El charrismo (porrismo) sindical se hizo presente

Una característica del charrismo es el uso de la violencia irracional cuando el peso de los argumentos, de la justicia, los empieza a acorralar. Así era el actuar de Vanguardia “Revolucionaria”, grupo de choque de la asesina Elba Esther Gordillo, que amenazaba, golpeaba y boicoteaba las asambleas cuando los acuerdos no estaban a su favor o algunos de sus aliados estaba a punto de que la base lo ajusticiara.

El día 2 de febrero de 2024, en la Asamblea de Nivel de Secundarias Técnicas, se dio una muestra de dignidad sindical ya que se denunció la corrupción de Helmer Noé Mateos Hernández, titular de la secretaría de conflictos de ese nivel. Los auxiliares manifestaron su desaprobación con la convocatoria de dicha asamblea, mencionaron que estaba a modo para que el grupo de Helmer tuviera la fuerza suficiente para romper la mesa. También la Escuela Secundaria Técnica 84 se quejó de un acto de venganza por parte de Mateos Hernández contra la planilla que desplazó para sustituirla por otra afín a los intereses del secretario de conflictos, una clásica maniobra de compra de conciencias al estilo del charrismo. También hubo otras cinco denuncias donde se mencionaban preferencias de cambios y negociación de horas con la condición de subordinarse a la autoridad de Helmer Mateos.

Con la presencia de la profesora Yenny Pérez Martínez y del profesor Luis Alberto López Pazos, secretaria general y titular de la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Sección XXII CNTE-SNTE respectivamente, varios oradores argumentaron que no se podía permitir que siguiera en funciones un personaje que laceraba la lucha histórica del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca. Después de la instalación de la asamblea, la orientación fue el nombramiento de una comisión de honor y justicia y la inhabilitación de Helmer Mateos en lo que se aclaraban las denuncias que ya se habían presentado en la mesa, denuncias con rostro y nombres, no como los panfletos anónimos que ocultan a sus autores, ya que la mentira avergüenza.

Parte de la base gritaba desde el exterior “¡Fuera Helmer!” Los oradores charros intentaron argumentar la permanencia de su dueño, entorpecieron la continuación de la asamblea tomando una y otra vez la palabra, y cuando la Secretaria General pretendía seguir con el orden del día, interrumpían con discursos estériles. El profesor López Pazos leyó el procedimiento del Principio Rector 20 con lo cual, al ver que el peso de los Principios Rectores aplastaba sus galimatías, el grupo que defendía a Helmer Mateos se acercó a la mesa.

La Secretaria General orientó que nos dividiéramos en regiones para el nombramiento de una comisión de honor y justicia, en ese momento los charros corrieron hacia la mesa. Alguien que identificaron como Salomón de la D-II-40, levantó la mesa aventándola hacia la profesora Yenny Pérez. Los ánimos se caldearon; los gritos de “¡Fuera Helmer!” sofocaron a los de “¡Fuera Pazos!” Quienes rompieron la mesa reclamaban receso, quienes asistimos permanecimos sentados esperando que se calmara la situación para continuar. La violencia charra esperaba la dispersión de los compañeros democráticos, pero prevalecimos. Al grito de “¡Siéntese, continuemos!”, los charros seguían escupiendo su violencia hacia la Secretaria General. Helmer Mateos ordenó que retiraran bocinas y micrófono mientras los charros argumentaban que la asamblea no podía seguir bajo esas condiciones.

A pesar de que la Secretaria General solicitaba al grupo que defendía a Helmer Mateos, tomara asiento, éste no lo hizo. La asamblea entró en receso.

¿Cómo es posible que prácticas charriles contra las que lucharon Misael Núñez Acosta, Genaro Vázquez, Enedino Jiménez, prevalezcan? ¿La base permitirá la legitimidad de Helmer Mateos y del grupo que lo defiende o caerá en la misma pasividad que mantuvo impune al CES traidor? La base democrática tiene la última palabra.

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

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¿Qué pasa en la UNAM?

Por: Roberto Rodríguez

En los últimos meses han ocurrido en la Universidad Nacional una serie de paros, toma de instalaciones y suspensión de actividades en varias de las entidades de la institución, principalmente en las escuelas del bachillerato. Al momento de escribir esta colaboración se mantienen en suspensión cuatro planteles de la UNAM: las preparatorias Tres, Siete y Nueve, así como la Facultad de Filosofía y Letras.

En noviembre del año pasado se suspendieron actividades dos semanas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esa coyuntura, el tema de la violencia de género ocupó el lugar central, y la solución del conflicto se derivó del compromiso institucional de atender a las demandas formuladas por el colectivo de mujeres que participó en la toma.

Un elemento común de las actuales expresiones de protesta ha sido el reclamo por la insuficiente atención a demandas relacionadas con acoso y otras formas de violencia de género. Desde la perspectiva de los grupos estudiantiles que han protagonizado o participado en esos eventos, las autoridades universitarias han sido omisas para resolver la problemática. También se ha señalado la inoperancia de dispositivos tales como protocolos, recomendaciones o campañas centradas más en la persuasión que en un efectivo rediseño de las pautas de convivencia universitaria.

En algunos casos, principalmente en las escuelas de bachillerato, a las demandas de género se han agregado otras: las condiciones de seguridad dentro y en el entorno de los planteles, los servicios de auxilio médico, el equipamiento de aulas y talleres, e incluso la disponibilidad de espacios para los colectivos de acción política y cultural. Persiste la exigencia de erradicar el porrismo en las escuelas y se han denunciado casos de posible corrupción o abuso de autoridad de funcionarios e incluso profesores, entre otros temas. Además se demanda la reformulación de los protocolos para la atención de las formas de violencia de género, en cuyo diseño participen los colectivos de mujeres estudiantes, la impartición de asignaturas obligatorias para concientizar a los estudiantes en la temática, así como la creación de servicios para el apoyo psicológico y jurídico a las víctimas.

Una de las demandas más complejas, presente en varios de los paros, es aquella que exige la expulsión o despido, según el caso, de estudiantes, académicos, funcionarios o trabajadores que han sido señalados, incluso en forma anónima, como posibles victimarios o cómplices de casos de acoso o violencia sexual. Las posibilidades de un procesamiento con justicia de acusaciones de esta naturaleza probablemente exceden las capacidades institucionales, por ello su solución no es sencilla como elemento de una negociación mutuamente satisfactoria entre las partes.

Una pregunta que ronda el ambiente es ¿se trata de movilizaciones aisladas, de movimientos articulados entre sí, o de protestas dirigidas desde el exterior universitario para desestabilizar a la institución? Las hipótesis de un complot contra la institucionalidad cobraron credibilidad en la coyuntura del proceso de elección del rector a finales del año pasado, entre otros factores por la participación en el proceso sucesorio de la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La reelección de Enrique Graue al frente de la Universidad no modificó sustancialmente la conflictividad de la protesta; quienes pensaban que una vez concluido el trámite de cambio o renovación de la rectoría se aplacaría el conflicto estaban equivocados, ello no ocurrió así, más bien al contrario.

No puede dudarse que los grupos promotores de las tomas de instalaciones se comunican entre sí, es de sentido común. Pero hay una distancia entre ello y la hipótesis de un único movimiento coordinado y articulado por una dirección central y estratégica. Es poco probable si se toma en cuenta la relativa diversidad de expresiones, demandas específicas, fórmulas de negociación e incluso la auto-caracterización de los colectivos protagonistas. Todo parece indicar, más bien, que hay una influencia recíproca en los repertorios de la protesta, en el eje compartido sobre las demandas de género y probablemente también en los esquemas de resistencia/negociación.

Desde luego es llamativa la dificultad que priva hasta el momento para la operación de canales de diálogo eficaces. El caso de la Facultad de Filosofía y Letras, en que las aproximaciones desde la autoridad con propósitos de una negociación convencional conducente a la devolución de las instalaciones han sido infructuosas. Tampoco han rendido el fruto esperado las opciones de intermediación entre las partes del conflicto, y no se advierte cuál podría ser la ruta de solución. En la Preparatoria 9, las cosas han cobrado un perfil todavía más complejo por la confrontación de grupos de estudiantes y padres de familia que buscan recuperar, motu proprio, las instalaciones. Cuando el espacio de autoridad es ocupado por otros actores, las cosas andan muy mal.

Las clases han iniciado y los paros siguen. Seguramente por ello las autoridades de la Universidad intentan una solución urgente. Pero el retorno a la “normalidad” confronta, precisamente, el tema central de la protesta. ¿Se espera que las comunidades de estudiantes y académicos operen como una presión para finalizar los paros? No es sencillo, por una razón: con cada vez mayor claridad se generaliza la opinión según la cual las demandas son legítimas aunque los medios para hacerlas cumplir no lo sean en la misma dimensión.

¿Y por lo tanto? Dos riesgos claros: uno es que los conflictos escalen en el entorno universitario, lo que podría suceder si no se consigue su anticipación y procesamiento. El otro es que el fenómeno pueda ser replicado en otras instituciones. Ello no es impensable e implica asumir, antes que sea tarde, respuestas que atiendan la problemática de género en cada una de las instituciones de educación superior y centros de bachillerato.

También hay una tarea para los legisladores: incorporar a la nueva Ley General de Educación Superior la perspectiva de género en su doble dimensión: oportunidades equitativas y respeto íntegro a la dignidad y seguridad de las personas.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/que-pasa-en-la-unam/

Imagen: https://pixabay.com/photos/unam-library-th-university-mexico-2167334/

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La Universidad Nacional y la violencia

México / 16 de septiembre de 2018 / Autor: Luis Hernández Navarro / Fuente: La Jornada

Visto desde arriba, desde las pugnas de las élites y la ingeniería de fabricación de conflictos, la salvaje agresión de los porros contra una manifestación pacífica de alumnos del CCH Azcapotzalco frente al edificio de Rectoría en Ciudad Universitaria (CU) fue una clara provocación para generar un problema de grandes proporciones sociales.

Mirada desde abajo, desde el hartazgo juvenil contra la inseguridad y el acoso y el malestar de los profesores de asignatura con la precariedad laboral, la vigorosa y masiva movilización y el paro generalizado en la UNAM con el que los jóvenes universitarios respondieron a la golpiza, constituye una acción legítima, nacida de las problemáticas no resueltas que atraviesan buena parte de la comunidad de esa institución.

La agresión del 3 de septiembre fue perpetrada a plena luz del día, frente a cámaras de televisión, para ser difundida masivamente. Haciendo ostentación de su violencia, los porros atacaron a estudiantes pacíficos, sin el menor cuidado por esconder su identidad. Buena parte de la prensa presente en Rectoría informó con objetividad que la golpiza era obra de los grupos de choque. Las redes sociales viralizaron la embestida.

En todo momento los porros contaron con la complicidad y el apoyo de los servicios universitarios de vigilancia. Se trasladaron a CU desde el estado de México. Fueron convocados por la Dirección General del Deporte Universitario, a cargo de Alejandro Fernández Varela. Teófilo Licona, El Cobra, funcionario de Auxilio UNAM, aparece en muchos videos junto a los golpeadores.

Desde la lógica de las pugnas en las élites, un conflicto de grandes proporciones en la UNAM podría enorpecer la supuesta transición de terciopelo del futuro gobierno. Más aún si se empalma con el inminente estallido de 10 universidades públicas que se encuentran en bancarrota. Todo ello agravado, por el viraje de una buena parte de la nomenclatura de la UNAM hacia el lopezobradorismo, en detrimento de su tradicional alianza con el priísmo.

Pero, independientemente de las causas que pudieron auspiciar la provocación, la respuesta estudiantil tiene vida propia. Cuando los jóvenes estudiantes de los CCH o de las preparatorias exigen la renuncia de Benjamín Barajas o del rector Enrique Graue, no están siendo manipulados por nadie. Conocen los vínculos de Barajas con el porrismo y la indolencia con que el rector ha respondido a los casos de violencia contra estudiantes universitarios.

La agresión de los porros del pasado 3 de septiembre fue la gota que derramó el vaso. No fue un hecho de violencia aislado. Esos mismos grupos de choque agreden cotidianamente a los alumnos en sus escuelas, los roban, extorsionan y molestan.

Pero, además, los jóvenes universitarios (especialmente las mujeres) padecen dentro del territorio puma un clima de inseguridad que, aunque no es exclusivo de la UNAM, resulta inadmisible. La lista de las barbaridades que sufren es inacabable.

El pasado 20 de agosto, la estudiante de CCH Oriente Miranda Mendoza fue secuestrada al salir de la escuela. Los criminales la asesinaron y calcinaron. El 3 de mayo de 2017, Lesvy Osorio fue estrangulada por su novio con el cable de un teléfono dentro de CU. Las autoridades difundieron la versión de que se había suicidado. El 23 de enero, Marco Antonio Sánchez, de 17 años, de la Preparatoria 8, fue arrestado por policías y luego desapareció. Cinco días después fue hallado a 30 kilómetros de distancia, con otra ropa, golpeado y con alteraciones de conducta.

En los años recientes, se han multiplicado las denuncias de acoso sexual y comportamiento indebido contra maestros universitarios. Las alumnas están hartas de la impunidad de los docentes acosadores. Por ello, el punto 4 de la minuta de la masiva asamblea interuniversitaria del pasado 7 de septiembre, se titula Violencia de género y contra la mujer. Entre las demandas que sostiene se encuentra la resolución de los casos de violencia de género, agresiones, feminicidios y desapariciones de los miembros de la comunidad universitaria.

Los funcionarios universitarios han respondido a estas violencias con dejadez e indolencia, como si no pudieran hacer nada para remediarlas. En cambio, los jóvenes las consideran inadmisibles y exigen acciones eficaces para remediarlas (punto 5 del pliego petitorio). Para ellos, las autoridades son omisas e insensibles con la problemática. Más aún ante fenómenos como el porrismo, en el que están directamente involucrados algunos funcionarios de dentro y fuera de la UNAM.

Sin embargo, para la movilización estudiantil en curso, la problemática de su institución va más allá de las agresiones porriles o de la violencia endémica que padecen. Y, aunque algunos actores desean contener la protesta a los estrechos márgenes de la la lucha contra el porrismo, en el ideario de los jóvenes son igual de importantes la democratización de la UNAM y la defensa de la educación pública. A ver cómo los frenan.

Fuente del Artículo:

https://www.jornada.com.mx/2018/09/11/opinion/022a2pol

Fuente de la Imagen:

http://www.elhorizonte.mx/nacional/universitarios-protestan-por-violencia-en-la-unam/2108757

ove/mahv

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