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Perú: Huelga de maestros: videos muestran a alumnos marchando junto a docentes

Autor: Redacción El Comercio

Dos videos difundidos en redes sociales muestran a estudiantes de las regiones Ayacucho y Apurímac marchando junto a docentes durante la huelga de maestros, convocada por el Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales del Sutep.

En uno de ellos, se observa a un grupo de alumnos de las instituciones educativas Manuel Vivanco, Federico Villarreal y Divino Maestro de la provincia de Andahuaylas, en Apurímac, protestando en contra de una presunta privatización de la educación.

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Perú encabeza el ranking de América Latina como región de mayor privatización educativa

Perú/10 de Marzo de 2018/Mundo

Latinoamérica es la zona del mundo en la que la mercantilización educativa más se hace sentir desde 1990, con Perú a la cabeza y su 116% de aumento de la matrícula en el sector privado. Comienza el nuevo ciclo lectivo 2018 y al mismo tiempo las movilizaciones, los conflictos y las negociaciones entre sindicatos y Gobiernos.

De hecho en Argentina y Chile, por ejemplo, no está claro aún si el comienzo de clases será normal en todo el país. Por distintas razones, los sindicatos resuelven por estas horas qué harán a partir del 5 de marzo. Ambos países ponen en práctica algunas reformas en sus sistemas, ya resistidos el año pasado por trabajadores y estudiantes sobre la base de que profundizan un modelo que cada vez hace más agua.

En la Ciudad de Buenos Aires los cursos se iniciaron hoy en medio de un conflicto que los llevará a parar el lunes 5 y el martes 6, fecha en la que debería ponerse en marcha el sistema en todo el país. Pero eso no ocurrirá porque aún no hubo acuerdo salarial, ni en otros sentidos.

En la capital del país, más allá de que este jueves 1 y el viernes 2 se dictan clases, «hay 11.000 niños y niñas que no tienen vacante en las escuelas públicas y deben recurrir a privadas. Recordemos que 55% del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires está en manos de privados y muchos de ellos reciben subsidios por parte del Estado», denunció a Sputnik Amanda Martín, secretaria general adjunta de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior.

En este sentido, explicó que para medir el impacto que tendrá el Gobierno de Mauricio Macri en el sector educativo basta con mirar la experiencia de la capital argentina, donde el hoy presidente inició su carrera política como jefe de Gobierno porteño.

«En política educativa el macrismo, que ya tiene 10 años gobernando en la Ciudad de Bueno Aires, ha demostrado su verdadera orientación con respecto a la educación pública: un ajuste presupuestario permanente, reformas y contrarreformas que no han hecho más que degradar a la educación en sus distintos niveles y la tarea docente cuando la miseria social creciente estalla en las aulas, ya no solo como característica de la Ciudad sino en el resto del país».

Desde el otro lado de la cordillera aporta su testimonio a este informe Darío Vásquez, secretario general del Colegio de Profesores de Chile.

«Hemos llegado a la conclusión de que frente al modelo neoliberal nadie puede solo. Queremos impulsar una clara política de alianzas entre todos los sectores vinculados a la educación con las cuales hacer un planteo común al pueblo de Chile sobre lo que proponemos para luchar frente al gobierno que viene».

La referencia era para la asunción de Sebastián Piñera el 11 de marzo, aunque Vásquez aclaró que el fracaso educativo no se le puede achacar exclusivamente a la derecha. «En los años 90 supusimos que venían cambios profundos en todo sentido, en los ámbitos políticos, culturales y sociales de Chile, pero nada de eso ocurrió con los gobiernos de la Concertación, sino que hubo una continuada de la política neoliberal».

De lo que no tiene duda Vásquez es que «lo que va a ser el nuevo Gobierno es seguir consolidando el modelo. Chile ha sido el laboratorio del neoliberalismo y por lo tanto, hubo una proliferación excesiva de la escuela privada. El grueso de los estudiantes está matriculado allí y la mayoría de los profesores trabaja en ese sistema. Revertir la situación va a costar mucho porque la competencia entre colegios por la matrícula, que es lo que financia el sistema, va a seguir existiendo», concluyó.

Fuente: https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/201803021076689317-educacion-conflictos/

 

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Reforma educativa es un mito inasequible para indígenas en México

México/08 de Enero de 2018/HispanTV

La reforma educativa en México fue creada para buscar el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes, siendo el Estado quien garantice los métodos educativos e infraestructura educativa para el cumplimiento de los objetivos.

Sin embargo en estados como Chiapas esta reforma es poco funcional debido a las condiciones de pobreza y marginación en la que vive el 70 % de la población.

El Gobierno de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, implementó en todo el país la llamada reforma educativa.

Esta reforma fue estructurada para buscar el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes.

En donde el Estado debe garantizar los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos para el cumplimiento de los objetivos.

Sin embargo en estados como Chiapas, esta reforma no puede aplicarse pues no es congruente con las condiciones de marginación y pobreza.

Los docentes en Chiapas, ven esta reforma con condiciones de desigualdad para las y los niños, debido a la pobreza que azota a los habitantes.

La falta de infraestructura y servicios básicos en los municipios de Chiapas, son factores determinantes para no aplicar la reforma educativa.

Incluso docenes y pedagogos ven la reforma educativa como una medida para privatizar la educación en Chiapas.

La reforma educativa que se aplica en México desde este 2017 no está apegada a la realidad que se vive en muchos estados del país.

De acuerdo a docentes y pedagogos en Chiapas esta reforma no tomó en cuenta las condiciones de vida de las y los niños así como la infraestructura que hay en las escuelas.

Fuente: http://www.hispantv.com/noticias/mexico/364652/reforma-educativa-comunidades-indigenas-pobreza-funciones

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El lobby oculto en el negocio de la educación

Por: Patricio Mendiola

El actual esquema de mercado de la educación superior que existe en Chile, se ha forjado a partir de las reformas estructurales llevadas a cabo por la dictadura cívico militar a partir de 1973. Teniendo por objetivo, como lo señala José Piñera, “tomar las riendas de una verdadera revolución libertaria”, esto motivó la implementación de un “Programa de Recuperación Económica Nacional”.

Este programa, consistía básicamente en reducir la inflación, liberalizar el mercado y equilibrar el presupuesto fiscal. Se lograría a través de la privatización de empresas públicas, liberalizando el trabajo y privatizando en forma parcial o total los servicios básicos como educación, salud y previsión.

Fue entonces que cambiar el esquema de financiamiento sustentado en la gratuidad de los estudiantes a partir de aportes basales a las instituciones de educación superior (IES), por un modelo privatizado donde el subsidio de la demanda comenzó a articularse como la principal forma de financiamiento lo que junto al aporte que debían realizar las familias, fue una de las modificaciones clave de la dictadura. Esto ser Laque representa la us entre nomicosamiento por v ía el soporte de las décadas futuras de un modelo educacional, donde se consolidarían los grandes intereses económicos; un mecanismo reproductor de la segregación y desigualdad social; la desregularización sistémica de la educación y su apertura al lucro.

A pesar de que la dictadura tuvo su fin en 1989, la herencia de los “chicago boys”, en la constitución del 80’ quedó intacta durante los 25 años de gobierno de la Concertación, periodo en el cual, no se cuestionó la idea que se haya construido una constitución y un modelo educacional sin ningún tipo de libertad ni consenso democrático, donde los distintos actores involucrados pudiesen expresar sus apreciaciones y aspiraciones.

De hecho, las modificaciones que implementó la concertación dentro del sistema educativo, fortaleció la idea de la educación como un bien por el cual hay que pagar, por esto redujo los Aportes Fiscales Directos, incrementó el subsidio a la demanda a través de becas y créditos, e implementó el Crédito con Aval del Estado, Principal herramienta de endeudamiento, que hasta el año 2016, afecta a más de 600 mil estudiantes con deudas de impagables.

Durante el gobierno de Lagos, el ministro Sergio Bitar – actual asesor de Alejandro Guillier –, quien tuvo el “honor” de implementar el CAE, señaló que “es uno de los mejores créditos del mundo en materia de financiamiento de la educación superior, por lo que ha sido una tremenda arma de igualdad y acceso para miles de estudiantes” (La Tercera, 2016).

Actualmente el CAE es la principal forma de financiamiento de la educación superior, representa el mayor gasto fiscal en la partida de educación de la Ley de Presupuesto Nacional, es entregado de forma indiscriminada a las instituciones de educación superior acreditadas –sin más excluyentes para recibir fondos estatales–, seguido por el subsidio a la demanda a través de las ayudas estudiantiles a los “más vulnerables” (becas y créditos).

El sector privado creado a partir de la reforma del 81’ es el principal beneficiado de este modelo educacional, ya que permitió que los controladores de estas instituciones cubran más del 80% de la matricula, en desmedro del 20% que representa las Universidades Estatales.

A costa de mucho trabajo y articulación constante de los rectores de las Universidades Estatales, han logrado mantener la participación e influencia en la agenda pública. En muchos casos pidiendo “tratos preferentes” para garantizar la preservación de un espacio público abierto a todos.

La educación privada crece en proporción de estudiantes, sin embargo disminuye en numero de controladores que concentran los planteles educativos, por mencionar algunos, INACAP, hoy está en manos de CPC y supera los 100.000 estudiantes entre Universidad, IP y CFT, mientras que el Grupo Laureate llega a una cifra similar entre la Universidad Andrés Bello, Las Américas y el IP AIEP. A ello se suman grupos religiosos extranjeros y empresarios nacionales.

El Grupo Laureate, junto a Universidad Santo Tomás, Uniacc y Universidad del Desarrollo son una de las principales instituciones que están siendo fuertemente cuestionadas e investigadas por casos de millonarias operaciones de compra y venta, crear sociedades inmobiliarias y pago de sobresueldos. Es decir, lucro.

Los grupos económicos tuvieron la claridad que para resguardar sus intereses económicos en la educación, debían controlar al Estado a través de redes de lobby. Así lograron hegemonizar el pensamiento político en materia educacional, de figuras importantes de la concertación y la derecha chilena, todos ellos, lideres que encabezaron el Foro de la Educación Superior en la década del 80’, espacio de discusión entre “la oposición” y los intelectuales de la dictadura militar.

Así es como aparece Pilar Armanet (PPD), jefa de la división de educación superior en el gobierno de Lagos y vocera del primer gobierno de Bachelet, que luego asumió como vicerrectora y rectora de la Universidad de las Américas, y que actualmente preside la Corporación de Universidades Privadas, quien ha manifestado públicamente la idea de que el lucro no es contraria con la calidad y que el endeudamiento de los estudiantes debe existir para permitir el acceso a la educación.

Dicha corporación reúne a los planteles con peor acreditación del sistema, donde muchas de ellas están siendo investigadas por casos de lucro. representa un espacio de lucro y lobby de los grandes intereses económicos, donde podemos encontrar Hugo Lavados (DC), rector de la Universidad San Sebastián y ex ministro de economía del primer gobierno de Bachelet. Quién continua defendiendo a las instituciones totalmente desreguladas y con evidentes fines de lucro.

De esta manera se instalan redes de poder que no se manifiestan con transparencia, que no plantean ideas ni posiciones en el debate público como lo hacen con tanto esfuerzo los rectores de las universidades públicas, sino que actúan de facto, cooptando los espacios reguladores y técnicos. Por esta vía se imponen como “técnicos” para obstruir el debate público sobre las medidas educacionales. Como se puede deducir, no existe la neutralidad técnica, y de técnicos no tienen nada.

Así estas instituciones se resguardan dentro del sistema educativo, no corren riesgos de competencia, se consolidan como espacios de concentración de poder económico regulado, no tienen la necesidad de invertir en calidad, sólo mover adecuadamente sus redes de lobby sobre las autoridades de turno. Su principal fuente de utilidad son los subsidios que, supuestamente, fueron creados para “permitir el acceso a los estudiantes más vulnerables”– el cual más bien, parece subsidio al lucro.

Las instituciones privadas con escasa regulación y acreditación son las que más reciben recursos públicos, las que ofrecen la educación más cara y de peor calidad, poniendo en juego los sueños de los estudiantes, con un cargo a los bolsillos de las familias y al erario fiscal.

Actualmente nos encontramos en un proceso de definiciones estratégicas el cual es clave para el futuro de nuestro país, con esto, me refiero a la continuidad y a la posibilidad de profundizar aún más las reformas educacionales que tanto demandan las mayorías del país, o por el contrario, generar un retroceso en materia de derechos sociales, justicia social y transparencia pública, poniendo en riesgo a Chile de cara al próximo periodo presidencial.

Lo lógico, sería que las posiciones de los distintos actores que tienen intereses sobre la educación superior fueran planteadas con plena claridad y transparencia, de cara a la ciudadanía en el espacio público, sin embargo, nos encontramos en una situación donde los grandes grupos económicos y los planteles privados de educación, están moviendo sus redes de lobby y generando presiones indebidas a diputados, senadores, autoridades de gobierno con el objetivo de manejar información privilegiada y traficar influencias para mantener sus posiciones de privilegio.

Si este sector privado y sus grupos económicos no están de acuerdo con el fin al lucro, al CAE y condonación de la deuda, al aporte fiscal indirecto, al fortalecimiento de las Universidades Estatales, a corregir y perfeccionar el sistema de gratuidad –hasta que sea universal–, a mejorar y modernizar la docencia e investigación, a generar una estrategia nacional de desarrollo para la educación superior con una hegemonía del Ues Estatales. Díganlo.

No existe ninguna justificación para aceptar nuevamente en Chile un lobby tan oscuro como el que se realizó en dictadura militar, para forzar la voluntad democrática de un pueblo, en favor de los intereses particulares, más aún en momentos en que se están tramitando o dejando de tramitar proyectos de ley de gran interés social, cívico y económico para el futuro de nuestro país.

Finalizando, hago un llamado a las mayorías de nuestro país –a la gente humilde, llena de sueños y aspiraciones– para decir que podemos construir un modelo de educación más equitativo y con justicia social, que signifique una inversión social camino al desarrollo de muchos y muchas, de manera que debemos estar más informados e informadas, más unidos y organizados, más alerta para ser agentes activos en las transformaciones políticas que nuestro país requiere.

Bibliografía

Entrevista a José Piñera de 1980 a la revista Qué Pasa (N°454). Sus grandes logros fueron la Reforma Laboral (1979) y la Reforma Previsional (1980)

La Tercera. (21 de mayo 2016). “Creadores del CAE defienden el modelo de financiamiento a 10 años de su implementación”. Recuperado de: http://www.latercera.com/noticia/creadores-del-cae-defienden-el-modelo-de-financiamiento-a-10-anos-de-su-implementacion/

Cáceres, G. (2017). Pilar Armanet: “No estoy de acuerdo con que la Universidad sea gratis para los que pueden pagar”. [sitio web] El Mostrador. Valido en: http://www.elmostrador.cl/agenda-pais/vida-en-linea/2016/04/25/pilar-armanet-no-estoy-de-acuerdo-con-que-la-universidad-sea-gratis-para-los-que-pueden-pagar/

Mostrador, E. (2017). Mónica González: “Me gustaría saber cuánto le paga la USS a su rector Hugo Lavados, ex ministro DC y lobbista para obtener beneficios fiscales”. [sitio web] El Mostrador. Valido en: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/05/monica-gonzalez-me-gustaria-saber-cuanto-le-paga-la-universidad-san-sebastian-a-su-rector-hugo-lavados-ex-ministro-dc-y-lobbista/

SIES. “Compendio histórico de Educación Superior”. Ministerio de Educación. Recuperado de: http://www.mifuturo.cl/images/Compendio_Historico/2015/compendio_historico_recursos_fiscales_2015_final.xlsx

Ingresa. “Crecimiento del número de beneficiarios por tipo de institucion, periodo asignación 2006 – 2016. Recuperado de: http://portal.ingresa.cl/wp-content/uploads/2014/01/asignaci%C3%B3n-1.1.xls

Contraloría General de la República (2015). “Financiamiento fiscal a la educación superior”. Recuperado de: http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA+Repository/Merged/2016/Archivos/0104

Melo, F. (19 de mayo de 2012). “Comisión de diputados detecta siete universidades con irregularidades”. La Tercera. Recuperado de: http://www.latercera.com/noticia/comision-de-diputados-detecta-siete-universidades-con-irregularidades/

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=235060

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Investigación da cuenta de proceso de privatización “latente” en el sistema educativo uruguayo, en particular a través del debate de ideas

Uruguay/30 de Octubre de 2017/La Diaria

La Internacional de la Educación (IE), una organización que nuclea a los trabajadores de la educación de 170 países y de la que son miembros la Federación Uruguaya de Magisterio y la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, presentó ayer la investigación Privatización educativa en Uruguay: políticas, actores y posiciones. El trabajo fue realizado en conjunto por investigadores de la Universidad de la República (Eloísa Bordoli, Pablo Martinis, Stefanía Conde y Marcelo Alfonzo) y por el investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona Mauro Moschetti. Acompañado por dirigentes de los sindicatos uruguayos y por el presidente de la IE, Angelo Gavrielatos, Moschetti presentó ayer los principales resultados de la investigación.

Moschetti informó que, en comparación con otros países de la región, los niveles de privatización de la educación en Uruguay “son relativamente bajos”, en torno a 16%. La medida es el porcentaje de estudiantes matriculados en instituciones privadas, que aumenta particularmente en el tramo de educación inicial (26,5%) y en primaria (17,6%), mientras que en educación media baja a 12,2%, lo que según Moschetti es “algo raro” y puede deberse a la baja penetración del sector privado en el nivel medio técnico profesional. Otra forma de medir la penetración del sector privado que utiliza la investigación es por el lado de la oferta de instituciones, al contar el porcentaje de centros sobre el total. En este análisis, en el tramo en que hubo mayor variación fue en el de la educación media, en el que en 1991 había 29% de instituciones privadas y en 2015 la participación crece a 36%.

El estudio describe cuatro marcos normativos referidos a la participación privada en la educación. Por una parte, las exoneraciones impositivas para los centros educativos privados, lo que significa que no pagan aportes patronales ni al Fondo Nacional de Salud, Impuesto de Primaria, Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, Impuesto al Patrimonio, tasas e impuestos por la compra de automóviles, impuestos por la importación de material educativo, contribución inmobiliaria ni tributos municipales. En Uruguay esta exoneración tiene rango constitucional y, según afirma la investigación, por este sistema se otorga a las instituciones privadas “mayores beneficios que los esquemas similares en otros países de la región”, incluso en países con sistemas de subvención directa.

El tercer marco normativo son los contratos de participación público-privada y el cuarto los convenios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay con organizaciones de la sociedad civil para la gestión de CAIF, centros de niños y centros juveniles, entre otros. Moschetti apuntó que “sería interesante” profundizar en los mecanismos de rendición de cuentas que implican estos convenios.

Distintas formas

Otro de los resultados de la investigación fue realizar un mapeo de las modalidades privadas y público-privadas en la educación formal, y se identificaron tres. La primera son las instituciones privadas que tienen financiamiento público indirecto, a través de la renuncia fiscal que hace el Estado por la exoneración de impuestos. La publicación advierte que el beneficio de la exoneración llega a todas las instituciones educativas privadas: ampara “en uno de sus extremos a instituciones que se configuran en las entidades destinadas a la formación de las elites política y económica del país y, en el otro, se nuclean pequeños establecimientos situados en barrios desfavorecidos”. “Merecería un debate, por lo menos, si esta eximición impositiva hubiera de regir para todas las instituciones educativas por igual o si valiera la pena algún tipo de ajuste”, opinó Moschetti en la presentación.

La segunda forma identificada como una experiencia de privatización es la de las “modalidades de hibridación público-privada”, en referencia a convenios por CAIF, el programa Nuestros Niños y las Aulas Comunitarias en educación media, en los que el Estado financia a prestadores privados para que brinden un servicio sobre el que el Estado mantiene el control de la currícula y la supervisión.

La tercera modalidad, que Moschetti aclaró que es “muy pequeña cuantitativamente”, son los liceos de gestión privada con financiamiento público, de los que hay siete experiencias. Moschetti señaló que estas propuestas son heterogéneas pero “comparten algunos rasgos comunes: hay selección del alumnado, y una forma extraña de acción afirmativa, para beneficiar a la población desfavorecida pero combinando con una especie de premio al mérito, en base a la evaluación académica, el compromiso familiar”. La investigación señala además que estos liceos comparten la extensión del tiempo pedagógico (talleres, cursos de idioma, entre otros) y el seguimiento personalizado de los estudiantes. “Estos elementos, claramente, podrían explicar los buenos resultados educativos que exhiben.

El estudio pone de relieve “el carácter incipiente o latente de las nuevas modalidades de privatización”, y luego analiza las distintas ideas y actores en relación a la educación, entre otros, los partidos políticos, organizaciones como CERES y Eduy21 y los sindicatos. En ese sentido, la investigación concluye que Uruguay se encuentra actualmente en “una creciente disputa de sentidos por la elaboración de tales diagnósticos [sobre la situación educativa] y por la prescripción de soluciones de política de la que participa un conjunto heterogéneo de actores en el que cobran progresivamente mayor relevancia las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado”, y asegura que además de las formas de privatización de y en la educación, “la privatización aparece de modo más evidente a través de la política educativa, por cuanto agentes privados de diversa naturaleza –corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones filantrópicas– se han involucrado crecientemente en el proceso de producción de ideas que procuran incidir en la formulación de políticas educativas, frente a los que percibe como una lógica más bien reactiva o pasiva de los actores sindicales y gubernamentales”.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/10/investigacion-da-cuenta-de-proceso-de-privatizacion-latente-en-el-sistema-educativo-uruguayo-en-particular-a-traves-del-debate-de-ideas/

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México: Calidad educativa y desigualdad social.

Por: Mario Torres López. Revolución 3.0. 15/09/2017

 Un punto nodal en la propuesta de la Reforma Educativa, es el que se refiere a la educación con equidad, 50 millones de mexicanos en condiciones de pobreza y más del 90 por ciento de la riqueza nacional concentrada en 20 familias, seguramente nos acercan al principio de equidad, echando por tierra la tesis de que no se puede garantizar la calidad y la equidad educativa si no hay equidad social, en el México perfecto de nuestros gobernantes resulta un eufemismo decir que si no se garantiza el ejercicio pleno de los derechos sociales como la educación, la seguridad social, el trabajo digno, el bienestar familiar y un salario justo, capaz de satisfacer lo anterior -más la cultura, la recreación y el deporte- no podremos hacer cuentas alegres del deber ser de la educación .

¿Cómo puede haber educación de calidad con bajos ingresos, tanto de los padres como de los docentes? Las becas y otros programas compensatorios no son la solución a la desigualdad social, sino un obstáculo en sí, pues obliga a los estudiantes a creer que han nacido para vivir de la caridad gubernamental y de programas evasores de impuestos de la iniciativa privada.

En condiciones de desigualdad social, no puede pensarse realmente en igualdad educativa; así sea como referencia de un ideario político o con fines propagandísticos. Además, no podemos olvidar que a las carencias alimenticias se suman las carencias escolares, las deficiencias administrativas y la ausencia de recursos académicos para fortalecer la formación integral de los estudiantes.

De esto no son culpables los docentes, aunque sí en mayor medida los burócratas de la educación y las manifiestas anomalías en las políticas públicas del sistema gubernamental.

Así pues, si en la aparente reconversión actual del discurso reformador de la educación pública, los tiempos de realización se han alargado para un futuro muy muy lejano, quedando rebasado el tiempo electoral, sería bueno que se empezaran a dar pasos lentos en un proceso dialógico entre las partes implicadas.

Sabemos que la catástrofe educativa es multidireccional; pongamos, entonces, en práctica nuestra capacidad diagnóstica, crítica y propositiva para marchar todos en la misma dirección. Para esto, se hace necesario reconocer la existencia de la diversidad de opiniones, de criterios de interpretación de los hechos sociales y de intereses económicos y políticos. De igual manera, aun cuando sabemos que en la interacción entre educación y poder, la primera está subordinada al segundo, es nuestra obligación encontrar las mejores condiciones para el reconocimiento y la interacción entre iguales y diferentes.

La cultura de la otredad implica el reconocimiento de lo múltiple, de la intersubjetividad y de las dinámicas grupales en un contexto de multiculturalidad histórica.

De esto saben más los especialistas en investigación en ciencias sociales, los docentes de todos los niveles y los pedagogos, que los burócratas y los expertos en imagen pública; no podemos ignorar que en manos de estos últimos, en México, más que en ningún otro país, el dinero destinado a la educación tiende a convertirse en basura y en bonos para el fomento a la corrupción gubernamental.

De hecho, aunque muchos mexicanos tenemos la impresión de que los resultados gubernamentales con que envuelven los programas sociales se miden por la cantidad de dinero que invierten ¡En Publicidad!, nos queda claro también que no podemos solucionar los problemas académicos y educativos al reducirlos a problemas netamente administrativos.

El reto, para todas las partes, es ganar en credibilidad, respeto y confianza para emprender acciones conjuntas teniendo por delante el bien común. Sin utopía no hay futuro.

Fuente: michoacantrespuntocero.com/calidad-educativa-y-desigualdad-social/

Fotografía: Revolución 3.0

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Estados Unidos:Por qué el presupuesto de Educación de Trump puede perjudicar a los estudiantes más pobres

Por: Latino/21-07-2017

Muchos de los programas que están siendo recortados en el presupuesto de educación Trump-DeVos ayudan a familias de bajos ingresos, muchas de ellas familias latinas, que muy probablemente no se beneficiarán de los fondos que serán reasignados hacia la libre elección de escuela.

Apodada ‘Un Nuevo Cimiento para la Grandeza Estadounidense’, la propuesta de presupuesto para 2018 del presidente Donald Trump pretende hacer que la economía crezca más rápidamente y reducir la deuda. Pero sólo 59,000 millones de dólares de ese presupuesto se han destinado para la educación: un recorte de 9,200 millones de dólares (13.5%) en comparación con el año pasado.

El plan de educación también elimina o reduce más de 30 programas que la secretaria de Educación Betsy DeVos y su equipo consideran una duplicación de otros programas, ineficaces, o que resulta más apropiado apoyar con fondos privados, estatales o locales.

Como expertos en finanzas públicas y asociaciones escolares-comunitarias, hemos visto el impacto de muchos de estos programas. Estos recortes y otros aspectos del plan de educación Trump-DeVos podrían tener consecuencias duraderas para los niños en Estados Unidos, especialmente los que viven en la pobreza.

«Más niños latinos viven en la pobreza –6.1 millones en 2010– que otros grupos étnicos o raciales de niños en el país», reporta el Centro de Investigación Pew usando datos del censo de Estados Unidos. «En 2010, el 37.3% de los niños pobres eran latinos, 30.5% eran blancos y 26.6% eran negros».

Los cortes y las consecuencias

En la superficie, el motivo de la administración para recortar estos programas parece claro: reducir gastos en algunos programas existentes o eliminarlos por completo para aliviar presupuestos a corto plazo. Nuestra conclusión, sin embargo, es que las consecuencias a largo plazo podrían ser graves.

Consideremos, por ejemplo, el programa Centros de Aprendizaje de la Comunidad para el Siglo XXI (CCLC, por sus siglas en inglés), el cual provee enriquecimiento académico extracurricular a estudiantes en comunidades muy pobres. El programa de los CCLC presta servicios a 2 millones de niños en 11,500 centros en todo el país. Auditorías de gestión llevadas a cabo por el Departamento de Educación en el año 2015 demostraron que «este amplio programa toca la vida de los estudiantes en formas que tendrán repercusiones de largo alcance».

En estos centros, los niños en comunidades de alta pobreza –muchas veces latinos– obtienen ayuda adicional para enriquecer sus habilidades en matemáticas e inglés, mejorar las habilidades que les permiten participar en clase y para mejorar su comportamiento en esta.Según las auditorías, casi el 50% de los niños que participaron reportaron mejoras en sus calificaciones escolares y más del 20% reportaron mejoras en las puntuaciones de evaluaciones estatales. Más del 50% de los profesores reportan una mejora en el completamiento de tareas y el comportamiento de los alumnos.

Bajo el plan Trump-DeVos, la financiación de los CCLC sería eliminada, de inmediato. Las investigaciones han demostrado que eliminar gradualmente programas como los CCLC les da a las escuelas y a los gobiernos tiempo suficiente para determinar si los vacíos que quedan atrás pueden llenarse. En 2013, por ejemplo, se le hizo un recorte igualmente abrupto a Head Start, un programa preescolar para familias de bajos ingresos, y estos cortes repentinos dejaron a muchas familias sin cuidado diurno para niños de 3 a 5 años de edad.

El nuevo presupuesto también planea eliminar CCAMPIS, un programa que subvenciona la guardería infantil para padres que estén matriculados en la universidad, e IAL, que proporciona libros de alta calidad a bibliotecas escolares. Ambos programas atienden predominantemente a familias de bajos ingresos y ambos muestran un impacto positivo.

¿Quién realmente tiene la opción de elegir su escuela?

Algunos de estos recortes de educación serán reasignados para expandir las escuelas chárter, extender vales para escuelas privadas y religiosas, y apoyar escuelas públicas para que adopten políticas favorables a la libre elección. Estas reasignaciones, al igual que los recortes, afectarán principalmente a familias de bajos ingresos.

¿Por qué? Todo se reduce a quién realmente tiene una opción a la hora de elegir la escuela.

Aunque DeVos podría argumentar que su propuesta política proporciona a todas las familias la opción de seleccionar las escuelas chárter o privadas que reciben apoyo de los vales, sabemos que los niños de familias de bajos ingresos, que ahora representan el 51% de los estudiantesde las escuelas públicas de Estados Unidos, no tienen el mismo acceso a la elección de escuela que los niños de familias de clase media y alta.

Mientras que las escuelas públicas están obligadas a atender a todos los niños, las escuelas chárter y privadas atienden a los niños cuyas familias saben de ellas, las buscan y solicitan ingreso a ellas. Pero muchos padres enfrentan desafíos importantes para conectar a sus hijos con las oportunidades educativas de ‘elección’: los padres mismos pueden no tener estudios, ser analfabetos, no hablar inglés con fluidez, no tener acceso a computadoras y/o teléfonos, no tener transporte suficiente o tener más de un empleo. Estos desafíos afectan desproporcionadamente a las familias que viven en la pobreza.

Como resultado, el enfoque de DeVos en la elección y los vales es probable que amplíe, en lugar de reducir, la brecha entre los niños de familias de ingresos bajos y los de familias de ingresos medianos.

Hay maneras de mitigar esto (y algunas escuelas chárter lo están haciendo), pero la propuesta de DeVos ni exige ni premia estas disposiciones. Por ejemplo, la College Prep Charter School de la Sociedad de Ayuda al Niño tiene criterios de admisión que benefician a los niños que son de bajos ingresos, están aprendiendo el idioma inglés, y/o están «involucrados con el bienestar social».

Aunque algunas escuelas chárter en todo el país les dan prioridad a los estudiantes de bajos ingresos, el nuevo presupuesto no les da a las escuelas incentivo alguno para hacer esto.

La educación desigual y el futuro

Estados Unidos gasta más dinero que cualquier otro país en la educación de los niños. Creemos que esta inversión ha conseguido algunos resultados sustanciales en los logros educativos de los estudiantes del país: según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación, los puntajes en lectura y matemáticas de alumnos de cuarto grado mejoraron significativamente entre 2006 y 2011.

Sin embargo, el papel de la financiación federal en la educación va más allá del aumento del desempeño académico general de los niños. La financiación federal complementa la a veces injusta financiación del gobierno estatal y local, garantizando que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de éxito.

Pero en el caso del nuevo presupuesto, los programas que reducen las diferencias para los estudiantes de bajos ingresos que tienen dificultades están siendo eliminados a fin de apoyar iniciativas de elección de escuela que normalmente utilizan las familias más acomodadas.

Hemos conversado con padres de todos los niveles de ingresos y la gran mayoría de ellos nos dijeron que lo que más desean es que sus hijos sean más exitosos que lo que ellos llegaron a ser. El presupuesto de DeVos perjudica a los padres que tienen dificultades para subsistir, y esto les hará todavía más difícil ver a sus hijos triunfar y hacer realidad ese sueño.

*Fuente: http://latino4u.net/presupuesto-educacion-trump-puede-perjudicar-los-estudiantes-mas-pobres/

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