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Argentina: Comenzó curso sobre Educación Emocional en Junín

América del Sur/Argentina/ 21.10.2017/ Fuente: educacion.uncuyo.edu.ar.

Con la participación de más de 100 asistentes dio comienzo el curso taller sobre Educación Emocional en Junín.

El taller «Educación emocional para el desarrollo de habilidades sociales y competencias en nivel inicial y primario»  se centra en brindar a los docentes, estrategias educativas para el desarrollo de las habilidades sociales en el aula, por medio de diversas técnicas, fundamentadas en la educación emocional redireccionando así la intencionalidad educativa, para prevenir violentas en el ámbito escolar.

Se abordará a partir de análisis de casos de la realidad educativa, donde se busque estrategias de abordaje y solución, a partir de dinámicas que apunten al desarrollo de la educación emocional y las habilidades sociales.

Proponiendo un espacio de reflexión sobre la práctica docente de las problemáticas que surgen diariamente en el ámbito educativo, y que interfieren en la convivencia escolar.

Se llevará a cabo mediante diversas dinámicas de grupo que promuevan en los asistentes: la reflexión de la relevancia de la educación emocional y la internalización de habilidades sociales para su posterior aplicación en las prácticas pedagógicas.

Los objetivos del curso taller son conocer la relevancia de la educación emocional en la educación y  reflexionar sobre la intencionalidad educativa en la práctica docente.

La capacitación es dictada por el Equipo de Capacitaciones del CAPE (Consejo Asesor Permanente de Egresados) de la Facultad de Educación y se desarrolla a través de un convenio con la Municipalidad de Junín y el área de Desarrollo Territorial de Rectorado.

Está destinado a alumnos avanzados de los profesorados universitarios de la Facultad, docentes de Nivel Inicial y Primario del medio, e interesados y profesionales vinculados con la temática.

Continúa el sábado 28 de octubre y los días 11 y 18 de noviembre.

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Fuente de la noticia: http://educacion.uncuyo.edu.ar/realizaron-curso-sobre-educacion-emocional-en-junin

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Ecuador: Propuesta de ley para protección de estudiantes llega a la Asamblea

América del Sur/Ecuador/ 21.10.2017/Fuente: www.eltelegrafo.com.ec.

El Ministerio de Educación presentó, ante la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley Orgánica para la no caducidad de la acción sancionatoria administrativa respecto a delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes.

A través de un comunicado difundido este jueves, 19 de octubre, se conoció que esta propuesta plantea gestiones concretas para proteger y asegurar la integridad física y psicológica de los estudiantes en los establecimientos educativos (públicos, fiscomisionales, municipales y privados) del país. Esto, según el documento, será posible «a través de la aplicación de acciones disciplinarias y sancionatorias en todos los casos de violencia o abuso sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes». Con esto, se espera que la autoridad educativa aplique sanciones administrativas, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan, conforme a la naturaleza del vínculo laboral de los presuntos responsables de la infracción y de quienes, estando obligados por negligencia, culpa o dolo, no impidan su realización.

El texto incluye reformas a Ley Orgánica de Servicio Público en relación a la no prescripción de las acciones presentadas contra servidores del sistema educativo en los casos de violación o abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes.

Además, solicita la inclusión en el Código del Trabajo de una disposición general relacionada con la exención de las limitaciones previstas en esta normativa sobre la prescripción para la acción de despido o terminación de los contratos de trabajo en los casos que el servidor esté vinculado al cometimiento de delitos de violación o abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes.

De esta manera, la autoridad educativa nacional podrá conocer, sumariar y sancionar en cualquier tiempo este tipo de infracciones, con el objetivo de depurar del sistema educativo a los malos elementos, docentes o administrativos que agreden a la niñez, a la comunidad educativa y a la sociedad en general.

Las medidas efectuadas

La propuesta se presenta luego de varias denuncias contra docentes que habrían cometido agresiones sexuales en diversos establecimientos educativos.

Uno de estos se suscitó en la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad, en Guayaquil. La Fiscalía ya está receptando las versiones de las víctimas y fue destituida la rectora del plantel. Otro caso sería en una unidad educativa bilingüe en Calderón (norte de Quito).

Según investigaciones preliminares anunciadas por Fiscalía, Antonio Ch., docente de la institución, quien fue detenido el pasado miércoles, sería el responsable de al menos 10 agresiones. María Augusta Montalvo, directora Distrital de Educación, informó que se inició el proceso para destituir definitivamente al maestro del sistema educativo, quien fue docente durante 12 años.

En este caso se conoció que el profesor contaba con un sumario administrativo que fue archivado. Ante tal situación, la Dirección Distrital inició sanciones contra la Junta Distrital que estuvo a cargo del caso por haberlo archivado y se ordenó su inmediata reapertura.

Otro caso que se habría suscitado es en una academia de ballet, en el Valle de Los Chillos, en donde 100 niñas, presuntamente, fueron abusadas y acosadas sexualmente por uno de los maestros de danza. En torno a este tema, Montalvo explicó que se trata de una institución privada que no estaba regentada por el Ministerio de Educación.

«Nosotros como Ministerio de Educación estamos certificando que la academia no es un colegio de artes y en consecuencia no se encuentra bajo la rectoría de Educación», expresó la funcionaria. No obstante, Montalvo advirtió que eso no significa que la cartera de Educación no haya tomado acciones en este proceso. «Si es que de parte del Ministerio podemos actuar para que se judicialice el caso, estamos dispuestos a hacerlo». (I)

Fuente de la noticia:  http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/ministerio-de-educacion-plantea-propuesta-de-ley-para-proteccion-de-estudiantes

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¿Es la educación en España realmente gratuita?

Europa/España/ 21.10.2017/ Fuente: elpais.com.

Sin embargo, cuando pasas un poco por el colegio o el instituto —algo habitual si tienes niños o adolescentes a tu cargo— el mantra de la gratuidad de la educación se desvanece un poco. Ya no es “tan gratis”. Los libros, las clases de apoyo escolar, las extraescolares o el comedor no son gratuitos. O bien dependen de ayudas y becas, o bien son las familias las que las pagan religiosamente. Y no podemos obviar que todas estas cosas son necesarias para que todos los alumnos dispongan de una educación de calidad, sin importar el ámbito socioeconómico de sus familias.

En los últimos años de recortes, la tijera no se ha frenado al llegar a la educación. España sigue a la cola de los países de la Unión Europea en inversión educativa total: destinamos el 8,2 % del PIB, tres puntos menos que la media de los países desarrollados (OCDE: 11,2 %). Este año las administraciones han hecho un esfuerzo, al incrementar el gasto público en educación un 1,7% (la mayoría destinado a becas generales, ayudas para libros de texto y de movilidad), pero nuestro presupuesto público en esta materia (un 4,36% del PIB) sigue por debajo de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%).

En el capítulo concreto de becas y ayudas al estudio, la inversión en los años más duros de la crisis (de 2010 a 2014) descendió 629 millones de euros. Si trazamos la comparativa europea, según datos de Eurostat, la media de la UE (3,8 % del PIB) casi dobla el porcentaje español, que se sitúa en el 2,2 %. Como se pregunta aquella canción del grupo El Último de la Fila, «¿dónde estabas entonces, cuándo tanto, te necesité…?». O lo que es lo mismo: en la peor época para las familias, estas recibieron menor número y cuantía de ayudas y becas. Quizá, dicho desde la ironía, debiera haber sido al revés, aunque solo hubiese sido por hacer caso a la Convención de Derechos del Niño, de la que España es Estado parte; en todas las medidas que se tomen por un Estado, el interés superior del menor siempre debe prevalecer.

España sigue a la cola de los países de la Unión Europea en inversión educativa total.

Mirando las cifras más de cerca, cosa que desde Educo y Ayuda en Acción, hemos hecho en un informe que ha visto la luz esta semana bajo el título La sombra de la gratuidad educativa en España, se despejan algunas incógnitas. También se plantean otras preocupaciones que afectan más profundamente a ese tercio de la infancia que vive en riesgo de pobreza y exclusión en nuestro país y que hace muy difícil que pueda tener las mismas oportunidades que el resto en materia educativa.

Además de las cifras, hemos entrevistado a padres, madres, docentes, trabajadores y trabajadoras sociales, alumnado y funcionarios de diversas Administraciones. Les hemos preguntado sobre la importancia que tienen las becas y las distintas ayudas al estudio para que el derecho a la educación sea un derecho que alcance a todos y todas por igual. Mencionaré solo dos de las conclusiones que se extraen de esos testimonios.

Una es clara: en las familias en riesgo de pobreza y exclusión, los niños y niñas tienen muchas papeletas para, en primer lugar, no disfrutar de una infancia plena (que significa, entre otras cosas, estudiar, jugar y vivir en un entorno seguro y motivador) y para, además, engrosar mañana las filas de los adultos pobres de nuestro país. Para que, aunque accedan a puestos de trabajo, no puedan sostenerse, ni a sus futuras familias. Porque la educación de calidad no es un coste, sino inversión pura en ciudadanía, desarrollo económico y paz social para el mañana.

El segundo gran titular del estudio habla del gran esfuerzo económico que están haciendo miles y miles de familias empobrecidas en nuestro país para garantizar a sus hijos una educación medianamente de calidad. Costes indirectos derivados de la educación como los ya mencionados  (el comedor o el transporte del colegio, las clases extraescolares, de refuerzo educativo…) hacen que el sistema no sea equitativo y que aquellas familias que más lo necesitan las que menos tenían y tienen sean las que, proporcionalmente, más recursos tienen que dedicar. No en vano, entre 2009-2015 el gasto medio de los hogares españoles en educación aumentó un 34%.

Esta semana, en torno al 17 de octubre, Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, muchas organizaciones sociales venimos realizando actividades de sensibilización y activismo en la ciudadanía durante esta Semana de lucha contra la pobreza. Nosotros reivindicamos que la educación es un derecho, pero también es y seguirá siendo el único argumento que podemos ofrecernos como sociedad para ser mejores en el presente y en el futuro, y para que la pobreza y la desigualdad sean tan solo un mal recuerdo del pasado

Fuente de la noticia: https://elpais.com/elpais/2017/10/18/planeta_futuro/1508336627_707249.html

 

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El Plan Decenal y la política pública en educación

Por: Julián de Zuburía

“El país acaba de conocer la versión final del tercer Plan Decenal de Educación para el periodo 2017-2026. Ésta es la oportunidad de oro para construir la política pública en educación de la cual hemos carecido”.

En Colombia no existe política pública en educación. Cada ministro llega, creyendo que con él se inicia la historia, debido a lo cual vuelve a pensar qué hacer. Para completar, en la mayoría de casos, los ministros del ramo desconocen por completo los fundamentos de la pedagogía. Es muy frecuente que lleguen economistas a intentar resolver problemas vinculados con la formación, la movilidad social y la equidad. Por ello, suelen durar sus dos primeros años aprendiendo de un tema que les resulta esencialmente desconocido, en una de las “maestrías” más costosas que podría conocer un país. Peor aún, la mayoría de ellos es reemplazado antes de que culmine y apruebe dicho curso.

Al mismo tiempo, no solemos contar con evaluaciones rigurosas de los programas. Así, ¿cómo podría ser posible hacer los ajustes necesarios para cualificar las políticas? El problema es tan marcado que aún durante un mismo gobierno, el del presidente Juan Manuel Santos, existieron claramente dos políticas educativas: en su primer periodo –y una vez fue retirada la propuesta de incluir el ánimo de lucro en la educación superior–, el énfasis estuvo en un programa muy trascendente en la vida nacional y muy querido por los profesores: Todos a Aprender, conocido por sus siglas como “PTA”, el cual muy acertadamente recurrió a sistemas de formación in situ para atender los problemas de calidad y equidad de cuatro mil escuelas rurales, históricamente abandonadas. Pero una vez llegó la ministra Gina Parody, la política educativa dio un giro de 180 grados y, sin que mediara una sola reunión con la comunidad pedagógica, decidió invertir la mayor parte de los recursos de la educación superior en el 2% de los egresados de la educación media. De esta manera, creó el muy publicitado programa de Ser Pilo Paga, pero el cual cada vez encuentra mayor resistencia en los escenarios académicos y en las calles del país.

Construir una política pública de largo aliento es una condición para que la educación supere los problemas estructurales que la aquejan de tiempo atrás. Necesitamos una carta de navegación que nos asegure que tenemos claras las metas hacia las cuales marchamos como sociedad. El país acaba de lanzar su tercer Plan Decenal de Educación y esta es su oportunidad de oro para hacerlo.

Los dos planes anteriores tuvieron un impacto casi nulo en la política pública, ya que no fueron asumidos por el país como política de Estado, ni fueron incorporados en el plan de desarrollo nacional ni en los planes regionales. Faltó el respaldo político y presupuestal para garantizar que las metas se alcanzaran. En contra de lo que hemos oído tantas veces en los medios masivos de comunicación, la inversión en educación no ha aumentado en los últimos veinte años y sigue siendo cercana al 4,5% del PIB. Ni ayer ni hoy la educación ha sido una prioridad.

El país tiene que aprender de su historia y garantizar que no volvamos a fracasar. El Plan Decenal debe ser asumido por el país político, social, cultural y económico. La explicación es muy sencilla: la educación tiene que ver con todas las esferas de la vida humana. Si la educación es de muy baja calidad, como sigue siendo en Colombia, no podremos consolidar la democracia y se seguirá deteriorando la creatividad, la productividad, las competencias ciudadanas y el tejido social. Si la educación pública sigue rezagada en calidad, como tristemente sigue pasando en el país, entonces nuestro sistema educativo no logrará fortalecer la movilidad social y disminuir la inequidad social.

El tercer Plan Decenal es un documento pensado para que la educación contribuya a consolidar la paz, para orientar la estructuración de un sistema que ha estado por completo fragmentado en secciones y niveles y para seguir ampliando el derecho a la educación, con especial énfasis en el nivel rural, ya que mantenemos una deuda histórica con los niños y jóvenes campesinos. De allí el nombre que le dio la Comisión Académica: Un Acuerdo Nacional para construir Paz y Nación desde la Educación.

Tras un año de reuniones intensas, las Comisiones Académicas y Gestora han elaborado un documento profundo, sintético y jerárquico, el cual establece los diez desafíos para la educación en la próxima década. Para llegar allí, las comisiones partieron de una muy amplia consulta nacional, la cual permitió caracterizar los sueños que tienen los colombianos sobre su educación. Sin duda, el documento final señala los principales desafíos para la educación colombiana, los cuales se relacionan, entre otros, con la necesidad de ampliar el derecho a una educación de calidad, con crear las condiciones para la construcción de un sistema educativo articulado y con las que se requieren para transformar el modelo y el currículo tradicional que ha dominado la educación hasta el momento. Para lograrlo, se exige una política de formación de educadores, de la cual hemos carecido hasta el momento.

El tercer Plan Decenal acertó en los retos establecidos. Sin embargo, la tarea que le queda a la sociedad es inmensa: Hay que garantizar que éste no sea un documento más. Para ello es imprescindible que el país se apropie de dichos desafíos. Necesitamos que los empresarios, los medios de comunicación, la clase política, los padres de familia y los maestros y estudiantes, entre otros, entendamos que el Plan le pertenece a la sociedad civil y que es ella quien debe garantizar su cumplimiento.

Necesitamos asegurar que la inversión en ciencia, investigación y educación se convierta en una verdadera prioridad nacional y no en un slogan publicitario con fines electorales, como ha sucedido durante el presente gobierno.  El país debe seguir vigilante de esas decisiones y por ello tienen la razón los estudiantes que se han declarado en alerta hasta que se decida el presupuesto definitivo para el año 2018, porque el que inicialmente presentó el gobierno recortaba la inversión en ciencia, investigación, cultura y deporte y solo aumentaba significativamente los gastos militares y los de la presidencia. Ese no puede ser el presupuesto para consolidar la paz, pues su defensa es inseparable de la de la educación, la ciencia, el campo y la cultura.

Destruir un país es muy fácil: basta con mantener baja la calidad de la educación que reciben sus habitantes. Así dice un letrero al ingresar a una universidad en Sudáfrica. Y pareciera que es lo que estamos haciendo en Colombia. En un país que mantiene baja la calidad de su educación, los ingenieros que egresan del sistema, verán que sus puentes se caen. En un país que destruye su educación pública será más fácil que los economistas y contadores se presten para que las empresas evadan impuestos y se disminuyan los recursos para la salud y la educación. En un país que no garantice el derecho a una educación de calidad, se graduarán abogados que creerán que el derecho no tiene nada que ver con la ética, y por ello, serán presa fácil de la corrupción.

Por lo anterior, es imprescindible un acuerdo nacional para fortalecer el derecho a una educación de calidad. Un acuerdo en el que estén presentes el sector empresarial, la clase política, la cultura, los jóvenes, los medios masivos de comunicación y la sociedad como un todo. Al fin y al cabo, a todos nos compete mejorar el derecho y la calidad de la educación. Por ello, el eje del acuerdo será fortalecer la inversión y trabajar conjuntamente para garantizar la mejora de la calidad de la educación. El Plan Decenal es la oportunidad para construir dicho acuerdo, pero su materialización dependerá de la sociedad civil como un todo.

La educación –decía Oppenheimer– es demasiado importante como para dejársela a los políticos”. Hasta ahora, en Colombia, los políticos han decidido qué hacer en educación. Por eso estamos como estamos. Le llegó el momento a la sociedad civil de actuar como interlocutor activo y participante de la política pública en educación

Fuente: http://www.semana.com/educacion/articulo/plan-decenal-de-educacion-en-colombia/544074

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Movilizaciones estudiantiles en Bélgica

Por: Nicolas Lemoine. Pressenza. 20/10/2017

En un contexto en el que la lógica de la reducción del gasto conduce a muchos reveses en los logros sociales, la juventud no se libra. Los estudiantes, al igual que otros jóvenes, se enfrentan cada vez más a condiciones sociales y económicas difíciles debido a muchos factores. Revisemos algunos de ellos.

El 16 de diciembre de 1966, Bélgica firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Pacto de Nueva York”. Este pacto consagra una serie de derechos humanos de la segunda generación. Entre ellos, el derecho a la educación está consagrado en el artículo 13: “La educación superior se pondrá a disposición de todos en plena igualdad, según sus capacidades individuales, por todos los medios apropiados, especialmente la introducción progresiva de la educación gratuita”.

Si Bélgica ratificó este pacto en 1983, hay que señalar que esta introducción gradual dista mucho de haber terminado. Durante muchos años, el movimiento estudiantil ha estado luchando por una mejor accesibilidad financiera a la educación superior. Evidentemente, esta asequibilidad no es más que una faceta de la accesibilidad a la educación superior; también se tienen en cuenta otros factores, en particular los culturales. Sin embargo, cuando se aborda el tema desde la perspectiva de la deuda estudiantil, los costos directos e indirectos de los estudios son centrales para el análisis. Los costos directos se refieren generalmente a todos los costos directamente relacionados con la inscripción en la educación, principalmente la matrícula[1]. Los costos indirectos son la totalidad de los costos educativos del estudiante o la familia, tales como alojamiento, transporte, materiales y planes de estudio[2].

“Esta lucha va acompañada de demandas para la necesaria refinanciación de una educación superior desembolsada.”

En la Bélgica francófona, la FEF (Fédération des étudiants francophones) lucha desde hace muchos años por una educación gratuita y de calidad, accesible para todos. Esta lucha ha ido acompañada, por lo general, de una demanda más amplia de la necesaria refinanciación de la educación superior desembolsada para hacer frente a los desafíos de la democratización, que ha hecho que el número de estudiantes de educación superior haya aumentado de 101.500 en 1988 a 178.000 en 2012.[3]

En 2008, el FEF se centró en los costos directos e indirectos de los estudios. La organización estimó entonces que los costes estimados de los estudios de educación superior oscilaban entre 8 y 12.000 euros anuales. Las campañas “ResPACT”, que exigen el cumplimiento del Pacto de Nueva York ya mencionado, “Salvemos a Wendy” y “Wendy contra el Ataque” movilizaron a más de 10.000 estudiantes, recogieron 100.000 firmas y vieron una verdadera movilización en el campus. A partir de estas campañas, se consiguió una gran victoria para el movimiento estudiantil francófono belga: el “Décret Wendy” [4]. Garantiza que los becarios reciban la matrícula y el programa de estudios gratuitos, y que la matrícula de la universidad quede congelada. Un verdadero paso hacia una educación superior más inclusiva.

Sin embargo, aún persisten muchos desafíos para lograr una educación más accesible, a pesar de la congelación de los derechos de matrícula en la universidad, que sigue vigente hoy en día gracias a la vigilancia del movimiento estudiantil. Los retos a los que se enfrentan las personas de hoy en día que quieren ayudar a mejorar el acceso a la educación superior -y permitir que los que están allí se queden- siguen siendo desalentadores. Tres de ellas son: la pauperización creciente de la juventud, los cambios en la estructura de los estudios y la solidaridad.

La pauperización de los jóvenes es una observación ampliamente compartida. En febrero de 2016, las federaciones valona y bruselense del CPAS, la Liga de las Familias y la FEF hicieron sonar la alarma. La observación es clara: en 2014-2015, uno de cada 22 estudiantes en la Federación Valona de Bruselas (pero 1/15 en Bruselas) cuenta con la asistencia del CPAS.

“En 2014-2015, 1 de cada 22 estudiantes en la Federación Valona de Bruselas es asistido por el CPAS”.

Ante esta situación, muchos actores, no sólo estudiantes como la Red Valona de Lucha contra la Pobreza y la Liga de las Familias, se movilizan para garantizar una mejor accesibilidad a través de un sistema de becas. Un sistema que todavía lucha por garantizar la igualdad real en el acceso a la educación superior. Esto a pesar de los recientes acontecimientos a petición de estos actores, que han permitido poner fin a los criterios meritocráticos.

Luego, la modificación de la estructura de los estudios. Con la llegada del “Décret Paysage”, una gran reforma llevada a cabo por el ministro Marcourt, se modificaron las trayectorias profesionales de los estudiantes. Hoy en día, este nuevo rumbo es más flexible y menos estructurado en términos de “años”, con vistas a avanzar hacia un enfoque “crediticio”, pero que implica riesgos. La flexibilidad del sistema podría dar lugar a períodos de estudio más largos para muchos estudiantes, con costes adicionales para ellos y sus familias.

Por último, y si estos pocos ejemplos son necesariamente restrictivos, otra prioridad para la educación en Bélgica: la solidaridad. Si bien la importancia de la diversidad y la apertura a las dinámicas internacionales forma parte de muchos discursos oficiales sobre la educación superior, una reciente reforma del decreto “Paysage” parece contradecir estos discursos. De hecho, ofrece la posibilidad de que los estudiantes extranjeros paguen hasta 12.525 euros por la matrícula. Esta posibilidad de hacer pagar el precio de las tasas a los estudiantes internacionales -a excepción de los de los países de la Unión Europea, de los países menos desarrollados – incluidos en la lista de los Países Menos Adelantados (PMA) de la ONU – o de los países con los que la Comunidad Francesa ha llegado a un acuerdo sobre este tema – es una revuelta para muchos estudiantes que se organizan. Muchos actores, como los consejos estudiantiles locales, las asociaciones internacionales de estudiantes y las asociaciones estudiantiles internacionales, así como las asociaciones políticas o sindicales de jóvenes, se están movilizando para exigir la retirada de esta disposición, y una matrícula común para todos, que tiende a la educación gratuita, como se ha comprometido Bélgica.

Mientras que en Bélgica se está desarrollando gradualmente una oferta de préstamos estudiantiles, la situación actual sigue estando mal documentada, por lo que es importante mantenerse vigilante. Por otra parte, como hemos visto, los riesgos de endeudamiento, ligados al empobrecimiento, a la insuficiencia de los mecanismos de asignación educativa y a la prolongación de los estudios, están muy presentes.

Por lo tanto, siempre es importante denunciar y luchar activamente por una educación gratuita efectiva, una de las garantías de democratización de la educación superior y un importante vector de justicia social.

Fuente: www.pressenza.com/es/2017/10/movilizaciones-estudiantiles-en-belgica/

Fotografía: www.cadtm.org

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El Salvador: 46 centros educativos serán transformados en centros integrales de educación

Por: La prensa grafica/20-10-2017

Un total de 46 centros educativos de todo El Salvador serán reforzados en infraestructura, equipamiento y personal docente, convirtiéndolos en Centros Integrales de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (SI-EITP), según anunció este día el Ministerio de Educación (MINED). Esta iniciativa se realizará con la intervención conjunta de FOMILINIO II.

El ministro de Educación, Carlos Canjura, explicó que la conversión de estos 46 centros escolares a centros integrales iniciará en mayo 2018 y se prevé finalizarlos en diciembre de 2018. Dentro de dicha conversión, se proponen tres modalidades nuevas de bachillerato técnico, que se trabajarán junto con FOMILENIO II.

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Además, se detalló que en febrero iniciaría la formación de 2,700 docentes de 45 sistemas integrados de la SI-EITP en todo El Salvador.

«Ha habido un esfuerzo por identificar cuáles son las necesidades locales (en educación)»

“La formación permitirá fortalecer los métodos de enseñanza y los conocimientos disciplinares en las áreas de lenguaje, matemática, sociales, biología, química y física, dominio del idioma inglés, fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, manejo y uso de las TIC en la enseñanza, metodologías para atender aulas multigrado y la formación de docentes del área técnica”, agregó el MINED.

Con FOMILENIO II trabajarán en 348 centros educativos, ubicados en 39 municipios de ocho departamentos del país, siendo estos Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz, Usulután, San Miguel y La Unión.

Además, los centros integrales atenderán a 67,500 estudiantes, reforzando la lectura y escritura, ya que han identificado deficiencia en lectura comprensiva. «Ha habido un esfuerzo por identificar cuáles son las necesidades locales», dijo Carlos Canjura sobre la formación técnica para bachillerato.

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Por su parte, FOMILENIO agregó que en los sistemas integrados a implementarse, se extenderá la jornada escolar de 25 a 40 horas semanales. FOMILENIO II, además, realizó diagnósticos para determinar el potencial productivo de cada zona y adecuar los sistemas de educación para bachillerato.

FOMILENIO también enfatizó que a los indicadores a los que se le podrá más atención serán la sobre-edad, deserción y repetición de grados en el sistema educativo de El Salvador.

La formación permitirá fortalecer los métodos de enseñanza y los conocimientos disciplinares en las áreas de lenguaje, matemática, (1/3) 

sociales, biología, química y física, dominio del idioma inglés, fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, (2/2)

*Fuente: www.laprensagrafica.com/elsalvador/46-centros-educativos-seran-transformados-en-centros-integrales-de-educacion-20171019-0043.html

 

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Aquellos días cuando para estudiar había que pagar (4)

Por: Miguel de Castilla Urbina
¿Por qué  los cobros mensuales en las escuelas, los viernes locos, la manipulación de las estadísticas y todas las trampas de la autonomía escolar en Nicaragua, se convirtieron en procesos rutinarios, lógicos y hasta necesarios, y aún hoy, después de 10 años de clausurado el engendro, en algunos claustros docentes, la idea del dinero, la usura y el negocio aún están presentes como si fuese el primer día?
La explicación de este comportamiento social es la siguiente: cuando  en una organización social, jurídica e históricamente constituida, como los centros escolares, se realizan recurrentemente actividades sancionadas por la convención como correctas y deseables, poco a poco, sin que nadie se lo proponga, las mismas van adquiriendo autonomía respecto a la voluntad de los actores sociales y se van convirtiendo en acciones necesarias para su funcionamiento y existencia, provocando su legitimidad e institucionalización.
La educación nicaragüense es un libro abierto para observar este proceso, ya que si se comparan los perfiles axiológicos de las escuelas de las tres educaciones nicaragüenses de los últimos 60 años,  es posible diferenciar los componentes ideológicos y estructurales  que identifican a cada una de ellas.
La educación desarrollista del período somocista de los años 60 y 70 del pasado siglo influenciada por la Alianza para el Progreso; la educación popular de los años 80, impactada por el flujo ideológico de la Revolución Sandinista y su discurso nacionalista y antiimperialista, y la educación neoliberal del período 1990-2006, determinada por los mandatos globales del mercado,  la preeminencia y centralidad del dinero y de las relaciones mercantiles en las relaciones sociales escolares.  Cada una, en sus respectivos períodos, construyeron sus propios valores, usos, costumbres, normas, rutinas y principios, hasta ir, día a día,  legitimando  e institucionalizando sus componentes estructurales,  axiológicos y culturales.
Para el caso de la educación en el período neoliberal, esta forjó sus propios mecanismos, valores y patrones de comportamiento, tanto a lo interno de los centros educativos, como en las relaciones externas entre estos y las familias con hijos matriculados en los mismos.  Era obvio, igual que en la sociedad revolucionaria de los años 80, no se dejaba ningún espacio cultural sin promover, sembrar y cultivar los valores y principios patrióticos y solidarios ligados a los intereses de la población empobrecida; en la sociedad neoliberal, en donde el mercado es el mecanismo que rige y ordena el comportamiento social, la escuela, que es el lugar en que se reproducen  los valores dominantes y se forman los recursos humanos para que el mercado funcione, también fue el espacio para convertir las relaciones sociales educativas en relaciones mercantiles.
De esta manera, las llamadas “cuotas voluntarias”, la forja y desarrollo de las “pulperías escolares” y la creación de múltiples “actividades recaudatorias” de dinero en las escuelas, fueron procesos sistémicos absolutamente coherentes y lógicos con los procesos de oferta y demanda que se construían y desarrollaban multiplicados en centros comerciales, plazas, calles y avenidas y en el mercado formal e informal de las ciudades, conformando el corazón del régimen social conocido como neoliberalismo.
Para el análisis sociológico de la escuela, este hecho lógico y hasta natural no tendría nada de extraño, si no fuese que el mismo tenía consecuencias negativas de gran envergadura tanto para el goce pleno del derecho a la educación de parte de la niñez y la juventud empobrecida,  como para la función educativa  de las escuelas y el sentido ético de la profesión docente en Nicaragua.  Esto fue así porque, entre otros motivos, el incumplimiento del pago mensual en las escuelas, casi siempre daba origen a críticas, regaños y sanciones de los maestros a sus estudiantes, convirtiendo a la escuela en una institución expulsiva y no atractiva para importantes sectores de la infancia y la adolescencia, siendo lo más grave del caso  que muchas veces, el cobro se ligaba a valoraciones del conocimiento y a puntajes que nada tenían que ver con el aprendizaje y la creación de hábitos, valores, actitudes y virtudes de la niñez, sino todo lo contrario, la formación de antivalores, basados en que se podía aprender comprando calificaciones y se obtenían  conocimientos y valores mediante el pago de dinero.
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