de pueblos, comunidades indígenas y distinguidas autoridades internacionales, la Alianza por la Libre Determinación y a la Autonomía (ALDEA) llevó a cabo el Foro Internacional “La lucha por la Libre Determinación en las políticas y marcos legales en México”. Desde la voz de los pueblos de la Aldea, la organización Flor y Canto ofreció una ceremonia de bienvenida a los participantes y una ofrenda para sus buenos trabajos y el éxito de esta nueva Alianza que aglutina a comunidades y organizaciones indígenas de más de 10 estados de la República, pertenecientes a los pueblos Tzotzil, Tzeltal, Lacandona, Tenek, Nahua, Maya, Hnahñu, Purepecha, Na Savi, Tepecano, Wixarika, Zapoteca, Yaqui, Mixe y Me´Phaa, en articulación con organizaciones civiles.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que esta Alianza busca que “las voces y los corazones de los pueblos indígenas de México lleguen aún más lejos”, para ser escuchadas y respetadas por los gobiernos y traducida en cambios en políticas y leyes concretas, ya que durante las últimas décadas se han priorizado los intereses económicos por encima de los derechos colectivos de las comunidades. Inspirado en el rito inaugural, pidió fortaleza a la Madre Tierra para que brinde luz a los pueblos por lograr su autodeterminación y autonomía y el respeto de la integridad de sus territorios. Exhortó al Estado mexicano a mantener un canal de diálogo respetuoso con los pueblos de esta Alianza para el avance de las reformas pendientes.

Por su parte, la Comisionada, Antonia Urrejola, Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resaltó que, el otorgamiento de permisos o concesiones sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas. Asimismo, recordó los señalamientos por actos de criminalización de defensores y defensoras indígenas en la defensa de su territorio y la falta de una “perspectiva cultural” y de un “acceso efectivo a la justicia”. Describió cómo el derecho a la libre determinación se ha ido profundizando a lo largo de los años en el sistema interamericano de Derechos Humanos, generando una obligación de los Estados a respetarlo y garantizarlo, e hizo un llamado al Estado mexicano a llevar a cabo un diálogo intercultural efectivo con los pueblos y comunidades. Informó, como nota relevante, que la CIDH estará desarrollando un informe especial sobre el tema de libre determinación para 2021, con el objetivo de dotar este derecho fundamental con mejores herramientas de protección y defensa. Por último, comentó que la Relatoría a su cargo tiene como propósito dar asistencia técnica al Estado mexicano para que la Reforma Constitucional impulsada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) se apegue a los estándares internacionales. Por su parte, Efraín Avilés, Vocero del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, expresó que a pesar de todo el reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas, en la realidad estos son violados y sus sistemas propios son criminalizados, al grado que actualmente tres defensores de su comunidad están encarcelados. En este sentido, pidió a legisladores y al gobierno pasar del discurso a la acción y aprobar la Reforma Constitucional pendiente para que los pueblos y comunidades indígenas sean reconocidos como “sujetos de derechos público”, con la participación activa de los pueblos y que se tome en cuenta la agenda de 10 puntos 1desde la ALDEA.2

Felicitas Martínez, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC-PC), mujer y defensora indígena Me’Phaa de Guerrero, hizo un recuento histórico de los logros del sistema de seguridad y justicia comunitaria creado hace 25 años. Habló de su lucha como mujer indígena para ejercer posiciones de mando en una organización tradicionalmente masculina. Resaltó que aunque se encuentra amparados en el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Mexicana y aporta paz y seguridad a sus comunidades, los integrantes de la CRAC-PC, han sido criminalizada por el Estado. Por ello, exigió al Congreso estatal que apruebe la propuesta de Reforma a la Constitución del estado de Guerrero elaborada por los pueblos, para que se reconozcan plenamente sus sistemas normativos propios. Desde los Valles Centrales de Oaxaca, el Presidente de la Coordinación de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), Andrés Odilón, y la secretaria de la Red, Dolores Cruz, manifestaron que luego de 4 años de iniciada la consulta en Valles Centrales, y a un año de haber logrado firmar un acuerdo que garantice su participación en la administración del agua como pueblos, para preservarla y su acceso colectivo para subsistencia. “el Estado Mexicano no ha cumplido y se ha negado a proporcionar información, no responde a nuestras solicitudes y tampoco nos reciben, nos ignoran y discriminan”. Plantearon que “ahora que se ha mandatado al Congreso emitir una Ley de Consulta, lo importante, es garantizar nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, así como nuestro derecho a definir nuestras prioridades de desarrollo”. De igual manera, exigieron que la actual Legislatura cumpla su obligación de aprobar una nueva Ley General de Aguas que incorpore los derechos de los pueblos indígenas.

Por parte, del pueblo Maya, Jorge Oziel Pech, integrante del Colectivo Maya de los Chénes, destacó el proceso de defensa del territorio maya frente a la agroindustria transgénica de Monsanto. Explicó cómo, a pesar de obtener una sentencia de la SCJN en 2015 en la que se ordenó una consulta sobre la siembra de soya transgénica en su territorio, el proceso de consulta ha sido violatorio de todos los parámetros internacionales, y que el actual gobierno no hizo más que replicar las prácticas de la administración anterior y llevar a cabo una consulta a modo. Resaltó la grave situación de las comunidades indígenas de Yucatán frente a los embates de la agroindustria, de parques solares y eólicos, y finalmente del Tren Maya, vulnerando sistemáticamente su derecho a la autonomía y la libre determinación. Hizo un llamado desde la ALDEA a que el Estado mexicano reconozca plenamente los derechos de los pueblos a través de diversas reformas legales y mantenga un verdadero diálogo en condiciones de respeto e igualdad con las comunidades.

Ante este complejo panorama, el Relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali, comentó que las demandas expresadas por las comunidades coinciden con las diversas recomendaciones de la Relatoría. En particular, en el último informe sobre México su predecesora, Victoria Tauli-Corpuz, señalaba como pendiente la necesidad de adecuar la legislación en materia de industrias extractivas, aguas, en materia agraria con apego a los derechos reconocidos a nivel internacional. Manifestó preocupación por los distintos recortes presupuestales que afectan a derechos de pueblos indígenas y fue enfático en que el combate a la pandemia del Covid-19 no debe hacerse a costa de reducir la garantía de derechos para los pueblos indígenas, que históricamente han vivido en condiciones de marginación y discriminación. También, se pronunció por la necesidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres indígenas. Por último, el nuevo representante de la OACNUDH para México, Guillermo Fernández- Maldonado, comentó que se han emitido múltiplesrecomendaciones al Estado Mexicano desde las Relatorías especiales sobre pueblos indígenas, de Agua, de Defensores, así como de los Comités de Derechos Humanos, de las que el Estado debe dar cuenta de su cumplimiento. Comentó que, si bien existen grupos de intereses económicos y políticos que ven a los pueblos y comunidades como obstáculo por lo que emplean la violencia, también existe un gran desconocimiento hacia los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo al servicio público.Consideró que es papel también de su gestión y en coordinación con los demás mecanismos internacionales brindar y proporcionar asistencia técnica en esta materia al Estado mexicano, además de las acciones de denuncias que tradicionalmente se hacen.

Desde la ALDEA seguiremos trabajando para construir estrategias colectivas que sumen a fortalecer el marco jurídico para los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, luchando por el reconocimiento y garantía de derechos colectivos en la legislación mexicana y ante el actual Gobierno. El Foro Internacional “La lucha por la Libre Determinación en las políticas y marcos legales en México”, puede verse completo aquí.

#HacemosALDEA

Datos de contacto:

Quetzalcoatl g. Fontanot Comunicación Serapaz 55 54049045 l comunicación@serapaz.org.mx

Mariana Gurrola Y. Comunicación Fundar 5540136188 | marianag@fundar.org.mx

1 https://www.facebook.com/FundarMexico/photos/basw.AboaAWiK-2JE9-0JMw5fBvfR8uskEcZ3XwQ19RAOACD22RDX0rYiOR4F_kVLHxDxOe0q7209sddNCQLFTABNBgPoZXXkHjM1g51MZeEHCdgGHmRrGhawhoxgs7xBfeKWWBG-WzHeWOfJaqcZ51lepwKM.3076937969083149.1190236801370487.10220631173942121.10220631175182152.10220631175262154.10220631174142126/3076937969083149/?type=1&theater

2 https://serapaz.org.mx/alianza-por-la-libre-determinacion-y-la-autonomia-aldea/?fbclid=IwAR2bmqB78Ow1N3drzO94GW50AO5pbJduiOMSVvIkI6qz-ohcFtprDcVFm8w

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/cidh-onu-defensores-y-comunidades-exigen-reconocer-derechos-indigenas-y-detener-megaproyectos/

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¿Cuáles son las preguntas de una educación en cuarentena?

Miguel Angel Pérez

Por: Miguel Ángel Pérez

Aprendimos a plantear preguntas y cuando habíamos construido las respuestas después de mucho tiempo, resulta que al final las preguntas habían cambiado. Esto es lo que pasa hoy en día, la pandemia por Coronavirus ha cambiado muchas cosas no sólo el estilo de trabajo que ha ido del encuentro directo o presencial a la atención educativa asistida por el uso de aparatos electrónicos.

El nuevo contexto ha servido para modificar las agendas públicas en educación, las políticas, las áreas o líneas de investigación y por lo tanto también han cambiado las preguntas educativas que nos planteamos.

¿Cuáles son las preguntas que (nos) podemos hacer acerca de una educación en cuarentena? Tanto maestros y maestras niños y niñas, autoridades educativas, investigadores, etc.; todo mundo se hace preguntas, ¿Qué cuánto durará esto? ¿Qué para que día se tiene pensado el regreso? ¿Qué cuando podemos salir a jugar a las calles como lo hacíamos antes? ¿Qué cuánto va a durar esto que vivimos y en qué momento regresaremos a la normalidad –a la otra normalidad? ¿Qué si un sistema o una forma de trabajo es mejor que la otra? Etc., etc., etc.

Muchas de las preguntas que han surgido ya sea de actores que están dentro de la comunidad educativa como de personas que se encueran afuera del mismo, son preguntas de apuro, de emergencia, atrás de ellas está la angustia y una buena parte de sufrimiento. Otras preguntas están ligadas a la incertidumbre, a la necesidad de explicaciones que sirvan para construir un puente pensado en entender esto que vivimos y las menos son preguntas de indagación pensadas en asumir un compromiso encaminado a conocer más y mejor acerca del contexto en el que viven la mayoría de los países del mundo.

Las preguntas han cambiado porque ha cambiado el contexto en el que vivimos, ha cambio la realidad educativa dentro de la cual nos movemos ahora, y han cambiado las anteriores respuestas que teníamos, respuestas reiterativas, de lugares comunes que sólo servían para repetir lo que muchos dijeron antes. La pandemia ha servido para cambiar todo o casi todo.

Hoy la agenda pública, las preguntas y las prácticas educativas se han modificado radicalmente pero hoy también, cada sujeto o cada actor educativo, camina por el rumbo que mejor le gratifique.

Los políticos caminan con obsesión, por un camino en el cual logren encontrar certezas, dentro de tantas fragilidades; aspiran a tener una mínima plataforma de seguridad para contagiar a los ciudadanos de un pequeño espacio de seguridad y de certezas.

Los docentes, directivos y otros actores educativos, caminan por el sendero pensado darse seguridad a si mismos, intentando ser legítimos ante los alumnos y los padres de familia.

Los niños y las niñas en edad escolar migran de un sendero a otro, buscan espacios de juego en cualquier rincón de este acotado mundo que esté abierto para ellos, se adaptan a la escuela (en el formato que sea), y sufren o disfrutan esta realidad (de acuerdo al lugar en el que se encuentren).

Por último, la sociedad pensada como un amplio sujeto colectivo, sigue sorprendida, no termina por adaptarse ante esta nueva normalidad, da muestra de un hartazgo de algo que no se comprende plenamente, mira cifras, estadísticas, manuales de prevención, lista de riesgos, pero todo ello, con infinidad de preguntas que nunca se habían planteado y ante las cuales no hay respuestas en el entorno cercano.

Es bueno vivir con preguntas ante el contexto que vivimos, preguntas a la nueva realidad y a los sujetos encargados de darle un respiro al resto de los sujetos. Las preguntas van y vienen y la realidad se mueve muy poco, camina lenta, tal vez al final del horizonte podremos fusionar los tres elementos básicos de este contexto: las preguntas, las repuestas y los cambios que la sociedad requiere en este momento.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/cuales-son-las-preguntas-de-una-educacion-en-cuarentena/

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Perú: Minedu implementa sistema que identifica a estudiantes con riesgo de abandonar el colegio

Noticias

América del sur/Perú/Octubre 2020/https://gestion.pe/

Alerta escuela no solo será usado en el contexto de la emergencia por COVID-19, sino también de cara a los años venideros.

El Ministerio de Educación (Minedu) desarrolló Alerta escuela, un sistema de alerta temprana que permitirá a los directivos de colegios públicos y privados de educación básica identificar a los estudiantes que necesitan mayor acompañamiento para evitar que abandonen las clases.

En un comunicado se explica que esta herramienta, que ya está disponible para los directores de instituciones educativas a través del Sistema de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (Siagie), fue elaborada a partir de una metodología de analítica avanzada (Machine Learning).

A partir de información propia de los estudiantes (como su desempeño académico, el nivel educativo de sus padres, su situación socioeconómica, su edad, entre otros) y su contexto, esta herramienta permite aproximar los principales factores asociados con posibles situaciones de interrupción de estudios para cada uno de ellos.

Con esta información y las orientaciones pedagógicas y de gestión que se están poniendo a disposición en Alerta escuela, los directores y los docentes, apoyados en sus instancias de gestión educativa descentralizada (DRE y UGEL), podrán implementar estrategias personalizadas para atender oportunamente esta problemática y así prevenir el abandono escolar.

“Se trata de una poderosa herramienta que brinda información y orientaciones para promover la continuidad educativa en las escuelas. Existe evidencia internacional que muestra que la implementación de sistemas de alerta temprana impacta de manera significativa en reducir la cantidad de estudiantes que abandonan el sistema educativo”, resaltó el ministro de Educación, Martín Benavides.

¿Cómo funciona?

Alerta escuela es accesible a los directores de instituciones educativas a través de la página web del Siagie. Una vez dentro del módulo, el director podrá ver el riesgo de interrupción de estudios de cada estudiante según su sección y grado a través de tres colores: verde (bajo riesgo), amarillo (riesgo medio) y naranja (alto riesgo), y permite descargarse para discutirla con sus tutores y docentes.

En ese mismo espacio, podrán además visualizar y descargar las orientaciones pedagógicas y de gestión que ponemos a su disposición para que las adapten según su contexto y complementen con otras iniciativas que desarrollen desde sus instituciones con las DRE, UGEL y aliados, para así prevenir potenciales problemas de abandono escolar.

La información del nivel de riesgo de interrupción de estudios a nivel de cada estudiante se actualizará mes a mes, en tanto se cuente con información más actualizada (niveles de ingresos de los hogares, asistencia, traslados, acceso a estrategias educativas, entre otras) y pertinente para predecir el abandono escolar.

Será labor de los directivos el monitoreo de la misma para tomar las acciones oportunamente. En esa línea y también una vez al mes, los directivos podrán registrar en Alerta escuela, información muy importante asociada al riesgo de interrupción de estudios, por alumno/a: i) si están accediendo a alguna estrategia de educación a distancia, como Aprendo en casa u otros y ii) si mantiene comunicación con sus docentes.

El Minedu explicó que con la implementación de Alerta escuela, se busca promover la continuidad educativa de todos los estudiantes, no solo en el contexto de la emergencia sanitaria, sino también de cara a los años venideros.

Fuente: https://gestion.pe/peru/minedu-minedu-implementa-sistema-que-identifica-a-estudiantes-con-riesgo-de-abandonar-el-colegioo-nndc-noticia/?ref=gesr

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¿Quién es responsable de la desconexión educativa?

Contrahegemoniaweb

Por: Contrahegemoniaweb

Está claro, la Pandemia profundizó los problemas de la educación que traíamos de arrastre. Llevamos un par de décadas viendo que la obligatoriedad de la educación, sin presupuesto, termina agregando presión en una escuela cada vez más contenedora.

Desde lo pedagógico vemos que la presión de los organismos que “orientan” las políticas educativas a nivel mundial – y de eso dependen muchos créditos, subsidios e inversiones – ha logrado su objetivo, gobierne quien gobierne. El consejo que bajan es claro, para la educación pública de los hijos e hijas de lxs trabajadorxs: menos contenidos es mejor (Menos es más), con la formación para un trabajo flexibilizado alcanza. Esto ha ido vaciando la escuela pública de los contenidos necesarios para construir un pensamiento complejo que pueda enfrentar los serios problemas de un sistema y una sociedad que hace agua por todos lados.

El resultado está a la vista de todes: Existe una educación privada para lxs hijxs de la élite que se propone para dirigir los destinos del país y otra pública, abandonada a su suerte, sólo sostenida con mucho esfuerzo todos los días por los y las docentes. Aunque la crisis está aumentando la matrícula de la escuela pública ya que una gran cantidad de familias no pueden sostener las cuotas en medio de la Pandemia, las diferencias subsisten.

Muchos de los problemas, paradójicamente, se hicieron visibles cuando dejamos de vernos docentes y alumnxs. Las cuarentenas extendidas y flexibilizadas dejaron al descubierto la desigualdad social, teniendo a la escuela como una caja de resonancia de los problemas socio-económicos. De la emergencia sanitaria pasamos a la devastación social en muchas de las casas de nuestrxs alumnxs. Pero, ¿Cómo mantener y sostener algo de educación a distancia, algo de continuidad pedagógica, algo de contención sin presencialidad?

Tener o no tener wifi, esa es la cuestión

Después de meses de poner el cuerpo y las cabezas (¡y nuestros bolsillos!) para sostener algún vínculo humano y pedagógico con nuestrxs alumnxs, la dura realidad nos va golpeando a todos y todas. Cada vez participan menos chicxs en las reuniones de zoom; reuniones con cuatro o cinco profes y sólo 3 alumnxs; menos visitas en el Classroom y menos actividades o tareas respondidas. La realidad es que más de la mitad de lxs alumnxs de la escuela pública, se quedaron en el camino.

¿De quién es la responsabilidad?

Hay muchxs docentes que después de darlo todo, y ante la presión de algunos equipos directivos, sienten una gran frustración: “Ya no sé más que hacer”. Como si la culpa de la desconexión fuera de ellxs.

Es que la campaña sistemática de responsabilizar al docente de los problemas que arrastra la educación terminan surgiendo efecto. Por eso en el centro del banquillo de los acusados, no están las constantes reformas inútiles aconsejadas por el Banco Mundial y sucedáneos (y nunca consultados con lxs propios docentes) ni los constantes lobbies privados que pujan por quedarse con una parte de la educación pública. Mirada como un negocio, se despoja de una educación laica, científica y gratuita a lxs hijxs de las familias trabajadoras de bajos recursos.

Y tampoco figura la responsabilidad del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Un gobierno que dijo de entrada, que su preocupación central era lxs más pobres, lxs más necesitadxs.

Mención especial al hablar de responsabilidades, la tiene la complicidad de los sindicatos oficialistas, más preocupados en no hacer olas que en defender los intereses de la comunidad educativa.

Los sindicatos docentes opositores a la conducción nacional y provincial, venimos denunciando y luchando desde las primeras semanas de la pandemia para que se garanticen los instrumentos y la conectividad de docentes, alumnos y estudiantes para garantizar la continuidad educativa.

Desde un primer momento, caracterizábamos que la situación socio-económica que ya era mala, después de una década de recesión económica y endeudamiento externo, se iba a agravar.

En el ámbito docente eso impactó en salarios congelados, pero sobre todo en una gran cantidad de cargos sin cubrir, por la ausencia de actos públicos. Esto profundizó la pauperización de una parte muy importante de docentes.

En las barriadas populares, muchxs trabajadorxs, incluso docentes, manda a sus hijxs a escuelas privadas. Allí encuentran a lxs mismos docentes de la escuela pública, pero con la mayoría de lxs alumnxs con conectividad, netbooks o PC en sus casas, clases por zoom casi diarias, posiblemente un acompañamiento mayor de un miembro de la familia y por ende otras respuestas a las actividades enviadas. Todo lo que no puede tener una casa que está por debajo de la línea de pobreza o ya en la indigencia. Esto no es una crítica a las familias que recurren a la escuela privada, sólo es la constatación de una realidad. Tampoco quiere decir que exista acto educativo en las privadas. Sin ida y vuelta, sin relación dialógica lo único que podremos hacer es mantener el “piloto prendido” para que no haya abandono.

El Estado, con sus subvenciones y convenios, pagando los sueldos de los docentes de escuela privada, sostiene la continuidad pedagógica de un sector de la población. Si el Estado quiere, pone plata para sostener la continuidad educativa. Cuando quiere, puede.

Nuestro reclamo de celulares con chip educativos con crédito, netbooks y wifi liberado para todes los integrantes de la comunidad educativa, son de vital importancia. La educación se muere si no hay fondos para garantizarla. De ahí, la insistencia de nuestro reclamo.

S , ó ́

En tiempos de educación a distancia, la diferencia la hace el tener o no tener los medios para estar conectados.

Eso el gobierno lo sabe. Que estén los fondos o no, depende de una decisión política. Y el gobierno ya decidió que los fondos vayan a pagar la deuda externa con los especuladores financieros tenedores de bonos y la del FMI.

¡Basta de hipocresía! ¡La deuda es con el pueblo!

Si de verdad les preocupa, ¡fondos para la educación!

¡Ningún docente sin trabajo, ningún estudiante sin docente! (Creación y cobertura de más cargos para que cada docente pueda atender un número reducido de estudiantes)

¡Datos y conectividad gratuita para docentes y estudiantes!

En SUTEBA  Multicolor y el Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires.

Fotografía: CONTRAHEGEMONIAWEB.

Fuente: https://contrahegemoniaweb.com.ar

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Altar de muertos para la ciencia: cancelan estímulos a académicos de universidades particulares pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Pluma Invitada

Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas 

del Sistema Universitario Jesuita (CEA-MOPE)

Durante la gestión de Juan Carlos Romero Hicks como director del Conacyt, se avaló que este consejo cubriera el 100% del estímulo a los investigadores nacionales de instituciones particulares de educación superior. Este estímulo fue producto de un convenio que se renovaba por mutuo acuerdo con cierta periodicidad, mediante el que las instituciones particulares y el Conacyt pactaban que la institución dedicaría a proyectos de investigación, el equivalente al monto del dinero que la federación otorgaba como estímulo a sus investigadores nacionales. Como un primer antecedente, es preciso mencionar que, al comparar, en términos proporcionales, el gasto que las instituciones particulares comenzaron a realizar en actividades y proyectos de investigación, no necesariamente es equivalente a la proporción de gasto en investigación vs estímulos otorgados a los investigadores en las universidades públicas.

Es importante aclarar que, en ningún momento, las instituciones particulares o cualquier otra instancia mediaba entre la entrega de los estímulos del Conacyt y el investigador. En otras palabras, no había ningún tipo de intermediación. Así también que los investigadores de instituciones particulares que pretenden pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores deben pasar por los mismos procesos de evaluación que cualquier investigador nacional. En este sentido, la institución de adscripción del postulante no es quien realiza la evaluación para otorgar los nombramientos, sino que son pares académicos los que definen el ingreso, la promoción y la permanencia en el sistema.

En este proceso, las instituciones de educación superior particulares han encontrado problemas e impedimentos para la renovación de dichos convenios desde 2019 y, para 2020, de manera sistemática, no han podido renovar los convenios sin que, hasta el día de hoy, haya alguna declaración formal del Conacyt sobre la política de estímulos a los miembros del SNI de instituciones particulares, ni elementos para obstruir la posibilidad de renovar los convenios señalados.

Toda vez que el beneficio del estímulo no tiene ningún tipo de intermediación y que la institución particular no tiene injerencia o beneficio alguno en el proceso de evaluación de los investigadores, la decisión de retirar el estímulo del Conacyt a investigadores de instituciones de educación superior particulares podría ser considerada una afectación directa a los individuos y no a sus instituciones. De tal suerte, este hecho es considerado un acto discriminatorio y autoritario, ya que carece de una explicación o sustento real por parte de la autoridad.

Es importante destacar que el tipo de investigación que se realiza en las universidades del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) se caracteriza porque busca “contribuir a transformar las injusticias que impiden el bienestar social y el desarrollo sostenible de México” (Ibero, CDMX, 08 de octubre de 2020). En este sentido, y derivado de su carisma, la investigación que realizan los académicos de las instituciones confiadas a la Compañía de Jesús privilegia, desde hace décadas, los proyectos que atienden y tienen un impacto directo sobre personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.

Para dar un ejemplo de la afectación, se puede mostrar el número de beneficiarios que han sido vulnerados en dos de las universidades del SUJ.

Nivel Universidad Iberoamericana, CDMX ITESO de Guadalajara
Candidato 33 23
Nivel I 74 38
Nivel II 35 5
Nivel III 8 1
Total 150 67

Algunas consecuencias de estas medidas contra los investigadores de instituciones particulares con reconocimiento SNI inician en la afectación al mérito previamente reconocido y acordado por el propio consejo y sus miembros. Al parecer, lo que sigue a la medida es desconocer la productividad de académicos mexicanos que, por el simple hecho de laborar en instituciones particulares, pierden su estímulo. Otra consecuencia es que, al romperse los convenios entre las instituciones particulares y el Conacyt, las primeras tendrán que redefinir los montos asignados a los investigadores y a las diferentes actividades y proyectos de investigación. Esto significa, en la práctica, dañar en cantidad y calidad la investigación y conocimiento generado en las instituciones particulares.

Además de lo anterior, emergen nuevas interrogantes como las implicaciones para el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), pues uno de los más importantes rubros para la pertenencia al mismo es contar con núcleos académicos en los que la mayor proporción de integrantes forme parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). De tal forma, el incentivo que muchos tenían para cumplir, más allá de los requisitos administrativos, con los requisitos académicos, parece perder valor.

Dado que esta medida, además de intempestiva, carece de explicación a los afectados (los académicos que forman parte del SNI y no sus instituciones), sería deseable que las autoridades brindaran fundamentos para generar, a partir de esta decisión, dos tipos de miembros del Sistema Nacional de Investigadores: los de instituciones públicas y los de instituciones particulares, si bien esto contradice el discurso de la Ley general de educación, el de la Ley general de educación propuesta y el del Programa sectorial de educación para el periodo 2020-2024, que han resaltado la trascendencia de la educación particular llevada a cabo, en buena medida, por investigadores nacionales que laboran en este tipo de instituciones.

Invitamos, finalmente, a esclarecer el posible panorama para aquellos académicos miembros del SNI y de instituciones particulares cuyos convenios no han finalizado y también para la comunidad de investigadores pertenecientes al Padrón que se encuentran adscritos a instituciones públicas.

Referencias

Universidad Iberoamericana, CDMX [@IBERO_mx]. (08 de octubre de 2020). La IBERO mantiene su compromiso con la investigación de calidad https://bit.ly/36K9XM7  [Descripción audiovisual]. Twitter. https://twitter.com/IBERO_mx/status/1314298965874049024?s=20

Fuente: http://www.educacionfutura.org/altar-de-muertos-para-la-ciencia-cancelan-estimulos-a-academicos-de-universidades-particulares-pertenecientes-al-sistema-nacional-de-investigadores-sni/

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Responsables políticos y escuela: una distancia social

Guadalupe Jover

Por: Guadalupe Jover

  • La pandemia hubiera podido ser, en su fatalidad, ese punto de inflexión que propiciara la puesta en marcha de unas reformas que no pueden esperar más. Pero la distancia entre la realidad de las aulas y los responsables políticos se nos antoja -salvo honrosas excepciones- abismal.

Lo de este curso se veía venir. La suspensión de las clases en marzo pasado nos pilló con el pie cambiado, pero que la cosa iba para largo lo supimos enseguida. Una situación excepcional reclama medidas excepcionales, y la coyuntura parecía la idónea para impulsar acuerdos en materia de infraestructuras, ratios, currículos, etc. Salvo contadas excepciones, los poderes públicos no están dando respuesta a las necesidades acuciantes que tenemos en las aulas. Sus declaraciones nos sumen en el más hondo desconcierto.

La ministra Celáa anunciaba la semana pasada que se estaban estudiando cambios normativos que permitieran aligerar la rigidez de los currículos y adaptar las programaciones didácticas a la nueva situación educativa provocada por la pandemia. Tarde, pensamos, muy tarde. Los docentes llevamos ya tres meses preparando los materiales didácticos para este curso 20-21, y los mimbres de la programación hay que establecerlos en septiembre. Esas modificaciones las esperábamos como tarde en julio, en lo que hubiera debido ser un primer paso hacia la prometida reforma curricular.

No sé si los cambios normativos anunciados entonces se referían a las medidas acordadas el martes en el Consejo de Ministros y publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado. Después de eliminar el requisito del máster del profesorado para poder dar clases durante la pandemia, se recogen en el Real Decreto otra serie de disposiciones.

1. “Con el fin de facilitar la adaptación de las programaciones didácticas a las decisiones que se tomen sobre presencialidad del alumnado, se otorga el carácter de orientativos a los estándares de aprendizaje evaluables”. ¿Y cuándo han tenido otro carácter? Bajemos a tierra, pisemos el aula: 101 estándares de aprendizaje para una sola asignatura en un solo curso, por poner el ejemplo que me queda más a mano. A razón de 30 o 33 estudiantes por clase, ¿alguien pensaba que los cuantificábamos uno a uno? Lo que la comunidad educativa viene pidiendo desde la imposición de la LOMCE es pura y sencillamente su eliminación. Para este viaje, ciertamente, no necesitábamos alforjas.

Decepción análoga habíamos vivido días atrás cuando, en rueda de prensa, la ministra decía salir al paso de la necesidad de docentes y estudiantes de 2º de bachillerato de saber a qué atenerse en este difícil curso. Esperábamos una drástica reducción de los inabarcables currículos: el alumnado, en muchas comunidades autónomas, solo asistirá a clase la mitad de las horas. Esperábamos, también, unas ciertas líneas de consenso en torno a un modelo de examen que en algunos territorios ha acabado por convertirse en la más eficaz herramienta de castración intelectual de nuestros jóvenes. Pero no. Los cambios se limitaban a mantener la optatividad en las preguntas de la EvAU, tal y como se hizo el pasado junio. Aquello, entendimos, fue una solución de urgencia ante una situación sobrevenida. Pero ahora había margen y motivos para acometer reformas más ambiciosas. Las pruebas de acceso a la Universidad han acabado por colonizar retroactivamente los dos cursos de bachillerato y la secundaria toda. Y lo que está en juego no es ver qué Comunidad pone el examen más difícil (o más fácil), sino quién propone el más inteligente. Porque de lo que se trata, en última instancia, es de devolver su carácter formativo a un curso marcado por la memorización a destajo y las crisis de ansiedad.

2. “Se flexibilizan también las condiciones de evaluación, promoción y titulación en primaria y secundaria, de manera que tanto las administraciones educativas como los equipos docentes puedan adecuarlos a la situación provocada por la pandemia”. ¿En qué influye esto, nos preguntamos, en las condiciones de educabilidad -hoy- de niñas y niños, en los procesos de aprendizaje de adolescentes y jóvenes? Son parches puestos al final del camino, que en nada subsanan los problemas que en estos momentos estamos viviendo. Claro que habrá que flexibilizar dichas condiciones para no ahondar aún más en una lacra endémica de nuestro sistema educativo: la elevadísima tasa de repetición. Pero de nada sirven las medidas adoptadas en los criterios de evaluación y promoción si no se mejoraran sustancialmente los procesos de aprendizaje. Esto suena a jugar con las cifras para maquillar un fracaso.

Por supuesto que maestras y maestros evitaremos penalizar aún más a los estudiantes por unas circunstancias que no han elegido, y diremos en voz alta lo que repetimos en departamentos y pasillos: la semipresencialidad es un fraude. La educación semipresencial supone expropiar una parte sustancial del derecho a la educación. No estamos garantizando la formación de chicas y chicos a tiempo completo, digan lo que digan nuestros responsables políticos. Se está pretendiendo transferir a adolescentes de 14 o 15 años -a ellos y a sus familias- una responsabilidad que compete a la escuela. Y la consecuencia más palpable, más dolorosa también, es que la brecha educativa no hará sino aumentar. La semipresencialidad no es solo consecuencia de la pandemia; es consecuencia del abandono arrastrado de la escuela pública: ratios inasumibles, espacios saturados, recorte de plantillas. Es a esto a lo que urge poner freno.

Flaco favor nos hacen los responsables políticos a los docentes en general y a los equipos directivos en particular cuando afirman que las escuelas son espacios seguros y que caminamos hacia la presencialidad absoluta. Porque no es cierto. La precariedad es la norma. Vamos como funambulistas al filo de lo imposible. Y cuando las autoridades no lo reconocen, las quejas por los docentes que faltan -14 en mi centro la semana pasada- o por los barracones que no llegan pasan a recaer sobre unos profesionales ya exhaustos a estas alturas de curso.

3. “Además, se suprimen las evaluaciones de final de etapa […] por contar con otras fuentes de información del rendimiento del alumnado”. Sería para reír si no nos hiciera llorar. ¿Siete años han tardado en descubrirlo? Quienes nos hemos pronunciado en contra de las reválidas desde la promulgación de la LOMCE no hemos cesado de repetir que quien necesita ser evaluado no es ya más nuestro alumnado, sino todos los demás elementos y agentes del sistema educativo. Hace falta un diagnóstico certero y voluntad política para impulsar reformas coherentes con él. Porque puestos a evaluar, habría que empezar con nuestras administraciones educativas: nos preguntamos en qué se están gastando los fondos COVID.

La pandemia hubiera podido ser, en su fatalidad, ese punto de inflexión que propiciara la puesta en marcha de unas reformas que no pueden esperar más. Pero la distancia entre la realidad de las aulas y las declaraciones de los responsables políticos se nos antoja -salvo honrosas excepciones- abismal.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/01/responsables-politicos-y-escuela-una-distancia-social/

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