Prostitución

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Malawi: Trabajadoras sexuales en marcha de protesta en Lilongwe – ‘Brindamos servicios esenciales’

Noticias

Las trabajadoras sexuales marcharon en las calles de la capital, Lilongwe, contra la decisión del gobierno de imponer un toque de queda nocturno y el cierre de bares que, según dicen, tienen serias implicaciones económicas en sus vidas.

Piden al gobierno que revise las decisiones y les permita operar normalmente, diciendo que brindan «servicios esenciales».

Las protestas se interrumpieron después de que el comisionado del distrito de Lilongwe se negó a recibir su petición y los obligó a acudir al Ayuntamiento de Lilongwe.

La directora ejecutiva de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, Zinenani Majawa, dice que las protestas callejeras en curso en Lilongwe también están destinadas a llamar la atención sobre los problemas públicos de ese estigma relacionado con el trabajo sexual.

Ella, en particular, menciona el abuso policial de las trabajadoras sexuales como un elemento destacado en la lista.

Majawa dice que los agentes de policía abusan sexualmente de las prostitutas.

Fuente: https://allafrica.com/stories/202101280551.html

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Abandonadas en la pandemia: mujer, migrante y prostituta por necesidad en Melilla tras el cierre de fronteras

Rebelion

Por: Rosa Soto

El confinamiento paralizó la actividad de supervivencia de estas mujeres y rompió la frágil cadena de apoyo con las entidades sociales especializadas en prostitución. La ampliación teórica del Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis de la covid-19 con medidas adicionales para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución a duras penas se ha llevado a la práctica en la ciudad autónoma.

Pasada la medianoche, Lamya recorre a paso lento la calle de La Legión, arteria principal del barrio de El Real —el más extenso de Melilla—, a la espera de que algún hombre se le acerque o pare algún vehículo a su lado. «Con suerte, me llevo 30 euros por noche«, comenta amparada por el nombre con el que la conocen quienes se dedican al «comercio», que es como algunos puteros llaman a la prostitución, explica colocándose bien la mascarilla azul marino a juego con la sombra de ojos.

La crisis sanitaria del coronavirus y el consecuente cierre de la frontera de Melilla con Marruecos ha afectado especialmente a las mujeres migrantes que ejercen la prostitución como única vía de supervivencia dada su situación administrativa irregular que se enmaraña en trámites, papeles y un idioma que muchas veces desconocen.

«Trabajo de esto obligada. Busco empleo de friegaplatos en restaurantes, en la limpieza o cuidando a personas mayores o niños, pero sin papeles nadie quiere contratarme», relata en un castellano marcado por la musicalidad árabe esta marroquí de 44 años que se encuentra inmersa en la maquinaria burocrática para conseguir la residencia.

Habla de esclavitud porque le ofrecieron trabajar de interna en un domicilio cuidando a una señora mayor las 24 horas del día, de lunes a sábado. Por ello cobraría 250 euros al mes con la excusa de que le ofrecían una habitación y le permitían comer lo que preparara para la señora. «Estoy sola con un hijo de diez años a cargo. Él nació en Melilla, tiene la residencia, es hijo de un español que se niega a pagar algún tipo manutención. ¿Cómo voy a cuidar de mi niño si me paso el día fuera?», se pregunta.

Actualmente, Lamya vive con su hijo en un piso vacío en el barrio del Tesorillo. «Lo hemos ocupado. No vivía nadie. Se cae a trozos y está lleno de cucarachas. Que vengan a desahuciarnos de la misma manera que nos echaron de una pensión en el Rastro porque me retrasé un día con el pago de los 280 euros mensuales que pagaba por una habitación», apunta.

Ahora hace malabares para afrontar los gastos de la vuelta al cole de su hijo. «Con el cierre de frontera hay menos competencia entre las chicas, muchas se quedaron en Marruecos, también muchos hombres, los hay que se dedican a regatear 10 o 20 euros. Algunos se van sin pagar. Otros solo te paran para reírse de ti», comenta sentada en un banco junto a una farola.

Lamya calza unas chanclas rosas, viste unos leggins con un estampado floral verdoso y una camiseta negra con transparencias. En su bolso carga con un paquete de preservativos, lubricante y gel hidroalcohólico. «Todo esto de poco sirve. Con el condón claro que evitamos el sida y embarazos, pero seamos sinceras, ¿quién usa mascarilla para tener sexo? Enfermaré antes de coronavirus que de VIH», reflexiona con la mirada fija en otra joven apoyada en un quiosco.

Preguntada por la asistencia que diversas ONG ofrecen a mujeres en su situación, Lamya dice no confiar en estas entidades: «Vienen un par de días, te hacen preguntas y luego desaparecen a hacer informes o te dicen que no tienen recursos para todas o que todo va muy lento y que hay que tener paciencia». Del Gobierno dice no esperar nada: «Somos invisibles para ellos». Suena su móvil. Responde. «Un habitual», comenta mientras tira el cigarrillo, se despide y desaparece al doblar la esquina.

Lamya durante su noche de trabajo en las calles de Melilla.- ROSA SOTO
Lamya durante su noche de trabajo en las calles de Melilla.- ROSA SOTO

Sin registro de mujeres en prostitución

Lamya solo pone voz a la cifra indeterminada de mujeres migrantes que se ven forzadas a prostituirse por supervivencia. La responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Melilla, Laura Segura Sarompas, afirma que no existe documento alguno que contabilice o permita llevar un control para atender a las mujeres que ejercen la prostitución al tratarse de una actividad de economía sumergida.

Asimismo, niega que existan prostíbulos o clubs de alterne en la ciudad en los que aplicar las medidas anunciadas por el Ministerio de Igualdad durante el pasado mes de agosto para prevenir brotes de covid-19 en ellos, y desconoce la existencia de casas particulares de citas. «Sí que hay bares de copas que suelen frecuentar para ofrecer sus servicios», apunta.

Por su parte, Melilla Acoge lleva 20 años trabajando con mujeres que ejercen la prostitución. En los últimos tres años han centrado su acción en el barrio de El Real, donde han atendido a 213 mujeres, la mayoría de ellas transfronterizas, de las que 114 tienen hijos a su cargo y son las únicas responsables de la economía familiar. A pesar de este registro, reconocen que posiblemente sean muchas más las que están fuera de su red de ayuda por falta de recursos para ampliar su acción sobre el terreno y generar lazos de confianza con los que establecer un contacto continuo para posteriormente llevar a cabo programas de educación para la salud y prevención de infecciones de transmisión sexual.

Desde esta entidad también ofrecen atención individualizada para derivar a las mujeres que visitan su sede a servicios jurídicos o sociales específicos, además de clases de alfabetización o cursos formativos de auxiliar de limpieza, actividades que han quedado truncadas por el coronavirus: han cancelado las clases de lengua castellana para adultos, mientras que el curso de limpieza será virtual y muchas de ellas no tienen medios para conectarse.

Plan de Contingencia, ¿papel mojado?

Precisamente, con el objetivo de paliar las consecuencias económicas y sociales del coronavirus sobre este colectivo, el Ministerio de Igualdad aprobó el 31 de marzo el Plan de Contingencia contra las Violencias de Género ante la Crisis del Covid-19, donde definía una serie de medidas en el ámbito de la pareja/expareja, de la trata y explotación sexual y para mujeres en contexto de prostitución.

Este plan declaraba «servicios esenciales» todos los servicios de asesoramiento jurídico, atención integral y acogida para víctimas de violencia de género, explotación sexual y de trata, pero no mencionaba en este apartado como beneficiarias a las mujeres en contexto de prostitución, hecho que le valió numerosas críticas por parte de organizaciones como Acción en Red Andalucía y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Sin embargo, el Estado de Alarma paralizó toda actividad, incluso estos servicios definidos como esenciales, y muchas entidades y ONG dedicadas a la atención de estas mujeres no pudieron mantener sus actividades a pie de calle por falta de medios y dificultades de localizarlas, lo que supuso una ruptura en esta red básica de apoyo, que forzó al Ministerio de Igualdad de definir y ampliar nuevas medidas para tratar de llegar a este sector.

No fue hasta el 21 de abril cuando se amplió este plan y se especificó que las mujeres que ejercen la prostitución también contarían con una alternativa habitacional en caso de verse con la necesidad derivada de la crisis sanitaria de la covid-19. De esta forma, daban respuesta a las reclamaciones de las asociaciones que alertaban de la vulnerabilidad de estas mujeres, que quedaron sin ingresos durante el confinamiento y sin posibilidad de beneficiarse de un ERTE, lo que les dificultaba hacer frente al pago del alquiler. También se garantizaba a este colectivo la posibilidad de acceder al Ingreso Mínimo Vital y detallaba que «se asegurará que las mujeres en situación administrativa irregular, que son la mayoría (…) puedan acceder a este derecho».

Ninguna mujer derivada en Melilla

Meses después de la publicación del Plan de Contingencia, la realidad muestra que las mujeres que ejercen la prostitución en Melilla no se han beneficiado de ninguna de estas medidas. La responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en Melilla, Laura Segura Sarompas, afirma a este medio que «no se ha derivado a ninguna mujer en contexto de prostitución a los recursos disponibles» desde el inicio de la crisis sanitaria.

En referencia a las alternativas habitacionales, concreta que actualmente hay dos viviendas que acogen a 33 mujeres víctimas de violencia de género y se ha habilitado un tercer recurso alternativo y temporal, pero en ninguno consta ninguna mujer procedente del ámbito de la prostitución, independientemente de su situación documental. Tampoco se ha gestionado ningún expediente de Ingreso Mínimo Vital, extremo con el que coinciden desde Melilla Acoge.

Sarompas reconoce que queda un largo camino por recorrer: «Si en materia de violencia de género vemos la punta del iceberg, en cuestión de prostitución, trata y explotación sexual apenas vemos nada», lamenta. De ahí que se haya propuesto definir mesas de trabajo para desarrollar programas que permitan aplicar medidas que den resultados, pero alerta: «El problema es que no tenemos presupuesto». Mientras tanto, mujeres como Lamya dicen sentirse «huérfanas» por no contar con el apoyo que esperaban del Gobierno y que las ONG iban a traducir en medidas tangibles.

Fuente: https://rebelion.org/abandonadas-en-la-pandemia-mujer-migrante-y-prostituta-por-necesidad-en-melilla-tras-el-cierre-de-fronteras/

 

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Niñas en Kenia pasan de la escuela a la prostitución por covid-19

Rose Mary Hernández Román

Tras el cierre de las escuelas en Kenia por la pandemia de covid-19, centenas de niñas tuvieron que dejar sus estudios para prostituirse y llevar ingresos a sus casas.

Algunas adolescentes no recuerdan con cuántos hombres han tenido sexo en los siete meses que han pasado desde que el brote de covid-19 obligó a cerrar las escuelas, ni cuántos de esos hombres usaron protección.

Señalaron que en ocasiones fueron violadas y golpeadas cuando pidieron que les pagaran, apenas un dólar a veces, para ayudar a sus familias en momentos en que los trabajos se evaporaban a causa de la pandemia.

En el cuarto que alquilan en Nairobi, la capital keniana, las niñas dijeron que no piensan demasiado en el peligro de contraer el coronavirus o el VIH cuando lo que cuenta es la supervivencia.

“Si consigues cinco dólares en la calle, es como si fuera oro”, afirmó una muchacha de 16 años en la pequeña cama que comparte con otras dos chicas, de 17 y 18 años, a quienes describe como sus “mejores amigas para toda la vida”.

Entre las tres pagan los 20 dólares del alquiler en un edificio en el que todos los cuartos están ocupados por trabajadoras sexuales.

El Organismo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dijo que los progresos logrados en los últimos años en la lucha contra el trabajo infantil corren peligro de ser anulados por la pandemia y por primera vez en 20 años podría registrarse un aumento en la cantidad de menores que trabajan.

La ONU advirtió que millones de niños podrían ser explotados o forzados a realizar trabajos peligrosos. El cierre de las escuelas, señaló, agrava el problema.

Muchas familias en Kenia dejaron de percibir ingresos debido al confinamiento por el covid-19. (AP) Mary Mugure, una ex trabajadora sexual, lanzó Night Nurse, una iniciativa para rescatar niñas que siguen ese camino.

Comentó que desde que se suspendieron las clases en Kenia en marzo, unas mil menores empezaron a prostituirse en los tres barrios de Nairobi que monitorea.

La mayoría de las muchachas tratan de ayudar a sus padres a pagar las cuentas. La más joven tiene 11 años, según Mugure.

Las tres chicas que comparten la habitación fueron criadas por madres solteras junto con sus hermanas. Las familias se quedaron sin ingresos cuando el gobierno implementó medidas de confinamiento para frenar la propagación del virus.

Las madres de dos de ellas lavaban ropa para personas que viven cerca del barrio pobre en el que viven, llamado Dandora.

Pero cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en la zona, nadie las quería en sus casas, comentaron las muchachas.

La madre de la tercera vendía papas en la calle, pero tuvo que dejar de hacerlo luego de que se implementaron las restricciones.

Las tres muchachas son las mayores de sus hermanos y decidieron ayudar a sus madres a alimentar a la familia. Tenían un popular grupo de baile que cobraba por sus presentaciones.

Pero cuando se prohibieron las reuniones, se quedaron sin ese ingreso. “Ahora le doy a mi madre 1.84 dólares diarios (40 pesos mexicanos) y eso la ayuda a alimentar a los demás”, dijo una de las muchachas.

En otro sector de Nairobi, la madre soltera Florence Mumbua y sus tres hijos, de 7, 10 y 12 años, parten piedras en una cantera bajo un calor sofocante.

Es un trabajo agotador y peligroso, pero ella, de 34 años, dijo que no tiene otra alternativa tras perder el empleo que tenía limpiando una escuela privada que cerró al imponerse las restricciones por el virus.

“Tengo que trabajar con ellos (los hijos) porque tienen que comer y lo que gano yo sola no alcanza”, explicó.“Trabajando en equipo, sacamos lo suficiente para comer”.

El trabajo infantil también aumentó en Kenia tras la pandemia de covid-19. (AP) De vuelta en Dandora, Dominic Munyoki, de 15 años, y Mohamed Nassur, de 17, recorren el vertedero más grande de Kenia buscando metal para vender.

Su madre, Martha Waringa, una madre soltera de 35 años que también trabaja en el vertedero, comentó que el dinero que gana su hijo la ayudará a pagar por la escuela de sus siete hermanos cuando se reanuden las clases.

Y Ann Munhay, de 45 años y quien es madre de Nassur, tampoco ve nada malo en que su hijo la ayude a mantener a la familia.

“Cuando empezó a trabajar me di cuenta de que era algo positivo porque no se quedaba haciendo nada en la casa o con juegos que no lo ayudan en nada”, declaró. “Cuando va a trabajar, gana dinero que nos ayuda mucho. Y se compra ropa”.

Phillista Onyango, quien dirige la Red Africana para la Protección y Prevención del Abuso y el Abandono de Menores, señaló que con las escuelas cerradas, varios padres de familia de barrios pobres prefieren que sus hijos trabajen a que se queden en casa y corran peligro de caer en las drogas o la delincuencia.

Por su parte, las tres amigas que comparten una habitación dijeron que esperan no tener que prostituirse toda su vida, pero al mismo tiempo señalaron que es poco probable que vuelvan a la escuela.

Fuente: https://www.milenio.com/internacional/africa/kenia-ninas-dejan-escuela-prostitucion-covid-19

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Los riesgos de meter en el mismo saco prostitución, trata y explotación sexual

Meritxell Rigol

Entidades sociales que atienden a mujeres en estos contextos piden al Gobierno concreción en los criterios que permitirán el acceso a las medidas de emergencia

Incertidumbre y cierta desconfianza acompañan a las medidas anunciadas el pasado 21 de abril por el Ministerio de Igualdad para responder al impacto del confinamiento sobre las mujeres “en contextos de prostitución” y aquellas víctimas de trata o de explotación sexual.

El que el Gobierno haya planteado, dentro del plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis de la covid-19, un único paquete de medidas excepcionales para situaciones muy diversas genera dudas tanto de fondo como operativas entre entidades especializadas y en los colectivos de prostitutas.

“Una trabajadora sexual se ve afectada por el confinamiento porque su trabajo disminuye y puede encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, pero no tengo del todo claro que en el plan estén reconociendo estas situaciones, mientras que lo que sí veo es que mezclan colectivos que tienen marcos normativos de referencia diferenciados”, advierte Rosa Cendón, coordinadora de Relaciones Institucionales e Incidencia de Sicar.Cat, un proyecto de atención integral a mujeres víctimas de trata en Cataluña, ligado a Adoratrices, una congregación religiosa.

Adoratrices también es responsable del proyecto Esperanza, uno de los cuatro que el Ministerio de Igualdad estableció desde el 21 de abril como referentes para que aquellas mujeres que se encuentren en situación de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución puedan obtener información sobre “derechos y alojamiento seguro”. Con ese fin difunden por redes sociales sus teléfonos de atención 24 horas y los de las unidades de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado especializados en trata. Esto responde a una de las medidas del plan: “Garantizar la información” para no dejar a “ninguna mujer desprotegida”.

Si bien fuentes de Igualdad apuntan que lo “fundamental del Plan es que amplía la posibilidad de detección de las víctimas a través de las entidades especializadas”, son numerosas las organizaciones que trabajan con mujeres que ejercen la prostitución –y que, por lo tanto, pueden llegar a detectar casos con indicios de trata–  las que denuncian que no han sido tenidas en cuenta ni para proponer actuaciones ni para plantear cómo aterrizarlas. “Por parte de las mujeres hay muchas expectativas por lo que han leído en la prensa, pero las entidades no somos capaces ni de explicar los requisitos ni el recorrido que tendrán que hacer”, lamenta Clarisa Velocci, directora de Genera, entidad reconocida como recurso especializado por el Protocolo de Protección a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de Cataluña. “Nos preocupa que la comunicación desde el 21 de abril haya sido más para un público general que para las entidades especializadas en trata y en prostitución, que no sabemos cómo va a coordinarse todo esto”, añade.

Pese a que la medida estrella, el acceso de las mujeres al ingreso mínimo vital incluso si se hallan en situación administrativa irregular, “se está terminando de ultimar en términos normativos por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social”, fuentes de Igualdad afirman que “el Plan y la mayoría de recursos que recoge”, como la garantía de información, identificación y detección, así como la solución habitacional, “están ya en funcionamiento”.

“Valoramos la buena intención del documento pero también les trasladamos que ofrecer soluciones habitacionales pide que la medida se dote de recursos”, remarca el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya, Oriol Amorós. Que está previsto que el fondo presupuestario destinado al Pacto de Estado contra la Violencia de Género sea “igual que el año pasado” es de las pocas concreciones que han llegado a los gobiernos autonómicos tras el anuncio de las medidas excepcionales para las mujeres en situación de trata o prostitución, explica Amorós.

Ni criterios ni circuito definidos

El pasado 30 de abril se reunió el Foro Social contra la Trata, el órgano de coordinación entre entidades especializadas y administraciones con competencias en la materia para abordar la ampliación del plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis de la covid-19. El encuentro, sin embargo, no dejó certezas sobre el circuito para gestionar las ayudas excepcionales.

Las organizaciones denuncian que los ayuntamientos se niegan a empadronar o ponen trabas a quienes no pueden acreditar un domicilio fijo debido a la precariedad

Entre las demandas “para que estas medidas no queden inaccesibles para la mayoría”, Amorós plantea que la puerta de acceso tiene que ser el ámbito local. “O se es muy capilar en la accesibilidad o no funcionará el plan para estas mujeres”, advierte. En este sentido, el gobierno autonómico pide que la puesta en marcha del plan ponga en el centro a los servicios especializados en violencia machista más próximos, así como a las entidades locales que trabajan directamente con mujeres en contextos de prostitución. Una necesidad que también remarca Sicar.cat para garantizar un circuito efectivo de  acompañamiento a las mujeres y que no se concreta en la primera propuesta del Ministerio. Tras el Foro Social contra la Trata, Igualdad ha recogido aportaciones de las entidades especializadas y organismos que forman parte del Foro Social contra la Trata para afinar la propuesta.

Para la Generalitat y las entidades consultadas, es fundamental garantizar el empadronamiento para que estas mujeres no vean cerradas las puertas de muchas ayudas. Las organizaciones denuncian que la mayoría de ayuntamientos se niegan a empadronar o ponen trabas a quienes no pueden acreditar un domicilio fijo debido a la precariedad económica y habitacional, pese a que incluso “las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc., e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón, según las instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal, publicadas en el BOE el 25 de julio de 1997, durante la primera legislatura del PP. Las dificultades para empadronarse impactan en buena parte de las mujeres que ejercen trabajo sexual, mayoritariamente, migrantes.

“El reconocimiento de derechos es amplio en la norma y reconoce la diversidad de situaciones dentro de la prostitución, pero no sabemos cómo estos derechos se harán efectivos para las mujeres, cosa que depende de quiénes se encargarán y de los requisitos. De esto dependerá el impacto en las mujeres que acompañamos”, remarca Velocci. Genera, la organización para la que trabaja, atiende a alrededor de 600 mujeres al año en las provincias de Barcelona y Girona. Entre el 15 y el 20% muestran indicadores de estar en situación de trata. Velocci afirma que el resto ejerce de manera voluntaria.

La guía de actuación publicada por el Ministerio en el marco del plan #NingunaMujerDesprotegida indica que aquellas que ejercen la prostitución pueden gestionar el acceso a una ayuda económica «para salir de la situación» a través de los servicios sociales. Se les recomienda que antes contacten con una entidad especializada de apoyo a los procesos «de salida» de las mujeres de la prostitución.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género cifra en 13.300 las mujeres con signos de trata o explotación sexual, según datos recogidos en 2018. Ahora bien, tan solo fueron reconocidas como víctimas 331, según la Fiscalía General del Estado (sección de Extranjería). Un infrarreconocimiento vinculado al hecho que la única vía de identificación oficial de víctimas de trata es la policial, con la que las mujeres afectadas por esta violencia machista a menudo no quieren tener contacto, ya que temen ser deportadas al encontrarse en situación administrativa irregular.

Entre las medidas excepcionales por la crisis de la covid-19  no se contempla el reconocimiento como víctima de trata ni ningún tipo de protección frente a la Ley de Extranjería pesa a que, al mismo tiempo, el acceso al ingreso mínimo vital se vincula a ser víctima de trata.

Diversidad de situaciones, un mismo marco

Si bien califica de “pequeñísimo logro que hayan sido capaces de diferenciar prostitución de trata”, Kenia García, activista del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y una de las portavoces de la campaña #RegularizaciónYa, apoyada por al menos 900 colectivos de migrantes, antirracistas y proderechos de las personas migrantes, considera inadecuado que el apoyo a mujeres que ejercen trabajo sexual sin coacciones ni condiciones de explotación se enmarque en un plan contra la violencia de género. “Nosotras no somos víctimas y en ningún momento nos han preguntado qué necesitamos”, denuncia.

Alimentos, albergues, butano, medicación… García explica que su colectivo y otras organizaciones de trabajadoras sexuales se han pasado las últimas semanas buscando recursos para mujeres que, durante el confinamiento, se han quedado sin ingresos económicos o, incluso, se han endeudado. Es el caso de aquellas que viven de alquiler en habitaciones de clubes en los que normalmente también trabajan.

“¿Qué es contexto de prostitución en ‘máxima vulnerabilidad’? ¿Quién lo decide? Creo que esta ampliación de medidas ha sido un brindis al sol; que se han visto con la necesidad de decir algo al respecto de la situación de urgencia que las trabajadoras sexuales llevamos desde el principio del confinamiento denunciando”, plantea Belén, delegada territorial del sindicato OTRAS.

A finales de 2018, la Audiencia Nacional declaró la nulidad de los estatutos de este sindicato de trabajadoras sexuales. Sentenció que no resulta posible “un contrato en virtud del cual el trabajador asuma la obligación de mantener relaciones sexuales que le indique el empresario”. Una de las demandantes fue la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, una de las cuatro entidades de referencia para la atención de casos de trata o prostitución en el plan del Ministerio de Igualdad, junto al Proyecto Esperanza de Adoratrices; Diaconía, vinculado a la Iglesia evangélica, y APRAM, que considera la prostitución una expresión de violencia machista.

Estigma e irregularidad, grandes barreras

A los colectivos de trabajadoras sexuales y las ONG consultadas les preocupan las múltiples trabas a las que tendrían que enfrentarse las mujeres que ejercen la prostitución para lograr acceder a las ayudas. A la falta de empadronamiento de muchas se le añade el temor a recurrir a los servicios sociales por el estigma. “¿Se van a hacer listados de putas? ¿En manos de quién? Muchas no quieren que su nombre aparezca asociado al ejercicio de trabajo sexual y tienen miedo de que siendo madres solas les quiten a sus peques”, pone sobre la mesa Belén. Confidencialidad de los datos personales y garantías de que la información de quienes están en situación administrativa irregular no llegará al Ministerio del Interior ni a los cuerpos policiales son demandas básicas de los colectivos de trabajadoras sexuales al Gobierno.

Sin ingresos, algunas de ellas también pueden llevar mucho tiempo sin comunicarse con su familia en sus países de origen

Sin acceso a contratos de alquiler formal, muchas además no han podido acogerse a las medidas excepcionales del Gobierno en materia de vivienda y suministros. Tampoco a otros apoyos para trabajadores, porque la economía sumergida es una fuente de subsistencia, pero también de desamparo. Además, para muchas de ellas, sin los papeles en regla, salir a la calle, con mayor presencia policial, genera mucho miedo. Sin ingresos, algunas de ellas también pueden llevar mucho tiempo sin comunicarse con su familia en sus países de origen. A ello, se le suma lo más básico que hay resolver cada día que pasan sin trabajar y sin acceso a renta: el hambre. “Muchas compañeras viven en la angustia mientras se deciden los criterios de una medidas que van tarde y dirigidas a víctimas”, remacha García.

Uno de los temores de las organizaciones de trabajadoras sexuales es que el acceso a las ayudas sociales vaya aparejado a la exigencia de cambiar la prostitución por alternativas laborales altamente precarizadas e, igualmente, altamente feminizadas y racializadas, como la limpieza y el cuidado de personas ancianas. “Tendremos que ver si el Gobierno hace diferencia respecto a otros colectivos, a los que se ayuda sin pedir contraprestación”, plantea Cendón, que reivindica “igualdad de condiciones” para responder a necesidades urgentes.

Fuente: https://rebelion.org/los-riesgos-de-meter-en-el-mismo-saco-prostitucion-trata-y-explotacion-sexual/

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La prostitución nunca es segura para las mujeres y ahora menos

Teresa C. Ulloa Ziáurriz

Hace unos días Julie Bendel escribió en The Critic, para responder a un artículo reciente que escribió Nichi Hodgson que caracterizaba a las “trabajadoras sexuales” como simplemente mujeres autoempleadas.

Y escribió:

“Tan pronto empezó la cuarentena, me pregunté cuánto tiempo les tomará a los promotores y facilitadores de la prostitución, incluyendo a los proxenetas que se enriquecen a costa de mujeres vulnerables para tartar y justificar sus negocios de siempre, el comercio sexual. Después de todo, qué harían los hombres si no pueden penetrar el cuerpo de las mujeres para su propio placer sexual.  ¿Como puede ser que todas las instalaciones donde se practica el comercio del sexo como los restaurants, los bares, clubs, cantinas, e instalaciones deportivas iban a quedar cerrados? Y es que los hombres tienen sus necesidades, ¿sabes?”…

Mucho se ha escrito sobre este tema en las últimas fechas y muchas organizaciones también han pedido a sus gobiernos que brindarán medidas de auxilio a las mujeres en situación de prostitución.

…”Un proyecto de reducción del daño – proyectos que usualmente son financiados por el NHS (Servicio Nacional de Salud) con el objetivo de minimizar los riesgos de salud a las mujeres prostituidas – publicó una normativa basada en el uso de cloro y desinfectante mientras está en contacto con un putero, no permitir besos y desnudarse y cambiar las sábanas después de cada servicio, si es posible.

En otras partes, como las agencias de acompañantes se les recomendó a las mujeres bañarse o ducharse con cloro, hacer gárgaras con el cloro.

Las sobrevivientes del comercio sexual con las que hable están furiosas por la manera en la que se está protegiendo a la Prostitución a toda costa, incluso a costa de su salud y su vida. “No podemos estar seguras”, dijo Fran. “Los puteros ponen las reglas y son ellos, no nosotras, los que están en control. Ellos son los que exigen y dicen lo que se va a hacer y lo que no.”

La idea de que la prostitución puede ser segura bajo cualquier circunstancia, y que por eso no hay problema en dejarlas solas frente a esta crisis global de salud es irrisible.  Por qué alguien con un legítimo interés por la salud y la vida de las mujeres podría haber renombrado formalmente a la Prostitución como ‘trabajo’ para reclamar para ellas el estatus de trabajadoras, en lugar de demandar que el gobierno presupuestara dinero para opciones de salida dignas.”

En 2009, junto con otras colegas Julie Bindel en la Universidad del Banco del Sur, condujo un estudio integral sobre las barreras y oportunidades para salir de la prostitución. La gran mayoría de las 114 mujeres entrevistadas respondieron que preferirían estar haciendo cualquier otra cosa que vendiendo sexo. Ellas querían salir. Aún aquellas mujeres que se identificaban a sí mismas como ‘acompañantes de clase alta’ hablaron de su experiencia en la prostitución como degradante, abusiva y traumatizante.  Una mujer que estaba explicando cuanto ‘amaba ella ese trabajo’, pero mientras avanzaba la entrevista se le rodaban las lágrimas que le salían de sus ojos bien maquillados como iba hablando.

Escribió también Bindel

“…entrevisté a docenas de hombres que pagan por sexo, en el Reino Unido y en otros países. Los puteros que se quedaron grabados en mi mente son esos que encontré en los burdeles legales, como los de Nevada, en Estados Unidos. Su sentido de tener derecho y su evidente arrogancia mostrada mientras elegían su ‘cita’ de una línea de chicas que se exhibían a la entrada del burdel. Mientras checaban en la recepción, podían ver una lista de nombres de las mujeres y los resultados de sus análisis de sangre de esa semana exhibidos en la pared. Los proxenetas sabían bastante bien que a pesar de las reglas escritas que exigían a los puteros usar condones, muchos podían rehusarse, y por lo tanto le correspondía a las mujeres demostrar que estaban ‘sanas’.

El burdel del Rancho de Pollos, que visité mientras investigaba para mi libro sobre el comercio global del sexo, ha sugerido recientemente que es seguro para mantener la prosperidad del negocio mientras que las mujeres y los puteros que asisten se laven frecuentemente las manos y usen gel antibacterial o sanitizantes. Esto solo se trata de las ganancias de los proxenetas.

Los intentos de algunos grupos de cabilderos para explotar la pandemia del coronavirus para abogar para normalizar el proxenetismo, el mantener burdeles y la compra de sexo a través de renombrar a la prostitución como ‘trabajo’ es espantosa.

Los países que han legalizado o descriminalizado el abuso comercial de mujeres tendrán que enfrentar las consecuencias y reconocer que la trata, el uso de drogas, las tasas de contagio del VIH y otras ITS, así como de explotación sexual infantil empeorarán cuando a los hombres se les dé carta blanca para pagar por sexo con mujeres desesperadas.

Esta crisis es una oportunidad para nuestros gobiernos para perseguir sin tregua a los proxenetas y los puteros

En Brisbane, Australia, donde la prostitución es legal, la policía ha estado arrestando y multando a las mujeres que trabajan en burdeles sin licencia legal, cuando lo que debían de hacer es arrestar a los proxenetas y los puteros involucrados.

Las mujeres vulnerables necesitan que se les dé la oportunidad de escapar del comercio sexual y no ser engañado con consejos de salud sin sentido y desinfectantes de manos. Esas mujeres ya están expuestas a violencias horroríficas, así como a un número de condiciones de salud física y mental serias y de larga duración. La última cosa que cualquier gobierno debería estar hacienda es encontrar formas para mantener el comercio sexual prosperando.

Esta crisis es una oportunidad para nuestros gobiernos para perseguir sin tregua a los proxenetas y los puteros que están determinados a explotar a las mujeres más vulnerables a pesar de los riesgos sanitarios masivos, para ellas y para la Sociedad en general. Las únicas mujeres que quedan ‘trabajando’ en este clima de riesgo son las más desesperadas. La legislación actual en el Reino Unido relacionada con los que pagan por sexo es que esos que acceden a servicios de prostitución de mujeres que son traficadas o coaccionadas están cometiendo un delito.

Las mujeres prostituidas deben recibir apoyo financiero y clasificarse como desempleadas a largo plazo. Tenemos que reconocer el infierno bajo el que han estado viviendo y poner a su disposición todo, desde servicios de terapia psicológica y salud, cuidado de niñas/os y paquetes de reeducación.

El gobierno debe perseguir a los hombres que están anteponiendo sus propios deseos egoístas a la vida de las demás personas. La prostitución nunca se podrá hacer segura. El COVID 19 no es más que una amenaza para las mujeres que en prostitución, y los proxenetas y los puteros tienen que ser los que pagan el precio.”

Fuente: https://tribunafeminista.elplural.com/2020/04/la-prostitucion-nunca-es-segura-para-las-mujeres-y-ahora-menos/

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España: La Asociación In Género demanda ayuda de emergencia para las personas que ejercen la prostitución en la región

Noticias

Redacción: El Diario

La Asociación In Género ha demandado ayuda de emergencia para las personas que ejercen la prostitución en Castilla-La Mancha, pues la crisis sanitaria y social generada por el coronavirus «ha puesto de manifiesto más aún la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encuentra las cerca de 2.000 personas que ejercen la prostitución en la región junto con las víctimas de trata».

En este sentido, desde la Asociación In Género ha afirmado que se ha llegado a requerir hasta seis documentos (empadronamiento, tarjeta de demanda de empleo, certificado de vida laboral, etc.) desde otras organizaciones humanitarias para gestionar una ayuda de emergencia de alimentos y «que excluyen inexplicablemente y de forma directa a las personas en situación administrativa irregular». Por ello, reclaman que la ayuda de emergencia sea más inclusiva, fácil de gestionar y eficaz.

Además, observan desde la asociación, «que el colectivo se puede ver obligado a ejercer la prostitución de forma clandestina en pisos poniendo su salud en riesgo y las de otras personas para poder cubrir sus necesidades básicas y la de sus familias».

Asimismo, a su juicio, «es necesario recordar que la mayoría de estas personas viven en los lugares donde ejercen la prostitución, por lo que, con el estado de alarma, muchas han tenido que quedarse dentro de los clubes cerrados al público con el permiso de sus dueños y pagando una cantidad diaria (que ronda los 10 euros por comida y alojamiento)».

Respecto a las alternativas residenciales, «han sido complejas de conseguir puesto que la administración competente carecía de recursos suficientes y los que había estaban prácticamente ocupados por otras mujeres que siendo víctimas de violencia también, tenían más prioridad que nuestro colectivo».

«Sin duda, esta crisis ha puesto sobre la mesa la invisibilidad de este colectivo en la sociedad y la falta de capacidad de defensa de sus derechos públicamente. La enfermedad puede traer muchas consecuencias negativas pero también puede ofrecer una oportunidad para el empoderamiento de las personas que ejercen la prostitución», ha afirmado esta asociación,

Así, añade que también puede ser ocasión de «favorecer una conciencia crítica para que sean ellas mismas las que decidan cómo se deben hacer las cosas, cómo garantizar su protección y cómo evitar que situaciones como las que se están viviendo puedan ser remediadas».

La Asociación In Género es una ONG de ámbito nacional que nació en Castilla-La Mancha en 2005 con el objeto de dar una respuesta integral a las necesidades de las personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata. La entidad nació frente «a la preocupación creciente sobre la situación de las personas que ejercen la prostitución en nuestro país y especialmente de las personas que están en situación de trata».

Fuente: https://www.eldiario.es/clm/Asociacion-In-Genero-emergencia-prostitucion_0_1017349194.html

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Chile: “Esclavitud moderna”: trata de personas aumenta 1.300% y jesuitas apuntan a las “barreras excesivas” para el ingreso al país

Noticias

Redacción: El Mostrador

Según datos de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap) de la PDI, desde 2017 a 2019 las víctimas de tráfico de migrantes pasaron de 27 a 376 afectados. La mayoría de ellos son extranjeros y especialmente mujeres, ya que la explotación sexual y laboral son los ilícitos que más se han registrado. Desde el Servicio Jesuita Migrante advierten que cuando se “obstaculiza el ingreso regular al país”, aumentan las posibilidades de caer en las redes de estas bandas, por lo que “las medidas administrativas no pueden estar por sobre los derechos humanos de las personas”.

Durante esta jornada, la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap) de la PDI, reveló que en los últimos tres años las víctimas por este tipo de delitos aumentaron en un 1.300%, siendo la explotación sexual y laboral las causas más comunes. Una situación calificada como «esclavitud moderna» por la policía civil.

Este radical incremento se relaciona con el alza de la inmigración durante el periodo indicado, considerando que desde 2017 a 2019, las víctimas de tráfico de migrantes aumentaron de 27 a 376 afectados. En tanto, los detenidos por este delito ascendieron de 11 a 32 durante el mismo tiempo, revela La Tercera.

La mayoría de las víctimas son extranjeros y especialmente mujeres, ya que la explotación sexual y laboral son los ilícitos que más se han registrado.

«Esto tiene que ver directamente con que son extranjeros que llegan a nuestro país, donde no tienen redes de apoyo ni familiares cercanos, y en situaciones en que se suma, además, una desconfianza en la autoridad y hacia la policía», explicó a ese medio el jefe de la Britrap, Giordano Lanzarini.

Desde el Servicio Jesuita Migrante (SJM) apuntan a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, señalando que cuando se “obstaculiza el ingreso regular al país”, aumenta la posibilidad de ser víctimas de bandas que se dedican a estos delitos. Por eso, el director de Incidencia y Estudios de la entidad, Juan Pablo Ramaciotti, advierte que “las medidas administrativas no pueden estar por sobre los derechos humanos de las personas”.

“Si ponemos barreras excesivas, sobre todo a personas que necesitan migrar por causas de crisis políticas o humanitarias, estamos poniéndolas en peligro de caer en estas redes. En eso un dato preocupante es que los últimos dos años se han multiplicado los ingresos por pasos no habilitados”, explicó.

Tras estos datos, con el fin de ayudar a las víctimas, se ha empleado un sistema de denuncias por el que se les garantiza la protección y la regularización de su situación legal en el país.

Modus operandi

Uno de los casos desbaratados por la Britrap corresponde a noviembre de 2019, cuando fue descubierta una red internacional entre Chile y Colombia que traía mujeres desde Colombia para que ejercieran la prostitución

en las ciudades de Santiago, Temuco, Osorno y Puerto Montt. La operación identificó a 50 mujeres traídas a nuestro país, víctimas de esta red.

El modus operandi de esta banda consistía en que los líderes enviaban videos desde Chile ofreciendo una casa amplia para vivir en buenas condiciones con un buen salario. Sin embargo, al llegar eran engañadas, y estaban obligadas en una misma pieza, donde además debían atender a los clientes.

“A ellas las engañaban y se aprovechaban de su situación vulnerable, ya que no tenían redes y entraban como turistas, pero con el objetivo de ejercer la prostitución”, aseguró el comisario.

Además, un problema en la indagatoria de estos casos es que “las víctimas no se reconocen a ellas como víctimas”. De ahí que el jefe policial señale que “la trata de personas es la esclavitud moderna. Significa doblegar la voluntad de una persona para ejercer algún tipo de actividad en favor de otras personas”.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/02/10/esclavitud-moderna-victimas-de-trata-de-personas-aumentan-un-1-300-en-los-ultimos-tres-anos/

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