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¿Qué está pasando en Sidor? El vocero de las protestas lo explica

Los empleados de Sidor no han parado de reclamar mejoras salariales y condiciones adecuadas para seguir haciendo su trabajo. En esta nota, César Soto, miembro del movimiento de trabajadores Unidad en la Coincidencia y profesional con 32 años experiencia, cuenta la realidad a la que se enfrentan.

l menos 2000 trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) protestaron entre el lunes 9 de enero y el martes 10 de enero por reclamo laborales en las vías adyacentes a la empresa. Los manifestantes expusieron :que sus sueldos están devaluados, las prestaciones sociales paralizadas o disminuidas, además de denunciar explotación laboral y exposición a riesgos.

No es la primera vez que se unen para reclamar las injusticias, pero es la convocatoria que ha tenido una de las mayores asistencias de sidoristas y trabajadores de otras empresas básicas, según medios locales y voceros. El Estímulo conversó con César Soto, miembro del movimiento de trabajadores Unidad en la Coincidencia y trabajador de Sidor desde hace 32 años, para conocer el origen del reclamo.

Trabajadores de Sidor el martes 10 de enero. Foto cortesía: Luis Alfonzo

Desde elevado del portón cuatro de Sidor, uno de los puntos de acceso a la sede la industria, César Soto explicó: «No hemos abandonado los espacios porque, hasta el momento, no ha venido absolutamente nadie a darle respuesta a las exigencias que están haciendo los trabajadores».

«Los trabajadores quieren sentar una mesa donde se hable de salarios. La propuesta que ha tenido (la directiva de Sidor) para paliar el tema de lo poco que se gana es un bono. La empresa, Sidor, ofreció el día de ayer 100 dólares para pagar hoy y 100 dólares cuatro días después para que los trabajadores dejaran la acción de lucha que se tenía. Ellos dijeron que no porque eso es pan hoy y hambre para mañana», expresó Soto.

Los compañeros de Soto quieren ver cambios salariales que tengan incidencia en las vacaciones, prestaciones y las utilidades.

No es solo un reclamo de Sidor

A la avenida, donde no para la protesta de los empleados de Sidor, también llegaron alrededor de 300 trabajadores de Maderas del Orinoco, Alcasa, Venalum, y Carbonorca el lunes 9 de enero. Todas las industrias reclamaron lo mismo: derechos laborales y salariales dignos. Además prometieron mantenerse en las calles hasta conseguir una propuesta clara y adecuada para todos.

Amenazas y señalamientos

César Soto explicó que más allá de la propuesta del bono de 100 dólares, han llegado mensajes de amedrentamiento debido a que los choferes de Sidor se sumaron a la protesta y se movilizaron con las unidades de transporte al lugar.

Ante esto, la directiva de la industria básica señaló que estas personas dañarían los buses y otros vehículos, pero Soto lo niega: «Las unidades de transporte y han permanecido en la avenida, protegidas y cuidadas por los choferes. Aquí no corren ningún peligro. El peligro que corren es que el mismo ‘patrón Estado’ mande a sabotear, como ha pasado antes, para achacarle la culpa a los trabajadores».

Buses de Sidor en la avenida que pasa bajo el elevado del portón cuatro de Sidor. Foto cortesía: Luis Alfonzo

«Queremos (…) desmentir lo que se ha dicho de que hay personas que no hemos dejado pasar porque eso es totalmente falso. Aquí hay personas que vienen con emergencias y los dejamos pasar, las ambulancias pasan. Aquí lo que no se está dejando pasar son las gandolas con materiales, gasolina, con carga de productos que quieran transportar de un estado a otro», acotó el trabajador.

César Soto tiene 32 años trabajando en Sidor. Es delegado departamental de Sidor y con el tiempo se convirtió en vocero de los derechos laborales de los empleados. A pesar de su experiencia, la directiva de la industria lo dejó fuera del grupo de trabajadores «requeridos en planta», una figura que se inventó para privar de sus labores a aquellas personas que difieren de las formas impuestas.

Esa situación, que ha profundizado el conflicto y las diferencias entre empleados, ha hecho que César Soto cobre ahora %25 o 30% del salario que le corresponde. Eso sin sumar la realidad económica: todos los sueldos se han devaluado desde el último ajuste entre marzo y abril de 2022.

Todos reclaman lo mismo: salario digno. Foto cortesía: Luis Alfonzo

«(…) una persona que salía de vacaciones (a partir de marzo de 2022) sacaba alrededor de 2800 dólares. En el transcurrir hasta esta fecha, un trabajador está sacando de $400 a $300 de vacaciones. Para aquella fecha, el salario mensual de los activos en planta, porque a los que estamos afuera nos cancelan únicamente el 30% del salario, estaba entre $400 y $500 y a esta fecha ha mermado tanto que no llega a $60 y con eso no se come», expone Soto.

«En mi caso, que cobro 30% o 25% del salario, una quincena pueden ser 15 o 20 dólares», detalla.

Cobrar sin claridad

Soto recuerda que hace varios años recibía un listín o recibo de pago con detalles de cómo se dividía el sueldo y el total. Hoy eso ya no existe: «Nosotros no sabemos cuánto ganamos porque no entregan el listín de pago (…) Nosotros hemos hecho la solicitud de la entrega del listín, que nos muestren la fórmula de cálculo nuestro salario, y los representantes de la empresa, el mismo presidente de la CVG, Pedro Maldonado, dicen que no están autorizados para decirnos».

De acuerdo con los manifestantes, razones para pedir estos comprobantes sobran, pero la más obvia es la explotación a la que varios de sus compañeros activos en planta son sometidos: «Lo exigimos porque hay trabajadores que ponen a trabajar en el turno de 7:00 am a 3:00 pm, y después les dicen que sigan hasta las 7:00 pm, y esas horas adicionales, no se las reconocen. No les pagan el sobretiempo. Ellos dicen que tampoco están autorizados para pagar sobretiempo porque eso lo manejan la Onapre y el memorándum 2792».

Este último documento, aprobado en 2018, eliminó los contratos colectivos y los derechos y beneficios que se conquistaron en el sector público durante años.

Mantenerse en la calle y evitar la confrontación

Soto explicó que se mantendrán en las calles de forma pacífica. Para el miércoles 11 de enero, compañeros de otras empresas básicas volverán a unirse a los de Sidor y hay motivos: «El patrón – Estado, a través de la gobernación (de Guayana), está llamando a una marcha el día de mañana para poner a confrontar a los trabajadores. Ellos están poniendo como punto de concentración CVG Alcasa y el que está haciendo el llamado es el presidente de Alcasa».

Sin unidad ni resultados

Una de las cosas más evidentes para César Soto, en su experiencia como vocero sindicalista, es que las políticas de la directiva de Sidor buscan acentuar las diferenciaciones para que los empleados no estén unidos en el reclamo de sus derechos.

«Ellos imponen que no se puede reclamar. Los trabajadores tienen que someterse a las condiciones de ellos. No permiten que trabajen representantes sindicales de ninguna corriente ni delegados de prevención, no los quieren en planta porque han ocurrido incidentes donde se ha visto afectada la salud de los trabajadores y no se responsabilizan. Si reclaman, nos ponen en cuarentena y quitan «el gran beneficio» que dicen ellos, que son las bolsas de comida y las proteínas (pollo, carne, sardinas en lata y mortadela). Si reclamas, pasas a ser un trabajador rezagado que cobra 30%», dice Soto.

Actualización

Durante la noche del martes 10 de enero, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ministerio Público intentaron detener a César Soto. Cerca de las 12:00 am del miércoles, cortaron el suministro eléctrico de la zona del portón cuatro de Sidor, donde se mantiene la protesta desde el lunes 9 de enero.

El Estímulo intentó comunicarse con Soto la mañana del miércoles, pero no respondió. Sin embargo, sus compañeros afirman que se encuentra bien. Igualmente, José Basanta, miembro de la organización Intersectorial de Trabajadores de Guayana, indicó en Twitter que las protestas se mantienen en la misma avenida y que la marcha convocada por la directiva de la CVG en alianza con la gobernación podría generar provocaciones entre trabajadores.

Fuente: https://elestimulo.com/de-interes/2023-01-10/que-esta-pasando-en-sidor-el-vocero-de-las-protestas-lo-explica-cesar-soto/
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Docentes marcharán en pos de aplicar ley educativa en Ecuador

El gremio docente llamó a efectuar un plantón a las 16H00 hora local en la Plataforma Gubernamental Norte, en Quito.

La Unión Nacional de Educadores del Ecuador (UNE) convocó para este viernes a una movilización en todo el país para exigir la aplicación de las reformas a la Ley de Educación, en especial la equiparación salarial.

En este sentido, la UNE llamó a efectuar un plantón a las 16H00 hora local tomando como punto principal de concentración la Plataforma Gubernamental Norte en la Avenida Amazonas y U.N de Periodistas, en Quito (capital).

Bajo el lema de “Aplicación de la LOEI ¡Ya!”, el gremio se manifestará, entre otras cuestiones,  en pos de aumentar el presupuesto destinado a la educación hasta un mínimo de un 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

De igual forma, los educadores reclaman la implementación de los concursos de mérito y oposición, las partidas docentes presupuestarias, el mantenimiento constructivo de las instituciones educativas y la derogatoria del acuerdo ministerial 010A y 011A.

Al mismo tiempo, resalta la exigencia de la equiparación salarial ante eventuales nuevas demoras en la aplicación de esta conquista.

Los docentes tomaron la decisión de volver a las calles luego de conocerse, días atrás, la decisión del Ministerio de Educación de consultar a la Procuraduría General del Estado sobre una cuestión específica de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), consulta que generaría nuevas demoras en su aplicación.

Ante ello, los gremios docentes consideran que si se sigue entorpeciendo la aplicación de las reformas llevarán a cabo un juicio político contra la ministra de Educación, María Brown, lo cual cuenta con el apoyo de bancadas parlamentarias como Izquierda Democrática y Pachakutik.

Las reformas a la LOEI fueron publicadas el pasado 28 de julio en el Registro Oficial, lo que concede al Ministerio de Educación un plazo de 90 días para implementar la normativa.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/docentes-ecuador-marcha-ley-educacion-une-equiparacion-salarial-20220819-0014.html

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Panamá vuelve al diálogo con una «mesa única»

La Iglesia de Panamá estará como mediadora para llegar a un acuerdo y frenar así las protestas que azotan el país desde hace dos semanas

 Representantes del Gobierno de Panamá, entre ellos la ministra de Trabajo, Doris Zapata, y las organizaciones volvieron a iniciar este jueves una «mesa única» de diálogo con la Iglesia panameña como mediadora para llegar a un acuerdo y frenar así las protestas que azotan el país desde hace dos semanas.

Los sindicatos solicitaron la reducción y congelamiento de los precios de la canasta básica, los medicamentos, el combustible, la energía y la inversión del 6% del PIB en educación pública y también abordarán el futuro del sistema de salud estatal, tal y como informó el diario panameño ‘La Prensa’.

Como representantes del Ejecutivo en la mesa se han sentado los ministros de Salud, Luis Francisco Sucre; de Educación, Maruja Gorday de Villalobos; y de Trabajo, Doris de Trabajo, entre otros funcionarios.

«El enlace del Ejecutivo con la Mesa Única del Diálogo por Panamá es el vicepresidente José Carrizo y la secretaria técnica dentro de las discusiones que se realicen en las diferentes mesas es la ministra de Trabajo, Doris Zapata», ha detallado el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, tal y como precisa ‘Panamá América’.

Por su parte, Doris Zapata subrayó que espera «un diálogo sincero, transparente, fluido y que nos permita seguir construyendo la nación que aspiramos a tener», agregando que pretende mejorar «la vida de los panameños y panameñas».

«Yo creo en el diálogo y este gobierno cree en el diálogo, estamos aquí como funcionarios y como panameños, espero que de la mano de ustedes podamos crear conclusiones que puedan llevar ese beneficio a los panameños y panameñas, con el fiel compromiso de escucharnos», señaló Zapata.

Las organizaciones sociales presentes en la mesa son la Alianza Pueblo Unido por la vida, integrada por el Sindicato Único de Trabajadores Organizados de la Construcción (Suntracs), la Asociación de Profesores (Asoprof), Convergencia Sindical, y la Asociación de Médicos, Odontología y Profesionales Afines de La Caja de Seguro Social de Panamá.

Asimismo, forman parte del diálogo Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), integrada principalmente por la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), así como de grupos campesinos y otras organizaciones de docentes como la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP), indígenas de la Comarca Ngäbe Buglé, de Chiriquí, y campesinos del sector este.

«Hoy podemos decir, estamos en un momento histórico para deponer todo interés particular, para colocar en el centro a nuestro pueblo, para dar pasos seguros hacia la transformación, que todos hablamos», dijo el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa.

Por otro lado, Cortizo, anunció que en el próximo Consejo de Gabinete derogará las leyes 122 y 314 de incentivos fiscales al turismo.

Fuente: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/panama-vuelve-al-dialogo-una-mesa-unica-n4253467

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Paraguay: Docentes anuncian movilización masiva para exigir el reajuste salarial del 16%

Todos los gremios de educadores decidieron hacer una gran movilización en todo el país el próximo 1 de octubre. Los educadores exigen al Gobierno el cumplimiento del reajuste salarial del 16%.

El secretario general de la Unión Nacional de Educadores – Sindicato Nacional (UNE-SN), Eladio Benítez, informó este jueves en conferencia de prensa que, oficialmente, para el 1 de octubre se realizará una gran jornada de reclamo y movilización en todo el país.

«Nuevamente fuimos burlados por el Gobierno cuando la ley establece claramente que nos deben dar 16% de reajuste. Ellos están haciendo la promoción de que el sueldo van a tocar en un 8%. Creemos que la palabra de la autoridad tiene que ser como un sello que garantice el cumplimiento, no aceptamos el 8%, sino debe ser absolutamente el 16%», indicó.

El dirigente amenazó con recrudecer la medida de fuerza entre el 7 y 8 de octubre, si no se da cumplimiento a la ley, que está en manos del Poder Ejecutivo.

El reclamo docente es mantener vigente la Ley 6672/2021, que dispone la continuidad de la implementación gradual del salario básico profesional y que prevé una suba del 16% a partir de octubre de este año.

En el congreso unitario realizado por varios sindicatos de educadores el pasado 10 de setiembre se resolvió el estado de alerta de movilización en caso de que no se inicie el proceso de modificación de la línea presupuestaria para incorporar el reajuste.

Entre los sindicatos presentes estuvieron la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), OTEP-A, OTEP-SN, Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Unión Nacional de Educadores – Sindicato Nacional (UNE-SN) y organizaciones de docentes jubilados.

Desde Hacienda alegan que al recortarse fondos que provienen de las binacionales, no se podrá cumplir el reclamo al 100%. Para cumplir con el 16% en estos tres meses siguientes se requieren de USD 30 millones.

El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Marco Elizeche, explicó la semana pasada que el 8% corresponde al efecto año completo de la suba que se daría desde el mes que viene, de acuerdo con lo establecido en el plan de gastos 2021 y en la Ley de Consolidación Económica.

El artículo 260 del proyecto de ley para el año entrante estipula que el aumento salarial a maestros será del 8%, desde octubre, si la recaudación efectiva de ingresos corrientes es de por lo menos el 80% de lo previsto al cierre del tercer trimestre.

Si los ingresos están por encima del 85%, el incremento podrá ser de hasta el 16%.

Fuente: https://www.ultimahora.com/docentes-anuncian-movilizacion-masiva-exigir-el-reajuste-salarial-del-16-n2962918.html

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Viewpoint: The AFT Shouldn’t Be Negotiating Away Puerto Rican Teachers’ Pensions

This summer the American Federation of Teachers (AFT) announced another lousy deal that, if passed, will decimate educators’ already abysmally low pensions in Puerto Rico. The AFT has been partnering in secret with the federally appointed and dictatorial Financial Oversight and Management Board—or la junta, as it is known in Puerto Rico—for quite some time.

As a union, the AFT should be standing up to the junta and rejecting the logic of neoliberalism, which will make workers pay for Puerto Rico’s illegal and illegitimate debt. Unfortunately, the AFT chose to work with the junta and negotiate away workers’ rights in service of their own narrow interests as a colonial union in Puerto Rico.

Two years ago, a similar deal was rejected by Puerto Rican educators as the result of a hard-fought “Vote No” campaign waged by rank-and-filers, retirees, and their allies.

Today, the widely-opposed proposal is likely to go down in defeat again, but Puerto Rican educators and retirees need solidarity. As opposed to the last election in which there were outside observers stationed to ensure that the elections were conducted fairly and without bias, this time the voting will be entirely controlled by the AFT/AMPR (the union’s Puerto Rican affiliate) and no observers will be allowed in voting sites.

Educators in the U.S. who are members of the AFT need to know what the union is doing in our name so that we can raise our voices against it. From September 23-27, educators in Puerto Rico will be voting to preserve their hard-earned pensions and we in the U.S. can raise our voices in solidarity: An injury to one is an injury to all!

Myths and realities about the American Federation of Teachers involvement in the Puerto Rico bankruptcy proceedings:

Myth #1: The AFT is fighting to defend educators’ rights in Puerto Rico.

According to AFT President Randi Weingarten, the AFT and its local affiliate in Puerto Rico, the Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR, the Puerto Rican Teachers Association), are negotiating to defend workers rights and public education in Puerto Rico.

But the agreement that the AFT/AMPR is proposing will change the education workers’ current contract for the worse, not the better. If passed, the agreement will increase the retirement age from 55 to 63, significantly lower educators’ retirement salaries, and eliminate the pensions of active and future educators by turning them into 401(k)s.

As Mercedes Martinez, the president of the Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR, the Puerto Rican Teachers Federation) at the time of the AFT’s 2019 attempt to change the contract, said, “What type of negotiation is it where the so-called union accepts the elimination and undermining of teachers’ existing rights? It’s not a negotiation, it’s a betrayal.”

Myth #2: The AFT has no choice but to deal with the junta.

The junta is an unaccountable and undemocratic entity working in the interests of the vulture capitalists who saddled Puerto Rico with an illegal debt burden that can never be repaid. It is similar to the International Monetary Fund. The junta serves the interests of big business by making Puerto Rican workers pay for a debt they aren’t responsible for, through austerity measures that would condemn them to decades of misery.

Educators do not have a labor contract with the junta; they have a contract with the government of Puerto Rico, specifically the Department of Education. Unions in Puerto Rico have no obligation to deal or negotiate with the junta, and some unions have refused to do so on democratic principle. As the currently recognized exclusive representative of educators in Puerto Rico, the AFT/AMPR has no obligation to negotiate with the junta. They chose to do so.

Myth #3: The AFT has a moral obligation to negotiate educators’ pensions with the junta.

The government of Puerto Rico has a legally binding contract with the island’s teachers. This contract includes pension plans that were a part of the workers’ conditions of employment. When the government of Puerto Rico signed these contracts, they made economic and social commitments to their employees. These commitments impact the lives of hundreds of thousands of people.

No one, especially a union which is supposed to represent the best interests of workers, should go behind the backs of its members and around the government of Puerto Rico to undermine this commitment. If the AFT has any moral obligation, it should be to honor and defend public-sector pensions in the face of a severe economic crisis.

Myth #4: The AFT is involved in good faith negotiations with the junta.

When workers’ organizations engage in negotiations with their bosses for better wages and working conditions, they negotiate their contracts and terms of employment. They have the power to do this because the workers have united to collectively assert their will over the employers.

When the AFT/AMPR choose to negotiate with the junta in secret and without any mechanisms for accountability, they undermine the collective power of the workers, as well as the contracts and commitments agreed upon by the union and the government of Puerto Rico. By attempting to pass an agreement with the junta that is so bad for workers, the AFT/AMPR gives tacit legitimacy to an institution and a debt that should be opposed by a fighting labor movement.

By agreeing to a plan with the junta that would push workers deeper into poverty in Puerto Rico, the AFT/AMPR is partnering with the very undemocratic organization whose purpose is to steamroller the labor movement in Puerto Rico. As a U.S.-based organization engaged in these practices, the AFT is participating in the colonial subjugation of the educators of Puerto Rico to the will of the junta.

Myth #5: This deal is in the best interest of educators and retirees in PR.

If passed, this agreement will sign away pensions in exchange for a $3,000 “recognition payment,” which will be dispersed to each member of the union “for the purpose of recognizing the outstanding service of the teachers of Puerto Rico and their importance to Puerto Rico’s future and acknowledging the challenges resulting from the freeze of the teachers’ [pensions].”

The language of the agreement itself recognizes that the freezing of educators’ pensions will cause hardship for the already extremely underpaid educators of Puerto Rico. Simply put, the AFT is agreeing to cashing in the pensions of educators to pay down illegitimate debt, in exchange for $3,000 per member.

This bribe is not in the best interest of educators or their families, to say the least. But it does serve the interest of the vulture capitalists and their allies in Washington and San Juan. In the process, the AFT is positioning itself as a “viable partner” with the junta in the hope of maintaining its lucrative position as the exclusive representative of Puerto Rican educators.

While this agreement will further impoverish Puerto Rican educators, it will line the pockets of the AFT/AMPR with dues payments and guaranteed government subsidies, in the form of payments into the union’s health care system for all members of the union.

Myth #6: There is no alternative to public-sector pension cuts in Puerto Rico.

According to the logic of neoliberalism, there is no alternative to cutting educator pensions in Puerto Rico. The AFT/AMPR’s style of business unionism accepts this logic and seeks to manage it, negotiate it and sell the results as the lesser evil.

But there is an alternative: class struggle unionism. Educators and public-sector workers have been fighting for years to defend their pensions, and they have been successful.

Under pressure from popular opinion, which supports maintaining public-sector pensions, as well as sustained struggle in the streets, the Puerto Rican legislature and conservative governor Pedro Pierluisi passed legislation in June that protects pensions. Law 7, the Law for a Dignified Retirement, was developed and advanced by a coalition of independent and local unions, as well as groups and coalitions that are organizing to cancel the debt.

The AFT’s announced deal with the junta undermines this effort, just at a moment when the junta is trying to dismiss it. This has created a situation in which the AFT/AMPR is acting to directly undermine the hard-won victories of the labor and social movements in Puerto Rico and, by extension, the autonomy and self-determination of the country itself.

The Puerto Rican uprising of 2019—known as “el verano combativo” (the combative summer)—that brought down the governorship of Ricardo Roselló reminded the world of the slogan that “When we fight, we can win.” Now we have to remind the AFT of this.

Fuente: https://labornotes.org/blogs/2021/09/viewpoint-aft-shouldnt-be-negotiating-away-puerto-rican-teachers-pensions

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Colombia: Sindicato de maestros exige pago de retroactivo salarial del 2021

El Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq, a través de un comunicado exigió el pago del retroactivo salarial de los docentes de esta parte del país.

En el comunicado firmado por su presidente Héctor Elías Leal Arango, el Suteq asegura que la inflación causada de enero a agosto de 2021 es de 3,93%, que es lo que mínimamente se ha devaluado el salario de los docentes en lo que va del año.

Denuncia

Denuncia el Suteq que por otro lado “es importante indicar que el retroactivo salarial fue girado a las Secretarías de Educación, días antes de expedirse los decretos de incremento salarial para el año 2021. Hoy resulta inexplicable que las Secretaría de Educación de Armenia y Quindío, no hayan proyectado una nómina adicional para dicho pago.

De acuerdo con la Federación Colombia de Trabajadores de la Educación Fecode, la variación salarial para el magisterio en el año 2021 es la siguiente: inflación (1,61%) + nivelación salarial negociada con Fecode (1,5%) + lo negociado en la mesa de los estatales (CUT) 1% es decir un 4,11%.

Fuente: https://www.elquindiano.com/noticia/29167/sindicato-de-maestros-exige-pago-de-retroactivo-salarial-del-2021

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México: Protestan maestros en Palacio; exigen pagos

Docentes de las secciones 21 y 50 del SNTE protestaron frente al Palacio de gobierno estatal para exigir a la administración de Jaime Rodríguez Calderón el cumplimiento de 18 demandas.

Cerca de una centena de maestros exigieron que sea El Bronco quien resuelva el pago de bonos pendientes, basificación y seguridad social y que no “herede” la problemática a la próxima administración.

“Estamos a unos cuantos días, semanas, de que termine este gobierno, y por eso nuestra preocupación es que no se nos vaya a ir sin que nos resuelva”, explicó José Luis López Rosas, dirigente de la sección 50.

“Son asuntos que traemos pendientes desde hace tiempo y es lo que estamos demandando”.

Los manifestantes, entre los que se encontraban maestros y personal administrativo, entregaron un documento con los 18 puntos que solicitan.

Además, pidieron al gobierno estatal la realización de mesas de trabajo para poder solventar sus peticiones.

“Lo que quiero que nos entienda la sociedad es que no luchamos solamente por nuestros derechos, luchamos y defendemos la escuela pública y la escuela pública así hoy no puede funcionar”, dijo Guadalupe Salinas, dirigente de la sección 21.

“Para eso necesitamos respuestas, insistimos no nada más es para los trabajadores, es para las comunidades escolares, para los alumnos, si no tenemos el pago seguro de nuestros compañeros, si no tenemos la certeza laboral, la seguridad social no vamos a tener calidad educativa”.

De no resolverse los adeudos, los dirigentes aseguraron que realizarán un paro de labores que afectaría a miles de escuelas de la entidad.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/15/estados/protestan-maestros-del-snte-en-nuevo-leon-exigen-pago-de-bonos/

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