Cientos de personas marcharon el sábado en Barcelona para manifestarse en contra de las duras medidas de las autoridades tras una serie de protestas violentas por el encarcelamiento de Pablo Hasél, un artista detractor del sistema.
La marcha del sábado se llevó a cabo bajo fuerte presencia policial, serpenteando a través de varias avenidas de la capital regional catalana. Los manifestantes marcharon detrás de una pancarta que exigía la liberación de Hasél y algunos de sus seguidores.
Hasél cumple con una sentencia de nueve meses por incitar actos terroristas —ha elogiado a dos grupos armados, ahora extintos, responsables de matar a más de 900 personas en España— y por negarse a pagar una multa por insultar al rey emérito español.
Su arresto del 16 de febrero provocó protestas pacíficas y violentas que en ocasiones terminaron con el saqueo de tiendas en varias ciudades. El caso también ha avivado un debate sobre los límites de la libertad de expresión en España.
La coalición gobernante izquierdista ha prometido lanzar una reforma legal para eliminar sentencias en prisión por delitos que involucren la libertad de expresión. El socio menor de la coalición, el partido de la extrema izquierda Unidas Podemos, ha presentado una solicitud para otorgar el perdón a Hasél.
Ocho personas han sido encarceladas por formar parte de un grupo que protestó contra el encarcelamiento del rapero y prendió fuego a una camioneta policial, un incidente en que un agente apenas logró escapar de las llamas.
Enfrentan posibles cargos de intento de homicidio, agresión contra agentes del orden y formar parte de un grupo criminal.
Por varios días se reiteraron las protestas en Madrid y Barcelona contra la detención del rapero español Pablo Hasél, condenado a nueve meses de prisión y una multa de 30.000 euros por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona de España. Para detenerlo la Policía ingresó el martes 16 de febrero a la Universidad de Lleida, en Cataluña, donde se había atrincherado. Su encarcelamiento fue repudiado por organizaciones como Amnistía Internacional y por las manifestaciones diarias que terminaron con decenas de heridos y detenidos. Barcelona, 17 de febrero.
Febrero 2021 | Saul Loeb, AFP
Richard Barnett fue uno de los partidarios del expresidente estadounidense Donald Trump que tuvieron más visibilidad el 6 de enero, cuando una multitud tomó por asalto el Capitolio para evitar que el Congreso ratificara la victoria electoral de Joe Biden. Llegó hasta la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y posó allí para los fotógrafos. El episodio terminó con cinco muertos y los congresistas evacuados del edificio.
Barnett fue también uno de los primeros en ser detenidos, cuando volvió a Arkansas. Está acusado de entrar de manera violenta a un edificio con acceso restringido, participar en disturbios y robar propiedad pública, en este caso, cartas que encontró en la oficina de Pelosi.
En sus redes sociales, Barnett, de 60 años, había defendido posiciones afines al supremacismo blanco y había dicho que estaba preparado para una muerte violenta.
Foto: Saul Loeb, AFP
Enero 2021 | Juan José Peralta / ABI / AFP
Después de unas 20 horas de debate, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el 11 de diciembre el proyecto de ley que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación. Una multitud celebró frente al Congreso el resultado de esa sesión, que permitió que el proyecto pasara a consideración del Senado. Votaron a favor 131 diputados, 117 lo hicieron en contra y seis se abstuvieron. La iniciativa, identificada con los pañuelos verdes, ha sido un reclamo emblemático del movimiento feminista argentino.
Foto: Ronaldo Schemidt, AFP
Diciembre 2020 | Juan José Peralta / ABI / AFP
El domingo 8 de noviembre el economista Luis Arce y el dirigente sindical David Choquehuanca tomaron posesión de sus cargos como presidente y vicepresidente de Bolivia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz. El evento marcó el retorno al poder del Movimiento al Socialismo, liderado por el depuesto presidente Evo Morales, luego de casi un año en que el país fue gobernado por un régimen de facto encabezado por la abogada Jeanine Áñez.
Foto: Juan José Peralta / ABI / AFP
Noviembre 2020 | Martin Bernetti / AFP
Manifestantes a favor de una nueva constitución chilena festejan los resultados del plebiscito del domingo 25 de octubre en la Plaza Italia, a la que renombraron Plaza Dignidad. Un año después de que más de un millón de personas llenaran el centro de Santiago en el levantamiento social de 2019, los chilenos votaron para cambiar una constitución que fue aprobada en dictadura y que sustenta la desigualdad en el país. Más de 78% de los votantes se manifestaron a favor de iniciar un proceso constituyente, y 79% aprobó que la nueva constitución sea elaborada por personas elegidas para ese fin, en lugar de incluir también a legisladores actuales.
Foto: Martin Bernetti / AFP
Octubre 2020 | Ernesto Ryan
La Marcha por la Diversidad fue convocada este año, el 25 de setiembre, con la consigna “Orgullo es luchar”. Esta edición fue la primera desde que llegó al gobierno una coalición que incluye en sus filas a representantes de los sectores más abiertamente contrarios a las políticas inclusivas.
Foto: Ernesto Ryan
Setiembre 2020 | Ernesto Ryan
A 26 años de la protesta del Filtro, se realizó una nueva marcha que reclama justicia por las muertes de Fernando Morroni y Roberto Facal. En 1994 el gobierno de Luis Alberto Lacalle accedió a extraditar a España a tres ciudadanos vascos acusados de pertenecer a la organización separatista armada ETA. En la noche del 24 de agosto la Policía realizó el operativo de traslado de los vascos que estaban internados en un hospital Filtro rodeado de miles de personas que se oponían a la extradición. Hubo muchos heridos y dos muertos: Morroni, tiroteado por la espalda con múltiples impactos de bala, y Facal, que fue hallado muerto en la entrada de su casa. En la foto, Norma, madre de Fernando Morroni, al finalizar la movilización, junto a integrantes del Colectivo de Acción Callejera.
Foto: Ernesto Ryan
Agosto 2020 | Ernesto Ryan
Francisco Bustillo y José Mujica en la sede de la cancillería, el 20 de julio, poco antes del discurso de asunción del nuevo ministro de Relaciones Exteriores. En ese discurso, Bustillo marcó un cambio en la política exterior respecto de su antecesor, Ernesto Talvi. Una de las definiciones del nuevo canciller fue la de calificar a Venezuela como una dictadura.
Foto: Ernesto Ryan.
Julio 2020 | Ernesto Ryan
En plena emergencia sanitaria, 37 familias, integradas en su mayoría por migrantes dominicanos, han estado bajo amenaza de desalojo de la pensión en la que viven, en el barrio Aguada. Primero fueron engañadas, convencidas de que estaban comprando su habitación, después se les exigió un alquiler, y finalmente se les informó que debían irse. Les dieron fecha de desalojo para el 11 de mayo, y luego para el 21 de junio. La intervención del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho permitió que el desalojo fuera suspendido.
En la foto, Carlos, Alexander, Soila, su hija Ailín y Marlene, al momento de enterarse de que no iban a ser desalojados.
Foto: Ernesto Ryan
Junio 2020 | Ernesto Ryan
Intervención organizada por Covipostal 4, en el cantero central de Avenida Italia, frente a la cooperativa de viviendas. Se sabía que esta vez la Marcha del Silencio sería atípica. Este 20 de mayo no era posible llevar a las calles, tal como los últimos 24 años, el reclamo de que se conozca la verdad sobre los desaparecidos y termine la impunidad. Pero esta marcha, una de las mayores movilizaciones del país, se reinventó y se llevó adelante de distintas maneras, con actos presenciales o mediante señales en ventanas y veredas, para mostrar que la distancia social no atenúa la memoria.
En un nuevo aniversario de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Withelaw y Manuel Liberoff, ocurridos en Buenos Aires en 1976, grupos de personas se reunieron para hacer distintas intervenciones utilizando los símbolos que por décadas identificaron a esta lucha.
Mayo 2020 | Mariana Greif
Romina Vergara y su hija en el merendero del asentamiento nuevo Comienzo, en santa Catalina, el lunes 20 de abril. La ocupación espontánea del predio comenzó a principios de enero, y en la actualidad unas 1.000 familias habitan allí. Algunos de los ocupantes enfrentan un proceso judicial por usurpación, a cargo del fiscal Diego Pérez, y son intimados a abandonar el lugar. La acción judicial comenzó en medio de la epidemia de coronavirus y motivó manifestaciones de los ocupantes frente a Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio ambiente. Los vecinos llevan adelante una olla popular, hacen obras para asegurar el suministro de agua y construyen un salón comunal.
Abril 2020 | Ernesto Ryan
Barrio Punta Carretas, cerca del shopping, el 18 de marzo. Cinco días antes, el viernes 13, el gobierno declaró la emergencia sanitaria, tras detectarse los primeros cuatro casos de coronavirus SARS-Cov-2 en Uruguay. Se suspendieron los espectáculos públicos, y ese fin de semana también fueron suspendidas las clases en escuelas, liceos y universidades.
Foto: Ernesto Ryan
Marzo 2020 | Mariana Greif
Comparsa Tronar de Tambores en el Desfile de Llamadas, el viernes 14 de febrero de 2020.
Febrero 2020 | Ernesto Ryan
Entre el 11 y el 19 de enero, el Encuentro Internacional de Músicos Jazz a la Calle copó, en su decimotercera edición, la ciudad de Mercedes. En la imagen, el espacio Manzana 20, uno de sus epicentros.
Enero 2020 | Alejandro Pagni
Durante la ceremonia de traspaso de mando en Argentina, el 10 de diciembre, el nuevo presidente, Alberto Fernández, el saliente, Mauricio Macri, y la ex jefa de gobierno Cristina Fernández, que asumió la vicepresidencia, se encontraron en el Congreso. El gesto de ella ante el saludo de Macri fue una de las imágenes más comentadas de la asunción. Algunos se indignaron por el desplante y otros defendieron la actitud de la ex presidenta. Uno de los políticos más cercanos a la dirigente, el senador Oscar Parrilli, dijo que “es una de las principales virtudes de Cristina que no sea hipócrita”.
Diciembre 2019 | STR
“Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del Movimiento al Socialismo [MAS] no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico”, dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales, el domingo 10 de noviembre, tras denunciar que la casa de su hermana había sido incendiada. Pocas horas antes había anunciado que llamaría a nuevas elecciones. Los resultados de los comicios del 20 de octubre, que lo dieron ganador, habían sido cuestionados, y esta situación originó una serie de violentas manifestaciones populares. Sin embargo, el jefe del Ejército, Williams Kaliman, le “sugirió” al presidente que dimitiera. Las protestas continuaron tras la partida de Morales a México: en la imagen se ve cómo la Policía arresta a partidarios del MAS en una manifestación en contra de Jeanine Áñez, la senadora que asumió como presidenta de facto.
Noviembre 2019 | Martín Bernetti
Después de una suba en el precio de boleto del metro y de varios días de que usuarios evadieran el pago como medida de protesta, el 18 de octubre estallaron en Chile manifestaciones masivas, que incluyeron la destrucción de infraestructura en varias estaciones e incendios en distintas partes de Santiago. El servicio de metro fue suspendido y el presidente chileno, Sebastián Piñera, decretó el estado de excepción en el área metropolitana y encomendó al Ejército el patrullaje de la capital. El toque de queda y la decisión del gobierno de suspender el alza en el precio del boleto no fueron suficientes para terminar con las protestas, que revelaron tener razones más profundas.
Octubre 2019 | Saul Loeb
El 24 de setiembre el Partido Demócrata estadounidense anunció, a través de su líder en el Congreso, la senadora Nancy Pelosi, que iniciará el proceso de juicio político contra Donald Trump, presidente de ese país. La decisión es consecuencia de la divulgación de una conversación telefónica en la que Trump solicitó a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, que investigara los negocios en Ucrania del hijo de Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos y actual precandidato presidencial demócrata. En la imagen, Trump y Zelenski (al centro) conversan durante una reunión en Nueva York, el 25 de setiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Setiembre 2019 | Lula Sampaio
Ya perjudicados por la deforestación, los bosques del área son vitales para la regulación climática de América del Sur, e incluso del planeta entero. Por eso, la política medioambiental del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió duras críticas de gobernantes de todo el planeta.
Especialmente fuertes fueron las expresiones de Emmanuel Macron, el mandatario francés, que fue anfitrión de la cumbre del G7 desde el 24 al 26 de agosto, quien llegó a amenazar con vetar el acuerdo Mercosur-Unión Europea si Brasil no aborda la protección de la zona amazónica. Finalmente, el gobierno brasileño dispuso la movilización del Ejército y la Fuerza Aérea para apagar los incendios, al tiempo que la comunidad internacional liberó diversos mecanismos de ayuda. En la imagen, una zona próxima a Boca do Acre, en el estado de Amazonas, el 24 de agosto.
Agosto 2019 | STR
El 17 de julio, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, le trasladó la presidencia pro tempore del Mercosur a su par brasileño, Jair Bolsonaro, durante la cumbre del organismo en Santa Fe. El tema más notorio del encuentro fue el acuerdo comercial celebrado entre la Unión Europea y el Mercosur, que debe ser ratificado por varios de los países miembros de los bloques.
Julio 2019 | Evaristo Sa
El 9 de junio, el sitio The Intercept comenzó a publicar una serie de investigaciones basadas en conversaciones reservadas entre ex juez Sérgio Moro y los fiscales de la Operación Lava Jato. El trabajo periodístico muestra que Moro no actuó con imparcialidad en el caso por el que se condenó a Lula, y que existió la intención de dejarlo fuera de la competencia electoral. Gracias a la investigación, la defensa del ex presidente comenzó a trabajar en nuevos argumentos para solicitar su liberación, al tiempo que Moro, devenido ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro, ha debido justificar su accionar, mientras se desdibuja su imagen de luchador contra la corrupción. En la imagen, Moro comparece ante la Comisión de Justicia y Constitución del Senado en Brasilia, el 19 de junio. Foto: Evaristo Sa, AFP.
Foto: Evaristo Sa, AFP
Junio 2019 | Ricardo Antúnez
Como ocurre desde 1996, el 20 de mayo miles de uruguayos marcharon por 18 de Julio en reclamo de verdad y justicia sobre las desapariciones ocurridas durante la dictadura cívico-militar. Este año se anunció la reapertura de la causa judicial de Roberto Gomensoro, muerto en 1973. Su caso volvió a ocupar la atención pública tras la vuelta a la escena del teniente coronel retirado José Gavazzo, quien admitió haber arrojado su cuerpo al río Negro. Foto: Ricardo Antúnez.
Foto: Ricardo Antúnez
Mayo 2019 | Ricardo Antúnez
El comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, junto a Tabaré Vázquez, durante la ceremonia de asunción del cargo, el 8 de abril. Feola fue el tercer general en asumir la jefatura del Ejército en un mes. El 1º de abril, el presidente Vázquez había descabezado a la cúpula militar por no haber dado pase a la Justicia ordinaria los casos de violaciones a los derechos humanas confesados por José Gavazzo en un tribunal de honor. El entonces comandante en jefe del Ejército, José González, llevaba 12 días en el cargo, que ocupaba tras la destitución de Guido Manini Ríos, ocurrida el 12 de marzo y relacionada con su postura respecto del mismo tribunal de honor.
Varios detenidos en la protesta estudiantil contra la educación presencial el día en el que se reabren la escuelas en Chile.
Con varias de detenciones acabó ayer la manifestación de estudiantes en las calles de Santiago de Chile. Los policías se llevaron a la comisaria a varios jóvenes que se habían enfrentado a los agentes y habían levantado barricadas.
Los estudiantes protestaban contra la educación presencial el día de la reapertura de las escuelas tras la tercera ola de la pandemia El gobierno chileno había diseñado un sistema mixto para los alumnos que combinará las clases presenciales y las telemáticas. Sin embargo, los estudiantes, contra los que se utilizaron cañones de agua, reclaman únicamente las clases online para reducir al máximo los riesgos.
Con el 50 por ciento de los profesores vacunados, las autoridades chilenas apuestan por la educación semipresencial voluntaria para reducir la brecha socioeconómica entre los alumnos. Aunque en el día de ayer solo un 5 por ciento de los estudiantes acudió a clase.
Corría el año de 2007 y, Felipe Calderón, supeditado a lo que el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mandatara en términos de seguridad social en diversos países como el nuestro, logró una reforma al sistema público de salud y de pensiones que vulneró los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado.
Para pocos es desconocido que, diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Nueva Alianza (Panal) en marzo de 2007, presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) cuyo objetivo, entre otros, consistía en la conversión gradual de los planes contributivos obligatorios en sistemas privados de capitalización individual como columna vertebral para algo que recibió el nombre de “Sistema Nacional de Pensiones”. Iniciativa que fue aprobada días más tarde y publicada el 31 de marzo de ese mismo año en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta nueva ley abrogó la ley del ISSSTE publicada en el DOF el 27 de diciembre de 1983.
De nada sirvieron las protestas, marchas y manifestaciones de cientos de miles de trabajadores del Estado. Las respectivas Cámaras de “Representantes” y un presidente, corto de miras, habían logrado su objetivo: acrecentar la precariedad laboral, la seguridad social y las pensiones de dichos trabajadores, como si éstos hubiesen tenido una responsabilidad en el pésimo manejo de las finanzas del país que se habían venido dando con los años, o bien, en la implementación de un modelo neoliberal que poco o nada ha favorecido a los sectores más vulnerables de México. ¿Por qué no se diseñó una política para mantener y ampliar los fondos de pensiones?, ¿por qué se optó por una política donde el estado y los gobiernos estatales podrían utilizar los fondos de pensiones de manera discrecional?, ¿por qué se optó por aplicar en el ISSSTE un modelo similar al del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a sabiendas de que, con en este último, no se resolvió el problema de estos fondos en la década de los 90’s?, ¿por qué, en esta y otras reformas, no se ha puesto en el centro a los trabajadores y, en su lugar, se han colocado a las finanzas y administración del estado, al mercado de capitales, a las AFORES y a los bancos?, ¿cuál fue el papel de los sindicatos en ese tiempo? Para el caso que nos ocupa, el de los trabajadores de la educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) guardó silencio. Éste fue comparsa de tal infamia. Claro, durante el “calderonismo”, La Maestra tenía un lugar privilegiado en el gobierno no así los miles de trabajadores de la educación.
Pasados algunos años, en los que obviamente la reforma “calderonista” no funcionó y de la que se desprendió, como ya se dijo, el esquema de pensiones a través de cuentas individuales, el incremento en la edad de jubilación y años de servicio (con el consecuente aumento en los años de cotización al ISSSTE), en diciembre de 2014, el ejecutivo federal en manos del peñanietismo, presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa para la desindexación del salario mínimo, misma que fue aprobada y publicada en el DOF el 27 de enero de 2016.
Esta acción, como se sabe, condujo a una reforma constitucional y la creación de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) la cual, dicho sea de paso, es una unidad que se utiliza como índice de referencia, medida o base económica en pesos para determinar la cuantía de pago de obligaciones, créditos, multas, impuestos y deducciones personales.
Para este propósito se creó la Ley UMA, y se le confirió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la responsabilidad de calcular y actualizar el valor de dicha UMA, hechos que, indudablemente, han repercutido seriamente en los derechos laborales, en la seguridad social y en las pensiones de los trabajadores puesto que, como se verá más adelante, la cuantía de las pensiones de los trabajadores, por ejemplo, estaría determinada por el comportamiento de la UMA.
Esto es así, porque si analizamos varias normativas como el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, en su Artículo Único, se especifica que: “Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del Artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 123…, VI. los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base o referencia para fines ajenos a su naturaleza” (DOF, 2016).
Pero aún hay más, en ese mismo decreto, en el Cuarto Transitorio se señala que: “…el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización” (DOF, 2016).
Con la emisión de este Decreto y las consecuentes reformas constitucionales, los trabajadores recibieron otro duro golpe a sus derechos, otra vez, proveniente de gobiernos neoliberales y tecnócratas cortos de miras y cuya precariedad laboral, con esta “idea de reforma”, la acrecentaron.
Para el caso que nos ocupa, el de los trabajadores de le educación, ¿cuál fue el papel del SNTE en manos de un líder ampliamente cuestionado por su entrega total al poder ejecutivo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto? Al igual que sucedió en el 2007: guardó silencio. Fueron comparsas de tal infamia. Al fin de cuentas, ese líder sindical apoyó sin miramiento lo que en su momento el magisterio nacional conoció como la mal llamada reforma educativa de 2013.
Ahora bien, regresando al tema de las pensiones de los trabajadores, dada la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que emitió hace unos días, y de la que hablaré más adelante, no hay que perder de vista lo que el Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de ISSSTE, en su artículo 8 señala: “la cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efecto a partir de enero de cada año. En caso de que en año anterior el incremento del índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción de estos últimos” (DOF, 2009). Esto nos lleva a observar: 1) que la actualización de la pensión es por IPC, 2) esta cuantía puede ser determinada por el comportamiento de la UMA, 3) “la pensión mínima garantizada de la Ley del ISSSTE de 2007 está determinada nominalmente y se actualiza también por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero para la cuantía máxima de pensión para los que se encuentran el décimo transitorio, está establecida en salarios mínimos: el monto máximo de pensión no podrá exceder diez veces el salario mínimo con lo que el tope sería 10 veces la UMA, perjudicando el monto de las pensiones del 86% de los trabajadores que estaban activos cuando se aprobó la reforma de 2007 y que decidieron mantenerse en el régimen de beneficio definido con las modificaciones que introdujo el artículo décimo transitorio – aumento de edad y de aportaciones –” (Ramírez y Badillo, 2017).
Visto lo anterior, probablemente sea fácil comprender el revuelo que causó, entre los trabajadores del Estado, la resolución de la Segunda Sala de la SCJN en cuanto al tope máximo de la pensión obligatoria otorgada por el ISSSTE puesto que ésta, a decir de la Corte, deberá cuantificarse en UMA y no en salarios mínimos. Lo anterior, teniendo como fundamento la reforma constitucional en materia de desindexación del salario que, como ya he referido, entró en vigor en enero de 2016 y, mediante la cual, se eliminó el salario mínimo como parámetro para calcular multas, créditos y aportaciones de seguridad social.
En este sentido es importante señalar, que dicha resolución es aplicable a los trabajadores sujetos al Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, es decir, para aquellos que, tras la reforma a dicha Ley en 2007, decidieron permanecer en el esquema de pensión vitalicia que paga el Estado, rechazando con ello, el esquema de cuentas individuales. ¿Cuál es la afectación directa a estos trabajadores por la cuantía de su pensión en UMA y no en salarios mínimos? La disminución en el pago de dicha pensión dado el valor que tiene la UMA con relación al incremento del salario mínimo.
¿Cuál fue el motivo por el que la SCJN resolvió de esta manera? Después de la aprobación de la Ley del ISSSTE en 2007, como ya he dicho, varios de estos trabajadores optaron por mantenerse bajo el esquema que ofrecía el Décimo Transitorio. No obstante, al entrar la desindexación del salario mínimo en 2016, aquellos que comenzaron a tramitar sus pensiones ante el ISSSTE se encontraron que éste las cuantificó con base en la UMA vigente, hecho que propició una serie de demandas y amparos con un propósito específico: que sus pensiones fueran cuantificadas en salarios mínimos y no teniendo como base la UMA. ¿Tercer golpe para los trabajadores del Estado? Indudablemente porque, desde mi perspectiva, la resolución de la Suprema Corte, de nueva cuenta, no puso en el centro al trabajador, pero sí colocó a las finanzas, economía y política en un país donde el modelo neoliberal sigue presente, aunque alguien señalé lo contrario.
Para el caso que nos ocupa, el de los trabajadores de la educación, ¿cuál fue la postura del SNTE ante este asunto? Irrisoriamente, emitir un escueto manifiesto mediante el cual rechazaba la determinación de la SCJN anunciando que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás organizaciones internacionales para demandar el respeto a las disposiciones originales del Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE (Profelandia.com, 2021). Repito, solo para demandar el respeto a los trabajadores que optaron por el Décimo Transitorio, ¿y los que no lo hicieron?, ¿y los que ingresaron después de 2008?
¿Por qué no fijó postura en 2007?, ¿por qué no levantó la voz en 2016?, ¿por qué solamente la emisión de un escueto manifiesto que, eso sí, vía WhatsApp llegó a prácticamente todo el gremio? En fin, esto me llevó a preguntarme ¿cuál es su capacidad de movilización, resistencia y lucha de esta organización sindical que alguna vez fue conocida como la más grande de América Latina? Llamar los reflectores y simular una supuesta defensa de los derechos de los trabajadores de la educación se ha vuelto una costumbre en este “Sindicato”.
Pienso, que la lucha la están y la estarán dando cientos de trabajadores de la educación, activos y pensionados, para que este falló se eche abajo en otras instancias, o bien, para que se abrogue la Ley del ISSSTE de 2007.
Caray, la pensión es un derecho adquirido por los trabajadores a través de los años y, por un pésimo manejo de las finanzas del Estado sin olvidar las pésimas reformas que se han aprobado en distintos momentos en México, éste no merece otra cosa más que un trato digno y una pensión que le permita vivir con dignidad el resto de sus días.
Con negritas:
¿Sabe usted a cuánto asciende la pensión de un ministro de la SCJN? Más de 250 mil pesos mensuales. ¿Se compara con lo que un trabajador con tope máximo de 10 UMA recibiría en un mes? Vaya desigualdad, ¿no le parece?
DOF. (2009). Reglamento para el otorgamiento de pensiones sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n217.pdf
DOF. (2016). Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Recuperado de: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016
América Latina vio hace un año cumplir sus peores presagios: un brasileño que llegó de Italia daba positivo en Sao Paulo el 26 de febrero de 2020 por covid-19 y hacía saltar las alarmas en la región, con sistemas de salud –quizá- más frágiles que en Europa. Desde entonces, 21 millones de latinoamericanos se han contagiado y casi 700.000 han muerto.
Hoy, el llamado a la vuelta presencial a las aulas de clases pareciera ser un común denominador de muchos de los gobiernos en América Latina, que han pautado el mes de marzo para esta convocatoria. La propaganda oficial, encubierta con un discurso de legitimación con narrativas de Unesco y Unicef, trata de esconder los enormes intereses mercantiles que subyacen detrás de esta convocatoria.
Mientras, la debacle económica amenaza con lastrar los avances conseguidos y el futuro de una región que ha perdido los caminos de la integración y unidad, tan necesarias en épocas de crisis económicas, sociales, sanitarias, ambientales.
Pero no cante victoria: Dos sesudos técnicos del Fondo Monetario Internacional dibujaron el escenario posible de la pospandemia en julio de 2022, cuando los gobiernos piensan que lo peor ya ha pasado, tras una campaña exhaustiva de vacunas y paquetes billonarios de reactivación económica: el mundo, de repente, se enciende, hay batallas campales en cientos de ciudades, y los edificios en llamas se proyectan en millones de pantallas de televisión. Los gobiernos caen en elecciones tumultuosas. Apocalipsis el año que viene.
Philip Barrett y Sophia Chen, técnicos del FMI, en su informe Las repercusiones sociales de las pandemias (enero del 2021) señalan que una pandemia “pone de manifiesto las fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos”.
A partir de un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, el FMI elaboró un índice de malestar social que permite cuantificar la probabilidad de una explosión de protestas como consecuencia de la pandemia. Los técnicos relacionan los casos de estallidos sociales con 11.000 diferentes acontecimientos ocurridos desde los años ochenta: desastres naturales como inundaciones, terremotos o huracanes, así como epidemias.
Los expertos descubren “una relación positiva y significativa” entre desastres, epidemias y estallidos sociales. Muchos lo entendimos por experiencia o instintivamente, pero lo interesante del análisis del FMI es la relación cronológica que identifica entre las epidemias y los estallidos sociales, donde hay un importante efecto retraso de hasta dos años, que separan el momento álgido de la epidemia de las rebeliones.
Seguimos sufriendo
Un total de 20.747.458 casos de Covid-19 han sido registrados en América Latina y el Caribe. Brasil es el país más afectado por esta pandemia en la región, con alrededor de 10,5 millones de casos confirmados y 254 mil muertos. Colombia se ubica en segundo lugar, con más de 2,2 millones de infectados y casi 60 mil decesos. México y Argentina registraron poco más de dos millones de contagios, con 185 mil y 52 mil decesos, respectivamente.
La llegada de las primeras vacunas ofrece esperanza pero la desigualdad en el acceso a más lotes, el reto logístico y la lentitud en su distribución, además de la corrupción, invitan a la precaución. Además, las nuevas variantes evidencian que el virus está lejos de controlarse en la región epicentro mundial de la pandemia. “Quiero enfatizar que ciertamente no estamos fuera de peligro”, aseveró la directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne.
El impacto de un año de pandemia se centró en las mujeres, los alumnos pobres, en la clase media y por supuesto, en la gente que tenía comorbilidades y la gente mayor. Esos son los grandes perdedores en la región. Un impacto recrudecido en Centroamérica, que tuvo que hacer frente a la crisis sanitaria y al embate de los huracanes Eta e Iota en octubre y noviembre, con gente en refugios sin poder aislarse. La Cepal advirtió que cerrarán 2,7 millones de empresas en América Latina y se perderán unos nueve millones de empleos.
La educación
Volviendo a la educación y la pandemia, las condiciones materiales de vida de la población estudiantil y docente fueron y siguen estando seriamente afectadas por la covid-19. Muchas familias han sufrido sus estragos y ahora los gobiernos, sin que previamente se haya vacunado a docentes y estudiantes, pretenden la reapertura general o parcial de las escuelas, lo cual atenta contra el derecho humano a la vida.
La precariedad de las condiciones de bioseguridad y los limitados o inexistentes apoyos institucionales para garantizar los protocolos que ella conlleva pueden derivar en una tragedia que afectará fundamentalmente a los trabajadores de la educación y, sobre todo, a les hijes de las familias de menos recursos, señala Otras voces en Educación.
En toda América Latina y el Caribe los sueldos y salarios docentes se han deteriorado mientras, aprovechando la precaria capacidad de movilización del magisterio, se atacan conquistas sociales importantes.
Fuente e imagen: http://estrategia.la/2021/03/01/covid-vuelta-a-clases-y-el-apocalipsis-de-julio-de-2022/
Son las protestas más masivas desde que el ejército dio un golpe de Estado hace tres semanas.
Miles de sanitarios, profesores, estudiantes, empleados de banca, ingenieros, operarios de fábrica, cocineros o dependientes -entre muchos otros gremios- respondieron este lunes en masa al llamamiento a una huega general para protestar contra el golpe de Estado perpetrado por el ejército birmano hace tres semanas.
Las protestas, que consiguieron paralizar el país, son las más numerosas desde la asonada, y se produjeron tras un fin de semana en el que murieron dos manifestantes por los disparos de la policía. La tercera fallecida hasta la fecha durante las movilizaciones es una joven de 20 años cuyo funeral congregó a miles de personas este domingo en Rangún para rendirle homenaje.
Los activistas calificaron a la jornada de hoy como la “revolución de los cinco doses”. Es una referencia a la fecha (22-2-2021), que compararon con la del 8 de agosto de 1988 (8-8-88), día en el que los militares respondieron al levantamiento de los estudiantes a favor de la democracia con una brutal represión que dejó decenas de muertos y heridos.
Desde primera hora de la mañana, grandes multitudes se dieron cita en las principales arterias de Rangún (capital económica), Naypyidaw (capital política), Mandalay y otras muchas localidades, en las que sus comercios y otros negocios amanecieron cerrados. Entre sus principales reclamos, la liberación de los presos políticos, incluida la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, y el restablecimiento del sistema democrático alterado de golpe por la asonada.
“Salimos hoy a la calle para unirnos a las protestas y luchar hasta lograr la victoria. Estamos preocupados por la represión, pero seguiremos adelante. Estamos muy enfadados”, relató uno de los presentes a la agencia France Press. A media tarde, tan solo se tenía noticia de una veintena de arrestos en las inmediaciones de la capital, Naypyidaw.
Los manifestantes tomaron las calles pese a la violencia policial el sábado y la advertencia lanzada anoche por la junta militar para evitar que la gente saliera en masa.
“Los manifestantes están ahora incitando a la gente, especialmente a adolescentes y jóvenes emocionados, a un camino de confrontación en el que sufrirán la pérdida de la vida”, decía su comunicado, emitido por la televisión estatal birmana.
Imagen de la advertencia emitida el domingo por los militares
/ AP
El relator especial de la ONU en Birmania, Tom Andrews, se mostró preocupado por este mensaje “amenazante” y advirtió a la junta militar de que, a diferencia de lo que pasó durante las sangrientas revueltas de 1988, las acciones de las fuerzas de seguridad ahora están siendo grabadas y registradas, por lo que tendrán que asumir su responsabilidad por lo que suceda.
Pese a que por ahora los militares han gestionado con más tacto del habitual las protestas, historiadores como Thant Myint-U creen que el espacio para resolver el conflicto de forma pacífica se está cerrando. “El resultado de las próximas semanas estará determinado por solo dos cosas: la voluntad de un ejército que ha aplastado muchas protestas antes y el coraje, la habilidad y la determinación de los manifestantes”, reflexionó en Twitter.
Presión internacional
La Unión Europea anuncia que también impondrá sanciones a los golpistas
Mientras, la presión contra los golpistas sigue creciendo en el extranjero. Tras las sanciones anunciadas en días previos por Estados Unidos, Canadá o Reino Unido contra los generales responsables del levantamiento militar, este lunes fue la Unión Europea la que dijo estar lista para imponer sus propias sanciones a la cúpula golpista.
Además, pidieron que rebajen la crispación mediante “la restauración del gobierno civil legítimo y la apertura del parlamento recién elegido”. Sin embargo, no parece que los militares estén por la labor de seguir sus mandatos, y siguen justificando que la asonada era necesaria para corregir el pucherazo que dicen que hubo -sin presentar pruebas- en los comicios celebrados en noviembre, en el que arrasó el partido de Suu Kyi.
En varias regiones del país hubo caravanas para pedir la destitución del presidente, así como el pedido de más vacunas contra la Covid-19.
Centrales obreras, movimientos sociales y políticos volvieron este domingo a las calles para exigir la renuncia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su pésimo manejo en la lucha contra la pandemia de la Covid-19 en el país.
Las protestas contra el presidente Bolsonaro tuvieron lugar en actos realizados en todo Brasil y estuvieron divididas entre caravanas y marchas en diferentes estados del país.
Brasilia (capital) registró protestas contra Bolsonaro, los manifestantes llevaron banderas de Brasil, así como de movimientos sociales y partidos políticos convocantes y en una caravana pidieron más vacunas contra el virus.
En Bahía, la protesta consistió en la colocación de cruces en el suelo en memoria de las víctimas de la Covid-19; mientras que el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) publicó en sus redes sociales los carros, bicicletas y pistas que se utilizaron para manifestar el desacuerdo popular con la política federal.
En Río Grande del Norte, la caravana de protesta exigía la salida del presidente y el regreso de las ayudas de emergencia a las familias con motivo de la pandemia; al tiempo que en Campo Grande, la Central Única dos Trabalhadores (CUT) promovió un mitin con la petición de más vacunas y la destitución de Bolsonaro.
En la región sureste del país, las protestas tuvieron lugar en Belo Horizonte. Según la CUT y los movimientos sociales, estos reclamos y demandas preocupan a la mayoría de los brasileños.
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