América del Sur/Chile/29-04-2022/Autor(a) y Fuente: www.colegiodeprofesores.cl
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América del Sur/Chile/29-04-2022/Autor(a) y Fuente: www.colegiodeprofesores.cl
La decisión de bajar ratios pasa por integrar y triangular los tres factores a la vez en una secuencia multi-nivel (macro-meso-micro) desde criterios de eficiencia y equidad. Es un tema complejo que no admite las simplificaciones habituales y requiere una mirada larga y estratégica para hacer gobernable la próxima década.
La caída de la natalidad entre 2008 y 2020 ha sido del 34,8% en España, situándose como el segundo país de la UE donde más ha caído. Entre las causas estructurales, destaca la Gran Recesión de 2008 y su resaca posterior de recortes y austeridad desde gobiernos de derechas sin políticas natalistas y de verdadero apoyo a las familias jóvenes.
El modelo español de natalidad está muy condicionado por la tardía emancipación de los jóvenes en un mercado laboral muy precario, la tardanza en formar nuevas familias por el coste de la vivienda y los altos costes de crianza infantil por las discretas bonificaciones por hijo/a y la falta de servicios públicos gratuitos y universales en la etapa 0-3. Es un fiel reflejo del modelo mediterráneo de bienestar con universalismo incompleto y nivel medio de impuestos que hace recaer el peso de los cuidados en las mujeres. Por tanto, injusto.
Acotada en el período más reciente, entre 2015-2020, la caída de nacimientos en España ha sido del 19,2% como promedio. En términos de flujos escolares, esa caída implica que el alumnado que cursará educación primaria entre los cursos 2021-22 y 2026-27 se reducirá un 19,2% de media, así como el alumnado que cursará ESO entre 2027-2032.
Sin embargo, el promedio no refleja la gran variación territorial de la caída de la natalidad que va desde el máximo de Asturias (25,8%) y resto de la cornisa cantábrica hasta la menor en Baleares (11,7%). Por tanto, todas las CCAA están experimentando una bajada “vegetativa” de la población a escolarizar, pero algunas con el doble de intensidad que otras. Razón fuerte para que sea el nivel autonómico de gobernanza educativa el que intervenga.
Recordemos que el Estado fija las ratios máximas a través del Ministerio y que las sucesivas legislaciones han ido manteniendo y siguen siendo un máximo de 25 alumnos por aula en el 2º ciclo de Infantil y Primaria, 30 alumnos en la ESO y 35 en Bachillerato. En formación profesional, cada decreto curricular de los títulos ha ido fijando una ratio máxima de 30 alumnos. Suponen un techo común para todo el Estado, pero bajo el marco federal de co-gobernanza que tiene España, las CCAA pueden reducir las ratios máximas estatales a su realidad concreta ejerciendo sus competencias de autogobierno.
El mosaico resultante de las diferentes ratios máximas que han decidido las CCAA se expresa en la tabla 2, agrupándolas por la intensidad de su caída demográfica reciente. Podemos diferenciar un primer grupo de CCAA con la mayor caída demográfica entre 2015-2020 (aunque arranca desde 2008) que destaca con más casillas de color naranja, es decir, han decidido ratios máximas más bajas que las estatales. Hasta ahora en ESO y Bachillerato, pero ya son varias las que han anunciado reducciones en infantil y primaria por coherencia demográfica.
En el segundo grupo de CCAA con una caída demográfica intermedia lo que predominan son las casillas azules, es decir, mantienen intocables las ratios máximas estatales. Las excepciones las encontramos en Infantil 3-6 (Canarias y Extremadura) y en Bachillerato (Cataluña). Por último, en el tercer grupo con mayor natalidad y menor caída demográfica, vuelven a predominar las casillas azules como cabría esperar. Solo se reducen las ratios máximas estatales en la Infantil 3-6 de Baleares y La Rioja y el curioso caso de Navarra que ha reducido la ratio máxima en Bachillerato y, sobre todo, en los CFGM de formación profesional a 20 alumnos siendo el más bajo en la FP del que tengamos registro.
Por tanto, se produce la paradoja de que las CCAA con un contexto de baja natalidad son las que hasta ahora más han bajado sus ratios máximas, pero no tanto en infantil-primaria sino en secundaria. En este grupo, Aragón es la más coherente al haber bajado ya las ratios máximas en todas las etapas. En el resto de CCAA, observamos comportamientos dispares, pero siempre manteniendo las ratios máximas en primaria y ESO hasta ahora.
En todo caso, el desigual cambio demográfico a la baja en todas las CCAA les va a permitir desarrollar nuevas medidas de política educativa y de ratios para el período 2022-2030, crucial porque coincide con una reforma sistémica como es la Lomloe:
a) La primera medida factible es universalizar la escolarización del primer ciclo de educación infantil (0-3) con más plazas públicas financiadas por los fondos europeos, retirada del co-pago a las familias y bajadas vegetativas de ratios en esa etapa y en 3-6.
b) La segunda, la planificación de un ajuste progresivo de las ratios alumnos/grupo con dos dianas que conviene diferenciar. De un lado, un ajuste secuencial en los primeros cursos de primaria hasta llegar al resto de etapas por pura bajada vegetativa como ya hemos mostrado. En especial, las CCAA con mayor descenso demográfico lo tienen mejor que el resto para aprobar nuevas ratios máximas más bajas en infantil y primaria.
c) La segunda diana, y más urgente, es la reducción de las sobre-ratios disparadas por los recortes del RDL 14/2012 del ministro Wert que siguen sin revertirse a pesar de la Ley 4/2019 aprobada por el actual Gobierno de coalición. Ciertas CCAA ya lo han revertido, otras lo han hecho a medias y algunas siguen con el modelo Wert. Es una asimetría que va contra la cohesión territorial del sistema.
Dada la complejidad de este apartado, vamos a ordenarlo por puntos a fin de mostrar la realidad caleidoscópica de la problemática de las sobre-ratios. Para empezar, vamos a concretar qué es, en realidad, el indicador estadístico de ratio alumnos/grupo.
2.1. La ratio alumnos/grupo es un promedio estadístico que requiere ser calibrado de forma más fina, teniendo siempre presente que es muy dependiente de las políticas educativas, mapa de matrícula y gestión de los recursos que hace cada CCAA. Se trata de un promedio calculado por las CCAA, pero sin publicar su índice de dispersión, es decir, no nos informa de sus máximos y mínimos reales en un territorio.
Por otro lado, en el cálculo de las ratios de la red pública se agregan en mayor proporción los entornos rurales y el alumnado con más necesidad de apoyo que hacen bajar su promedio de ratio. Pero a costa de camuflar y dejar invisibilizados a otros centros públicos con ratios más altas que el promedio. En especial, si ciertas CCAA optan por cerrar grupos en la red pública y no construir nuevas plazas, saturando así determinados centros públicos que trabajan con ratios desmesuradas y sobrecapacidad de sus instalaciones. El promedio estadístico oficial los camufla, pero son la razón del malestar docente en aquellos casos más afectados.
Por tanto, hace falta un mapa caliente y desagregado de las zonas urbanas y municipios de la red pública con mayor sobre-ratio y de aquellos centros saturados que superan su capacidad programada. En suma, hay que hacer más cualitativo y desagregado lo que hoy es un indicador estadístico promedio con excesiva dispersión que no puede ser tomado como única medida para adoptar decisiones salomónicas y universales.
2.2. Durante la última década, tanto en ESO como en bachillerato, el profesorado ha trabajado con un pico demográfico de cohortes muy numerosas nacidas entre 1998-2008 en plena época de crecimiento y optimismo económico. Llegaron luego la Gran Recesión, los recortes y el RDL 14/2012 del ministro Wert que hicieron aumentar las ratios y la carga lectiva. En cambio, la llegada de la pandemia y la contratación extra de 33.000 nuevos docentes en el curso 2020-21 y de 21.800 en el curso 2021-22 han ayudado a aliviar la situación por razones epidemiológicas excepcionales gracias a la inversión extraordinaria de 2.000 millones desde el Ministerio de Isabel Celáa.
Ese contraste entre una coyuntura de máximos a la que sigue otra de mínimos por motivos de salud pública es algo irrepetible que ha despertado la expectativa sindical y docente de una bajada de ratios generalizada. No obstante, esa ducha escocesa, única en la historia reciente, no debería condicionar una bajada generalizada de ratios sin la debida reflexión, perspectiva de futuro y previsión de su coste/beneficio.
2.3. En tercer lugar, una bajada generalizada de ratios beneficiaría a la privada concertada por tener ratios más altas que la red pública, extendiendo potencialmente los conciertos a más grupos. Para el curso 2020-21, la ratio de la privada en ESO es más alta (25,1) que en la red pública (22,6), tal y como ocurre en todas las etapas educativas. Son 2,5 alumnos más por grupo, pero en Canarias son 6,1 alumnos más y en la provincia de Segovia son 8,8 alumnos más respecto a la pública. Son ratios elevadas que sirven como fuente de ingresos para la concertada (uniformes, comedores, extra-escolares…) y dado su coste, sirven como barrera excluyente y de cierre social para seleccionar su clientela. Eso sí, sin asumir la escolarización del alumnado vulnerable que le correspondería según el concierto y su zona. Bajar las ratios por decreto, con un coste descomunal aún por calcular, supondría una suculenta inyección de dinero público para la red concertada y un incentivo perverso para la reproducción de la segregación. Recordemos que pronto deberá aprobar el Ministerio (una vez oídas las CCAA) un nuevo decreto sobre los conciertos y que el sector ya ha dramatizado la caída demográfica como argumento de posición.
La bajada de ratios en la red concertada será un proceso natural por puro descenso demográfico y el aumento del alumnado que pierdan vendrá dado por el equilibrio de matrícula y el cumplimiento de la Lomloe contra la segregación escolar que impide zonas únicas e incluye el reparto del alumnado de matrícula viva. La caída demográfica y la nueva legislación anti-segregación fuerzan al sector concertado a construir un significante nuevo que no todos sus centros tienen interiorizado: su alumnado no ha de pagar por la escolarización dado que presta un servicio público.
En caso contrario, está haciendo competencia desleal al sector privado que no reclama concierto ni los compromisos en fines sociales que comporta. Por tanto, el propio mapa mental y corporativo de la concertada deberá cambiar a la hora de exigir fondos públicos. En este dilema, es esperable que aparezca en el debate, y con voz propia, una concertada inclusiva con verdadero interés público por el inter-clasismo y la diversidad que se diferencie de la concertada pro-mercado. La gran incógnita será ponderar el coste de la plaza, pero ése es otro debate y da para otro artículo.
2.4. En cuarto lugar, ciertas CCAA siguen aplicando muchos aspectos del RDL 14/2012 de Wert y no han invertido suficientes recursos para reducir ratios, en especial, en la secundaria. Por ejemplo, la política propia seguida en Cataluña sigue atada al decreto de Wert y la convierte en líder de las ratios más altas en la ESO de la red pública (28,2) casi al mismo nivel que su red privada (28,8) para el curso 2020-21.
Igual pasa en bachillerato en Andalucía con las ratios más altas de la red pública (29,4). La provincia de Málaga llega al máximo (30,4) junto con las provincias de Girona (29,3), Barcelona (28,9) y la Comunidad de Madrid (28,7). Recordemos que son promedios estadísticos y, por tanto, habrá ciertos centros en esos territorios (y otros) con sobre-ratios disparadas que pueden llegar a superar las ratios máximas estatales o autonómicas. Es el mapa de zonas calientes que las propias CCAA deberían priorizar y resolver. Por tanto, el nivel de gobernanza que ha de intervenir es el autonómico (meso) y no el central (macro) por pura eficiencia.
2.5. Por último, y lo más grave, en España si eres un alumno pobre soportarás ratios más altas, toda una anomalía en el contexto de la OCDE. Mientras en el promedio OCDE, los centros con más alumnado vulnerable tienen un 12 % de menor ratio respecto a los centros con más alumnado acomodado, en España es al revés y los más vulnerables tienen un 3 % de mayor ratio. Con datos PISA para la ESO, el promedio de ratio en España en las escuelas desfavorecidas que concentran el alumnado del 25 % de menor renta familiar es de 28,6 alumnos mientras que en escuelas favorecidas (con el 25 % de mayor renta familiar) es más baja, de 27,8 alumnos/grupo. Una anomalía que es inaceptable.
Esta evidencia muestra la necesidad de una política que priorice la bajada de ratios en entornos socio-económicos vulnerables donde el alumnado presenta mayor necesidad socio-educativa. En cambio, si se opta por una bajada generalizada y uniforme de ratios se estaría exacerbando y reproduciendo la desigualdad social ya existente. Una vez más, la uniformidad y el café para todos no implica igualdad cohesiva sino todo lo contrario, discriminación, asimetrías injustas y privilegios para unos pocos.
Aunque España es el tercer país europeo con mayor pobreza infantil (31,3 %), la política de ratios de las CC.AA deja mucho que desear, en especial, en la detección de alumnado NEAE por desventaja y vulnerabilidad socio-educativa: sólo se detecta un 2,6 % del total de alumnado en primaria y ESO cuando la tasa de exclusión social severa de los menores en España es del 22 % según Cáritas-FOESSA. Es una infradetección de casi 10 a 1 que impide una adecuada y justa bajada de ratios en las escuelas y entornos con una educabilidad más desafiante. Al contrario, esos centros suelen soportar las máximas ratios en la ESO que hacen desbordar al profesorado ante una mayor resistencia anti-escolar y disruptiva del alumnado más necesitado de apoyo.
Sin embargo, llama la atención que la infradetección del alumnado NEAE por desventaja y vulnerabilidad socio-educativa no sea denunciada ni por el profesorado ni por sus sindicatos dado que sería automática la bajada de ratios como grupos de diversificación curricular y de atención preferente, según establecen la mayoría de las normativas autonómicas. Ahí tienen un frente de batalla y exigencia planteándose esta pregunta: ¿qué datos sociológicos y de registros oficiales (Hacienda, padrón, servicios sociales…) se usan en esa defectuosa detección y quién la hace? El sistema educativo español sigue funcionando a pedales en cuanto a la inter-operabilidad estadística y ya va siendo hora que se modernice y digitalice con big data para identificar mejor el índice de necesidad educativa (NEE y NEAE) de cada centro. El sistema dice ser equitativo, pero sigue sin conocer la desigualdad y desventaja de origen que la sociedad le transfiere sin que tampoco le ayude con los recursos adecuados.
De hecho, buena parte de los datos de equidad de que dispone el sistema español provienen de fuentes internacionales ante la inexistencia, tanto a nivel estatal como autonómico, de un Observatorio de la Equidad del Sistema Educativo. La mayoría de los países avanzados ya lo tienen y les permite evaluar la equidad desde infantil a estudios universitarios y sus primeros años de vida activa. Ayudaría mucho a la toma de decisiones y a ilustrar a la ciudadanía sobre el peso real de las desigualdades de origen en los resultados y trayectorias, sobre a contribución equitativa de las becas o sobre el funcionamiento real del ascensor social y de la meritocracia en España. Hoy en día son temas distorsionados por fakes, falacias y subjetividades dogmáticas.
Casi cuatro años después de que fuese anunciado por la ministra Isabel Celáa, tanto el Ministerio de Educación como el de Universidades siguen sin contar con este potente observatorio de equidad analítica que, si las CCAA lo nutren del número de identificación del alumno (NIA) aprobado en la Lomloe, daría lugar a un big data pormenorizado que ayudaría a una mejor gobernanza de la equidad, de las necesidades educativas y de la prevención del abandono temprano. Además, ayudaría a centrar el debate y anular los pánicos morales y mentiras de la derecha reaccionaria que vive de mitificar y normalizar el “esfuerzo individual” a costa de ocultar los problemas estructurales de equidad e inclusión educativa que explican buena parte de los resultados del sistema.
Por otra parte, dado el volumen demográfico que representa intervenir en los entornos vulnerables, en la detección adecuada de la vulnerabilidad socio-educativa y en el mapa caliente de centros con sobre-ratios, con bastante probabilidad el promedio de la ratio en ESO bajaría en España de los actuales 25 hasta los 23 alumnos del promedio OCDE y en ciertas CCAA aún menos. Por tanto, nadie es más aliada de la bajada de ratios que la equidad y el profesorado debería darse cuenta y pasar a ser sus máximos defensores.
Por último, el debate de las ratios sigue anclado en la premisa del modelo 1×1 que adjudica un docente a una materia, un grupo y un aula como forma canónica de organizar el conocimiento y adjudicar la docencia. Es una herencia cultural y escolástica que se remonta a la jesuítica Ratio Studiorum de 1599. Trasplantada a la moderna escuela de masas, es un modelo que instaura una clasificación “fuerte” y parcelada del conocimiento (“pedagogías visibles” para Basil Bernstein) y una rocosa identidad de asignatura que reproduce una cultura individualista docente poco dada a colaborar.
Recordemos que en los informes TALIS, el 48% del profesorado español de la ESO nunca ha colaborado en actividades conjuntas con otras asignaturas, el 87% nunca ha observado el aula de otros profesores (el doble de la media OCDE) y el 76% no participa en ninguna red de profesores. Son datos anómalos en el contexto internacional donde la formación continua en el centro y la cultura colegiada y colaborativa entre docentes están mucho más asentadas. Por si fuera poco, España presenta cifras muy bajas de lectura experta sobre educación y pedagogía por parte de los docentes (47%) frente a la media OCDE (72%) y solo un 28% de los directores de secundaria cree que los equipos docentes deben ser formados en metodologías colaborativas.
La docencia compartida o co-docencia es una metodología de formato flexible con diferentes modalidades de llevarla a cabo que implica todo un cambio de paradigma. En especial, destaca por sus efectos positivos en la atención de la diversidad del alumnado, la mejora del clima del aula, la reducción del estrés docente y el aprendizaje mutuo y la confianza entre docentes [1]. Ciertas CCAA con gobiernos socialistas en Educación han aprovechado los fondos covid para impulsar pilotos de co-docencia: Navarra (110 centros), Comunidad Valenciana (80), Castilla-La Mancha, Aragón y Baleares.
La LOMLOE promueve la co-docencia y la evaluación colegiada, instando a las CCAA a que desarrollen formaciones y experimentaciones-piloto que implicarían reducir la actual carga lectiva docente en favor de más horas de coordinación, co-planificación, co-tutoría y coevaluación. Se rompería así la premisa 1×1 que hace atascar el debate de las ratios y lo desenfoca de su dimensión real: redefinir hoy la relación del alumnado con el conocimiento a través de metodologías más activas y rigurosas en lo académico, pero más personalizadas, en base a reorganizar aulas, horarios, docentes y materias en forma de ámbitos, co-docencia e hiper-aulas. Un curriculum competencial ha de derribar tabiques físicos y paredes mentales.
El objetivo en pleno siglo XXI es lograr una nueva relación de enseñanza-aprendizaje más enriquecida y personalizada y menos encorsetada en la organización rígida del aula derivada de la Ratio Studiorum de 1599. Menos aulas con puertas cerradas y más ecosistemas de aprendizaje conectado, en red e inter-disciplinares. Los institutos públicos no han de ser universidades elitistas en pequeño balcanizadas en cátedras y departamentos sino campus abiertos y estimulantes de aprendizaje, progreso y descubrimiento de todos los talentos entre 12-18 años. La LOMLOE lo posibilita.
Para ello y para empezar, es imprescindible que el profesorado reduzca su carga docente en las 10 CCAA que siguen con 25 horas en primaria y en las 4 CCAA que siguen con las 20 horas en secundaria. Ahora mismo, solo 4 CCAA fijan una carga lectiva de 23 horas en primaria y otras 8 CCAA establecen 18 horas para secundaria. La reversión del RDL 14/2012 de Wert debe ser completa, incluso en las CCAA donde gobierna el PP, por la imposibilidad de liberar el suficiente tiempo docente de coordinación y co-planificación que implica desarrollar los ámbitos inter-disciplinares o la docencia compartida.
El profesorado en España pasa demasiadas horas en el aula, sin contar ni con los recursos de apoyo necesarios ni con las ratios corregidas por índices de equidad, a costa de disponer de pocas horas y espacios de coordinación. Son espacios y tiempos del todo indispensables para que germine una I+D+i liderada por los propios docentes en tanto que intelectuales transformadores (Giroux): en tareas como la coordinación organizativa del centro, la formación permanente, el diseño y desarrollo de proyectos, la acogida e inducción de profesorado novel, la puesta en marcha de innovaciones y cambios metodológicos, la investigación y discusión de las evidencias de lo que funciona o el trabajo colaborativo y en red con otros centros y equipos docentes. Todos ellos son ingredientes de la profesionalidad reflexiva docente (Schön) y de los significados que implica la docencia compartida. Son reclamados por los propios docentes y son del todo imprescindibles para construir sólidos liderazgos pedagógicos para una escuela pública de alta calidad, rigurosa y moderna. La pregunta es qué CCAA apuestan o no por desarrollar esos tiempos y espacios de I+D+i escolar y cómo la estimulan como parte de una política de innovación pública.
Como hemos visto, el debate de las ratios no puede ser reduccionista y unidimensional, es bastante más complejo y laberíntico que las retóricas simplistas habituales. Una bajada lineal y uniforme de ratios entrañaría altos costes fijos de entre 4.000 o 6.000 millones anuales en función del tamaño al que se quieran bajar las ratios (a 21 o 20). Puede representar entre el doble y el triple de toda la inversión anual que hace el Ministerio en becas que, para 2022-23, será de 2.134 millones de euros. Es un coste desorbitado que la literatura internacional desaconseja al no demostrar que tenga impacto significativo en la mejora de los resultados de aprendizaje y si se da, es bajo ciertas circunstancias excepcionales.
La red internacional de expertos, voluntaria y sin ánimo de lucro Campbell Collaboration realizó en 2018 un metas-análisis de 148 estudios realizados sobre el tema ratios en 41 países y concluye que reducir el tamaño de las clases tiene un efecto nulo o muy leve tanto en la competencia lectora como en la matemática. Sin embargo, la evidencia acumulada sí nos dice que la bajada de ratios tiene un coste-beneficio positivo si se aplica en centros y entornos socialmente vulnerables. Ésta debería ser la primera medida a aplicar por todas las CCAA en base a índices de necesidad o complejidad educativa y extendida a los 1.000 barrios más vulnerables que existen en España.
Como hemos dicho, debería mejorarse mucho la detección del alumnado en situación de exclusión social severa y vulnerabilidad socio-educativa para extender esta política con impacto y nivelar su derecho a la educación. Al diagnóstico médico o psico-pedagógico que sirve para determinadas categorías NEE o NEAE hay que añadir el diagnóstico sociológico de las condiciones de vida del alumnado más penalizado por la pobreza y privación familiar. En esta labor, la coordinación entre municipios y CCAA es imprescindible y urgente (con la debida protección de datos) para tener una política más robusta de igualdad de oportunidades que compense las desigualdades de partida y de proceso para que los resultados sean el máximo de independientes de los orígenes.
En suma, las CCAA encaran la próxima década 2022-2032 como la más desafiante y transformadora, aprovechando la caída demográfica y el esfuerzo en financiación que está haciendo el gobierno de coalición para dar un gran salto de calidad hacia la excelencia del sistema. En todo caso, la solución no pasa por una bajada generalizada de ratios por su sobre-coste inviable y su claro efecto reproductor de la desigualdad incubada ya en el sistema. En cambio, la opción eficiente y justa es bajar ratios para neutralizar la inequidad e introducir la co-docencia ante cohortes de alumnado que serán más reducidas. La caída demográfica también es una gran oportunidad de contexto para reducir la actual carga lectiva y consolidar un espacio de I+D+i de desarrollo profesional docente en los propios centros. El debate de las ratios debe abrir todas esas carpetas y sincronizarlas en un círculo virtuoso que, bajo el paraguas de la LOMLOE, sea duradero y muy focalizado en la práctica y necesidades de los centros a fin de mejorar la calidad y los resultados de un sistema más inclusivo, riguroso y personalizado. Apliquemos la inteligencia colectiva y hagámoslo posible.
[1] Huguet, T. (2006). Aprender juntos en el aula. Graó editorial; McDuffie, K. (2012) Co-teaching: Necessary Components to Make it Work. https://louisville.edu/education/abri/files/Co-teaching%20Webinar.pdf; Friend i Cook (2004). Co-Teaching: Principles, Practices, and Pragmatics. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED486454.pdf;
Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/04/25/caida-demografica-bajada-de-ratios-y-co-docencia-que-hacer/
Izquierda Diario
En el aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba se unieron en la calle los reclamos de la docencia cordobesa. Con una fuerte denuncia a la política de los gobiernos de ayer y de hoy que han promovido el vaciamiento a la educación pública, la precarización laboral y las indignas condiciones para enseñar y aprender.
Compartimos también el comunicado que han difundido los colectivos y agrupaciones convocantes y el registro que hizo La Izquierda Diario en la movilización. La unidad de las luchas para frenar el ataque permanente del gobierno a la educación es algo completamente necesario.
LA LUCHA ES UNA SOLA- FUENTEALBA PRESENTE
A 15 años del asesinato del Maestro Carlos Fuentealba, Docentes Autoconvocadxs de la provincia de Córdoba, invitamos a la Marcha que realizaremos el día lunes 4 de abril a las 18hs para recordarlo en la calle, llevando en alto y uniendo nuestros reclamos, trayendo su lucha a la actualidad, desde Colón y General Paz hacia Patio Olmos.
Ayer y hoy el vaciamiento a la educación pública, la precarización laboral y las indignas condiciones para enseñar y aprender por parte de los gobiernos de turno, significan un ataque al derecho a la educación de nuestros estudiantes como así también a nuestros derechos como trabajadorxs de la educación. Y en este mismo sentido, la conducción de la UEPC acompaña las políticas gubernamentales por lo que exigimos al sindicato -que ES de lxs docentes y no de lxs dirigentes- tome las demandas y reivindicaciones de lxs docentes.
Como el compañero Fuentealba, luchamos por la defensa de la educación pública y exigimos:
MAYOR PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN
BASTA DE PRECARIZACIÓN LABORAL
DERECHO AL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE TODXS NUESTROS ESTUDIANTES DESDE EDADES TEMPRANAS CON TODAS LAS CONDICIONES PEDAGÓGICAS, LABORALES, MATERIALES.
CREACIÓN DE CARGOS NECESARIOS EN CADA UNO DE LOS NIVELES.
TITULARIZACIÓN INMEDIATA DE TODOS LOS CARGOS PRECARIZADOS.
CAPACITACIÓN GARANTIZADA POR EL ESTADO, EN SERVICIO Y DE FORMA GRATUITA.
NINGÚN CIERRE DE CURSOS NI DE SEDES.
PASE DE TRANSPORTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES Y ESPECIFICIDADES DE LA MODALIDAD HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA PERMITIÉNDOSE EL ACCESO DE LXS ESTUDIANTES A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
SALARIOS QUE SUPEREN LA CANASTA FAMILIAR.
DEROGACIÓN DE LA LEY 10.694. BASTA DE DIFERIMIENTOS EN EL PAGO A LXS JUBILADXS. POR EL 82% MÓVIL.
DEROGACIÓN DE LA LEY 10729 POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS TÍTULOS Y LAS TRAYECTORIAS.
INMEDIATO PROCESAMIENTO DE TODOS LOS MAB, NINGÚN DOCENTE SIN COBRAR
¡¡¡JUICIO Y CASTIGO LOS RESPONSABLES POLÍTICOS!!! ¡¡¡CÁRCEL PARA SOBISCH!!!
¡¡¡COMPAÑERO CARLOS FUENTEALBA, PRESENTE!!! ¡¡¡AHORA Y SIEMPRE!!!
CONVOCAN:
Colectivo de Educación Inicial Córdoba – Docentes del Nivel inicial Autoconvocadxs – Cenmas en Alerta – Profesores comunicadores – Agrupación Carlos Fuentealba – Agrupación Docente María Saleme – Alternativa Docente – Che Docente – Colectivo Docente Otilia Lescano – Docentes en Marcha – Docentes de Base – Espacio de Docentes – Autoconvocados- Tribuna Docente-
https://www.laizquierdadiario.com/Video-Movilizacion-docente-en-Cordoba-en-defensa-de-la-educacion-publica
Emir Sader
En este artículo el autor reflexiona sobre la necesidad de construir otro mundo posible, diferente de este mundo ‘diabólico’.
El mundo está como le gusta al diablo: guerras, epidemias, catástrofe ecológica, miseria campante, amenazas, los peores pronósticos posibles. Se necesita una chispa para que todo se incendie. Alguien o algo puede salirse de control y eso es todo: el tan anunciado fin del mundo.
Todo como le encanta a los pesimistas. La guerra de Ucrania podría extenderse a toda Europa. Rusia podría recurrir a las armas nucleares, Estados Unidos anuncia que Rusia también sería destruida.
Hay especulaciones sobre posibles soluciones para el fin de esta guerra, pero todas parecen imposibles. Que Rusia salga plenamente victoriosa, incorporando a Ucrania a su territorio y avanzando a otros territorios. Una salida que solo remitiría a otras guerras, ya sea por la repuesta de Moscú, o por las respuestas militares de la OTAN, que esta vez intentaría tomar la iniciativa antes que el Kremlin. Posibilidad no favorable a una situación de paz y estabilidad. Antes puede apuntar a la llamada Tercera Guerra Mundial, que liquidaría todo y a todos, por el carácter demoledor que tienen las potencias nucleares para aniquilarse unas a otras, sin capacidad de defenderse de ser aniquiladas.
Una segunda posibilidad para el final de esta guerra sería la situación contraria: Rusia sería derrotada, tendría que retirar todas sus tropas del exterior y tendría un daño económico y social aún más grave, además del daño a su capacidad militar. Supondría que el poder atómico de Rusia sería neutralizado -no se sabe cómo sucedería-, pero no podría evitar que, una vez mas en su historia, Rusia recobrara fuerza y reapareciera como una gran potencia nuclear. Nada alentador para un mundo de paz y estabilidad.
La tercera hipótesis sería la de un acuerdo mágico, en el que cada uno cede un poco y se llega a un tratado de paz que dejaría a todos si no contentos, al menos aliviados. ¿Qué podría ser este acuerdo mágico?
Rusia sacaria sus tropas de Ucrania y de sus fronteras, incorporaría, de una forma u otra, las dos provincias autónomas bajo su influencia, con la garantía de que la OTAN no incorporaría a Ucrania y que, por tanto, no habría tropas en su frontera. Una especie de nuevo Acuerdo de Minsk, esta vez de verdad. Y todos seríamos felices y comeríamos perdices.
¿Quién cree esto?
A continuación, podemos elegir los diferentes tipos de fin del mundo. Sin contar la propagación de una nueva pandemia, sin una vacuna para neutralizarla. O un desastre ecológico, tan anunciado desde hace tanto tiempo, en el que diversas partes del mundo se presentan como candidatas a desatar tales desequilibrios, que nada volvería a ser como antes, quizás ni siquiera la Ley de Newton.
Los programas de televisión incorporarán próximamente la pregunta de sus entrevistados sobre qué tipo de fin del mundo prefieren. Una guerra nuclear, un tsunami universal, una epidemia que se esparce por tocar los celulares o los televisores, o alguna combinación de todos ellos, que ninguna película de catástrofes ha previsto hasta ahora.
O, como suele decirse, dejemos de lado el pesimismo, al menos por un momento. Dejemos el pesimismo para tiempos peores. Estos tiempos no conllevan, más allá de todos los riesgos, un pesimismo generalizado.
¿No habría otro posible fin del mundo? ¿Más suave, más lento, más pacífico? ¿No puedes esperar la posibilidad de que todos nos traslademos a otro de esos planetas a los que llegan los millonarios y ven el fin del mundo -o de la Tierra- desde arriba, como en una película?
Tal vez no. Tal vez nos tengamos que conformar con nosotros mismos, con todos los problemas que creamos o que permitimos que se crearan. Lograr la paz con acuerdos de fin de la guerra. Controlar las pandemias con medicamentos preventivos. Prevenir los desequilibrios ecológicos que llevan todo al infierno a través de políticas y actitudes que también cuiden la Naturaleza.
Al fin y al cabo, nos educaron, de niños, con historias que siempre acababan bien. Luego Hollywood se encargó de acostumbrarnos a los happy ends.
¡Quien sabe! ¡Quién sabe! Podría esperarse, en la expectativa optimista de que ninguna de las amenazas prosperará, son solo eso, amenazas. O intentar un gran pacto entre hombres de buena voluntad, suponiendo que existan y tengan poder sobre todos los riesgos que nos aquejan.
O elegir a Lula y pedirle otro milagro, además de recuperar este país entregado a las cucarachas y los ratones. Que convoque a los grandes agentes de las crisis a una asamblea general, quizás en el Maracaná, para llegar a un acuerdo, en el que todos se comprometan a actuar bien y para bien, a pesar de sus intereses particulares.
No está de más soñar, porque la realidad es irritante, amenazante, nos sorprende cada mañana con nuevos riesgos y declaraciones que nos impiden dormir. Los medios de comunicación, además de ser malos como fuente de información y de interpretaciones, prefieren el fin del mundo -o al menos su inminencia- porque da más audiencia y por tanto más publicidad.
El deseo entonces es no despertar cada mañana e irse a dormir enseguida cada noche, para acabar con el mal día. Los pesimistas dirán que al día siguiente todo será aún peor. Los optimistas, que moriremos mientras dormimos.
¿O no? Cualquier novedad, para bien o para mal, haremos una edición extraordinaria en este mismo espacio. Quizás anunciando que Otro mundo es posible.
Por: https://www.20minutos.es
Unas 22.000 personas del sector de la Educación, según la Guardia Urbana, y 40.000 según CC.OO. se han manifestado este martes en Barcelona en la primera jornada de la huelga educativa en Cataluña para protestar contra los recortes y las políticas del conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, además de para reclamar mejoras.
La huelga de cinco días convocada por los sindicatos CC.OO., UGT, CGT, USTEC, USOC, la Intersindical y Aspepc·Sps ha comenzado este martes, con un seguimiento del 33% en los centros públicos según el Govern -8,26% en los concertados- y del 60% según CC.OO.. La huelga seguirá el miércoles, el jueves y también los días 29 y 30 de marzo y, con la ella, el sector de la Educación de Cataluña reclama llegar al 6% del PIB en inversión, reducir ratios de alumnos, retirar el nuevo currículum y el nuevo calendario escolar y estabilidad para el personal interino, entre otras cosas.
La manifestación de Barcelona ha comenzado a las 11:30 horas en Jardinets de Gràcia y ha marchado por la avenida Diagonal, la calle Muntaner y la Via Augusta hasta alcanzar la sede del Departamento de Educación de la Generalitat, donde los manifestantes han llegado hasta la puerta del edificio y se han encontrado con un cordón de los Mossos d’Esquadra.
Durante la marcha, los manifestantes han gritado consignas como «no son las vacaciones, son las carencias»; «no es el calendario, es trabajar precario» y «no son cinco días de vacaciones, son 10 años de recortes», en referencia a que la protesta no estaba relacionada únicamente con la decisión de adelantar el calendario escolar una semana. Además, se han oído otros cánticos como «queremos educar, pero con calidad» y continuas peticiones de «dimisión» dirigidas al conseller Cambray.
En el transcurso de la protesta alrededor de la sede de Educación, representantes de varios sindicatos han entrado al edificio para reunirse de urgencia con Cambray, pero el encuentro no ha dado frutos y los sindicatos han reclamado negociar con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya que, aseguran, no quieren «perpetuar» la situación, pero consideran que el conseller de Educación ya no es válido para continuar con el diálogo.
Tras la reunión, los sindicatos han lamentado que el conseller no haya hecho «ninguna propuesta» y que haya vuelto a mostrar «su inmovilismo», en palabras de la portavoz de USTEC, Iolanda Segura. Marta Minguella (CGT), por su parte, ha asegurado que Cambray les ha vendido «humo» y ha ignorado la manifestación multitudinaria. Lorena Martínez (UGT) ha dicho que, si el conseller no es capaz de negociar, «que dimita», y Joan Alís (Aspepc) ha considerado la huelga «histórica».
Entre los manifestantes que han acudido a la protesta, se encuentra Gonçal, profesor de dibujo de secundaria, que explica a este diario que «la gente piensa que nos quejamos porque queremos más vacaciones, pero no es así. Queremos frenar la implementación del nuevo currículum porque propone reducciones de horas de muchas asignaturas que son muy importantes y queremos también reclamar ratios más razonables de alumnos para poder atender a la diversidad». En definitiva, «queremos una educación de calidad», apunta.
Rosa y Àngels, de USTEC, aseguran estar «hartas de imposiciones y de que no haya debate ni negociación», en referencia a la falta de negociación con el sector sobre el nuevo currículum escolar y sobre el adelanto del inicio del curso 2022-2023. «Cambray negocia con todos menos con los representantes de los trabajadores y los docentes están agotados tras dos años de pandemia y 10 años de recortes. Si tanta gente ha salido a la calle porque no lo está haciendo bien, algo tiene que cambiar», añaden.
El Govern ha establecido unos servicios mínimos de un docente por cada tres aulas (33%) en educación infantil, primaria y secundaria, el 50% de las plantillas en centros de educación especial y guarderías y se debe garantizar la presencia de una persona del equipo directivo por cada centro, el 50% de la plantilla de monitores, servicio de cocina, servicio de acogida, extraescolares y servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
En la escuela pública los paros seguirán los días 16, 17, 29 y 30 de marzo; en la concertada también el miércoles día 16; el personal laboral y el de ocio educativo está llamado a la huelga este mismo martes; y además está prevista otra huelga el día 23 contra el 25% de castellano en las aulas catalanas dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
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María B. Jordán | LA PRENSA DE LARA.-
Generar propuestas para que diferentes sectores como la familia, profesores, productores, pero también el Estado se una a la protección y la defensa de la educación, es el «pacto en la educación» que fue anunciado por representantes de Fe y Alegría, cuyo objetivo es compartido por el sector público y universitaria, ante la emergencia educativa en el país.
Noelbis Aguilar, directora de Fe y Alegría, explicó a LA PRENSA que el pacto de educación se trata de unir a los diferentes sectores y rescatar lo que está deteriorado en el sistema educativo, donde no sólo se incluya a la familia, sino a diferentes áreas como el productivo, pero también el estado venezolano, quien debe garantizar espacios idóneos para impartir las clases.
«Deben existir diálogos y acuerdos para promover la educación como un derecho fundamental, eso sucede en cualquier país del mundo», dijo Aguilar, quien explicó que va desde la protección y la formación a los docentes y estudiantes, pero que también involucre a los otros sectores que hacen vida en el país, porque sin educación no hay futuro y muchos están quedando excluidos porque no cuentan con herramientas para clases en pandemia.
Esa opinión la comparten Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Lara, y aseguró que desde hace varios años han exhortado la necesidad de buscar estrategias para salvar la educación «porque no se está formando de manera adecuada y el Gobierno nacional no cumple con sus responsabilidades», añadió que lo ideal es que todos los sectores se unan para poder mejorar la calidad de educación que se ha tenido en Venezuela desde hace años.
Espacios y salones en buen estado, dotación de insumos, material bibliográfico y deportivo, pero además formación y buenos salarios son algunas de las prepuestas que tienen desde el Colegio de Profesores para incentivar a que la educación tenga un giro.
El sector universitario también comparte la idea, tomando en cuenta que la educación no puede seguir en manos de los profesores y los estudiantes, pues el Gobierno nacional debe accionar, «deben priorizar la educación, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades», dijo Déborah Velásquez, presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA (Apucla), y enfatizó que deben exigir que hagan una inversión para la sociedad.
https://www.laprensalara.com.ve/nota/44133/2022/03/fe-y-alegria-propone-estrategias-para-fortalecer-la-educacion