El lobby oculto en el negocio de la educación

Por: Patricio Mendiola

El actual esquema de mercado de la educación superior que existe en Chile, se ha forjado a partir de las reformas estructurales llevadas a cabo por la dictadura cívico militar a partir de 1973. Teniendo por objetivo, como lo señala José Piñera, “tomar las riendas de una verdadera revolución libertaria”, esto motivó la implementación de un “Programa de Recuperación Económica Nacional”.

Este programa, consistía básicamente en reducir la inflación, liberalizar el mercado y equilibrar el presupuesto fiscal. Se lograría a través de la privatización de empresas públicas, liberalizando el trabajo y privatizando en forma parcial o total los servicios básicos como educación, salud y previsión.

Fue entonces que cambiar el esquema de financiamiento sustentado en la gratuidad de los estudiantes a partir de aportes basales a las instituciones de educación superior (IES), por un modelo privatizado donde el subsidio de la demanda comenzó a articularse como la principal forma de financiamiento lo que junto al aporte que debían realizar las familias, fue una de las modificaciones clave de la dictadura. Esto ser Laque representa la us entre nomicosamiento por v ía el soporte de las décadas futuras de un modelo educacional, donde se consolidarían los grandes intereses económicos; un mecanismo reproductor de la segregación y desigualdad social; la desregularización sistémica de la educación y su apertura al lucro.

A pesar de que la dictadura tuvo su fin en 1989, la herencia de los “chicago boys”, en la constitución del 80’ quedó intacta durante los 25 años de gobierno de la Concertación, periodo en el cual, no se cuestionó la idea que se haya construido una constitución y un modelo educacional sin ningún tipo de libertad ni consenso democrático, donde los distintos actores involucrados pudiesen expresar sus apreciaciones y aspiraciones.

De hecho, las modificaciones que implementó la concertación dentro del sistema educativo, fortaleció la idea de la educación como un bien por el cual hay que pagar, por esto redujo los Aportes Fiscales Directos, incrementó el subsidio a la demanda a través de becas y créditos, e implementó el Crédito con Aval del Estado, Principal herramienta de endeudamiento, que hasta el año 2016, afecta a más de 600 mil estudiantes con deudas de impagables.

Durante el gobierno de Lagos, el ministro Sergio Bitar – actual asesor de Alejandro Guillier –, quien tuvo el “honor” de implementar el CAE, señaló que “es uno de los mejores créditos del mundo en materia de financiamiento de la educación superior, por lo que ha sido una tremenda arma de igualdad y acceso para miles de estudiantes” (La Tercera, 2016).

Actualmente el CAE es la principal forma de financiamiento de la educación superior, representa el mayor gasto fiscal en la partida de educación de la Ley de Presupuesto Nacional, es entregado de forma indiscriminada a las instituciones de educación superior acreditadas –sin más excluyentes para recibir fondos estatales–, seguido por el subsidio a la demanda a través de las ayudas estudiantiles a los “más vulnerables” (becas y créditos).

El sector privado creado a partir de la reforma del 81’ es el principal beneficiado de este modelo educacional, ya que permitió que los controladores de estas instituciones cubran más del 80% de la matricula, en desmedro del 20% que representa las Universidades Estatales.

A costa de mucho trabajo y articulación constante de los rectores de las Universidades Estatales, han logrado mantener la participación e influencia en la agenda pública. En muchos casos pidiendo “tratos preferentes” para garantizar la preservación de un espacio público abierto a todos.

La educación privada crece en proporción de estudiantes, sin embargo disminuye en numero de controladores que concentran los planteles educativos, por mencionar algunos, INACAP, hoy está en manos de CPC y supera los 100.000 estudiantes entre Universidad, IP y CFT, mientras que el Grupo Laureate llega a una cifra similar entre la Universidad Andrés Bello, Las Américas y el IP AIEP. A ello se suman grupos religiosos extranjeros y empresarios nacionales.

El Grupo Laureate, junto a Universidad Santo Tomás, Uniacc y Universidad del Desarrollo son una de las principales instituciones que están siendo fuertemente cuestionadas e investigadas por casos de millonarias operaciones de compra y venta, crear sociedades inmobiliarias y pago de sobresueldos. Es decir, lucro.

Los grupos económicos tuvieron la claridad que para resguardar sus intereses económicos en la educación, debían controlar al Estado a través de redes de lobby. Así lograron hegemonizar el pensamiento político en materia educacional, de figuras importantes de la concertación y la derecha chilena, todos ellos, lideres que encabezaron el Foro de la Educación Superior en la década del 80’, espacio de discusión entre “la oposición” y los intelectuales de la dictadura militar.

Así es como aparece Pilar Armanet (PPD), jefa de la división de educación superior en el gobierno de Lagos y vocera del primer gobierno de Bachelet, que luego asumió como vicerrectora y rectora de la Universidad de las Américas, y que actualmente preside la Corporación de Universidades Privadas, quien ha manifestado públicamente la idea de que el lucro no es contraria con la calidad y que el endeudamiento de los estudiantes debe existir para permitir el acceso a la educación.

Dicha corporación reúne a los planteles con peor acreditación del sistema, donde muchas de ellas están siendo investigadas por casos de lucro. representa un espacio de lucro y lobby de los grandes intereses económicos, donde podemos encontrar Hugo Lavados (DC), rector de la Universidad San Sebastián y ex ministro de economía del primer gobierno de Bachelet. Quién continua defendiendo a las instituciones totalmente desreguladas y con evidentes fines de lucro.

De esta manera se instalan redes de poder que no se manifiestan con transparencia, que no plantean ideas ni posiciones en el debate público como lo hacen con tanto esfuerzo los rectores de las universidades públicas, sino que actúan de facto, cooptando los espacios reguladores y técnicos. Por esta vía se imponen como “técnicos” para obstruir el debate público sobre las medidas educacionales. Como se puede deducir, no existe la neutralidad técnica, y de técnicos no tienen nada.

Así estas instituciones se resguardan dentro del sistema educativo, no corren riesgos de competencia, se consolidan como espacios de concentración de poder económico regulado, no tienen la necesidad de invertir en calidad, sólo mover adecuadamente sus redes de lobby sobre las autoridades de turno. Su principal fuente de utilidad son los subsidios que, supuestamente, fueron creados para “permitir el acceso a los estudiantes más vulnerables”– el cual más bien, parece subsidio al lucro.

Las instituciones privadas con escasa regulación y acreditación son las que más reciben recursos públicos, las que ofrecen la educación más cara y de peor calidad, poniendo en juego los sueños de los estudiantes, con un cargo a los bolsillos de las familias y al erario fiscal.

Actualmente nos encontramos en un proceso de definiciones estratégicas el cual es clave para el futuro de nuestro país, con esto, me refiero a la continuidad y a la posibilidad de profundizar aún más las reformas educacionales que tanto demandan las mayorías del país, o por el contrario, generar un retroceso en materia de derechos sociales, justicia social y transparencia pública, poniendo en riesgo a Chile de cara al próximo periodo presidencial.

Lo lógico, sería que las posiciones de los distintos actores que tienen intereses sobre la educación superior fueran planteadas con plena claridad y transparencia, de cara a la ciudadanía en el espacio público, sin embargo, nos encontramos en una situación donde los grandes grupos económicos y los planteles privados de educación, están moviendo sus redes de lobby y generando presiones indebidas a diputados, senadores, autoridades de gobierno con el objetivo de manejar información privilegiada y traficar influencias para mantener sus posiciones de privilegio.

Si este sector privado y sus grupos económicos no están de acuerdo con el fin al lucro, al CAE y condonación de la deuda, al aporte fiscal indirecto, al fortalecimiento de las Universidades Estatales, a corregir y perfeccionar el sistema de gratuidad –hasta que sea universal–, a mejorar y modernizar la docencia e investigación, a generar una estrategia nacional de desarrollo para la educación superior con una hegemonía del Ues Estatales. Díganlo.

No existe ninguna justificación para aceptar nuevamente en Chile un lobby tan oscuro como el que se realizó en dictadura militar, para forzar la voluntad democrática de un pueblo, en favor de los intereses particulares, más aún en momentos en que se están tramitando o dejando de tramitar proyectos de ley de gran interés social, cívico y económico para el futuro de nuestro país.

Finalizando, hago un llamado a las mayorías de nuestro país –a la gente humilde, llena de sueños y aspiraciones– para decir que podemos construir un modelo de educación más equitativo y con justicia social, que signifique una inversión social camino al desarrollo de muchos y muchas, de manera que debemos estar más informados e informadas, más unidos y organizados, más alerta para ser agentes activos en las transformaciones políticas que nuestro país requiere.

Bibliografía

Entrevista a José Piñera de 1980 a la revista Qué Pasa (N°454). Sus grandes logros fueron la Reforma Laboral (1979) y la Reforma Previsional (1980)

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Mostrador, E. (2017). Mónica González: “Me gustaría saber cuánto le paga la USS a su rector Hugo Lavados, ex ministro DC y lobbista para obtener beneficios fiscales”. [sitio web] El Mostrador. Valido en: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/05/monica-gonzalez-me-gustaria-saber-cuanto-le-paga-la-universidad-san-sebastian-a-su-rector-hugo-lavados-ex-ministro-dc-y-lobbista/

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Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=235060