Por: Pablo Imen
No se ha insistido lo suficiente en el carácter ejemplar del modelo educativo chileno como expresión más del más paradigmática de una política educativa y una pedagogía exitosas. Voces “autorizadas” como el Banco Mundial o la Organización de Estados Iberoamericanos han destacado los (presuntos) grandes logros de una propuesta cuyos principales pilares mercantilistas, autoritarios y tecnocráticos fueron aplicados sin desmayo.
Es preciso al menos señalar algunos de sus elementos. Así, el Estado avanzó en procesos de descentralización educativa – descargando en los Municipios el sostén de la educación pública- y generó procesos inéditos de privatización educativa al habilitar múltiples formas de fundar establecimientos educativos concebidos como verdaderas oportunidades de negocios subsidiados por el eraro público. La creación de un sistema de cheques escolares o vouchers era el valor de cambio en este sistema educativo enteramente mercantilizado. Pero el financiamiento no sólo servía para estimular la competencia que, según la improbable teoría neoliberal- permitiría elevar la calidad. Era, a la vez, un dispositivo para introducir un proyecto pedagógico.
Este modelo pedagógico consagrado – de la más pura cepa tecnocrática- consistió hasta aquí en la medición, comparación y rankeo de estudiantes, instituciones y docentes a través de la aplicación de exámenes estandarizados que terminan incidiendo tanto los montos asignados a los establecimientos educativos como en los (magros) salarios de los docentes.
Las condiciones laborales docentes fueron precarizadas hasta lo indecible, y el proceso de trabajo – que consiste en la práctica compleja de enseñar y aprender- se intentó reducir a un mecanismo eficaz de buenos resultados a conseguir en operativos de evaluación homogéneos.
Este modelo, que fue construido en un contexto dictatorial y más tarde profundizado en los sucesivos gobiernos de la Concertación, no puede escindirse, a nuestro juicio, de la victoria cultural del neoliberalismo en el país transandino.
Es cierto que el golpe pinochetista puso en marcha un gigantesco laboratorio que se desplegó por un doble carril. De un lado, un feroz disciplinamiento represivo. Y por otro, la construcción de la hegemonía del capitalismo neoliberal, de sus principales valores y principios, sus más claras convicciones. El período abierto con Pinochet – posiblemente apalancado en el trabajo que se aplicó sobre las capas medias en el proceso destituyente contra la Unidad Popular- habilitó una rotunda victoria cultural. El proyecto que sucedió al gobierno de Salvador Allende consumó la generalización conformista del egoísmo y la competencia, hizo sentido común del postulado (y la condena) por la ineficacia de lo público y lo estatal así como espoleó la difusión una fe incuestionable acerca de la eficacia de lo privado.
El triunfo cultural se plasmó la aceptación de una sociedad de ganadores y perdedores donde cada quién era responsable de su suerte. El único problema es la realidad. Lo cierto es que décadas consecutivas de aplicación impiadosa de fórmulas neoliberales generó la más significativa brecha social desde la Colonia a nuestros días. Y con el despertar del continente Latinoamericano y Caribeño – en este cambio de siglo- también Chile fue escenario de sucesivas manifestaciones que tuvo en la educación su principal campo de batalla.
En efecto, en 1997 contra la llamada Ley Marco; la lucha del 99 por la democratización de las Universidades; la de 2001 los secundarios; luego con la Revolución Pingüina en 2006 y las masivas movilizaciones de 2011 fueron puntos de inflexión de legítimas protesta. En cada caso, el inicio del conflicto estuvo signado por reivindicaciones puntuales, como la consideración de mejores condiciones para el incrementar el presupuesto para los créditos que otorgaba el Estado para pagar la Universidad (primero “crédito universitario” para rebautizarse luego como “fondo solidario”), es decir, la generación de condiciones viables para los créditos educativos. De aquellas primeras protestas se fue avanzando hacia cuestionamientos más profundos donde no sólo se cuestionaba alto el interés de las cuotas de las deudas contraídas por estudiar sino que se impugnaba el hecho mismo de que la educación fuese concebida como una lisa y llana mercancía.
Las masivas movilizaciones exigiendo la gratuidad de la educación – concepto que es un aspecto de la idea de educación como derecho humano o social- tuvo en el gobierno de Sebastián Piñera las más elocuentes respuestas. Las pacíficas y originales movilizaciones que comenzó por los estudiantes pero involucró a amplísimas capas sociales, fueron respondidas con la represión directa. En los momentos en que el gobierno neoconservador se dignó a expresar una repuesta verbal, manifestó con honestidad brutal su punto de vista y el sustento de su política pública: “Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos, pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar.”
El triunfo de Michelle Bachelet – ahora bajo una nueva coalición política que incorporaba al Partido Comunista – ha dado algunos frutos que reflejan los avances populares en materia de democratización de la vida social tras muchos años de injusticia sistemática.
Fue aprobado en el Congreso normativa que asegura la gratuidad de la educación y casi simultáneamente otra que mejora las condiciones laborales docentes, superando el grado de total precariedad de sus condiciones de trabajo bajo el predominio del modelo neoliberal.
Se trata de indudables avances que redundarán en alivios ciertos para que buena parte de la sociedad pueda ir incorporándose a un sistema educativo que debe ser reconstruido bajo nuevos cánones.
El camino es arduo y prolongado. Nuestros pueblos deben celebrar estas conquistas y pensar los nuevos pasos.
Nuestra América, hoy en la búsqueda de su segunda y definitiva independencia, debe ser capaz de construir una pedagogía acorde a los Pueblos, Repúblicas y Patria Grande que aspiramos plasmar como tarea pendiente desde nuestras primeras victorias por la libertad, la soberanía, la justicia, y, por sobre todas las cosas, el indelegable derecho y deber de ser nosotros mismos. Chile ha librado una victoriosa batalla contra las posiciones político-educativas más reaccionarias. Otros pueblos – México, Colombia, Haití- cuya educación está crecientemente privatizada- continúan las batallas por el derecho a la educación.
Hasta aquí se ha dado un paso en la dirección correcta- entender la educación como un derecho humano y social, avanzando en la gratuidad de la educación como condición de reconocimiento de un derecho. También hubo algunas conquistas en materia de derechos laborales docentes. Pero en el adocenado edificio educativo neoliberal conservador hay otros cimientos que desarmar para dar lugar a un proyecto político educativo emancipador. Desde los dispositivos del gobierno de la educación pasando por la construcción curricular, las relaciones escuela-contexto o el propio formato del proceso de trabajo docente. Todo debe ser revisado, y de hecho está ocurriendo con más o menos intensidad en toda Nuestra América, especialmente en países como Bolivia o Venezuela.
En esta época de luchas civilizatorias, el campo de la educación tiene mucho que hacer, comenzando por el desmonte neoliberal y la reconstrucción de una educación pública, popular, democrática, emancipadora. Bienvenido Chile a esta nueva etapa de la contienda en que subimos un escalón en la creación de un mundo sin intolerables exclusivismos ni indignantes exclusiones. O, para decir mejor, por una sociedad justa, igualitaria, democrática y que ofrezca a cada quién un destino de reconocimiento y dignidad.
*Fuente de la imagen: http://www.2001.com.ve/en-el-mundo/120852/la-educacion-universitaria-vuelve-a-ser-gratis-en-chile.html
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