Reforma Educativa

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De cómo desarmar el criterio de la evaluación del desempeño docente en tiempos de voraz capitalismo neoliberal.

Miguel Andrés Brenner

Por: Miguel Andrés Brenner

Buenos Aires, Argentina

Julio de 2017

El presente texto es un discurrir que pretende invitar al cuestionamiento de categorías que pueden encontrarse en el “sentido común” de la camada docente, de sus luchas o anhelos. Es también una crítica a los postulados de la educación en manos del mercado, denominados neoliberales. Ese ideario, desde el vamos, intenta despolitizar a la escuela. La escuela no sería, por ende, una práctica política dentro de proyectos ético-políticos a nivel nacional y regional, tampoco sería una práctica económico-política en función de la producción y reproducción de la vida en comunidad. ¿Qué sería entonces?: solamente un “dispositivo tecnológico”. De ahí, el constante latiguillo enunciativo en múltiples textos de la actual derecha, orales o escritos, que aluden a “una escuela del siglo XIX, con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI”, según los dispositivos tecnológicos en juego. Bajo tal consideración, las vigentes tecnologías de la información y la comunicación constituyen un importantísimo pretexto para la flexibilización laboral de los docentes y la mercantilización de la educación.

Este trabajo lejos se encuentra de establecer “recetas”, simplemente, señala criterios para la acción, para “qué hacer”.

Sus apartados interrogan acerca de variadas cuestiones bajo el título de…

  • ¿En Defensa de la Escuela Pública? Anacronismo político vigente
  • Resistencia
  • De la evaluación del desempeño docente
  • Y pensando en Argentina, aunque no solamente en ella
  • Concluyendo

¿En Defensa de la Escuela Pública? Anacronismo político vigente

Es demasiado frecuente a nivel gremial la consigna “defensa de la escuela pública”. Ésta, en realidad, tiene como reclamo fundamental, en primer lugar el salario docente, en segundo lugar variadas cuestiones que se sustentan en el financiamiento de la educación.
El interrogante, en tal sentido, es si dicha significación puede sostenerse hoy día sin más. Obviamente, tiene una crucial importancia, pero ¿no habría que modificar el eje o núcleo de la lucha?

Lo “público” no se identifica forzosamente con lo “popular” en el sistema escuela, mientras que la educación popular tiende a darse siempre fuera de la educación formal. En Argentina, la primera ley de educación nº 1420 del año 1884 tiene aspectos valiosísimos entendidos desde lo epocal, sin embargo hay que considerar que el contexto de su promulgación estuvo dado por el Proyecto Político de la Oligarquía Terrateniente, también llamado Proyecto Agroexportador. De ahí que uno de los temas prioritarios de la lectura y la escritura tenía como pivote ejemplificador en la escuela primaria a “La Vaca”.

Cuando se dice “defender la escuela pública” no existen salvedades aclaratorias acerca de cómo se interpreta lo “público”. La elegante zona de la Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires” es pública, también el Aeropuerto de Ezeiza, entre otros, espacios en los que resultaría sospechoso el deambular de sujetos con aspecto racial mestizo o lo que en Argentina se denomina “negro de… “, ameritando por ende un control por parte del personal de seguridad asignado a tales lugares, pues pobreza sería indicio de delincuencia, pobreza en estado de sospecha.

La constante “defensa”, a través de los años, hace a una también constante “resistencia”. ¿Cuál es el sentido del eterno retorno de la “resistencia”?

Resistencia

Con el advenimiento del capitalismo neoliberal se dio la masiva “entrada” de los sectores populares en los “edificios escolares”. Véase, al respecto, el documento de Jomtien, Tailandia 1990, “Declaración Mundial sobre Educación para todos”. ¿Puede creerse que la “insistencia” ampliamente lograda responde al derecho humano a la educación en el plexo de un sistema económico donde predominan ante todo las ganancias o lucro? Quizá, mas bien, podría entenderse tal cuestión desde lo que el documento del Banco Mundial (1996:1/2) “Prioridades y estrategias para la educación”) denomina como “garantizar el buen gobierno”.[1]

Así como el Chile de Pinochet necesitó de una represión genocida para instalar “brutalmente” el citado neoliberalismo, en realidad, la condición de posibilidad de la mercantilización de la educación, también “bruta”, se monta sobre las inconsistencias del “meter” dentro de la escuela a cientos y cientos de millones de niños y jóvenes. Dichas inconsistencias son “pedagógicas” referidas a los grandes sectores populares: están en la escuela, pero no aprenden. Aunque, ¿qué es lo que no aprenden?: básicamente la propia lengua desde los cánones pre establecidos. ¿Y para qué debieran aprenderla?: ¿para lograr un sentido comunitario desde la experiencia de un mundo compartido y el diálogo intercultural liberador, lo que supone la lucha transformadora de las condiciones materiales de existencia?, ¿para insertarse dentro de las redes del mercado o bien vagar fuera de sus márgenes, como un vagabundo o excluido?

Incluido en el edificio escolar, excluido pedagógicamente: he aquí el problema. Y dicha exclusión es funcional a todo un sistema económico político que produce “escasez”, donde hay cada vez menos empleo digno, bajo la intencionalidad del poder neoconservador de la no búsqueda de nuevos empleos, sino el de crearlos a partir el ideario del emprendedurismo, donde ya no tendrían sentido los sindicatos, los convenios colectivos de trabajo, el establecimiento de un salario mínimo -vital y móvil-, mientras cada “emprendedor” se haría cargo de ofrecer servicios limitados a “proyectos”, también limitados a su diseño innovador y ejecución en el tiempo, amén de su aceptación por el mundo empresario solicitante. Desde aquí, la estabilidad laboral carece de sentido, por cuanto nada es estable, salvo prioritariamente la especulación financiera, el dinero que produce más dinero y no ingresa en el aparato productivo, generando una exacerbada “escasez”.

La exclusión pedagógica es fomentada desde políticas educativas que sobreabundan en normatividades, mientras que los directivos se encuentran tensionados entre el cumplimiento de las normas y los avatares de cada día escolar (alumnos que no “desean” aprender lo que se les enseña, docentes “quejosos” por sus condiciones laborales, padres que reclaman si sus hijos no están en la escuela por paros o huelgas docentes, las lamparitas de un aula que no funcionan o el ingreso de agua tras una fuerte lluvia, etc., etc., además de la llamada del “Inspector” que controla el cumplimiento de normativas y protocolos). Además, docentes que se encuentran tensionados por el desánimo, el “sentirse solo o huérfano en el aula de la escuela pública”, las insulsas e inconducentes “jornadas de perfeccionamiento docente”, las “bajadas de línea” de inspectores nada originales en tanto siguen órdenes, y directivos temerosos a no obedecer con obsecuencia. Cabe aclarar que lo recientemente dicho es una tendencia, pues tiene sus varianzas en la praxis escolar.

Empero, el docente sería el principal culpable. Por eso habría que evaluarlo, medirlo, compararlo con otras mediciones.

De la evaluación del desempeño docente

La mera evaluación del desempeño docente como medición desde estándares que permiten “datos” comparativos, a partir de donde acceder a cargos y horas de clases, ratificar la permanencia en la docencia, establecer el criterio para incentivos salariales y el despido de docentes tienen, digamos, “fortalezas e inconsistencias”.

Las fortalezas son de las empresas privadas y bancos que mediante consultorías o fundaciones u organizaciones no gubernamentales brindan bienes educativos que les permiten cooptar dineros públicos/estatales en favor del propio lucro, lo que se denomina “mercantilización de la educación”. El Estado sería un inválido si no recurriese al mercado, entre tanto, en Argentina, al respecto, ya no se convocan a las grandes universidades públicas.

Las inconsistencias son por algunos motivos que a continuación señalamos:

  1. La medición desde estándares es para conocer más que nada el dominio de las normativas de la política educativa vigente y de los criterios didácticos establecidos por dichas políticas, cuando en realidad las normas debieran establecerse e interpretarse, y en tal sentido modificarse si fuere necesario, a partir de una pedagogía situada, dadas las condiciones de los sujetos que aprenden, sean económicas, sociales, culturales, psicosociales, etc.
  2. La evaluación es un ingrediente de la didáctica que, aisladamente considerada, produce un olvido intencional del diálogo intercultural, del proceso educativo, de las condiciones de ingreso de los mismos alumnos. También, desde el mencionado olvido, produce el oscurecimiento de las dificultades, los desvelos, la impotencia de tantos docentes que sufren malestar por las condiciones laborales desde donde enseñan; es que también “la enseñanza es situada”[2] dentro de un contexto más amplio, como el político, el económico, el cultural, etc. Así, por ejemplo, y considerando la experiencia mexicana, no es lo mismo “responder frente a una máquina-computadora” que situarse en la vida real del aula en la escuela, con sus sabores y sin sabores, con la sangre de tantos maestros que dan la vida por sus alumnos, aunque otros hayan “bajado la guardia” por tanta impotencia. No es lo mismo responder frente a una máquina que un constante diálogo de los docentes con sus alumnos, que se alegran y sufren con ellos. Una máquina no siente, no llora, no ama, no sufre, no goza, no se impacienta, no se desanima, simplemente, porque es nada más que una máquina que procesa datos. Un docente, por mejor puntaje obtenido en interacción con la máquina, no garantiza una educación de calidad humana digna, amén de criterios psicosociales de salud aceptables en el plexo de las relaciones comunicativas dentro de la escuela toda.
  3. Y siguiendo con la experiencia mexicana valga señalar que “la pedagogía no importa”, es pretexto nada más. En el año 2013 la evaluación del desempeño docente, que impacta como reforma en el sistema educativo, adquiere rango constitucional. En el año 2016 se establece la ratificación de la reforma educativa mediante un modelo pedagógico. Sería como construir primero los ochenta pisos de un edificio y en segundo término construir sus cimientos. Es decir, esta segunda reforma, llamada “modelo educativo”, es pretexto, nada más, y solamente a fin de ratificar la primera reforma, la evaluación del desempeño docente, bajo el predominio de los criterios de mercado. No hay equivocación o error alguno, pues muestra la verdadera fachada de las políticas educativas en juego, o mejor dicho, de las “políticas económico educativas” en juego.
  4. Los criterios pedagógico/economicistas impelen a evaluar los resultados, el desempeño docente, como si fueran objetos medibles y comparables en el mercado internacional en referencia a su eficiencia y eficacia, como dijimos, para una intervención lucrativa de consultorías, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, empresas y bancos, bajo el pretexto de la rendición de cuentas o accountability y la consecuente toma de decisiones en favor de un desempeño docente de calidad. Sin embargo, documentación no sospechada de supuestas fantasías utópico-liberadoras, como por ejemplo la PREAL, Programa para la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, netamente neoliberal, sumamente neoliberal, nos alertan bajo el estudio realizado por Barber, Michael y Mourshed, Mona (2008: 5), señalando que…

“Pese a todo, medir el desempeño docente no conduce automáticamente a obtener una perspectiva sobre cómo pueden las políticas y las prácticas ayudar a los estudiantes a aprender mejor, a los docentes a enseñar mejor y a las escuelas operar de manera más efectiva. Aquí es donde aparece el Informe McKinsey, con su original enfoque que combina resultados cuantitativos con perspectivas cualitativas acerca de qué tienen en común los sistemas educativos con alto desempeño y que mejoran con rapidez. Con énfasis que trascienden los contextos culturales y sociopolíticos, tales como conseguir las personas más aptas para ejercer la docencia, desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes y poner en práctica mecanismos de apoyo dirigidos para garantizar que todos los niños pueden aprovechar los beneficios de una instrucción de alta calidad, el informe permite a los encargados de formular políticas conocer las características de sistemas exitosos sin necesidad de copiarlos por completo.”[3]

                        Y más adelante, del mismo texto (Barber y Mourshed, 2008: 45)…

“Todos los distintos sistemas educativos que han experimentado importantes mejoras lo han logrado fundamentalmente porque han creado un sistema que es más eficiente en tres aspectos: conseguir gente que es más talentosa que se interese por la docencia, desarrollar a sus docentes para que sean mejores instructores y garantizar que estos instructores se brinden en forma consistente a todos los niños del sistema.”

A su vez, el Informe McKinsey alerta en sus conclusiones que “el éxito educativo depende de la formación del profesorado”. Comparando los promocionados 10 mejores sistemas educativos del mundo (Finlandia, Corea del Sur, Japón o Canadá…) se consta que el nivel educativo de un país depende de la formación, motivación y aprendizaje permanente de sus profesores. Es decir que “conseguir buenos profesores depende de cómo se los selecciona y se los forma…”[4] Y, valga aclarar en tal sentido, que los discursos político pedagógicos, pretendiendo la evaluación del desempeño docente desde criterios mercantiles, tienden a ocultar el Informe McKinsey, no discuten o polemizan con el mismo, simplemente realizan una “bajada de línea” para establecer la “medición” de una labor eminentemente humana, como lo es la relación educativa, un complejo de relaciones con multiplicidad de dimensiones en juego. La cosa se agrava en tanto la misma PREAL, integralmente neoliberal, lo publicita en algunos de sus documentos, aunque publicita en tanto oculta.

Lo recién explicitado nos da pie para “pensar” desde nuestra realidad latinoamericana, o bien como un malamente considerado “hinterland”

-término alemán que traduzco como “trasero del mundo”-, en primer lugar acerca de los modos de lograr “buenos”[5] aspirantes para la formación, en particular, de maestros -base docente del sistema escuela-[6], sin discriminación alguna, y en segundo lugar acerca de los modos del acompañamiento formativo dentro de la función de enseñanza de los maestros en el situado aula escolar, tratando de evitar conceptualizaciones pedagógico/didácticas meramente genéricas de autores de libros, quienes, quizá, no serían capaces de “soportar” una semana la enseñanza con alumnos provenientes de sectores populares.

Valgan estas reflexiones por cuanto se pretende impactar desde criterios estandarizados economicistas sobre las condiciones de egreso de la formación docente y, además, sobre las “competencias laborales” de los docentes en ejercicio, obviando modificar las condiciones de inicio de la formación docente y obviando un acompañamiento digno del accionar educativo de los docentes en ejercicio. Ciertamente que criterios dignos conllevarían un lapso superior a los réditos políticos dentro de la partidocracia vigente. En tanto se instituye una reforma para los maestros sin los maestros, o sea, “a la fuerza”, la condena desde su comienzo al fracaso, considerando la perspectiva de una calidad humana no mercantilista.

Reiterando, la modificación de las condiciones de inicio de la formación docente implica un estilo de lucha por anticipación superadora de la mera lucha por resistencia, entendiendo dichos cambios bajo el signo de una calidad humana no supeditada más que a la propia dignidad, y sin “echar culpas” ni al nivel educativo secundario ni al primario. A tal efecto importa reconocer las falencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje, procesos que son “situados”; es que no solamente “el aprendizaje es situado”, además lo es la enseñanza, y con más precisa expresión “el proceso de enseñanza-aprendizaje es situado”. El “olvido” del enseñante, reducido a un simple “facilitador”, es una argucia a fin de no valorar al docente, docente que puede caer en la trampa de una resistencia que proponga, en vez de la evaluación del desempeño docente, una “evaluación integral”, trampa pues nos anclamos en el mismo terreno del adversario, con una visión más amplia, pero sin contrapropuestas fuertemente alternativas. Contrapropuestas tales debieran ser viables política, económica y culturalmente, más allá de los gobiernos de turno, pues un pretendido falso utopismo conduce a la inacción.

Y pensando en Argentina, aunque no solamente en ella

Existe una especie de “cansancio moral” o “pesadez pedagógica” en la camada docente ante tantas reformas educativas, cada gobierno con la suya, y a su vez la implementación de reformas dentro de las mismas reformas.

Además, resulta imposible una real reforma educativa, más allá de su signo político, si no hay una Política de Estado, independientemente del mandato de un período de gobierno determinado. En la tan mencionada Finlandia hay una voluntad política de Estado desde la década del 80.

La Política de Estado para nuestros pueblos requiere, ante todo, de una firme voluntad entre sectores populares mayoritarios, condición de posibilidad, “a posteriori”, de normas y leyes. Una ley no es forzosamente garantía de mejoras. Más aún, implica un texto que en primer término tiene dos modos de interpretación: uno en sí mismo por sus significados, otro por su praxis en virtud de que la escuela es ante todo una práctica política. Ambos modos deben confrontarse, y desde ahí emitir una tercera interpretación. La sola letra de la ley hace recordar al platónico mundo de las ideas donde no cabían ciertas ideas, así por ejemplo ni el mal, ni las injusticias, ni la explotación, etc. Importa esta aclaración pues, en particular, las leyes referidas a la educación tienen muchísimos conceptos pretendidamente universales o genéricos[7], que pueden redundar, durante el ejercicio de las políticas educativas de un partido o frente político en funciones de gobierno, en determinadas interpretaciones, mientras que la de sus adversarios políticos pueden redundar en otras interpretaciones totalmente disímiles. Por ejemplo, el caso de la Ley Nacional de Educación Argentina 26.206/2006, sancionada en el período del gobierno del presidente Néstor Kirchner, que en la “brutalidad” de las prácticas economicistas del gobierno del presidente Mauricio Macri, es tomada como fundamento de las prácticas mercantilistas educativas en juego, que luego se justificarían con el proyecto de ley Plan Maestro[8], a elevar al Poder Legislativo a fin de su sanción. Es por ello que resulta relevante interpretar la ley no meramente desde su significación discursiva, sino tensionándola con la práctica, siendo esta última decisoria en función de la interpretación.

Concluyendo

En un sentido liberador, amerita la importancia de una lucha por anticipación, y no meramente por resistencia, lo que exige un compromiso más con las comunidades educativas (docentes-alumnos) que con las superestructuras partidarias, independientemente de la adhesión de los miembros sociales a determinadas líneas político-partidarias. El compromiso con las bases no se condice con “bajadas de líneas” partidarias, a la inversa, impelerían a la modificación de las mencionadas “líneas” si fuere necesario, en favor de la producción y reproducción de la vida comunitaria, vida que crea vida, en nuestro caso, vida educativa.

Es que las utopías no han muerto.

[1] Banco Mundial (1996). “Prioridades y estrategias para la educación.” Washington, D.C. Publicación del Banco Mundial. “La educación… contribuye a reducir la pobreza al aumentar la productividad de los pobres, reducir la fecundidad… y a promover el bueno gobierno”. Pgs. y 2.

[2] Desde las pedagogías neoliberales se habla de “aprendizaje situado”, totalmente descontextualizado, bajo el olvido de la “enseñanza situada y contextualizada“. En realidad, lo habría que mencionar es a la “enseñanza-aprendizaje situados”.

[3] http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:utArVZnYi9oJ:www.oei.es/historico/pdfs/documento_preal41.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ar Barber, Michael y Mourshed, Mona (2008). “Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño en el mundo para alcanzar sus objetivos.” Santiago de Chile. PREAL. (consulta: 10 de febrero de 2016)

[4] http://www.uco.es/hbarra/Master/Conclusiones_del_informe_MCKINSEY.pdf (consulta: 24 marzo 2017) Investigación realizada entre los años 2006 y 2007.

[5] Es obvio que habría que definir políticamente y en base a las necesidades de nuestros pueblos cuál es el significado de “bueno”.

[6] En Argentina se denomina maestro al docente del nivel primario de educación y profesor al docente del nivel secundario.

[7] Hay un principio de la lógica clásica que dice “a mayor generalización, menor comprensión”.

[8] Conste que de las 57 páginas del proyecto de ley Plan Maestro, prácticamente, 46 de ellas implican generalizaciones conceptuales.

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México: la reforma educativa en debate

Noticias

12 de julio de 2017 / Fuente: https://elpais.com/

Presentamos aquí dos perspectivas sobre la reforma educativa mexicana. Elsie Rockwell, investigadora emérita del CINVESTAV de México, nos aporta su visión crítica sobre el proceso de cambios promovido por la gestión del presidente Enrique Peña Nieto en el sistema educativo del país. Por su parte, Sylvia Schmelkes, Consejera Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México, observa avances y desafíos en el proceso de reforma escolar iniciado hace cuatro años. Dos enfoques de dos grandes intelectuales mexicanas que nos ayudan a comprender las dimensiones de una reforma que ha generado controversias, la decisión oficial de llevarla adelante más allá de los conflictos generados, así como la de sectores académicos y sindicales de oponérsele firmemente. Un debate necesario y urgente en uno de los países más desiguales del continente.

¿Por qué se impone por la fuerza una reforma educativa en México?

Elsie Rockwell

Una reforma educativa no se puede examinar fuera del contexto social, político e internacional en que se produce.

La situación general en México desde mucho antes de 2012 ha sido grave. La llamada “guerra contra el narco” ha llevado a una militarización abierta de amplios territorios. Las políticas y los actos de represión hacia la población civil han provocado crecientes movilizaciones de protesta en muchos frentes. No fue un hecho menor la brutal campaña mediática de desprestigio contra los maestros durante el año electoral de 2012. El 21 de diciembre de ese mismo año, tres semanas después de que Peña Nieto asumiera el cargo de presidente, el Congreso de la Unión aprobó el decreto de cambios al Artículo 3ro Constitucional, adicionando al texto existente sobre el derecho a la educación varias fracciones de una extensión desproporcional. Entre otras cosas, estipulaba que «El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria”. Agregaba en detalle los cambios centrados en la evaluación del desempeño docente que deberían ser objeto de leyes posteriores.

La frase del artículo constitucional modificado que disparó la protesta del magisterio sindicalizado fue: “La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación». Este enunciado tenía implicaciones laborales retroactivas, pues cancelaba todo derecho laboral y contractual de los maestros en servicio que no estuvieran anteriormente en la Constitución. En los hechos, se vetaba cualquier acción jurídica individual o colectiva frente a las nuevas disposiciones. Las autoridades argumentaban que no se daría marcha atrás a una reforma que, según sostenían, era prioritaria, estructural y sacaría al país de la crisis.

En consonancia con la “amnesia histórica” que suele caracterizar a las reformas educativas, esta también presumía un borrón y cuenta nueva con todo lo logrado por las políticas públicas desarrolladas en el sector durante las últimas cinco décadas. Hizo a un lado las instituciones formadoras del magisterio, al abrir la profesión a egresados de cualquier carrera. Muchos maestros y educadores denunciaron la ausencia de cualquier contenido educativo en las tres leyes aprobadas durante el primer año del régimen. La descalificación generalizada del “desempeño docente” desdeñaba el esfuerzo de numerosos colectivos de profesores de educación básica por apropiarse y adecuar a sus contextos las sucesivas reformas previas y de generar programas pedagógicos alternativos, en un sistema público centralizado, pero que tenía márgenes de autonomía que permitían adaptar los programas a la diversidad social y cultural de los alumnos.

Cuatro años y decenas de muertes después, las voces de muy diversos sectores incluyendo la de muchos académicos se han sumado al rechazo de una reforma que es punta de lanza de una nueva embestida neoliberal. El conjunto de las reformas estructurales recientes y en proceso en México, como en otros países, acelera el despoblamiento de amplios territorios, legaliza el despojo de los recursos naturales (bosques, petróleo y minerales, agua, biodiversidad y suelos fértiles) y cancela derechos sociales y laborales. También destruye patrimonios naturales y culturales (como el maíz, amenazado por las semillas transgénicas) y privatiza de manera subrepticia la seguridad social y los servicios de salud y educación. Todo ello se impone con un creciente despliegue de la fuerza pública, incluyendo la militar, para resguardar sus privilegios y reprimir a la protesta social y a los periodistas que hacen pública esta situación.

En este contexto, se produjo una movilización magisterial en la mayoría de los estados que incluyó huelgas, cierre de carreteras, plantones y otras acciones públicas de rechazo a la reforma, bajo las consignas de la defensa de los derechos laborales y de la educación pública. El gobierno controló a la dirigencia del Sindicato oficial, el SNTE, pero numerosos profesores se unieron a la convocatoria hecha por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, sector disidente dentro del mismo sindicato. En julio de 2015, después del terrible ataque a la población civil y a maestros en Nochixtlán, Oaxaca, se abrió un infructuoso periodo de diálogo entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación, el cual quedó suspendido al poco tiempo por la parte oficial. Mientras tanto, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, firmó un acuerdo paralelo con la dirigencia oficial del SNTE, que consistió en reprogramar la periodicidad y revisar el contenido de las evaluaciones, concesión que convino a ambas partes además de desmovilizar a una parte del magisterio. Además, la SEP aceleró la presentación de un Modelo Educativo que se sometió a consulta en Foros durante 2016 y prometió nuevos programas para el 2017.

¿Qué implica actualmente una reforma calcada sobre muchas que han fracasado en otros países y que fueron adoptadas a finales del siglo pasado? En ningún caso se ha demostrado que reformas que inician con la aplicación universal de exámenes estandarizados de alto impacto hayan logrado elevar la calidad de la educación de manera equitativa. El resultado sobresaliente de este tipo de reformas siempre ha sido la polarización de los sistemas educativos.En un polo se sitúan las escuelas de “buena calidad”, para minorías favorecidas. En el otro polo se encuentran escuelas carentes de recursos para los alumnos excluidos de los mejores servicios por los costos indirectos e incluso por expulsión directa, particularmente si tienen problemas de aprendizaje o disciplina. Quedan fuera del servicio público gratuito millares de niños y jóvenes, quienes se convierten en la población meta para la creciente oferta de certificación de dudosa calidad por escuelas privadas de lucro. Se trata de otro mecanismo para socializar los costos y privatizar las ganancias. Aparentemente, el principio de calidad (término ambiguo pues puede ser buena o mala) mata equidad (que sólo puede ser o no ser).

Es significativo que expertos en evaluación cuantitativa del desempeño docente, como Perrenoud, Wiliam, Berliner y Darling-Hammond actualmente estén proponiendo alejarse de la evaluación universal. En su lugar, apoyan modelos locales, con acompañamiento formativo constante y confidencial para los docentes que lo requieran. Muchos modelos recientes prevén la evaluación integral de todos los actores y factores involucrados en el proceso educativo. De particular importancia es la inclusión de formadores de maestros, un sector totalmente excluido de la actual reforma en México. Este tipo de evaluación es justo lo que proponen los maestros que protestan contra la reforma y que plantean alternativas para la evaluación universal en curso. Reformas exitosas en otros países, como el tan citado caso de Finlandia, primero elaboran y prueban el currículo, luego organizan la formación de los docentes, y hasta el final lo implementan y evalúan. El proceso que toma cerca de una década. En cambio, la lógica actual en México favorece la imposición de reformas con plazos políticos perentorios que suelen generar sucesivos fracasos. Cambiar esta lógica requiere romper con los marcos sexenales que dictan nuestros calendarios de políticas públicas.

Un efecto grave de la actual reforma en México ha sido la jubilación masiva de maestros con experiencia, temerosos de perder no sólo su trabajo si no también su pensión. Esta situación ha sido tan significativa que, en algunas zonas y estados, ha sido difícil cubrir las necesidades con los maestros que ingresan por examen. Quienes han estudiado los procesos de formación docente reiteran la importancia de los primeros años en servicio, más allá de la educación formal, como clave para el desarrollo de buenos docentes. En México, esos años a menudo se viven en las escuelas rurales más aisladas y las periféricas de la ciudad, donde aprenden a enseñar con el apoyo intermitente de familiares o compañeros del gremio. Al abrir el servicio docente a los egresados de cualquier profesión, sin pedir requisitos de mayor estudio pedagógico, la reforma propicia una ruptura de la cadena de transmisión informal del saber enseñar, que sólo puede ocurrir entre formadores y maestros con experiencia y los nuevos que se integran a la docencia. Las campañas de desprestigio hacia la carrera y la amenaza a la estabilidad laboral también están ocasionando una merma en el número de jóvenes que optan por ingresar a la carrera o incluso a presentarse al proceso de evaluación.

Los resultados de reformas similares en otros países, sobre todo en los Estados Unidos, han sido documentados, por ejemplo, con la clausura de miles de escuelas públicas, sobre todo en los centros de las grandes ciudades que anteriormente proveían un buen nivel de vida a una clase obrera industrial: el cinturón de óxido. Se trata de guetos semi-abandonados que recobran poco a poco el interés de las empresas de bienes raíces por la tendencia hacia la gentrificación de las grandes urbes. Cerrar escuelas públicas, una vez establecida su “mala calidad”, obliga a las familias que permanecen en sus barrios a enviar a sus hijos a escuelas alejadas o intentar que sean aceptados por las escuelas privadas chárter que ocupan el vacío creado y que imponen una disciplina cuasi-militar. El efecto neto, como lo señalan muchos, es el debilitamiento del tejido social y comunitario en torno a las escuelas y el descenso de la participación de padres de familia en la vida escolar.

En América Latina, se instala la misma política de clausura de escuelas. En México, el cierre de cien mil centros escolares, anunciada hace poco por la Secretaría de Educación Pública, se dirige en este caso a miles de pequeñas escuelas multigrado que atienden a la población rural e indígena. El argumento para cerrar estas escuelas es su lejanía y “mala calidad” y los costos elevados por alumno, aunque son las que menos apoyos oficiales reciben y a menudo han sido construidas por las propias comunidades. Estas escuelas se encuentran en territorios que también son codiciados, en este caso por conservar las reservas de minerales, petróleo, agua, viento, bosques, flora y fauna que buscan las industrias de la extracción. Los habitantes, protectores o guardianes de esos territorios, estorban. En muchos casos, las zonas de escuelas rurales coinciden también con territorios en las que avanza el control político y social que ejerce el crimen organizado, dedicado tradicionalmente al narcotráfico, pero se expande hacia otros negocios ilícitos. La clausura de las escuelas públicas significa entre otras cosas un retiro del Estado de esos territorios. 

En la mira están también los puertos del Pacífico Sur, ubicados en los estados de mayor cantidad de comunidades rurales e indígenas, y por supuesto, con mayor cantidad de escuelas multigrado. La clausura de estas escuelas rurales acelera el desalojo del campo, pretende concentrar a los niños y jóvenes en las escuelas urbanas “de calidad” e integrarlos a un mundo en el que una mayor escolaridad ya no garantiza un ingreso que permita ni siquiera mal vivir. En ese mundo al que arriban, miles de jóvenes arriesgan la vida con las únicas opciones disponibles para los sin-tierra: jornadas expuestas a tóxicos en campos y minas, migración forzada a un país que los expulsa; trabajo sucio, con la muerte segura tarde o temprano, en el crimen organizado, en las fuerzas públicas para combatirlo o incluso en el trabajo digno en los medios de información o luchando por los derechos humanos.

Dadas las múltiples luchas que convergen en torno al campo en México, la lucha por la tierra, por los recursos forestales, por el agua, por la seguridad, por el derecho de organización comunitaria, por la lengua y la cultura, por la continuidad de la producción agrícola sustentable y por el maíz y toda la cultura de la milpa (chacra), es de vital importancia emprender la lucha por el derecho a la educación pública, gratuita, de buena calidad para los niños y jóvenes en su lugar de residencia. Esto implica defender sobre todo la continua existencia de las escuelas multigrado y mostrar que lejos de ser menor calidad, son una opción incluso preferida en un gran número de países con altos niveles educativos, como Nueva Zelanda.

¿Por qué se impone a la fuerza esta reforma? Todo apunta hacia lógicas que rebasan con mucho un dominio educativo e involucran fuertes intereses políticos y económicos. El gobierno apela a los derechos de los niños y jóvenes, pero en los hechos viola sus derechos actuales y futuros, con acciones que trastornan la administración escolar y distraen a todos los docentes de su tarea principal, dedicar el tiempo prioritariamente a la enseñanza en sus clases. Los recursos disponibles se dedican de manera desigual y discrecional a programas para apoyar aún más a las escuelas favorecidas y dejar a su suerte las más marginadas. Se suprimen además los programas prometidos de ofrecer mayor formación a los profesores.

Por lo anterior, me atrevo a vaticinar que esta reforma, al contrario de lo prometido, logrará polarizar más el sistema, fortalecerá la creciente privatización de las vetas redituables y subvencionadas de la educación pública y provocará un descenso dramático de la calidad y equidad de la educación pública.

  

Elsie Rockwell es investigadora emérita en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAV, Ciudad de México. Ha investigado los campos de la historia y la antropología de la educación. En 2007, recibió el Premio Clavijero del Instituto Nacional de Historia y Antropología y en 2013 el Premio Spindler del Council of Anthropology and Education de la American Anthropological Association. Ha publicado La escuela cotidiana (FCE, 1995), Hacer escuela, hacer Estado (El Colegio de Michoacán, 2007) y La experiencia etnográfica (Paidós, 2009).

Desafíos y avances en la reforma educativa mexicana

Sylvia Schmelkes

México tiene un sistema educativo de grandes dimensiones: 33 millones de personas están inscritas en alguno de sus niveles. La expansión educativa experimentada a partir de los años sesenta del siglo pasado explica que el 98,6% de los alumnos entre 6 y 11 años esté matriculado en la escuela primaria y que la escolaridad promedio de la población de 15 años y más, sea de 9.2 grados. El sistema educativo mexicano opera en un contexto complejo. México es un país con una gran diversidad cultural y lingüística. 7,9 millones de personas hablan una lengua indígena y 25 millones se consideran indígenas. Ello representa una enorme riqueza, pero la atención educativa a la diversidad cultural y lingüística no ha sido la adecuada, lo que explica que estudiantes indígenas sean los menos beneficiados por el sistema educativo. Por otra parte, si bien tres cuartas partes de la población vive ya en comunidades urbanas, de 2.500 habitantes o más, existen 139.000 localidades con 100 habitantes o menos, a las que es difícil llevar el servicio educativo. De hecho, el 44% de las escuelas primarias son multigrado. El país es en extremo desigual: el decil de mayores ingresos percibe 26.6 veces más que el decil de menores ingresos, y ello se refleja en el acceso, en la permanencia y en los resultados de la educación. 46% de la población vive en condiciones de pobreza.

Todavía hay problemas de acceso a la educación obligatoria, que en México es de 15 años (incluyendo 3 de preescolar). Sólo el 71,9% de los niños y niñas entre 3 y 5 años de edad asiste al preescolar. 87,6% de los que tienen entre 12 y 14 años asisten a la secundaria baja, y 57% de los jóvenes entre 15 y 17 años asisten a la secundaria alta.

El problema de la inequidad educativa quizás sea el más grave del país. Esto se refleja en el propio acceso (son los más pobres los que menos acceden); pero también en la permanencia en la escuela, en la regularidad de la trayectoria escolar, en la calidad de la infraestructura y de los recursos materiales y humanos, en la distribución del gasto educativo y, naturalmente, en el logro escolar. Quienes asisten a escuelas indígenas, viven en zonas marginadas y rurales, y proceden de familias con menores recursos, tienen también menores resultados de aprendizaje. Ante esta realidad, en México se modifica el Artículo 3ro y 73ro de la Constitución a fin de dar lugar a una reforma educativa importante en 2013. Esta reforma educativa descansa en tres pilares: la instalación de un servicio profesional docente, la evaluación educativa (se dota de autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) y la formación inicial y continua de los docentes. El Artículo 3ro, por primera vez, define que el Estado es garante del derecho a una educación de calidad. Se entiende por calidad el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. Para lograrlo, dice el mismo Artículo 3ro, habrá de mejorar los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos. La reforma da lugar a la modificación de la Ley General de Educación y de las leyes de educación en las entidades federativas, y genera dos leyes secundarias: la del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

A cuatro años de iniciado este proceso de cambios, si bien se puede decir que se ha avanzado en todos los aspectos señalados por la reforma, y también en la propuesta de un nuevo modelo educativo y de un estilo de gestión renovado que coloca la escuela en el centro de la atención y de las prioridades, los resultados aún no se observan en indicadores de acceso, trayectoria y logro escolar. La reforma se ha enfrentado a importantes resistencias de parte de las estructuras burocráticas y de sectores del magisterio que han perdido privilegios fuertemente arraigados. La equidad sigue siendo un problema central, y se le ha dado menos importancia de la que merece su gravedad.

El país se enfrenta ahora a fuertes restricciones económicas que han afectado el presupuesto para atender los problemas que se propuso la reforma. Habrá que hacer esfuerzos por colocar adecuadamente las prioridades para poder avanzar en el cumplimiento del derecho de todos y todas a una educación de calidad.

 

Sylvia Schmelkes es socióloga y ha realizado la Maestría en Investigación Educativa de la Universidad Iberoamericana en México. Ha sido investigadora desde 1970 en torno a los temas de educación rural, calidad de la educación, educación de adultos y educación intercultural, en torno a los cuales ha publicado más de 150 trabajos y diversos libros. Actualmente es Consejera Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México.

Más sobre la reforma educativa en México:

Portal de la reforma educativa.

La respuesta de la CNTE a la reforma del Ejecutivo Nacional.

El rap de las maestras rebeldes.

Demanda del SNTE para mejorar la implementación de la reforma educativa mexicana.

Documento del SNTE sobre la reforma educativa.

Fuente noticia: https://elpais.com/elpais/2017/01/20/contrapuntos/1484926210_148492.html?id_externo_rsoc=whatsapp

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La escuela, ¿es un campo aparte?

Bonifacio Barba

Bonifacio Barba

El discurso escolar, en su aspecto sociológico general y en el cívico en particular, es inseparable del tiempo, tanto del cronológico como del social. Una de las formas en que se expresa esto es en la referencia siempre actualizada de que las generaciones que están en la escuela son los ciudadanos del futuro. Así, cada presente generacional es proyectado hacia delante con romanticismo, a veces con cierto misticismo nacionalista.

Al observar nuestro presente, el que vivimos y que en varios aspectos padecemos con su conjunto de problemas sociales y políticos, y al observar también a los responsables del gobierno –todas aquellas y aquellos ciudadanos que al ser investidos de la autoridad pública que tienen prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución federal y las particulares de los Estados y las leyes de ambas derivadas-, es inevitable pensar que estos fueron hace años –siendo niños y niñas en la educación básica, o adolescentes y jóvenes en los siguientes tipos educativos-, los hombres y las mujeres de un futuro de México. La evidencia nos muestra que la proyección escolar, en muchos casos, no resultó acertada.

El nuevo modelo educativo y el documento de los planes y programas de estudio que la SEP ha presentado recientemente, no olvidan hacer esa referencia a la relación presente-futuro, aunque ahora domina más el símbolo del siglo XXI como tiempo cambiante y desafiante. El secretario de Educación afirma, en la presentación de los nuevos planes de estudio, lo siguiente: “… tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos e hijas para que puedan afrontar el difícil momento histórico que están viviendo y logren realizarse plenamente. Estoy convencido de que el presente y el futuro de México están en los niños y jóvenes. Si logramos darles las herramientas que necesitan para triunfar, nuestro país será más próspero, justo y libre”; y agrega: “Para lograr este objetivo necesitamos una auténtica revolución de la educación. A lo largo del siglo XX, el sistema educativo hizo realidad su utopía fundacional, que era llevar un maestro y una escuela hasta el último rincón del país. Hoy tenemos que ser más ambiciosos y, además de garantizar el acceso a la educación, asegurar que esta sea de calidad y se convierta en una plataforma para que los niños, niñas y jóvenes de México triunfen en el siglo XXI. Debemos educar para la libertad y la creatividad” (p. 7).

Sin duda es relevante el logro de las autoridades en el avance de la tríada formada por la reforma educativa-modelo educativo-planes y programas de estudio, pero la presentación de estos últimos ocurre en un momento de incertidumbre no del siglo XXI sino de nuestro tiempo social. El proyecto de formación es optimista, como debe serlo toda la educación, pero varios problemas conducen a la pregunta de si la educación es un campo aparte, o cómo logrará sus propósitos en un contexto problemático por cuestiones agravadas como la inseguridad que vivimos los ciudadanos, por la corrupción gubernamental, por el grave asunto del espionaje a líderes y comunicadores, por el crecimiento de la deuda pública y el de la pobreza, por las elecciones caracterizadas por la intervención indebida del gobierno, por un sistema político incapaz de culminar el proceso de integración del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras cuestiones que comprometen la legitimidad y la responsabilidad de los gobernantes.

¿Recibirá la escuela la atención y los recursos de toda naturaleza que requiere en un contexto así? La escuela actúa en el presente, pero su potencial de que la formación que ofrece trascienda positivamente hacia el futuro no se logra aislándola de ese contexto, sino cambiándolo con buen gobierno y ayudándole a realizar de modo eficaz su currículo.

Uno de los elementos que van a exigir mucho esfuerzo y congruencia gubernamental es el de la autonomía curricular. Para ello son fundamentales algunas acciones:

  1. Que cada escuela –comprendida como comunidad educativa situada en una comunidad política-, sea un lugar en el que nadie impida comprender y vivir que el Estado y nuestra Constitución son un patrimonio social y que todos los derechos de todos los ciudadanos son la prioridad fundamental fuera y dentro de la escuela. Para cada estudiante, el artículo primero de la Constitución es el más básico aprendizaje; el más básico elemento de su socialización y de su identidad.
  2. Cada miembro de la comunidad educativa ha de comprender y vivir que la Ley es nuestro mayor bien social y que ningún gobierno –como institución- o gobernante –como individuo- tiene legitimidad ni calidad moral si no se identifica con ella y ordena toda su acción a cumplirla y hacerla cumplir.
  3. Por los dos elementos anteriores, es imprescindible que en cada escuela la formación social y cívica esté alimentada día a día con el conocimiento y valoración de lo que hace o deja de hacer el gobierno, de cómo usa los recursos públicos, de cómo administra la justicia, de cómo resuelve las necesidades cotidianas de la población y las de largo plazo. En otras palabras, que se use la información para juzgar si el gobernante está cumpliendo la Constitución. El gobierno debe transformarse; no da señales de querer hacerlo. La escuela debe formar para que los estudiantes exijan esa transformación desde ahora. Se trata de lograr una formación jurídico-política aplicada.
  4. La autonomía curricular exige, a su vez, que la política educativa abra realmente las puertas a la participación social por medio de los cuatro niveles que la ley ordena al respecto.
  5. Finalmente, la autonomía curricular demanda maestros y directivos libres de toda forma de control gubernamental o sindical. Si el objetivo es un país “más justo y libre”, unos de los indicadores básicos de ello es la libertad de los docentes y directivos. En otros términos: podremos creer que la escuela no es un campo aparte en la medida en que la sociedad vea que el Estado da a los docentes y directivos sustento pleno en su formación y trabajo.

En otras palabras, la escuela no sólo no es un campo aparte, sino que su institucionalidad y su tarea pone a prueba a toda la estructura del gobierno. La escuela no es deudora del gobierno; al revés, el gobierno se debe a ella.

Fuente del Artículo:

La escuela, ¿es un campo aparte?

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Ecuador: La nueva educación superior

Noticias

Ecuador/10 julio 2017/Fuente: Expreso.ec

La Asamblea le apuesta a nuevos cambios a la propuesta de Ley de Educación Superior. El pleno de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional trabaja en las reformas al marco legal que rige a las universidades desde hace siete años.

El objetivo es establecer mecanismos para mejorar el sistema y, sobre todo, “pagar una deuda” mejorando el ingreso a las universidades, dijeron las autoridades.

La primera acción que tomó la nueva administración es parar el informe para primer debate que dejó lista la anterior comisión.

El asambleísta Augusto Espinosa, presidente actual de la Mesa de Educación, manifestó que el nuevo informe estará listo el viernes. En él han sido incluidos cambios sustanciales.

Fue la anterior comisión, por resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la que conoció y condensó en uno los diez proyectos de reformas presentados desde que se promulgó la ley en el 2010. Sus proponentes fueron Raúl Tobar, Arcadio Bustos, Moisés Tacle, César Solórzano, Byron Pacheco, Miryam González, María Cristina Kronfle, Fanny Uribe, Gabriela Díaz, Ximena Ponce y Diego Vintimilla.

En la socialización participaron autoridades de la Universidad Católica del Ecuador (PUCE), de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Politécnica del Ejército (ESPE), de la Escuela Politécnica del Chimborazo, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), del Consejo de Educación Superior (CES), del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces).

A continuación, las modificaciones plateadas a la ley que se analizarán en esta semana para elaborar el informe.

Implantación de propedéutico

La reforma establece que el ingreso a la universidad debe ser meritocrático, pero quienes no ingresen en la primera evaluación, la prueba Ser Bachiller, que es tomada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), tendrán la opción de ingresar a un curso propedéutico. Habrá una evaluación al final del mismo y con ello se facilitará el ingreso a las universidades. La meta es que el curso sirva para que los estudiantes puedan presentar las pruebas de admisión con “unas buenas bases”, y dar mayores oportunidades para ingresar a la educación superior.

La tipología de los centros

La propuesta es mantener la tipología de la universidad de investigación y de las universidades de ciencias aplicadas, donde están todas las carreras técnicas. Lo que se hará es una revisión de los procesos de evaluación a las universidades, que tienen que ser diferenciados de acuerdo con el tipo de institución de educación que sean.

Así será posible medir las competencias de las instituciones para que los estudiantes tengan mejores opciones para la elección de la universidad que deseen.

La fórmula para el ingreso

Para el ingreso deberá haber una adecuada orientación vocacional, por lo que los bachilleres deberán presentar un certificado obligatorio que deberá entregar el colegio junto al título de bachiller. El objetivo, dicen los legisladores que apoyan este camino, es ayudar al estudiante para que tenga una orientación de la carrera que puede seguir y evitar deserciones como ocurre al momento, evitar que se pierdan cupos.

Inicio similar por dos años

La propuesta surge de varios rectores para que los alumnos reciban un “tronco común académico” en los dos primeros años. Luego, los estudiantes escogerán la carrera que deseen. Así, aseguran los impulsores, se evitarán las salidas de carreras que no sean afines. Este tema aún no ha sido tratado. A criterio de Espinosa, de concretarse la iniciativa debería ir en el reglamento de la ley.

La formación Técnica

Se dará un fortalecimiento a la parte de formación técnica y tecnológica para los institutos de esas ramas. Se busca garantizar la autonomía administrativa, orgánica y financiera de las entidades. En lo académico, se quiere mantener una injerencia para el tema de la oferta académica con la posibilidad de revalidar el título. Este sería reconocido como de tercer nivel.

Estándar internacional

Se están estableciendo los incentivos para que las universidades, escuelas politécnicas e institutos avancen hacia estándares internacionales de calidad. Sobre esa base se cambiarían las categorías actuales (letras) por nombres que muestren su grado de excelencia: excelencia internacional, regional o nacional. Los asambleístas creen que de esta manera se incentivará a las instituciones académicas a crecer.

Fuente: http://www.expreso.ec/actualidad/la-nueva-educacion-superior-LA1534782

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El sube y baja de la reforma educativa

Miguel Angel Pérez

Por: Miguel Ángel Pérez

Así como de niño uno jugaba al tradicional juego de “Serpientes y escaleras” en donde uno podía subir o bajar en el juego de acuerdo al azar o a la destreza de cada participante. De igual manera la propuesta gubernamental de Reforma educativa sube o baja de acuerdo, al avance o las propuestas específicas que se va tejiendo la autoridad en turno al lado de sus colaboradores y seguidores.

En general la propuesta de reforma educativa ha ido a la baja, sólo ha subido en el momento en que se han planteado algunas propuestas interesantes en el terreno propiamente educativo. En un recuento apresurado que se pudiera hacer, la propuesta de reforma educativa (vista como proceso) la podríamos dividir en cuatro grandes momentos:

  1. Como una propuesta de cambios en la regulación laboral y la implementación de nuevos reglamentaciones para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes de nuevo ingreso y en servicio. Estas medidas rompen con la tradición laboral y con el vínculo histórico entre magisterio y Estado nacional.
  2. Construcción de un complejo andamiaje basado en la evaluación del desempeño docente como el gran paradigma y de las condiciones de la práctica. En acuerdo con el INEE.
  3. Publicación del Modelo educativo y el Nuevo Modelo educativa (2016-2017), como intento de darle sentido educativo a la reforma y de ahí para adelante se comienza a gestar la propuesta pedagógica de la reforma, el problema se hace en forma inversa a una lógica racional de diseño y al final del sexenio.
  4. Publicación de los Planes y programas de estudio y de los aprendizajes clave para la educación del siglo XXI.

El sube y baja de la reforma, tiene que ver con esos intentos de implementar una especie de ensayo – error, a partir de querer descubrir el hilo negro de las reformas educativas. Aun con ello en el círculo cercano de la esfera gubernamental no son capaces de cumplir con los tiempos que ellos mismos anuncian, y existen contradicciones de fondo entre una propuesta y otra. Por ejemplo la evaluación en su primera etapa se planteaba como obligatoria e implicaba la Planeación argumentada y el portafolio de evidencia docentes, ahora será voluntaria y se los reactivos girarán en torno a las habilidades en la práctica ya sin subir evidencias.

La tendencia hacia abajo, ha sido a partir del golpeteo y de los sistemáticos intentos por intimidar o cercar a los docentes que protestan, la persecución laboral y administrativa a los disidentes que se han manifestado en contra por convicción o por una identidad en diferencia a las propuestas gubernamentales, no ha permito garantizar un dialogo informado entre las partes.

La ausencia de legitimidad de toda iniciativa gubernamental lleva a la baja en la propuesta de reforma. No he visto en estos últimos años una muestra verdadera de apoyo de docentes en servicio que se manifiestan auténticamente a favor de la reforma y si muchas y variadas manifestaciones de rechazo y de protesta a la iniciativa de gobierno. Los supuestos apoyos han sido comprados o negociados, con el SNTE, con Mexicanos Primero, o con otra agencia de este tipo que realmente no representa nada, pro que en lo formal presumen representarlo todo y que son agencias mediáticas que al final terminan por confundir aún más a la sociedad..

Los pasos hacia arriba han sido a partir de las esporádicas propuestas (muy poco originales pero pertinentes) como el asunto ese de la escuela al centro, la flexibilidad curricular recientemente anunciada y las escuelas de jornada completa.

Hay un aspecto poco analizado del proceso de reforma que también tiende a ir a la baja, y que tiene que ver con los recursos y con el incumplimiento del calendario que la propia SEP ha trazado y que se ha incumplido sistemáticamente.

La iniciativa de reforma educativa ha sido ambiciosa en el discurso pero paupérrima en su operación, la gran mayoría de escuelas en el país siguen manteniendo su estatus de espacios devastados, los estímulos a docentes que se habían prometido no se han hecho efectivos, incluso se les adeuda a aquellos docentes que han sido disciplinados institucionalmente que acudieron a la evaluación, que obtuvieron puntajes destacados a ellos y ellas también se les adeuda lo prometido.

La reforma concluirá junto en el periodo sexenal con una tendencia a la baja de manera estrepitosa, debido a la falta de legitimidad y de pertinencia de la misma, aunque los voceros y los articulistas a sueldo como es el caso de Gilberto Guevara Niebla se esfuercen en afirmar lo contrario.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-sube-y-baja-de-la-reforma-educativa/

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Estados Unidos: Escuelas de Broward desafían a la reforma escolar

Noticias

Estados Unidos/10 julio 2017/Fuente: El Nuevo Herald

La batalla sobre las nuevas reformas a las escuelas públicas de niveles K-12 que la Legislatura dominada por los republicanos aprobó esta primavera, entró esta semana en una nueva etapa cuando la Junta Escolar del Condado Broward votó unánimemente a favor de presentar una demanda ante los tribunales por considerar que la ley es inconstitucional.

Broward es el primer distrito escolar en presentar una demanda judicial contra la aprobación del proyecto de ley de la Cámara 7069, el cual se hizo ley el sábado pasado en contra de las apasionadas objeciones de administradores escolares, sindicatos de maestros y grupos de padres en todo el estado por sus muchas cláusulas favorables a las escuelas chárter y que, en algunos casos, lo son a expensas de las escuelas públicas tradicionales.

“Yo estoy a favor de tomar medidas enérgicas tan pronto como nos sea posible”, dijo la miembro de la Junta Escolar de Broward Rosalind Osgood durante una reunión especial de la junta convocada únicamente para autorizar al superintendente Robert Runcie a que presente la demanda legal y que gaste hasta $25,000 en costos legales iniciales.

“En estos momentos estamos prácticamente en un respirador, y tenemos que luchar literalmente por la vida de la educación pública en este estado”, dijo Osgood. “Si no nos ponemos firmes ahora, si perdemos esta oportunidad, nunca nos recuperaremos de esto”.

Las alegaciones de inconstitucionalidad planteadas por el Condado Broward tienen que ver ante todo con la manera en que el proyecto de ley HB 7069 brinda a las escuelas chárter ventajas sobre las escuelas públicas tradicionales por medio de regulaciones menos restrictivas y de fondos adicionales de los contribuyentes que les hace más fácil expandirse.

Lo que resulta más problemático para Broward y otros distritos escolares es una cláusula que los obliga a compartir con las escuelas chárter administradas de forma privada millones en fondos locales de los contribuyentes designados para la construcción y el mantenimiento.

Solamente en el curso escolar 2017-18, Broward tendría que compartir hasta $12 millones con sus escuelas chárter, mientras que las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade tendrán que compartir hasta $23.2 millones, de acuerdo con datos compilados por la Cámara de Representantes de la Florida.

El distrito escolar de Broward alega que esa cláusula y varias otras en el HB 7069 violan varias secciones de la Constitución de la Florida, la cual requiere que el estado brinde “un sistema uniforme, eficiente, seguro, protegido y de alta calidad de escuelas públicas gratuitas”.

En un memorándum enviado esta semana a los miembros de la junta escolar, la asesora legal general de las Escuelas Públicas de Broward, Barbara Myrick, expuso el argumento legal inicial del distrito, incluyendo el hecho de que el HB 7069 impone restricciones inconstitucionales a la autoridad de las Juntas Escolares locales de “operar, controlar y supervisar” las escuelas dentro del ámbito de su distrito.

Las Escuelas Públicas de Broward también se oponen directamente al establecimiento del nuevo programa “Schools of Hope” (Escuelas de Esperanza) bajo el proyecto de ley HB 7069, programa que se propone resolver el problema de las escuelas públicas que tienen malos resultados todo el tiempo por medio de ofrecer incentivos financieros a los operadores de las escuelas chárter para que ellos puedan competir directamente con las escuelas tradicionales con problemas.

El programa “Schools of Hope” solamente ofrece a 25 de más de 100 escuelas tradicionales que tienen malos resultados todo el tiempo la oportunidad de recibir hasta $2,000 por estudiante para pagar por servicios colaborativos, tales como programas extracurriculares. Como máximo, esa ayuda llegará a un total de alrededor de $44.5 millones, concluyó un análisis anterior del Herald/Times.

En un comunicado entregado al Herald/Times, el presidente de la Cámara de Representantes Richard Corcoran, republicano de Land O’Lakes, criticó duramente a la Junta Escolar de Broward por su decisión. Conseguir que se aprobara el programa “Schools of Hope” fue una de sus prioridades principales, como lo fue elaborar el proyecto de ley HB 7069 tal y como estaba en los días finales de la temporada de sesiones legislativas.

“Este es otro ejemplo en que la burocracia educacional está poniendo a los adultos que administran las escuelas por encima de los niños que estudian en esas escuelas”, dijo Corcoran.

En lo que los administradores de Broward se preparan para presentar la demanda judicial, el distrito escolar planea buscar el apoyo de otros distritos escolares que tal vez se les quieran unir, dijo la portavoz del distrito Tracy Clark.

El superintendente Alberto Carvalho dijo que él quiere hablar al mismo tiempo con funcionarios y legisladores estatales para ver si se puede resolver las preocupaciones del distrito, y cómo se pueden resolver.

“Nosotros vamos a dedicarnos a tener conversaciones muy, pero que muy enérgicas con entidades del Departamento de Educación y también con líderes legislativos para hacerles entender el verdadero impacto de la ley –el cual, en ciertas instancias, podría exceder lo que se calculó originalmente– y tratar de explorar esa vía antes de que se tengan en cuenta cualesquiera otras opciones posibles”, dijo Carvalho. “Esta no sería la primera vez que se toman decisiones en Tallahassee y que luego el diálogo subsiguiente… tenga como resultado conversaciones con los legisladores, y que se lleve a cabo cierta mitigación de las decisiones políticas que se habían tomado”.

Fuente: http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article160299094.html

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Sectores de la comunidad universitaria participarán de reforma de la Universidad Puerto Rico

Noticias

Puerto Rico/10 de Julio de 2017/ La Perla

Diferentes organizaciones y representantes de distintos sectores de la comunidad universitaria se constituyeron en un grupo de trabajo que denominaron “Mesa de Planificación del Proceso de Reforma de la Universidad de Puerto Rico (UPR)”.

El grupo está compuesto por docentes, no docentes y estudiantes de la UPR, informaron en un comunicado. miembros de la citada mesa de planificación.

Los constituyentes trabajan de forma colectiva.

Los portavoces del grupo elaboraron un calendario de actividades para llevar a cabo el proceso de reforma en el término de un año.

Sometieron a la legislatura un anteproyecto mediante el conducto del senador Abel Nazario, presidente de la comisión de reforma educativa, para crear la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria.

Finalmente, se constituyó un Comité Organizador del Simposio para la Reforma Universitaria.

Este simposio se llevará a cabo durante los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de septiembre del 2017, simultáneamente en el recinto de Río Piedras y Mayagüez.

 Fuente: https://www.periodicolaperla.com/sectores-la-comunidad-universitaria-participaran-reforma-la-universidad-puerto-rico/
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