Fuente: CTERA / 6 de junio de 2016
Agresiones verbales, físicas y hostigamiento son las expresiones más comunes de la discriminación que sufren estudiantes lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT). La peor parte la padece el colectivo trans. Se trata de otra manifestación de la violencia de género que es poco o nada debatida en las aulas, y donde la consecuencia más inmediata es la exclusión escolar. En la provincia existe un protocolo de orientación para estas situaciones pero no siempre es conocido; en tanto que anticipan que se proyecta un programa específico para acompañar la trayectoria escolar de esta población. Tres especialistas en el tema comparten sus opiniones: Emiliano Samar (Educación y Diversidad Sexual de Ctera), Esteban Paulón (Diversidad Sexual de la Provincia) y Michelle Mendoza (Frente Diversidad del Movimiento Evita).
La problemática es de tanta preocupación que a mediados de mayo reunió por primera vez a los ministros de Educación de distintos países en un congreso organizado por la Unesco. El encuentro, realizado en París, tuvo como único tema «hacer un llamamiento a la acción y la discusión de nuevas recomendaciones que den respuesta a la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género», que derivan en exclusión escolar y más tarde en exclusión social.
Sensibilizar para educar?
Emiliano Samar es el responsable del equipo de Educación y Diversidad Sexual de Ctera. Una de las acciones iniciales de este equipo fue sumarse a principios de este año a la Primera Encuesta Nacional sobre Ambiente Escolar dirigida a jóvenes de la comunidad LGBT, impulsada por la organización 100% Diversidad y Derechos. Un relevamiento enfocado en la escuela secundaria (todavía no se conocen el resultado final).
«La mayoría de los encuestados de todo el país señaló que los y las docentes son testigos de situaciones de discriminación y sin embargo no pueden operar con eso. Ahí es donde pensamos que la acción de los sindicatos es fundamental porque hay un territorio donde muchas veces los gobiernos provinciales, los ministerios no están pudiendo arbitrar estrategias específicas a nivel de diversidad sexual. Es donde el docente se siente solo y sin recursos», analiza Samar.
Desde la Ctera se dan distintas estrategias de trabajo, como encuentros sobre diversidad sexual y educación, además de modelos de familias: «Por ejemplo, qué pasa con las familias compuestas con una mamá lesbiana y un papá gay o bien con dos mamás o dos papás». Además de la realización de talleres, en los que la primera tarea es «la sensibilización sobre la problemática para luego generar acciones concretas pedagógicas».
Samar dice que en la agenda de trabajo de la Ctera, «el colectivo trans es un tema prioritario, porque esa construcción que se va haciendo en relación del género que se percibe encuentra una tensión con las instituciones». Una de las preguntas más frecuentes que hablan de esta tensión en las escuelas secundarias es «a qué baño va este o esta estudiante». Es en esas situaciones donde se hace más clara «la necesidad de acompañamiento no sólo para comprender la letra de la ley sino también sensibilizar en esa transformación cultural que hace falta para poder achicar la distancia que hay entre la norma y la cultura escolar».
Twitear
Samar propone que el desafío es construir una contracultura que propicie el diálogo. También convertir a los problemas en preguntas para empezar a derribar estereotipos que se reproducen desde las aulas. Una tarea que bien comienza en el nivel inicial. Cita al educador Gabriel Brener cuando referencia a las canciones que se escuchan en el jardín de infantes, «por ejemplo, la de «El pato y su pata», que presupone que la pata es del pato»; o bien preguntarse sobre los libros y láminas que se eligen llevar al aula: «¿Por qué siempre tienen que tener un príncipe y una princesa?». Esas preguntas también abren el debate sobre las representaciones acerca de lo masculino y femenino.
El desafío de la convivencia
El subsecretario de Diversidad Sexual de Santa Fe, Esteban Paulón, reconoce que el colectivo trans es el más vulnerable, no sólo respecto de la población LGBT sino también de otras comunidades sociales. Y que la cuestión más compleja a atender «es la de la convivencia hacia el interior de la escuela, cómo se trabaja con este nuevo niño o niña».
Recuerda que ese reto se dimensiona cuando esos chicos o chicas empiezan a expresar abiertamente su identidad de género, «que implica desde cambios físicos hasta referenciarse con otro nombre, haya hecho o no el nuevo DNI». Y más cuando estos cambios no son acompañados por las familias, un abandono bastante frecuente, que profundiza las situaciones exclusión y se convierte en una de las causas que explican que la expectativa de vida de esta población sea de 42 años. «Son pocas —afirma— las familias que contienen; la generación de 17, 18 años ha sido mayormente expulsada, no les ha quedado otra que la calle».
Paulón menciona el caso reciente de un chico de 15 años que fue rechazado de una escuela de una localidad del sur provincial por su condición trans. «Es una quijotada querer permanecer en un ambiente que es totalmente hostil para alguien que está asumiendo tantos cambios», dice para contar que el chico, que en este caso cuenta con el apoyo familiar, volvió a su anterior escuela donde es contenido por sus compañeros, docentes y directivos. El director que no lo aceptó argumentaba desconocer el protocolo que la provincia aprobó en 2013 y acompaña a los estudiantes trans, tanto para que se respete, por ejemplo, el nombre que responde a su identidad autopercibida de género como su vestimenta.
De todas maneras, admite que «más allá que la decisión política sea acompañar el cumplimento de la ley y sostener el proceso de educación de las niñas y los niños fundamentalmente trans», en el día a día aparecen situaciones de vulneración de derechos donde la subsecretaría a su cargo debe intervenir. «A veces la información no llega o algunos directivos o docentes anteponen determinadas creencias, impresiones personales por sobre lo que es una política institucional», plantea como uno de los desafíos cotidianos.
Explica que leyes como la de matrimonio igualitario (Nº 26.618, sancionada en 2010) han contribuido a una mayor visibilización de la población LBGT. Sin embargo, el colectivo trans es mayormente discriminado. En este panorama, la consulta obligada es cómo garantizarles la educación obligatoria. «Dentro de la subsecretaría creamos un programa especial de inclusión laboral, social y educativa para el colectivo trans, que se firmará el 21 de junio en Santa Fe cuando se presente el Consejo Provincial de Diversidad Sexual que prevé distintos mecanismos de acompañamiento y apoyo». Este programa trae la novedad de impulsar un plan de becas de incentivo: «Queremos que la población trans termine la escuela, que no tengan la dificultad del transporte, que cuente con tutorías que acompañen. Necesitamos de ese esfuerzo porque es una población de mucha exclusión».
Cambio cultural
Michelle Mendoza es la responsable del Frente Diversidad del Movimiento Evita. Reconoce que «hay un avance en la inclusión de las compañeras sobre todo en las Eempas (escuelas medias para adultos)»; pero por ahora eso responde más que nada a la apertura y buena disposición de los directivos, que de una política generalizada. Cita el ejemplo de una Eempa del macrocentro rosarino a la que asiste una buena cantidad de alumnas trans. «Es la misma escuela a la que fui hace ocho años, donde éramos cuatro amigas trans que logramos nos cambien la identidad en los papeles, que era en lo que nos dolía más: cómo nos nombraban y que no se nos respete la identidad», suma.
Considera que si bien el número de estudiantes trans terminando el secundario no es significativo, sí lo es en proyección histórica: «Que haya diez estudiando en la Eempa, en terciarios o universidades no es significativo, sí lo es que estamos en un proceso de cambio, que como pasa con el cupo laboral, permitirá que vean al estudio como una posibilidad, porque lo que se le había quitado a la población trans era la posibilidad de soñar. De a poco se nos está devolviendo la posibilidad de proyectarnos».
La referente tiene una mirada crítica sobre cómo se implementa el programa de Educación Sexual Integral (ESI) en la provincia (ley 26.150). «A comparación de otras provincias, Santa Fe está un paso adelante. Pero es un paso nada más, porque la ESI no se aplica realmente». Considera que la formación de nuevos profesionales para trabajar en la materia es insuficiente para la cantidad de escuelas santafesinas.
«Sí, hay un cambio social que repercute en las escuelas. La sociedad está un paso más adelante que la decisión política», opina y grafica con el ejemplo de la Eempa rosarina que admite a la población trans más que nada pero más por voluntad de su directora que por una decisión política generalizada y «por eso no se da en todas las escuelas». Al mismo tiempo que admite que el protocolo impulsado por la provincia se cumple.
A la hora del debate, su experiencia le demuestra que suele ser más fácil acceder a los padres y estudiantes que a los directivos y funcionarios: «Cuando pedimos reuniones con el Ministerio de Educación siempre es la misma persona muy piola quien nos atiende pero que no incide en nada». En su visión «el cambio social o cultural está un paso adelantado de las definiciones políticas. Un caso concreto son las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, que se pusieron en la agenda social, más allá de la agenda política, y nos empezó a devolver derechos».
NOTA ORIGINAL: http://www.lacapital.com.ar/diversidad-sexual-cuando-lo-que-se-calla-excluye-n798252
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