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Camille chalmers: “gobierno, usaid y escuelas religiosas son los principales actores de la privatización educativa en haití”

Entrevista/13 Febrero 2020/Autora: Thais Lervolino

En entrevista a la CLADE, el activista y profesor haitiano analiza los contextos y características de la privatización, la mercantilización y del lucro en la educación en el país.

En Haití, país donde el 84% del sistema educativo es formado por escuelas privadas, defender una educación pública y gratuita para todas las personas es uno de los retos más grandes en la lucha por la realización de los derechos humanos en el ámbito nacional.

La CLADE conversó con Camille Chalmers, uno de los representantes de esta lucha, para conocer mejor cómo se da la mercantilización y el lucro en la educación haitiana y cómo la sociedad civil ha resistido a este proceso.

Camille Chalmers es profesor representante de la Plataforma para un Desarrollo Alternativo (PAPDA) e integrante de la red Jubileo Sur/Américas. Durante el diálogo, Camille Chalmers expuso la vulnerabilidad en relación a las leyes y la reglamentación existentes en el país, respecto al sistema educativo privado.

“Hay una ley, cuyo proyecto quedó 10 años en el parlamento, y que fue publicada hace un año y medio. Esta norma realmente prohíbe un aumento abusivo de los gastos reclamados a las y los estudiantes, por el sector privado, pero no hay ningún instrumento legal que regule realmente la actividad educativa en términos de prohibir la mercantilización”, explicó.

Lee a continuación la entrevista completa.

¿Existe alguna legislación nacional que prohíbe o restringe el lucro en la educación?

Camille Chalmers: Por supuesto, existen disposiciones constitucionales que aseguran el acceso gratuito a la educación, pero dentro de los programas neoliberales, han inventado un organismo que reúne las escuelas privadas y, seguramente, están preparando todo un contexto legal para favorecer la privatización y mantener lo que ya han conquistado: el 84% del sistema educativo nacional es de escuelas privadas.

Existe también el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue ratificado por el gobierno haitiano, y por lo tanto, tiene fuerza de ley.

Este pacto ofrece provisiones para avanzar hacia la prohibición del lucro en actividades educativas, y hacia la previsión del acceso universal libre y equitativo a los servicios educativos.

“Existen disposiciones constitucionales que aseguran el acceso gratuito a la educación, pero dentro de los programas neoliberales han inventado un organismo que reúne las escuelas privadas y, seguramente, están preparando todo un contexto legal para favorecer la privatización y mantener lo que ya han conquistado: el 84% del sistema educativo nacional es de escuelas privadas”

¿Cómo se da el lucro en la educación de Haití? 

Camille Chalmers: La privatización de la educación aquí hace parte de un plan global neoliberal, que ya avanzó bastante. Hay una ley nacional [la llamada Ley de Tasas Escolares] que fue publicada recientemente, y trata de regular el aumento de los gastos reclamados a las y los estudiantes por el sector privado, pero todavía no se está aplicando realmente esta norma. Sin embargo, la ley abre posibilidad para la creación de reglamentos interesantes en términos de prohibir el lucro en la educación.

El proyecto de la Ley de Tasas Escolares quedó 10 años en el parlamento, hasta que finalmente la ley fue publicada, hace un año y medio. Esta norma realmente prohíbe un aumento abusivo de los gastos reclamados a las y los estudiantes, por el sector privado, pero no hay ningún instrumento legal que regule realmente la actividad educativa en términos de prohibir la mercantilización.


Respecto a la definición de las legislaciones en Haití, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante?

Camille Chalmers: Los actores más importantes en este sentido, en la coyuntura actual, son los sindicatos de profesores y educadores, que tienen un peso importante en la lucha democrática global y, cuando están debidamente informados y sensibilizados, pueden jugar un papel determinante en la presión sobre el Estado y la Asamblea Legislativa.


¿Qué actores han sido los responsables por impulsar el lucro en la educación en Haití?

Camille Chalmers: El gobierno, la USAID, que es muy activa y apoya la asociación de escuelas privadas, y sobretodo las escuelas religiosas, protestantes. La asociación de directores de escuelas privadas y también este frente de educadores protestantes tienen mucho financiamiento directo del gobierno de Estados Unidos, de la USAID.

Estos actores están presionando hacia la privatización de la educación y para mantener el estado negativo que tenemos en este momento.


La definición de ‘organizaciones sin fines de lucro’ varía según el país, siendo a menudo un nombramiento jurídico establecido por las propias organizaciones. En Haití, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia en relación a su nomenclatura?

Camille Chalmers: En Haití no existe una ley general sobre asociaciones que permitiría definir muy claramente qué es un organismo sin fines de lucro. Llevamos a cabo, hace muchos años, una lucha para tener una legislación general que regule, defina y estabilice el sector de las asociaciones, pero no existe todavía.

Lo que existe son textos legislativos antiguos que fueron adoptados durante la dictadura de [François ] Duvalier, y son represivas. No son aplicables porque fueron adoptadas en un contexto legal totalmente distinto al que tenemos ahora. Hay, entonces, una situación de vacío legal, donde realmente no se define lo que es un organismo sin fines de lucro.

“Llevamos a cabo, hace muchos años, una lucha para tener una legislación general que regule, defina y estabilice el sector de las asociaciones, pero no existe todavía”

Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿qué ajustes o mejoras se debería hacer para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?

Camille Chalmers: Es una lucha que tenemos que impulsar. La Asamblea actual es una legislatura muy reaccionaria y conservadora, controlada por el gobierno y el PHTK [Haitian Tèt Kale – partido político], que no tiene ninguna sensibilidad social y no está de acuerdo en aplicar medidas para la universalización del acceso a la educación.

Como estamos en un período de crisis política profunda y de crisis institucional, que probablemente deben retrasar el proceso electoral para la próxima legislatura, esperamos que mientras tanto surjan organismos más sensibles a este tipo de cuestiones. Nos mantenemos en la lucha contra la orientación neoliberal y contra la privatización de los servicios básicos y también contra el hecho de que están quitando cada vez más las competencias del Estado para transferirlas al sector privado.

Es una lucha que llevamos a cabo hace muchos años, y que seguiremos impulsando. Por supuesto, aprovecharemos la transición política para enfatizar estas demandas.

¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la educación pública y gratuita?

Camille Chalmers: Creo que hay que hacer una campaña global, que abarque la sensibilización de la opinión pública, pero también otros aspectos. En Haití, la gente cree mucho en la educación e invierte mucho en este derecho. Más del 60% de los ingresos educativos es asegurado por la gente directamente.

Se necesita una campaña global hacia la sociedad, que promueva la presión y recomendaciones, así como la preparación de instrumentos legales nuevos en interlocución con el Ejecutivo y con el Parlamento. Hay también todo un trabajo a hacer directamente con las organizaciones gremiales del sector educativo.

Pensando en los sindicatos de los profesores y también en algunas asociaciones de directores de escuelas, creo que hay todo un trabajo por hacer con ellos directamente, para darle legitimidad a los nuevos instrumentos legales que permiten asegurar un acceso universal a la educación pública de calidad.

“Se necesita una campaña global hacia la sociedad, que promueva la presión y recomendaciones, así como la preparación de instrumentos legales nuevos en interlocución con el Ejecutivo y con el Parlamento”

¿Le gustaría añadir otras informaciones?

Camille Chalmers: Es importante modificar los compromisos internacionales firmados por el Estado haitiano, los cuales a veces condicionan e impulsan la mercantilización de la educación pública.

Por ejemplo, el acuerdo que la Unión Europea acaba de firmar con Haití tiene provisiones muy estrictas sobre lo que llaman de servicios educativos, y favorece la tramitación de las transnacionales europeas en la educación nacional, sobretodo en el campo de la investigación y la educación superior.

Así, es muy importante que tengamos en la tradición política que se abre la posibilidad de modificar los compromisos tomados, para realmente generar las condiciones favorables a la creación de un plan educativo nacional global, autónomo y soberano, pero también para limitar todo lo que se haga contra la soberanía del país.

Fuente: https://insurgenciamagisterial.com/camille-chalmers-gobierno-usaid-y-escuelas-religiosas-son-los-principales-actores-de-la-privatizacion-educativa-en-haiti/

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En Chile no estalló un país, estalló el sistema

Por: Editora Internacional

Todo empezó el 18 de octubre de 2019. El alza de las tarifas del metro fue la ‘gota que rebosó el vaso’, la población chilena se solidarizó con los y las estudiantes para exigir cambios: pensiones justas, trabajos formales, salud pública, educación gratuita y de calidad. El país de Nuestra América no solo se cuestiona su Constitución, sino a un modelo económico y político llamado neoliberalismo.

Chile ha experimentado una de las dictaduras más sangrienta que golpearon el continente latinoamericano: 28.259 fueron las víctimas de secuestro y tortura durante el gobierno del dictador Augusto Pinochet (1973-1990). De estos, 2.298 fueron asesinados y 1.209 desaparecidos. Muchas de estas historias aún no se investigan pues la justicia se rige por el antiguo código de procedimiento penal, creado durante la dictadura; se mantienen secretos los documentos, testimonios e información básica proporcionados por las víctimas de la época.

El Estado chileno es el resultado de intereses y acuerdos que toman sus raíces al interior de un conflicto: la dictadura militar. Es un “Estado político”, porque no busca detener el conflicto sino que, al contrario, busca administrarlo, incorporarlo. “Un Estado centralista, librecambista, asistencialista, centrado en la búsqueda de consensos para el statu quo, y que se vincula con los sectores sociales a través de la burocratización de la política y vaciamiento de lo político y que en última instancia siempre se ha impuesto desde las armas1.

Cuando al final de los años 80 el gobierno dictatorial empezaba incomodar éticamente a las empresas y al libre comercio, la “transición a la democracia” pudo resolver esta “incomodidad”. Sin embargo esta transición nunca supo vincular a los movimientos sociales los cuales lucharon siempre contra la dictadura.

No es un caso aislado, de hecho, que las protestas actuales en Chile hayan sorprendido a la clase política tradicional. “Esta situación es reveladora de la escisión y la distancia de la política para y con la sociedad, del “desacoplamiento” de lo social y lo político, base sobre la cual se organizó la transición a la democracia, que excluyó y subordinó a los movimientos sociales que lucharon en contra de la dictadura”, explica Mario Garcés, historiador chileno.

“Este fue de algún modo, el resultado de la adaptación de la centro izquierda (demócratas cristianos, socialistas y del partido por la democracia) a la Constitución de 1980 y al modelo neoliberal. La primera adaptación a la Constitución del 80 condujo a la “elitización” u “oligarquización” de la política; la segunda adaptación, al modelo neoliberal, condujo a la “mercantilización” de la vida social. En este contexto, tanto la derecha, por razones obvias, como la centro-izquierda se asimilaron a las lógicas neoliberales, mejoraron sus ingresos (especialmente los parlamentarios y altos funcionarios públicos) y vaciaron progresivamente la política de contenidos ideológicos2”.

Mercantilización de la democracia

Transformaron el concepto de cosa pública en lógicas de mercado, “creando una legitimidad que a la élite y a la sociedad le permitió vivir una apertura que funcionó, como diría Gramsci, como una democratización pasiva desde lo alto. […] Pero, como el mercado responde a lógicas del mercado y no de lo público, bastaba el devenir de una variación de las variables macrosociales (como lo llaman los expertos) para develar la fragilidad de dicho pacto social”3.

Es así que se llegó a que el 1% de la población chilena, se lleve el 30% del Producto Interno Bruto -PIB-, cuando el restante 99% de la población tenga que trabajar para que el 1% pueda seguir otorgándole créditos.

Licenciada bajo Creative Commons

Estallido de sistema

“Estos son tiempos de una crisis planetaria de la civilización mundializada y sus principales contradicciones son la relación de explotación entre el humano y la naturaleza y la del humano por el humano, entendida como equilibrio biótico y sistémico de un conjunto completo de elementos”, asegura la publicación Genealogía de una crisis.

Igual, es muy difícil por los detentores del PIB, a nivel mundial, de deshacerse de este sistema. Eso significaría perder los privilegios que estas personas mantienen desde mucho tiempo. Pero ya tienen estrategias para no perderlos. Hay varias maneras para distraer la opinión pública de la base del iceberg del problema. Una de estas es la “personificaciones” de los problemas. Fue fácil, durante los últimos años 40, personificar a la figura de Adolfo Hitler (Alemania) o Benito Mussolini (Italia) con el nazismo o el fascismo, e incluso al final de los 80, personificar la dictadura chilena en la figura de Pinochet.

El problema de personificar la crisis

La población se concentra sobre una persona, pensando que esta persona es la causa del problema, y una vez eliminada, este va desaparecer. Es lo que pasa hoy en día en Chile con la figura de Sebastián Piñera. Es “el hombre” a eliminar. Es el que exacerba la represión, que impide los cambios queridos en Chile. Y no son solos los chilenos a decirlo, las ONGs como Amnesty International, o Human Rights Watch, los países europeos, como Alemania, los organismos internacionales, como Naciones Unidas también lo expresan al publicar sus informes.

Sebastián Piñera ya es incómodo como lo fue para el fin de su época el general Augusto Pinochet. Piñera está impidiendo que las protestas se calmen y eso provoca que, además de continuar con las violaciones a los derechos humanos, el sistema neoliberal no funcione, y las ganancias para las empresas se frenen o caigan.

Le puede interesar: En protestas chilenas ha habido ejecuciones extrajudiciales: ONU

Imma Guerras-Delgado, líder de la delegación de Naciones Unidas que se presentó en Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre de 2019, fue muy clara en ese sentido el día que presentó a la prensa acreditada en las Naciones Unidas de Ginebra, Suiza, el Informe publicado por la delegación de la Oficina del Alto Comisionado –Acnudh- el ‘Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución es la solución’. Un acuerdo que, según ella, debe ser “participativo e inclusivo”.

Sin embargo, los movimientos sociales que ya se expresaron en respecto al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, no lo definieron en ningún momento como inclusivo o participativo, denunciando la exclusión en la decisión del texto.

Según Juanita Aguilera, presidenta de la Comisión Ética contra la Tortura -Cect-: “La derecha está resguardando a que nada se cambie. Todo eso lo hicieron a espaldas del movimiento social, nadie del movimiento social fue incluido en estas decisiones. Fue un acuerdo a altas horas de la madrugada, sacaron el comunicado cuando toda la ciudadanía estaba durmiendo, mientras la represión no ha parado”.

1 Geanologia de una crisis, Instituto Patagónico de Estudios Culturales, Cristian Cepeda Oropesa, Ricardo Perez Abarca, Silvio Reyes Rolla.

2 Octubre de 2019: Estallido social en el Chile neoliberal, Mario Garcés.

3 Geanologia de una crisis, Instituto Patagónico de Estudios Culturales, Cristian Cepeda Oropesa, Ricardo Perez Abarca, Silvio Reyes Rolla.

Fuente: http://www.colombiainforma.info/en-chile-no-estallo-un-pais-estallo-el-sistema/

 

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Nueva huelga en Brasil por soberanía y contra recortes en educación

América del sur/Brasil/03 octubre 2019/Prensa Latina

Una nueva huelga nacional de Educación comenzará hoy en todas las universidades públicas de Brasil por la soberanía y contra recortes de fondos en el sector, según la convocatoria de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE).
A ese llamado se unió la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios y la Asociación Nacional de Graduados.

Los organizadores informaron que la movilización, que continuará mañana, forma parte de la lucha contra los numerosos ataques que la educación pública sufre del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

También de proyectos gubernamentales como Future up, la militarización de los centros de enseñanza, la iniciativa ‘Escuela sin partidos’, los recortes presupuestarios y el ataque a la autonomía universitaria.

La Central Unitaria de Trabajadores comunicó asimismo que en la huelga participarán movimientos populares y se rechazará la política de privatización de empresas símbolos del país como Petrobras y Correos. ‘Desde mayo, la educación y la ciencia han sido los principales sectores para movilizarse contra Bolsonaro, precisamente porque también son los principales objetivos de los ataques de este Gobierno’, indica una nota firmada por 66 entidades estudiantiles.

Señala que ‘los recortes presupuestarios en las áreas llegan al sistema desde la educación primaria hasta la de posgrado. Ponen en peligro la operación de cientos de campus universitarios, institutos federales, de investigación y laboratorios’.

Tales medidas, prosigue el texto, ‘amenazan con paralizar la ciencia brasileña con el recorte de los mercados bursátiles, pero principalmente, con la disminución del presupuesto previsto en el Proyecto de Ley Presupuestaria Anual 2020’.

Los signatarios del mensaje aseguran que ‘el Gobierno de Bolsonaro nos ha elegido como enemigos y, por este motivo, la educación ha sufrido varios ataques desde principios de año. No faltan razones para luchar, destacamos más allá de los recortes en la financiación de la educación, el programa Future up no es más que un mecanismo’.

La privatización de la red educativa federal y la militarización de las escuelas es una verdadera dictadura que el mandatario de extrema derecha quiere aplicar a la educación, refiere el aviso.

Añade que nuestras luchas no han sido en vano. Llevamos a millones de personas a las calles en mayo, hicimos un gran acto en Brasilia durante el congreso de la UNE en julio y nos movilizamos el 13 de agosto y el 7 de septiembre.

Incluso con la insistencia de Bolsonaro en mantener sus políticas de ajuste fiscal atacando las inversiones en educación y ciencia pública, ‘la movilización debe continuar’, remarca la nota.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=309736&SEO=nueva-huelga-en-brasil-por-soberania-y-contra-recortes-en-educacion
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Nueva Escuela Mexicana ¿una política de importación?

Por: Mauro Jarquin*

Durante una reunión de discusión sobre la Ley General de Educación, legisladores de Morena le preguntan a una reconocida investigadora educativa: ¿qué significa literacidad? Buscando la mayor certeza posible, ésta les responde con una definición encontrada en una página web especializada. ¿Eso qué significa? insisten los legisladores con un claro gesto de incomprensión. ¡Pero ustedes lo aprobaron! exclama ella, abriéndose paso a unos momentos de profundo silencio.

Al igual que excelencia y calidad en la educación, literacidad forma parte del cuerpo conceptual de la reforma educativa de la 4T expresada tanto en los cambios constitucionales y el Plan Nacional de Desarrollo como en las leyes secundarias aún en discusión.

Lo anterior nos muestra cómo, debido a la inédita legitimidad de origen del actual gobierno, no ha sido sencillo –ni para los propios legisladores– problematizar un ordenamiento conceptual ajeno a la realidad y tradiciones pedagógicas nacionales, y estrechamente vinculado con ciertas tendencias internacionales de reforma educativa gerencial. Basta con dar seguimiento a los discursos y presentaciones oficiales, leer los documentos del gobierno y analizar sus propuestas para comprender que la actual reforma educativa parece referirse a una política de importación de principios, metas y estrategias respaldada por los promotores de anteriores reformas educativas, sean actores del campo educativo nacional o instituciones multilaterales. Lo anterior puede encontrarse, por ejemplo, en temas relativos a determinados contenidos educativos, propuestas de administración y organización escolar, así como en políticas de atención a la primera infancia.

Con respecto los nuevos contenidos, literacidad es un anglicismo que refiere a literacy, definido por la OCDE como la capacidad de comprender y emplear información impresa en las actividades diarias con el fin de lograr determinados objetivos. En política educativa, es también un rubro de evaluación de la calidad educativa, posicionado a escala internacional gracias a la relevancia que la OCDE ha logrado adquirir en sistemas educativos en el mundo, dada la difusión de la prueba PISA durante las pasadas dos décadas. La centralidad de tal asignatura ha sido tal que distintas investigaciones han mostrado cómo desde el inicio del presente siglo se ha posicionado junto a las habilidades matemáticas en el foco de atención de sistemas educativos en detrimento de otros contenidos académicos. Lo anterior ha permitido la continuidad de políticas de estandarización educativa en evaluación y currículo con todo y los efectos imprevistos reconocidos abiertamente en la investigación académica de distintas latitudes e incluso por la propia Unesco hace algunos días. Si bien las capacidades de lectura habían adquirido relevancia desde los gobiernos panistas, nunca se habían situado en rango constitucional, lo cual nos habla de una particular tendencia político-pedagógica imperante en el diseño de la nueva normatividad educativa. Esto garantiza, por otro lado, la continuidad de la prueba PISA en las escuelas mexicanas no sólo como una herramienta de diagnóstico sobre el estado de la educación en terrenos específicos, sino también como un mecanismo de gobernanza educativa que opera en función de los resultados obtenidos en contraste con las metas unilateralmente establecidas.

En materia de organización y administración escolar, el anuncio de la desapa-rición del Inifed y la posible asignación directa de recursos económicos a las escuelas –con todo y la consecuente redistribución de responsabilidad entre los actores educativos– nos pone frente a un escenario en el cual las políticas sexenales parecen caminar también hacia una ruta de autonomía de gestión de carácter gerencial. En este rubro, será el BID el encargado de identificar los desafíos y oportunidades del proyecto escolar de la 4T, así como de apoyar en el intercambio de mejores prácticas sobre gestión escolar. La anunciada cooperación técnica, solicitada por la Subsecretaría de Educación Básica, resulta preocupante debido a la naturaleza de las propuestas del BID en temas de gestión escolar, más enfocados en la construcción de alianzas público-privadas para la solución de problemáticas específicas, que en la participación democrática de las comunidades escolares en la vida cotidiana de los planteles educativos. La experiencia internacional nos ha mostrado que a mayor margen de autonomía en las escuelas en materia financiera y de gestión, mayor es la tendencia a la generación de alianzas público-privadas para la provisión de servicios o la resolución de problemas, de los cuales el Estado deja de hacerse cargo parcialmente. Es en distintos sentidos una ruta a la privatización educativa.

Por otro lado, la estrategia de atención a la primera infancia –por cierto, tan necesaria en un contexto de marginación y violencia hacia los infantes de nuestro país– recién anunciada por el gobierno federal, se inscribe en una campaña regional de inversión temprana en capital humano, iniciada hace un par de años bajo el auspicio de instancias multilaterales, organizaciones del sector privado y think tanks regionales, con la participación abierta tanto de Ernesto Zedillo como de Claudio X. González Guajardo y sus organizaciones.

Sin lugar a dudas, la propuesta educativa de la 4T se ha nutrido de distintas voces, entre las cuales sobresalen los órganos de gobernanza educativa global-regional y actores privados nacionales. Mientras tales actores –señalados abiertamente como conservadores por el titular del Ejecutivo– se reúnen y comparten mesa con las autoridades educativas federales para dar forma al proyecto sexenal, el magisterio se encuentra preocupado por la falta de claridad respecto a su estabilidad laboral y el futuro del normalismo ¿Coincidencia o estrategia?

*Politólogo/Profesor FFyL-UNAM

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/09/14/opinion/016a1pol

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Federación de Maestros hace llamado para defender el sistema educativo

Redacción: Nuevo Día

La organización magisterial recabó apoyo de entidades estadounidenses y locales para las escuelas chárter y los vales educativos, entre otros.

La Federación de Maestros urgió a las comunidades escolares a unirse para luchar en contra de la implementación de medidas que pudieran promover la corrupción y el despilfarro de fondos públicos del sistema educativo, un llamado que contó con el apoyo de varias entidades locales y estadounidenses.

La organización magisterial celebró este fin de semana elEncuentro Transnacional en Defensa de la Escuela Pública, en la cual participaron representantes de Agitarte, el Programa de Egresados y de Inducción al Magisterio de la UPR y la Journey of Justice Alliance, entre otros, para exponer sus experiencias y posturas ante la creación de escuelas chárter y la privatización de escuelas públicas, entre otras.

La presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, sostuvo que la aprobación el año pasado de la Ley 85 de Reforma Educativa ha dado paso al establecimiento de estrategias en la isla que ponen en riesgo la verdadera escuela pública, como las escuelas chárter o el lanzamiento del programa de vales educativos para que estudiantes asistan a colegios privados.

“En Puerto Rico hacemos un llamado a las comunidades escolares a salir en defensa de la educación de sus hijos junto a la Federación de Maestros. Exigimos que se derogue la Ley 85 de falsa reforma educativa que abrió paso al desmantelamiento de cientos de escuelas, a la privatización por medio de las chárter y los vales educativos y el incremento de la ya entronizada corrupción”, indicó en declaraciones escritas.

“Llevamos un  mensaje claro al gobierno: la privatización, los contratos y el apoderamiento de la empresa privada de los bienes del pueblo es el germen de la corrupción y no puede permitirse. Enfrentamos un feroz ataque de las fuerzas neoliberales que pretenden apoderarse y convertir en negocio los servicios más básicos de la sociedad. Esto es así aquí y en los Estados Unidos”, añadió.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/federaciondemaestroshacellamadoparadefenderelsistemaeducativo-2512559/
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Brasil: Exministros rechazan políticas educativas de Jair Bolsonaro

Redacción: Kaos en la Red

Decenas de exministros de Ciencia de Brasil repudiaron las políticas del presidente de ese país, Jair Bolsonaro,hacia el sistema científico.

A través de un documento, titulado “La ciencia brasileña en estado de alerta”, publicado este martes, los extitulares de Ciencia denunciaron los recortes presupuestarios a los sistemas educativo y científico del país.

“Se agravan los recortes presupuestarios drásticos que podrán llevar a un retroceso sin comparación en la historia de la ciencia brasileña, área esencial y crítica, tanto para el desarrollo económico y social como para la soberanía nacional”, expresa el texto firmado por los exministros.

Las cifras arrojan que los institutos y universidades federales, responsables del 95 % de la producción científica brasileña, sufrieron este año un bloqueo del 42 % de su presupuesto anual. Asimismo, demuestran que se han cancelado 6198 becas de maestría, doctorado y posdoctorado.

De acuerdo con el texto, tal coyuntura genera condiciones que “estimulan la evasión de mejores cerebros”, y también la ausencia de representantes de la comunidad científica en comités y consejos gubernamentales.

El pasado mes de mayo, estudiantes y profesores protagonizaron protestas multitudinarias tras el anuncio de que se iban a producir recortes en las becas y presupuestos destinados a las instituciones federales, que se corresponden con más del 90 % de la investigación científica en Brasil.

Fuente: https://kaosenlared.net/brasil-exministros-rechazan-politicas-educativas-de-jair-bolsonaro/

 

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Argentina: Despidos y privatización educativa: “El que quiere capacitación con puntaje, que se la pague”

Redacción: La Izquierda Diario

Además del despido por mail de 36 docentes de capacitación en la PBA, las resoluciones de la gobernadora Vidal avanzan en el ajuste fortaleciendo la oferta privada en detrimento de la pública.

La cruzada antieducativa de Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal de Cambiemos parece no tener fin. Mientras impulsa las mesas “antieducativas” para garantizarse el comienzo de clases sin conflicto, en estos días se dio a conocer el despido -mediante un simple mail- de 36 docentes que conformaban los Equipos Técnicos Centrales (ETC) y que coordinaban los planes de formación docente y capacitación para cada uno de los distritos de toda la provincia.

A esto hay que agregarle la Resolución 3252/18 de la Dirección General de Cultura y Escuelas (DGCyE), publicada a fines de 2018, que limita el puntaje docente a 1,20 y restringe a los docentes la posibilidad de capacitarse, obteniendo puntaje gratuitamente mediante los cursos virtuales o presenciales de los CIIE (Centros de Capacitación, Información e Investigación Educativa) distritales. Es decir, dicho límite impone que solo se podrán realizar 2 cursos gratuitos por año ya que poseen cada uno un máximo 0,6 de puntaje. Algo muy insuficiente.

La necesidad de la formación docente, además de mejorar las prácticas de enseñanza, permite acrecentar el puntaje para acceder a los cargos de maestro y profesor publicados en los listados oficiales para la escuela pública.

Esta resolución alienta a que se realicen postitulaciones que otorgarían más puntaje que los cursos, están por fuera de la limitación de la resolución y llegan a otorgar hasta 3 puntos.

Casualmente, todos los organismos privados que hasta el año pasado ofrecían cursos pagos, ahora ofertan postítulos en convenios con universidades privadas con formato de diplomaturas o especializaciones. Y como los CIIE no poseen esta oferta de postítulos y tampoco las universidades públicas los ofrecen gratuitamente, el docente no tiene opción y se verá obligado a pagar por ellas.

Es decir, bajo una cobertura de supuesta “equidad”, “priorizando los postítulos” , como plantea la resolución, se favorece la oferta privada de institutos que lucran con las necesidades de los docentes.

Y, como un verdadero ejército, los vendedores de cursos desfilan por las escuelas públicas ofreciendo facilidades, cuotas y hasta “las respuestas de los exámenes”, con tal de vender -como feriantes- estas diplomaturas y especializaciones.

En relación al despido de los 36 docentes encargados de la confección y seguimiento de los cursos gratuitos de capacitación en la Provincia de Buenos Aires, su objetivo es ir debilitando la calidad de los mismos, vaciando los CIIE y promoviendo su cierre.

De esta manera, el gobierno de Macri y Vidal que redujo el presupuesto educativo para derivar fondos al pago de la deuda externa al FMI, ataca la formación docente gratuita como parte de un ajuste más general y, fortaleciendo la privada, promueve la desigualdad entre quienes pueden pagar los postítulos y obtener más puntaje, y los que no, mercantilizando la escuela pública, generando inequidad y jugosos negocios para los sectores privados.

Lejos del achicamiento y restricción de la capacitación gratuita, los y las docentes debemos pelear por la reducción de la jornada laboral a 6h. que incluya capacitaciones continuas en servicio, financiadas a través del no pago de la deuda externa, impuestos progresivos a las grandes fortunas y el quite de subsidios a la educación privada.

Además, debemos enfrentar el ajuste movilizados en las calles junto al resto de la comunidad educativa y otros trabajadores en lucha, exigiendo a las conducciones sindicales como el Suteba que se pongan al frente de esta pelea.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Despidos-y-privatizacion-educativa-El-que-quiere-capacitacion-con-puntaje-que-se-la-pague

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